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PULPO POLÍTICO

La SCJN se desvanece

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El Poder Judicial de la Federación entró en una fase terminal * El voto popular para elegir jueces, magistrados y ministros no garantiza acabar con la corrupción, al contrario, en el caso de lograr elegir a los miembros del PJF sólo se desvirtúa su estatus de independencia y capacidad técnica

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

El “desvanecimiento” del Poder Judicial de la Federación (PJF) en México entró en la fase final y es muy semejante al de un enfermo terminal, o más precisamente la disminución del estado de conciencia o la pérdida de la lucidez, es un fenómeno común en los últimos días de vida.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde mediados de abril, dejó de turnar la mayoría de los asuntos a ministros. Miles de litigios fiscales, familiares o civiles quedarán congelados hasta que llegue la nueva integración.

¿Cuándo? ¿Cómo?, es incierto. Con la elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, estamos presenciando la agonía de nuestro régimen democrático constitucional y, poniendo en tela de juicio, el Estado de Derecho.

Un Poder Judicial, disminuido, vulnerado, agredido y asediado por un Ejecutivo suprapoderoso -desde 2018-, con un Poder Legislativo sometido.

La “Reforma del Poder Judicial” será el parteaguas de este sexenio 2024-2030. El voto popular para elegir jueces, magistrados y ministros no garantiza acabar con la corrupción, al contrario, en el caso de lograr elegir a los miembros del PJF sólo se desvirtúa su estatus de independencia y capacidad técnica.

 

VENGANZA POLÍTICA

La reforma judicial es un despropósito presidencial que raya entre la venganza política y el rencor a quienes en el Poder Judicial no se arrodillaron a sus designios.

Es un acto de supina ignorancia -quizá propuesta por la Consejera Jurídica de AMLO- que únicamente pretende ignorar el espíritu y principio fundamental de los creadores de la teoría de la división de Poderes, John Locke y Charles Louis de Secondat (Montesquieu), cuya esencia parte de la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios.

Este principio fundamental, que en un régimen democrático evita la concentración de poder y que se consolidó como uno de los pilares de nuestra Constitución desde 1857.

Pareciera que aquella sentencia de “¡Al diablo con sus instituciones!” la pretende concretar el segundo piso de la 4T; ya ocurrió con los organismos autónomos constitucionales.

La anhelada mayoría calificada, muy deseada y no lograda por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la obtuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con ese gran Poder Legislativo ha dado continuidad a todo lo que dejó pendiente su antecesor, incluidas 20 iniciativas de ley que presentó AMLO en febrero de 2024, la mayoría con carácter populista. La más regresiva, la reforma judicial.

Ahora se presume que por elegir a los miembros del Poder Legislativo y por ser el primer país que lo hace, seremos el país más democrático del mundo… ¡Pamplinas!

 

NI COMPARACIÓN CON EU

¿Dónde andan los grandes juristas de la 4T, qué tiene de racional esa afirmación? Se argumentó que Estados Unidos también elige a sus jueces (sólo estatales o locales). Sin embargo, hay que considerar que el “federalismo” americano, que por cierto copiamos, tiene una historia singular y es auténtica y real desde sus orígenes, hace más de 200 años.

Hablar del sistema judicial estadounidense es hablar de 51 sistemas judiciales (50 estatales y uno federal), es abordar un sistema federal judicial creado siguiendo la senda del propio federalismo del país -que es similar al moribundo mexicano en la designación de jueces, magistrados y ministros federales-.

Los requisitos, en todos los casos, para lograr ser candidatos a jueces son muy amplios y estrictos. Llegan los mejores en experiencia, profesionalismo y capacidad, no como acá, que una tómbola a la suerte lo decide (que eso es un decir, porque todo mundo sabe que está amañado).

Imagínese en México destruir un sistema judicial que lleva casi dos siglos para saltar al abismo a experimentar uno nuevo, que huele, más que nada, a un “afán controlador”.

Podría repetirse la historia reciente: La destrucción del Seguro Popular para sustituirlo por el inexistente y fracasado Insabi. O lo que ocurrió cuando se demolió el aeropuerto de Texcoco, una obra que cumplía con los requisitos exigidos a nivel mundial, entre ellos el obligatorio Plan Maestro.

Es del dominio público que las decisiones y caprichos personales del poder presidencial -AMLO- han representado enormes costos al erario público. Con la reforma judicial los costos serán más amplios para millones de mexicanos.

Se estiman 10 mil candidatos para ocupar mil 680 cargos en una elección enigmática e incierta, porque el 1 de junio se elegirá a la mitad. Todos los cargos se elegirán de listas compuestas por candidaturas enviadas por el Poder Ejecutivo, las dos Cámaras del Poder Legislativo y la SCJN -los de esta última sacados por tómbola en el Senado-.

 

ADIÓS A LA DEMOCRACIA

El Poder Judicial se convertirá en una herramienta política del oficialismo y de grupos de interés. La reforma judicial, como está planteada, lejos de lograr justicia pronta y expedita, significará un gran retroceso y retraso en la impartición de justicia.

Será enorme el costo de la curva de aprendizaje y se echará al cesto de la basura la experiencia de cientos de abogados con una carrera judicial de 15 o 20 años… un galimatías costoso e ineficiente.

Lamentablemente en México se desvanece el Poder Judicial, y con ello la división de Poderes.

El régimen democrático constitucional está moribundo. ¡Sálvese quien pueda!

 

***Académico y consultor.

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Gertz Manero, otra raya más al Tigre

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Una tras otra los escándalos de Adán Augusto López Hernández * El fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad, la mejor administración de justicia y el combate a la impunidad son una prioridad en la agenda del “segundo piso” de la Cuarta Transformación

 

MARKOFLOS

 

Los oprobiosos casos de grandes fortunas de origen dudoso han evidenciado que el gobierno de la transformación está más rayado que un tigre de bengala.

Los casos de Alejandro Gertz Manero y Adán Augusto López Hernández son una muestra ilustrativa de lo que está hecha la 4T.

Aunque la enorme fortuna del exfiscal General de la República, Gertz Manero, era conocida desde hace cinco años, recientemente, después del relevo del fiscal, ocurrido en diciembre de 2025, el periodista independiente Luis Chaparro vuelve a poner el dedo en la llaga al difundir -en su programa radiofónico- referencias de la fortuna “desconocida” del extitular de la Fiscalía General de la República (FGR) en España.

El caso toma relevancia porque, según revela el periodista colaborador de la revista Proceso, en su gestión como fiscal se acrecentó, a partir de una red de lavado de dinero y actividades que configuran el delito de enriquecimiento ilícito, integrada por 15 operadores, incluidos personajes de la política de primer nivel de la 4T.

Entre otras cosas se mencionan empresas “fantasma”, cuentas en Suiza, millones lavados en Estados Unidos, huachicol, extorsiones y lujos pagados con la impunidad de la FGR.

Una cuenta investigada dio por resultado que 20 millones de dólares, producto de una venta de información al crimen organizado, fueron a parar a las arcas personales de Gertz o de sus patrocinadores y aliados en el gobierno.

Hay que recordar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador puso “la Iglesia en manos de Lutero”. Desde 2022, el diario El País había publicado que la fortuna de Alejandro Gertz, revelada por investigaciones periodísticas, incluía extensos bienes raíces y vehículos de lujo, vinculados a su gestión en la UDLA, generando controversia sobre el origen de estos recursos.

La fortuna de Gertz ha sido objeto de controversias y reportajes, revelando un patrimonio considerable, incluyendo inmuebles de lujo en España valorados en millones de euros (unos 113 millones de pesos en 2022), así como propiedades de lujo en Nueva York y París, un amplio patrimonio automotriz de 250 vehículos de lujo vinculados a fondos de la Universidad de las Américas (UDLA), en donde él fue rector.

Por si lo anterior fuera poco, dos aviones para uso privado, adquiridos durante su rectorado en la UDLA.

Aunque Gertz ha defendido su riqueza como heredada, señalamientos de investigaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y demandas de familiares políticos persisten, según artículos de El País, Univision, Infobae y El Universal.

“El patrimonio del funcionario contempla un piso a su nombre en el barrio de Los Jerónimos, la zona más cara y céntrica de Madrid, y tres triplex (viviendas de tres pisos) en Ibiza, que Gertz Manero controla a través de una compañía inmobiliaria de la que es dueño”

El extitular de la FGR adquirió un departamento en Los Jerónimos por 22 millones de pesos, en el 2013, cuando era rector de la Universidad de las Américas.

La propiedad cuenta con ocho habitaciones y actualmente está valuada en 52 millones de pesos; también tiene otras tres viviendas de tres pisos en Ibiza, con un valor de 68 millones de pesos. Las primeras dos las compró en 2016 por 9 y 13 millones de pesos; la tercera le costó 11 millones de pesos y fue adquirida en 2019, cuando ya era fiscal General de la República.

Además, es dueño de la compañía inmobiliaria Feserinvest, S. L., constituida en 2018 con 22 millones de pesos, por medio de la cual hizo los trámites.

Alejandro Gertz Manero, a través de un portavoz, dijo a El País que todas las propiedades fueron declaradas en México y que no fueron adquiridas con dinero ilegal.

Estos bienes raíces se suman a la vivienda que el fiscal tiene en la Quinta Avenida de Nueva York, otra en Santa Mónica, California; la de París; y la lujosa propiedad donde vive, en Lomas de Chapultepec.

 

PÉSIMOS RESULTADOS EN LA FGR

Rotundo fracaso de la primera Fiscalía General de la República. En 2019, a partir de que fue designado como primer fiscal, Gertz Manero mostró una fiscalía opaca, ineficiente, subordinada a la persecución política y a asuntos familiares personales, en lugar de la investigación de los escándalos de corrupción, del crimen y la delincuencia organizada, así como delitos del orden federal.

Durante la gestión de Alejandro Gertz los resultados fueron catastróficos. Entre los escándalos en los que se vio envuelto Gertz, estuvieron la intervención de la FGR para traer de regreso al general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos por diversos delitos, ya en México no se supo más; la polémica por su actuación anómala opaca y demagógica en el caso del Rancho Izaguirre; desprecio y falta de voluntad política para coordinarse con las fiscalías estatales.

 

PERSECUCIONES POLÍTICAS

Los casos más relevantes operados por la FGR se caracterizaron por tratarse de burdas “venganzas políticas”, personales, institucionales o incluso presidenciales.

El más sonado, el de sus familiares, Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán, sobrina y cuñada del exfiscal, a quienes el “Abogado de la Nación” metió a la cárcel por delitos inexistentes y anteponiendo su interés personal y abuso de autoridad por encima de la ley.

Pero hay más casos de persecución política: Emilio Lozoya, Rosario Robles, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya, vulneraron el “debido proceso” y atentaron contra el principio de “presunción de inocencia” y admitieron la presentación de “pruebas ilícitas”.

Célebre y emblemático el caso de Emilio Lozoya Austin, operado en forma escandalosa y con clara “consigna política”. Desde el principio, con su pretendido estatus de “testigo colaborador”, estuvo lleno de privilegios, contradicciones e intereses políticos.

 

SU RELEVO POR UNA FGR EFICAZ

Su gran fortuna, colección de autos de superlujo y hasta su helicóptero personal pasan a segundo término ante su deficiente gestión.

El relevo en la FGR no sólo fue el primer cambio en el equipo de trabajo de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, podría ser la pauta para contar con una FGR eficaz, al mando ahora de la experimentada Ernestina Godoy Ramos. Sería la punta de lanza para una mejora radical a todo el sistema de administración de justicia y del sistema penal acusatorio.

Pese a los escándalos y pruebas públicas que pesan sobre algunos personajes de primer nivel de la 4T, la impunidad y el cinismo imperan. Por el contrario, se premia a los ineficientes y corruptos.

Volviendo al tema Gertz Manero, se alista su presentación como próximo embajador de México en el Reino Unido.

 

ADÁN AUGUSTO NO CANTA MAL LAS RANCHERAS

En el caso de Adán Augusto López Hernández, se da por descontado que el senador tabasqueño dejaría su escaño y la coordinación de la bancada de Morena en la Cámara Alta para asumir una misión diplomática en Europa.

El periodista Mario Maldonado señala que el legislador apunta a dos destinos específicos: Lisboa, Portugal, y París, Francia.

En medio de lo anterior, una serie de eventos ha evidenciado un señalado distanciamiento entre el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el líder morenista en el Senado.

Se mencionan los siguientes sucesos: La atropellada recepción a García Harfuch en su comparecencia ante la Cámara Alta, la forzada foto entre ambos personajes en dicho evento.

Se habla de que el titular de la SSPC filtraría información a los medios, que implicó a López Hernández en el contrabando de combustible de la estructura delictiva de Hernán Bermúdez, conocida como La Barredora, y la aprehensión de varios excolaboradores del exgobernador de Tabasco.

Lo antes mencionado no deja de ser especulaciones, pero lo real es que son episodios del juego de vencidas, todo con tal de impedir la llegada de Omar García Harfuch a la nominación morenista en 2030.

Es de resaltar que García Harfuch es un funcionario de resultados, su trayectoria profesional así lo avala. El titular de la SSPC no inventa delitos y desmiente las presuntas filtraciones.

El primero en hacer públicas las acusaciones contra La Barredora fue el secretario de la Defensa Nacional.

Ante este panorama, en el relevo de Gertz y el nombramiento de Ernestina Godoy se mandaron señales muy alentadoras y positivas para la mayor coordinación entre la FGR y la SSPC.

Y es que Ernestina Godoy designó como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) a César Oliveros Aparicio y como responsable de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) a Héctor Elizalde Mora, ambos fueron colaboradores de García Harfuch.

El fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad, la mejor administración de justicia y el combate a la impunidad son una prioridad en la agenda del “segundo piso” de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, no se ve claro si en los casos más emblemáticos se aplicará la ley, aun tratándose de los más influyentes y pesados personajes de la 4T -como los que aparecen en la presunta lista de 15 distinguidos morenistas-, que estaría reclamando el Tío Sam y su exigencia de que el gobierno mexicano se los entregue.

Así como no puede haber un pueblo pobre con gobierno de ricos, también no puede haber justicia para el pueblo con gobernantes impunes.

El buen juez por su casa empieza. Recuerde, Señora Presidenta, “La patria es primero”.

 

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Reforma electoral, la tormenta que viene

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El último clavo a la democracia * Morena se enfrenta no sólo a la oposición, sino también a sus partidos aliados, PVEM y PT

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Desde junio de 2025 lo habíamos advertido en esta su revista política IMPACTO. Los últimos bastiones de nuestro régimen democrático constitucional, el INE y el TEPJF, ya se encontraban moribundos y la inminente e innecesaria reforma electoral será “el último clavo” de su sepultura.

A partir de 2024, cuando el INE y el TEPJF otorgaron la mayoría calificada al partido en el poder, inició la debacle. El proyecto del expresidente Andrés Manuel López Obrador (al estilo chavista venezolano), de concentrar el poder, se empezó a concretar.

Nulificaron los contrapesos del Poder Ejecutivo con la desaparición de los organismos constitucionales autónomos. Gobiernan 24 entidades federativas, los Poderes Legislativo y Judicial están controlados y cooptados por el Ejecutivo.

Ahora, con la reforma electoral, se dará la “puntilla” a los cimientos y estructura de la plataforma democrática-electoral que nos llevó décadas construir.

Y como dijera el clásico “Y nadie hace nada”. La oposición política está acotada, las fuerzas políticas divididas y desorientadas. A los factores reales de poder no les afecta, sino todo lo contrario: El Ejército, con más poder y concesiones que nunca; los grandes empresarios son intocables y con más ganancias que en el neoliberalismo; la Iglesia a veces tiene voz, pero no pesa en la balanza del poder.

La mayoría electoral (los más pobres y con menores niveles educativos) está asegurada y satisfecha con las dádivas en que han convertido los programas sociales, además esa mayoría cree la narrativa y las promesas de que vivimos una “transformación” y que pronto saldrán de la pobreza.

Las condiciones están dadas para convertirse en la “tormenta perfecta”. La próxima negociación del T-MEC y el más bajo crecimiento económico en 40 años son los ingredientes que convierten la reforma electoral de un asunto político en uno también económico.

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado la necesidad de reducir el costo de las elecciones, el financiamiento público que se entrega anualmente a los partidos y el tamaño del Poder Legislativo.

La Comisión Presidencial de la Reforma Electoral afina la propuesta que será enviada al Congreso en la primera semana de febrero.

Es cierto que los costos del sistema político electoral son altos, pero los costos políticos e incluso económicos pueden ser exponencialmente más costosos.

En 2026, el presupuesto para este rubro es del orden de 40,000 millones de pesos si se consideran los 7,700 millones que se entregará a los partidos políticos nacionales para su gasto ordinario; otros 7,000 millones que reciben los partidos a nivel estatal; el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), de 14,099 millones de pesos en 2026, un año sin elecciones federales; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ejercerá 3,749 millones de pesos; los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), a los que los estados destinan alrededor de 10,000 millones de pesos anualmente, y los 32 tribunales electorales de los estados que cuestan alrededor de 2,400 millones de pesos.

Como referencia de comparación, apuntamos que los costos de las obras insignia de AMLO (Tren Maya, AIFA, Dos Bocas) superaron significativamente sus presupuestos originales, con sobrecostos reportados de más de 670 mil millones de pesos, alcanzando un costo conjunto cercano a 1.18 billones de pesos, duplicando en algunos casos las proyecciones iniciales, debido a cambios en el alcance, electrificación y falta de transparencia en los controles presupuestales.

La Primera Mandataria ha dado línea en su discurso cotidiano de las Mañaneras del Pueblo para reducir los montos de presupuesto para los partidos políticos y para las elecciones, respaldada por encuestas y consensos al estilo de su antecesor, como ocurrió desde que se suspendió la construcción del aeropuerto Texcoco -capricho que costó 300 mil mdp-.

Otros temas que ha “sugerido” la titular del Poder Ejecutivo son la reducción de las Cámaras del Congreso, actualmente compuestas por 500 diputaciones y 128 senadurías, así como la eliminación de las plurinominales, tema que en los foros de la Comisión ya han descartado, ya que se advertía que implicaba la eliminación de la representación proporcional, que hoy permite la representación de las minorías en el Poder Legislativo. Sin embargo, la Comisión aún no ha llegado a la fórmula definitiva para lograr los dos objetivos: reducir el tamaño y los costos de las Cámaras, y mantener la representación proporcional.

En estos temas, Morena se ha enfrentado no sólo a la oposición, también a sus partidos aliados PVEM y PT, que se han manifestado en contra de la desaparición de los plurinominales y la reducción de las prerrogativas.

Otro tema muy delicado y polémico es la virtual desaparición del INE, ya que se pretende retomar la propuesta de López Obrador: El Instituto Nacional Electoral (INE) se convertiría en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), con un Consejo General que se reduciría de 11 a 7 integrantes, ya no designados por la Cámara de Diputados, sino electos mediante voto popular.

La propuesta también planteaba la desaparición de los 32 OPLE. Hasta el momento no hay una propuesta definitiva. Con la elección de los consejeros del INE, a la presidenta Guadalupe Taddei y demás consejeros que apoyaron incondicionalmente la elección del Poder Judicial, se les daría una “sopa de su propio chocolate”.

El financiamiento de partidos y campañas es otro tema delicado, que, de cambiarse, puede abrir la puerta para facilitar el financiamiento empresarial o de grupos del crimen organizado.

La reforma tendría que discutirse y aprobarse entre febrero y marzo, para ajustar las leyes secundarias en el mes de abril. El límite legal para la aprobación de cambios a las leyes electorales es el 31 de mayo, para que puedan entrar en vigor en las elecciones federales intermedias de 2027, cuando también se renovarán 17 gubernaturas, 31 Congresos locales y ayuntamientos en casi todo el país.

La tormenta que se avecina en este 2026 también es advertida por la “Consultora Integralia”, que pone como los primeros riesgos políticos de este año a la reforma electoral, la renegociación del T-MEC y el intervencionismo de Estados Unidos.

En un informe, la consultora destaca que los 10 riesgos son propiciados por tres condiciones del entorno político que hacen de 2026 un año de riesgo político elevado: “La concentración de poder en la coalición gobernante, el lento crecimiento de la economía y los obstáculos estructurales que enfrentan las empresas”.

La consultora coloca a la reforma electoral como el principal riesgo, pues se prevé que la mayoría de Morena-PT-PVEM apruebe una enmienda que vulnere la integridad del sistema electoral y su capacidad para organizar contiendas equitativas, confiables, legales y transparentes, al disminuir las facultades operativas de los órganos electorales y restringir la competencia política, lo que afianzaría la concentración de poder del oficialismo.

El informe indica que -aunque la reforma electoral no afecta de forma directa e inmediata el clima de negocios- “sí contribuiría a elevar el riesgo político, ya que habría una mayor concentración de poder, lo que a su vez aumentaría la incertidumbre de los agentes económicos y podría ahuyentar aún más la escasa inversión del país”.

Aparte de la división del país que se ha cultivado desde el sexenio pasado, entre buenos (los gobiernistas) y malos (los conservadores), en realidad tenemos un país dividido en dos bandos: la élite y el pueblo.

Por un lado, la élite, integrada por los privilegiados del poder político y los del poder económico, que son una minoría, que no llega a los 3 millones de personas, van de la mano y tienen una sólida alianza, más fuerte que en toda la era del neoliberalismo.

Por otro lado, todo el pueblo, 127 millones de personas, integrado por: 34 millones que, de manera clientelar, apoyaron en 2024 el proyecto de la “transformación”; 22 millones que votaron en contra del proyecto ganador y 44 millones de abstencionistas que no se expresaron en la última elección presidencial.

Hay otros 30 millones que no figuran en el padrón electoral. A las élites económica y política parece no preocuparles el nulo crecimiento de la economía, ni la destrucción de la democracia.

Mientras unos disfrutan su poder político y otros sigan teniendo las mejores ganancias, no dirán nada.

En el momento de una eventual crisis, sólo apretarán un botón y sus capitales saldrán hacia un país seguro, económicamente hablando.

Tal vez sus hijos y nietos que permanezcan en México pagarán los costos económicos sociales y políticos en el futuro.

AMLO y su movimiento de “transformación”, ahora en el segundo piso, ha logrado una exitosa e irónica fórmula al afirmar “primero los pobres” al tiempo de sellar alianza con la “mafia del poder”.

Además, de manera transexenal, sigue imponiendo todas y cada una de las reformas constitucionales, que dio a conocer en febrero de 2024.

De esas iniciativas, destacan las más destructivas, la mal llamada “reforma del Poder Judicial”, la desaparición de organismos autónomos y la “reforma electoral”.

De las anteriores mencionadas, sólo falta completar la innecesaria reforma electoral, pero su próxima aprobación es inminente.

Todavía hay esperanza de que, en medio de un horizonte nublado y una tormenta en formación, la capitana del barco en que navegamos 130 millones de mexicanos, la Presidenta Sheinbaum Pardo, trace la ruta correcta, enderece el rumbo y salgamos bien librados del temporal que se avecina.

¿O será que los mexicanos -el pueblo sabio- quieren volver a los 70s; que el gobierno controle el Padrón Electoral y las credenciales del INE? ¿Que sea el gobierno y no los ciudadanos los que cuenten los votos? ¿Será que añoran ser gobernados por el gran Tlatoani que tiene todo el poder en sus manos? A ver qué dicen las “encuestas”.

 

***Académico y consultor.

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¿Quién sigue?

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Trump afirma que detención de Maduro es una advertencia a cualquiera que amenace la soberanía nacional de EU * “Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, expresa el exmandatario Andrés Manuel López Obrador

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

“Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. Esa es la lectura sobre Donald Trump, quien advirtió el pasado sábado 4 de enero de 2026, que habrá que “hacer algo” contra el narcotráfico en México.

Luego de la captura de Nicolás Maduro, en entrevista con Fox News, el mandatario estadounidense reitera que los cárteles de la droga son los que gobiernan México y no la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con quien dijo tener una buena relación de amistad.

Asegura que le ha preguntado a Sheinbaum Pardo sobre si quiere que Estados Unidos se deshaga de los cárteles de la droga en México y ella ha dicho que “no, no, no”.

Sería bueno saber qué información tiene el gobierno de Estados Unidos sobre la avasalladora presencia de los cárteles en México. Es obvio que la Primera Mandataria no está aliada, los ha combatido como no se hizo antes. Lo que no sabemos es la información que los americanos (Departamento de Estado, de Justicia, CIA y FBI) tengan respecto al sexenio de Andrés Manuel López Obrador con la aplicación de la consigna “abrazos y no balazos”.

Por el bien del país y del gobierno, Sheinbaum Pardo ha hecho muy bien en deslindarse de esa política en materia de seguridad. “Otro gallo le cantaría a México”, si lo mismo se hiciera en materia de respeto a las instituciones democráticas constitucionales.

La división de Poderes, los organismos autónomos constitucionales, la Ley de Amparo, la libre competencia en materia de energía.

La prueba de fuego para Claudia Sheinbaum es si da la puntilla a la democracia mexicana con la polémica e innecesaria “Reforma Electoral”, que acabaría con elecciones libres y democráticas.

La pregunta es si Sheinbaum quiere pasar a la historia como una gran lideresa o ser considerada como cómplice de un supralíder con sospechas de narcopresidente y ser considerada el equivalente de lo que Nicolás Maduro fue en relación a su antecesor Hugo Chávez.

El dilema sería permitir que Trump venga por AMLO y su camarilla o bien sacrificar su gobierno y liderazgo, en aras de una inútil lealtad a su antecesor y sus desplantes de “tirano” destructor de nuestro régimen democrático constitucional.

 

LA CRÓNICA DE UNA CAÍDA ANUNCIADA

En la medianoche del 2 de enero de 2026, el gobierno de Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras un ataque quirúrgico, “a gran escala”.

Donald Trump informó que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron sacados de Venezuela. La captura de Nicolás curre tras semanas de altas tensiones entre los dos países, en las que Washington había atacado embarcaciones en el Caribe que, según Donald, transportaban drogas.

Desde 2020 el Departamento de Justicia de EU acusó al presidente venezolano de estar involucrado en actividades relacionadas con el narcotráfico.

El mandatario estadounidense dijo que Maduro enfrentará un juicio por diversos delitos en Nueva York.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la “guerra fría” dio como resultado la geopolítica de los ejes comunismo (URSS) versus capitalismo (Estados Unidos), con la que cada eje pretendía conservar sus regiones de influencia y dominación. Esta política ahora parece recrudecerse entre Rusia-China vs. EU-Europa Occidental.

Con la detención del mandatario venezolano, recordamos algunas de las intervenciones de EU en América Latina para proteger sus regiones de influencia.

En 1961, invasión en “Bahía de Cochinos”, en la Cuba comunista, para evitar la instalación de una base de misiles de la URSS.

En 1965 derrocó a Juan Bosch, en la República Dominicana, por sus ligas con el comunismo.

En 1973, en Chile intervino para derrocar al gobierno socialista de Salvador Allende.

En 1989, con George Bush, entraron en Panamá para desmantelar el Ejército del país y capturar a Manuel Antonio Noriega, acusado de tráfico de drogas, en la operación “Causa Justa”. Noriega había trabajado para la CIA.

En 1994 invadió Haití para facilitar la transición a la democracia y la vuelta de Jean-Bertrand Aristide, el primer presidente de la isla elegido en unas elecciones democráticas en 1990.

 

DESDE 2020 ESTABA EN LA MIRA

Maduro es prófugo de la justicia de Estados Unidos desde 2020, acusado de encabezar el Cártel de los Soles y de inundar las calles de la potencia norteamericana de cocaína. En Venezuela la ruta del control de las instituciones siguió el camino para convertirla en un narcoestado.

Hugo Chávez compitió en las urnas en 1998 y barrió, los venezolanos creyeron en sus promesas. A partir de su ascenso al poder, Chávez planeó, diseñó y puso en marcha lo que podríamos denominar “Manual para convertir un país en narcoestado”.

A ver si a los mexicanos les suena “familiar”. Si hay alguna similitud con el gobierno de AMLO, se tratará de una mera coincidencia.

Ai les va: Primero, conquistar el poder por la vía democrática, ofreciendo al pueblo mejores niveles de vida, creando una clientela o plataforma electoral, para que los programas sociales se conviertan en dádivas que puedan mantener esa clientela electoral satisfecha y agradecida con el gran líder que les cambia la vida.

Segundo, inventar un enemigo común, “combatir a los enemigos del pueblo” (la derecha, la prensa, los periodistas, los corruptos, el imperialismo yanqui, los conservadores); en este contexto acuñó aquella famosa frase “Yo ya soy del pueblo, yo ya no me pertenezco”. Estas palabras las repitió AMLO en diversas ocasiones.

Tercero, socavar todas las instituciones democráticas del régimen; cooptación de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los órganos electorales.

Cuarto, asegurarse del control militar, de la policía, de todas las Fuerzas Armadas, propiciar la militarización del país y el fortalecimiento de la Guardia Nacional.

Quinto, alianza con el narcotráfico y crear sus propios cárteles para convertirse en un narcoestado con presencia mundial.

Desde el año 2000, Chávez expulsó a la DEA de Venezuela, AMLO también.

En 1999, Hugo declara el inicio de la Revolución Bolivariana en la primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente establecida por el gobierno para redactar una nueva Constitución.

Esa idea de cambiar la Constitución de Venezuela puede extrapolarse a México, en 2024, en el momento en que el INE le otorgó la sobrerrepresentación al partido en el poder y con ello la mayoría calificada, de esta forma la 4T logró cambiar la Carta Magna a su antojo.

El sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, dio continuidad a todos y cada uno de puntos del “Manual” para convertir a Venezuela en un narcoestado. Por ello llevó a Venezuela a la mayor crisis política, económica y social de su historia.

El resultado de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 fue la respuesta del pueblo venezolano a 25 años de sometimiento, de destrucción de su régimen democrático, de represión, de la peor crisis económica y de la salida de ocho millones de venezolanos de la narcodictadura.

Con 82% de las actas publicadas por la oposición, en números globales el opositor Edmundo González obtuvo 7 millones de votos contra 3 millones de Nicolás Maduro.

Ante las evidencias, el Consejo Nacional Electoral venezolano (CNE), otra de las instituciones cooptadas por el régimen chavista, anunció el “triunfo” de Nicolás Maduro con el 51.2% de los votos frente al 44.2% del opositor Edmundo González Urrutia.

La respuesta de Nicolás a las protestas de la oposición: 17 muertos y 1,500 detenidos. La comunidad internacional, con fundamento en el derecho internacional, no reconoció a Maduro como presidente legítimo.

Estados Unidos, Perú, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Uruguay y Panamá reconocieron a Edmundo González como el presidente de Venezuela. México, ante las evidencias del triunfo opositor, no se atrevió a reconocerlo.

El chavismo, continuado por Maduro, pasó de ser un intento de revolución (transformación,) a convertirse en un gobierno manejando el Cártel de los Soles, nomenclatura que recibe de la insignia de un sol que visten los oficiales del Ejército bolivariano.

Los principales comandantes de constituir y dirigir esta organización criminal son: Padrino López, imputado en 2020 por tráfico de drogas junto a Diosdado Cabello; Tareck El Aissami, Néstor Roverol y el general Alcalá.

Una columna publicada en el Corriere della Sera señaló: “Nicolás Maduro convirtió a Venezuela en el centro mundial del tráfico de cocaína, el lugar donde la cocaína se almacena y se envía a todos los rincones de la Tierra. Hablar de justicia social desvía la atención de los asuntos criminales”.

El exjefe de Seguridad de Hugo Chávez, Leamsy Salazar, “ha aportado pruebas de cómo Venezuela es un narcoestado”, antes de ser encarcelado por decir que “el gobierno sólo era una manzana podrida”.

El liderazgo de Diosdado Cabello, uno de los pilares del gobierno de Maduro, ha sido exhibido en diversas publicaciones. Se afirma que “Cabello ha sido señalado como el jefe del Cártel de los Soles, compuesto por oficiales de alto rango del Ejército venezolano”, subrayando la complicidad de las fuerzas militares en el entramado del narcotráfico.

“Toda palabrería retórica de quienes han destruido un país y han manipulado y utilizado los ideales socialistas”, “Los que realmente creen que estos traficantes en nombre de la ideología sólo están creando una cortina de humo para defender su negocio”.

Los puntos del manual chavista para convertir un país en narcoestado, coinciden con lo que ha ocurrido en México los últimos siete años.

Si el narco controla gran parte del territorio nacional, tiene nexos con autoridades de los tres niveles de gobierno, e interviene de manera creciente en los procesos electorales para elegir a esas autoridades, entonces ¿estaríamos en camino de convertirnos en un narcoestado?

Porfirio Muñoz Ledo, unas semanas antes de morir, acusó a López Obrador de tener alianza con el narcotráfico y advirtió sobre el peligro de que México fuera dominado por el crimen y por los militares.

Habrá que esperar el desenlace de toda esta analogía México-Venezuela. Esperemos que sólo sean infundios contra el movimiento revolucionario de la Transformación y que México siga la senda de la prosperidad, la democracia y la justicia, así como el combate a la corrupción y a la impunidad. Mejores políticas públicas en educación y salud. El mejoramiento de la justicia y la creación de las condiciones para la inversión y el crecimiento económico.

Ojalá así sea, Sheinbaum es la esperanza de millones de mexicanos.

 

LA POLÍTICA NO ES IMPOSICIÓN: AMLO A TRUMP

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a la detención del mandatario venezolano, luego del bombardeo de Estados Unidos la madrugada de este sábado.

López Obrador recordó que, aunque está retirado de la política, sus “convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente.

“Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, añade.

“Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”, agrega.

“Recuerde que ‘el respeto al derecho ajeno es la paz, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum”, expresa Andrés Manuel.

 

TRUMP LANZA AMENAZA

El mandatario de EU subraya que la intervención es muestra de su resurrección de la Doctrina Monroe.

“Ahora se llama la Doctrina Donroe (por Don de Donald). Nuestro dominio del hemisferio occidental nunca más será cuestionado”, añade.

Recalca que el operativo también sirve como “una advertencia a cualquier que amenaza la soberanía estadunidense” y proclama que “el pueblo venezolano está libre” y que el “hemisferio está más seguro ahora”.

La detención de Maduro y su esposa muestra que “Estados Unidos puede proyectar su fuerza en cualquier lugar, en cualquier momento”, expresa Pete Hegseth, secretario de Guerra de la Unión Americana.

 

***Académico y consultor.

 

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