Derrumbe del edificio de San Antonio Abad, enésima “guerra sucia” en contra de Rojo de la Vega Piccolo * Le preocupa a Morena la puntera de las encuestas en la Ciudad de México, en donde la alcaldesa goza de preferencia ciudadana * Foro Alicia, estatuas del Che Guevara y Fidel Castro, el viaje a España, reinstalación del concejal… y lo que falta * La mandataria exhibe oficios y marco legal sobre la autorización, supervisión y responsabilidades en la demolición
EL TOPO
Se desata una nueva cargada del oficialismo en contra de Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc… y todo por bajarla de la preferencia ciudadana.
Rojo de la Vega Piccolo es una piedrita en el zapato de Morena, que para muchos expertos ya no es una piedrita sino una rocota.
La 4T busca por todos los medios bajarla del liderazgo en las encuestas, y para eso utiliza cualquier recurso o argucio legal… y ejemplos hay muchos: Foro Alicia, estatuas Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, el viaje a España, reinstalación del concejal… y en todos ha salido avante Alessandra Rojo de la Vega, una persona que más que política es una activista y feminista, su ADN que lo trae en la sangre, una protectora de las mujeres en toda la extensión de la palabra.
Ahora sale un nuevo caso para atacar a Rojo de la Vega: el derrumbe del edificio de San Antonio Abad, en donde lamentablemente perdieron la vida tres personas.
La cargada oficial está con todo y Ale Rojo está lista para defender su verdad, y agallas no le faltan, pues es una entrona y guerrera para luchar contra la injusticia.
El caso está en manos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX), quien ya inició investigación y determinará si hay sanción penal o administrativa.
Una papa caliente para la FGJCDMX, pues deberá demostrar independencia y actuar con legalidad en el marco de la ley.
BLOQUEO AL TRABAJO DE LA CUAUHTÉMOC
Rojo de la Vega Piccolo exhibe documentos que demuestran que la alcaldía Cuauhtémoc ha solicitado -tras denuncias vecinales- llevar a cabo visitas de verificación en 6 de los 17 inmuebles que se encuentran en proceso de demolición en la demarcación y que se encuentran bajo el esquema de “Acuerdo de facilidades”, sin embargo, dichas visitas no han sido permitidas bajo el argumento de que son competencia del Gobierno de la Ciudad de México.
“En la Cuauhtémoc hay 17 demoliciones bajo este mismo acuerdo de facilidades. ¿Qué creen? En seis de ellas no nos han dejado verificar. ¿La razón? Porque tienen acuerdo de facilidades administrativas, sólo el gobierno de la ciudad puede verificar esas obras. Solo ellos. Aquí están los oficios y las pruebas”, añade Alessandra Rojo de la Vega al tiempo de mostrar en pantalla los documentos que acreditan lo mencionado.
Tres personas murieron tras el colapso de un inmueble en proceso de demolición en San Antonio Abad. “Esto no se politiza, se respeta”, afirma la alcaldesa al ofrecer un mensaje ante medios de comunicación en el que presenta documentos y explica la actuación de la alcaldía y del Gobierno de la Ciudad de México.
La alcaldesa señala que la demolición contaba con autorización del gobierno central y no de la alcaldía. De acuerdo con lo expuesto, dicho permiso no sólo autorizaba la intervención del inmueble, sino que establecía la obligación de supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad tanto del edificio como de las zonas aledañas.
“Esa demolición tenía permiso del gobierno de la ciudad, no de la alcaldía. Y ese permiso implicaba responsabilidades claras”, agrega.
Durante la conferencia, Rojo de la Vega expuso -con pruebas documentales-, que estas autorizaciones se otorgan a partir del denominado “acuerdo de facilidades”, derivado de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, creada tras el sismo de 2017. Este mecanismo permite realizar demoliciones bajo un esquema excepcional.
Según los documentos presentados, en su actualización más reciente -publicada en 2025- dicho acuerdo permite llevar a cabo demoliciones incluso sin cumplir con algunos requisitos, como contar con un programa de protección civil.
Asimismo, establece que la supervisión, coordinación y responsabilidad de las demoliciones recaen en la Secretaría de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México (Sevivienda) y en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
“Ellos autorizaron, ellos tenían la obligación de supervisar y ellos debían garantizar la seguridad”, enfatiza la también activista.
De acuerdo con documentos que obran en los archivos de la alcaldía, se demuestra que cuando la empresa responsable solicita permiso para la demolición, se identificaron riesgos para la seguridad de las y los vecinos, por lo que se determinó no autorizarla en ese momento.
Días después -relata la alcaldesa- el gobierno central autorizó la demolición bajo el esquema del acuerdo de facilidades, pese a los señalamientos realizados por la alcaldía.
Ale Rojo también explica que las labores de verificación en obra no dependen directamente de la alcaldía, sino del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), organismo del Gobierno de la Ciudad de México encargado de realizar las inspecciones.
Señala que la alcaldía ha solicitado formalmente acompañamiento para llevar a cabo verificaciones; sin embargo, el propio instituto informa que no cuenta con personal suficiente para atender la totalidad de estas solicitudes, por lo que, de octubre 2025 a la fecha, hay cientos de solicitudes que no han sido atendidas por el Invea.
La edil se refirió a la atención del único trabajador que sobrevivió al colapso, quien fue trasladado inicialmente por personal de Protección Civil de la alcaldía para recibir atención médica al Hospital Rubén Leñero.
Expresa que, ante las condiciones en las que posteriormente fue dado de alta, se brindó apoyo para garantizar su atención y resguardar su integridad. “Aquí lo importante es la vida de las personas. El servicio público es resolver”, añade.
La también feminista lamenta que, en lugar de asumir responsabilidades, el tema ha sido llevado al terreno político. “Aquí hay documentos, aquí hay normas y aquí hay hechos. La verdad está sobre la mesa”, añade.
Rojo de la Vega reitera su disposición a colaborar institucionalmente y subraya la necesidad de revisar los mecanismos vigentes para evitar que estos hechos se repitan.
INVESTIGACIÓN EN CURSO PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES
La FGJCDMX ya inició una investigación para determinar responsabilidades administrativas o penales tras el colapso del inmueble.
Ambas partes han anunciado que presentarán pruebas documentales, en un caso que evidencia tensiones institucionales y posibles vacíos en la coordinación entre niveles de gobierno.
