Si llega a ser ministra de la Suprema Corte, asumirá el cargo con compromiso y humildad * Reúno juventud, preparación y experiencia. Tengo la capacidad académica con la licenciatura y posgrados, además de constantes cursos de actualización, que a mis 40 años de edad tengo más de 20 años en las filas del Poder Judicial, expresa Bonilla García, quien conoce a fondo las entrañas del Poder Judicial

MARCO ANTONIO FLORES***

Con el propósito de dar a conocer a la ciudadanía las razones y propuestas para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), habló la doctora Jazmín Bonilla García con Marco Antonio Flores, columnista de esta Casa Editorial.

La candidata estará en la boleta de las elecciones del próximo 1 de junio, con número de lista 04.

Está de más decir que tiene ya gran trayectoria en el Poder Judicial. Es licenciada y doctoranda en Derecho por la Universidad Panamericana, maestra en derechos humanos y democracia por la FLACSO México, con especialidades en argumentación jurídica y derechos humanos.

La charla fue amable y cordial entre Jazmín Bonilla y Marco Antonio Flores, en donde esclarecieron muchas dudas sobre la controvertida reforma judicial.

Sin más preámbulo, damos inicio a la breve plática.

—Teniendo en cuenta que tiene una sólida preparación académica y una larga carrera dentro del Poder Judicial, además de que la reforma judicial fue rechazada por la mayoría de los ministros y funcionarios de ese Poder Judicial, ¿por qué aceptó participar en estas inéditas elecciones del Poder Judicial?

“Desde muy joven, cuando era apenas una estudiante de Derecho, decidí que quería ser ministra y, con esta determinación, decidí también que sería una ministra de carrera judicial.

“Siempre he sido una persona que actúa en consecuencia para alcanzar sus metas por lo que -congruente con mi decisión- decidí ingresar al Poder Judicial de la Federación, precisamente para formarme como una verdadera jueza constitucional, no sólo con preparación académica sino con experiencia que me permitiera resolver juicios con la sensibilidad requerida ante los reclamos de justicia en nuestro país.

“Tomando en cuenta lo anterior, decidí participar porque quiero que la justicia de nuestro país sea independiente, imparcial y objetiva, porque reconozco los grandes logros y aciertos que ha tenido el Poder Judicial en materia de reconocimiento y respeto a los derechos y libertades, y no estoy dispuesta a negociar un solo paso atrás en su protección. Pero también reconozco las fallas que ha tenido el Poder Judicial, y no sólo quiero repararlas, sino que sé cómo hacerlo porque, desde dentro, he tenido oportunidad de detectarlas y erradicar muchas prácticas obsoletas para mejorar la impartición de justicia, propuestas que han tenido un impacto positivo, por ejemplo, en la Segunda Sala de la que he sido secretaria de Acuerdos”.

—Dado que hay 64 candidatos para un pleno de la Corte que estará conformado por sólo 9 miembros, ¿cómo explicar que usted es la única candidata que fue propuesta por los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial?

“El actual diseño constitucional posibilita que las personas que aspiren a un cargo dentro del Poder Judicial de la Federación remitamos la documentación que cumpla los requisitos constitucionales a los Comités de Evaluación de los tres Poderes. Consciente de que tengo un perfil no sólo apto e idóneo, sino también con experiencia y vocación, decidí remitir mi documentación a los 3 Comités de Evaluación.

“En el caso del comité del Poder Judicial, fui de las 9 candidatas que pasó el primer filtro formal de remisión de documentos y que el Senado remitió directamente a boleta electoral. En el caso de los comités de Ejecutivo y Legislativo, consideraron que acredité satisfactoriamente la entrega de mis documentos y, luego de las entrevistas respectivas, consideraron que mi perfil resultó idóneo”.

—¿Cree usted que la impartición de justicia será mejor y se combatirá la corrupción en el Poder Judicial con esta reforma? ¿Cuál es su visión personal para mejorarla?

“Considero que no basta cambiar el método de selección de las personas juzgadoras ni mucho menos a las personas que ostentan los cargos para que, de hecho, a partir del 1 de septiembre la justicia sea más rápida, eficaz, sencilla y accesible.

“Para que esto se logre se requiere, en primer lugar, que las personas que lleguemos al cargo tengamos una vasta cultura y preparación jurídica, particularmente en materia de derechos humanos, pero no sólo eso, sino también vocación de servicio, experiencia profesional y sensibilidad para comprender que un expediente judicial no es un cúmulo de papel ni un número más, sino personas que están llevando ante la justicia federal su última esperanza de recibir, precisamente, justicia.

“Se requiere además que lleguemos personas con una profunda ética judicial; independientes, imparciales, objetivas y con un profundo reconocimiento de la prudencia como virtud cardinal, además del entendimiento de que un juez o una jueza constitucional no debe buscar la popularidad a través de sus resoluciones, sino el respeto de la Constitución Política y la garantía de los derechos humanos de la ciudadanía.

“Para mejorar la impartición de justicia desde la Suprema Corte se requieren acciones concretas, por ejemplo:

a).- Eliminar trámites obsoletos e imprácticos arraigados en la burocracia judicial y justificados con el viejo ‘así se ha hecho siempre’, pero que solamente retrasan el armado o integración de un expediente impidiendo que llegue a manos de una ministra o un ministro de manera rápida.

b).- Elaboración de sentencias breves, claras y concisas. Esto implica, como yo digo, hablar en español y no en abogado. Erradicar viejos vicios gramaticales y errores ortográficos, pero también una argumentación cotidiana y en lenguaje ciudadano. Debemos dejar de usar palabras como ‘impetrante’, ‘insoslayable’, ‘fojas’ y latinismos que solamente abonan en la ininteligibilidad de nuestras sentencias.

c).- El buen juez por su casa empieza. Debemos fomentar la inclusión activa al interior de la Corte, fomentar acciones afirmativas para que más mujeres ingresen y tengan oportunidad de ascender a lugares de toma de decisiones. Debemos realizar un diagnóstico efectivo para detectar las áreas donde existan prácticas de corrupción para erradicarlas. Lo mismo con las áreas donde existan prácticas de acoso laboral y sexual.

d).- Utilizar tecnologías de la información e Inteligencia Artificial con ética y responsabilidad para difundir nuestra labor, para tener un mejor contacto con la ciudadanía y para facilitar la redacción de nuestros textos judiciales y comunicados.

e).- Debemos tener más vinculación con personas expertas en otras materias y con asociaciones civiles que protejan, particularmente, a los grupos vulnerables. Un problema de la abogacía es pensar que somos expertas y expertos en todas las materias. En el caso de las personas juzgadoras, a nuestras manos llegan juicios que a veces tienen que ver con responsabilidades médicas, afectaciones contables o económicas, o que impactan en trámites que se llevan ante la administración pública e incluso en los propios juzgados y tribunales. Debemos entonces acercarnos a los especialistas en esas ciencias y prácticas para dotar de realidad a nuestras resoluciones. Pensemos un caso de negligencia médica, hablemos con un médico experto que nos explique las adecuadas prácticas médicas e incluso el padecimiento que pueda estar involucrado.

“Esto pasa también en los casos de la justicia en favor de personas con discapacidad, personas migrantes, comunidades indígenas. La mejor manera de saber si nuestras sentencias en verdad generan un impacto favorable en la protección de sus derechos, debemos preguntarles y entender que juzgar con perspectiva de derechos no es solamente la aplicación de un protocolo o un manual, sino entender la realidad de las personas.

f).- Elaboración de convenios de colaboración, por ejemplo, con la defensoría pública para fomentar la cultura de prevención del juicio aprovechando los recursos materiales y humanos de la Suprema Corte dando asesorías a las personas que les eviten, por ejemplo, la firma de un contrato altamente perjudicial o sin garantías. También convenios de colaboración con las fiscalías y ministerios públicos para capacitación en derechos humanos y con los Poderes Judiciales locales para conocer qué tipo de asuntos tienen detenidos y por qué motivo… y, en esa medida, desde la Corte, atraer algún juicio que ya se encuentre en instancias federales sobre esos temas para generar el criterio que necesitan los juzgados y tribunales para poder resolver todos esos asuntos detenidos”.

—¿Qué propone para hacer efectiva la consigna constitucional de que la justicia debe ser pronta y expedita? ¿Cómo abatir el rezago en trámites de expedientes y sentencias del Poder Judicial en general y de la SCJN en particular?

“Te sorprendería saber la cantidad de trámites innecesarios que se siguen dentro de un órgano jurisdiccional y particularmente en la Suprema Corte. Te diré que tan solo un amparo en revisión (que es el recurso que “le cae” a una sentencia de un juez para efectos de ser revisada) tarda un promedio de 45 días desde que llega a la Suprema Corte, a que llega a la sala correspondiente para continuar el trámite: 45 días entre su admisión y su radicación en la sala.

“Lo primero que tenemos que hacer es eliminar todos esos trámites injustificados que solamente tardan los expedientes y para ello debemos aprovechar más las tecnologías de la información.

“En segundo lugar, las ponencias deben estar integradas por personas expertas en cuestiones jurídicas y con un alto nivel de compromiso en la elaboración de los proyectos de sentencia.

“En el caso particular de la Corte, debemos ser conscientes de que la extinción de las salas va a impactar muchísimo en la cantidad de asuntos que puede resolver el Pleno.

“Imagina que de 4 mil 888 que ingresaron en 2024 a la Suprema Corte, solamente un aproximado de 245 pudieron ser resueltos por el Pleno en las sesiones de todo el año; será necesario implementar algunas acciones para eficientizar la resolución de varios asuntos como, por ejemplo, los recursos que se hicieron valer fuera de los plazos legales y los asuntos que no reúnen los requisitos de procedencia del recurso.

“Algunas medidas para este tipo de caso fueron adoptadas en la Segunda Sala desde el año 2019 en que tuve oportunidad de sugerirlas como secretaria de acuerdos, las cuales dieron cuenta de una notable disminución en la cantidad de asuntos pendientes de resolución, más si tomamos en cuenta que en 2020 nos enfrentamos a una pandemia sanitaria y la Segunda Sala no detuvo sus sesiones ni los expedientes para resolución”.

—¿Considera usted que una reforma integral de la administración e impartición de justicia penal debe incluir un rediseño de las fiscalías y del Ministerio Público?

“Sin duda los casos más sensibles y que más duelen y afectan a la ciudadanía son aquellos que tienen que ver con la materia penal, es decir, los asuntos que tienen por objeto decidir si una persona cometió o no un delito o si es justo o no que esté en prisión esperando una sentencia.

“Estos casos comienzan precisamente en las fiscalías, que son las encargadas de investigar y perseguir los delitos. No puede haber una reforma a la justicia si no tomamos en cuenta la procuración de justicia, es decir, la que está a cargo de las fiscalías y los ministerios públicos, e incluso a las policías.

“Es sumamente importante capacitar a las personas que integran esos órganos en materia de derechos humanos. He tenido en mis manos juicios que me hacen sentir la misma indignación que las personas cuando leo que un agente del Ministerio Público revictimizó a una niña que fue violada o que la alentó a no continuar con la denuncia porque su agresor es un adulto mayor o alguien con prestigio dentro de la comunidad.

“No podemos permitir que sigan existiendo detenciones arbitrarias, que las personas despertemos deseando ese día no estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada ni rodeados de las personas equivocadas.

“He visto juicios donde es una realidad que se siguen cometiendo violaciones a derechos humanos de las víctimas por parte de las autoridades ministeriales. Esta situación debe terminar”.

—¿Por qué votar por usted y no por otros, qué diferencia tiene usted de los demás aspirantes, porque, la verdad, la mayoría nada sabe del funcionamiento del Poder Judicial?

“Este 1 junio la ciudadanía elegirá a las personas que tenemos la importantísima labor de decidir cuándo una autoridad está afectando directamente los derechos humanos. En mi caso reúno juventud, preparación y experiencia. Tengo la capacidad académica no sólo con mi licenciatura y posgrados sino con constantes cursos de actualización, que a mis 40 años de edad tengo más de 20 años en las filas del Poder Judicial, al que ingresé como meritoria.

“Tengo también un conocimiento del interior de la Corte que otros perfiles no lo poseen; conozco en dónde están los principales obstáculos burocráticos e injustificados que dilatan los asuntos, pero no solo eso, sino que en las áreas en las que he estado, he tenido oportunidad de proponer acciones efectivas que han dado resultados tanto en la agilización de los asuntos como en la justicia cercana a la ciudadanía.

“Mi trayectoria habla de mis resultados, pero también de mi absoluta independencia y objetividad, pues nunca he estado afiliada a partido político alguno”.

—¿Piensa que las tres ministras del oficialismo (Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres) ya están amarradas como seguras reelectas?

“No puedo afirmarlo ni tengo elementos para sostenerlo. Estoy convencida de que, si alguien va a afirmar algo, debe probarlo lo que, de hecho, es un principio que rige en el derecho y con base en el cual se tienen que tomar decisiones en los juicios”.

—¿La argumentación jurídica, especialidad que usted tiene, debe ser parte de la capacitación obligatoria de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial?

“Sin duda alguna, pero me iré un poco más atrás. Comencemos por entender las técnicas de argumentación antes, no de la argumentación jurídica, porque ahí es donde muchas personas juzgadoras comienzan a pensar que para argumentar jurídicamente es necesario utilizar palabras que son de poco uso o lejanas a los diálogos entre la ciudadanía.

“Pensemos en la sentencia como un acto de habla o un acto de comunicación. En la escuela nos enseñaron que todo acto de comunicación tiene una persona hablante, una persona oyente y un mensaje. En el caso de los juicios el hablante es el juez o la jueza (que escribe la sentencia), el oyente es la ciudadanía que tiene el conflicto (no el abogado ni la abogada que les representan) y el mensaje es precisamente lo que decimos en nuestra sentencia por escrito.

“Si entendemos que las sentencias se dirigen a la persona cuyo derecho ha sido violentado y no la abogacía que eligieron como representación legal, entonces entenderemos que nuestras técnicas argumentativas deben ser distintas.

“En la antigua Roma, Cicerón era el mejor abogado y resulta que Cicerón no era jurista, era un orador, que entendía que los juicios son un discurso. Si entendemos que nuestras sentencias son un discurso, será más fácil transmitir nuestros mensajes”.

—¿Confía usted en la transparencia del proceso electoral del 1 de junio y que los votos serán contados correctamente?

“Encuentro muchas dificultades en el diseño de la elección desde que excluye a las personas ciegas, a las personas con diagnósticos de daltonismo y de dislexia, y también a las personas que no saben leer ni escribir. Esto me lleva a cuestionarme si en verdad podremos participar todas las personas, particularmente las que pertenecen a grupos históricamente discriminados, pues no podrán elegir a las personas juzgadoras encargadas de cuidar sus derechos.

“Es una elección atípica en la que, al no pertenecer a partidos políticos, las personas candidatas no tendremos representación en casillas. Por el tipo de elección y la cantidad de boletas electorales y su diseño, no habrá resultados inmediatos. Será absolutamente necesario que la autoridad electoral diseñe sistemas de transparencia, blindaje de las boletas ya votadas y las no utilizadas, y que permitan conocer en todo momento sobre su traslado y cuántas boletas sobraron”.

—¿Qué mensaje envía a los ciudadanos que piensan votar y a las personas que están decididas a no votar el próximo 1 de junio?

“Sé que muchas personas ya no creen y que están cansadas de que parezca que todo está decidido desde antes. Y hay mucha razón en los reclamos porque también sé que la justicia muchas veces ha llegado tarde o no ha llegado nunca.

“A las personas que irán a votar agradezco su participación y las ganas de hacer que su voz se escuche y se respeten sus derechos. A quienes no acudirán a votar también gracias porque incluso el silencio merece ser escuchado por el Estado.

“A todas las personas les afirmo que si llego a la Corte asumiré el cargo con compromiso y humildad: yo no vengo ni de un partido ni de un pacto, soy producto de mis estudios, mi trabajo y de las mejores lecciones de vida que me enseñaron mi madre y padre, a siempre dar lo mejor de mí, a perseguir mis sueños trabajando y a ser agradecida.

“Vengo de años en los tribunales, resolviendo sin reflectores y defendiendo sin privilegios, y estoy convencida de que la justicia debe transformarse, pero con hechos, no con discursos ni palabras.

“Les invito a conocerme, a cuestionarme y a hacerme las preguntas que estimen pertinentes. Me pueden encontrar en mis redes sociales: @jazminbonillamx y en el correo electrónico que puse a su disposición: [email protected].

“Este 1 de junio me encontrarán en la boleta morada con el número 04. Invito a la ciudadanía a votar este 1 de junio y gracias Marco por permitirme un espacio en tu medio de comunicación”.

—-Nada que agradecer Jazmín Bonilla García y suerte el domingo 1 de junio.

“Gracias y repito: Invito a la gente a que salga a votar”.

***Académico y consultor.