Derrumbe del edificio de San Antonio Abad, enésima “guerra sucia” en contra de Rojo de la Vega Piccolo * Le preocupa a Morena la puntera de las encuestas en la Ciudad de México, en donde la alcaldesa goza de preferencia ciudadana * Foro Alicia, estatuas del Che Guevara y Fidel Castro, el viaje a España, reinstalación del concejal… y lo que falta * La mandataria exhibe oficios y marco legal sobre la autorización, supervisión y responsabilidades en la demolición
EL TOPO
Se desata una nueva cargada del oficialismo en contra de Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc… y todo por bajarla de la preferencia ciudadana.
Rojo de la Vega Piccolo es una piedrita en el zapato de Morena, que para muchos expertos ya no es una piedrita sino una rocota.
La 4T busca por todos los medios bajarla del liderazgo en las encuestas, y para eso utiliza cualquier recurso o argucio legal… y ejemplos hay muchos: Foro Alicia, estatuas Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, el viaje a España, reinstalación del concejal… y en todos ha salido avante Alessandra Rojo de la Vega, una persona que más que política es una activista y feminista, su ADN que lo trae en la sangre, una protectora de las mujeres en toda la extensión de la palabra.
Ahora sale un nuevo caso para atacar a Rojo de la Vega: el derrumbe del edificio de San Antonio Abad, en donde lamentablemente perdieron la vida tres personas.
La cargada oficial está con todo y Ale Rojo está lista para defender su verdad, y agallas no le faltan, pues es una entrona y guerrera para luchar contra la injusticia.
El caso está en manos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX), quien ya inició investigación y determinará si hay sanción penal o administrativa.
Una papa caliente para la FGJCDMX, pues deberá demostrar independencia y actuar con legalidad en el marco de la ley.
BLOQUEO AL TRABAJO DE LA CUAUHTÉMOC
Rojo de la Vega Piccolo exhibe documentos que demuestran que la alcaldía Cuauhtémoc ha solicitado -tras denuncias vecinales- llevar a cabo visitas de verificación en 6 de los 17 inmuebles que se encuentran en proceso de demolición en la demarcación y que se encuentran bajo el esquema de “Acuerdo de facilidades”, sin embargo, dichas visitas no han sido permitidas bajo el argumento de que son competencia del Gobierno de la Ciudad de México.
“En la Cuauhtémoc hay 17 demoliciones bajo este mismo acuerdo de facilidades. ¿Qué creen? En seis de ellas no nos han dejado verificar. ¿La razón? Porque tienen acuerdo de facilidades administrativas, sólo el gobierno de la ciudad puede verificar esas obras. Solo ellos. Aquí están los oficios y las pruebas”, añade Alessandra Rojo de la Vega al tiempo de mostrar en pantalla los documentos que acreditan lo mencionado.
Tres personas murieron tras el colapso de un inmueble en proceso de demolición en San Antonio Abad. “Esto no se politiza, se respeta”, afirma la alcaldesa al ofrecer un mensaje ante medios de comunicación en el que presenta documentos y explica la actuación de la alcaldía y del Gobierno de la Ciudad de México.
La alcaldesa señala que la demolición contaba con autorización del gobierno central y no de la alcaldía. De acuerdo con lo expuesto, dicho permiso no sólo autorizaba la intervención del inmueble, sino que establecía la obligación de supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad tanto del edificio como de las zonas aledañas.
“Esa demolición tenía permiso del gobierno de la ciudad, no de la alcaldía. Y ese permiso implicaba responsabilidades claras”, agrega.
Durante la conferencia, Rojo de la Vega expuso -con pruebas documentales-, que estas autorizaciones se otorgan a partir del denominado “acuerdo de facilidades”, derivado de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, creada tras el sismo de 2017. Este mecanismo permite realizar demoliciones bajo un esquema excepcional.
Según los documentos presentados, en su actualización más reciente -publicada en 2025- dicho acuerdo permite llevar a cabo demoliciones incluso sin cumplir con algunos requisitos, como contar con un programa de protección civil.
Asimismo, establece que la supervisión, coordinación y responsabilidad de las demoliciones recaen en la Secretaría de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México (Sevivienda) y en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
“Ellos autorizaron, ellos tenían la obligación de supervisar y ellos debían garantizar la seguridad”, enfatiza la también activista.
De acuerdo con documentos que obran en los archivos de la alcaldía, se demuestra que cuando la empresa responsable solicita permiso para la demolición, se identificaron riesgos para la seguridad de las y los vecinos, por lo que se determinó no autorizarla en ese momento.
Días después -relata la alcaldesa- el gobierno central autorizó la demolición bajo el esquema del acuerdo de facilidades, pese a los señalamientos realizados por la alcaldía.
Ale Rojo también explica que las labores de verificación en obra no dependen directamente de la alcaldía, sino del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), organismo del Gobierno de la Ciudad de México encargado de realizar las inspecciones.
Señala que la alcaldía ha solicitado formalmente acompañamiento para llevar a cabo verificaciones; sin embargo, el propio instituto informa que no cuenta con personal suficiente para atender la totalidad de estas solicitudes, por lo que, de octubre 2025 a la fecha, hay cientos de solicitudes que no han sido atendidas por el Invea.
La edil se refirió a la atención del único trabajador que sobrevivió al colapso, quien fue trasladado inicialmente por personal de Protección Civil de la alcaldía para recibir atención médica al Hospital Rubén Leñero.
Expresa que, ante las condiciones en las que posteriormente fue dado de alta, se brindó apoyo para garantizar su atención y resguardar su integridad. “Aquí lo importante es la vida de las personas. El servicio público es resolver”, añade.
La también feminista lamenta que, en lugar de asumir responsabilidades, el tema ha sido llevado al terreno político. “Aquí hay documentos, aquí hay normas y aquí hay hechos. La verdad está sobre la mesa”, añade.
Rojo de la Vega reitera su disposición a colaborar institucionalmente y subraya la necesidad de revisar los mecanismos vigentes para evitar que estos hechos se repitan.
INVESTIGACIÓN EN CURSO PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES
La FGJCDMX ya inició una investigación para determinar responsabilidades administrativas o penales tras el colapso del inmueble.
Ambas partes han anunciado que presentarán pruebas documentales, en un caso que evidencia tensiones institucionales y posibles vacíos en la coordinación entre niveles de gobierno.
La responsabilidad recae en el Consejo Directivo, encabezado por el presidente municipal Pedro Rodríguez * La Asociación de Colonos de dicho fraccionamiento podría quedarse hasta por 30 días sin agua mientras SAPASA realiza las labores de diagnóstico y reparación
JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ
Nadie lo hubiera imaginado, de por sí estamos en tiempos de austeridad hídrica… y para acabarla de amolar colapsa la bomba de Vallescondido en Atizapán de Zaragoza.
Los colonos de dicho fraccionamiento recibieron la amarga noticia de que el equipo del pozo principal dejó de funcionar totalmente y la advertencia de que el restablecimiento del servicio podría tardar hasta 30 días, en lo que SAPASA realiza las labores de diagnóstico y reparación.
Lamentable que la bomba del pozo que abastece de agua al fraccionamiento Club de Golf Vallescondido colapsó totalmente, lo que provocará afectaciones en el suministro del vital líquido.
La asociación precisa que la operación, mantenimiento y funcionamiento del sistema de agua potable corresponde al organismo operador municipal, en este caso SAPASA, por lo que aclara que no tiene facultades para intervenir en las decisiones técnicas relacionadas con el pozo.
Por lo pronto el director general de SAPASA, Marco Antonio Pérez Reyes, ya se comprometió a dar seguimiento a la contingencia y agilizar la solución.
En el mejor de los casos, la normalización del servicio podría lograrse en un plazo mínimo de 10 días, aunque el tiempo definitivo dependerá del diagnóstico técnico.
Explican que la bomba averiada es un equipo sumergible instalado a aproximadamente 140 metros de profundidad, por lo que primero deberá ser extraída para determinar el alcance de los daños y definir si es posible repararla o si será necesario sustituirla por completo.
COLAPSO POR LA FALTA DE MANTENIMIENTO
Para muchos especialistas, el colapso de la bomba se debió a la falta de mantenimiento preventivo.
Para este tipo de labores se cuenta con el Programa de Obras Anual, mejor conocido como el POA.
El POA (Plan Operativo Anual) y el presupuesto son herramientas de gestión que se vinculan para planificar las metas de una organización y asignar los recursos financieros necesarios para cumplirlas en un periodo de 12 meses.
Asimismo, el POA define las acciones y objetivos, mientras que el presupuesto establece los fondos autorizados para ejecutarlos.
Todo indica que no hubo mantenimiento de manera correcta, ya sea por omisión, no hubo un programa específico o simplemente no ejercieron el presupuesto requerido, y lo que pagan los platos rotos, como siempre, son los vecinos y colonos.
No le busquen tres pies al gato, pero el responsable del colapso de la bomba es el Consejo Directivo de SAPASA, encabezado por el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas.
El director general, Marco Antonio Pérez Reyes, es el secretario técnico del Consejo Directivo, pero no tiene injerencia alguna ni poder de decisión.
Rodríguez Villegas tiene la responsabilidad de la administración y operación del Consejo Directivo de SAPASA, así de fácil y sencillo.
El personal de SAPASA hace milagros para mantener en buen estado y operando lo mejor posible para resolver la problemática del desabasto de agua.
Sólo un comentario adicional: Durante la gestión de Alfredo Vázquez González, en la dirección general de SAPASA, nunca se presentó un problema de esta gran magnitud, mucho menos la gran megafuga de agua que ocurrió hace años que costó la vida de dos trabajadores. Y no lo digo yo, lo dicen los hechos durante su administración como director general.
Hasta la fecha todavía es un misterio el motivo de la renuncia de Alfredo Vázquez… pero es de sabios cambiar de opinión y la decisión está en el escritorio de Pedro Rodríguez.
Operativo nocturno para inhibir el robo de autopartes en la colonia Roma Sur * La alcaldesa destaca que la Cuauhtémoc mejora la percepción de seguridad gracias a los patrullajes implementados y al trabajo coordinado con policías
TEXTO Y FOTOS: TOM ROMA
Alessandra Rojo de la Vega Picolo, alcaldesa de la Cuauhtémoc, muestra mano firme y combate de una manera frontal el robo de autoparte.
La alcaldía Cuauhtémoc realizó un operativo nocturno en la colonia Roma Sur. Es una acción semanal, informa la también activista y feminista.
“Este operativo lo tenemos constantemente, semanalmente; el objetivo principal es el robo de autopartes, que es un tema que denuncian mucho los vecinos”, añade.
En el operativo participaron 20 elementos de la Policía Auxiliar con 10 patrullas y motopatrullas, y se implementó durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves pasado.
Rojo de la Vega Piccolo señala que este tipo de operativos han contribuido a mejorar la percepción de seguridad en la alcaldía Cuauhtémoc.
“No lo decimos nosotros, lo dice la Encuesta Nacional de Seguridad, en un año, de marzo del año pasado a marzo de este año, bajamos siete puntos.
“Fuimos la alcaldía que más bajó la percepción de inseguridad; es decir, la gente se siente más segura en Cuauhtémoc que hace un año, recientemente salió la nueva y hemos continuado a la baja tres puntos menos”, agrega.
Es de resaltar que los operativos nocturnos forman parte de la estrategia Blindar Cuauhtémoc, con la que ya se han retirado aproximadamente 4 cuatro mil vehículos de la vía pública, 52 luminarias renovadas y la remisión de franeleros.
Por si lo anterior fuera poco, se han procesado a unos 30 agresores de mujeres y brindado 6 mil atenciones psicológicas y jurídicas.
En la Cuauhtémoc existen puntos donde se comercializan autopartes de dudosa procedencia, como las colonias Doctores, Buenos Aires o Peralvillo.
Alessandra Rojo de la Vega hace un exhorto para realizar un trabajo conjunto.
“Aprovechar para hacer una invitación al gobierno de la Ciudad de México, a la fiscalía, a que nos coordinemos en este sentido, no sólo aumentar las penas de quienes roban las autopartes, sino que se lleven a cabo estos operativos a estos sitios en donde se tienen que verificar y se tienen que hacer una investigación, debería de haber una mesa de trabajo para tocar específicamente el robo de autopartes, que es una dolencia de las vecinas y vecinos.
“Y también invitar a la ciudadanía a que denuncie, muchas veces los compañeros y compañeras de la Dirección General de Seguridad atrapan en flagrancia a quienes están robando las autopartes, pero no aparece la parte afectada, no aparecen las víctimas, los dueños de los vehículos. Entonces, no denuncian y se tienen que dejar en libertad al sujeto que cometió el delito”, enfatiza la alcaldesa Rojo de la Vega, una funcionaria de resultados que ha conquistado la preferencia ciudadana. Honor a quien honor merece.
Lo acompaña en la primera posición Héctor Santana, edil de Bahía de Banderas, Nayarit * En la tercera posición se ubica Manuel Meza Muñiz, alcalde sustituto de Escobedo, Nuevo León
EL TOPO
La alcaldesa de Huixquilucan, Estado de México, Romina Contreras Carrasco; el edil de Bahía de Banderas, Nayarit, Héctor Santana, y el presidente sustituto de Escobedo, Nuevo León, Manuel Meza Muñiz, son los ediles municipales mejor evaluados del país, de acuerdo con la edición de junio del Ranking de Alcaldes de Medianas Urbes de CE Research, el cual evalúa el desempeño de las autoridades gubernamentales en ciudades con menos de 600 mil habitantes.
Santana y Contreras registraron 63% de aprobación, la más alta, en la evaluación de satisfacción ciudadana en rubros como seguridad, servicios de alumbrado y limpia, pavimentación, agua potable, infraestructura y percepción de corrupción.
Meza, al igual que los ediles de Los Cabos, Baja California Sur, Christian Agúndez; de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Farah; de La Paz, Baja California Sur, Milena Quiroga; de Metepec, Estado de México, Fernando Flores; y de Campeche, Campeche, Biby Rabelo, registraron 62%.
Para cerrar el Top 10 aparecen la alcaldesa de Othón P. Blanco (Chetumal), Quintana Roo, Yensunni Martínez, y la alcaldesa de Solidaridad (Playa del Carmen), Quintana Roo, Angy Estefanía Mercado, ambas con 61% de aprobación, aunque este porcentaje se extiende hasta la decimocuarta posición del ranking.
En contraste, Lorena Alfaro, de Irapuato, Guanajuato; Javier Torres, de Fresnillo, Zacatecas; Riult Rivera, de Colima, Colima; Juan Miguel Ramírez, de Celaya, Guanajuato; y Luis Daniel Serrano, de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, son los ediles peor evaluados en este mes.