Es su arma perfecta para ir a la segura y mantenerse en el poder * Al Primer Mandatario no le preocupa que el número de pobres crezca, pues a mayor pobreza, mayor clientela electoral * No hay duda de que México tiene a un experto estratega, que ha logrado tener cautivos entre 22 y 25 millones de beneficiarios de sus programas, todo con tal de mantenerse en el trono presidencial a como dé lugar

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Las izquierdas en el mundo no desaparecieron cuando en 1989 se declaró el fracaso del comunismo socialismo de la URSS, con el derrumbe del Muro de Berlín, al contrario, solo sufrieron transformaciones.

Sin embargo, en Latinoamérica algunos países no aprendieron la lección, pues Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido sometidos por gobiernos radicales de “izquierda” encabezados por célebres dictadores, cuya arma principal es tener sometidos a sus pueblos a través de la falta de libertades y oportunidades para tener un mejor nivel socio-económico, es decir, dejarlos en la pobreza perpetua para seguir manipulándolos con dádivas y migajas, como “frijol con gorgojo”.

También es cierto que las izquierdas en América Latina han tenido diferentes matices.

En la década de los 2000, candidatos de izquierda obtuvieron el poder, pero lo ejercieron con marcadas diferencias: Hugo Chávez, en Venezuela; Lula da Silva, en Brasil; Néstor Kirchner, en Argentina; Michellle Bachelet, en Chile, José Mujica, en Uruguay; Evo Morales, en Bolivia; Rafael Correa, en Ecuador, entre otros.

No se puede comparar una izquierda radical, como la de Chávez, con la izquierda moderada de Lula da Silva o Bachelet. Cada país tiene una realidad política y social distinta. Lo mismo sigue ocurriendo ahora, pero el rasgo fundamental es saber si trata de sistemas políticos democráticos o no democráticos.

Los ejemplos más acabados de los no democráticos son Venezuela, Nicaragua o Cuba. El ejemplo de una izquierda moderada lo tenemos en Chile, con Boric, quien ha mostrado compromiso y respeto por las instituciones, los derechos humanos y las libertades. Petro y Lula, en Colombia y Brasil, respectivamente, parecen permanecer en esa línea de moderación.

 

POTENCIAL POPULISTA AUTORITARIO

En México el Presidente Andrés Manuel López Obrador había sido considerado como de centro-izquierda, sin embargo, ha tenido desplantes y acciones que ya lo ubican como un potencial populista autoritario, o aprendiz de dictador a juzgar por la abierta intención de destruir las instituciones democráticas, como el INE y el Poder Judicial.

Ha hecho pública su estrategia para mantenerse en el poder a cualquier costo. A confesión de parte relevo de pruebas, dicen los abogados.

El innegable apoyo popular de que goza y presume el Presidente de la República, por parte de los más pobres e ignorantes del país, le alcanza para atentar contra las instituciones a su antojo.

En la Mañanera del 2 de febrero de 2022, fue explícita la confesión: El Presidente López Obrador afirmó: “Con los pobres, de cada 10 podemos tener el apoyo de 9. Con la clase media-media, alta y alta, puede ser que de cada 10 tengamos el apoyo de 1”.

Añadió que “por niveles de escolaridad sucede algo similar y que entre mayor sea el grado, menos simpatía tiene su movimiento entre las personas. Podemos empatar en nivel licenciatura, pero en Maestría y en Doctorado perdemos”. Por ello no le preocupa que el número de pobres crezca. A mayor pobreza, mayor clientela electoral.

También se entendería su aparente desprecio a la diplomacia, la educación, la salud, la ciencia, la democracia, la justa impartición de la justicia, la rendición de cuentas y el combate real a la impunidad y a la corrupción.

 

POR LA DESTRUCCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

Lo dicho por el Presidente, en la Mañanera del 2 de febrero, es relevante y explicaría la destrucción de las instituciones nacionales. Sus agresiones a la educación, a la ciencia, a las clases medias y su intromisión en prestigiadas escuelas de nivel superior y posgrado como la UNAM, el CIDE, el ITAM, la persecución a científicos por parte de la FGR. Del mismo modo se entendería su obsesión por desaparecer la transparencia y rendición de cuentas, en este caso borrar del mapa al INAI.

El 4 de enero de 2023, el Primer Mandatario reconoció que parte de su estrategia política consiste en ayudar a la gente de escasos recursos, porque ellos regresan el apoyo a la transformación.

Afirmó: “No hay nada que compense o que se equipare con la satisfacción que produce la dicha de ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, ni todo el oro del mundo vale eso. Pero, además, ayudando a los pobres va uno a la segura”. Agregó: “Porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso, la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos”.

Y subrayó: “No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad, entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política”.

En esa ocasión López Obrador criticó a intelectuales y opositores a su gobierno -lo hace de manera permanente-, asegura que ya no tienen la relevancia de tiempos pasados.

“No hay que molestarse tanto, ellos jugaron un papel en un tiempo, sobre todo en el periodo neoliberal. Ahora ya no tienen la importancia política ni la creatividad de antes… su campaña contra la ‘prensa del antiguo régimen’ es otra estrategia cotidiana”.

La interrogante que surge es dónde queda el slogan de la 4T: “No mentir, no robar y no traicionar”. Afirmar que la prioridad de este gobierno es el combate a la pobreza, “Primero los pobres”, es de aplaudirse, pero incrementar su número y no mejorar su estatus socioeconómico, es una mentira, una omisión y hasta una traición”.

 

HAY SEIS MILLONES DE NUEVOS POBRES

México tiene una población de 130 millones de habitantes, con más de la mitad, 66.5 millones en situación de pobreza  y pobreza extrema. Casi 6 millones de nuevos pobres entre 2018 y 2023, reconocidos oficialmente por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El número de mexicanos en situación de pobreza pasó de 51.9 millones a 55.7 millones, y el porcentaje de la población en pobreza extrema, paso de 7% a 8.5% en el mismo lapso para un total de 10.8 millones.

Hasta 2018 los programas sociales federales contribuían a reducir la pobreza, o a mejorar el acceso efectivo a los derechos. El ejemplo más ilustrativo es el de “Oportunidades-Prospera”, uno de los programas sociales con reconocimiento internacional, que se había sostenido durante 4 sexenios, gracias a que -estaba científicamente comprobado- contribuía fuertemente a mejorar el ingreso, a la disminución del rezago educativo, mediante el acceso efectivo a servicios sociales, incluidos los derechos a la educación, la salud y la no discriminación. También permitía el acceso real al derecho a la alimentación nutritiva y de calidad. En cambio, a partir de 2018 solo se cumple el propósito de mantener la “clientela electoral”. Prueba de ello es el incremento porcentual en la carencia “por acceso a los servicios de salud”. Del mismo modo, aumentaron, el rezago educativo y el acceso a alimentación nutritiva y de calidad

Hay quienes defienden la política de programas sociales como ayuda novedosa a las clases más vulnerables. Sin embargo, la mayoría de los programas existía desde hace décadas, pero no se ofrecían como una dádiva presidencial.

El Programa Nacional de Becas SEP-Cultura tiene similitud al 100% con Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez de la SEP, y los anteriores programas -el Nacional de Becas y la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, tiene similitud a 98% con la de ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’.

Entre los programas “novedosos” de la 4T destacan: Mano de obra para la edificación de caminos rurales; aumento al doble de la pensión para adultos mayores y pensiones para personas discapacitadas; sembrando árboles (frutales y maderables); becas de 2,400 pesos mensuales para universitarios, de 3,600 pesos para aprendices en empresas y becas para estudiantes de preparatoria.

El ex director de Coneval, Dr. Gonzalo Hernández Licona, fue relevado, en una Mañanera, por hacer públicos datos duros, mismos que en julio de 2021 el INEGI  avaló.

En la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) se dio a conocer lo siguiente: “Se observa que los hogares mexicanos más pobres -específicamente el diez por ciento más pobre, que recibieron las transferencias gubernamentales- cayeron 32%. AMLO incrementó los programas sociales respecto a 2018, pero le redujo el apoyo a la población más pobre. ¿ A dónde se fue entonces el ingreso de los programas gubernamentales? Los hogares más ricos, el decil X, incrementaron en 93% lo que recibían de transferencias gubernamentales entre 2018 y 2021. El decil IX lo incrementó en 148%, el decil VIII en 145%. Es decir, al 30 por ciento de las familias más ricas del país se les incrementó en 129% el apoyo de programas sociales y becas gubernamentales. Sin embargo, para el 20 por ciento de las familias más pobres las transferencias del gobierno cayeron.

Sería interesante revisar que INEGI y Coneval dieran a conocer estas referencias en 2023. Lo que teníamos de acuerdo con la ENIGH, era que el apoyo total a adultos mayores aumentó 185% a partir de 2018, pero mientras que el incremento para el primer decil fue de 17%, para el decil más rico fue de 457%. En las transferencias para adultos mayores se prefirió a quienes más ganaban.

En el caso del programa Oportunidades-Prospera, que fue eliminado en esta administración, éste fue sustituido desde 2019 por tres programas: Becas Benito Juárez para Educación Básica, para la Educación Media Superior y Jóvenes Escribiendo el Futuro (becas universitarias). El monto total se redujo 35%, pero la disminución fue de 63% para el decil más pobre y hubo un incremento de 380% para el decil más rico.

 

CON AMLO RECIBEN MENOS APOYO

La conclusión del Dr. Hernández Licona fue que “para el setenta por ciento de las familias más pobres el apoyo gubernamental se redujo 42% en promedio en este sexenio”.

Agregó: “He tenido oportunidad de tener el testimonio reciente de familias en Morelos y en Oaxaca que coinciden que hoy reciben menos apoyo para sus hijos en primaria, secundaria y preparatoria de lo que recibían anteriormente con Prospera”.

No hay duda de que México tiene como presidente a un experto estratega, a todo un “ingeniero electoral”, que ha logrado una clientela electoral que oscila entre los 22 y los 25 millones de beneficiarios de sus programas, todo en aras de mantener el poder a como dé lugar.

Lamentablemente para el futuro del país se trata de los más pobres y más ignorantes. Lo grave es que no se dan cuenta que esa conformidad o “simpatía”, por el gobierno que les da recursos, los condena a no salir de su pobreza nunca… y peor aún: condena a sus hijos y nietos a sufrir la misma suerte.

Ante esta problemática social y de desigualdad económica en el país, ¿habrá algún líder o lideresa capaz de detener la fabricación de pobres y la destrucción del país? La oposición de la coalición Va por México tiene la última palabra. El país es más grande que todos sus problemas, México está por encima de todo y todavía hay millones de ciudadanos que tenemos la esperanza de vivir mejor, de tener aspiraciones en el crecimiento personal y de luchar para el bienestar de las familias, de buscar la superación y el crecimiento económica y de no estancarse en el conformismo. Estaremos pendientes.

 

*** Consultor y Académico.

Para AMLO son válidos sólo los privilegios presidenciales… Las conquistas de la SCJN son derroches millonarios y una ofensa para el pueblo * Los mexicanos queremos ver un Presidente bien vestido y hasta elegante, pero decepciona su incongruencia, la mentira y el engaño

 

MARCO ANTONIO FLORES ***

 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está en contra de su gobierno y de la transformación del país.

Criticó que junto con algunos periodistas y comunicadores, ahora se les suman “las niñas y los niños héroes” de la Corte. No hay día que el Ejecutivo federal no utilice su costosísima tribuna para golpear a la SCJN y a periodistas. Todo el que no está conmigo está contra mí, parece ser su premisa.

En cuanto conoce una resolución de la SCJN o una crítica de periodistas no tiene el menor recato en exhibirlos desde Palacio Nacional. Uno de sus clientes preferidos es Carlos Loret de Mola, quien desde LatinUs ha dado a  conocer investigaciones periodísticas que han puesto al descubierto escándalos de corrupción cercanos a AMLO, entre otros: la Casa Gris de su hijo José Ramón; los sobres de dinero de los hermanos Martín y Pio; las 23 casas de Manuel Barttlet; estafa maestra Segalmex por 15 mmdp y recientemente los contratos para los amigos de otro de sus hijos, Andrés, para el desmantelamiento del aeropuerto “Texcoco”, así como los viajes y el departamento del titular de la Sedena.

“Lo mío no es la venganza”, pregona el Primer Mandatario y con la exhibición de los sueldos, lo mismo de ministros de la Suprema Corte, que de periodistas parece acusar “allá va el ladrón”.

No soporta que alguno de sus adversarios gane más que él, cuando todos saben que el bajarse el sueldo no fue más que una medida populista publicitaria y arbitraria.

De acuerdo con un documento elaborado en el Senado, el Presidente de la República hizo públicos en la Mañanera los “40 privilegios de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial”. Sueldos y prestaciones que han logrado a lo largo de décadas y apegados a la ley, que son publicitados como “privilegios”.

Acaso el Primer Mandatario no merece tener a su servicio en Palacio Nacional a miles de militares, cocineros, ayudantes, asesores, médicos, enfermeras y hasta un sastre que le tiene un estreno diario de trajes con finísimos cortes.

En sus giras convoyes con hasta 20 Suburban blindadas, con cientos de escoltas militares y civiles (nuevo Estado Mayor Presidencial). Claro que su investidura lo merece, pero él no puede reconocer que otro de los Poderes, que en teoría es de sus “iguales”, se merezca tener dignos sueldos y prestaciones.

Lo que no es congruente es “ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”. Hablar de “austeridad” cuando se vive como un rey en un gran Palacio rodeado de lujos.

Es un engaño recomendar al “pueblo”, como lo ha hecho en sus Mañaneras, no tener aspiraciones materiales, conformarse con el vestido y el sustento básico, hablar de espiritualidad y de sencillez, cuando ahora no hay día que no estrene traje de finos casimires y atuendos de marca. Y qué bueno, los mexicanos queremos ver un Presidente bien vestido y hasta elegante, pero decepciona su incongruencia, la mentira y el engaño.

 

MAÑANERA, EFICAZ ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LANZAR SUS OFENSIVAS

La Mañanera desde Palacio Nacional se convirtió en una eficaz estrategia de comunicación del Presidente, dirigida a su clientela electoral. Sin embargo, el sitio SPIN de Luis Estrada, afirma que se han dicho hasta la fecha casi unas 100 mil mentiras.

Aunque el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, afirma que el costo de las conferencias presidenciales es mínimo, ya que se hace con el equipo de producción que ya existía, ya se había publicado en estimaciones de especialistas que el costo por segundo televisado en el horario matutino en promedio es de 13,000 pesos, si tiene una duración estimada de 3 horas, podría tener un costo para los mexicanos de más de 130 millones de pesos, pero a estos cálculos acumular el costo de transmisión de los principales canales de TV públicos: Canal 11, Canal 14, Canal 22.

Además, se hacen costosas ridículas parodias y burlas de los adversarios por parte de los aduladores oficiales al servicio de Jenaro Villamil y de la 4T.

Canal 11 dedicó su programa “Mamut” a ridiculizar a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, en la persona de uno de los serviles, Jairo Calixto, disfrazado al estilo de “La Jitomata” de los Mascabrothers.
Con estos hechos, también se ha distorsionado el papel de los medios públicos, Canal 11 ya perdió su tradición de ser un canal cultural y educativo y pasó a ser una herramienta de propaganda “ideológica” y de pleitesía a AMLO, con el sello especial de los regímenes autoritarios. Incluso en sus promocionales se está haciendo a un lado el slogan de ser “el canal del IPN”.

Otra gran incongruencia que es pública y enturbia el discurso de austeridad y anticorrupción del Presidente es la forma de vivir de sus hijos, se convirtieron públicamente en el ejemplo de la opulencia, el oprobio y los excesos.

La Casa Gris de José Ramón; los contratos “Texcoco” de Andrés Manuel y la superestructura de funcionarios que tiene en el gobierno 4T, y Gonzalo Alfonso, cuya afición por el beisbol es conocida.

Se hizo viral una fotografía en la que el hijo del Presidente compartía el palco de honor del estadio regiomontano de los Sultanes con los empresarios Alfonso Romo, Carlos Bremer y Carlos Slim.

La pregunta que surge es ¿Primero la familia o “primero los pobres”? ¿Qué autoridad moral le dejan sus hijos al Ejecutivo federal para insistir con su discurso de austeridad? ¿Cómo puede fustigar públicamente a sus adversarios por sus sueldos o propiedades? No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, ¿o sí?

Para una austeridad genuina, se requiere predicar con el ejemplo. ¿Austeridad Republicana para quién? López Obrador ve en la austeridad una medida propobre y protrabajador: en su lógica, los pobres ya están siendo protegidos por programas sociales y el resto de la población tiene dinero suficiente para salir adelante. La interpretación del Primer Mandatario no solo es incorrecta, sino también es perjudicial.

El costo para los más pobres será enorme: los programas sociales de AMLO no cubren a todos. En México, hay 22 millones de beneficiarios de estos programas y 52 millones de pobres en “crescendo” día tras día.

Y si de medidas de austeridad hablamos, podríamos hacer un recuento de los miles de millones de pesos del erario público que se han ido a la basura o a la clientela electoral.

Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, denunció un despilfarro multimillonario, que podría llegar hasta los 270 mil millones de pesos.

Informó que del Fondo de Estabilización Presupuestal que inició este sexenio con aproximadamente 300 mil millones de pesos, ahora cuenta con 30 mil mdp, el 10% de su capital inicial.

La eliminación del Insabi mostró el fracaso en el sector salud con un enorme costo, tanto financiero como humano. Tener un sistema de salud como el de Dinamarca se quedará como otra promesa incumplida.

Para empezar el Gobierno de México invierte menos en salud (2.8% del PIB) que todos los países de la OCDE y que nuestros principales peers de América Latina.

Tan solo Chile gasta el 5% de su PIB, el doble de México. En su momento la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se elevó a casi 332 mil millones de pesos, equivalente a 231% más respecto a lo estimado originalmente por el gobierno federal.

En relación al Tren Maya, una de las obras faraónicas de este gobierno, el diputado panista Jorge Romero afirmó que -por las fallas en su planeación- podría elevar su costo hasta 18 mil millones de dólares, prácticamente al doble de lo previsto.

En infraestructura, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y los bancos del Bienestar acapararon 15 pesos de cada 100 pesos invertidos, lo que contrasta enormemente con los servicios públicos de salud y educación, que reciben uno y dos pesos de 100 pesos, respectivamente.

El gobierno de la 4T invierte poco en infraestructura. La mitad de la inversión no se destina a proyectos que fortalecen directamente el desarrollo económico y social, sino que se dirige a proyectos de las empresas del Estado: Pemex y CFE se llevan el 43.1% y el 7.0% de la inversión física total, respectivamente.

Que esta inversión produzca beneficios es al menos cuestionable; basta recordar que Pemex ha acumulado pérdidas hasta por 100 mil millones de dólares. La CFE gasta en subsidio al consumo eléctrico, en promedio, 70 mmdp anuales.

El gasto en programas de subsidios -esto es programas sociales para la clientela electoral- ocupa una porción considerable del presupuesto.

Para el PEF 2023 se consideraron 73 de estos programas -con y sin reglas de operación- por un monto que asciende a 550 mmdp, que representará alrededor del 10% del gasto neto total.

Desde 2020 el Coneval documentó hallazgos preocupantes en torno al funcionamiento de 17 programas, los cuales presentaron problemas en su diseño o de plano no contaron con él al momento de la evaluación, por lo que el Consejo anticipó su fracaso, con el riesgo de aumentar el número de pobres.

¿Acaso en nuestro México ya se cumplió la profecía de José López Portillo, cuando desde hace mas de cuatro décadas advirtió: “Lo peor que le puede ocurrir a México es convertirse en un país de cínicos…”?

Cínico es la “actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta, algo que merece general desaprobación”.

En relación con este concepto, el filósofo francés Bédard propuso algunas “dimensiones filosóficas del cinismo” que lo caracterizan especialmente en los “dirigentes”, dígase los políticos: Las prácticas que son el humor, la hostilidad, el sarcasmo, el irrespeto, la risa, la broma, la burla, la provocación; los criterios de validez, que son la no coherencia entre pensamiento, palabra y acción; las fundamentales,  la resistencia, la impasibilidad, la maldad, la mentira; y las de raíz, que son el dominio de sí mismo, la ironía, el escándalo, la exageración y el  dogmatismo artificial.

¿Debemos considerar a México un país de cínicos? Son millones de mexicanos cómplices del cinismo cuando creen que está en marcha una Transformación; cuando creen que ya se acabaron la corrupción, nepotismo y las prácticas del neoliberalismo… y cuando aún hay la esperanza de que el líder del país tiene la capacidad de sacar al país de la crisis y reencausarlo por la vía del bienestar y la justicia social.

Por supuesto que no somos un país de cínicos solo porque algunos de sus dirigentes lo sean.

Somos como 70 millones de mexicanos que no estamos de acuerdo con la polarización, el encono y la mentira. Esperamos un liderazgo con autoridad moral que predique con el ejemplo.

 

*** Académico y consultor.

Con todo y eso, hay un retroceso que lastima * Una de las principales banderas que llevaron a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador fue que acabaría con el “peor cáncer de México”, la corrupción. Sin embargo, se ha ignorado y se ha hecho a un lado al Sistema Nacional Anticorrupción

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Se consumó el mayoriteo, como no lo hacía ni el PRI en sus tiempos de aplanadora. Se legisla al vapor, como nunca.

Durante la madrugada y mañana del miércoles 26 de abril,  la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados  continuó con la aprobación inmediata de iniciativas y dictámenes a los que se les dispensaron los trámites y no se amplió su análisis.

Entre las iniciativas que causaron sorpresa y en algunos casos preocupación, destacan la eliminación de diversas entidades y organismos: Insabi, Financiera Rural, Conacyt y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

Cada una de estas entidades es digna de un análisis amplio y serio para evaluar daños en materias de salud, de apoyo al campo y de apoyo a la ciencia y tecnología.

En las siguientes líneas solo nos abocaremos a comentar que la desaparición de la Sesna puede interpretarse como un retroceso en materia de combate a la corrupción.

 

EL PEOR CÁNCER DE MÉXICO

Una de las principales banderas que llevaron a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador fue que acabaría con el “peor cáncer de México”, la corrupción. Sin embargo, se ha ignorado y se ha hecho a un lado al Sistema Nacional Anticorrupción.

Se metió al Ejército en todas las adquisiciones y obras del gobierno para actuar con opacidad con el pretexto de la “seguridad nacional”.

Con la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción, en 2015 se publicó también, un año después, la Ley General del SNA, con el que se creó la SESNA (Secretaría Ejecutiva) como un organismo descentralizado no sectorizado que tiene por objeto “fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema, al dar seguimiento a la implementación de las políticas públicas que se establezcan”.

La Secretaría Ejecutiva tenía como función ser el eje operatvo de todo el SNA. De acuerdo con el borrador de la iniciativa de AMLO, sus funciones pasarán al “Comité Coordinador por parte de la Comisión Ejecutiva y de la Secretaría Técnica, para que cuente con las herramientas y mecanismos para el diseño y promoción de política integrales en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como los mecanismos de coordinación con los sistemas locales anticorrupción. Por ello, se propone derogar todo el capítulo IV de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual plantea la organización y funcionamiento de la SESNA, entre ellos sus recursos y atribuciones, y su estructura.

Podría tener sentido no darle a la SESNA el carácter de organismo descentralizado no sectorizado, sin embargo, a cuatro años de la gestión del gobierno de la 4T, todo el SNA ha sido un “cero a la izquierda”. No se ha visto una sola señal por parte del Presidente López Obrador de querer echar a andar y probar la eficacia de la única herramienta legal con que cuenta el Estado Mexicano para combatir la corrupción.

Hasta ahora ninguno de los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha explicado por qué se quedó varado el SNA y no sabemos si la eliminación de la SESNA la propuso el titular de la SFP, Mtro. Roberto Salcedo Aquino… y si es así se debería expresar que el propósito es, en todo caso, mejorar y depurar el SNA.

Lo primero sería dar a conocer que se realiza un diagnóstico y revisión del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

La  reforma de 2015 dio paso a la creación del SNA que representa un amplio propósito para contar con un entramado jurídico fuerte, sin embargo, se ha quedado pendiente su implementación y consolidación.

La prioridad debiera ser fortalecer y consolidar el SNA al tiempo que se vayan haciendo los ajustes que requiera. En el Artículo 113 Constitucional, se estableció que el SNA es una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales, encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y delitos de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos.

Se modificaron y crearon siete leyes federales aplicables al SNA. Es un esquema ambicioso y complejo. Es la propuesta mas completa que tenemos los mexicanos desde hace décadas y si bien es perfectible, debe echarse a andar en serio para probar su eficacia.

Algunos aspectos novedosos que se deben consolidar con el SNA son: Incorporar a los militares en ese esquema de rendición de cuentas y detección de actos de corrupción; fortalecer las facultades de revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -atracción para investigar finanzas estatales y municipales-.

Se trata de dar un paso en la ruta correcta que requiere ahora de una política nacional que detone los incentivos para que el sistema funcione y se incrementen los recursos humanos y administrativos que estimulen la eficacia de las instituciones encargadas de prevenir y combatir la corrupción.

Nuevas leyes sin más recursos y mejor tecnología son letra muerta. Se deben consolidar medidas operativas fundamentales. Algunas que considero necesarias son las siguientes:

Primero, fortalecer la aplicación del Sistema Anticorrupción en todo el país. Focalizar y priorizar la tecnología a través de la plataforma Nacional Digital, que cuente con una Base de Datos confiable completa y eficiente que permita avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos, incluido el financiamiento a partidos políticos y sus proveedores; modernizar las contralorías municipales y estatales -responsables de sancionar faltas administrativas- y que  comúnmente ni tienen los recursos ni los conocimientos ni el interés en hacerlo.

Segundo, fortalecer la nueva Fiscalía Anticorrupción, actualmente perteneciente a la FGR. Esta Fiscalía es la responsable de investigar y sancionar los delitos penales relacionados con hechos de corrupción. Se esperaba fuera autónoma e independiente. Lo primero sería quitarla de la línea de mando de la FGR para alinearla en el Poder Judicial y el Comité Coordinador del SNA, en forma colegiada.

Nombrar su titular de forma pública, transparente y con la participación preponderante del Poder Judicial en convocatoria abierta a la sociedad, para que en vez de tener un fiscal “a modo” y gris se tenga un verdadero ombusdman al tiempo de dotarlo de mayor autonomía y facultades, así como de recursos humanos capacitados, apoyo y atención especial, ya que su misión será el eje de todo el Sistema.

Tercero, reestructurar los Órganos Internos de Control para que dejen de ser elefantes blancos y costosos.

Que dejen de depender de la SFP y vuelvan a depender de los titulares y directores de dependencias y entidades de la administración pública, como originalmente lo fueron, antes de que Arsenio Farell, con un criterio autoritario, centralizador y de control político, decidiera que deberían depender de la entonces Secogef, y de él como su titular.

Fortalecer las  áreas de auditoría y de responsabilidades administrativas, pero a partir de hallazgos soportados, expedientes completos y elementos probatorios que permitan sancionar con más eficacia y justicia.

Quizás menos casos, pero más sólidamente armados y plenamente  justificados.

Cuarto, apoyar y fortalecer la reestructuración de los programas sociales. Revisar las reglas de operación y, en general, el funcionamiento y desempeño de los programas públicos –muchos de los cuales contienen amplios márgenes para la discrecionalidad y corrupción.

En este renglón debería tener mucho peso la evaluación y opinión del Coneval, con todos los instrumentos técnicos y de medición que tuvo en los últimos años.

Quinto, ampliar atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación para que los resultados de sus revisiones sean un insumo para actuar. Que se dejen de publicitar cifras de miles de millones de pesos de recursos públicos presuntamente faltantes, pero que nunca se investigan a fondo y solo quedan en escandalosas declaraciones que el público en general no comprende y confunde. Mejor precisar los casos jurídicamente sustentados, contra funcionarios públicos corruptos, para garantizar que se castigue  a los infractores.

A estas alturas, del sexenio ya no debemos esperar que el gobierno de la 4T se apoye en el SNA para combatir la corrupción, pero sí debemos vigilar que ese andamiaje jurídico no se destruya y que el próximo gobierno lo pruebe y mejore en serio.

Por lo pronto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso, no pudo o no se enteró, cómo atacar en serio lo que él llama “el peor cáncer de México”, la corrupción.

Fue su principal promesa de campaña. Es indispensable  fortalecer y consolidar el sistema “Anticorrupción”, existente, para impulsar la plena autonomía, independencia y absoluto apego a la legalidad de las instituciones que lo conforman.

 

*** Maestro, abogado y CP.