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PULPO POLÍTICO

El recuento de los daños

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Funcionarios, gobernantes y políticos mandan al carajo la instrucción presidencial * Casos de corrupción, impunidad y los escándalos diarios afectan la imagen de la Cuarta Transformación * El reto de la Primera Mandataria es titánico, pues la herencia “maldita” que le dejó su antecesor es muy pesada y gigantesca

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

El reto que enfrenta la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es enorme.

El hecho de que en sus Mañaneras del Pueblo sea cuestionada por el dudoso comportamiento de muchos de sus correligionarios morenistas (Adán Augusto López Hernández, Rubén Rocha Moya, Gerardo Fernández Noroña, Layda Sansores, Ricardo Monreal Ávila, Andy López Beltrán, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Américo Villarreal Anaya, Rocío Nahle García, etc) parece que debiera hacer un cotidiano recuento de los daños, buscando -en la mayoría de los casos- justificaciones o señalamientos en el sentido de que si hay pruebas o delito que perseguir, se procederá conforme a la ley.

La Primera Mandataria debe hacer un análisis porque los daños y escándalos han afectado la imagen presidencial, y también a la Austeridad Republicana de la Cuarta Transformación.

En nuestra estructura orgánica constitucional, integrada por los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), y una república federal con tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), a la titular del Poder Ejecutivo le corresponde lidiar o cogobernar con los líderes de quinientos diputados y noventa y seis senadores, con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que encabeza el Poder Judicial integrado por más de dos mil jueces, así como con treinta y dos gobernadores y más de dos mil presidentes municipales.

 

THE NEW YORK TIMES PUBLICA COLUSIÓN DE POLÍTICOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO

En ese contexto, tiene razón al rechazar lo publicado en The New York Times, artículo en que se afirma que “la colusión de políticos con el crimen organizado es un factor que obstaculiza el combate al narcotráfico por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo”.

El texto se titula “No son los cárteles los que preocupan a Claudia Sheinbaum” y está firmado por Mary Beth Sheridan, periodista especializada en América Latina.

“En 12 años cubriendo México como periodista, he aprendido que la fuerza por sí sola no puede acabar con los cárteles. El problema no es sólo que los grupos narcotraficantes ataquen al Estado. Es que a menudo forman parte de él”, destaca la periodista en su análisis.

Y agrega: “Al igual que otros partidos políticos en México, Morena, el partido de Sheinbaum Pardo tiene varios miembros de alto perfil que enfrentan serias acusaciones de vínculos con el crimen organizado.

“Combatir a los cárteles no sólo implica enfrentarse a los narcotraficantes. Para Claudia Sheinbaum también podría significar desmantelar los cimientos del poder local en México y confrontar a miembros de su propia coalición”.

Actuar con mayor firmeza contra los políticos corruptos podría enfrentar a la Presidenta con funcionarios del partido que podrían socavarla y debilitar a Morena de cara a las elecciones intermedias del próximo año, añade.

La detención del expresidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, morenista acusado de estar vinculado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de extorsión a tequileras, es un ejemplo del dilema al que se enfrenta la Mandataria.

Por un lado, demuestra que está combatiendo al crimen organizado y, por otra parte, asume el costo político que ello trae consigo en contra de su partido.

El retiro de uno de los “peces gordos” del obradorato, el exlíder de los senadores morenistas, Adán Augusto López Hernández, cuyos vínculos con el cártel de La Barredora ya era obvio, es otra muestra de que la titular del Poder Ejecutivo tiene la intención de ir limpiando la casa, en algunos casos con cautela y en otros aplicando la ley con decisión.

Lo que ocurre en Sinaloa con la violencia que vive desde hace más de dos años por el pleito entre Mayitos y Chapitos, en cuyo origen se vio involucrado el mismo gobernador Rubén Rocha Moya, es otro hecho en el que Sheinbaum también actúa con cautela sobre la lógica de que la destrucción de las redes de protección oficiales provoca estallidos de violencia, a medida que los “nuevos” grupos criminales se disputan el control de la plaza de la región o de un cártel nacional.

Al respecto, el texto de The New York Times destaca: “Puede que Sheinbaum no le tema personalmente a los cárteles (…), pero bien podría ser cautelosa al enfrentarse a un sistema de colusión con el crimen organizado, especialmente cuando su control sobre Morena, un partido dividido por facciones, es inestable”.

La Primera Presidenta tampoco es responsable de los escándalos y corruptelas de los distinguidos y “brillantes” políticos que heredó de su antecesor.

Los “distinguidos” Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña se perdieron en su arrogancia, ineptidud, abuso de poder y torpeza política. Ahora están completamente desprestigiados y “quemados”, después de haber sido “corcholatas”, competidores para la Presidencia de la República.

 

SU MAJESTAD HUGO

En la misma vía se encamina Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien aseguró el 5 de febrero pasado en Querétaro que el nuevo Poder Judicial, derivado de la elección del 1 de junio de 2024, “no representa incertidumbre ni retroceso, sino que da más legitimidad y garantiza una justicia cercana”.

También afirma que culmina una etapa en la que los ministros “eran designados por los otros Poderes” y “sentían la obligación de servir a los más acomodados”.

Aunque la elección del Poder Judicial se llevó a cabo en 2024, en el gobierno de la actual Presidenta, ella no fue responsable del sucio proceso que se dio en esa elección, con los 50 millones de acordeones que se imprimieron para inducir a los diez millones de votantes manipulados por Morena para elegir exacta y precisamente a todos y cada uno de los ministros que decidió el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (incondicionales suyos).

Tampoco la Primera Mandataria es responsable de las pifias políticas del ministro presidente de la SCJN, que comete un día sí y otro también.

La más reciente, en el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el escándalo de sus dos ayudantes que actuaron como lacayos ante su serenísima majestad Hugo Aguilar, quien se mostró complacido cuando sus “ayudantes” se agacharon y casi hincados limpiaron los zapatos del presidente de la SCJN antes de iniciar el evento.

Una semana antes, el escándalo de las nuevas camionetas blindadas (carísimas), que el máximo tribunal adquirió y que -según Hugo Aguilar- los ministros decidieron no utilizar después de las críticas recibidas.

También en el tema de la nueva política de Austeridad Republicana que se practicará en la Suprema Corte “del acordeón”, se conoció que la partida de alimentos para los integrantes de la “tremenda” corte rondará los 350 millones de pesos para 2026.

 

¡NO ME AYUDEN, COMPADRES! DESOYEN LA INSTRUCCIÓN PRESIDENCIAL

La titular del Poder Ejecutivo tampoco es responsable del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ni de que en el sexenio pasado se haya abandonado la vacunación básica, como el sarampión, que ahora se extiende y que por décadas había sido erradicado.

De igual manera, Sheinbaum Pardo no fue la culpable de ahuyentar la inversión privada que en los últimos meses se ha estancado (por las reformas de AMLO), con lo que disminuye también la expectativa de crecimiento económico. Claudia Sheinbaum seguramente no avala los desplantes de autoritarismo y censura, como los que ha mostrado la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, como tampoco las prácticas caciquiles y de nepotismo, de familias como Monreal en Zacatecas y Salgado en Guerrero.

La firmeza y decisión de la Primera Presidenta para combatir el crimen organizado es una muestra de que quedó atrás la política de “abrazos y no balazos”.

Sheinbaum está demostrando que cuando hay casos de vínculos de políticos con la delincuencia organizada, con denuncias y pruebas, se debe proceder contra ellos.

En el caso del expresidente de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, su cinismo y público desprestigio ya eran intolerables.

Se actuó hasta que la Tequilera José Cuervo, empresa de gran tamaño y con muchos años en México, presentó una denuncia bien documentada ante la Fiscalía estatal, lo que se convirtió en escándalo nacional.

La Primera Mandataria no tiene que estar haciendo el recuento de los daños, mucho menos hacerse responsable de ellos.

La herencia “maldita” que le dejó su antecesor es muy pesada y gigantesca. Ya hemos dicho que en materia de seguridad la consigna “Abrazos y no balazos” fue un rotundo fracaso.

En educación no olvidemos los retrocesos mostrados por las evaluaciones de la prueba PISA; sabemos que estamos reprobados en matemáticas, lectura y ciencias básicas.

En salud, un fiasco y para el olvido el INSABI, primero se destruyó el Seguro Popular sin tener claro cómo diseñar un nuevo y mejor sistema de salud, que seguimos esperando. En infraestructura se hizo a un lado la planeación de obras en las más apremiantes necesidades del país: En materia de agua, obras municipales y estatales necesarias; drenajes urgentes, como Tula y Chalco, generación de electricidad y exploración de petróleo; presas, obras de apoyo al campo de riego, caminos rurales, mantenimiento y modernización de transporte (Metro) y carreteras.

La titular del Poder Ejecutivo no debe hacer más recuento de los daños. Tiene el apoyo de la mayoría de los mexicanos, para dar un giro a los malos resultados de su antecesor y combatir la inseguridad, la impunidad y la corrupción; para mejorar la educación y la salud para que México continúe por la senda de la democracia, justicia y prosperidad.

 

***Académico y consultor.

 

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Renovación INEludible

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  • Cuando el árbitro pierde credibilidad, la democracia está en riesgo
  • El país requiere un instituto que garantice elecciones limpias, transparentes y confiables ante la INEficiencia para defender el Estado de Derecho, ante la INEptitud constitucional disfrazada de autonomía, ante la INEsperada sumisión ante la 4T, por lo que es INEvitable rendir cuentas para poner fin a la ola de escándalos por los casos de corrupción

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los escándalos de corrupción de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, son sólo la gota que derramó el vaso de la degradación a que ha llegado el instituto electoral.

Es únicamente un síndrome del estado de putrefacción que alcanzo la institución, al ser capturada, vulnerada y manipulada por el gobierno de la Cuarta Transformación.

Con Guadalupe Taddei, el gobierno de la 4T selló una velada complicidad, le dio carta abierta, le otorgó el más amplio poder que ningún presidente del INE había tenido.

Ante la ola de críticas y señalamientos, tuvo que renunciar Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, tras acumularse señalamientos de corrupción y conflicto de interés con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

La salida, formalizada el 27 de octubre, desató una crisis que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como una traición “a la confianza del pueblo de México”.

“¡Al diablo con sus instituciones!”, había sentenciado el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Lo sentenció, lo planeó y lo logró.

AMLO acabó con la división de Poderes y destruyó los organismos autónomos constitucionales uno a uno, incluido el Instituto Nacional Electoral, que era la institución democrática constitucional que garantizaba elecciones limpias, transparentes y confiables para 100 millones de mexicanos, e incluso llegó a ser reconocido a nivel internacional.

Después de 30 años que llevó construir al INE (primero Instituto Federal Electoral -IFE-), bastó un sexenio para su derrumbe.

En 2022 y 2023, el exmandatario López Obrador inició su andanada contra el Instituto Nacional Electoral y la respuesta de cientos de miles de mexicanos fue salir a las calles a defender esa institución con mucho entusiasmo y vehemencia.

El 13 de noviembre de 2022, la primera gran marcha, se realizó en la Ciudad de México y se replicó en más de 50 ciudades del país.

Una segunda concentración masiva llenó el Zócalo de la Ciudad de México y otras plazas del país bajo el lema “El INE no se toca”.

Hoy en 2026, la ciudadanía parece apática o resignada de lo que está pasando. El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encuentran capturados por el partido gobernante.

Desde que llegó Guadalupe Taddei a presidir el Instituto Nacional Electoral, en abril de 2023, y se dieron relevos de consejeros afines al oficialismo, la misión democrática del pilar electoral de nuestra democracia dio muestras de sometimiento hacia el poder.

En la campaña presidencial y de gubernaturas de 2024, ambos organismos mostraron ausencia y tolerancia en violaciones a las leyes electorales.

Se ignoraron las demandas de los partidos de oposición por campañas anticipadas, comenzando por la presidencial, así como las públicas y abiertas denuncias de la intervención del crimen organizado en campañas como las de Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas, entre las más evidentes.

El TEPJF avaló la tramposa mayoría calificada del Poder Legislativo para Morena que le permite modificar la Constitución Política a su antojo.

En 2027 tendremos elecciones nacionales intermedias para renovar el Poder Legislativo federal, 17 gubernaturas y cientos de cargos de elección popular locales.

Ante este importante proceso electoral, resulta de gran importancia encontrar un árbitro electoral que garantice imparcialidad, transparencia y cumplimiento de la ley para evitar las campañas anticipadas y que diversas normas electorales se conviertan en un cero a la izquierda, en un fraude y flagrante violación a la ley, generando desinformación y desconfianza ciudadana.

Las recientes reformas generan dudas y ponen en tela de juicio el papel que desempeñará el INE. Reformas como la facultad de anular elecciones por “intervencionismo extranjero”, la creación de la Comisión para “detectar” e impedir candidaturas con antecedentes o nexos con la delincuencia y, la más reciente ocurrencia, de pretender impedir candidaturas con doble nacionalidad -con dedicatorias personales-, el panorama que se dibuja no es nada halagador para la oposición, ni para la ciudadanía, ni para el futuro democrático de México.

Hoy parece que retrocedemos a 1988 y a los 70s, cuando el partido hegemónico no permitía la participación de las minorías.

Durante décadas, las reformas electorales respondieron a una exigencia básica: abrir espacios para todas las voces.

A pesar de sus limitaciones, los cambios permitieron que oposiciones ganaran espacios, consolidando un sistema multipartidista y permitiendo alternancias en el poder en los tres niveles de gobierno.

Sería muy lamentable y mala señal que ante las evidencias de corrupción y conflicto de interés que propició Guadalupe Taddei por su relación con los proveedores a los que se les asignaron contratos por cientos de millones de pesos, se le diera blindaje de impunidad.

También resulta irónico y simplista tratar de desviar la atención, inculpando de la actual corrupción a gobiernos anteriores al de la 4T.

La interrogante que surge es saber la intención de la Primera Mandataria cuando señala que “la revisión -que realicen los órganos de control y auditoría- debe incluir licitaciones anteriores a la gestión de la consejera y a los organismos estatales, ante señalamientos de que proveedores habrían concentrado adjudicaciones durante más de dos décadas”.

Ante sus declaraciones, ya hay “sospechosismo” de que culparán a personajes del ayer en los escándalos de corrupción del hoy en día. ¿Y Taddei? Bien, gracias.

Luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral nombró a Blanca Yassahara Cruz como consejera presidenta interina, se informó que ya suman 15 renuncias de funcionarios cercanos a la exconsejera presidenta.

Y los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) ante el organismo electoral, exigieron eliminar los “superpoderes” otorgados a la presidencia del INE y revisar los nombramientos realizados durante la gestión de Taddei Zavala.

La Cámara de Diputados deberá integrar un comité técnico para convocar a la presidencia definitiva, un proceso que podría extenderse entre cuatro y seis semanas.

Reitero, estimado lector, en 2022 y 2023, millones de mexicanos salieron a la calle a defender al INE con la consigna “El INE no se toca”… y hoy que ha sido ultrajado y denigrado, es hora de que la ciudadanía manifieste su exigencia de que se restaure la institución y que, al menos, se le devuelva la credibilidad, transparencia, legalidad, imparcialidad y honestidad con que contaba hasta 2018.

Rescatar y restaurar al instituto electoral es de vital importancia para el futuro democrático de México en lo interno y en el ámbito de la comunidad internacional.

Con un Instituto Nacional Electoral confiable habrá un México viable, sin el INE se cancela el futuro del país, no sólo en su régimen democrático constitucional, también se derrumban las aspiraciones de millones de mexicanos de vivir en un país con Estado de Derecho, justo y con mejor estatus económico y social.

El instituto electoral debe continuar siendo el único garante constitucional para que los mexicanos tengamos elecciones limpias y confiables.

El Instituto Nacional Electoral es una institución reconocida mundialmente en materia de procesos electorales.

Los mexicanos no debemos permitir que el último reducto democrático y de contrapeso que tenemos (INE y TEPJF) sean capturados por el gobierno en turno.

En estos días críticos se pone en tela de juicio la transparencia, imparcialidad y credibilidad de nuestros procesos electorales, así como la participación ciudadana.

En las elecciones de los últimos 20 años, han participado millones de ciudadanos anónimos que con su trabajo honesto y transparente dan aval y soporte a nuestros procesos electorales en la integración de funcionarios de casillas, en el recuento de votos, en las representaciones partidistas, así como su voto libre y secreto.

El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo debería dejar atrás las nocivas herencias que recibió y apoyar la restauración de las instituciones emblemáticas de nuestro régimen democrático constitucional.

Lo anterior definirá si pasa a la historia como una verdadera jefa de Estado o como una simple defensora de un movimiento político que no trascenderá.

Millones de mexicanos tenemos fe en que la Primera Presidenta tiene la visión de una jefa de Estado que no sólo piensa en las próximas elecciones, sino en las futuras generaciones. Que así sea. La Patria es primero.

 

***Académico y consultor.

Egresado del IPN.

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¿Francisco Garduño Yáñez al IPN?

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  • Tiene todo el apoyo del “presidente López Obrador”, como así lo llama la Primera Mandataria
  • En mayo de 2026, Claudia Sheinbaum Pardo prometió democratizar el procedimiento para nombrar al nuevo director general del Instituto Politécnico Nacional, pero hasta el momento no hay convocatoria… ¿albazo o dedazo?

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

El 22 de noviembre de 2026, de acuerdo con la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), “el(a) Presidente(a) de la República deberá nombrar nuevo director general”.

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo siempre se refiere a su antecesor como el “presidente López Obrador”.

El candidato de Andrés Manuel López Obrador, ni duda cabe, es Francisco Garduño Yáñez. Luego entonces el nuevo director general del IPN será el exdirector del Instituto Nacional de Migración (INM) por indicación llamado “presidente López Obrador”… a menos que la Primera Mandataria tenga otro candidato o someta la selección a una elección entre la comunidad politécnica, como lo había ofrecido, pero que hasta el momento no hay ni siquiera convocatoria.

Ante el inminente relevo de director general del IPN que, por ley, debe realizarse en poco menos de un mes, flota en algunos sectores de la comunidad politécnica el “sospechosismo” de que la carta fuerte del gobierno de la Cuarta Transformación es nada menos que Francisco Garduño Yáñez, el célebre exdirector del INM, designado en ese cargo en junio de 2019 por el “presidente López Obrador”.

A raíz del escándalo del incendio que terminó en tragedia, Garduño Yáñez dejó el cargo en 2025… y en enero de 2026 fue nombrado director general de Centros de Formación para el Trabajo en la Secretaría de Educación Pública (¿plataforma para el IPN?).

Francisco Garduño se tituló como optometrista por el IPN en 1972 y en 1987 trabajó como asesor del director general del IPN (¿preparación para el puesto?).

El candidato del “presidente López Obrador” para ocupar la Dirección General del IPN es Francisco Garduño. Siempre ha sido un colaborador muy cercano.

En la CDMX, siendo Andrés Manuel el jefe de Gobierno intentó nombrarlo como secretario de Seguridad, pero fue vetado por el entonces mandatario Vicente Fox Quesada y para ese puesto se designó a Marcelo Ebrard.

Cuando se venía la primera designación de director del Politécnico, al “presidente López Obrador”, en 2020, se le preguntó si Garduño podría ser designado.

La respuesta del “presidente López Obrador” hace evidencia la simpatía, cercanía y alta estima que le profesaba a Garduño Yáñez.

“Él sería un muy buen director”, pero expresó que lo necesitaba más al frente del INM.

 

¿PREPARANDO EL CAMINO PARA SU ARRIBO EN EL IPN?

Comento esto porque en política nada es casual y resulta que hace apenas unas semanas Francisco Garduño fue exonerado, con “bombo y platillo”, por un juez de los cargos por su responsabilidad en el incendio y tragedia ocurrido en Ciudad Juárez.

Un hecho que se hizo público el 27 de marzo de 2023, un incendio registrado dentro del área de alojamiento de varones de la estancia migratoria del INM en Ciudad Juárez.

Ahí inició la tragedia, debido a que un grupo de migrantes inició una protesta quemando colchonetas. Las puertas del área permanecieron cerradas bajo candado durante el siniestro, lo que impidió la evacuación de las personas atrapadas.

En el siniestro murieron 40 migrantes y 27 resultaron heridos; la mayoría de las víctimas provenía de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela y Colombia.

También se detectó la ausencia de extintores operativos en la celda, la inexistencia de salidas de emergencia adecuadas y la falta de un plan de protección civil actualizado.

Pese a la gravedad de la tragedia y el mayúsculo escándalo que creció con el paso de los días, Garduño permaneció en su cargo con todo el apoyo público del “presidente López Obrador”.

 

SHEINBAUM NO DA SEÑALES DE UNA ELECCIÓN MÁS DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENTE

En mayo de 2026, Sheinbaum Pardo hizo una propuesta innovadora y trascendental, una noticia que cayó muy bien en toda la comunidad politécnica: Democratizar el procedimiento para nombrar al nuevo director general del IPN y así dar mayor participación a sus más de 800 mil egresados, 220 mil alumnos, 20 mil profesores, investigadores, empresarios, servidores públicos y exdirectores generales, para una elección más democrática y transparente.

Y es que desde hace décadas el nombramiento se hace como lo establece la Ley Orgánica del IPN, en su artículo 12: “El Director General será nombrado por el Presidente de la República; tendrá la representación legal del Instituto Politécnico Nacional, durará en su cargo tres años y podrá ser designado, por una sola vez, para otro periodo”.

En una Mañanera del Pueblo realizado en mayo de este año, Sheinbaum Pardo dio una extraordinaria noticia para los politécnicos: “Es más, vamos a hacer una consulta en el Poli para la próxima dirección, vamos a democratizar la elección del director general del Politécnico Nacional, o directora, en una consulta para que la comunidad elija a tres. Toda mi vida luché en la UNAM para que eso fuera así; una consulta para ver qué la gente opina, quién puede ser el mejor director o directora”.

 

SAQUEO Y CORRUPCIÓN EN LAS ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES

Ya veremos qué pasa, pero por lo pronto el IPN atraviesa una de las más severas crisis institucional de su historia. Esto ocurre desde la llegada de Arturo Reyes Sandoval, cuya designación (obedeció a ser sobrino de la exsecretaria obradorista Irma Sandoval, según algunas publicaciones) ha pasado por mayúsculos escándalos de corrupción, rezagos en administración e infraestructura que repercuten en el deterioro del nivel académico, así como diversos paros, plantones y protestas que han pedido su destitución.

Reyes Sandoval -de investigador a politiquillo- ha politizado la institución y ha impulsado a diversos grupos estudiantiles radicales, como el Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico (CLEP) y el Movimiento de Estudiantes No Asignados (MENA), así como organizaciones académicas, como el Bloque de Delegaciones Democráticas, con tintes ideológico-políticos.

El IPN requiere una reconfiguración normativa a fondo para frenar el saqueo y la corrupción de que ha sido objeto en las últimas administraciones.

El Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo deberían presentar una iniciativa de nueva Ley Orgánica –la actual tiene casi 50 años- que cambie el sistema vertical en el que tanto el Consejo General, como la administración, dependen totalmente del director general.

El OIC ha sido rebasado, en algunos casos se vuelve cómplice de corruptelas. Urge crear un “Comité Anticorrupción” independiente, integrado por al menos cinco distinguidos politécnicos externos, que tenga “dientes” para canalizar denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Aunque suene contradictorio, pero Garduño Yáñez, en el INM, para combatir la corrupción nombró como delegados a varios exmilitares.

 

IPN Y UNAM, INSTITUCIONES RECONOCIDAS Y EMBLEMÁTICAS

El IPN, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), son las instituciones públicas de educación superior más conocidas, reconocidas y emblemáticas del sistema educativo nacional.

En el caso de la UNAM, la elección de rector la realiza la Junta de Gobierno y el Consejo Universitario con sus propias reglas, ha sido transparente y han ocurrido los cambios de rector de manera legítima, democrática y bien aceptada por toda la comunidad universitaria.

El caso del IPN ha sido muy diferente, ya que si bien parte de la comunidad politécnica sentía como un privilegio que fuera el Presidente de la República el que nombrara a su director general, en los últimos años se ha discutido de manera amplia y creciente la necesidad de cambiar este procedimiento para democratizar esta designación y dar mayor participación a toda la comunidad politécnica.

Por ello la propuesta de Sheinbaum podría convertirse en un parteaguas histórico dentro del IPN, que tantas aportaciones ha hecho al desarrollo nacional en las últimas décadas, a través de sus médicos, arquitectos, químicos, biólogos, enfermeras, técnicos-medios, administradores, contadores, economistas, físico-matemáticos, así como ingenieros civiles, electromecánicos, petroleros, en aeronáutica, telecomunicaciones y recientemente en robótica e informática.

El talento politécnico fue un factor humano clave para la construcción de la infraestructura nacional en hospitales, escuelas, carreteras, aeronáutica, red de telecomunicaciones y de electricidad, así como desarrollo de la industria petrolera, al menos de las últimas ocho décadas.

Enhorabuena por la modernización, depuración y democratización que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció para el glorioso Instituto Politécnico Nacional, aunque el “sospechosismo” está porque no hay convocatoria a casi un mes de la designación del nuevo director general del IPN… ¿será acaso que ya está pactado con el “presidente López Obrador” para que el nombramiento sea bien “calmado”?

 

***Maestro, licenciado y contador público.

Egresado del Instituto Politécnico Nacional.

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PULPO POLÍTICO

El costo de la lealtad hacia Don Javier García Paniagua (III de III partes)

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  • Las cuestiones de La Revista IMPACTO hacia Jesús Reyes Heroles y Manuel Bartlett levantaron ámpula
  • Los otros grandes amigos de Don Juan Bustillos en este suceso histórico: don Miguel Lerma Candelaria y Don Carlos Salinas de Gortari, quien sería el sucesor de MMH

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

En esta tercera y última de las partes de un singular e histórico documento periodístico que nos dejó Don Juan Bustillos Orozco, documento no conocido ni publicado con anterioridad, hemos leído, en letra de su máquina de escribir, diversos sucesos de la vida política del país.

El escrito es un testimonio de uno de los principales columnistas políticos de México del momento sobre la relación de la prensa con el poder, así como vivencias y anécdotas ocurridas en la segunda parte del sexenio de José López Portillo y la forma en que se da la sucesión presidencial en favor de Miguel de la Madrid Hurtado.

Don Juan Bustillos nos describe su llegada a la revista política IMPACTO, en esa época la más importante e influyente del país, por lo que sus publicaciones llegaban a molestar al Presidente de la República en turno cuando sus análisis y comentarios no eran sólo halagos para su gobierno, al grado de ocasionar la censura y venganza desde lo más alto del poder político.

En el valioso documento periodístico, un legado de Don Juan, sabemos que un artículo que publicó -varios meses antes del destape de Miguel de la Madrid-, en donde expresó su apoyo total y leal hacia Don Javier García Paniagua, provocó la animadversión del sucesor de JLP contra IMPACTO.

Sin embargo, hubo otra publicación de Don Bustillos Orozco que hizo explotar la ira del poder presidencial. Fue la aguda crítica que hizo a un discurso de Jesús Reyes Heroles, a la sazón secretario de Educación Pública, quien a los 45 días de iniciado el gobierno de MMH acudió con la representación presidencial al informe del gobernador de Puebla, Guillermo Jiménez Morales.

Es sabido de una regla no escrita entre los gobiernos priístas (el nuevo titular del Poder Ejecutivo se deslindaba de su antecesor, con el fin de legitimarse en el poder presidencial, que se sabía heredado).

El discurso de Reyes Heroles pareció ser la carta política de presentación del nuevo gobierno. En él se condenaba al gobierno de JLP de ser el culpable de todos los males del país, la crisis económica, la corrupción, las inversiones “superfluas y faraónicas”.

Reyes Heroles fue lacónico al señalar: “Esta radiografía (de la gestión de JLP) nos enseña también lo contraproducente del populismo gubernamental. Es sabido que el populismo no es una doctrina ni una ideología, sino un síndrome”.

En el análisis del discurso del nuevo titular de la SEP, Don Juan Bustillos, en su publicación en IMPACTO, se preguntaba: “¿Hasta dónde fue corresponsable, en su secretario de Gobernación la mitad del sexenio lópezportillista, de que el país se acercara al abismo?”, toda vez que Reyes Heroles había sido secretario de Gobernación con JLP.

Al final se concretó la venganza. Manuel Bartlett Díaz, titular de la Segob, la operó. Bartlett también había sido cuestionado por Don Juan durante la campaña, respecto a su real función. Las instalaciones de IMPACTO fueron tomadas por Gobernación y Don Juan fue una especie de perseguido político.

De esta manera se implementó un histórico atentado contra la libertad de expresión. Don Juan Bustillos Orozco fue castigado por ejercer un periodismo libre, valiente, vertical, congruente y sin someterse al poder.

Sus grandes amigos en este suceso histórico: Don Javier García Paniagua, don Miguel Lerma Candelaria y Don Carlos Salinas de Gortari, quien sería el sucesor de MMH.

 

*** Consultor y académico.

Egresado del IPN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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