A raíz de comentarios sobre adultos mayores * Crece la polémica con el paso de las horas, ya Morena se desmarca del hecho discriminatorio y ya analizan negarles la reelección como diputadas

ERIC GARCÍA

Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, legisladoras de Morena, protagonizan una nueva polémica luego de viralizarse un fragmento del podcast DesCasadas, donde realizaron comentarios sobre personas de la tercera edad que desataron una ola de reacciones en redes sociales.

Durante una conversación en el podcast, las legisladoras abordaban experiencias relacionadas con las relaciones de pareja y los hombres mayores.

En ese contexto, realizaron expresiones sobre las personas adultas mayores que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron críticas por considerarse discriminatorias.

Las imágenes muestran a ambas diputadas conversando en un ambiente informal mientras intercambian comentarios que fueron ampliamente difundidos en plataformas digitales.

LEGISLADORAS SE DEFIENDEN

Nayeli Salvatori asegura que el video fue sacado de contexto.

Tras la polémica, Salvatori publicó un video en redes sociales donde explicó que el episodio fue grabado hace aproximadamente un año durante una charla entre amigas dentro de un programa de entretenimiento.

Afirma que el contenido difundido corresponde únicamente a fragmentos editados para redes sociales y sostuvo que el tema central era hablar sobre las diferencias de edad en las relaciones sentimentales y no descalificar a las personas adultas mayores.

Asimismo, ofrece disculpas a quienes pudieron sentirse ofendidos y asegura que nunca fue su intención menospreciar a ese sector de la población.

Graciela Palomares también ofrece una disculpa pública y difundió un comunicado hacia las personas que se sintieron agraviadas por sus declaraciones.

La diputada señala que sus palabras fueron interpretadas de manera distinta al contexto en el que fueron emitidas y afirmó que mantiene un compromiso con la defensa de los derechos de las personas adultas mayores.

Además, considera que la oposición aprovecha la controversia para politizar el tema y afectar su imagen pública.

Pese a las disculpas, el caso continúa generando debate en plataformas digitales, donde usuarios mantienen opiniones divididas entre quienes consideran suficientes las aclaraciones y quienes cuestionan el lenguaje utilizado por representantes populares al referirse a grupos en situación de vulnerabilidad.

Crece la polémica con el paso de las horas, ya Morena se desmarca del hecho discriminatorio y ya analizan negarles la reelección como diputadas.

Desmedida ambición por el dinero público * Las prerrogativas del PRD de 2025 deben regresarse al erario público * Hay un proceso de impugnación pendiente de concluir

ARMANDO GARCÍA

En un acto de desmedida ambición por las prerrogativas del PRD-Ciudad de México, Mario Tripp Reyna -allegado al diputado federal de Morena, Víctor Hugo Lobo Román- presionó a integrantes del Consejo Electoral de la Ciudad de México (IECM) para que le entregaran los recursos del partido.

Mario Tripp Reyna, asesor de Lobo Román en la Cámara de Diputados, demanda a las consejeras del IECM entregarles las prerrogativas de los años 2025 y 2026, a pesar de que las del año anterior deberán ser reintegradas a la Secretaría de Administración y Finanzas.

Un mandato del Congreso de la Ciudad de México, aprobado por el pleno de Donceles y Allende, solicitó al Instituto Electoral reintegrar los recursos correspondientes a las prerrogativas 2025, toda vez que no se ejercieron, debido a que aún persisten impugnaciones al interior del instituto político.

Durante la sesión del pasado viernes 31 de julio de 2026, vía virtual Tripp Reyna, exigió a los integrantes del IECM los recursos, sin tener facultades, ni elementos para hacerlo, motivo por el cual las consejeras Erika Estrada Ruiz y Sonia Pérez Pérez aclararon que eso era imposible porque había impugnaciones pendientes de resolver.

Cualquier acción por parte de oportunistas, vividores del erario público y militantes del partido al que pertenece Víctor Hugo Lobo Román, carecen del aval de la verdadera militancia del PRD y de sus liderazgos que en las pasadas elecciones de 2021 y 2024 llevaron a cabo un intenso trabajo territorial para lograr el registro del PRD-Ciudad de México, lo cual no pueden decir ni comprobar quienes falsamente se hacen pasar como representantes del Sol Azteca capitalino.

“A toda hora y en todo momento, los desenmascararemos y exhibiremos como depredadores de las prerrogativas del PRD-Ciudad de México; su ambición la puso de manifiesto el pasado viernes Mario Tripp Reyna de manera pública”, expresan militantes.

Mario Tripp también está relacionado con algunas denuncias de despojo, como es el caso de la violenta irrupción y la toma por asalto de la sede del PRD-CDMX en Jalapa 88.

Su postura de exigir y presionar a los consejeros para que les entreguen las prerrogativas, sólo habla de la desmedida ambición por el dinero público, tanto de él como del grupo que dirige Víctor Hugo Lobo Román, y sus allegados.

Consejeros omisos del IECM podrían ser sancionados por uso indebido de recursos públicos * La retención de prerrogativas del PRD-CDMX de 2025 debe ser auditada y sancionada * Los consejeros no pueden permanecer como supuestos “guardianes eternos”

SERGIO ROMERO

La omisión de reintegrar a la hacienda pública los recursos del PRD-CDMX de 2025 podría generar responsabilidades y sanciones para los integrantes del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), advierte el Congreso de la Ciudad de México.

Mediante un punto de acuerdo presentado por la diputada del PRD, Nora Arias Contreras, y aprobado por mayoría de los integrantes del recinto de Donceles y Allende, quedó de manifiesto que existe una “posible afectación a la hacienda pública”.

“Cualquier retención o manejo fuera del marco presupuestal, debe ser plenamente transparentado, auditado y en su caso sancionado por la Auditoría Superior de la Ciudad de México”, expresa en tribuna Arias Contreras, quien enumera las principales responsabilidades administrativas previstas en la ley:

Uso indebido de recursos públicos, que se configura cuando funcionarios, “administran”, “retienen” o “disponen” de recursos públicos fuera de los fines, plazos y reglas establecidas en la ley.

“En este caso, mantener recursos fiscales de un ejercicio concluido sin reintegrarlos, podrá interpretarse como una administración irregular de recursos públicos”, añade.

Asimismo, el “desvío de recursos públicos” por la indebida retención que impida que dichos recursos regresen a la hacienda pública conforme al principio de anualidad presupuestal; y “omisión en el cumplimiento de obligaciones legales”, donde los servidores públicos tienen la obligación de observar los principios de legalidad y honradez”.

“La ciudadanía exige congruencia, exige instituciones responsables y exige transparencia en cada peso que sale del erario”, sostiene la legisladora del PRD, al sostener que el principio elemental de toda democracia es el respeto absoluto de la legalidad en el manejo de los recursos públicos.

Arias Contreras establece que los recursos públicos no pertenecen a alguna autoridad, instituto o grupo político; pertenecen -afirmó- a la ciudadanía y deben administrarse con responsabilidad, legalidad y transparencia.

“Y cuando ello no ocurre, dichos recursos no pueden permanecer retenidos indefinidamente, ni administrarse de manera discrecional, como lo hace el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y permanecer como los supuestos guardianes eternos”, enfatiza la diputada perredista.