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PULPO POLÍTICO

¡Michoacán, tierra caliente!

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Asesinato de Carlos Manzo, el detonante de una ola violenta que se vive desde que era gobernador Lázaro Cárdenas Batel * Las muertes del alcalde de Uruapan y del líder limonero estatal ponen al rojo vivo el estado michoacano * También matan al sobrino de Hipólito Mora * No habrá impunidad, advierten la Primera Presidenta Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch * Identificado el presunto asesino * La viuda Grecia Quiroz toma protesta como alcaldesa, exhorta a manifestaciones pacíficas y advierte que seguirá el movimiento del sombrero

 

MARKOFLOS

 

El sábado 1 de noviembre de 2025, el alcalde independiente de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue asesinado arteramente cuando encabezaba el “Festival de las Velas”, ante decenas de familias, incluida la suya. Durante el sepelio su esposa, hoy viuda, dijo: “Mataron al mejor presidente municipal de México, el único que se atrevió a desenmascarar a los grupos de la delincuencia organizada, en Michoacán”.

Un dato revelador es que durante la administración del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, siete presidentes municipales han sido asesinados en distintos hechos de violencia registrados en la entidad.

Recientemente también fueron asesinados Bernardo Bravo, dirigente de citricultores, y Alejandro Torres, sobrino del activista Hipólito Mora.

Michoacán, durante dos décadas, ha sido la entidad más violenta del país. Se convirtió en un campo de batalla para algunos de los grupos delictivos más poderosos de México, en su lucha por el control del tráfico de drogas y de otras actividades criminales.

No olvidar que fue en Michoacán, hace 20 años, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la “guerra al crimen organizado”, tan criticada y citada como referencia y origen de la violencia en el país, tanto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador como por la actual Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.

Irónicamente, fue a petición de uno de los más prominentes miembros de esa corriente política que se detonó tal guerra. En noviembre de 2006, el gobernador Lázaro Cárdenas Batel pidió el apoyo del presidente Calderón Hinojosa, tras conocer la noticia de que seis policías ministeriales habían sido asesinados en el municipio de Aguililla.

Dijo el exgobernador en esa ocasión: “Se requiere mayor presencia de la autoridad federal en las zonas críticas del estado, así como un cambio de estrategia en el combate al crimen organizado. Hemos insistido ante la Federación que es necesario más respaldo para poder contrarrestar la presencia de esos grupos, sobre todo en regiones bien localizadas”.

Como lo hiciera hace 20 años Cárdenas Batel, el alcalde de Uruapan había pedido ayuda a las autoridades federales de seguridad.

“Pido, urgentemente, su presencia en Uruapan…. las situaciones complicadas que vivimos en Michoacán requieren que ustedes tomen la responsabilidad que tienen para atender este tipo de delitos federales, de estas bandas delictivas del crimen organizado, que cometen ilícitos, cometen amedrentaciones (sic), homicidios con armas de uso exclusivo del Ejército”, añadió.

“Nosotros exigimos y pedimos al gobierno federal y al gobierno estatal, pero principalmente al gobierno federal, que encabeza nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, para que asuman su responsabilidad en los delitos del orden federal”, agregó.

El alcalde Carlos Alberto Manzo señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) debía investigar y esclarecer los sucesos violentos de su competencia. Insistió en que las bandas criminales “están fuertemente armadas”.

El edil señaló: “Lamentablemente nuestro municipio, más o menos desde hace 25 años, viene padeciendo este vacío en materia de seguridad y esto ¿por qué se ha generado?, pues porque han existido gobiernos que han llegado para pactar con la delincuencia, que han llegado para ser cómplices de la delincuencia”.

Con frecuencia denunció a grupos criminales por extorsionar a los productores de aguacate y limón de su ciudad y recientemente subrayó: “Pedimos castigo a los culpables. Todo el peso de la ley a estos asesinos. Los queremos vivos o los queremos muertos, pero ya los queremos, señor gobernador, señor fiscal, Señora Presidenta de México. No vamos a descansar, aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste el tiempo, aunque nos cueste el poder. ¡Ni un paso atrás!”.

 

MANZO TENÍA PROTECCIÓN FEDERAL

En conferencia de prensa celebrada el domingo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aclaró que el alcalde contaba con protección federal.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, dijo que Alberto Manzo había estado acompañado por un destacamento de 14 miembros de la Guardia Nacional y por dos vehículos. La seguridad adicional estuvo a cargo de agentes municipales designados por el alcalde.

Fue uno de su círculo cercano el que liquidó al asesino del alcalde. García Harfuch dijo: “Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a los habitantes de Uruapan, que hoy viven una pérdida dolorosa e injusta a manos de la delincuencia organizada”, y subrayó. “No habrá impunidad”.

Manzo era una figura incómoda para el gobierno federal. Exigió más poder para contraatacar.

“Hace falta mayor determinación de la Presidenta de México”, dijo a un entrevistador radiofónico en septiembre pasado. Al tiempo que reflexionó sobre su propia seguridad: “No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados, de los que les han arrebatado la vida”.

“Tengo mucho miedo, pero tengo que acompañarlo de valentía”, expresó.

Sus críticas se centraron principalmente en la estrategia de la Primera Presidenta Sheinbaum Pardo en el sentido de “evitar los enfrentamientos directos y las bajas masivas que sumieron a México en un baño de sangre después de que el gobierno declarara la guerra a los cárteles en 2006, así como priorizar el uso de la inteligencia y la investigación sobre la lucha directa contra la delincuencia, y garantizar una sólida coordinación entre los organismos de seguridad y abordar las causas profundas de la violencia”.

La postura de Manzo Rodríguez era radicalmente distinta. Hizo público el descubrimiento de fosas comunes y de lo que describió como campos de entrenamiento dirigidos por cárteles en Uruapan. Además, apoyó la idea de matar a individuos sospechosos de atentar contra civiles o contra las autoridades.

“Si la persona se encuentra en ese momento abriendo fuego contra la población civil, pues lo vamos a abatir”, dijo Carlos Alberto Manzo en un evento público en mayo.

“Y si eso es delito, pues ya tendremos que defendernos en los tribunales o ya tendremos que pagar con cárcel.

“Si ella -la Presidenta Claudia Sheinbaum- cree que va a detener a los delincuentes sin un disparo y se van a entregar, pues que ya lo haga”, dijo.

“Y créanmelo, si ella lo logra, lo más pronto posible yo presento mi renuncia”. Sus palabras le valieron el apodo de “Bukele mexicano”, por el líder salvadoreño Nayib Bukele, quien ha dirigido una violenta represión de las bandas delictivas de su país.

Al respecto, la Primera Mandataria Sheinbaum destacó que se debe respetar el principio jurídico de nuestro sistema penal acusatorio, “nadie es culpable hasta que no se le pruebe lo contrario”, así como el respeto a los derechos humanos.

 

PEÑA MANDÓ A ALFREDO CERVANTES PARA PACIFICAR MICHOACÁN

Han sido varios los intentos de frenar la violencia en Michoacán. El expresidente Enrique Peña Nieto, en enero de 2014, creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán y designó como titular a Alfredo Castillo Cervantes con el objetivo de lograr el restablecimiento del orden y la seguridad en Michoacán en el contexto de la guerra contra la delincuencia organizada, contra el cártel de Los Caballeros Templarios y para controlar la actuación de los Grupos de Autodefensa de Michoacán.

En enero de 2015, Alfredo Castillo fue retirado de su cargo exactamente un año después de asumirlo. A cargo de la seguridad en Michoacán se designó al general Felipe Gurrola Ramírez.

Una de las labores de Castillo Cervantes fue legalizar los grupos de autodefensa, integrándolos a una guardia rural, grupos que en los últimos años fueron aniquilados por los propios grupos del crimen organizado.

 

CON MORENA LA VIOLENCIA SE DISPARÓ DE FORMA EXPONENCIAL

Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la violencia en el estado de Michoacán se incrementó de forma exponencial y en lo que va de este sexenio la tendencia se mantiene.

El asesinato del alcalde de Uruapan vuelve a poner como prioridad de la agenda nacional grandes interrogantes: ¿Vamos bien en la estrategia para la pacificación del país? ¿Tiene razón Donald Trump cuando afirma que el país y el gobierno están dominados por el narco y la delincuencia? ¿Acaso requerimos más apoyo tecnológico y material de nuestro vecino del norte? ¿Es viable, en algunos casos, prever que legalmente se justifique actuar al estilo “Bukele? ¿Es correcta la estrategia en marcha y vamos por buen camino?

El burdo y vil asesinato de Carlos Manzo ha cimbrado a millones de mexicanos.

Los michoacanos y todo México vuelven a poner sus esperanzas en la Primera Presidenta y en su Gabinete de Seguridad para que México, más pronto que tarde, viva en paz y retome la senda para lograr un país más seguro y próspero, donde prevalezca la libertad de los empresarios y comerciantes para liberarse del nocivo “cobro de piso”, extorsiones, amenazas y violencia.

 

DESAPARECIDO AL EXALCALDE DE ZINAPÉCUARO

La crisis de seguridad que atraviesa Michoacán no cesa de escalar. En pleno torbellino mediático por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el líder de productores de limón, Bernardo Bravo, la Fiscalía estatal ha reportado como desaparecido a Alejandro Correa Gómez, presidente municipal de Zinapécuaro entre 2018 y 2021.

El exalcalde, de 41 años de edad, fue visto por última vez el domingo en la Ciudad Hidalgo, cerca de la frontera entre Michoacán y el Estado de México.

El último reporte que se tiene de él es de la madrugada del pasado domingo, cuando fue visto a las 2:00 en Tierras Coloradas, en el municipio de Hidalgo, a dos horas al este de Morelia. “Se teme por su integridad, ya que puede ser víctima de algún delito”, reza el documento.

 

IDENTIFICAN AL ASESINO DE CARLOS MANZO; LO APODABAN “EL CUATE”

Según información de El Universal, ya fue identificado el asesino del alcalde de Uruapan.

El agresor fue reconocido como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”.

Según las fuentes del medio, “El Cuate” era originario de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán, Michoacán, y era familiar de un hombre apodado El Prángana, operador de los hermanos Álvarez Ayala, grupo criminal que trabaja al servicio del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Omar García Harfuch señala que la persona que le disparó a Manzo se acercó y a corta distancia hizo las detonaciones. Agrega que no había revisión ni filtro de seguridad, pues fue un ataque al aire libre en un evento abierto y público, donde el agresor aprovechó para dispararle al alcalde.

 

VANDALISMO EN PALACIOS DE GOBIERNO

El vandalismo se hizo presente en los palacios de Gobierno de Uruapan, Apatzingán y Morelia, en repudio a los asesinatos de Bernardo Bravo Manríquez y Carlos Manzo Rodríguez, líder limonero apatzinguense y alcalde uruapense, respectivamente.

Los quejosos realizaron pintas y destruyeron puertas, ventanas y muebles del edificio del gobierno local; la recepción del inmueble también fue incendiada.

Los disturbios en la capital del estado han dejado 18 detenidos en los últimos dos días; al menos ocho de ellos fueron puestos a disposición de la Fiscalía estatal.

Cabe recordar que Bernardo Bravo fue ultimado el 19 de octubre, tras ser obligado a asistir a una reunión con presuntos integrantes del cártel Los Blancos de Troya.

En Morelia, alumnos de la Normal de Tiripetío, la Universidad Michoacana y colectivos estudiantiles se manifestaron en el Centro Histórico de la ciudad. Al final de la protesta, un grupo de inconformes vandalizó el palacio de gobierno y el Congreso local.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla comentó que el domingo en Uruapan se realizó una movilización “muy sentida por la gente”, pero que en la de Morelia fueron vistos integrantes de partidos opositores, “porque a río revuelto ganancia de pescadores”.

En Uruapan, individuos vandalizaron tres torres del Teleférico que el gobierno de Michoacán construye y pretende inaugurar en diciembre. Se reportó la detención de varios manifestantes.

Habitantes de Apatzingán exigieron la renuncia de su presidenta municipal, Fanny Arreola Pichardo, señalada porque en octubre de 2025 la banda Originales de San Juan le dedicó el narcocorrido La Raza Michoacana.

Ante esto, los ciudadanos pidieron que fuera separada de su cargo, por su apología al crimen organizado.

Luego de poco más de dos horas de disturbios, elementos de seguridad arribaron al ayuntamiento de Apatzingán para retomar la seguridad del lugar.

Fue así que los agentes detuvieron a por lo menos 12 manifestantes, los cuales se encontraban al interior del lugar.

 

VIUDA DE MANZO HACE UN LLAMADO A LA PAZ

Las protestas en Uruapan, Michoacán, han hecho eco en la viuda del alcalde, Grecia Quiroz, quien ha llamado a la paz en el estado.

La esposa del funcionario, asesinado el pasado 1 de noviembre, pide a los simpatizantes de su esposo continuar con las movilizaciones, pero sin violencia, vandalismo ni afectaciones a terceros que pongan en riesgo la seguridad en el municipio mexicano.

“Su lucha siempre fue pacífica”, dijo Quiroz en una transmisión en vivo en las redes sociales de Manzo.

El mensaje, según ha dicho, tiene el objetivo de terminar con la furia de las manifestaciones que se han realizado los últimos días en Uruapan y en otros puntos de Michoacán.

La protesta de estudiantes frente al palacio de gobierno o la quema de monumentos e instalaciones públicas han sido el sello de las movilizaciones por la muerte del funcionario.

La viuda ha complementado su mensaje con menciones sobre el futuro del Gobierno en Uruapan, a raíz de las propuestas que la sugieren como sucesora de su esposo en el cargo. La primera petición formal para que Quiroz asuma la presidencia municipal ya llegó este martes.

La esposa del alcalde asesinado ha agradecido las muestras de apoyo y de afecto hacia su familia, pero ha llamado a honrar la memoria del presidente municipal continuando con las movilizaciones por la vía pacífica.

“A él no le hubiera gustado, su lucha no fue encaminada a hechos violentos”, ha sido parte del mensaje de la viuda de Manzo.

Los enfrentamientos entre manifestantes y la policía local han enmarcado los días siguientes a la muerte del alcalde que ha conmocionado al país entero.

Manzo había denunciado sistemáticamente las condiciones de inseguridad por las que atravesaba su municipio, con llamados al gobierno federal para reforzar la seguridad. Incluso había alertado sobre los riesgos que corría su vida.

“Tenemos que seguir alzando la voz, esta lucha va a continuar”, ha sostenido la viuda de Manzo.

En medio del llamado a terminar con las protestas violentas, Quiroz ha dejado claro que el gobierno de su esposo continuará.

“El legado que dejó Carlos se va a retomar, vamos a seguir adelante con el movimiento del sombrero, eso ténganlo por seguro”, expresa y para muchos es un guiño ante las versiones que señalan que el relevo de Manzo en la presidencia municipal apunta a ella. Su nombre suena fuerte en las cúpulas políticas de Michoacán.

“Voy a tener reuniones para dar a conocer la gobernabilidad del municipio, vamos a honrar la memoria de Carlos […] Vamos a sacar el municipio adelante y vamos a trabajar juntos, de la mano”, advierte ha zanjado la viuda Grecia Quiroz.

El miércoles 5 de noviembre ya tomó protesta como alcaldesa sustituta de Uruapan, Michoacán, tras una reunión que sostuvo con la Mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.

 

PRIMERA PRESIDENTA ANUNCIA PLAN MICHOACÁN POR LA PAZ Y LA JUSTICIA

La Presidenta Sheinbaum Pardo dio a conocer que para enfrentar la crisis en Michoacán -que se acrecentó con el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo-, su administración comenzará a delinear el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Este proyecto se construirá con las aportaciones de todos los sectores del estado -sociales, pueblos originarios, económico y político-, y confió en presentarlo este fin de semana o a más tardar a inicios de la próxima semana.

“Comenzaremos este trabajo y esperamos, con este diálogo abierto a distintos sectores, el fin de semana y si no a principios de la próxima, podamos estar presentando este plan para la paz y la justicia en Michoacán, sustentado no en la violencia, sino en la construcción de la paz; sí, con seguridad, con justicia, pero con una serie de acciones que queremos construir con el pueblo de Michoacán”, añade.

Detalla que el plan se basará en tres ejes centrales: seguridad y justicia, desarrollo económico con justicia y educación y cultura para la paz.

“Nuestro compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia en el caso del cobarde homicidio de Carlos Manzo (…) Compartimos ese sentimiento, su cobarde homicidio duele no sólo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país”, agrega.

La Primera Mandataria destaca que Manzo representa a los hombres y mujeres que sirven a su pueblo con entrega y que cree que la política es para transformar, no para destruir.

“Contrario a los de siempre, a los que ya conocemos, a quienes no les importa lo que pasa en Michoacán, nosotros no hacemos política a partir del dolor”, por ello, presentó este plan de justicia y paz para la entidad.

Se trata de “una estrategia integral que parte de una convicción profunda de que la seguridad no se sostiene con guerras, sino con justicia, desarrollo y respeto a la vida. La paz no se construye con fuerza, sino con las personas, el respeto a las comunidades”.

Claudia Sheinbaum señala que esta semana todos los integrantes de su gabinete escucharán las voces de los diferentes sectores del estado para construir este proyecto.

Propuso a la Fiscalía estatal la creación de una fiscalía especial para la atención de delitos de alto impacto.

También incluirá mesas de seguridad quincenales con el Gabinete de Seguridad, sistema de alerta para los presidentes municipales, fortalecimiento de la denuncia anónima a las víctimas de extorsión.

Se planea el desarrollo económico, garantía de seguridad social y salarios dignos a trabajadores agricultores y de la cultura de exportación, convenio con el sector productivo para el desarrollo de más polos de bienestar, entre otros.

Sobre educación y cultura, la Presidenta detalla que se consideran mesas de cultura de paz, una campaña estatal Recuperemos Michoacán, mesas de diálogo por la paz, programa escuelas de paz, becas para transporte a jóvenes universitarios, deporte comunitario, centros de alto rendimiento local, centros regionales de cultura, entre otros.

“Michoacán nunca se ha rendido y nosotros tampoco, Michoacán tiene un pueblo valiente, trabajador, con un corazón enorme que ha sabido levantarse una y otra vez, y no están solos”, sostuvo la Mandataria,

Todo un reto titánico para recuperar la paz no sólo en Michoacán sino en todo el país.

Capacidad la tiene la Primera Presidenta… y más por tener la colaboración estrecha con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, un funcionario de resultados.

 

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Renovación INEludible

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  • Cuando el árbitro pierde credibilidad, la democracia está en riesgo
  • El país requiere un instituto que garantice elecciones limpias, transparentes y confiables ante la INEficiencia para defender el Estado de Derecho, ante la INEptitud constitucional disfrazada de autonomía, ante la INEsperada sumisión ante la 4T, por lo que es INEvitable rendir cuentas para poner fin a la ola de escándalos por los casos de corrupción

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los escándalos de corrupción de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, son sólo la gota que derramó el vaso de la degradación a que ha llegado el instituto electoral.

Es únicamente un síndrome del estado de putrefacción que alcanzo la institución, al ser capturada, vulnerada y manipulada por el gobierno de la Cuarta Transformación.

Con Guadalupe Taddei, el gobierno de la 4T selló una velada complicidad, le dio carta abierta, le otorgó el más amplio poder que ningún presidente del INE había tenido.

Ante la ola de críticas y señalamientos, tuvo que renunciar Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, tras acumularse señalamientos de corrupción y conflicto de interés con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

La salida, formalizada el 27 de octubre, desató una crisis que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como una traición “a la confianza del pueblo de México”.

“¡Al diablo con sus instituciones!”, había sentenciado el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Lo sentenció, lo planeó y lo logró.

AMLO acabó con la división de Poderes y destruyó los organismos autónomos constitucionales uno a uno, incluido el Instituto Nacional Electoral, que era la institución democrática constitucional que garantizaba elecciones limpias, transparentes y confiables para 100 millones de mexicanos, e incluso llegó a ser reconocido a nivel internacional.

Después de 30 años que llevó construir al INE (primero Instituto Federal Electoral -IFE-), bastó un sexenio para su derrumbe.

En 2022 y 2023, el exmandatario López Obrador inició su andanada contra el Instituto Nacional Electoral y la respuesta de cientos de miles de mexicanos fue salir a las calles a defender esa institución con mucho entusiasmo y vehemencia.

El 13 de noviembre de 2022, la primera gran marcha, se realizó en la Ciudad de México y se replicó en más de 50 ciudades del país.

Una segunda concentración masiva llenó el Zócalo de la Ciudad de México y otras plazas del país bajo el lema “El INE no se toca”.

Hoy en 2026, la ciudadanía parece apática o resignada de lo que está pasando. El INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encuentran capturados por el partido gobernante.

Desde que llegó Guadalupe Taddei a presidir el Instituto Nacional Electoral, en abril de 2023, y se dieron relevos de consejeros afines al oficialismo, la misión democrática del pilar electoral de nuestra democracia dio muestras de sometimiento hacia el poder.

En la campaña presidencial y de gubernaturas de 2024, ambos organismos mostraron ausencia y tolerancia en violaciones a las leyes electorales.

Se ignoraron las demandas de los partidos de oposición por campañas anticipadas, comenzando por la presidencial, así como las públicas y abiertas denuncias de la intervención del crimen organizado en campañas como las de Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas, entre las más evidentes.

El TEPJF avaló la tramposa mayoría calificada del Poder Legislativo para Morena que le permite modificar la Constitución Política a su antojo.

En 2027 tendremos elecciones nacionales intermedias para renovar el Poder Legislativo federal, 17 gubernaturas y cientos de cargos de elección popular locales.

Ante este importante proceso electoral, resulta de gran importancia encontrar un árbitro electoral que garantice imparcialidad, transparencia y cumplimiento de la ley para evitar las campañas anticipadas y que diversas normas electorales se conviertan en un cero a la izquierda, en un fraude y flagrante violación a la ley, generando desinformación y desconfianza ciudadana.

Las recientes reformas generan dudas y ponen en tela de juicio el papel que desempeñará el INE. Reformas como la facultad de anular elecciones por “intervencionismo extranjero”, la creación de la Comisión para “detectar” e impedir candidaturas con antecedentes o nexos con la delincuencia y, la más reciente ocurrencia, de pretender impedir candidaturas con doble nacionalidad -con dedicatorias personales-, el panorama que se dibuja no es nada halagador para la oposición, ni para la ciudadanía, ni para el futuro democrático de México.

Hoy parece que retrocedemos a 1988 y a los 70s, cuando el partido hegemónico no permitía la participación de las minorías.

Durante décadas, las reformas electorales respondieron a una exigencia básica: abrir espacios para todas las voces.

A pesar de sus limitaciones, los cambios permitieron que oposiciones ganaran espacios, consolidando un sistema multipartidista y permitiendo alternancias en el poder en los tres niveles de gobierno.

Sería muy lamentable y mala señal que ante las evidencias de corrupción y conflicto de interés que propició Guadalupe Taddei por su relación con los proveedores a los que se les asignaron contratos por cientos de millones de pesos, se le diera blindaje de impunidad.

También resulta irónico y simplista tratar de desviar la atención, inculpando de la actual corrupción a gobiernos anteriores al de la 4T.

La interrogante que surge es saber la intención de la Primera Mandataria cuando señala que “la revisión -que realicen los órganos de control y auditoría- debe incluir licitaciones anteriores a la gestión de la consejera y a los organismos estatales, ante señalamientos de que proveedores habrían concentrado adjudicaciones durante más de dos décadas”.

Ante sus declaraciones, ya hay “sospechosismo” de que culparán a personajes del ayer en los escándalos de corrupción del hoy en día. ¿Y Taddei? Bien, gracias.

Luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral nombró a Blanca Yassahara Cruz como consejera presidenta interina, se informó que ya suman 15 renuncias de funcionarios cercanos a la exconsejera presidenta.

Y los representantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) ante el organismo electoral, exigieron eliminar los “superpoderes” otorgados a la presidencia del INE y revisar los nombramientos realizados durante la gestión de Taddei Zavala.

La Cámara de Diputados deberá integrar un comité técnico para convocar a la presidencia definitiva, un proceso que podría extenderse entre cuatro y seis semanas.

Reitero, estimado lector, en 2022 y 2023, millones de mexicanos salieron a la calle a defender al INE con la consigna “El INE no se toca”… y hoy que ha sido ultrajado y denigrado, es hora de que la ciudadanía manifieste su exigencia de que se restaure la institución y que, al menos, se le devuelva la credibilidad, transparencia, legalidad, imparcialidad y honestidad con que contaba hasta 2018.

Rescatar y restaurar al instituto electoral es de vital importancia para el futuro democrático de México en lo interno y en el ámbito de la comunidad internacional.

Con un Instituto Nacional Electoral confiable habrá un México viable, sin el INE se cancela el futuro del país, no sólo en su régimen democrático constitucional, también se derrumban las aspiraciones de millones de mexicanos de vivir en un país con Estado de Derecho, justo y con mejor estatus económico y social.

El instituto electoral debe continuar siendo el único garante constitucional para que los mexicanos tengamos elecciones limpias y confiables.

El Instituto Nacional Electoral es una institución reconocida mundialmente en materia de procesos electorales.

Los mexicanos no debemos permitir que el último reducto democrático y de contrapeso que tenemos (INE y TEPJF) sean capturados por el gobierno en turno.

En estos días críticos se pone en tela de juicio la transparencia, imparcialidad y credibilidad de nuestros procesos electorales, así como la participación ciudadana.

En las elecciones de los últimos 20 años, han participado millones de ciudadanos anónimos que con su trabajo honesto y transparente dan aval y soporte a nuestros procesos electorales en la integración de funcionarios de casillas, en el recuento de votos, en las representaciones partidistas, así como su voto libre y secreto.

El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo debería dejar atrás las nocivas herencias que recibió y apoyar la restauración de las instituciones emblemáticas de nuestro régimen democrático constitucional.

Lo anterior definirá si pasa a la historia como una verdadera jefa de Estado o como una simple defensora de un movimiento político que no trascenderá.

Millones de mexicanos tenemos fe en que la Primera Presidenta tiene la visión de una jefa de Estado que no sólo piensa en las próximas elecciones, sino en las futuras generaciones. Que así sea. La Patria es primero.

 

***Académico y consultor.

Egresado del IPN.

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¿Francisco Garduño Yáñez al IPN?

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  • Tiene todo el apoyo del “presidente López Obrador”, como así lo llama la Primera Mandataria
  • En mayo de 2026, Claudia Sheinbaum Pardo prometió democratizar el procedimiento para nombrar al nuevo director general del Instituto Politécnico Nacional, pero hasta el momento no hay convocatoria… ¿albazo o dedazo?

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

El 22 de noviembre de 2026, de acuerdo con la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), “el(a) Presidente(a) de la República deberá nombrar nuevo director general”.

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo siempre se refiere a su antecesor como el “presidente López Obrador”.

El candidato de Andrés Manuel López Obrador, ni duda cabe, es Francisco Garduño Yáñez. Luego entonces el nuevo director general del IPN será el exdirector del Instituto Nacional de Migración (INM) por indicación llamado “presidente López Obrador”… a menos que la Primera Mandataria tenga otro candidato o someta la selección a una elección entre la comunidad politécnica, como lo había ofrecido, pero que hasta el momento no hay ni siquiera convocatoria.

Ante el inminente relevo de director general del IPN que, por ley, debe realizarse en poco menos de un mes, flota en algunos sectores de la comunidad politécnica el “sospechosismo” de que la carta fuerte del gobierno de la Cuarta Transformación es nada menos que Francisco Garduño Yáñez, el célebre exdirector del INM, designado en ese cargo en junio de 2019 por el “presidente López Obrador”.

A raíz del escándalo del incendio que terminó en tragedia, Garduño Yáñez dejó el cargo en 2025… y en enero de 2026 fue nombrado director general de Centros de Formación para el Trabajo en la Secretaría de Educación Pública (¿plataforma para el IPN?).

Francisco Garduño se tituló como optometrista por el IPN en 1972 y en 1987 trabajó como asesor del director general del IPN (¿preparación para el puesto?).

El candidato del “presidente López Obrador” para ocupar la Dirección General del IPN es Francisco Garduño. Siempre ha sido un colaborador muy cercano.

En la CDMX, siendo Andrés Manuel el jefe de Gobierno intentó nombrarlo como secretario de Seguridad, pero fue vetado por el entonces mandatario Vicente Fox Quesada y para ese puesto se designó a Marcelo Ebrard.

Cuando se venía la primera designación de director del Politécnico, al “presidente López Obrador”, en 2020, se le preguntó si Garduño podría ser designado.

La respuesta del “presidente López Obrador” hace evidencia la simpatía, cercanía y alta estima que le profesaba a Garduño Yáñez.

“Él sería un muy buen director”, pero expresó que lo necesitaba más al frente del INM.

 

¿PREPARANDO EL CAMINO PARA SU ARRIBO EN EL IPN?

Comento esto porque en política nada es casual y resulta que hace apenas unas semanas Francisco Garduño fue exonerado, con “bombo y platillo”, por un juez de los cargos por su responsabilidad en el incendio y tragedia ocurrido en Ciudad Juárez.

Un hecho que se hizo público el 27 de marzo de 2023, un incendio registrado dentro del área de alojamiento de varones de la estancia migratoria del INM en Ciudad Juárez.

Ahí inició la tragedia, debido a que un grupo de migrantes inició una protesta quemando colchonetas. Las puertas del área permanecieron cerradas bajo candado durante el siniestro, lo que impidió la evacuación de las personas atrapadas.

En el siniestro murieron 40 migrantes y 27 resultaron heridos; la mayoría de las víctimas provenía de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela y Colombia.

También se detectó la ausencia de extintores operativos en la celda, la inexistencia de salidas de emergencia adecuadas y la falta de un plan de protección civil actualizado.

Pese a la gravedad de la tragedia y el mayúsculo escándalo que creció con el paso de los días, Garduño permaneció en su cargo con todo el apoyo público del “presidente López Obrador”.

 

SHEINBAUM NO DA SEÑALES DE UNA ELECCIÓN MÁS DEMOCRÁTICA Y TRANSPARENTE

En mayo de 2026, Sheinbaum Pardo hizo una propuesta innovadora y trascendental, una noticia que cayó muy bien en toda la comunidad politécnica: Democratizar el procedimiento para nombrar al nuevo director general del IPN y así dar mayor participación a sus más de 800 mil egresados, 220 mil alumnos, 20 mil profesores, investigadores, empresarios, servidores públicos y exdirectores generales, para una elección más democrática y transparente.

Y es que desde hace décadas el nombramiento se hace como lo establece la Ley Orgánica del IPN, en su artículo 12: “El Director General será nombrado por el Presidente de la República; tendrá la representación legal del Instituto Politécnico Nacional, durará en su cargo tres años y podrá ser designado, por una sola vez, para otro periodo”.

En una Mañanera del Pueblo realizado en mayo de este año, Sheinbaum Pardo dio una extraordinaria noticia para los politécnicos: “Es más, vamos a hacer una consulta en el Poli para la próxima dirección, vamos a democratizar la elección del director general del Politécnico Nacional, o directora, en una consulta para que la comunidad elija a tres. Toda mi vida luché en la UNAM para que eso fuera así; una consulta para ver qué la gente opina, quién puede ser el mejor director o directora”.

 

SAQUEO Y CORRUPCIÓN EN LAS ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES

Ya veremos qué pasa, pero por lo pronto el IPN atraviesa una de las más severas crisis institucional de su historia. Esto ocurre desde la llegada de Arturo Reyes Sandoval, cuya designación (obedeció a ser sobrino de la exsecretaria obradorista Irma Sandoval, según algunas publicaciones) ha pasado por mayúsculos escándalos de corrupción, rezagos en administración e infraestructura que repercuten en el deterioro del nivel académico, así como diversos paros, plantones y protestas que han pedido su destitución.

Reyes Sandoval -de investigador a politiquillo- ha politizado la institución y ha impulsado a diversos grupos estudiantiles radicales, como el Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico (CLEP) y el Movimiento de Estudiantes No Asignados (MENA), así como organizaciones académicas, como el Bloque de Delegaciones Democráticas, con tintes ideológico-políticos.

El IPN requiere una reconfiguración normativa a fondo para frenar el saqueo y la corrupción de que ha sido objeto en las últimas administraciones.

El Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo deberían presentar una iniciativa de nueva Ley Orgánica –la actual tiene casi 50 años- que cambie el sistema vertical en el que tanto el Consejo General, como la administración, dependen totalmente del director general.

El OIC ha sido rebasado, en algunos casos se vuelve cómplice de corruptelas. Urge crear un “Comité Anticorrupción” independiente, integrado por al menos cinco distinguidos politécnicos externos, que tenga “dientes” para canalizar denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Aunque suene contradictorio, pero Garduño Yáñez, en el INM, para combatir la corrupción nombró como delegados a varios exmilitares.

 

IPN Y UNAM, INSTITUCIONES RECONOCIDAS Y EMBLEMÁTICAS

El IPN, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), son las instituciones públicas de educación superior más conocidas, reconocidas y emblemáticas del sistema educativo nacional.

En el caso de la UNAM, la elección de rector la realiza la Junta de Gobierno y el Consejo Universitario con sus propias reglas, ha sido transparente y han ocurrido los cambios de rector de manera legítima, democrática y bien aceptada por toda la comunidad universitaria.

El caso del IPN ha sido muy diferente, ya que si bien parte de la comunidad politécnica sentía como un privilegio que fuera el Presidente de la República el que nombrara a su director general, en los últimos años se ha discutido de manera amplia y creciente la necesidad de cambiar este procedimiento para democratizar esta designación y dar mayor participación a toda la comunidad politécnica.

Por ello la propuesta de Sheinbaum podría convertirse en un parteaguas histórico dentro del IPN, que tantas aportaciones ha hecho al desarrollo nacional en las últimas décadas, a través de sus médicos, arquitectos, químicos, biólogos, enfermeras, técnicos-medios, administradores, contadores, economistas, físico-matemáticos, así como ingenieros civiles, electromecánicos, petroleros, en aeronáutica, telecomunicaciones y recientemente en robótica e informática.

El talento politécnico fue un factor humano clave para la construcción de la infraestructura nacional en hospitales, escuelas, carreteras, aeronáutica, red de telecomunicaciones y de electricidad, así como desarrollo de la industria petrolera, al menos de las últimas ocho décadas.

Enhorabuena por la modernización, depuración y democratización que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció para el glorioso Instituto Politécnico Nacional, aunque el “sospechosismo” está porque no hay convocatoria a casi un mes de la designación del nuevo director general del IPN… ¿será acaso que ya está pactado con el “presidente López Obrador” para que el nombramiento sea bien “calmado”?

 

***Maestro, licenciado y contador público.

Egresado del Instituto Politécnico Nacional.

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PULPO POLÍTICO

El costo de la lealtad hacia Don Javier García Paniagua (III de III partes)

Publicado

en

  • Las cuestiones de La Revista IMPACTO hacia Jesús Reyes Heroles y Manuel Bartlett levantaron ámpula
  • Los otros grandes amigos de Don Juan Bustillos en este suceso histórico: don Miguel Lerma Candelaria y Don Carlos Salinas de Gortari, quien sería el sucesor de MMH

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

En esta tercera y última de las partes de un singular e histórico documento periodístico que nos dejó Don Juan Bustillos Orozco, documento no conocido ni publicado con anterioridad, hemos leído, en letra de su máquina de escribir, diversos sucesos de la vida política del país.

El escrito es un testimonio de uno de los principales columnistas políticos de México del momento sobre la relación de la prensa con el poder, así como vivencias y anécdotas ocurridas en la segunda parte del sexenio de José López Portillo y la forma en que se da la sucesión presidencial en favor de Miguel de la Madrid Hurtado.

Don Juan Bustillos nos describe su llegada a la revista política IMPACTO, en esa época la más importante e influyente del país, por lo que sus publicaciones llegaban a molestar al Presidente de la República en turno cuando sus análisis y comentarios no eran sólo halagos para su gobierno, al grado de ocasionar la censura y venganza desde lo más alto del poder político.

En el valioso documento periodístico, un legado de Don Juan, sabemos que un artículo que publicó -varios meses antes del destape de Miguel de la Madrid-, en donde expresó su apoyo total y leal hacia Don Javier García Paniagua, provocó la animadversión del sucesor de JLP contra IMPACTO.

Sin embargo, hubo otra publicación de Don Bustillos Orozco que hizo explotar la ira del poder presidencial. Fue la aguda crítica que hizo a un discurso de Jesús Reyes Heroles, a la sazón secretario de Educación Pública, quien a los 45 días de iniciado el gobierno de MMH acudió con la representación presidencial al informe del gobernador de Puebla, Guillermo Jiménez Morales.

Es sabido de una regla no escrita entre los gobiernos priístas (el nuevo titular del Poder Ejecutivo se deslindaba de su antecesor, con el fin de legitimarse en el poder presidencial, que se sabía heredado).

El discurso de Reyes Heroles pareció ser la carta política de presentación del nuevo gobierno. En él se condenaba al gobierno de JLP de ser el culpable de todos los males del país, la crisis económica, la corrupción, las inversiones “superfluas y faraónicas”.

Reyes Heroles fue lacónico al señalar: “Esta radiografía (de la gestión de JLP) nos enseña también lo contraproducente del populismo gubernamental. Es sabido que el populismo no es una doctrina ni una ideología, sino un síndrome”.

En el análisis del discurso del nuevo titular de la SEP, Don Juan Bustillos, en su publicación en IMPACTO, se preguntaba: “¿Hasta dónde fue corresponsable, en su secretario de Gobernación la mitad del sexenio lópezportillista, de que el país se acercara al abismo?”, toda vez que Reyes Heroles había sido secretario de Gobernación con JLP.

Al final se concretó la venganza. Manuel Bartlett Díaz, titular de la Segob, la operó. Bartlett también había sido cuestionado por Don Juan durante la campaña, respecto a su real función. Las instalaciones de IMPACTO fueron tomadas por Gobernación y Don Juan fue una especie de perseguido político.

De esta manera se implementó un histórico atentado contra la libertad de expresión. Don Juan Bustillos Orozco fue castigado por ejercer un periodismo libre, valiente, vertical, congruente y sin someterse al poder.

Sus grandes amigos en este suceso histórico: Don Javier García Paniagua, don Miguel Lerma Candelaria y Don Carlos Salinas de Gortari, quien sería el sucesor de MMH.

 

*** Consultor y académico.

Egresado del IPN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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