Por incumplimiento de contrato de la Comisión Federal de Electricidad * La demanda tiene como intención obligar a la CFE a cumplir un laudo arbitral que la condena a pagar casi 160 millones de dólares

MARCO ANTONIO FLORES***

En el último mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se le vienen tempestades que nunca imaginó vivir.

No sólo es la revuelta en las calles por la reforma al Poder Judicial, ni por la movilización planeada el próximo 27 de septiembre por el caso Ayotzinapa, sino también por la demanda que enfrenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Nueva York, Estados Unidos, por parte de BlackRock, la administradora de fondos más grande del mundo.

La demanda es millonaria, es por un total de casi 160 millones de dólares.

Los daños para México que dejará el gobierno de López Obrador en el mediano y largo plazo aún no se dimensionan.

Una noticia que cimbró el mundo de los negocios fue que, reitero, BlackRock demandó en la tierra del Tío Sam a la CFE.

Un detalle a resaltar es que lo más relevante no es la demanda, sino el propio mensaje que se envía a todo el mundo: “No inviertan en México”.

Y todo porque la Comisión Federal de Electricidad no cumple los contratos. Palabras más, palabras menos, se toma como que se largan, pero dejan al país hecho un desastre.

Como colofón, al estilo del emperador “Nerón”, el Presidente Andrés Manuel, ante los hechos, muchos piensan que quiere dejar incendiado el país… y no es descabellado, pues es su propio estilo, así lo hizo cuando era un activista social y opositor a los gobiernos.

Hay señales claras de alerta de lo que implicaría la aprobación de la regresiva reforma al Poder Judicial, el tipo de cambio, ahuyentar la inversión extranjera, fuga de capitales, crisis constitucional… unos escenarios nada alentadores que le deja a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien tiene todas las cartas credenciales para sacar adelante al país. Claudia es la esperanza de México y sus casi 36 millones de votos así lo avalan.

DEMANDA MILLONARIA

La historia es que BlackRock, la administradora de fondos más grande del mundo, y un grupo de cinco empresas mexicanas demandaron en Nueva York a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La intención es obligar a la empresa a cumplir un laudo arbitral que la condena a pagar casi 160 millones de dólares de un contrato de provisión de carbón para la central termoeléctrica de Petacalco, en Guerrero.

El laudo, dictado el pasado 28 de mayo por un panel de tres árbitros, condena a la CFE a pagar servicios recibidos entre 2019 y 2023, así como a seguir cumpliendo el contrato, firmado en diciembre de 2016, hasta su conclusión en 2033.

Ante el desacato, la demanda fue presentada el 23 de agosto en la Corte para el Distrito Sur de Nueva York, que tiene jurisdicción para hacer cumplir el laudo y ejecutarlo sobre bienes de la CFE en Estados Unidos.

Los demandantes son Greenfield SPV I, creada por BlackRock México vía un fideicomiso en Banamex, así como el consorcio Terminales Portuarias del Pacífico (TPP), del que son dueños por partes iguales las empresas Cemex, Grupo Mexicano de Desarrollo, Impulsora DCA, BID Logistics y Noble Interamericana.

En diciembre de 2020, la CFE afirmó que no seguiría el contrato con estas empresas porque el carbón era “carísimo”, y que usaría combustóleo para la planta, un residuo de los procesos de refinación de Pemex, que todavía es más contaminante.

El contrato con Greenfield obligaba a la CFE a pagar por 1.3 millones de toneladas anuales de carbón, así como por servicios de recepción, almacenamiento y transporte desde una terminal del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

EXIGE DIPUTADO A LA CFE RENDICIÓN DE CUENTAS

El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Ismael Pérez Pavía, expresó su total desacuerdo con las recientes acciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ante la demanda internacional presentada por cinco empresas mexicanas y la administradora de fondos BlackRock en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Esta demanda busca que la CFE pague cerca de 160 millones de dólares por incumplir un contrato de compra de carbón, toda vez que incumplió con ese contrato, lo cual orilló a la empresa a tomar acciones legales.

“Este tipo de negligencias no solo daña la reputación de nuestro país en el escenario internacional, sino que también afecta a las finanzas públicas y, lo que es peor perjudica a los ciudadanos que dependen de un servicio eléctrico eficiente y accesible”, añade.

“Por lo tanto, la CFE no puede continuar con una conducta de desprecio hacia sus compromisos legales sin consecuencias”, advierte el legislador panista.

Dicho contrato fue firmado en diciembre de 2016, en el que la CFE se comprometió a adquirir 1.3 millones de toneladas anuales de carbón, además de los servicios de almacenamiento, transporte y recepción desde el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para de ahí, abastecer a la central termoeléctrica de Petacalco, Guerrero.

Empero, la CFE decidió unilateralmente cancelar el acuerdo argumentando que el carbón era “carísimo”, por lo que optó por el uso de combustóleo, decisión que el legislador panista calificó como “irresponsable”, dado el impacto tanto económico como ambiental.

“Es alarmante que la CFE esté siendo demandada no solo por empresas nacionales, sino también por un gigante financiero como BlackRock. Esto revela una mala gestión con los contratos y decisiones energéticas que afectan la confianza de los inversionistas en México”, sentencia Ismael Pérez Pavía.

El panel de árbitros que dictó un laudo el pasado 28 de mayo ya condenó a la CFE a pagar por los servicios recibidos entre 2019 y 2023 y a cumplir con el contrato hasta su finalización en 2033.

La demanda, presentada el 23 de agosto, busca ejecutar esta resolución en bienes de la CFE en Estados Unidos.

“La falta de respuesta y compromiso por parte de la CFE es evidente tanto en el plano local como internacional. No es solo un problema de las grandes empresas; es un problema que impacta directamente a todos los mexicanos que merecen un servicio eléctrico eficiente y de calidad”, concluyó el diputado al exigir a la CFE preste el servicio de calidad que la población merece.

ENTREGARÁN CFE CON PILA A MEDIAS

Emilia Esther Calleja, la primera mujer que será directora general de la Comisión Federal de Electricidad a partir del 1 de octubre próximo, enfrentará grandes retos al frente de la empresa: Obras inconclusas, una elevada dependencia de gas natural, débil infraestructura de transmisión y distribución, y litigios millonarios.

Incluso las cinco centrales de generación consideradas como prioritarias por la CFE (Tuxpan, San Luis Río Colorado, Riviera Maya, Valladolid y González Ortega) están inconclusas, según reconoció el actual director de la paraestatal, Manuel Bartlett, en La Mañanera del pasado 25 de julio.

Arturo Carranza, experto en temas de energía, sostuvo que además de la dificultad de concluir los proyectos, otros temas por resolver serán el suministro de gas para alimentar las centrales y el esquema bajo el cual podrán operar en caso de que la energía se quiera vender a los usuarios de suministro básico, después de que la administración saliente canceló las subastas eléctricas.

“Para este gobierno, la prioridad es ampliar el parque de generación, pero el programa de ejecución de las obras va atrasado”, añade.

“Se habló públicamente de que para esta fecha algunas ya tendrían que estar operando y no hay información pública al respecto”, puntualizó Carranza.

Sobre la deuda financiera de la empresa del Estado, al cierre del primer semestre del año ascendió a 460 mil 700 millones de pesos, 14.4 por ciento más que los 402 mil 500 millones de pesos en el mismo periodo de 2023.

Adicionalmente, por si lo anterior fuera poco, la CFE enfrenta diversos litigios, como el de una filial de BlackRock, la mayor administradora de fondos del mundo, que la demandó por incumplimiento de pagos entre 2019 y 2023 sobre el suministro de carbón para la central de Petacalco, Guerrero.

***Académico y consultor.

Beltrones, botado de la Cámara Alta por los senadores priístas, que serán coordinados por Manuel Añorve * El pupilo de Manlio Fabio avaló la expulsión del PRI y aceptó el cargo que muchos piensan correspondería a su amigo

MARKOFLOS

La designación que hizo el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, de Manuel Añorve Baños como coordinador de la bancada priísta en el Senado elegido para el periodo 2024-2030, podría ser vista como un paso más en la larga carrera política del guerrerense, que inició desde que fue secretario particular del entonces presidente del PRI, Gustavo Carvajal, en el sexenio de José López Portillo.

Sin embargo, esta designación se da en forma simultánea al anuncio de la expulsión del PRI del experimentado Manlio Fabio Beltrones, senador electo por Sonora con las siglas de su propio partido.

Como es sabido públicamente, Beltrones fue jefe, maestro, mentor y amigo de Manuel Añorve e impulsó su carrera política en el ámbito nacional a partir de que en 2006, cuando el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio, lo nombró su asesor.

Antes de esa proyección Añorve solo había tenido algunos cargos locales de menor rango en Guerrero, siendo síndico entró como presidente municipal interino de Acapulco para  completar el periodo.

En 2008 dejó su asesoría en el Senado para ser elegido presidente municipal de Acapulco para el periodo 2009-2012. En 2011, también impulsado por Beltrones, Añorve fue candidato a gobernador, cargo que obtuvo Ángel Aguirre.

En 2012, nuevamente con el apoyo de Manlio Fabio, Manuel Añorve obtuvo una diputación federal por la vía plurinominal, al tiempo que su jefe y mentor fue coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Se recuerda que no se despegaba de Manlio y solía sentarse junto a su maestro invariablemente.

Cuando muchos apostaban a que Manlio Fabio Beltrones Rivera, por su experiencia, tacto político y capacidad de conciliación, podría asumir el liderazgo del Senado e incluso del Congreso, para impulsar las iniciativas del frente opositor, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, hizo una jugada de tres bandas: Designa a Añorve (principal pupilo y exaliado de Beltrones) coordinador en el Senado (para los toros del jaral, los caballos de allá mero); se libera de un enemigo o adversario político y deja en el ostracismo a un potencial líder de grupos importantes del PRI, pues lo saca de la jugada priísta.

Habrá quienes consideren que marginar a Manlio Fabio Beltrones es un desperdicio para el PRI dada su gran experiencia y resultados como legislador.

Fue gobernador, líder de las Cámaras de Diputados y de Senadores; presidente del PRI (2015-2019).

Desde 1985 presidente del PRI en Sonora y secretario de Gobierno. Subsecretario de Gobierno de la Segob, con Fernando Gutiérrez Barrios.

En 2003 presidió la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Senador en el periodo 2006-2012, fungió como coordinador de la fracción parlamentaria del PRI y presidente de la Jucopo.

En 2012, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados.

DESLEALTADES

Aunque en política las deslealtades por el cambio de partido y de liderazgos se ha vuelto cosa común, Manuel Añorve, pupilo de Beltrones, es visto como un traidor al haber avalado la expulsión del PRI y haber aceptado el cargo que muchos piensan correspondería a su examigo.

Añorve ha estado en medio de escándalos y acusaciones graves, como la que le hicieron Jorge Álvarez Maynez y Dante Delgado durante la campaña presidencial, cuando lo acusaron directamente de entregar Guerrero a la delincuencia organizada.

Aun devaluada la lealtad en política, podemos recordar que lealtad es el carácter de una persona. El término de lealtad expresa un sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona, compromiso, comunidad, organizaciones, principios morales, entre otros.
El término lealtad proviene del latín “legalis”, que significa “respeto a la ley”. El término leal es un adjetivo usado para identificar a un individuo fiel con base en sus acciones o comportamiento.

Es por ello que una persona leal se caracteriza por ser dedicada y cumplidora, inclusive cuando las circunstancias son adversas. ¿Tal sería el caso de Añorve con Beltrones?, pues se permite desarrollar relaciones sociales y/o de amistad en donde el vínculo de confianza sea muy sólido y automáticamente se genere respeto mutuo.

Lo opuesto de lealtad es traición, es la falta que comete una persona en virtud del incumplimiento de su palabra o infidelidad. La falta de lealtad describe a una persona que engaña a sus compañeros, familiares y expone su propia honorabilidad. ¿Tal sería el caso de Añorve con Beltrones?

Hay una expresión popular que reza: “Quiero recordar qué favor le hice a esa persona que ahora ya ni me habla”, “¿Tú también Manuel?”.

La historia está llena de acuerdos que no se cumplen, engaños entre quienes se consideraban aliados y, literalmente, puñaladas por la espalda.

Hay traiciones que han pasado a la historia por la trascendencia que tuvieron en su momento y permanecen en el imaginario colectivo como uno de los indicativos más evidentes para desconfiar de la gente.

Tan es así que hoy día empleamos expresiones para hablar de una traición que nos vienen heredadas del pasado. A la ya mencionada “puñalada por la espalda”, podemos unir una de las más conocidas en la cultura cristiana: “El beso de Judas”. Junto a estas expresiones, hay personajes históricos que también son sinónimo de traidor en la actualidad y otros muchos personajes legendarios se suman a la lista, pues es común que todas las culturas tengan a un traidor entre sus leyendas y mitos fundacionales.

Aunque para muchos Manuel Añorve pase a la historia por traidor, guardando toda comparación guardada, entre los traidores en política que destacaron en la antigua Roma está el caso de Marco Junio Bruto, protagonista del complot organizado para acabar con su padrastro, el emperador Julio César. Junto a Bruto, muchos senadores fueron cómplices del asesinato. La fama de Bruto por encima del resto puede venir de una famosa frase atribuida a César justo antes de morir por las cuchilladas recibidas: “Et tu, Brute?” (¿Tú también, Bruto?).

En la vida política, lo más triste de la traición es que nunca viene de tus enemigos, al contrario, viene de la gente que estaba a tu lado, con mucha sonrisa, llorando, abrazando, festejando, y de pronto, cuando menos lo piensas, los ves clavándote un cuchillo por la espalda.

La lección es que después de la traición ya la tienes clara y ya sabes con quiénes cuentas, con quién sí, con quién no y con quién nunca.

Luego de que se botara a Beltrones del Senado, Manuel Añorve afirmó de manera categórica que Manlio Fabio sigue siendo su amigo… y lo que muchos se preguntan es ¿por qué entonces la deslealtad?

En esta nueva era política del país, ante la ausencia creciente de verdaderos políticos leales y de convicción, se espera que se coloque en los Poderes de la Unión, en el Ejecutivo, Legislativo y aun en el Judicial, a personas que por su honorabilidad, experiencia, capacidad y valores éticos puedan garantizar que México retome el rumbo de la prosperidad, la vocación democrática y la justicia. Es hora de renovar la esperanza.

Urgen líderes jóvenes, nuevas caras, capaces y honorables, dispuestos a luchar por su país y por el futuro de las nuevas generaciones.

Los mercados y las inversiones nacional y extranjera están en suspenso * En medio de los dimes y diretes respecto de dicha iniciativa, el embajador Ken Salazar expresa que la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo es una política centrista y que respetará la independencia de Poderes

MARCO ANTONIO FLORES***

Si lo que se quiere es lograr justicia pronta y expedita, el Poder Judicial solo es el útimo eslabón. Lo que México requiere es una reforma integral a la justicia que debe abarcar en primer término el sistema de procuración y administración de justicia.

La polémica reforma al Poder Judicial, propuesta por el Mandatario Andrés Manuel López Obrador, cada día arroja más costos políticos y económicos para el país y para la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.

La última estimación del costo de las elecciones de ministros, magistrados y jueces podría ser similar a una elección presidencial, afirmó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Se estiman 10 mil candidatos para ocupar mil 680 cargos. Además, los mercados, la inversión nacional y extranjera están en suspenso, lo mismo que el futuro del T-MEC.

Aunque la misma presidenta y el ratificado secretario de Hacienda repiten en diferentes foros que todo está en calma y así seguirá… no es del todo aceptable, ni confiable, para los dueños del dinero y grandes empresarios de Estados Unidos y Canadá que participan en el tratado comercial más grande del mundo.

En medio de los dimes y diretes respecto de la reforma, el embajador Ken Salazar dijo que Sheinbaum Pardo es una política centrista y que respetará la independencia de Poderes.

Los defensores y aplaudidores de la 4T, incluidos Ricardo Monreal e Ignacio Mier, afirman que con la elección se democratizará el Poder Judicial y llegará la anhelada justicia pronta y expedita. Todos los cargos se elegirían de listas compuestas por candidaturas enviadas por la futura Presidenta de México, las dos Cámaras del Poder Legislativo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero todo mundo sabe que la elección popular no garantiza acabar con la corrupción, pues también anida en gobernadores, legisladores, alcaldes, quienes son elegidos por el voto del pueblo. En concreto: que los ministros de la SCJN sean elegidos por el pueblo no es la solución. Su Revista IMPACTO lo ha dicho en ediciones pasadas.

La “buena noticia” es que la mitad de cargos se elegirían en junio de 2025, ya que los tiempos que se están proponiendo para poner en marcha la Reforma Judicial darían un respiro y un compás de espera a Claudia Sheinbaum para replantear esta caprichosa y vengativa iniciativa presidencial.

Considerar con sensatez, realizar una reforma integral que debe abarcar en primer término el sistema de procuración y administración de justicia que incluya a la Fiscalía General de la República (FGR), las Fiscalías estatales, así como el papel muy importante que juega el Ministerio Público.

RESCATAR EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO

El sistema penal es el eje que mide cuando hay justicia en un país. Por ello, lo primero que se debe atender es rescatar, evaluar y mejorar al Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA), aprobado en 2008, que en 2016 -primer plazo- y aún en 2024 no ha logrado implementarse plenamente.

Uno de los vicios del viejo sistema penal era la tortura y la fabricación de culpables que hacía el Ministerio Público apoyado en una inexistente policía de investigación. Es precisamente esto lo que nunca ha dejado de ocurrir.

Se gastó en nuevas salas para los juicios orales, pero no se invirtió en la renovación del MP y en la profesionalización de una auténtica “policía de investigación”, por lo que los vicios institucionalizados no se movieron. Por ello, la impunidad sigue “in crescendo”, la “puerta giratoria” se explica y no es culpa, en la mayoría de los casos, de los jueces.

Aún existe gran distancia entre las normas y las realidades institucionales. Independientemente de todas las reformas que se requiere, hay dos que son muy importantes, son la “clave” para un cambio profundo: Primero, la renovación del MP, apoyado de la policía investigadora, ya que por su naturaleza y función es el que da solidez a un procedimiento penal justo y garantista; y segundo, un gran pendiente, la creación de un nuevo y único Código Penal Nacional.

Por definición, el MP es un organismo público, tiene la representación de los intereses sociales mediante el ejercicio de las facultades de investigación de los hechos que revisten los caracteres del delito, protección a las víctimas y testigos, y dé titularidad y sustento de la acción penal.

Su función consiste en el “esclarecimiento de los hechos” a través de una sólida investigación que dé sustento a la acusación. De su desempeño depende que existan datos y razones para pruebas válidas y transparentes, que den forma a la “argumentación jurídica” que conlleva explicación clara y persuasiva, no solo para la víctima, también para el imputado y la sociedad en todas las etapas del procedimiento penal, incluidos el juicio oral y la sentencia.

Del mismo modo resulta impostergable la creación del Código Penal Nacional, que debe homologar todos los delitos y agravantes en una sola ley que le dé certeza y equilibrio a la defensa social en todo el país. No podemos tener 32 códigos, porque -al final de cuentas- si no hay una homologación de defensa social, no puede haber tampoco una homologación de defensa de cada una de las personas.

Este nuevo Código debe establecer con toda precisión la competencia local y la federal, en razón de la defensa de los derechos individuales, por un lado, y por el otro los derechos de la nación. Dejar atrás el recurrido recurso de que los delitos locales los atraiga la Federación. Con ello se podría rediseñar y organizar tanto el MP en todo el país como una sola Policía Federal Ministerial, incorporando y capacitando a las múltiples y dispersas policías locales que se tienen en todo el país y que suman más de 400 mil elementos. Se definirá en dicho código el catálogo de ilícitos que corresponderá atender exclusivamente a la Fiscalía federal.

CÓDIGO PENAL NACIONAL

El Código Penal Nacional no sería un código único, pues se mantendrá la facultad de los Congresos locales para legislar sobre hechos y sanciones ilícitas que queden fuera del catálogo nacional. La existencia del Código Penal Nacional daría claridad a las definiciones de algunos ilícitos graves, como los feminicidios, donde las cláusulas para tipificarlos varían hoy de entidad a entidad.
México y 130 millones de mexicanos ya no pueden esperar. Es impostergable mejorar, de una vez por todas, nuestro sistema de procuración y administración de justicia. En la nueva legislación, el fiscal general de la República es quien preside al MP de la Federación y a sus órganos auxiliares, que son la Agencia de Investigación Criminal (AIC), las fiscalías especializadas, la policía investigadora y los peritos.

Hagamos realidad la “autonomía” de la nueva FGR. Ahora en 2024, con el arribo de la primera presidenta de México, se debe cumplir con la trascendental función de la FGR y las estatales de apoyo y sustento para la impartición de justicia que corresponde al Poder Judicial.

Ya lo hizo en la CDMX con Omar García Harfuch, se fortaleció la investigación, el MP y la Fiscalía en sus facultades de inteligencia e investigación. Si se logra una reforma integral se podrá combatir la impunidad y hacer válida la misión de la ley penal: Garantizar la paz, convivencia y la armonía social; prevenir y combatir la aparición de conductas delictivas, así como proteger los bienes jurídicos fundamentales.

Será bueno analizar con objetividad las iniciativas “definitivas” que presenten las fiscalías, las escuelas de derecho y el Poder Legislativo. Habrá que evaluar el papel de los jueces de control en el proceso penal. Podría ser conveniente -para agilizar- determinar un solo “responsable” del proceso, desde la detención hasta el juicio oral y la sentencia.

Esta necesaria responsabilidad podría quedar a cargo del MP, dotándolo de más facultades y menos trámites burocráticos con protocolos transparentes, no discrecionales, con plena autoridad para decidir en todas las etapas del juicio.

REFORMA INTEGRAL AMBICIOSA

Se trata de una reforma integral ambiciosa y de largo alcance. Después de analizar la procuración y administración de justicia, correspondería una reforma al Poder Judicial, pero enfocada a reducir su estructura y, quizá, desaparecer el Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF) y darle independencia para monitorear, sancionar y castigar a los jueces corruptos o ineptos.

De las propuestas que hemos mencionado, nos parecen más importantes las relativas al MP y la creación de un nuevo “Código Penal Nacional”. Se debe fortalecer y reorganizar todo al MP para que sea el eje responsable de todas las etapas del procedimiento penal.

Relevar gradualmente toda la estructura de MPs mediante nuevos métodos de nombramientos a partir de méritos académicos, capacidad, vocación y honestidad para el desempeño de estas dos especialidades en materia penal. Capacitación integral para una “coordinación” efectiva entre agentes del MP y policías profesionales, desde la detención, agilización y homologación de protocolos de investigación y de recepción “inmediata” del imputado, medidas cautelares, plazo de cierre de investigación, vinculación a proceso y todas las etapas del procedimiento, incluido el juicio oral y la sentencia.

La FGR debería crear un Centro o Instituto Nacional de Capacitación, tanto para agentes del MP como para policías de Investigación o policía procesal, en el que los programas se impartieran en forma simultánea y homologada para el fuero federal y común, en concordancia con un nuevo Código Penal Nacional.

Podría crearse un centro de capacitación en cada entidad -sustituir a los equivalentes que tienen-, pero con una linea normativa que homologue programas y protocolos.

La reforma al Poder Judicial como está planteada, lejos de lograr justicia pronta y expedita, puede convertirse en un galimatías costoso e ineficiente.

Vale la pena que Claudia Sheinbaum actúe con sensatez, mesura y patriotismo. Que haga a un lado las venganzas políticas y caprichos de su jefe y mentor para poner en marcha una auténtica reforma integral de la justicia.