La creciente ola delictiva a nivel nacional la genera el crimen organizado * Si el gobierno de la 4T quiere imponer su proyecto político y mantenerse en el poder, debe recuperar el ejercicio de la gobernabilidad, demostrar que se vive en un pleno Estado de Derecho y que las políticas públicas no pretenden crear una presidencia imperial
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
La pérdida de buena parte de la gobernabilidad se debe a la creciente violencia política que generan el crimen organizado y algunas reyertas entre grupos de poder no muy bien esclarecidas por la propia autoridad.
En todos los casos se trata de agresiones para amenazar, intimidar, frenar carreras políticas, incidir en procesos electorales, cobrar venganza por no aceptar pactos ilícitos o incumplirlos, imponer candidatos o suplantar a legales autoridades para ejercer el poder público e incluso crear tributaciones paralelas, como el cobro de derecho de piso u otorgar permisos para abrir negocios.
También realizan labor social, auxilian a damnificados después de desastres naturales, dan regalos en el Día de las Madres, el Día del Niño o en Reyes, además de distribuir despensas u organizar eventos musicales.
El Estado constitucional ha claudicado en su función primigenia de dar seguridad a los gobernados y garantizar el respeto a la vida y al patrimonio de los ciudadanos.
La pérdida de la gobernabilidad empoderó a los grupos criminales y permitió el deterioro del Estado de Derecho, por lo que dejó la gobernanza en grupos de poder fáctico que hacen las funciones de la autoridad como otorgar seguridad a comunidades enteras.
El crimen organizado no sólo se circunscribe al narcotráfico, se extiende a la trata de personas -por explotación sexual, laboral o migrante-, el tráfico de armas y el lavado de dinero.
En Chiapas y Oaxaca se da la violencia política mediante el desplazamiento forzado de comunidades enteras por disputas de tenencia de la tierra, razones étnicas o religiosas, así como la mafia de los polleros que comercian con migrantes. También se da el asesinato o desaparición de líderes sociales.
Ante los desplazamientos o masacres, prevalece la impunidad y la inacción de autoridades.
La violencia política ha acompañado el desarrollo histórico del país: Golpes de Estado y asonadas militares en el siglo XIX, la Revolución Mexicana y su millón de muertos, los sucesivos magnicidios posrrevolucionarios, los homicidios políticos como los del general Serrano, el general Saturnino Cedillo o los muertos del henriquismo.
También ejerció violencia política el propio gobierno al reprimir, en aras de mantener la estabilidad social, los movimientos magisteriales, médico, ferrocarrilero, electricista y los de estudiantes de 1968 y 1971.
Ahora son la delincuencia organizada y las facciones políticas en busca del poder los que ejercen el otrora monopolio estatal del uso de la fuerza.
Asimismo, mediante esa violencia, los criminales se han apoderado de los procesos electorales y ellos deciden quién debe gobernar.
Lo mismo financian campañas políticas en todos los niveles que imponen candidatos, eliminan contrincantes, secuestran aspirantes, amenazan a funcionarios electorales, inhiben el voto, alientan el abstencionismo y destruyen casillas.
La pérdida de la gobernanza provoca un sentimiento de abatimiento ciudadano, se asume que la violencia se impone al pacto social y que el Estado ya no es garante del respeto a la vida y a la propiedad.
Se normaliza la connivencia de las autoridades con la delincuencia organizada, se reconoce socialmente la corrupción y que es inherente a los servidores públicos.
Si el gobierno de la 4T quiere imponer su proyecto político y mantenerse en el poder, debe recuperar el ejercicio de la gobernabilidad, demostrar que se vive en un pleno Estado de Derecho y que las políticas públicas no pretenden crear una presidencia imperial, que no los mueve la figura omnímoda, omnipotente y omnipresente de un jefe de Estado autárquico.
Ello requiere de abandonar la narrativa basada en las falacias que apelan al principio de autoridad, desechar el discurso de odio y buscar la unidad nacional, no la polarización ni el divisionismo social.
Hoy el gobierno enfrenta no sólo el reto de rivalizar o asociarse con el crimen organizado en todas sus acepciones, sino el reclamo de la Generación Z que, si bien sólo se visibilizó con una marcha, la satisfacción de sus demandas de empleo, educación, justicia, seguridad, combate a la corrupción y mayor participación política se logrará desde sus propias formas de expresión, como las redes sociales.
No buscarán protagonizar una primavera árabe ni los fallidos movimientos estudiantes del otoño de 1968 o el verano de 1971, pero si las autoridades desoyen el llamado al cambio de los jóvenes, Nepal o Marruecos estará a la vuelta de la esquina.
Por supervivencia, el Estado debe recuperar la gobernabilidad.
La peregrina sugerencia para acortar el ciclo escolar provocó el descontento de los padres de familia * Decir que en el último mes de clases a los escolapios ya no les enseñan nada, el titular de la SEP exhibe que el modelo educativo de la “nueva escuela mexicana” (sic), donde no se puede reprobar a nadie ni sancionar las inasistencias, sólo pretende formar mano de obra barata para el mercado laboral, sin posibilidades de integrarse al mundo globalizado que demanda gente mejor preparada
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
La narrativa oficial ya no alcanza para encubrir los yerros de las malas políticas públicas del gobierno de la autollamada Cuarta Transformación.
La semana pasada sufrió su peor crisis de credibilidad y pérdida de confianza en lo que va del sexenio.
Sin alguna necesidad, un aparente distractor se convirtió en la Némesis de las autoridades educativas y evidenció las debilidades de un sistema académico ideologizante, amén de incrementar el negativo humor social.
El régimen no supo capitalizar la organización del Mundial de Futbol 2026, el cual pudo aprovechar para promover al país internacionalmente, fortalecer la identidad nacional y mediatizar a la población durante un mes para que se olvidara momentáneamente de sus problemas y carencias.
La inexperiencia de la 4T como administradores públicos hizo que la inversión se convirtiera en gasto y ante la imposibilidad de dotar de infraestructura a las sedes mundialistas, optaron por las obras cosméticas y barrer sólo por donde pasa la suegra.
A algún genio se le ocurrió que, para mejorar la movilidad en la gran capital, debiera esconderse a la población y mandar a los niños a sus casas para disfrutar los partidos con sus padres en la tranquilidad del hogar y permitir a los visitantes transitar las calles sin aglomeraciones.
La peregrina sugerencia para acortar el ciclo escolar provocó el descontento de los padres de familia.
Las justificadoras declaraciones de Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) -perdónalo Vasconcelos-, de que en el último mes de clases los escolapios ya no aprenden nada porque ya no les enseñan nada, exhibe que el modelo educativo de la “nueva escuela mexicana” (sic), donde no se puede reprobar a nadie ni sancionar las inasistencias, sólo pretende formar mano de obra barata para el mercado laboral, sin posibilidades de integrarse al mundo globalizado que demanda gente mejor preparada.
La impunidad y protección que caracteriza a este gobierno le asegura la chamba al encargado de la oficina en las calles de República de Argentina, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, mientras lo mandan de gobernador a Colima. Resultó más apaleado que una piñata.
Por cierto, no sólo en la política interior sufre esta administración, también desde el exterior le han demostrado que la pérdida de la gobernabilidad a manos del crimen organizado, la connivencia con el narcotráfico y la filtración de las mafias en las esferas del poder público provocan corrupción, impunidad y protección a narcopolíticos.
A pesar de los llamados patrioteros a la defensa de la soberanía nacional, al reiterado pronunciamiento de que somos independientes y no una colonia, la realidad es que, desde la semana pasada, las autoridades americanas nos han traído peor que Hernán Cortés a los indios. Las piñatas nos quedan cortas.
Sin una estrategia de comunicación política, sin líneas discursivas definidas, el gobierno no ha sabido hacer frente a los señalamientos y amenazas de la Casa Blanca y de las agencias de inteligencia norteamericanas.
Lejos de extraditar a servidores públicos presuntamente involucrados en actividades ilícitas para ser juzgados en Estados Unidos, se les protege hasta la saciedad, aunque ese manto protector provoque el riesgo de una intervención militar quirúrgica para extraerlos; esa intervención la imploran hasta las mujeres guerrerenses desplazadas de sus comunidades.
Pero no sólo es el narcotráfico y el huachicol fiscal lo que nos tiene como piñata en mecate, también es la actividad de la CIA en territorio nacional.
El gobierno de la Cuarta Transformación se envuelve en el Lábaro Patrio para exigir se castigue la traición a la patria del gobierno de Chihuahua, donde fallecieron dos agentes norteamericanos tras la destrucción del mayor laboratorio clandestino de drogas sintéticas en México, pero se enreda para justificar el atentado con bomba contra dos presuntos narcotraficantes a las afueras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Juzgan con dos raceros y el clásico “hágase la voluntad del Señor en los bueyes de mi compadre” o a mis amigos Ley y Gracia y a mis enemigos sólo la Ley.
En aras de desmentir la intervención de elementos de inteligencia gringa en la eliminación de dos objetivos prioritarios, como hoy les dicen, se presume que fueron fuerzas del orden mexicanas, con información de allá, los que eliminaron a los mañosos.
Pero surgen las siguientes interrogantes: ¿Y el Estado de Derecho, la presunción de inocencia y el debido proceso?
Ahora, como cazarrecompensas del Viejo Oeste o como en Brasil de los ochentas, ¿emplearán el “rifle sanitario” para deshacerse de las lacras? Salió peor el remedio que la enfermedad.
Seguramente por un buen rato seguirá el grito de “dale, dale, dale…”.
La posverdad y la infodemia nos alcanzaron * El periodismo ha vivido en carne propia el uso faccioso de la justicia
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
La infodemia es la sobreabundancia de información falsa o engañosa que provoca pánico o desconfianza.
La posverdad es la distorsión deliberada de la realidad que manipula creencias y emociones para influir en la opinión pública y hacer que hechos objetivos sean menos relevantes que las apariencias.
La infodemia y la posverdad se han apoderado del imaginario colectivo y obnubilan a toda la sociedad, lo que permite la consecución de un objetivo político basado en la polarización, la confrontación, la imposición de valores, la estigmatización de actores sociales, la interpretación maniquea de la historia, la educación ideologizante y la presentación de un panorama desolador que sólo puede ser redimido por un mesías.
Nada ha provocado más daño al país que la infodemia y la posverdad inculcadas por ese falso populismo reeditado por la autollamada 4T.
Vivimos en la era del ejercicio supremo de la voluntad individual en el ejercicio del poder, basado en las falacias de un meta presidencialismo dador de vida, dispensador de favores y Torquemada de voluntades opositoras.
El nuevo modelo político de gobernar se basa en la falacia ad hominem (se descalifica a los enemigos sin rebatir sus argumentos) y en la verecundiam (apela a la autoridad: porque lo digo yo) y para ello el aparato de propaganda promueve la infodemia y la posverdad, el cual -a lo largo de siete años- ha podido justificar al régimen, enajenar a la sociedad y manipular a la opinión pública.
Quien más ha resentido los embates de ese fenómeno de comunicación es el periodismo, el cual, como en cualquier sistema autocrático, ve coartada la libertad de expresión.
Un informe de la agrupación Artículo 19 señala que el abuso del poder público se ha consolidado como el segundo mecanismo de acoso -después del crimen organizado- de la prensa en México con más de 150 casos.
Desde las cúpulas políticas y con el apoyo del abyecto poder judicial se ha iniciado una “noche de los cuchillos largos”, una cacería de brujas para acallar a las voces disidentes del periodismo y a propietarios de medios de comunicación; ya no sólo es la persecución fiscal, sino la amenaza de cárcel con el pretexto de la difamación por criticar las políticas públicas de los mandatarios.
El ejercicio periodístico ha vivido en carne propia el uso faccioso de la justicia. La posverdad, antítesis de la información, se ha convertido en el contemporáneo ministerio de la verdad de la distópica novela 1984 de George Orwell.
El periodismo verdadero ha sucumbido a los embates de los influencers orgánicos, del aparato propagandístico oficial y ha abandonado los principios básicos de la comunicación: informar, educar y difundir cultura.
México es el país más peligroso para ejercer el periodismo y ello abona a la contracción de la labor informativa y la autocensura.
Un estudio de la Asociación Mexicana de Comunicadores refiere que el 70 por ciento de los informadores identifica la politización de temas sensibles como la mayor amenaza a su profesión, seguida de los ataques en redes sociales y la desinformación.
Las empresas mismas de comunicación ajustan su forma de operar y muestran más cautela en la información que incomoda y controlan más lo que se divulga.
En nuestro país, 1984 sería una novela costumbrista. La posverdad, como destino, nos alcanzó.
APOSTILLA
BD impulsa el mundo de la salud. En coordinación con Planet Water Foundation (PWF), instaló una AquaTower en Huehuetoca, Edomex, sistema de filtración que opera por gravedad, sin requerir energía eléctrica y que permite convertir el vital líquido en una fuente segura para consumo diario.
En esta oportunidad, la operación se hizo en la escuela primaria “Gregorio Torres Quintero”, en Huehuetoca, donde se benefició directamente a 650 estudiantes y a mil 800 habitantes de la zona.
El sistema elimina patógenos -incluidas bacterias, hongos, protozoos, parásitos y virus-, así como otros contaminantes presentes en el agua. Enhorabuena BD.
Con este proyecto, la multinacional de tecnología médica y Planet Water Foundation suman 13 sistemas AquaTower a nivel global, nueve de ellos en México, donde han beneficiado a 2 mil 600 alumnos mediante soluciones que integran infraestructura, formación y participación comunitaria.
El resto de las iniciativas se distribuye en la India, Indonesia, Filipinas y Puerto Rico.
QEPD SÁNCHEZ MÁRQUEZ
Se fue un grande del periodismo. Enrique Sánchez Márquez, afamado reportero en varios diarios, jefe de información de esta Casa Editorial, de revistas y director de Huellas, falleció la semana pasada.
Deja un enorme hueco en las lides periodísticas. Descanse en paz.
¿Cuál soberanía? * En la realidad los gringos se han metido hasta la cocina y obligado a nuestras autoridades a cumplir con sus instrucciones
OCTAVIO CAMPOS ORTIZ
El proyecto político de la autodenominada 4T tiene un manejo a conveniencia del concepto de soberanía.
Imbuido en el populismo setentero de la época echeverrista, un falso nacionalismo se lleva hasta extremos chauvinistas y patrioteros para justificar su modelo social cerrado frente a un orbe globalizado que superó con mucho la idea de soberanía vigente en los países decimonónicos o de la primera mitad de la centuria pasada.
Esa idea trasnochada de que los Estados -gobierno, pueblo y territorio- se autodefinen, marcan fronteras casi medievales y que al exterior poco debe importar la vida cotidiana de una nación “independiente”, ya no funciona en el mundo contemporáneo e interrelacionado en el que vivimos.
El principio monárquico de soberanía pasó a la historia y sólo funciona en regímenes dictatoriales, donde hasta se prohíbe la salida de los ciudadanos.
México, a pesar de contar con el tratado de libre comercio más grande del mundo y tener relaciones con casi todas las naciones -salvo las pausadas por el tlatoani tabasqueño y sus obsesiones-, ha construido un sistema político autárquico donde un empoderado presidencialismo sin división de Poderes ni contrapesos constitucionales autónomos imposibilita la certeza jurídica a las inversiones extranjeras, además de disminuir su capacidad gubernativa a manos del crimen organizado, lo que provoca fricciones con los Estados Unidos, entre otros países.
La visión aldeana de mantener una economía en crisis para someter a un pueblo, condenarlo a la pobreza y crear una oligarquía partidista o burocrática -como en el estalinismo-, posibilita la expansión de la violencia y el crecimiento del narcotráfico, lo que alarma a la Casa Blanca; por ello considera a los barones de la droga como terroristas y anuncia su combate, aún en territorio nacional.
Ante esa amenaza, se saca del baúl de los recuerdos la letra del Himno Nacional y las monografías de los Niños Héroes, las que como estampitas del “detente” son escudo de la soberanía, se envuelven en el Lábaro Patrio y nos declaran país libre y soberano.
Sin embargo, en la realidad, los gringos se han metido hasta la cocina y obligado a nuestras autoridades a cumplir con sus instrucciones.
Las invasiones ya no son sólo militares, sino comerciales, ideológicas, informáticas y tecnológicas. Nada detiene al nuevo imperialismo.
Pero en el proyecto populista de la 4T, sólo interesa el control interno de la sociedad, aunque se renuncie a la gobernanza y se capitule en favor del crimen organizado.
Desde hace cuatro años, el Pentágono advirtió que más de la tercera parte del país estaba gobernado por el narcotráfico.
Su preocupación no era salvar al pueblo mexicano, sino el daño a la salud pública y a la seguridad nacional de los americanos.
Hubo oídos sordos y se rechazó la ayuda norteamericana, la cual, insisto, no es un beneficio nacional, sino protección a su población y sus intereses.
Llegó el republicano a la Casa Blanca y literalmente dobló al gobierno mexicano, al que consecuentó inicialmente en su propósito de menoscabar el Estado de Derecho, hasta que se puso en riesgo la actividad de las empresas gringas y se desbordó el trasiego de la droga.
Fueron muchas las advertencias del megalómano neoyorquino, al que siempre se le enfrentó con el consabido “mexicanos al grito de guerra…” y la defensa hipócrita de la soberanía decimonónica.
Como decían las abuelitas, “muy celosos de la honra, pero muy desentendidos del gasto”.
Se desgarraron las vestimentas cuando se descubrió circunstancialmente la intervención de la CIA en el desmantelamiento del mayor laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Chihuahua y se aprestaron a quemar en leña verde a la gobernadora Maru Campos.
Omisos en la investigación propia, saben que muchas de las detenciones recientes de mafiosos y la desactivación de sus negocios han sido con información y supervisión de las agencias norteamericanas.
La connivencia con la maña está por encima de la seguridad de los mexicanos.
Otro factor que incomodó a Trump es la amenaza a las empresas trasnacionales que ven afectados sus intereses ante la falta de certeza jurídica por la sumisión del Poder Judicial.
Al T-MEC, que nos favorece, poco importa el concepto de soberanía y peligra su ratificación.
Son más traidores a la patria los que hacen una defensa a ultranza de autoridades infiltradas por el narcotráfico que quienes reconocen la necesidad de permitir la ayuda norteamericana.
No la hacen los gringos como madres de la caridad, sino por la defensa de sus intereses más allá de las fronteras y por ello sí son capaces de una intervención militar. Se los advirtieron.