¿Habrá una “nómina” secreta, especial y privilegiada? * Pasan los días y nada se sabe del huachicol fiscal, el caso de corrupción más grande de toda la historia, muy superior al escándalo de Segalmex y la famosa Estafa Maestra
MARKOFLOS
El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, pone sobre la mesa diversas interrogantes acerca del poderío que han tenido los cárteles en los últimos años.
En particular la expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Se ha dicho que se dio en forma exponencial en los últimos siete años, debido a la permisividad de la consigna “Abrazos y no balazos”, así como a las alianzas y apoyos que tiene ese cártel en todos los niveles de los gobiernos municipal, estatal y federal.
Al respecto, ha surgido como demanda generalizada saber quiénes podrían ser los políticos aliados con El Mencho de al menos los últimos tres sexenios.
La gran interrogante es qué políticos de mayor nivel han apoyado a ese u otros cárteles en México.
RED DE PROTECCIÓN DE ALTO NIVEL
La expansión del CJNG se debió en gran medida a la cooptación de autoridades locales.
La periodista Anabel Hernández ha señalado la existencia de una red de protección de alto nivel que permitía al cártel operar con impunidad en gran parte de México.

Ahora con la caída del Mencho, comenzaron a circular las “narconóminas” que utilizaba ese cártel para pagar a policías, municipales, pistoleros, halcones y algunos “alias” con sueldos que van de los 4 mil pesos semanales o quincenales hasta pagos y préstamos por un millón y medio de pesos.
Sobre el tema, Milenio noticias publicó recientemente lo siguiente:
“Basado en reportes periodísticos, investigaciones de la DEA y documentos judiciales (actualizados a febrero de 2026, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes), el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) consolidó su poder mediante la corrupción sistemática de funcionarios a nivel municipal, estatal y federal.
“El CJNG utilizó una ‘nómina’ para sobornar a diversos actores políticos y de seguridad para garantizar impunidad”. Entre los primeros políticos de alto nivel que se mencionan por haber establecido relación con ese cártel y que eventualmente pudieron negar o regatear su apoyo, se mencionan a Aristóteles Sandoval (exgobernador de Jalisco) y Carlos Manzo (alcalde de Uruapan, Michoacán). Ambos ya abatidos.
Asimismo, a los alcaldes de Tequila, Jalisco, y de Amanalco -morenistas- se les comprobaron sus alianzas con el CJNG y ya fueron consignados por diversos delitos. Asimismo, publicó Milenio que informes de inteligencia señalaron que “El Mencho” mantenía una “nómina” que incluía pagos a miembros de la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Guardia Nacional para protección.

También surge la inquietud de si habrá una “nómina” secreta, especial y privilegiada que involucre a funcionarios de primer nivel. El tiempo lo dirá.
Con motivo del abatimiento del Mencho han surgido versiones que señalan que después de su captura fue liquidado, para evitar que pudiera “cantar” en las cárceles de Estados Unidos y como testigo protegido proporcionar mayor detalle y referencias de los apoyos que recibía en los más altos niveles de gobierno.
Sin embargo, esta versión resulta difícil de aceptarse, dadas las circunstancias en que fue capturado, con gran resistencia, fuego cruzado que se dio entre el Ejército y las huestes del Mencho, que ocasionó al menos treinta muertos de los dos lados.
Además, esa versión no fue avalada por el gobierno norteamericano, cuyas agencias de inteligencia saben con detalle lo que ocurrió.
También saben con mucha antelación quiénes son los funcionarios y políticos de alto nivel que estaban aliados con el Mencho.
Existen carpetas y expedientes en el Departamento de Justicia, la DEA, el FBI, la CIA y la Fiscalía federal.
Por otro lado, se da por hecho que Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín -hijos del Chapo Guzmán- han proporcionado información abundante y de calidad al gobierno de Estados Unidos, respecto a cómo ha funcionado el Cártel de Sinaloa, el más importante de México, antes de la consolidación del CJNG, en los últimos 30 años.

Deben saber ya quiénes, cómo, cuándo, dónde, por qué y cuánto les costaban sus negociaciones.
Se espera que los Chapitos estén proporcionando detalles sobre los personajes que los apoyaban, incluidos políticos y líderes de grupos aliados con el Cártel de Sinaloa, así como los que después se alejaron y entraron en conflicto. Desde los 80, grupos de narcotraficantes se separaron y enemistaron con el Cártel de Sinaloa, que siempre encabezaron Joaquín Guzmán Loera y el Mayo Zambada.
Es innegable que los más célebres son Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca, los hermanos Arellano Félix, Amado Carrillo Fuentes (“El Señor de los Cielos”) y el CJNG del “Mencho”.
A partir de septiembre de 2024, todos conocimos el rompimiento entre el Mayo Zambada y los “Chapitos”, cuando el hijo mayor del Chapo entregó a las autoridades norteamericanas al “Mayo”, en una sorpresiva e inédita operación que implicó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien, según informó el mismo “Mayo”, lo convocó a una reunión que resultó una coartada, en la que Joaquín Guzmán lo “secuestró” y entregó a agentes del gobierno norteamericano.
En esa reunión también fue asesinado el rector de la Universidad de Sinaloa, todo lo cual fue relatado por el Mayo Zambada en una carta que entregó en la primera audiencia de su juicio en Estados Unidos.
Ovidio Guzmán López y su hermano Joaquín negocian actualmente con las autoridades estadounidenses para tener el beneficio de reducir sus condenas.
Un hecho inédito, resultado de estas negociaciones, fue que el gobierno norteamericano arropara y permitiera el ingreso de 17 familiares de Los Chapitos a Estados Unidos. Algunos analistas de estos procesos, señalan que esa concesión da idea del tamaño de las revelaciones que pueden hacer los Chapitos acerca de personajes vinculados con sus actividades delictivas, ya sean políticos y empresarios mexicanos de este y anteriores sexenios, a quienes se les integrarán expedientes y eventualmente cargos análogos por el gobierno estadounidense.
Aunque pueden surgir nombres de otros sexenios, son los políticos morenistas y obradoristas los que -se menciona- pueden estar en la mira de las investigaciones.
El periodista Ricardo Ravelo, quien ha escrito libros sobre narcotráfico, en su momento habló de morenistas involucrados y dijo lo siguiente: “Adán Augusto López, líder del Senado y exgobernador de Tabasco, vinculado al crimen organizado por el actual gobernador de esa entidad, que lo acusó de haber puesto como titular de Seguridad a un miembro de La Barredora, que es un brazo armado del Cártel de Jalisco”.

Ravelo también dijo que el otro político preocupado es el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, “porque ha amasado una fortuna descomunal desde hace mucho tiempo. Le compró ranchos a la familia de Antonio Aguilar, le compró una empresa productora de tequila. (…) Se han hecho multimillonarios en muy pocos años”.

El periodista Ricardo también señala que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador “presuntamente participaron en estos negocios”.
También prestigiados periodistas como Héctor de Mauleón han publicado los vínculos del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, con estos grupos delincuenciales y directamente en relación al multimillonario fraude del huachicol fiscal, el célebre caso por más de 500 mil millones de pesos, en el que están involucrados y prófugos los sobrinos del secretario de Marina de AMLO, y en el que el CJNG contaba con personajes y empresas de su red de lavado y delincuencia.

Con el paso de los días es un caso lleno de misterios, muertes y sorpresas que aún no han sido desenredados, mucho menos esclarecidos, y del que se ignora cómo van las investigaciones correspondientes.
Del mismo modo, Azteca Noticias dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a cobrar factura, revocando la visa a más de 50 políticos mexicanos y sus familiares por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Entre los nombres de alta investidura en activo que han sufrido este duro golpe diplomático destacan: La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su círculo cercano, junto con figuras estratégicas a nivel municipal como Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali, y Óscar Eduardo Castro, edil de Puerto Peñasco, además de Juan Francisco Gim, presidente municipal de Nogales, Sonora.
Se suman mandatarios estatales en funciones, como: Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán, y Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí.
Asimismo, se menciona a otros funcionarios como: El senador poblano Néstor Camarillo, legislador morenista Carlos Lomelí, un personaje clave en Jalisco, cuna del CJNG, así como a Adrián de la Garza, actual alcalde de Monterrey, y a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien actualmente elogia a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y defiende a Morena.

Si nos preguntamos cuándo sabremos con certeza quiénes son los políticos mexicanos de alto nivel involucrados directamente con los grupos delincuenciales, quizá debamos esperar que sean nuestros vecinos del norte los que nos lo hagan saber, tarde o temprano. El tiempo dirá la respuesta.