Se omitió la presencia del Poder Judicial en uno de los actos republicanos más importantes del país * En el marco de la elección judicial, tres ministras, afines al partido en el poder, hacen acto de presencia en el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución Política en lugar de la ministra presidenta Norma Piña Hernández

MARCO ANTONIO FLORES***

El choque entre los Poderes Ejecutivo y Judicial -iniciado e impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador- continúa con el gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que quedó de manifiesto el pasado 5 de febrero, al conmemorar en Queretaro el 108 aniversario de la promulgación de la Carta Magna.

Y es que, por primera vez en la historia de uno de los actos republicanos más importantes de la nación, se omitió y negó la presencia del Poder Judicial.

En lugar de estar representado el Poder Judicial por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, acudieron al acto las tres ministras alineadas al partido en el poder: Yasmín Esquivel Mossa, quien causó revuelo en su momento al ser señalada de plagiar su tesis profesional.

Lenia Batres Guadarrama, “la ministra del pueblo”, cuya capacidad ha sido ampliamente cuestionada y quien también causó escándalo con un video que se hizo viral en redes sociales.

Loretta Ortiz, quien se autodefine como fundadora de Morena, y que además se han valido y aprovechado de distintos espacios en medios y foros para promover su imagen de cara a la elección judicial, aunque la reforma no permite precampañas.

En este acto quedó en entredicho el texto constitucional, que en su Artículo 41 a la letra dice: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los estados y la ciudad de México, en lo que toca sus regímenes en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningun caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal”.

VICIADO DE ORIGEN

Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyó al Senado de la República suplir en sus funciones al Comité de Evaluación del Poder Judicial para integrar la lista de candidatos del PJF que aparecerán en las boletas para la elección del próximo 1 de junio, se desprenden varios hechos que vician de origen lo que será la primera elección del Poder Judicial:

1.- El fallo del TEPJF es violatorio al de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- El proceso se realizó por sorteo, por tómbola, como si se tratara de un juego de feria de pueblo, al famoso “de tin marín de do pingüe”.

3.- El sorteo se realizó con la presencia únicamente de senadores de Morena, la oposición se negó, todo lo cual implica que se incurrió en violaciones que influyeron en la equidad de la contienda electoral.

Respecto al sorteo llevado a cabo en la Cámara de

Senadores, la Barra Mexicana de Abogados (BMA) señaló: “La llamada reforma judicial no puede ser tan importante como para destruir el orden constitucional, minar la función de protección de los derechos humanos, del amparo, llevar a un enfrentamiento de poderes políticos y, sobre todo, minar el acceso a la justicia y sus garantías como la independencia judicial”.

Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) calificaron el fallo del TEPJF como mera simulación.

“No vamos a validar esa farsa, es una farsa desde que inició. Han destruido al Poder Judicial”.

Recordemos que esta reforma judicial es una iniciativa, para muchos más bien “capricho”, de López Obrador que presentó en febrero de 2024 para elegir a jueces, magistrados y ministros en las urnas por voto popular.

La regresiva iniciativa ha estado plagada de irregularidades, ya con mayoría calificada en el Congreso: Primeramente, se aprobó en octubre de 2024 en la Cámara de Diputados y en el Senado, con métodos gansteriles para lograr los votos de los Yunes, ampliamente cuestionados, al tiempo que se aprobó la llamada “supremacía constitucional” para dejar al Poder Judicial actual sin herramientas legales para echar abajo la polémica reforma judicial.

Como bien lo dijo Gerardo Fernández Noroña, esta reforma “ni dios padre la detiene”, haciendo eco a la posición presidencial de que “la refroma va porque va”, y también es una manera de emular a su antecesor, maestro y guía, “porque lo digo yo”, con el arguemnto que es un “mandato” del pueblo de México.

Haber ganado con el apoyo popular de casi 36 millones de mexicanos no da derecho a legisladores morenistas y a Sheinbaum Pardo a interpretar que las reformas regresivas de AMLO eran un “anhelo del pueblo”.

Pero “Cosumatum est”, ya quedaron formalmente integradas las listas de los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con los perfiles más “idóneos” para continuar el camino a la elección judicial que se concretará el primer domingo de junio de 2025.

COSTOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS

Si lo que se pretendía con la reforma judicial era democratizar ese poder y evitar la corrupción, por la forma en que el proceso se ha llevado a cabo, todo indica que el resultado sea todo lo contario.

Además, los costos políticos y económicos para el país y para la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum todavía están por evaluarse y verse.

Hasta el momento su costo económico será muy similar al de las elecciones presidenciales de 2024, pero con muchos vicios acumulados, que muestran que los ciudadanos que acudan a la elección sólo tendrán de una sopa: Los candidatos casi en su tottalidad están alineados con el partido en el poder y los votos por vez primera no serán contados por los propios ciudadanos.

Falta lo más importante: Observar y atestiguar cómo reaccionarán los mercados, las inversiones nacional y extranjera, en el supuesto caso de ver amenazada su inversión por falta de seguridad y garantía jurídica, lo mismo que saber cómo repercutirá en la revisión y el futuro del T-MEC.

Cuando las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ignoran, la justicia se politiza, las instituciones se fracturan y el país se encamina hacia la incertidumbre.

Estamos viendo cómo el equilibrio de poderes se tambalea ante nuestros ojos.

RUPTURA ENTRE PODERES

El Poder Judicial, en las democracias contemporáneas, como la mexicana, tiene la función de ser un mecanismo de control constitucional, y también puede cuestionar si una modificación de cualquier ley viola o no los derechos humanos o los derechos civiles fundamentales.

Es del dominio público que la reforma judicial ha ocasionado una ruptura entre poderes. Nadie ha negado la necesidad de reformar al Poder Judicial, pero para hacerlo más eficiente en la impartición de justicia, para combatir los núcleos de corrupción que existen en algunos juzgados y tribunales, y para acabar con el nepotismo al interior del mismo, el aspecto más polémico de la reforma es la elección de jueces, magistrados y ministros.

Por el lado oficial se afirma que con ello se “democratizará” el Poder Judicial, y por otro lado los mismos protagonistas del Poder Judicial, especialistas en derecho y escuelas de derecho (valga la redundancia), consideran que con ello se politiza ese poder, se involucran intereses políticos, partidistas y de grupos de la delincuencia organizada que pueden cooptar los procesos de la elección judicial.

Por lo antes expuesto, consideran que la reforma es un golpe directo a la independencia judicial y al Estado de Derecho. Es un salto al abismo, un ensayo muy peligroso.

Ningún país del mundo elige a todos sus jueces cual si fueran representantes populares. En Estados Unidos sólo se eligen jueces estatales o locales, pero es producto de una tradición que nació con su auténtico federalismo hace más de doscientos años.

Nadie está en desacuerdo con realizar una reforma integral a la justicia que debe abarcar, en primer término, el sistema de procuración y administración de justicia que depende del Poder Ejecutivo y que debe incluir a la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías estatales, así como el papel muy importante que juega el Ministerio Público, que por definición es un organismo público, tiene la representación de los intereses sociales.

Si se logra una reforma integral se logrará combatir la impunidad y hacer válida la misión de la ley penal: Garantizar la paz, convivencia y la armonía social; prevenir y combatir la aparición de conductas delictivas, así como proteger los bienes jurídicos fundamentales.

Es de sabios rectificar. Vale la pena que la Presidenta Sheinbaum actúe con sensatez, mesura y patriotismo. Que haga a un lado las venganzas políticas y caprichos de su jefe y mentor para poner en marcha una auténtica reforma integral de la justicia.

Hay la esperanza de que la doctora Sheinbaum actúe como jefa de Estado y gobierne para todos los mexicanos al margen de partidos e ideologías.

En un nuevo ambiente plural, participativo y democrático, su gobierno debe abocarse a planear, diseñar e implementar las reformas que requiere México para iniciar una auténtica transformación que ubique a nuestro país como una de las diez economías más importantes del mundo.

Un gobierno que genere mejores condiciones de vida para la totalidad del pueblo de México, que incluya a los más pobres, a las clases medias y medias altas.

Debe poner cimientos sólidos para una auténtica transformación con cambios radicales en las políticas públicas en materia de seguridad pública, salud, educación, economía, procuración y administración de justicia, sustentabilidad, políticas energética y alimentaria, entre otros. Avanzar para lograr lo que todos los mexicanos anhelamos: Un México con justicia, democracia y prosperidad compartida.

*** Académico y consultor.