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PULPO POLÍTICO

Ricardo Monreal, el gran conciliador

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El hombre fuerte de la Presidenta Sheinbaum para sacar adelante las iniciativas pendientes en la Cámara de Diputados * El presidente de la Jucopo de San Lázaro es un experimentado político, con amplia preparación técnica jurídica en el ámbito legislativo, que apoyará en el diseño de las herramientas y las bases de una auténtica transformación * Su reto en puerta: El reparto de las comisiones

 

MARKOFLOS

 

El nombramiento del diputado Ricardo Monreal Ávila como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados es un gran acierto por su trayectoria, capacidad política y preparación académica.

Es una gran responsabilidad que cobra gran importancia por las trascendentales reformas constitucionales que puso en marcha el gobierno de la transformación, ahora encabezado por Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La polémica que ha despertado la reforma judicial es un reto enorme y para llevarla a buen término la mayoría legislativa debe actuar con responsabilidad, sensibilidad y de frente a todos los mexicanos, incluida la oposición, los especialistas del derecho y los miembros del Poder Judicial, trabajadores, jueces, magistrados y ministros involucrados.

El líder de los diputados morenistas sabe que con las mayorías calificadas y de las legislaturas estatales con que cuenta su partido, basta para que las reformas salgan adelante, sin embargo, es un convencido de poner por delante el diálogo y la negociación con espíritu conciliador, que significa escuchar los argumentos de los demás, pero exponer con firmeza y sustento los propios.

Solo un político-abogado con la sensibilidad para dialogar y el conocimiento técnico-jurídico tiene la autoridad para exponer con claridad, transparencia y sustento las razones políticas y los argumentos jurídicos de una reforma de los alcances de la judicial.

Ricardo Monreal, político de tiempo completo, siempre polémico, pero reconocido como legislador y brillante abogado.

Como líder de Morena en el Senado en La legislatura anterior, logró relevantes consensos, poniendo por delante la sensatez, el diálogo y la conciliación.

Se caracterizó por actuar con congruencia en sus convicciones al votar aun en contra de su bancada en temas como la Reforma Electoral, lo que le costó ser calificado por algunos de sus correligionarios como “indisciplinado” o “disidente”.

En los hechos, con su voto en contra, el senador no sólo buscaba cuidar la Constitución Política que juró defender, sino blindar también al mismo movimiento al que pertenece, del cual es fundador.

Recordó, el entonces senador, algo que hoy cobra especial relevancia: “Al calor del mareo que da el poder, el movimiento corre el riesgo de olvidar su papel en la historia y de manejarse burdamente con las mismas prácticas que durante décadas se repudiaron”.

En medio de la polémica que generaba su franqueza y congruencia supo atajar los dimes y diretes, convocó a la unidad en su partido y al proyecto de la Transformación, al hacer pública su decisión de participar en el proceso interno de Morena para elegir al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta transformación.

Desde entonces afirmó: “Voy a estar donde ayude a Morena a ratificar el triunfo de 2018”.

Es de resaltar que Ricardo Monreal es un abogado en todo el sentido de la profesión y tiene pleno conocimiento y respeto por la ley y la Constitución Política.

En el análisis y discusión de reformas a diversas leyes, su premisa siempre fue “actuar con serenidad y buen juicio. Para llegar a una decisión, primero se dará una discusión racional e inteligente. Y cuidaremos el procedimiento legal, ordinario, no habrá atropellamiento, vamos a procurar que sean escuchados todos los grupos parlamentarios, todas las voces y podamos, en su momento, votar en conciencia sobre el contenido”.

Es innegable que Monreal Ávila es el hombre fuerte de la Cuarta Transformación y el gran conciliador en el Congreso de la Unión.

 

SEMBLANZA

Ricardo Monreal Ávila, de 64 años de edad, nació en Fresnillo, Zacatecas, y ha desarrollado actividades políticas desde hace 40 años.

Es abogado por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Maestro y doctor en Derecho por la UNAM, donde ha sido profesor desde hace años.

Su amplia trayectoria política inició en 1975, cuando presidió el Comité Directivo del PRI en su entidad natal.

Diputado federal en dos ocasiones, en los periodos 1988-1991 y 1997-1998; senador en 1991-1997.

En 1998, convencido de las prácticas antidemocráticas del PRI, lo abandonó, se afilió al PRD y logró ser gobernador de su estado para el periodo 1998-2004.

En 2012, al frente del Partido del Trabajo, coordinó la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

En 2012-2015 fue diputado federal por tercera ocasión por Movimiento Ciudadano y por Morena en su creación.

En 2015 fue electo jefe delegacional en la Cuauhtémoc. Senador por segunda en 2018 hasta el 16 de junio de 2023, periodo en el que coordinó a la bancada de Morena y fungió como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

A partir del 1 de octubre de 2024, siendo diputado por cuarta ocasión, preside la Jucopo de San Lázaro.

El Estado de Derecho, reforma integral de la justicia, impunidad y reforma judicial son, sin duda, los temas en los que le urge avanzar a México.

Esto conlleva rediseñar el andamiaje jurídico con que cuenta el país. Por ello debe destacarse el papel que jugarán los abogados políticos y académicos que participan en este gobierno y que tienen poder de transformar, por las responsabilidades que desempeñan, dentro de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Tal es el caso del nuevo líder de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien es un estudioso de las instituciones jurídicas del Estado Mexicano.

En 2020, Monreal Ávila presento su libro titulado “Justicia Penal Adversarial”, en el que advertía que “el sistema de justicia penal diseñado en 2008 resultó insuficiente y no pudo terminar con la violencia ni con la impunidad”.

El doctor en derecho y exgobernador de Zacatecas ha sostenido, desde hace algunos años, que si se pretende una auténtica y profunda transformación, se debe hacer “un análisis sustantivo y profundo del sistema de justicia como condición del Estado de Derecho”, para lo cual será indispensable una renovación auténtica -aparte del Sistema de Justicia Penal- de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial de la Federación.

Incorporó garantías fundamentales, como la “garantía procesal”, que significa asegurarse -mediante las pruebas necesarias- que un sujeto ha cometido un delito.

 

RETO EN PUERTA: EL REPARTO DE COMISIONES

Ricardo Monreal informa que entre el 15 y 16 de octubre se votará en el pleno de la Cámara de Diputados el acuerdo sobre la integración de las 51 comisiones ordinarias; de la cuales, Morena se alista para ocupar, al menos, 25 de ellas.

El líder morenista reconoció que llegar a un acuerdo con todas las bancadas de San Lázaro para el reparto de estos espacios será una dura discusión, pues, “todos, quieren ser presidentes de una comisión”.

Según datos del presidente de la Jucopo, tentativamente Morena va a presidir entre 25 y 27 comisiones, al PAN le corresponden 7, al PRI 4, al PT 5, y a MC entre 2 o 3.

“El plan más difícil para nosotros, sobre todo para Morena, porque de 51 comisiones legislativas, vamos a presidir entre 25 y 27, de acuerdo con el número, pero tenemos 253 diputados y obviamente, casi todos, o todos, quieren ser presidentes de una comisión. Entonces va a ser una noche larga la semana que entra”, advierte.

Ricardo señala que seguirá dialogando con las bancadas sobre el tema, pese a que el jueves pasado platicó con el PVEM y el PT, y el miércoles con el PAN y con el PRI.

“Tengo pláticas con otros partidos para ponernos de acuerdo con las comisiones”, asevera.

Adelanta que Morena podría presidir algunas de las comisiones más importantes, tales como la de Presupuesto y Puntos Constitucionales.

“Morena va a crecer en comisiones. Recuerden que tenía 201 o 202 diputados en la Legislatura pasada: Formalmente ahora tiene 253. El PAN disminuye (sus comisiones) de 12 a siete; el PRI disminuye de siete a cuatro, si mal no recuerdo; y Morena crece de 24 a 27”, explica.

Sobre cómo será que Morena decidirá qué diputada o diputado presidirá una comisión, detalló que analizan “dos vías”: una, el consenso, y otra, la votación interna, aunque reconoció que se prevé que esto genere una disputa interna “legítima”.

 

OPERADOR POLÍTICO CLAVE PARA SHEINBAUM

El diputado Monreal es un convencido de la necesidad de una reforma integral de la justicia y se ha manifestado en favor de la renovación del Ministerio Público, apoyado de la policía investigadora, ya que por su naturaleza y función es el que da solidez a un procedimiento penal justo y garantista.

Definitivamente el gran negociador de la Cámara de Diputados será un operador político clave para la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien sabe muy bien que con Ricardo Monreal tendrá un gran apoyo para avanzar en la transformación del país y sacar avante importantes reformas en el ámbito de la administración e impartición de justicia como las leyes secundarias de la reforma judicial, Ley de Amparo, Ley Nacional de Ejecución Penal, revisión del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, entre otras.

Enhorabuena que quien encabeza la Cámara de Diputados sea un experimentado político, con amplia preparación técnica jurídica en el ámbito legislativo, que apoye en el diseño de las herramientas y las bases de una auténtica transformación.

Un abogado que por formación conoce la organización jurídica del Estado Mexicano y por convicción tiene la voluntad de transformar el andamiaje jurídico que nos permita avanzar de manera definitiva hacia el anhelado Estado de Derecho, para lograr el México justo, democrático y con prosperidad compartida que todos los mexicanos anhelamos.

Con Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, la Presidenta Sheinbaum Pardo está tranquila al tener un problema menos de los muchos que tiene que enfrentar para cumplir con su compromiso de brindar bienestar a todos los mexicanos.

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Crisis constitucional y económica * Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro ponente, señala: “Tengo esperanza en que la Presidenta reflexione, estamos de acuerdo en muchas cosas. Esto tiene que cambiar; yo he buscado a Adán Augusto y a los líderes de Morena”

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

El martes 5 de noviembre de 2024 sesionará el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un último intento por hacer valer su misión fundamental de ser tribunal constitucional, que significa velar, para que, aún, en las reformas constitucionales se respeten los principios fundamentales (cláusulas pétreas), los derechos humanos y garantías individuales consagradas en la Carta Magna.

Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro ponente, señaló: “Tengo esperanza en que la Presidenta reflexione, estamos de acuerdo en muchas cosas. Esto tiene que cambiar; yo he buscado a Adán Augusto y los líderes de Morena”.

Imagínese lo que significa para México destruir un sistema judicial que lleva casi dos siglos, para saltar al abismo a experimentar uno nuevo, motivado por una venganza personal (del Poder Ejecutivo) y un evidente “afán controlador” del partido en el poder.

Desde la Constitución de 1824, cuando José María Morelos y Pavón propuso incluir en el Acta Constitutiva del país los principios fundamentales de nuestro sistema de gobierno: Ser una República democrática, representativa y federal. Se adoptó el principio de la división y separación de Poderes con la ineludible independencia dentro de su unión.

El Poder Judicial nació independiente y para asegurar su libertad se adoptó el principio de la inmovilidad judicial; hoy, después de 200 años, ese basamento de nuestro régimen democrático constitucional fue abolido de un plumazo por obra y gracia de una mayoría legislativa ciega y sometida al Ejecutivo federal, ignorante de nuestra historia.

 

RENUNCIA Y POSTURAS

Con la inédita renuncia de ocho ministros al supremo tribunal constitucional y con el cese de casi 2 mil jueces y magistrados se ha consumado un auténtico golpe de Estado contra uno de los pilares de nuestra convivencia democrática.

En las renuncias que presentaron los ministros de la SCJN, la última semana de octubre de 2024, se expresan su desacuerdo con la reforma judicial y su pesar por lo que ésta representa.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señaló en su renuncia: “Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones”; la ministra Ana Margarita Ríos Farjat dijo: “La reforma impone una disyuntiva que considero impropia… Para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal y como parte de ese rechazo, opto por no aceptar, bajo tales condiciones y llegado el momento, el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro de este tribunal constitucional”.

La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández expresa: “Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para la que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”; el ministro Javier Laynez Potisek comenta: “Hago de su conocimiento mi declinación para participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025…”.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señala: “Renuncio… me permito al dejar este puesto y hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor”; el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijo: “Después de más de cuarenta años de carrera judicial, con  la convicción de siempre haber desempeñado mis funciones con la independencia, honestidad, imparcialidad, objetividad, excelencia y entrega que son necesarias en la actividad jurisdiccional, sin que implique un acto de claudicación o conformidad de mi parte…”.

Luis María Aguilar Morales expresa: “El ejercicio de este cargo he procurado siempre velar por la justicia y por la protección de los derechos humanos de todo habitante de nuestro país”; el ministro Alberto Pérez Dayán comenta: “Expreso a ese Senado de la República mi declinación a la candidatura al proceso electoral extraordinario 2024-2025”.

 

EL 5 DE NOVIEMBRE, DÍA ‘D’

Ya aprobadas en forma precipitada y sobre las rodillas, tanto la reforma judicial como la mal llamada reforma de “supremacía constitucional”, el pleno de la SCJN votará el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que propone al Tribunal Pleno contestar a las demandas de acción de inconstitucionalidad presentadas por diversos partidos políticos nacionales, un partido político local y la minoría parlamentaria de una entidad federativa.

En esta acción de inconstitucionalidad se impugna la denominada “Reforma Judicial”, publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, la cual pretende renovar a los Poderes judiciales Federal y de las entidades federativas y dotarlos de legitimidad democrática.

En el proyecto que presenta el ministro González Alcántara se fundamentan todos y cada uno de sus puntos y se traduce en una valiosa y oportuna propuesta jurídica y política, que contiene una salida conciliadora a la reforma judicial. Plantea básicamente que se elijan a los ministros de la SCJN y a los magistrados del TEPJF, pero no así a casi 4 mil jueces y magistrados de tribunales federales y estatales de todo el país y que representan el basamento de todo el Poder Judicial.

En su proyecto, entre todo su contenido, se destaca lo siguiente: “Según la Constitución, los partidos políticos nacionales tienen legitimación para impugnar normas generales en materia electoral, cuyo ámbito validez sea todo el territorio nacional; La SCJN está facultada para resolver acciones en las que se impugne la constitucionalidad de normas generales. El decreto impugnado contiene normas generales. ¿Por qué analizar la constitucionalidad de una reforma inconstitucional? Nuestra Constitución, vigente desde 1917, es el producto de un pacto federal… y la Corte, como defensora de la Constitución, debe revisar, incluso las reformas constitucionales que contravengan ese pacto.

“Existencia de vicios durante el proceso legislativo. Los procedimientos de todo tipo deben asegurar el cumplimiento de tres elementos esenciales, esto es, la participación de todas las fuerzas políticas en condición de igualdad, la aplicación correcta de las reglas de votación y la publicidad del procedimiento. En el decreto impugnado que tiene como objetivo cesar masivamente a las personas juzgadoras que accedieron al cargo mediante la carrera judicial, así como reducir el salario que actualmente perciben, para dar lugar a la elección de esos cargos por voto popular. En este apartado se propone invalidar ese régimen transitorio por violar las garantías judiciales de inamovilidad del cargo e irreductibilidad de sus percepciones, con el fin de salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, lo que constituye un elemento nuclear del régimen democrático para garantizar la división de Poderes y se analizan las disposiciones constitucionales que regulan el acceso a los cargos de personas juzgadoras mediante voto popular.
“Las disposiciones constitucionales que regulan este sistema se invalidan porque se advierte que no existen las condiciones mínimas democráticas que permitan una elección auténtica, dado que no existe certeza en el régimen de postulación de candidaturas y el sistema de listas masivas no permite la posibilidad de ejercer el voto de manera libre e informada, ni de reflejar las preferencias electorales para un órgano jurisdiccional determinado”.

 

‘SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL’

Especialistas y reconocidos juristas señalan que la reforma de “supremacía constitucional” no aplica en el análisis de la SCJN sobre la reforma judicial en consideración a lo siguiente:1) El transitorio segundo dice: ‘Los asuntos que se encuentren en trámite’, pero el estatus del asunto del ministro González Alcántara Carrancá está en lista para el martes, POR LO QUE YA NO ES UN ASUNTO EN TRÁMITE, por tanto NO le aplica el transitorio segundo de la ‘supremacía’; 2) Principio de irretroactividad de la ley. Aún prevalece el Artículo 14 de la Constitución y en esta parte normativa estipula que NO se puede aplicar la ley de manera retroactiva en perjuicio de ninguna persona.

El proyecto del ministro ESTÁ resolviendo cinco acciones de inconstitucionalidad que presentaron CINCO PERSONAS perfectamente legitimadas para IMPUGNAR ante la Corte la reforma judicial.

Así, la reforma de “supremacía constitucional” (en materia de inimpugnabilidad) lo único que ADMITIERON tácitamente los del Poder Legislativo es QUE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL SÍ SE PUEDE REVISAR POR LA CORTE.

La reforma judicial es inconstitucional porque viola cuatro principios: De retroactividad, de progresividad, de legalidad y de seguridad jurídica.

Si -como se espera- la resolución de la SCJN no es acatada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo continuará un gran enfrentamiento entre los Poderes de la Unión, lo que nos podría llevar a una crisis constitucional sin precedentes, lo que traería aparejada una crisis económica, se pondría en riesgo el T-MEC y todas las inversiones nacionales y extranjeras.

Adicionalmente el eventual triunfo de Donald Trump agravaría la crisis económica. Sin confianza y reglas claras, no habrá inversión, ni crecimiento económico y tampoco recursos para el bienestar compartido. Seguridad y “Estado de Derecho” son las asignaturas pendientes, que incluye combate a la impunidad, así como impartición y administración de justicia, que corresponde al Ejecutivo.

Urge una reforma integral de la justicia. Hay la esperanza que Claudia Sheinbaum Pardo atienda la invitación del ministro González Alcántara a reflexionar, que actúe como jefa de Estado y gobierne para todos los mexicanos al margen de partidos e ideologías.

La Presidenta Sheinbaum debería poner cimientos sólidos para una auténtica transformación con cambios radicales en las políticas públicas en materia de seguridad pública, salud, educación, economía, procuración y administración de justicia, sustentabilidad, política energética y alimentaria, entre otros.

Avanzar para lograr lo que todos los mexicanos anhelamos: Un México con justicia, democracia y prosperidad compartida. Que así sea.

 

***Académico y consultor.

 

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¿Quién manda?

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En riesgo la República con la reforma de ‘supremacía constitucional * Ricardo Monreal Ávila dio a conocer que la iniciativa la presentaría junto al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López, sin embargo, el senador se le adelantó, lo que al parecer provocó diferencias y algún roce entre ambos legisladores

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Con la mal llamada “reforma de supremacía constitucional”, la República y nuestro régimen democrático constitucional está en grave riesgo.

Qué pasaría si una iniciativa surgida en el Poder Legislativo ampliara las razones, motivos y procedimientos por las que el titular del Poder Ejecutivo federal pueda ser llevado a juicio político; de facto el Poder Legislativo se convertiría en el megapoder, por encima de los otros dos Poderes.

La referida reforma, al hacer improcedentes los juicios de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional contra modificaciones o adiciones a la Constitución Política, así como impedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los tribunales revisar las reformas a la Constitución, suprime de un plumazo su misión esencial que es proteger y defender la Constitución Política y velar por la preservación de principios fundamentales como la división de Poderes y la forma de gobierno.

Con esta perspectiva, sin querer queriendo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estaría sometida a lo que decida el Poder Legislativo, en donde ahí Ricardo Monreal en San Lázaro y Adán Augusto López en el Senado tendrían el sartén por el mango.

Ese es el gran riesgo y la pregunta que surge es: ¿Entonces quién manda? ¿Monreal? ¿Adán Augusto? ¿Acaso la Presidenta, que la verdad eso ya está en duda?

Se ha creado un gran riesgo que no han medido las consecuencias… y todo por lanzarse a fondo contra la juez Nancy Juárez.

Es de resaltar que la iniciativa inicial pretendía incluir en esta reforma el Artículo 1o. Constitucional y con ello dejar sin sustento la reforma en materia de derechos humanos del año 2011, que colocó el concepto de los derechos humanos y al valor fundamental de éstos que es la dignidad humana, como la base jerárquica superior a todos los ordenamientos jurídicos, y a la par de la propia Constitución, en el marco de los tratados internacionales suscritos por México.

El prestigiado periodista Carlos Loret de Mola señaló que el pasado martes “nos topamos con una iniciativa de supremacía constitucional”, misma que no fue herencia del obradorismo, “no fue idea de López Obrador, no estaba en el paquete de reformas que dejó encarreradas el expresidente, es una propuesta autoritaria 100% Claudia, para que la Suprema Corte no pueda frenar una ley, aunque sea inconstitucional”.

Señala y advierte que “si la mayoría de Morena en el Congreso dice que a partir de mañana las mujeres ya no pueden votar en México, la Suprema Corte no puede decir que eso viola la Constitución y los derechos humanos”.

Y Loret va más a fondo: “Si la mayoría de Morena vota en el Congreso que se expropie de propiedad privada de toda la gente, la Suprema Corte se queda sin herramientas para detener un atraco así”.

Bajo este contexto, agreguemos otro escenario imaginario: ¿Qué pasaría si el Poder Ejecutivo lograra modificar la Constitución para contar con la facultad de disolver el Congreso de la Unión, en determinados supuestos predeterminados?

La decisión de hacer a un lado al Poder Judicial y con ello perder el equilibrio de Poderes, a la larga puede ser un bumerang, que actúe contra cualquiera de los Poderes y resulte en la destrucción de nuestro régimen democrático constitucional, que los mexicanos nos hemos dado desde hace mas de dos siglos.

 

MONREAL Y ADÁN AUGUSTO MUEVEN LOS HILOS

El pasado martes 22 de octubre de 2024, la iniciativa anunciada en el Senado incluía reformas a los artículos 1o., 103, 105 y 107 de la Carta Magna para que ningún recurso legal interpuesto en el Poder Judicial frene o invalide una reforma constitucional.

Al día siguiente, miércoles 23, Adán Augusto López, coordinador de Morena en la Cámara Alta, presentó una modificación. El senador morenista indicó que retirarían la propuesta de modificación del Artículo 1o. de la Constitución al expresar “Nos vamos a limitar al 103, al 105 y al 107 Constitucional”.

Monreal Ávila dio a conocer que la iniciativa la presentaría junto al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

Sin embargo, el senador se le adelantó, lo que al parecer provocó diferencias y algún roce entre ambos legisladores. Al parecer esta iniciativa con línea presidencial es objeto de disputa para acreditarse un padrinazgo personal.

En tribuna Adán Augusto explicó que “las reformas a la Constitución son la expresión soberana más alta del pueblo de México” y agregó que las mismas son “una decisión política colectiva, revestida de una dignidad democrática especial”.

Sin embargo, habrá que recordar que el principio de “supremacía constitucional” corresponde a la noción de democracia organizada y supone las ideas de legalidad y estabilidad jurídica: La norma que no esté de acuerdo con la Constitución es inexistente; los órganos gubernativos sólo pueden actuar dentro del ámbito que la Constitución les señale.

La Constitución norteamericana de 1787, y posteriormente las francesas de 1791 y 1793, argumentaron ser normas supremas por emanar y ordenarse conforme a la soberanía popular.

Evidentemente, la soberanía popular es un concepto abstracto que sirvió como justificación para configurar la estructura del Estado moderno, sin la cual el desarrollo de las repúblicas y los sistemas constitucionales hubiesen carecido de toda sustentabilidad.

La imposibilidad de dotar de instrumentos que pudiesen percibir la voluntad ciudadana ha sido la razón fundamental por la que la soberanía popular ha ido debilitándose como noción rectora de los ordenamientos constitucionales.
Esta dificultad proviene desde el surgimiento de la soberanía popular, en la que era evidente que el pueblo reflejaba un elemento abstracto y no tangible.

La posibilidad de que el pueblo como tal pueda decidir y ejercer su potestad soberana es una acción que se antoja materialmente imposible, por lo que se tuvo que dotar a los órganos de poder como encargados de ejercer la voluntad soberana, siendo el pueblo el detentador original y permanente de la misma.

En el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció desde hace más de dos siglos que “el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión….”.

Es en la Constitución donde los principios y derechos fundamentales encuentran el espacio idóneo para alcanzar su eficacia y plenitud como factores rectores, teniendo como condición que efectivamente sean fundamentales y no posiciones axiológicas relativas o momentáneas.

La función jurisdiccional, en aras de hacer eficientes y de concretar los contenidos expansivos de los principios fundamentales, fortalece la “supremacía constitucional”, ya que evita la existencia de lagunas o espacios normativos sin aplicación y vigencia.

Es indispensable garantizar no solo la competencia y atribución de los actos de autoridad, sino también la adecuación plena de los principios fundamentales a la realidad.

Una norma fundamental cimentada en la neutralidad o amoralidad no solo es imperfecta, sino que puede producir efectos negativos que mermen la dignidad e integridad de las personas, tal y como ocurrió con algunas de las Constitucionales totalitarias del siglo XX.

La “supremacía constitucional” no es de ninguna manera un concepto que puedan improvisar el Poder Ejecutivo ni el Legislativo en México con propósitos políticos.

La “supremacía constitucional” es un principio inherente a toda forma de vida constitucional. No se puede sostener una visión formalista de la Constitución y de la supremacía, ya que existen aspectos sustanciales, como la primacía de los derechos humanos, que se anteponen como factores prioritarios.

La Constitución Política no será suprema por su carácter de norma fundante, sino que lo será en la medida que se sustente en elementos axiológicos que incidan en la vigencia y protección de los derechos humanos, armonizados con los criterios internacionales en dicha materia, al tiempo que no se trastoquen los principios fundamentales de la división y equilibrio de Poderes de una república federal, representativa y democrática, como lo establece nuestra Carta Magna en su artículo 40. La “República” está en peligro.

Y es que con esta reforma se abre la posibilidad, en términos de la Serie Mundial, de que YSQ o Andy conecten home-run con casa llena (Legislativo) y den la voltereta al juego”.

 

***Académico y consultor.

 

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Los petroleros ya decidieron

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El STPRM se declara listo para elegir al nuevo secretario general * Dos planillas contienden por la dirigencia nacional: La Guinda, liderada por Cristina Alonso, y la Verde, encabezada por Ricardo Aldana

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República (STPRM) se declara listo para elegir a su nuevo secretario general, luego de que concluyó el proceso de inscripción para las elecciones generales del gremio, en donde sólo dos planillas cumplieron con los requisitos.

Ellos son la guinda que lidera María Cristina Alonso García y la planilla verde que encabeza Luis Ricardo Aldana Prieto.

Las campañas electorales terminan el 26 de octubre y dos días después, el 28 de octubre, se realizarán las elecciones.

Habrá una amplia participación de los trabajadores petroleros y dentro de un marco democrático y plural elegirán a la nueva dirigencia nacional.

Los petroleros ya tomaron su decisión y solo están a la espera de expresar su voluntad en las casillas electorales. Cabe recordar que la misma Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó en su Mañanera del Pueblo que la elección para elegir a su nuevo secretario o secretaria general es decisión únicamente de los petroleros.

 

DOS CANDIDATURAS EN POS DE LA DIRIGENCIA NACIONAL

Son dos los candidatos que buscan la dirigencia nacional para el periodo 2025-2030, confirmó la comisión electoral del gremio.

Ricardo Aldana Prieto, actual secretario general y sucesor del dirigente Carlos Romero Deschamps (qepd) va por la reelección. Su rival es Cristina Alonso García, trabajadora de la sección 44 en Villahermosa, Tabasco, quien llamó a los demás líderes disidentes a la unidad y a “dejar atrás la división para hacer realidad el cambio” en el STPRM.

La Comisión Nacional Electoral (CNE) del sindicato avaló formalmente las candidaturas de Aldana Prieto (planilla Verde) y Cristina Alonso (planilla Guinda), ya que fueron las únicas de los cuatro aspirantes inscritos que cumplieron con los requisitos, luego de que se aplazó el proceso para solventar la falta de algún documento.

El 28 del mes en curso se llevará a cabo la jornada electoral en la que más de 91 mil trabajadores petroleros votarán y se prevé que ese mismo día se den a conocer los resultados.

 

DE ÚLTIMA HORA CRISTINA ALONSO ES CONTENDIENTE POR LA DIRIGENCIA

En una prueba contrarreloj se registró María Cristina Alonso García y fue aceptada para contender en las elecciones del STPRM.

La disidencia ve una oportunidad con María Cristina Alonso al considerar que las otras planillas no fueron registradas porque no presentaron toda la información.

Fran Navarro López, quien presentó su planilla, pero no fue aceptada, dijo que se trata de una elección a modo por la dificultad de reunir los documentos y presentarlos.

Quien gane estas elecciones será secretario o secretaria general en el periodo del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2030.

La disidencia hasta ahora se ha pronunciado en favor de Alonso García, aunque ha habido división y falta de coordinación en los líderes petróleos históricamente.

 

ALDANA VA POR LA REVOCACIÓN DE MANDATO

Ricardo Aldana Prieto recibió ovaciones en Nanchital, donde fue respaldado por miles de trabajadores petroleros de la Sección 11 de Nanchital, la cual es liderada por Ramón “El Tío” Hernández Toledo y Manuel Toledo Vera.

El candidato de la “Planilla Verde” a la Secretaría General del STPRM, en su discurso resaltó que ganar las elecciones él se someterá una consulta de revocación de mandado.

“No más líderes y funcionarios eternos que se quieran eternizar en el cargo… vamos a reformar el estatuto para que también en las filas del Sindicato Petrolero haya revocación de mandato”, añade.

Aldana Prieto señala que las mujeres petroleras serán pieza clave en su gestión como dirigente nacional; por ello el 40 por ciento de su Comité será integrado por mujeres de las distintas secciones petroleras del país, incluida la Sección 11 de Nanchital.
Ricardo Aldana propone la creación de dos centros más de capacitación laboral como el que se construyó en Villahermosa, Tabasco, para que los petroleros se capaciten y tenga mejores elementos para desempeñar sus labores. También un seguro de desempleo para que el trabajador que se quede sin contrato, reciba un apoyo económico temporal, mientras consigue que se le recontrate de nuevo.

De igual manera, Aldana propuso la creación de Casas de Cultura en cada sección petrolera del país, para que el trabajador y su familia pueda realizar alguna actividad artística, cultural o recreativa.

 

LIBERTAD SINDICAL

Es innegable que las reformas laborales llevadas a cabo en el sexenio pasado y las que se pusieron en la agenda para esta Legislatura, representan una amplia y auténtica reforma al sistema de justicia laboral y negociación colectiva.

El 1 de mayo de 2019 se publicó el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; una reforma amplia, histórica y profunda basada en 3 pilares: nuevo sistema de justicia laboral, libertad y democracia sindical y centro federal de conciliación y registro laboral.

En el marco de la libertad y democracia sindical, que era un viejo anhelo de los trabajadores, destaca el que los trabajadores podrán decidir, sin discriminación ni represalias, si desean afiliarse un sindicato, cambiar de sindicato o no pertenecer a ninguno.


Además, los petroleros podrán participar en las decisiones fundamentales de su sindicato a través del voto personal, libre, directo y secreto, pues serán consultados sobre la elección de sus directivas y la aprobación de sus contratos colectivos y revisiones, entre otros procesos democráticos.
No más sindicatos simulados y líderes sin representatividad.

En este nuevo marco de libertad e independencia sindical se desarrolla el proceso de renovación del STPRM, uno de los más grandes e importantes sindicatos del país.

Por primera vez el STPRM lleva a cabo su proceso de elección por medio del voto libre, secreto y directo, para lo cual quedaron registradas 2 planillas.

Asimismo, la organización sindical informó que “esta etapa del proceso electoral se realizó en una atmósfera de total apertura y disposición bajo el criterio de máxima participación, con el acompañamiento de funcionarios verificadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral”.

La elección será de forma presencial en 292 casillas, que se instalarán para tal fin en los centros de trabajo de Pemex en jurisdicción de las 36 secciones del STPRM y en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad (Picacho).

El propio STPRM ha propiciado la participación del mayor número de trabajadores en este proceso electoral en un ambiente de libertad y armonía.

El candidato Ricardo Aldana, quien pretende ser reelecto por vez primera por votación libre y secreta, en una reciente visita a Salamanca, expuso propuestas concretas para que los trabajadores lo apoyen en su propósito de seguir encabezando sus demandas laborales.

En primer término planteó una “Agenda Laboral” para visitar la totalidad de las secciones sindicales y conocer de primera mano sus inquietudes.

Un aspecto relevante de sus propuestas es “Transparencia y Rendición de cuentas”, que se traduce en una gestión de cara a sus agremiados. Asimismo, la “inclusión y equidad”, que implica abrir las oportunidades de participación en las decisiones sindicales de jóvenes y mujeres en igualdad de condiciones.

Es sabido que Aldana ha logrado grandes acciones y eso quedó plasmado en su Informe de Resultados del Programa de Trabajo durante el periodo 2022-2024, por lo que varios de los 36 secretarios seccionales y viejos líderes afines a Romero Deschamps acudieron a la sede sindical a darle su apoyo.

Nadie duda de su reelección, pues al interior del sindicato petrolero Ricardo Aldana es muy querido.

El reto para el STPRM es modernizarse y subirse al nuevo modelo laboral que está avanzando a pasos agigantados con la 4T.

Las reformas son inevitables para mantenerse al día con las demandas económicas y sociales de los trabajadores. Algunas reformas que destacan son: Los mayores aumentos al salario mínimo, la supresión del outsourcing laboral, la propuesta de reducción de jornada laboral, las vacaciones, las modificaciones en pensiones y prestaciones.

Es muy importante la responsabilidad de la dirigencia sindical del capital humano de la empresa pública más grande del país y que ha sido clave para el desarrollo nacional en las últimas décadas.

Enhorabuena por el proceso electoral de libertad y democracia sindical que se llevará a cabo en el seno de Pemex.

 

***Académico y consultor.

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