PULPO POLÍTICO
La 4T, una aplanadora legislativa
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Hace 2 añosen
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RedacciónCon todo y eso, hay un retroceso que lastima * Una de las principales banderas que llevaron a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador fue que acabaría con el “peor cáncer de México”, la corrupción. Sin embargo, se ha ignorado y se ha hecho a un lado al Sistema Nacional Anticorrupción
MARCO ANTONIO FLORES***
Se consumó el mayoriteo, como no lo hacía ni el PRI en sus tiempos de aplanadora. Se legisla al vapor, como nunca.
Durante la madrugada y mañana del miércoles 26 de abril, la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados continuó con la aprobación inmediata de iniciativas y dictámenes a los que se les dispensaron los trámites y no se amplió su análisis.
Entre las iniciativas que causaron sorpresa y en algunos casos preocupación, destacan la eliminación de diversas entidades y organismos: Insabi, Financiera Rural, Conacyt y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
Cada una de estas entidades es digna de un análisis amplio y serio para evaluar daños en materias de salud, de apoyo al campo y de apoyo a la ciencia y tecnología.
En las siguientes líneas solo nos abocaremos a comentar que la desaparición de la Sesna puede interpretarse como un retroceso en materia de combate a la corrupción.
EL PEOR CÁNCER DE MÉXICO
Una de las principales banderas que llevaron a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador fue que acabaría con el “peor cáncer de México”, la corrupción. Sin embargo, se ha ignorado y se ha hecho a un lado al Sistema Nacional Anticorrupción.
Se metió al Ejército en todas las adquisiciones y obras del gobierno para actuar con opacidad con el pretexto de la “seguridad nacional”.
Con la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción, en 2015 se publicó también, un año después, la Ley General del SNA, con el que se creó la SESNA (Secretaría Ejecutiva) como un organismo descentralizado no sectorizado que tiene por objeto “fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema, al dar seguimiento a la implementación de las políticas públicas que se establezcan”.
La Secretaría Ejecutiva tenía como función ser el eje operatvo de todo el SNA. De acuerdo con el borrador de la iniciativa de AMLO, sus funciones pasarán al “Comité Coordinador por parte de la Comisión Ejecutiva y de la Secretaría Técnica, para que cuente con las herramientas y mecanismos para el diseño y promoción de política integrales en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como los mecanismos de coordinación con los sistemas locales anticorrupción. Por ello, se propone derogar todo el capítulo IV de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual plantea la organización y funcionamiento de la SESNA, entre ellos sus recursos y atribuciones, y su estructura.
Podría tener sentido no darle a la SESNA el carácter de organismo descentralizado no sectorizado, sin embargo, a cuatro años de la gestión del gobierno de la 4T, todo el SNA ha sido un “cero a la izquierda”. No se ha visto una sola señal por parte del Presidente López Obrador de querer echar a andar y probar la eficacia de la única herramienta legal con que cuenta el Estado Mexicano para combatir la corrupción.
Hasta ahora ninguno de los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha explicado por qué se quedó varado el SNA y no sabemos si la eliminación de la SESNA la propuso el titular de la SFP, Mtro. Roberto Salcedo Aquino… y si es así se debería expresar que el propósito es, en todo caso, mejorar y depurar el SNA.
Lo primero sería dar a conocer que se realiza un diagnóstico y revisión del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La reforma de 2015 dio paso a la creación del SNA que representa un amplio propósito para contar con un entramado jurídico fuerte, sin embargo, se ha quedado pendiente su implementación y consolidación.
La prioridad debiera ser fortalecer y consolidar el SNA al tiempo que se vayan haciendo los ajustes que requiera. En el Artículo 113 Constitucional, se estableció que el SNA es una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales, encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y delitos de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos.
Se modificaron y crearon siete leyes federales aplicables al SNA. Es un esquema ambicioso y complejo. Es la propuesta mas completa que tenemos los mexicanos desde hace décadas y si bien es perfectible, debe echarse a andar en serio para probar su eficacia.
Algunos aspectos novedosos que se deben consolidar con el SNA son: Incorporar a los militares en ese esquema de rendición de cuentas y detección de actos de corrupción; fortalecer las facultades de revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -atracción para investigar finanzas estatales y municipales-.
Se trata de dar un paso en la ruta correcta que requiere ahora de una política nacional que detone los incentivos para que el sistema funcione y se incrementen los recursos humanos y administrativos que estimulen la eficacia de las instituciones encargadas de prevenir y combatir la corrupción.
Nuevas leyes sin más recursos y mejor tecnología son letra muerta. Se deben consolidar medidas operativas fundamentales. Algunas que considero necesarias son las siguientes:
Primero, fortalecer la aplicación del Sistema Anticorrupción en todo el país. Focalizar y priorizar la tecnología a través de la plataforma Nacional Digital, que cuente con una Base de Datos confiable completa y eficiente que permita avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos, incluido el financiamiento a partidos políticos y sus proveedores; modernizar las contralorías municipales y estatales -responsables de sancionar faltas administrativas- y que comúnmente ni tienen los recursos ni los conocimientos ni el interés en hacerlo.
Segundo, fortalecer la nueva Fiscalía Anticorrupción, actualmente perteneciente a la FGR. Esta Fiscalía es la responsable de investigar y sancionar los delitos penales relacionados con hechos de corrupción. Se esperaba fuera autónoma e independiente. Lo primero sería quitarla de la línea de mando de la FGR para alinearla en el Poder Judicial y el Comité Coordinador del SNA, en forma colegiada.
Nombrar su titular de forma pública, transparente y con la participación preponderante del Poder Judicial en convocatoria abierta a la sociedad, para que en vez de tener un fiscal “a modo” y gris se tenga un verdadero ombusdman al tiempo de dotarlo de mayor autonomía y facultades, así como de recursos humanos capacitados, apoyo y atención especial, ya que su misión será el eje de todo el Sistema.
Tercero, reestructurar los Órganos Internos de Control para que dejen de ser elefantes blancos y costosos.
Que dejen de depender de la SFP y vuelvan a depender de los titulares y directores de dependencias y entidades de la administración pública, como originalmente lo fueron, antes de que Arsenio Farell, con un criterio autoritario, centralizador y de control político, decidiera que deberían depender de la entonces Secogef, y de él como su titular.
Fortalecer las áreas de auditoría y de responsabilidades administrativas, pero a partir de hallazgos soportados, expedientes completos y elementos probatorios que permitan sancionar con más eficacia y justicia.
Quizás menos casos, pero más sólidamente armados y plenamente justificados.
Cuarto, apoyar y fortalecer la reestructuración de los programas sociales. Revisar las reglas de operación y, en general, el funcionamiento y desempeño de los programas públicos –muchos de los cuales contienen amplios márgenes para la discrecionalidad y corrupción.
En este renglón debería tener mucho peso la evaluación y opinión del Coneval, con todos los instrumentos técnicos y de medición que tuvo en los últimos años.
Quinto, ampliar atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación para que los resultados de sus revisiones sean un insumo para actuar. Que se dejen de publicitar cifras de miles de millones de pesos de recursos públicos presuntamente faltantes, pero que nunca se investigan a fondo y solo quedan en escandalosas declaraciones que el público en general no comprende y confunde. Mejor precisar los casos jurídicamente sustentados, contra funcionarios públicos corruptos, para garantizar que se castigue a los infractores.
A estas alturas, del sexenio ya no debemos esperar que el gobierno de la 4T se apoye en el SNA para combatir la corrupción, pero sí debemos vigilar que ese andamiaje jurídico no se destruya y que el próximo gobierno lo pruebe y mejore en serio.
Por lo pronto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso, no pudo o no se enteró, cómo atacar en serio lo que él llama “el peor cáncer de México”, la corrupción.
Fue su principal promesa de campaña. Es indispensable fortalecer y consolidar el sistema “Anticorrupción”, existente, para impulsar la plena autonomía, independencia y absoluto apego a la legalidad de las instituciones que lo conforman.
*** Maestro, abogado y CP.
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La real y auténtica participación empresarial, en el desarrollo económico de México es crucial * Dejemos atrás la incertidumbre jurídica y política: Unidos por un mejor futuro económico para el país… y más la Presidenta Claudia Sheinbaum
MARCO ANTONIO FLORES***
La real y auténtica participación empresarial, en el desarrollo económico de México es crucial, sobre todo en el marco del T-MEC y la necesidad de incrementar las tasas de crecimiento económico, sin ello no habrá bienestar compartido, ni transformación.
La creación de un Consejo Empresarial en el sexenio de AMLO no dio los resultados esperados. Al final el promedio anual de crecimiento económico fue de 0.7%, el más bajo en 40 años.
Hoy la expectativa con la creación de otro Consejo Empresarial abre nuevos y promisorios horizontes en el futuro económico del país.
La premisa del proyecto de la Cuarta Transformación ha sido, desde el sexenio pasado, la separación entre el poder político y el poder económico, pero la necesidad de trabajar estrechamente vinculados, también ha sido evidente desde que inició el gobierno de AMLO, cuando creó su Consejo Asesor Empresarial, coordinado por el regiomontano Alfonso Romo y que estaba integrado por los más prominentes representantes del poder económico en México: Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González y Miguel Alemán Magnani, entre otros. 1
En aquella ocasión López Obrador reconoció que la inversión pública es insuficiente para un crecimiento óptimo del país, por lo que se necesita de la participación del sector privado y de la inversión extranjera, a fin de que la economía mexicana crezca al menos a 4% para que haya empleos suficientes, bienestar y tranquilidad.
Ahora que inicia el “segundo piso” de la Transformación, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de otro consejo empresarial y esperaríamos que sea factor que incida en una nueva era de crecimiento económico a tasas más elevadas.
Desde su arranque, se aprecian diferencias con el del sexenio anterior, en cuanto a sus premisas, acciones e integrantes, y quien se encargará de coordinarlo ha presentado un esquema con objetivos y metodologías bien definidos.
Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del nuevo Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, dio a conocer que el Consejo trabajará con base en tres premisas. La primera es “regresar la política industrial al país”, apoyando a sectores clave como el automotriz, aeroespacial, agroindustria y la industria química.
La segunda premisa es “la importancia de la planeación”, para que tanto la economía, como el mercado y las empresas contribuyan a resolver los problemas sociales, ambientales, a nivel local y global, con base en los recursos naturales del país, sobre temas sociales y teniendo en cuenta vocaciones regionales.
La tercera es impulsar la relocalización de empresas o el nearshoringcomo, “una gran oportunidad en México para romper con el ciclo de bajo crecimiento.
Gómez Sierra tiene sólida preparación académica, experiencia y capacidad. Es abogada por la Escuela Libre de Derecho de México y tiene estudios en la Oxford Royale Academy y en la Harvard Business School. Su padre y abuelo fueron fundadores del grupo Grupo Minsa.
A pesar de su juventud, 32 años, tiene gran experiencia.
Ha sido secretaria del Consejo de Administración y directora general adjunta de Almer, presidenta del Grupo Industrial y Financiero PEO, propietario de Dina, AP Solutions, Campo Fin y Siembra Capitales.
Altagracia Gómez informó que el Consejo tendrá dos “tareas fundamentales”, que serán aterrizar la estrategia nacional de relocalización y que se concreten inversiones privadas, para lo cual “hay 10 propuestas” de acciones de política industrial, dentro de las que destaca que la “coordinación” será instancia de enlace entre la Administración Pública Federal y los sectores económicos del país para dar seguimiento a la cartera de inversiones privadas, así como: Plantear proyectos, esquemas de inversión mixta e infraestructura para fortalecer los corredores industriales y polos de bienestar; desarrollar proveeduría local/regional con MiPymes fortaleciendo capacitación, crédito y canales de comercialización directa; duplicar programas de educación dual, certificaciones y carreras técnicas; simplificación de permisos y trámites y digitalización, y potenciar programas de banca de desarrollo para Mipymes, proveedoras y exportadoras.
Estas tareas son muy precisas y apuntan a objetivos importantes y trascendentales para la plena participación empresarial en el desarrollo económico nacional.
INTEGRANTES
Del mismo modo, otra característica relevante son sus integrantes, ya que estará conformado por siete mujeres y siete hombres.
Mujeres con gran prestigio, logros e iniciativa dentro de sus especialidades empresariales: Gina Díez Barroso Azcárraga, presidenta y directora general de Diarq Holding; Myriam Guadalupe de la Vega, presidenta y directora de Almacenes Distribuidores de la Frontera, S. A. de C. V.; Blanca Treviño de Vega, presidenta y directora ejecutiva de Softtek; María Elena Gallego, presidenta y directora general de Grupo Collectron International Management Inc.; Concepción Miranda, empresaria originaria de Aguascalientes y directora general de Miraplastek; Tamara Caballero, primera mujer en la historia de la institución en ser CEO de Multiva y es la única mujer directora general de un banco en México; Ana María Macías, empresaria e ingeniera experta en análisis de riesgos con más de 25 años de experiencia en el sector de hidrocarburos y dirige MAJA Consulting Group, S. A. de C. V.
Por su parte los empresarios son: Rodrigo Herrera Aspa: Antonio del Valle Perochena, José Chapur Zahoul, Eduardo Tricio Haro, Raúl Gutiérrez Muguerza, Juan Domingo Beckmann y Armando Garza Sada.
Por parte del sector público, participarán los titulares de las secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Salud, así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
De igual forma, habrá representantes del Consejo Coordinador Empresarial, American Chamber México, Consejo de Empresas Globales y la Asociación de Bancos de México.
Además, como miembros especiales estarán las secretarías de Comunicaciones y Transportes, del Trabajo, Turismo, Agricultura Marina, Defensa Nacional, Seguridad y Protección Ciudadana, Educación Pública y la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Los representantes de las instituciones académicas serán la UNAM, el IPN, la Universidad de Guadalajara, el Tecnológico de Monterrey y el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos.
Dejemos atrás la incertidumbre jurídica y política. Todos para México y México para todos. Los empresarios están comprometidos con un mejor futuro económico para el país, de igual manera lo está la Presidenta Claudia Sheinbaum. ¡Enhorabuena por México!
***Académico y consultor
EU y Canadá ‘se ponen sus moños’ en tiempos electorales * Para la revisión del T-MEC, la Primera Mandataria cuenta con un equipo de excelencia, conformado por Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, y Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores
MARCO ANTONIO FLORES***
En los últimos días se ha cuestionado si México debe ser excluido del T-MEC (Tratado de libre comercio México-Estados Unidos-Canadá) no solo por parte de Estados Unidos que lo había hecho desde 2016, sino que ahora también por parte de Canadá.
Sin embargo, todas las amenazas hacia México las han hecho los líderes de ambos países en tiempos electorales.
Siendo candidato presidencial Donald Trump, por vez primera en 2016, lanzó las primeras advertencias cuando dijo que el T-MEC era el peor acuerdo comercial que había tenido Estados Unidos en su historia.
En 2018, año en que se ratificó el tratado, ya como presidente, el propio Trump, categórico, afirmó que el T-MEC era el mejor y más grande acuerdo comercial del mundo. Por cierto, en ese mismo año, Donald planteó excluir a Canadá del tratado e incluso tuvo alejamiento del primer ministro Justin Trudeau, pero gracias a la intervención de México se logró conciliar las divergencias de ambas potencias y los tres países lograron firmar un acuerdo que a todos satisfizo.
Apenas el pasado 4 de noviembre de 2024, en el marco de la elección presidencial, Trump amenazó a México con imponer aranceles del 25 al 60% si no frena los flujos migratorios hacia su país.
En días recientes Canadá amenazó a México con excluirlo del T-MEC, en voz de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá; Doug Ford, gobernador de Ontario, y la gobernadora de Alberta, Danielle Smith. El argumento: que México está permitiendo la entrada de plantas de fabricación de autos chinos, pero atrás de ese alegato, subyace el estatus electoral en ese país. Estos dos gobernadores pertenecen al partido conservador (nacionalista y populista), en tanto que el líder máximo del partido liberal, Trudeau, en respuesta a posiciones de sus opositores gobernadores, quiso equilibrar las preferencias electorales al sugerir que México podría ser excluido del T-MEC.
Si bien el primer ministro ha sido el principal defensor de México en el tratado, su baja popularidad en las encuestas, que le colocan más de 20 puntos por detrás del opositor Partido Conservador, con miras a las elecciones de octubre de 2025, ha provocado que Trudeau y los liberales estén adoptando posiciones más nacionalistas y populistas.
Por ello, al señalar la posibilidad de excluir a México del T-MEC, Trudeau dijo: “Lo ideal sería que lo hagamos como un mercado norteamericano unido, pero en función de las decisiones que tome México, tal vez tengamos que buscar otras opciones”.
El primer ministro agregó que su administración “deja todas las puertas abiertas” para defender los intereses de Canadá y se sumó, de forma sorpresiva, a quienes exigen que las autoridades mexicanas endurezcan su posición respecto a Pekín.
Pero Justin Trudeau fue más allá al afirmar: “Estamos dejando la puerta abierta porque mi labor es, y siempre será, defender a los trabajadores canadienses, la economía canadiense y los intereses canadienses”.
En este escenario político canadiense, también se explica por qué en febrero de este año Canadá volvió a exigir la visa a los mexicanos que van a ese país, una medida que impuso en 2009 el gobierno del primer ministro conservador Stephen Harper y que Trudeau anuló tan pronto como llegó al poder a finales de 2015.
Todos estos ingredientes serán las variables que determinarán lo que pase en las próximas elecciones generales canadienses, previstas para octubre de 2025, pero que se podrían adelantar en cualquier momento porque el gobierno de Trudeau está en minoría en la Cámara Baja del Parlamento.
La agencia de noticias EFE publicó que fuentes diplomáticas en Ottawa indicaron que en estos momentos los políticos canadienses están interesados en lanzar un provocador mensaje que convierte a México en el problema del comercio norteamericano ante el inminente regreso de Donald a la Casa Blanca.
Dichas fuentes han señalado que la estrategia canadiense sería parte de una táctica negociadora de cara a la revisión en 2026 del tratado comercial.
El populista Pierre Poilievre, líder de los conservadores y que tiene muchas posibilidades de ser el próximo gobernante canadiense, declaró que “luchará el fuego con fuego” si Trump impone aranceles a Canadá, algo que puede hacer mucho ruido en la revisión del T-MEC.
EL TRATADO ES MUY BUENO PARA LOS TRES PAÍSES: SHEINBAUM
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sabe perfectamente que las declaraciones de Justin Trudeau tienen motivaciones electorales.
Recordó que en la reunión del G-20, el primer ministro le reiteró que no está de acuerdo en sacar a México del tratado.
“Me lo comentó muy claramente y acordamos seguir dialogando” y aclaró la Primera Mandataria: “Ellos tienen también sus propias elecciones pronto, entonces también usan estos temas como parte de la campaña”.
Sheinbaum Pardo, en respuesta a lo señalado por Justin, asegura: “El tratado es muy bueno para los tres países, es muy bueno para Canadá, es muy bueno para Estados Unidos, es muy bueno para México”.
Reiteró que la intención del gobierno mexicano es que el T-MEC se mantenga como un acuerdo regional y se lanzó contra las voces que aseguran que la economía mexicana está sirviendo como “puerta trasera” para inundar Norteamérica con mercancías de China.
“La idea de que a través de México están entrando productos chinos para llevarlos a Estados Unidos no es correcta”, afirma de manera categórica Sheinbaum.
También dijo que el gobierno mexicano ha adoptado la estrategia de elaborar documentos de trabajo para demostrar con datos duros los beneficios para Norteamérica.
Es de resaltar que México es el tercer socio de Canadá, sólo después de Estados Unidos y China, en comercio de mercancías, según cifras oficiales.
La Primera Mandataria ha mandado otras señales para dar certidumbre a los socios norteamericanos, incluso desde hace meses.
“Nosotros tenemos también nuestro propio programa de fortalecimiento de la economía nacional, de disminución de importaciones, por ejemplo, que vienen de Asia”, añade.
La respuesta de la Presidenta Sheinbaum fue inmediata y oportuna para evitar dudas sobre el tratado “trilateral”. La prioridad sigue siendo que en 2026 se dé una revisión y no una renegociación del T-MEC.
Ahora, las miradas están puestas a lo que pase en los próximos meses, con el regreso de Donald a la presidencia estadounidense y en las elecciones para definir la continuidad de Trudeau, que ha gobernado Canadá desde 2015.
Para la revisión del T-MEC, la Primera Mandataria cuenta con un equipo de excelencia, conformado por Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, y Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, quienes cuentan con la preparación, experiencia y capacidad para lograr las mejores condiciones de México en la revisión del mayor acuerdo comercial más grande del mundo, que deberá finalizar en julio de 2026.
Con esta brillante dupla de trabajo, México cumplirá con todas las cláusulas y condiciones que establece el tratado, al tiempo que deberá garantizar un creciente Estado de Derecho que respete nuestro régimen democrático constitucional, el federalismo republicano y la división de Poderes, así como el mantenimiento de entidades autónomas de transparencia y competencia que requiere el T-MEC.
La Presidenta Claudia sabe que el futuro económico de México está cifrado en continuar dentro del T-MEC, para retomar la ruta del crecimiento económico que permita el bienestar compartido para las futuras generaciones de mexicanos.
México seguirá generando riqueza para que millones de mexicanos se beneficien de mejores condiciones de vida, a través de mejores políticas públicas en salud, seguridad, educación, en un ambiente de paz, de sustentabilidad, en el México justo y democrático que todos anhelamos.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
García Harfuch, la gran esperanza
Publicado
Hace 3 semanasen
noviembre 18, 2024Por
RedacciónA construir la paz, principal encomienda de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo * Es alentador que la Estrategia Nacional de Seguridad inicia con el pie derecho al lograr resultados concretos e importantes
MARCO ANTONIO FLORES***
Enorme reto y gran esperanza de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), logre la construcción de la paz en México.
Encuestas y estadísticas más serias demuestran que la seguridad y la paz es el tema que más preocupa a 130 millones de mexicanos.
Es alentador que la Estrategia Nacional de Seguridad (ENS) inicia con el pie derecho al lograr resultados concretos e importantes.
A treinta y nueve días del inicio de este gobierno, García Harfuch informa que, al hacer un balance estadístico de los últimos años, hay una tendencia de disminución de los delitos de alto impacto.
La tendencia ocurre pese a que el homicidio doloso alcanzó la cifra de 200 mil recientemente. La herencia en esta materia, de al menos cuatro sexenios, es un gigantesco deterioro nacional que ha crecido con el avance y multiplicación de grupos y cárteles delictivos en al menos la tercera parte del territorio nacional, según los altos mandos del Ejército norteamericano.
Por ello, en el informe del titular de la SSPC es significativo observar los resultados -en menos de 2 meses- del cambio de estrategia: 42 toneladas de droga confiscada; 400 mil pastillas de fentanilo; 3 mil detenidos y mil 300 armas confiscadas.
Entre estas acciones destaca el decomiso de 3 toneladas de cocaína y la detención de 9 personas a bordo de un navío que la transportaba en las costas de Guerrero, el pasado 3 de noviembre.
Tan solo este decomiso tiene un valor de 105 millones de dólares, si consideramos que en Nueva York el kg de cocaína alcanza los 35 mil dólares. Este nivel de logros hacía años que no se tenían en México.
A LA BAJA LA INCIDENCIA DELICTIVA DE ALTO IMPACTO
La maestra Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la Mañanera del Pueblo, en el informe de Seguridad, destacó lo siguiente: “En materia de tendencias en la incidencia delictiva de alto impacto, es decir, de los delitos de homicidio doloso, feminicidio, lesiones dolosas por arma de fuego, secuestro, extorsión y robos con violencia en sus diferentes modalidades, como son robo a transeúnte, de vehículo, a transportista y casa-habitación, se identifica que se tiene una disminución en el promedio diario entre 2019 y 2024 de 37.2”. También informó: “En lo que respecta al estatus de las entidades del país, respecto a los homicidios dolosos, el 50% de estos se sigue concentrando en 7 estados: Guanajuato, que concentra el 10.3% nacional; Baja California, 8%; Estado de México, 7.6%; Chihuahua, 6.7%; Jalisco, 6%; Guerrero, 5.9%, y Nuevo León, 5.4 por ciento.
Para lograr consolidar la ENS, en días pasados el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana acudió a un encuentro con representantes de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados con el fin de presentar las reformas constitucionales que permitirán sentar las bases normativas para el cumplimiento de la ENS.
Explicó las reformas que forman parte de este proyecto que busca fortalecer las capacidades de investigación para reducir los índices de violencia y combatir la impunidad. Destacó que con estas modificaciones se mejorará la eficiencia de las investigaciones y las detenciones, así como la judicialización efectiva y la obtención de sentencias condenatorias privilegiando el uso de la inteligencia sobre la fuerza.
Es por ello que se planteó una modificación al Artículo 21 de la Constitución Política, que permitirá realizar funciones de investigación de delitos con las demás instituciones de seguridad, siempre bajo la conducción y mando del agente del Ministerio Público, además de reforzar que la SSPC coordinará y dirigirá la ENS, así como el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública.
Asimismo, se propone la reforma a 14 de las 27 fracciones del Artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de establecer de manera amplia y clara las funciones y alcances en materia de investigación y persecución de los delitos con base en la inteligencia, información estratégica, análisis, colaboración, operaciones especiales y el aprovechamiento de la tecnología, además de que la SSPC realice funciones de coordinación con policías estatales cuando así se requiera.
Adicionalmente se plantea la creación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, con la cual se establecerá un marco jurídico que posibilite la obtención y uso de información para el combate de la delincuencia, sobre todo de la investigación y persecución de los delitos de alto impacto.
Con estas reformas, se busca fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad del Gobierno de México para dar cumplimiento a los cuatro ejes de la ENS.
EFICAZ EN LA CDMX
Para nadie es desconocido que, en el gobierno de AMLO, con excepción de la CDMX, en todo el país los resultados fueron desastrosos.
Las acciones que puso en marcha García Harfuch probaron su eficacia y ahora las replicará y extenderá en el plano nacional y federal.
En la CDMX, explicaba lo siguiente: “Cambiamos la forma de operar de la policía, ya que siempre había sido preventiva y solo era posible capturar delincuentes en ‘flagrancia’. Lo que se hizo fue enviar una iniciativa al Congreso para que la SSPC tuviera la facultad de investigar y con ello se logró dar seguimiento, desde que ocurre el delito hasta la detención”.
Es muy alentador que el gobierno de Claudia Sheinbaum está llevando a cabo una nueva, inteligente y creativa política en seguridad, con las reformas legales necesarias para incluir en sus investigaciones y capturas, una estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, Ejército y Armada, así como con los gobiernos estatales.
Para evitar la “puerta giratoria”, Omar García Harfuch ha subrayado la importancia del Ministerio Público, cuya función es fundamental y consiste en el “esclarecimiento de los hechos” a través de una sólida investigación que dé sustento a la acusación.
De su desempeño depende que existan datos y razones con pruebas válidas y transparentes, que en el juicio darán soporte al juez.
También una investigación sólida dará soporte a una explicación clara y persuasiva, no sólo para la víctima, también para el imputado (presuntos delincuentes) y la sociedad.
La consigna de “Abrazos y no balazos” fue un rotundo fracaso que propició que el Ejército, Marina y Guardia Nacional debieran soportar humillaciones de delincuentes, con tal de abrazarlos y no atacarlos, ni aún en el caso justificado del uso legítimo de la violencia, como potestad exclusiva del Estado.
Se abre la esperanza y la certeza de que en México vendrán mejores tiempos de seguridad y paz, combate eficaz a la impunidad, una mejor impartición de justicia penal y el fortalecimiento del ansiado Estado de Derecho.
Sin seguridad no hay transformación, ni mayores inversiones para el crecimiento económico. Sin seguridad se cancela el futuro y la viabilidad de México como nación.
NADIE MEJOR QUE GARCÍA HARFUCH
Para bajar los índices delictivos que azotan al país, nadie mejor que Omar García Harfuch. Ya lo demostró en su paso como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, en donde cumplió con la encomienda que le asignó la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.
Durante su gestión de cuatro años como responsable de la SSC capitalina, García Harfuch fue destacado por Sheinbaum por los logros en materia de seguridad y por bajar los índices en delitos de alto impacto.
Omar García, por su preparación académica y profesional, es el personaje ideal para combatir la delincuencia organizada a todo lo largo y ancho del territorio nacional, un legado que le dejaron los gobiernos anteriores.
García Harfuch tiene la alta estima, confianza plena y la esperanza de millones de mexicanos para combatir de formar eficaz la ola de violencia que azota al país, la principal encomienda que tiene asignado por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Que así sea, los ciudadanos se los agradecerán.
***Académico y consultor.
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