Es su arma perfecta para ir a la segura y mantenerse en el poder * Al Primer Mandatario no le preocupa que el número de pobres crezca, pues a mayor pobreza, mayor clientela electoral * No hay duda de que México tiene a un experto estratega, que ha logrado tener cautivos entre 22 y 25 millones de beneficiarios de sus programas, todo con tal de mantenerse en el trono presidencial a como dé lugar

MARCO ANTONIO FLORES***

Las izquierdas en el mundo no desaparecieron cuando en 1989 se declaró el fracaso del comunismo socialismo de la URSS, con el derrumbe del Muro de Berlín, al contrario, solo sufrieron transformaciones.

Sin embargo, en Latinoamérica algunos países no aprendieron la lección, pues Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido sometidos por gobiernos radicales de “izquierda” encabezados por célebres dictadores, cuya arma principal es tener sometidos a sus pueblos a través de la falta de libertades y oportunidades para tener un mejor nivel socio-económico, es decir, dejarlos en la pobreza perpetua para seguir manipulándolos con dádivas y migajas, como “frijol con gorgojo”.

También es cierto que las izquierdas en América Latina han tenido diferentes matices.

En la década de los 2000, candidatos de izquierda obtuvieron el poder, pero lo ejercieron con marcadas diferencias: Hugo Chávez, en Venezuela; Lula da Silva, en Brasil; Néstor Kirchner, en Argentina; Michellle Bachelet, en Chile, José Mujica, en Uruguay; Evo Morales, en Bolivia; Rafael Correa, en Ecuador, entre otros.

No se puede comparar una izquierda radical, como la de Chávez, con la izquierda moderada de Lula da Silva o Bachelet. Cada país tiene una realidad política y social distinta. Lo mismo sigue ocurriendo ahora, pero el rasgo fundamental es saber si trata de sistemas políticos democráticos o no democráticos.

Los ejemplos más acabados de los no democráticos son Venezuela, Nicaragua o Cuba. El ejemplo de una izquierda moderada lo tenemos en Chile, con Boric, quien ha mostrado compromiso y respeto por las instituciones, los derechos humanos y las libertades. Petro y Lula, en Colombia y Brasil, respectivamente, parecen permanecer en esa línea de moderación.

POTENCIAL POPULISTA AUTORITARIO

En México el Presidente Andrés Manuel López Obrador había sido considerado como de centro-izquierda, sin embargo, ha tenido desplantes y acciones que ya lo ubican como un potencial populista autoritario, o aprendiz de dictador a juzgar por la abierta intención de destruir las instituciones democráticas, como el INE y el Poder Judicial.

Ha hecho pública su estrategia para mantenerse en el poder a cualquier costo. A confesión de parte relevo de pruebas, dicen los abogados.

El innegable apoyo popular de que goza y presume el Presidente de la República, por parte de los más pobres e ignorantes del país, le alcanza para atentar contra las instituciones a su antojo.

En la Mañanera del 2 de febrero de 2022, fue explícita la confesión: El Presidente López Obrador afirmó: “Con los pobres, de cada 10 podemos tener el apoyo de 9. Con la clase media-media, alta y alta, puede ser que de cada 10 tengamos el apoyo de 1”.

Añadió que “por niveles de escolaridad sucede algo similar y que entre mayor sea el grado, menos simpatía tiene su movimiento entre las personas. Podemos empatar en nivel licenciatura, pero en Maestría y en Doctorado perdemos”. Por ello no le preocupa que el número de pobres crezca. A mayor pobreza, mayor clientela electoral.

También se entendería su aparente desprecio a la diplomacia, la educación, la salud, la ciencia, la democracia, la justa impartición de la justicia, la rendición de cuentas y el combate real a la impunidad y a la corrupción.

POR LA DESTRUCCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

Lo dicho por el Presidente, en la Mañanera del 2 de febrero, es relevante y explicaría la destrucción de las instituciones nacionales. Sus agresiones a la educación, a la ciencia, a las clases medias y su intromisión en prestigiadas escuelas de nivel superior y posgrado como la UNAM, el CIDE, el ITAM, la persecución a científicos por parte de la FGR. Del mismo modo se entendería su obsesión por desaparecer la transparencia y rendición de cuentas, en este caso borrar del mapa al INAI.

El 4 de enero de 2023, el Primer Mandatario reconoció que parte de su estrategia política consiste en ayudar a la gente de escasos recursos, porque ellos regresan el apoyo a la transformación.

Afirmó: “No hay nada que compense o que se equipare con la satisfacción que produce la dicha de ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, ni todo el oro del mundo vale eso. Pero, además, ayudando a los pobres va uno a la segura”. Agregó: “Porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso, la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos”.

Y subrayó: “No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad, entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”.

En esa ocasión López Obrador criticó a intelectuales y opositores a su gobierno -lo hace de manera permanente-, asegura que ya no tienen la relevancia de tiempos pasados.

“No hay que molestarse tanto, ellos jugaron un papel en un tiempo, sobre todo en el periodo neoliberal. Ahora ya no tienen la importancia política ni la creatividad de antes… su campaña contra la ‘prensa del antiguo régimen’ es otra estrategia cotidiana”.

La interrogante que surge es dónde queda el slogan de la 4T: “No mentir, no robar y no traicionar”. Afirmar que la prioridad de este gobierno es el combate a la pobreza, “Primero los pobres”, es de aplaudirse, pero incrementar su número y no mejorar su estatus socioeconómico, es una mentira, una omisión y hasta una traición”.

HAY SEIS MILLONES DE NUEVOS POBRES

México tiene una población de 130 millones de habitantes, con más de la mitad, 66.5 millones en situación de pobreza  y pobreza extrema. Casi 6 millones de nuevos pobres entre 2018 y 2023, reconocidos oficialmente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El número de mexicanos en situación de pobreza pasó de 51.9 millones a 55.7 millones, y el porcentaje de la población en pobreza extrema, paso de 7% a 8.5% en el mismo lapso para un total de 10.8 millones.

Hasta 2018 los programas sociales federales contribuían a reducir la pobreza, o a mejorar el acceso efectivo a los derechos. El ejemplo más ilustrativo es el de “Oportunidades-Prospera”, uno de los programas sociales con reconocimiento internacional, que se había sostenido durante 4 sexenios, gracias a que -estaba científicamente comprobado- contribuía fuertemente a mejorar el ingreso, a la disminución del rezago educativo, mediante el acceso efectivo a servicios sociales, incluidos los derechos a la educación, la salud y la no discriminación. También permitía el acceso real al derecho a la alimentación nutritiva y de calidad. En cambio, a partir de 2018 solo se cumple el propósito de mantener la “clientela electoral”. Prueba de ello es el incremento porcentual en la carencia “por acceso a los servicios de salud”. Del mismo modo, aumentaron, el rezago educativo y el acceso a alimentación nutritiva y de calidad

Hay quienes defienden la política de programas sociales como ayuda novedosa a las clases más vulnerables. Sin embargo, la mayoría de los programas existía desde hace décadas, pero no se ofrecían como una dádiva presidencial.

El Programa Nacional de Becas SEP-Cultura tiene similitud al 100% con Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez de la SEP, y los anteriores programas -el Nacional de Becas y la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, tiene similitud a 98% con la de ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’.

Entre los programas “novedosos” de la 4T destacan: Mano de obra para la edificación de caminos rurales; aumento al doble de la pensión para adultos mayores y pensiones para personas discapacitadas; sembrando árboles (frutales y maderables); becas de 2,400 pesos mensuales para universitarios, de 3,600 pesos para aprendices en empresas y becas para estudiantes de preparatoria.

El ex director de Coneval, Dr. Gonzalo Hernández Licona, fue relevado, en una Mañanera, por hacer públicos datos duros, mismos que en julio de 2021 el INEGI  avaló.

En la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) se dio a conocer lo siguiente: “Se observa que los hogares mexicanos más pobres -específicamente el diez por ciento más pobre, que recibieron las transferencias gubernamentales- cayeron 32%. AMLO incrementó los programas sociales respecto a 2018, pero le redujo el apoyo a la población más pobre. ¿ A dónde se fue entonces el ingreso de los programas gubernamentales? Los hogares más ricos, el decil X, incrementaron en 93% lo que recibían de transferencias gubernamentales entre 2018 y 2021. El decil IX lo incrementó en 148%, el decil VIII en 145%. Es decir, al 30 por ciento de las familias más ricas del país se les incrementó en 129% el apoyo de programas sociales y becas gubernamentales. Sin embargo, para el 20 por ciento de las familias más pobres las transferencias del gobierno cayeron.

Sería interesante revisar que INEGI y Coneval dieran a conocer estas referencias en 2023. Lo que teníamos de acuerdo con la ENIGH, era que el apoyo total a adultos mayores aumentó 185% a partir de 2018, pero mientras que el incremento para el primer decil fue de 17%, para el decil más rico fue de 457%. En las transferencias para adultos mayores se prefirió a quienes más ganaban.

En el caso del programa Oportunidades-Prospera, que fue eliminado en esta administración, éste fue sustituido desde 2019 por tres programas: Becas Benito Juárez para Educación Básica, para la Educación Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro (becas universitarias). El monto total se redujo 35%, pero la disminución fue de 63% para el decil más pobre y hubo un incremento de 380% para el decil más rico.

CON AMLO RECIBEN MENOS APOYO

La conclusión del Dr. Hernández Licona fue que “para el setenta por ciento de las familias más pobres el apoyo gubernamental se redujo 42% en promedio en este sexenio”.

Agregó: “He tenido oportunidad de tener el testimonio reciente de familias en Morelos y en Oaxaca que coinciden que hoy reciben menos apoyo para sus hijos en primaria, secundaria y preparatoria de lo que recibían anteriormente con Prospera”.

No hay duda de que México tiene como presidente a un experto estratega, a todo un “ingeniero electoral”, que ha logrado una clientela electoral que oscila entre los 22 y los 25 millones de beneficiarios de sus programas, todo en aras de mantener el poder a como dé lugar.

Lamentablemente para el futuro del país se trata de los más pobres y más ignorantes. Lo grave es que no se dan cuenta que esa conformidad o “simpatía”, por el gobierno que les da recursos, los condena a no salir de su pobreza nunca… y peor aún: condena a sus hijos y nietos a sufrir la misma suerte.

Ante esta problemática social y de desigualdad económica en el país, ¿habrá algún líder o lideresa capaz de detener la fabricación de pobres y la destrucción del país? La oposición de la coalición Va por México tiene la última palabra. El país es más grande que todos sus problemas, México está por encima de todo y todavía hay millones de ciudadanos que tenemos la esperanza de vivir mejor, de tener aspiraciones en el crecimiento personal y de luchar para el bienestar de las familias, de buscar la superación y el crecimiento económica y de no estancarse en el conformismo. Estaremos pendientes.

*** Consultor y Académico.

A prueba la Suprema Corte de Justicia de la Nación * La ministra presidente Norma Piña hace valer su misión de salvaguardar la Carta Magna

MARCO ANTONIO FLORES***

Nuevamente suena la alarma por la pretensión de instaurar el populismo autoritario al no respetar la división de Poderes, que es uno de los pilares del régimen republicano y federal que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los mexicanos estamos en alerta por las inéditas agresiones del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial con declaraciones que muestran supina ignorancia jurídica o perversos propósitos políticos y ambiciones de poder.

Al mismo tiempo, ante la calumnia y la diatriba, los mexicanos debemos estar tranquilos, porque contamos con un Poder Judicial que hace valer su misión de salvaguardar la Carta Magna.

Politólogos y constitucionalistas han alertado de una ruptura que lesiona la división de Poderes y puede abonar más a la polarización entre los ciudadanos. También se advierte que el Presidente Andrés Manuel López Obrador construye una narrativa de conspiración que utilizará como estrategia política en los comicios federales de 2024.

En medio de las agresiones, habrá que reconocer que en el Poder Judicial existe liderazgo y unión al interior del máximo tribunal del país.

La ministra presidente Norma Piña ha mostrado, serenidad, mano firme y dignidad para sortear los embates.

Las agresiones y declaraciones del Presidente López Obrador y de prominentes líderes de su gobierno, cuestionando la autonomía e integridad del Poder Judicial, revive la sospecha de un plan para desmantelar y reestructurar todo el PJF. Falta que les alcancen los comicios presidenciales de 2024 para obtener mayorías calificadas en el Poder Legislativo.

La obvia aversión personal del Primer Mandatario contra la ministra presidenta de la SCJN se evidenció desde el pasado 5 de febrero, cuando en Querétaro, la ministra Piña no se mostró sumisa y aduladora con la presencia del Ejecutivo federal. Ello le valió a la ministra presidenta que los “simpatizantes” del Presidente, durante el mitin del 18 de marzo, al grito de “¡Vendida!” y “¡Fuera Piña!” prendieran fuego a una figura con el rostro de Norma Piña.

Quizá si pudiera, López Obrador obligaría a renunciar a la presidenta de la SCJN, como ocurrió en el siglo XIX cuando en 1882, el presidente de la SCJN, Ignacio Luis Vallarta Ogazón, fue obligado a renunciar por el Mandatario Manuel González y el gobernador de Oaxaca, Porfirio Díaz, pues lo consideraron un enemigo peligroso, un obstáculo para sus ambiciones y un gran estorbo en su afán de controlar las decisiones del Poder Judicial.

Este suceso sirvió de “laboratorio de ensayo” para la posterior reelección del mandato presidencial de Porfirio Díaz.

Acontecimientos recientes en el Poder Judicial federal parecen haber cimbrado y puesto a prueba su misión, solidez y autonomía.

Existe un plantón en las afueras del máximo tribunal del país, desde hace más de un mes con un discurso de odio y llenos de groserías y agresiones contra la ministra presidenta y la SCJN, que son propias de un grupo de “porros” vándalos, alentados y patrocinados por la 4T.

Antes, el Presidente López Obrador agredió a los ministros que votaron contra el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El 9 de mayo, el Presidente arremetió nuevamente contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por echar abajo el Plan B de la Reforma Electoral, al asegurar en tono molesto y agresivo que: “no tiene remedio el Poder Judicial, está podrido”, luego de que el pleno de la SCJN invalidó con 9 votos contra 2 la primera parte del plan B.

AMLO dio a conocer que ahora pondrá en marcha el Plan C de la Reforma Electoral para que pueda continuar la Cuarta Transformación. Explicó que dicho plan consiste en lograr -en 2024- la mayoría calificada en la Cámara de Diputados (334 curules) para que las reformas constitucionales que envíe sean aprobadas.

El Ejecutivo federal amenazó con cambiar la forma en la que se eligen a los ministros de la SCJN para que deje de existir el “intervencionismo faccioso”; será el pueblo quien elija a los ministros, agregó.

Se trata de actitudes pendencieras, el enfrentamiento de López Obrador con la SCJN con sus agresivas declaraciones. Lo sucedido el 18 de marzo, al incendiar una efigie de la ministra Norma Piña y el escandaloso y grosero plantón frente a la SCJN, para presionar sus resoluciones, son producto de un discurso de odio y obedecen más a un temperamento incendiario y de confrontación. Parece el de un peleonero de barrio o, más bien, de un “porro” estudiantil. Las circunstancias que vivió en la UNAM el Presidente López Obrador no fueron desafortunadas para despegar su carrera política, por el contrario, durante su larga estancia en el campus universitario desarrolló muchas de las habilidades y prácticas que le permitieron alcanzar la Presidencia.

AMLO podría haber tenido el mejor curso “propedeútico” para ingresar a la política nacional.

Con casi tres lustros de lidiar con “porros”, controlar y manipular grupos estudiantiles, la Universidad le permitió graduarse para llegar a las “big leaguers” de la política nacional.

Los adversarios “neoliberales” del Presidente Andrés Manuel López Obrador afirman que la larga estancia en la UNAM como “seudoestudiante” permite afirmar que vivió, o al menos aprendió las prácticas del porrismo en el sentido de controlar, golpear, anular, debilitar o, en su defecto, exterminar movimientos contrarios a sus intereses.

Que nadie se diga sorprendido: El Presidente Andrés Manuel López Obrador lo sentenció desde el 6 de septiembre de 2006, “¡Al diablo con sus instituciones!”, después de que el IFE lo declaró perdedor de la elección presidencial, cuando sus seguidores tenían tomado Paseo de la Reforma en plantón total como protesta.

La destrucción de las instituciones parece irreversible. Es de sobra conocida su actitud, atacar y tratar de destruir a organismos autónomos como el INE, Banxico, ASF, Cofece, INAI, CNDH, CRE, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial.

La destrucción abarca todos los ámbitos de la vida pública. Hay van otros ejemplos: La administración pública con 25 mil servidores públicos experimentados, cesados; mandos medios y superiores especializados obligados a renunciar por la drástica baja de sus sueldos. El sistema de salud Insabi, destruido con el encarecimiento de los servicios y medicamentos.

La educación en retroceso, con la supresión del INEE y con ello la posibilidad de evaluar al magisterio y al sistema educativo nacional. La vulneración del Estado de Derecho, con la violación de leyes y sentencias judiciales.

Los ejemplos están a la orden del día en materia electoral, las “corcholatas” violando las leyes electorales con su descarada campaña que iniciaron hace 13 meses.

Violaciones en materia de adquisiciones, incluso en materia penal, con las consignas políticas en las acusaciones contra adversarios. “No me vengan con el cuento de que la Ley es la Ley”.

Los esfuerzos de periodistas, intelectuales y ciudadanos por circular artículos, videos, declaraciones, memes, tuits y evidencias contra los escándalos y pésimos resultados del gobierno de la 4T parecen no tener  ningún efecto para corregir el rumbo.

Estamos obligados a procurar, al menos en nuestro entorno, un mundo cada vez menos ignorante, con un pueblo de capacidad autocrítica que sea gobernado por líderes con autoridad moral y que defiendan los valores más importantes: la libertad, la justicia, la honestidad, la igualdad y los derechos humanos.

Parece una moda que presidentes de América Latina se enfrenten con el Poder Judicial. Señaladamente se trata de los líderes populistas de izquierda con rasgos autoritarios o dictatoriales. Tal es el caso de Colombia y Argentina. El caso más célebre es el de Perú, en el que la Suprema Corte de Justicia enfrentó con firmeza y argumentos al presidente Castillo, cuando quiso disolver el Congreso y ahora se encuentra preso por sentencia del propio Poder Judicial.

Es diferente el caso de Israel, donde también se conoció la intención del primer ministro Netanyahu de reformar y mermar al Poder Judicial. El primer ministro israelí con más años en el cargo siempre defendió un sistema judicial independiente y una Corte capaz de bloquear las legislaciones más extremas de los políticos. Sin embargo, su opinión cambió al convertirse en un acusado penal, pues enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza.

Su juicio por corrupción está en curso en el Tribunal de Jerusalén desde mayo de 2020 y no se hace difícil ligarlo a esta revisión judicial que lo beneficiaría si se controlan los jueces que presiden su caso; si se controlan los magistrados del Supremo; o, finalmente, se fuerza al sistema a negociar un acuerdo de culpabilidad.

En el caso de México, se trata de un intento más de destruir las instituciones construidas por el pueblo mexicano durante los últimos dos siglos.

El Presidente de la República, descalificando a la SCJN y violando la ley a diario, pidiendo desde el púlpito de Palacio Nacional el voto en favor de su partido.

Nunca antes nadie se había atrevido a tratar de destruir nuestro régimen constitucional y nuestro sistema democrático, sustentados en la división de Poderes. Este régimen que ha permitido tres alternancias en el Poder Ejecutivo. La primera del año 2000, la segunda del año 2012 y la tercera de 2018, por la cual llegó al poder el Presidente López Obrador.

Ciertamente la SCJN y el Poder Judicial en su conjunto deben introducir mejoras y avances tan necesarios y urgentes desde hace décadas. Sin embargo, no es por el procedimiento o mecanismo “Insabi” (destrúyase lo existente y luego averiguamos) como los mexicanos alcanzaremos una eficiente impartición de justicia, que contribuya de manera definitiva a un auténtico Estado de Derecho.

Millones de mexicanos mantenemos el anhelo y la esperanza de que se logre.

***Académico y consultor.

Con todo y eso, hay un retroceso que lastima * Una de las principales banderas que llevaron a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador fue que acabaría con el “peor cáncer de México”, la corrupción. Sin embargo, se ha ignorado y se ha hecho a un lado al Sistema Nacional Anticorrupción

MARCO ANTONIO FLORES***

Se consumó el mayoriteo, como no lo hacía ni el PRI en sus tiempos de aplanadora. Se legisla al vapor, como nunca.

Durante la madrugada y mañana del miércoles 26 de abril,  la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados  continuó con la aprobación inmediata de iniciativas y dictámenes a los que se les dispensaron los trámites y no se amplió su análisis.

Entre las iniciativas que causaron sorpresa y en algunos casos preocupación, destacan la eliminación de diversas entidades y organismos: Insabi, Financiera Rural, Conacyt y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

Cada una de estas entidades es digna de un análisis amplio y serio para evaluar daños en materias de salud, de apoyo al campo y de apoyo a la ciencia y tecnología.

En las siguientes líneas solo nos abocaremos a comentar que la desaparición de la Sesna puede interpretarse como un retroceso en materia de combate a la corrupción.

EL PEOR CÁNCER DE MÉXICO

Una de las principales banderas que llevaron a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador fue que acabaría con el “peor cáncer de México”, la corrupción. Sin embargo, se ha ignorado y se ha hecho a un lado al Sistema Nacional Anticorrupción.

Se metió al Ejército en todas las adquisiciones y obras del gobierno para actuar con opacidad con el pretexto de la “seguridad nacional”.

Con la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción, en 2015 se publicó también, un año después, la Ley General del SNA, con el que se creó la SESNA (Secretaría Ejecutiva) como un organismo descentralizado no sectorizado que tiene por objeto “fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema, al dar seguimiento a la implementación de las políticas públicas que se establezcan”.

La Secretaría Ejecutiva tenía como función ser el eje operatvo de todo el SNA. De acuerdo con el borrador de la iniciativa de AMLO, sus funciones pasarán al “Comité Coordinador por parte de la Comisión Ejecutiva y de la Secretaría Técnica, para que cuente con las herramientas y mecanismos para el diseño y promoción de política integrales en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como los mecanismos de coordinación con los sistemas locales anticorrupción. Por ello, se propone derogar todo el capítulo IV de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual plantea la organización y funcionamiento de la SESNA, entre ellos sus recursos y atribuciones, y su estructura.

Podría tener sentido no darle a la SESNA el carácter de organismo descentralizado no sectorizado, sin embargo, a cuatro años de la gestión del gobierno de la 4T, todo el SNA ha sido un “cero a la izquierda”. No se ha visto una sola señal por parte del Presidente López Obrador de querer echar a andar y probar la eficacia de la única herramienta legal con que cuenta el Estado Mexicano para combatir la corrupción.

Hasta ahora ninguno de los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha explicado por qué se quedó varado el SNA y no sabemos si la eliminación de la SESNA la propuso el titular de la SFP, Mtro. Roberto Salcedo Aquino… y si es así se debería expresar que el propósito es, en todo caso, mejorar y depurar el SNA.

Lo primero sería dar a conocer que se realiza un diagnóstico y revisión del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

La  reforma de 2015 dio paso a la creación del SNA que representa un amplio propósito para contar con un entramado jurídico fuerte, sin embargo, se ha quedado pendiente su implementación y consolidación.

La prioridad debiera ser fortalecer y consolidar el SNA al tiempo que se vayan haciendo los ajustes que requiera. En el Artículo 113 Constitucional, se estableció que el SNA es una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales, encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y delitos de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos.

Se modificaron y crearon siete leyes federales aplicables al SNA. Es un esquema ambicioso y complejo. Es la propuesta mas completa que tenemos los mexicanos desde hace décadas y si bien es perfectible, debe echarse a andar en serio para probar su eficacia.

Algunos aspectos novedosos que se deben consolidar con el SNA son: Incorporar a los militares en ese esquema de rendición de cuentas y detección de actos de corrupción; fortalecer las facultades de revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -atracción para investigar finanzas estatales y municipales-.

Se trata de dar un paso en la ruta correcta que requiere ahora de una política nacional que detone los incentivos para que el sistema funcione y se incrementen los recursos humanos y administrativos que estimulen la eficacia de las instituciones encargadas de prevenir y combatir la corrupción.

Nuevas leyes sin más recursos y mejor tecnología son letra muerta. Se deben consolidar medidas operativas fundamentales. Algunas que considero necesarias son las siguientes:

Primero, fortalecer la aplicación del Sistema Anticorrupción en todo el país. Focalizar y priorizar la tecnología a través de la plataforma Nacional Digital, que cuente con una Base de Datos confiable completa y eficiente que permita avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos, incluido el financiamiento a partidos políticos y sus proveedores; modernizar las contralorías municipales y estatales -responsables de sancionar faltas administrativas- y que  comúnmente ni tienen los recursos ni los conocimientos ni el interés en hacerlo.

Segundo, fortalecer la nueva Fiscalía Anticorrupción, actualmente perteneciente a la FGR. Esta Fiscalía es la responsable de investigar y sancionar los delitos penales relacionados con hechos de corrupción. Se esperaba fuera autónoma e independiente. Lo primero sería quitarla de la línea de mando de la FGR para alinearla en el Poder Judicial y el Comité Coordinador del SNA, en forma colegiada.

Nombrar su titular de forma pública, transparente y con la participación preponderante del Poder Judicial en convocatoria abierta a la sociedad, para que en vez de tener un fiscal “a modo” y gris se tenga un verdadero ombusdman al tiempo de dotarlo de mayor autonomía y facultades, así como de recursos humanos capacitados, apoyo y atención especial, ya que su misión será el eje de todo el Sistema.

Tercero, reestructurar los Órganos Internos de Control para que dejen de ser elefantes blancos y costosos.

Que dejen de depender de la SFP y vuelvan a depender de los titulares y directores de dependencias y entidades de la administración pública, como originalmente lo fueron, antes de que Arsenio Farell, con un criterio autoritario, centralizador y de control político, decidiera que deberían depender de la entonces Secogef, y de él como su titular.

Fortalecer las  áreas de auditoría y de responsabilidades administrativas, pero a partir de hallazgos soportados, expedientes completos y elementos probatorios que permitan sancionar con más eficacia y justicia.

Quizás menos casos, pero más sólidamente armados y plenamente  justificados.

Cuarto, apoyar y fortalecer la reestructuración de los programas sociales. Revisar las reglas de operación y, en general, el funcionamiento y desempeño de los programas públicos –muchos de los cuales contienen amplios márgenes para la discrecionalidad y corrupción.

En este renglón debería tener mucho peso la evaluación y opinión del Coneval, con todos los instrumentos técnicos y de medición que tuvo en los últimos años.

Quinto, ampliar atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación para que los resultados de sus revisiones sean un insumo para actuar. Que se dejen de publicitar cifras de miles de millones de pesos de recursos públicos presuntamente faltantes, pero que nunca se investigan a fondo y solo quedan en escandalosas declaraciones que el público en general no comprende y confunde. Mejor precisar los casos jurídicamente sustentados, contra funcionarios públicos corruptos, para garantizar que se castigue  a los infractores.

A estas alturas, del sexenio ya no debemos esperar que el gobierno de la 4T se apoye en el SNA para combatir la corrupción, pero sí debemos vigilar que ese andamiaje jurídico no se destruya y que el próximo gobierno lo pruebe y mejore en serio.

Por lo pronto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso, no pudo o no se enteró, cómo atacar en serio lo que él llama “el peor cáncer de México”, la corrupción.

Fue su principal promesa de campaña. Es indispensable  fortalecer y consolidar el sistema “Anticorrupción”, existente, para impulsar la plena autonomía, independencia y absoluto apego a la legalidad de las instituciones que lo conforman.

*** Maestro, abogado y CP.