PULPO POLÍTICO
“De tin marín de do pingüe…”
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Hace 4 meseson
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Redacción
Se omitió la presencia del Poder Judicial en uno de los actos republicanos más importantes del país * En el marco de la elección judicial, tres ministras, afines al partido en el poder, hacen acto de presencia en el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución Política en lugar de la ministra presidenta Norma Piña Hernández
MARCO ANTONIO FLORES***
El choque entre los Poderes Ejecutivo y Judicial -iniciado e impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador- continúa con el gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que quedó de manifiesto el pasado 5 de febrero, al conmemorar en Queretaro el 108 aniversario de la promulgación de la Carta Magna.
Y es que, por primera vez en la historia de uno de los actos republicanos más importantes de la nación, se omitió y negó la presencia del Poder Judicial.
En lugar de estar representado el Poder Judicial por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, acudieron al acto las tres ministras alineadas al partido en el poder: Yasmín Esquivel Mossa, quien causó revuelo en su momento al ser señalada de plagiar su tesis profesional.
Lenia Batres Guadarrama, “la ministra del pueblo”, cuya capacidad ha sido ampliamente cuestionada y quien también causó escándalo con un video que se hizo viral en redes sociales.
Loretta Ortiz, quien se autodefine como fundadora de Morena, y que además se han valido y aprovechado de distintos espacios en medios y foros para promover su imagen de cara a la elección judicial, aunque la reforma no permite precampañas.
En este acto quedó en entredicho el texto constitucional, que en su Artículo 41 a la letra dice: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los estados y la ciudad de México, en lo que toca sus regímenes en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningun caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal”.
VICIADO DE ORIGEN
Después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyó al Senado de la República suplir en sus funciones al Comité de Evaluación del Poder Judicial para integrar la lista de candidatos del PJF que aparecerán en las boletas para la elección del próximo 1 de junio, se desprenden varios hechos que vician de origen lo que será la primera elección del Poder Judicial:
1.- El fallo del TEPJF es violatorio al de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2.- El proceso se realizó por sorteo, por tómbola, como si se tratara de un juego de feria de pueblo, al famoso “de tin marín de do pingüe”.
3.- El sorteo se realizó con la presencia únicamente de senadores de Morena, la oposición se negó, todo lo cual implica que se incurrió en violaciones que influyeron en la equidad de la contienda electoral.
Respecto al sorteo llevado a cabo en la Cámara de
Senadores, la Barra Mexicana de Abogados (BMA) señaló: “La llamada reforma judicial no puede ser tan importante como para destruir el orden constitucional, minar la función de protección de los derechos humanos, del amparo, llevar a un enfrentamiento de poderes políticos y, sobre todo, minar el acceso a la justicia y sus garantías como la independencia judicial”.
Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) calificaron el fallo del TEPJF como mera simulación.
“No vamos a validar esa farsa, es una farsa desde que inició. Han destruido al Poder Judicial”.
Recordemos que esta reforma judicial es una iniciativa, para muchos más bien “capricho”, de López Obrador que presentó en febrero de 2024 para elegir a jueces, magistrados y ministros en las urnas por voto popular.
La regresiva iniciativa ha estado plagada de irregularidades, ya con mayoría calificada en el Congreso: Primeramente, se aprobó en octubre de 2024 en la Cámara de Diputados y en el Senado, con métodos gansteriles para lograr los votos de los Yunes, ampliamente cuestionados, al tiempo que se aprobó la llamada “supremacía constitucional” para dejar al Poder Judicial actual sin herramientas legales para echar abajo la polémica reforma judicial.
Como bien lo dijo Gerardo Fernández Noroña, esta reforma “ni dios padre la detiene”, haciendo eco a la posición presidencial de que “la refroma va porque va”, y también es una manera de emular a su antecesor, maestro y guía, “porque lo digo yo”, con el arguemnto que es un “mandato” del pueblo de México.
Haber ganado con el apoyo popular de casi 36 millones de mexicanos no da derecho a legisladores morenistas y a Sheinbaum Pardo a interpretar que las reformas regresivas de AMLO eran un “anhelo del pueblo”.
Pero “Cosumatum est”, ya quedaron formalmente integradas las listas de los tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con los perfiles más “idóneos” para continuar el camino a la elección judicial que se concretará el primer domingo de junio de 2025.
COSTOS POLÍTICOS Y ECONÓMICOS
Si lo que se pretendía con la reforma judicial era democratizar ese poder y evitar la corrupción, por la forma en que el proceso se ha llevado a cabo, todo indica que el resultado sea todo lo contario.
Además, los costos políticos y económicos para el país y para la Primera Mandataria Claudia Sheinbaum todavía están por evaluarse y verse.
Hasta el momento su costo económico será muy similar al de las elecciones presidenciales de 2024, pero con muchos vicios acumulados, que muestran que los ciudadanos que acudan a la elección sólo tendrán de una sopa: Los candidatos casi en su tottalidad están alineados con el partido en el poder y los votos por vez primera no serán contados por los propios ciudadanos.
Falta lo más importante: Observar y atestiguar cómo reaccionarán los mercados, las inversiones nacional y extranjera, en el supuesto caso de ver amenazada su inversión por falta de seguridad y garantía jurídica, lo mismo que saber cómo repercutirá en la revisión y el futuro del T-MEC.
Cuando las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ignoran, la justicia se politiza, las instituciones se fracturan y el país se encamina hacia la incertidumbre.
Estamos viendo cómo el equilibrio de poderes se tambalea ante nuestros ojos.
RUPTURA ENTRE PODERES
El Poder Judicial, en las democracias contemporáneas, como la mexicana, tiene la función de ser un mecanismo de control constitucional, y también puede cuestionar si una modificación de cualquier ley viola o no los derechos humanos o los derechos civiles fundamentales.
Es del dominio público que la reforma judicial ha ocasionado una ruptura entre poderes. Nadie ha negado la necesidad de reformar al Poder Judicial, pero para hacerlo más eficiente en la impartición de justicia, para combatir los núcleos de corrupción que existen en algunos juzgados y tribunales, y para acabar con el nepotismo al interior del mismo, el aspecto más polémico de la reforma es la elección de jueces, magistrados y ministros.
Por el lado oficial se afirma que con ello se “democratizará” el Poder Judicial, y por otro lado los mismos protagonistas del Poder Judicial, especialistas en derecho y escuelas de derecho (valga la redundancia), consideran que con ello se politiza ese poder, se involucran intereses políticos, partidistas y de grupos de la delincuencia organizada que pueden cooptar los procesos de la elección judicial.
Por lo antes expuesto, consideran que la reforma es un golpe directo a la independencia judicial y al Estado de Derecho. Es un salto al abismo, un ensayo muy peligroso.
Ningún país del mundo elige a todos sus jueces cual si fueran representantes populares. En Estados Unidos sólo se eligen jueces estatales o locales, pero es producto de una tradición que nació con su auténtico federalismo hace más de doscientos años.
Nadie está en desacuerdo con realizar una reforma integral a la justicia que debe abarcar, en primer término, el sistema de procuración y administración de justicia que depende del Poder Ejecutivo y que debe incluir a la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías estatales, así como el papel muy importante que juega el Ministerio Público, que por definición es un organismo público, tiene la representación de los intereses sociales.
Si se logra una reforma integral se logrará combatir la impunidad y hacer válida la misión de la ley penal: Garantizar la paz, convivencia y la armonía social; prevenir y combatir la aparición de conductas delictivas, así como proteger los bienes jurídicos fundamentales.
Es de sabios rectificar. Vale la pena que la Presidenta Sheinbaum actúe con sensatez, mesura y patriotismo. Que haga a un lado las venganzas políticas y caprichos de su jefe y mentor para poner en marcha una auténtica reforma integral de la justicia.
Hay la esperanza de que la doctora Sheinbaum actúe como jefa de Estado y gobierne para todos los mexicanos al margen de partidos e ideologías.
En un nuevo ambiente plural, participativo y democrático, su gobierno debe abocarse a planear, diseñar e implementar las reformas que requiere México para iniciar una auténtica transformación que ubique a nuestro país como una de las diez economías más importantes del mundo.
Un gobierno que genere mejores condiciones de vida para la totalidad del pueblo de México, que incluya a los más pobres, a las clases medias y medias altas.
Debe poner cimientos sólidos para una auténtica transformación con cambios radicales en las políticas públicas en materia de seguridad pública, salud, educación, economía, procuración y administración de justicia, sustentabilidad, políticas energética y alimentaria, entre otros. Avanzar para lograr lo que todos los mexicanos anhelamos: Un México con justicia, democracia y prosperidad compartida.
*** Académico y consultor.


La puntilla a uno de los pilares de nuestro régimen democrático constitucional * Avalar un proceso electoral “inédito” fue una sinrazón de la esencia del INE de principio a fin * Votación cerrada para avalar la reforma judicial * Es preocupante el mensaje que se envía a la ciudadanía, expresa la consejera Dania Ravel
MARCO ANTONIO FLORES***
RIP al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Con la elección del Poder Judicial celebrada el pasado 1 de junio, quedó abolido uno de los tres Poderes de la “República”.
Ahora, con la validación de dicha elección por parte del INE, también se le da la puntilla a uno de los pilares de nuestro régimen democrático constitucional, una institución autónoma que los mexicanos habíamos venido perfeccionando en los últimos 30 años para tener elecciones legítimas, confiables y transparentes.
Avalar un proceso electoral “inédito” fue una sinrazón de la esencia del INE de principio a fin.
El INE y el TEPJF cerraron los ojos ante la destrucción y secuestro del Poder Judicial, se convirtieron en cómplices y secundaron una iniciativa, producto de un capricho presidencial, un innecesario desplante de autoritarismo surgido del rencor y la venganza personal.
Se requería la reforma del Poder Judicial, pero era otra, muy diferente. A partir de ahora, ya no existe alguna institución formal autónoma que detenga el Golpe de Estado a nuestro régimen democrático constitucional, fraguado el sexenio pasado y consolidado en este.
DEMOLICIÓN DEL ESTADO DE DERECHO
Lo más extraño y preocupante es que tampoco ninguno de los poderes facticos del Estado Mexicano ha podido detener la demolición de Estado de Derecho, ni los empresarios, ni la Iglesia, ni el Ejército han mostrado con firmeza su posición al respecto.
Las burdas y sucias maniobras electorales con acarreos, condicionamientos de los programas sociales, los célebres acordeones, compra de votos, contabilización opaca de votos, eran de esperarse, pero resultan “peccata minutta”.
El golpe ya estaba dado desde que se aprobó, sobre las rodillas, un proceso electoral que nunca debió ponerse en marcha, porque el fondo del asunto, la elección de los responsables de la impartición de justicia era de suyo irracional y carecía de sentido democrático, significa vulnerar su independencia y capacidad técnica, en muchos casos con 15 o 20 años de carrera judicial.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, destacó que “al aprobar la sumatoria nacional y declarar la validez de la elección del Poder Judicial, el INE honra su papel como garante de la voluntad ciudadana y de la legitimidad democrática”. ¿De verdad se puede hablar así desde una institución otrora respetada?
Con seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del INE declaró la validez de la elección del Poder Judicial. En este proceso, y específicamente en cuanto al máximo órgano del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evidenció una estrategia que favoreció a candidaturas mediante acordeones, que coinciden en un 80% con las ganadoras a nivel nacional.
EN DUDA LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN
No se requiere tener grandes conocimientos jurídicos para poner en duda la validez de la misma. Sin embargo, la mayoría de los consejeros del INE, encabezados por la presidenta consejera, aseguraron que “no hay evidencia para determinar que existieron irregularidades que impactaran en los resultados electorales”.
Un reconocimiento a los consejeros (minoría) que actuaron apegados a derecho y manifestaron no estar de acuerdo en validar el referido proceso.
Es el caso del consejero Arturo Castillo, quien afirmó: “La operación con acordeones podría configurar una afectación directa a la equidad en la contienda por ser propaganda ilícita, incluso como un supuesto de nulidad en caso de comprobarse en sede jurisdiccional”.
Agregó el consejero: “En los cargos nacionales, las candidaturas ganadoras estaban incluidas en promedio en el 80% de los acordeones y en los cargos de las salas regionales la coincidencia es del 85% en promedio; esto constituye un indicio de que, a pesar de las diferencias entre los distintos acordeones, se trató de una estrategia propagandística dirigida intencionalmente a beneficiar a las mismas candidaturas”.
En el mismo sentido el consejero Martín Faz detalló que hay 19 mil 336 casillas, un 23% del total, donde resultaron ganadoras las nueve candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparecieron en el acordeón que se denunció en la mayoría de las quejas.
Este comportamiento se repitió en 15 entidades federativas, es decir, en el 47% de los estados el acordeón obtuvo un triunfo absoluto para la conformación de la SCJN.
El consejero Uuc-kib Espadas señaló que los acordeones fueron una influencia indebida en la elección, pero no cumplen con el requisito establecido por el Tribunal Electoral para determinar que la elección está viciada de manera generalizada ni fue determinada en definir a los ganadores.
Quizá lo traicionó el subconsciente, al comparar el aparato oficial que operó esta elección con lo que hacía la Comisión Federal Electoral, cuando Manuel Bartlett la presidió en 1988 y se le “cayó el sistema”. ¿De veras no es comparable?
La consejera Dania Ravel fue más valiente y afirmó: “Declarar válida una elección en estas condiciones representaría enviar un mensaje preocupante a la ciudadanía que, aun con evidencias claras de irregularidades, las elecciones pueden considerarse válidas, que no hay consecuencias ante estas conductas y eso puede propiciar que en futuras elecciones se repitan y multipliquen”.
SE CONSUMÓ EL ASESINATO DE UNA JOVEN DEMOCRACIA: OEA
La Organización de los Estados Americanos (OEA) criticó abiertamente la elección judicial y aseveró que los candidatos propuestos por los tres Poderes del Estado no fueron sometidos a evaluaciones exhaustivas de conocimientos, por lo que “no hay garantías” de que quienes resultaron electos “tengan la solvencia técnica, la idoneidad y las capacidades específicas” que requieren sus cargos.
Más de 20 expresidentes latinoamericanos denunciaron la “destrucción” del Poder Judicial en México y el “fin del equilibrio de Poderes”.
Los exmandatarios, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) señalan que se consumó “el asesinato de una joven democracia”.
PIDEN NULIDAD DE LA ELECCIÓN JUDICIAL
Todos los partidos políticos de oposición se manifestaron en contra de la mal llamada “Reforma Judicial”.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se hizo presente en el INE para pedir la nulidad de la elección del 1 de junio pasado.
Los priístas Alejandro Moreno, Rubén Moreira y Manuel Añorve asistieron al INE para presentar una denuncia con la que buscan se invaliden las elecciones judiciales.
Aseguran -con conocimiento de causa- que se manipuló y se indujo el voto en la población.
Moreno Cárdenas dijo: “Nuestra impugnación se basa en lo flagrante, en la mayor violación a los principios constitucionales, porque lejos de fortalecer el Estado de Derecho, este proceso consumó una imposición clara, a todas luces, desde el poder, desde el gobierno de Morena”.
Pese a todo, ya todo está hecho y la puntilla a la democracia ocurrió el pasado domingo 15 de junio, cuando el INE validó la elección para ministros de la SCJN y entregó constancias de mayoría.
Este lunes 16 de junio la autoridad electoral validó la elección de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de la Sala Superior y Sala Regional del TEPJF y otorgó las constancias de mayoría a los ganadores.
En los países latinoamericanos en los que se ha juzgado y metido a la cárcel a expresidentes corruptos o que dañaron instituciones democráticas, se ha hecho a traves de la Corte Suprema del Poder Judicial. Ahí está los casos de Evo Morales en Bolivia o Cristina Kirchner en Argentina.
En el caso de México, con la nueva integración de la SCJN (puros incondicionales de AMLO), queda claro que el único expresidente que tiene garantizada su inmunidad (o impunidad, como usted guste) es Andrés Manuel López Obrador.
Ni siquiera la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estaría en ese supuesto.
Conclusión: Un solo beneficiario de la mal llamada “Reforma Judicial” y 130 millones de mexicanos en el limbo en cuanto a impartición de justicia.
El precio que pagarán las nuevas generaciones por este salto al precipicio será muy alto.
HAY INDICIOS DE QUE SE VULNERÓ LA INTEGRIDAD ELECTORAL: DANIA RAVEL
El INE declaró la validez de la elección judicial -con seis votos a favor y cinco en contra- en medio de polémicas por los acordeones, la baja participación ciudadana, urnas que registraron más del 100% de votos y boletas “planchadas”.
En el espacio de Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, Dania Ravel, consejera del INE, señaló que tienen indicios de que se vulneró la integridad electoral, que, pese a que no pueden declarar una nulidad, sí podrían no declarar la validez de las elecciones, dar visto a la autoridad jurisdiccional para que se investiguen los hallazgos y ver si las irregularidades incidieron en los resultados.
En lo que sí coincidieron todos los consejeros es en no contabilizar aquellas casillas en las que hubo el 100% o más de los votos.
“Es inverosímil cuando la participación ciudadana a nivel nacional fue del 13%, y fue mayor al 100%, pues peor aún, ya entendí que esto se sale de lo que teníamos en la lista nominal”, añade.
Sobre los acordeones, Ravel dijo que fueron violaciones muy directas y muy graves las que se vieron: Datos de coincidencia entre los acordeones con los resultados que se obtuvieron.
En el caso de la SCJN la coincidencia fue del 23% y en el Tribunal de Disciplina fue más grave, con el 51.55 por ciento.
SON INDICIOS, NO HAY PRUEBAS: CARLA HUMPHREY
Carla Humphrey, consejera del INE, respondió que lo encontrado sólo son indicios y que no hay pruebas fehacientes de ello, además de que la regulación electoral no les da la posibilidad de declarar la invalidez de la elección y dar constancias de mayoría.
“La única consecuencia jurídica al no declara validez es no entregar las constancias de validez”, enfatiza.
También puntualizó que no se puede comprobar que una persona que tuvo un acordeón votó por las candidaturas ahí señaladas.
“Esa es una injerencia, un indicio, no es una prueba contundente… Aquí se habla de pruebas determinantes para los resultados de la elección”, agrega.
Lo que sí pidió Humphrey fue que se iniciaran las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades con los funcionarios de las casillas irregulares.
Para muchos expertos, el costo de la curva de aprendizaje y los riesgos que conlleva destruir al Poder Judicial y al equilibrio de Poderes, con 200 años de antigüedad, lo padecerán millones de mexicanos.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
“Aquí y en China, en LA, en… son mexicanos”
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Hace 2 semanason
junio 11, 2025By
Redacción
Sale a relucir la Bandera de México a la cabeza de varios grupos de manifestantes * La Primera Presidenta Sheinbaum Pardo cambia de discurso antes, durante y después de los actos de vandalismo acontecidos en los últimos días
MARCO ANTONIO FLORES***
Resulta inédito en la historia de las relaciones México-Estados Unidos una acusación de la dimensión que hizo la secretaria de Seguridad de EU, Kristi Noem, al afirmar: “Sheinbaum alentó más protestas en Los Ángeles y lo condeno. Ni debería alentar las violentas que están ocurriendo. La gente tiene derecho a protestar de forma pacífica pero la violencia que hemos visto es inaceptable”.
Habrá que recordar que el pasado el 24 de mayo en San Luis Potosí, la Presidenta lanzó una amenaza al gobierno de Estados Unidos: “Vamos a seguir informando, porque de ser necesario nos vamos a movilizar, porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos a México, que atienden a los más necesitados”.
La respuesta de Claudia Sheinbaum Pardo, en su Mañanera del Pueblo, fue que “es absolutamente falsa”, toda vez que condenó las manifestaciones violentas de los últimos días en California. Agregó: “No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta… Debe quedar claro: Condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones”.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, manifestó que él “también” condena la violencia y subrayó que consiguió “frenarla” con su decisión de desplegar la Guardia Nacional para aplacar las protestas.
Todos fuimos testigos cómo, durante las incendiarias manifestaciones, salió a relucir la Bandera de México a la cabeza de varios grupos de manifestantes. La pregunta que surge es: ¿Qué significa esa manifestación tan bien organizada y con destellos de vandalismo y violencia extrema? ¿Que los manifestantes son muy mexicanos y patriotas; que fue patrocinada por el gobierno mexicano? ¿O bien que el mismo Trump las diseñó y organizó (remember 6 de enero de 2020, en el Capitolio) para llegar a su escenario ideal: Venderles a sus partidarios la justificación de reprimir a los mexicanos e inmigrantes, sobre todo en Los Angeles, ciudad “santuario” del estado de California gobernado por un demócrata.
Lo que ocurrió en Los Angeles tuvo un efecto mediático en toda la Unión Americana y le abona puntos a Donald para justificar la aplicación de mano dura contra los migrantes y toda su política antiinmigrante.
Desde el sexenio pasado se notó la organización de Morena de grupos de respuesta movilizados en Estados Unidos, como cuando Andrés Manuel López Obrador visitó Washington en la célebre reunión a la que fue invitado por Donald.
Los grupos de jóvenes, morenistas, le hicieron un improvisado mitin de apoyo frente al balcón del hotel en que se hospedaba, ondeaban banderas mexicanas y entonaban porras y cánticos de apoyo al expresidente.
Parece que las “movilizaciones son el principal recurso de la 4T para responder a las agresivas políticas antimigratorias y de aranceles de Donald Trump. ¿Quién le sugiere a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum la vía poco diplomática, y sí más bien agresiva y retadora frente a nuestro vecino socio del norte?, encabezado ahora por un presidente conflictivo y hostil hacia México.
Recordemos que en respuesta a las primeras amenazas de Trump de imponer aranceles, la Mandataria Sheinbaum Pardo había convocado a una megamanifestación en el Zócalo y que cuando Trump decidió posponer la fecha de vigencia, la manifestación de “protesta” se convirtió en un festejo por lograr el aplazamiento de tales amenazas.
Parece que en materia diplomática la titular del Poder Ejecutivo de México está mal asesorada, o quizá asesorada desde Palenque, Chiapas, desde la finca La Chingada, para seguir con las “movilizaciones” de mexicanos ante la política antimexicana del presidente Trump.
Sólo falta que publiciten un anuncio público como ocurrió con Fidel Castro en La Habana, la célebre frase que -en plena calle del malecón- rezaba algo así como “Cuba no se doblega ante el imperialismo yanqui”.
Que protesten mexicanos es totalmente justificable, si consideramos que un migrante mexicano que lleva años trabajando de sol a sol en la fábrica o en el campo, en Estados Unidos, se sienta fuertemente agredido ante la imposición del gravamen del 3.5% sobre las remesas que envían a sus connacionales en México, después de que ya pagaron los impuestos correspondientes a su ingreso allá.
Los mexicanos que viven en Los Ángeles tienen razón en protestar contra las redadas de Trump para deportar migrantes en Estados Unidos, en las que se violan derechos humanos. Sin embargo, habrá que tener cuidado de no rascarle las bolas al tigre.
EX ALCALDE DE LOS ANGELES CULPA A TRUMP
Antonio Villaraigosa, ex alcalde demócrata de Los Ángeles, acusa que la administración del presidente Donald Trump está causando deliberadamente el caos en comunidades migrantes con “redadas agresivas” y el despliegue inédito de la Guardia Nacional, así como de marines.
HAY INVASIÓN DE ENEMIGO EXTRANJERO: TRUMP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que la ciudad de Los Ángeles está siendo invadida por un “enemigo extranjero”.
La declaración de Donald se da al referirse a las movilizaciones entre las fuerzas de seguridad y manifestantes que protestan contra las redadas migratorias.
TOQUE DE QUEDA EN LOS ÁNGELES
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el jefe de la Policía de la ciudad, Michel R. Moore, anunciaron toque de queda en el centro de la ciudad de las 20:00 a las 6:00 horas ante las movilizaciones y enfrentamientos de los últimos días.
La medida se toma para seguridad de los ciudadanos.
***Académico y consultor.

Fin a la división de Poderes * Trece millones de mexicanos votaron en la jornada de la elección judicial * Para la Primera Mandataria, fue un éxito rotundo * Reaparece públicamente el que andaba ausente y califica a Claudia Sheinbaum como “la mejor mandataria del mundo”
MARCO ANTONIO FLORES***
Nace un nuevo régimen. El régimen democrático constitucional, basado en la división de Poderes, que los mexicanos nos habíamos dado desde 1857, ha quedado atrás con la elección del Poder Judicial del 1 de junio de 2025.
Somos testigos del surgimiento de un nuevo régimen político constitucional. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asegura que ahora iremos a la vanguardia mundial y que por ser el primer país que elige la totalidad de los miembros del Poder Judicial, a nivel federal y local, nos convertiremos en el país más democrático del mundo.
Quizá ahora sí tendremos una justicia pronta y expedita, eficiente y exenta de corruptelas.
La elección judicial del pasado domingo es considerada por todos como inédita. Para el oficialismo como un novedoso avance democrático, mientras que para la oposición y la mayoría de los abogados constitucionalistas, analistas y politólogos, representa un retroceso y un Golpe de Estado al régimen democrático constitucional que socava la división de Poderes y pone al Poder Judicial bajo el control del Poder Ejecutivo.
La Presidenta Sheinbaum Pardo calificó la elección judicial del domingo como algo “inédito, impresionante, maravilloso, democrático”, aseguró que se cumplieron sus expectativas y agregó: “Fueron 13 millones de personas que ayer salieron a votar, más del doble de los que votan por el PRI, más de los que votan por el PAN (respecto a la elección presidencial de 2024). Claro que es un éxito”.
Por su parte, muchos analistas de oposición aseguran que la participación de sólo 13 millones de mexicanos, de un padrón electoral de 100 millones, representa un rechazo mayoritario y popular, o al menos indiferencia o abstencionismo inusual, a la primera elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial en la historia nacional y echa abajo la insistente versión de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que la reforma judicial era una demanda de la mayoría del pueblo representado por 35 millones de mexicanos que le otorgaron a ella su voto en la elección presidencial del 2024.
“Si vota el mismo número de personas que votó para el primer ejercicio de consulta, pues muy buen resultado”, dijo Sheinbaum antes del domingo.
Si la elección judicial se tuviera que sujetar a las reglas de las consultas constitucionales para ser vinculatorias, debería de haber tenido una participación mayor al 51%.
Recordemos que la consulta popular para elegir sobre el juicio a expresidentes se tuvo participación del 7%, ejercicio en el que, aunque los resultados fueron en favor de enjuiciarlos, no se tomó en cuenta, bajo el argumento de que no fue vinculatoria porque no alcanzó el mínimo de participación requerida.
También hubo una consulta, en 2022, como ensayo para establecer en nuestra Constitución Política la revocación de mandato, en la que participó el 18%.
La Primera Mandataria también ha comparado esta elección con la de jueces locales en Estados Unidos, donde suele participar un 20 por ciento.
Sheinbaum Pardo celebró que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, reapareciera públicamente al acudir a votar en la elección judicial, a ocho meses de que concluyó su gobierno.
En su Mañanera del Pueblo, la Mandataria dijo que le dio mucho gusto verlo y agradeció que López Obrador la calificó como “la mejor presidenta del mundo”.
El expresidente López Obrador, en el momento de emitir su voto en esta elección judicial, debió haber recordado cómo se gestó la mal llamada “reforma judicial”.
La crónica de una venganza presidencial anunciada el 5 de febrero de 2023, durante la conmemoración de la Promulgación de la Constitución de 1917 en Querétaro.
Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tuvo la “osadía” de permanecer sentada mientras asistentes y miembros del gabinete se levantaban y aplaudían al mandatario durante su discurso.
Este gesto, aunque aparentemente menor, al parecer fue el detonador para que el presidente Andrés Manuel intensificara sus ataques y agresiones al Poder Judicial, y ordenara la reforma que sujetaría a ese poder al control del Ejecutivo.
La ministra Norma Piña aclaró que ese episodio no fue el inicio de la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Según Piña, dicha tensión surgió cuando la Suprema Corte declaró inconstitucional, tanto la ley de energía eléctrica como la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como diversas suspensiones de jueces a obras del Tren Maya y decretos presidenciales, como aquel que pretendía hacer a un lado la ley de adquisiciones, para adjudicar todo de forma directa y sin licitaciones públicas.
RIP A LA DIVISIÓN DE PODERES
Repito: Nace un nuevo régimen. El anterior, que tenía 200 años de existir, se acabó. Consummatum est, RIP a la división de Poderes.
La teoría política que establece que las decisiones no deben concentrarse y que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios, ha quedado atrás y prueba de ello es que tan solo la SCJN estará conformada, puntualmente, por todos y cada uno de los candidatos que Morena, o el oficialismo, propuso a través de los famosos “acordeones”, que se estima se imprimieron en el orden de 50 millones y fueron distribuidos en todo el país.
El Poder Judicial se convertirá en una herramienta política del oficialismo y de grupos de interés.
La reforma al Poder Judicial, como está planteada, lejos de lograr justicia pronta y expedita, significará un gran retroceso y retraso en la impartición de justicia.
Será enorme el costo de la curva de aprendizaje. ¿Cuándo y cómo se normalizará el funcionamiento del Poder Judicial? ¿Será para mejorar o para empeorar? Nadie sabe.
La elección judicial representó un enorme costo. Tan solo la elección implicó un gasto de 7 mil millones de pesos, pero el costo más grande podría ser la falta de garantía del ejercicio de las libertades individuales.
Los derechos civiles y políticos básicos, como el derecho al voto, la libertad de expresión, prensa, asociación, reunión y conciencia, y la igualdad ante la ley. El derecho de propiedad, libertad de creencias, inclusive que la autoridad no pretenda determinar qué se puede enseñar en las universidades, qué libros podemos leer o qué películas podemos ver, decidir el género de nuestras parejas matrimoniales o interferir con nuestra autonomía física.
El alcance de los derechos individuales que requieren protección siempre será objeto de controversia y evolucionará inevitablemente con el tiempo. Sin embargo, existe claramente una amplia gama de libertades individuales que, en palabras del juez norteamericano Jackson, “no pueden someterse a votación; no dependen del resultado de ninguna elección”.
Por lo tanto, es esencial que las libertades civiles básicas estén consagradas en las Constituciones y protegidas por los Poderes judiciales.
DESAIRE POPULAR
Resulta que 85 millones de ciudadanos no aceptaron participar en la elección del Poder Judicial, pero ya tenemos una nueva SCJN, casualmente están aseguradas las tres ministras que dejó AMLO: la “ministra del pueblo”, Lenia Batres; la ministra Yasmín Esquivel, acusada de plagio de su tesis profesional, y la ministra Loretta Ortiz, quien se ha confesado ser férrea militante y fundadora de Morena, así como María Estela Ríos González, quien fue la consejera jurídica del expresidente y eventualmente la autora material o intelectual de la “reforma judicial” en su primera versión.
Aunque todavía no hay resultados oficiales, parece que el candidato a ministro con más votos, que será el presidente de la SCJN, es Hugo Aguilar Ortiz, morenista (no declarado) que fue incluido en los polémicos acordeones distribuidos por millones en todo el país, lo que para nuestro consuelo nos librará de tener como nueva presidenta de la Corte a la llamada “ministra burra”.
Al menos ocho de los nueve ministro(a)s de la SCJN aparecían en los citados “acordeones”, todos los cuales son simpatizantes de Morena o el oficialismo y fueron abiertamente apoyados a través de dicho mecanismo.
Por ello podríamos tener una nueva SCJN, que bien podría llamarse SCJA (Suprema Corte de Justicia del Acordeón).
Un nuevo régimen no debería ser consecuencia de un gobierno democráticamente electo, que utilice sus mayorías electorales o legislativas (hechiza, en el caso actual) temporales, para afianzarse en el poder modificando las reglas constitucionales del juego democrático, de forma que debiliten las propias instituciones democráticas, así como a sus oponentes para socavar la competencia justa.
Este es el espectro de la tiranía de las mayorías: La posibilidad de que un gobierno elegido popularmente utilice sus mayorías en el Parlamento o en las urnas, para eliminar a la democracia y a la oposición mediante el voto.
Eso ya lo vivimos los mexicanos durante 70 años con el PRI, partido hegemónico que, irónicamente, fortaleció las instituciones democráticas y abrió la puerta a la competencia política a los partidos minoritarios o de oposición.
Democracia o tiranía, ese es el dilema.
***Académico y consultor.
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