Reformas, ¿herencia maldita? * El Estado Mexicano ha renunciado a su principal misión: Garante de la vida y el patrimonio de los mexicanos, mediante el uso legítimo de la fuerza pública

MARCO ANTONIO FLORES***

Las reformas constitucionales del Poder Judicial y de la Guardia Nacional están llamadas a ser la herencia “maldita” del Presidente Andrés Manuel López Obrador para Claudia Sheinbaum Pardo.

Las dos reformas atentan contra el régimen democrático constitucional que ha regido la vida de los mexicanos al menos desde 1857. Respecto a la del Poder Judicial ya se ha escrito y dicho mucho sobre el riesgo para la vida democrática y económica de México.

En relación con la reforma constitucional que formaliza que la Guardia Nacional dependa directamente de la Sedena es un paso, sin retorno, al militarismo del país.

Lo más importante es que dejan muy acotada la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estará a cargo de Omar García Harfuch, ya que se quedará huérfana, sin policía ni Fuerzas Armadas bajo su mando.

García Harfuch tuvo buenos resultados en la CDMX, porque contaba con una policía experimentada y le agregó investigación e inteligencia. En la creación de la GN se estableció que tendría mando civil. Ahora la reforma establece que la GN quedará adscrita a la Sedena y se le otorga la facultad de investigación y de ministerio público, que la verdad suena descabellado.

Si la Guardia Nacional estará bajo el mando de la Sedena, ¿cómo operará el titular de la SSPC y quién será responsable: Sedena o SSPC? ¿Se abandonará el propósito de formar policías estatales eficaces como ocurrió en la CDMX, Coahuila y Yucatán?

Por otra parte, la modificación que se hizo del Artículo 129 Constitucional, que no había sido tocado desde 1917, declara abiertamente la militarización del país y da facultades a las Fuerzas Armadas para intervenir en todas las actividades de la vida pública de México, muy aparte de las que ya tiene: Constructor de obra pública, administrador de aduanas, puertos marítimos, aeropuertos, líneas aéreas, trenes, bancos, etc.

Irónicamente, con la consigna de “abrazos y no balazos” no combaten frontalmente el narcotráfico, para mejor ejemplo lo que está ocurriendo en Sinaloa. El Estado Mexicano ha renunciado a su principal misión: ser garante de la vida y el patrimonio de los mexicanos, mediante el uso legítimo de la fuerza pública.

Habrá que reconocer que la intervención del Ejército para combatir el narco ocurre -de facto- desde hace al menos 40 años. En la narrativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, utilizada como bandera de campaña y aún de gobierno, la guerra contra el narco inició con Felipe Calderón, pero se recuerdan capturas y decomisos por parte del Ejército desde tiempos de Gustavo Díaz Ordaz.

En 2006, año en que Felipe Calderón “declaró” la guerra al narcotráfico, fue el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, quien disparó el arranque de esa guerra, cuando en un acto de desesperación, pidió al entonces presidente que enviara al Ejército a combatir a los grupos de la delincuencia organizada que tenían ahogada a la entidad con un creciente aumento de delitos de toda índole.

La disputa de la plaza para el control, tránsito y distribución de la droga había alcanzado niveles no sospechados. Todos los gobiernos “neoliberales” mandaban al Ejército a las operaciones contra el narcotráfico, se recuerdan decomisos gigantescos de mariguana, cocaína y la quema de grandes áreas de sembradíos, incluidos los de amapola.

López Obrador, al igual que lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, expulsó a la DEA de México, toda vez que al Ejército -en coordinación con la DEA- correspondía hacer la captura final de grandes capos.

Entre las capturas más célebres están: Rafael Caro Quintero, detenido en 1985 (Miguel de la Madrid); Félix Gallardo, capturado en 1989 (Carlos Salinas); Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, arrestado en 1993 (Carlos Salinas), por primera vez en Guatemala y entregado a las autoridades mexicanas; en 2001 (Vicente Fox) se fugó. En 2014 (Peña Nieto) lo recapturan, en 2015 se fugó, en 2016 fue recapturado y en 2017 extraditado; Arturo Beltrán, abatido en 2010 (Calderón) y ese mismo año detenido “La Barbie”; Héctor Beltrán Leyva, “El H”, capturado en octubre de 2014 (Peña Nieto).

En este sexenio de “Abrazos y no balazos”, la captura más importante en años, la del Mayo Zambada, no la hizo el Ejército Mexicano, la hizo el gobierno de Estados Unidos en tratos con los Chapitos.

Otro capo muy importante que no ha sido capturado es Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, actualmente la más poderosa y sanguinaria organización delictiva, rival a muerte del Cártel de Sinaloa.

Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, líder de Los Zetas y brazo armado del Cártel del Golfo con Osiel Cárdenas Guillén (capturado en 2003 con Vicente Fox), con quien empezó a trabajar en 1997 fue capturado por marinos mexicanos en 2013 (Felipe Calderón).

Nazario Moreno González, “El Chayo”, líder y fundador de La Familia Michoacana, también creó Los Caballeros Templarios, de los iniciadores en 2006 de la guerra contra el narcotráfico en Michoacán, su tierra natal, en 2013 (Peña Nieto) fue oficialmente declarado muerto.

Tras la caída de “El Chayo”, Servando Gómez Martínez, “La Tuta” o “El Profe”, quedó al frente del grupo delictivo Los Caballeros Templarios, que también en 2006 fue ubicado como uno de los fundadores de La Familia Michoacana. Fue detenido en febrero de 2015 (Peña Nieto).

Omar Alejandro Treviño Morales, “Z-42”, líder de Los Zetas, detenido en marzo de 2015 (Peña Nieto).

Heriberto Lazcano Lazcano, “El Lazca”, quien tenía en su haber más de mil ejecuciones, abatido en octubre de 2012 (Calderón).

Ahora en 2024, Morena, con la mayoría calificada, usó la aplanadora y no escuchó voces contra la reforma de la Guardia Nacional, como ocurrió en octubre de 2021, cuando surgieron parlamentarios de la oposición que expusieron argumentos sólidos en contra de la militarización, como Beatriz Paredes, Damián Zepeda y Claudia Ruiz Massieu. En esa ocasión, los senadores de oposición celebraron que se suspendiera la discusión en el pleno del Senado del dictamen de reforma constitucional para ampliar la participación del Ejército en tareas de seguridad hasta 2028.

Dante Delgado -en 2021- celebró que pese a toda la movilización del gobierno para presionar al bloque de contención no pudieron conseguir los votos que les faltaban. Precisó el senador: “Para intentar romper el bloque de contención se han utilizado las prácticas más perversas, mezquinas, inimaginables, para agraviar, ofender y lastimar la independencia de las decisiones de las y los senadores”.

A Ricardo Monreal, líder del Senado en 2021, todavía lo caracterizaba la sensatez y espíritu de conciliación. Decía: “Yo sí creo en los consensos, ampliar el plazo no significa militarización. Es simplemente ampliar el plazo para el cual la Constitución les permita actuar a soldados y marinos en labores de seguridad pública”.

El INEGI dio a conocer en agosto de 2024 que el índice de percepción de inseguridad de los mexicanos es del 73%. Por ello, la designación de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana es un acierto.

Con excepción de la CDMX, en todo el país los resultados están a la vista. Cifras récord de casi 200 mil homicidios y de 60 mil desaparecidos; expansión de los grandes cárteles de la droga y pulverización de los grupos de la delincuencia organizada, con incrementos en delitos como el cobro de piso que afectan a la población de muchos sectores sociales y económicos. Además, un creciente número de levantamientos de jóvenes y niños para alistarlos como sicarios, extorsiones, secuestros, y asaltos a transportes de mercancías.

Con la formal adscripción de la Guardia Nacional a Sedena, ¿cómo le hará Omar García Harfuch para operar a nivel nacional? En CDMX dijo: “Cambiamos la forma de operar de la policía ya que siempre había sido preventiva. Lo que se hizo fue otorgarle la facultad de investigar y con ello se logró dar seguimiento, desde que ocurre el delito hasta la detención”. ¿Será ese mismo resultado que se espera de la GN? El 80% de la Guardia está integrada por militares, cuya formación, mentalidad, disciplina, aptitud y actitud es diametralmente diferente a la de un policía. Militar y policía no puede ser lo mismo, ni en México ni en ninguna parte del mundo.

Urge para México una nueva, inteligente y creativa política en seguridad, con las reformas legales necesarias para incluir en sus investigaciones y capturas una estrecha coordinación con la Fiscalía, la Guardia Nacional, Ejército y Armada. Actualización del Ministerio Público, cuya función es fundamental para evitar la “puerta giratoria”. Un nuevo y único Código Penal federal para unificar delitos del orden común y federal. México reclama liderazgos en los mandos civiles superiores (gobernadores) y renacimiento de policías eficaces.

Sin seguridad no hay Estado de Derecho, ni mayores inversiones para el crecimiento económico.

Sin seguridad no hay transformación y se cancela el futuro y la viabilidad de México como nación.

***Académico y consultor.

¿De qué tamaño serán las presiones y los compromisos a que estará sometida Claudia en pago por ser presidenta? * Que nadie se diga sorprendido, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo sentenció desde el 6 de septiembre de 2006, “¡al diablo con sus instituciones!”

MARCO ANTONIO FLORES***

¡Pero qué necesidad! Iniciar el gobierno de la primera presidenta en México con gran desgaste político, con un país dividido, con importantes actores de la vida económica y política nacional e internacional manifestándose en contra de una reforma judicial regresiva.

Finalmente la Constitución se modificó, al ser aprobada la reforma por las dos terceras partes del Congreso de la Unión y por la mayoría de Las legislaturas estatales.

Será un regalo a medias, pues el Presidente Andrés Manuel López Obrador no la puede promulgar ni la verá publicada como mandatario en el Diario Oficial de la Federación por decisión de un juez. La suspensión provisional estará vigente por lo menos hasta el 11 de octubre, pero es previsible que los Poderes Legislativo y Ejecutivo no la van a acatar.

Un tribunal federal de Colima ordenó al Poder Ejecutivo no publicar la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación.

Haber ganado con el apoyo popular de casi 36 millones de mexicanos no le da derecho a los legisladores morenistas y a la presidenta electa a interpretar que las reformas regresivas de AMLO eran un “anhelo del pueblo”. Además, ¿qué era lo que deseaban los otros 74 millones de mexicanos que no votaron por ella?

Cierto que la reforma no convertirá a México en una dictadura, pero será lo que conviene al país. ¿Es esta la forma de mejorar la justicia? ¿Es sólo un desplante de poder o una solución de fondo que beneficiará a 130 millones de mexicanos?

Más parece una borrachera de poder en la que 86 senadores y 370 diputados no saben lo que festejan.

Todos se preguntan por cuanto tiempo la próxima presidenta Claudia Sheinbaum seguirá cumpliendo los caprichos de su jefe, mentor y maestro, el Mandatario Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué tamaño serán las presiones y los compromisos a que estará sometida Claudia en pago por haberla hecho presidenta? ¿Hasta cuándo y hasta dónde debe mostrar su “gratitud” al gran líder? ¿A qué grado arriesgará su capital político la presidenta? ¿Se seguirá dando disparos al pie, a sabiendas de todas las advertencias y el riesgo para la vida democrática y económica del país que han manifestado: Nuestros socios comerciales a través de sus embajadores de Estados Unidos y Canadá, legisladores norteamericanos, calificadoras como Fitch Ratings o Morgan Stanley, organismos empresariales, bancos nacionales y extranjeros, la Iglesia, publicaciones como el Wall Street Journal y el Financial Times, así como los más reconocidos juristas del país?

El Presidente López Obrador está terminando su sexenio como lo inició, mostrando que él manda. Una ostentosa forma de mostrar que tiene el poder y que ahora con la posibilidad de modificar la Constitución puede hacer lo que le plazca. Todo un país sometido a sus caprichos y designios. Los tres Poderes de la Unión ya dominados y acotados por el Ejecutivo. Mostrando que el poder político está por encima del económico y que ahora el futuro de los mexicanos depende de lo que determinen él y su pupila.

Lo hizo al iniciar su gobierno, al cancelar un aeropuerto que abría amplias perspectivas al futuro económico del país, se habían tardado 20 años en planearlo, diseñarlo e iniciar su construcción estaba llamado a ser el nuevo “Hub”, centro de operaciones o gran puente aéreo de Latinoamérica. Sin embargo, como ahora, pasando por encima del interés nacional, impuso su voluntad personal. Fue su primera muestra de ostentación de poder.

Que nadie se diga sorprendido, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo sentenció desde el 6 de septiembre de 2006, “¡al diablo con sus instituciones!”.

La destrucción de las instituciones pareció un despropósito presidencial. Treinta y seis millones de mexicanos seguirán apoyando ciegamente a su líder y a su heredera, sin darse cuenta de las consecuencias, en el largo plazo, para ellos, sobre todo para sus hijos.

Para quienes no se explican por qué el gran apoyo popular a AMLO (léase Claudia Sheinbaum), el propio López Obrador lo explicó desde la Mañanera del 2 de febrero de 2022: “Con los pobres de cada 10, podemos tener el apoyo de 9”. En un país con 60 millones de pobres, haber mejorado los ingresos reales de 5 millones con dádivas no es gran mérito.

Durante todo su gobierno Andrés Manuel se caracterizó por promover la división entre los mexicanos. Parece disfrutar el encono que vive el país. Su sonrisa socarrona de las Mañaneras, cada que fustiga e ironiza a sus “adversarios”, recuerda la sonrisa de Don King el promotor de boxeo estadounidense, solo que en el caso que nos ocupa, la arena de pelea es México. Los buenos, que están con la Transformación, y los malos, que no comparten su proyecto, han mostrado animadversión por todo lo que implique contrapesos al poder presidencial y lo que pueda ponerlo en el banquillo de los acusados.

Quisiera aniquilar no sólo al Poder Judicial, en Perú ese poder juzgó y metió a la cárcel a un presidente en funciones. Del mismo modo, ataca a periodistas y a la prensa, que exhiben corruptelas e ineptitud de su gobierno. Quiere exterminar a los organismos autónomos que exhiben la opacidad y falta de transparencia.
La gente preparada y con deseos de superación es aspiracionista, y por ello ha atacado a los académicos y científicos, a las universidades públicas y privadas.

Su desprecio por la diplomacia ha sido una constante, con desplantes contra países amigos y vecinos, España, Perú, Ecuador, Panamá, Estados Unidos, Canadá y toda la Unión Europea. Sus actitudes pendencieras como el célebre “Uy qué miedo”, de Chico Che, se deben a su temperamento incendiario y de confrontación, como de un peleonero de barrio o de un “porro” estudiantil.

Lo que vivió en la UNAM durante su larga estancia -14 años al cursar su licenciatura- habría de moldear su estilo de hacer política. Lidiar con “porros”, controlar y manipular grupos estudiantiles, son parte de su formación.

El porrismo está ligado estrechamente al fin explícito de controlar, golpear, anular, debilitar o, en su defecto, exterminar a grupos opositores. No sorprenden los métodos gansteriles utilizados para asegurar la votación en el Senado. Extorsiones, amenazas y otras ofertas -del testaferro, el padrinito Adán-, a las que no se pudieron rehusar otros gangters como la familia Yunes.

En la paz y en la democracia todo es posible, incluso que un porro y desquiciado populista llegue a la Presidencia. No en balde Gerardo Fernández Noroña ya se ve en la silla presidencial.

La próxima presidenta, Sheinbaum Pardo, aunque también hizo sus pininos políticos en la UNAM, está muy lejos de haber seguido la misma ruta del porrismo que hizo López Obrador. Ella es una mujer inteligente que se dedicó a estudiar, hasta el nivel de Doctorado con estancias en el extranjero.

Por ello, hay quienes creemos que está jugando el juego de su maestro, mentor y quien la hizo presidenta, el todavía Mandatario Andrés Manuel López Obrador y lo seguirá haciendo al menos hasta el 1 de octubre de 2024, fecha en que Sheinbaum asumirá el Poder Ejecutivo.

Con ello, a partir de ese día, se convertirá en Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y empezará a ejercer todas las facultades que la Constitución le otorga.

Aunque la próxima presidenta Sheinbaum todavía defiende radicalmente la reforma, deberá -ya con la banda presidencial-, mostrar su inteligencia y habilidad política para no autodevaluarse.

Los tiempos que señala la reforma judicial le permitirían realizar todos los ajustes que juzgue pertinentes, en las leyes secundarias o reglamentarias e incluso en el contenido de fondo de la polémica reforma.

Sus colaboradores y asesores como Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente y Rogelio de la O, pese a que por el momento también están con AMLO y reclaman a EU respeto a la soberanía nacional, saben del verdadero peligro que la reforma representa para el T-MEC y las relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá.

Ya aprobada y publicada la reforma judicial continuará un gran enfrentamiento entre los Poderes de la Unión, lo que nos podría llevar a una crisis constitucional sin precedentes, aunada a la económica, un escenario desastroso que recibirá Sheinbaum de parte de López Obrador.

Luego de que pase la borrachera del poder, la próxima presidenta deberá dimensionar los daños que hereda y que aflorarán en el mediano y largo plazo.

No olvidar que la administradora de fondos más grande del mundo, BlackRock, demandó en Estados Unidos a la CFE. Lo más relevante no es la demanda, es el mensaje que se envía: “No inviertan en México” porque no cumplen los contratos. Se largan y dejan al país hecho un desastre.

Sin confianza y reglas claras no habrá inversión, crecimiento económico y tampoco recursos para el bienestar compartido.

Seguridad y Estado de Derecho son las asignaturas pendientes, que incluye combate a la impunidad, así como impartición y administración de justicia, por lo que urge una reforma integral de la justicia.

Hay la esperanza de que Claudia Sheinbaum actúe como jefa de Estado y gobierne para todos los mexicanos al margen de partidos e ideologías. En un nuevo ambiente plural, participativo y democrático, su gobierno debe abocarse a planear, diseñar e implementar las reformas que requiere México para iniciar una auténtica transformación, que ubique a México como una de las diez economías más importantes del mundo.

Un gobierno que genere mejores condiciones de vida para la totalidad del pueblo de México, que incluya a los más pobres, clases medias y medias altas.

Sheinbaum Pardo debería dejar atrás el primer piso de la transformación (simulación) que estuvo lleno de ineptitud, corrupción e impunidad. Debe poner cimientos sólidos para una auténtica transformación con cambios radicales en las políticas en materia de seguridad pública, salud, educación, economía, procuración y administración de justicia, sustentabilidad, política energética y alimentaria, entre otros. Avanzar para lograr lo que todos los mexicanos anhelamos: Un México, con justicia, democracia y prosperidad compartida.

***Académico y consultor.

Por incumplimiento de contrato de la Comisión Federal de Electricidad * La demanda tiene como intención obligar a la CFE a cumplir un laudo arbitral que la condena a pagar casi 160 millones de dólares

MARCO ANTONIO FLORES***

En el último mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se le vienen tempestades que nunca imaginó vivir.

No sólo es la revuelta en las calles por la reforma al Poder Judicial, ni por la movilización planeada el próximo 27 de septiembre por el caso Ayotzinapa, sino también por la demanda que enfrenta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Nueva York, Estados Unidos, por parte de BlackRock, la administradora de fondos más grande del mundo.

La demanda es millonaria, es por un total de casi 160 millones de dólares.

Los daños para México que dejará el gobierno de López Obrador en el mediano y largo plazo aún no se dimensionan.

Una noticia que cimbró el mundo de los negocios fue que, reitero, BlackRock demandó en la tierra del Tío Sam a la CFE.

Un detalle a resaltar es que lo más relevante no es la demanda, sino el propio mensaje que se envía a todo el mundo: “No inviertan en México”.

Y todo porque la Comisión Federal de Electricidad no cumple los contratos. Palabras más, palabras menos, se toma como que se largan, pero dejan al país hecho un desastre.

Como colofón, al estilo del emperador “Nerón”, el Presidente Andrés Manuel, ante los hechos, muchos piensan que quiere dejar incendiado el país… y no es descabellado, pues es su propio estilo, así lo hizo cuando era un activista social y opositor a los gobiernos.

Hay señales claras de alerta de lo que implicaría la aprobación de la regresiva reforma al Poder Judicial, el tipo de cambio, ahuyentar la inversión extranjera, fuga de capitales, crisis constitucional… unos escenarios nada alentadores que le deja a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien tiene todas las cartas credenciales para sacar adelante al país. Claudia es la esperanza de México y sus casi 36 millones de votos así lo avalan.

DEMANDA MILLONARIA

La historia es que BlackRock, la administradora de fondos más grande del mundo, y un grupo de cinco empresas mexicanas demandaron en Nueva York a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La intención es obligar a la empresa a cumplir un laudo arbitral que la condena a pagar casi 160 millones de dólares de un contrato de provisión de carbón para la central termoeléctrica de Petacalco, en Guerrero.

El laudo, dictado el pasado 28 de mayo por un panel de tres árbitros, condena a la CFE a pagar servicios recibidos entre 2019 y 2023, así como a seguir cumpliendo el contrato, firmado en diciembre de 2016, hasta su conclusión en 2033.

Ante el desacato, la demanda fue presentada el 23 de agosto en la Corte para el Distrito Sur de Nueva York, que tiene jurisdicción para hacer cumplir el laudo y ejecutarlo sobre bienes de la CFE en Estados Unidos.

Los demandantes son Greenfield SPV I, creada por BlackRock México vía un fideicomiso en Banamex, así como el consorcio Terminales Portuarias del Pacífico (TPP), del que son dueños por partes iguales las empresas Cemex, Grupo Mexicano de Desarrollo, Impulsora DCA, BID Logistics y Noble Interamericana.

En diciembre de 2020, la CFE afirmó que no seguiría el contrato con estas empresas porque el carbón era “carísimo”, y que usaría combustóleo para la planta, un residuo de los procesos de refinación de Pemex, que todavía es más contaminante.

El contrato con Greenfield obligaba a la CFE a pagar por 1.3 millones de toneladas anuales de carbón, así como por servicios de recepción, almacenamiento y transporte desde una terminal del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

EXIGE DIPUTADO A LA CFE RENDICIÓN DE CUENTAS

El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Ismael Pérez Pavía, expresó su total desacuerdo con las recientes acciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ante la demanda internacional presentada por cinco empresas mexicanas y la administradora de fondos BlackRock en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Esta demanda busca que la CFE pague cerca de 160 millones de dólares por incumplir un contrato de compra de carbón, toda vez que incumplió con ese contrato, lo cual orilló a la empresa a tomar acciones legales.

“Este tipo de negligencias no solo daña la reputación de nuestro país en el escenario internacional, sino que también afecta a las finanzas públicas y, lo que es peor perjudica a los ciudadanos que dependen de un servicio eléctrico eficiente y accesible”, añade.

“Por lo tanto, la CFE no puede continuar con una conducta de desprecio hacia sus compromisos legales sin consecuencias”, advierte el legislador panista.

Dicho contrato fue firmado en diciembre de 2016, en el que la CFE se comprometió a adquirir 1.3 millones de toneladas anuales de carbón, además de los servicios de almacenamiento, transporte y recepción desde el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para de ahí, abastecer a la central termoeléctrica de Petacalco, Guerrero.

Empero, la CFE decidió unilateralmente cancelar el acuerdo argumentando que el carbón era “carísimo”, por lo que optó por el uso de combustóleo, decisión que el legislador panista calificó como “irresponsable”, dado el impacto tanto económico como ambiental.

“Es alarmante que la CFE esté siendo demandada no solo por empresas nacionales, sino también por un gigante financiero como BlackRock. Esto revela una mala gestión con los contratos y decisiones energéticas que afectan la confianza de los inversionistas en México”, sentencia Ismael Pérez Pavía.

El panel de árbitros que dictó un laudo el pasado 28 de mayo ya condenó a la CFE a pagar por los servicios recibidos entre 2019 y 2023 y a cumplir con el contrato hasta su finalización en 2033.

La demanda, presentada el 23 de agosto, busca ejecutar esta resolución en bienes de la CFE en Estados Unidos.

“La falta de respuesta y compromiso por parte de la CFE es evidente tanto en el plano local como internacional. No es solo un problema de las grandes empresas; es un problema que impacta directamente a todos los mexicanos que merecen un servicio eléctrico eficiente y de calidad”, concluyó el diputado al exigir a la CFE preste el servicio de calidad que la población merece.

ENTREGARÁN CFE CON PILA A MEDIAS

Emilia Esther Calleja, la primera mujer que será directora general de la Comisión Federal de Electricidad a partir del 1 de octubre próximo, enfrentará grandes retos al frente de la empresa: Obras inconclusas, una elevada dependencia de gas natural, débil infraestructura de transmisión y distribución, y litigios millonarios.

Incluso las cinco centrales de generación consideradas como prioritarias por la CFE (Tuxpan, San Luis Río Colorado, Riviera Maya, Valladolid y González Ortega) están inconclusas, según reconoció el actual director de la paraestatal, Manuel Bartlett, en La Mañanera del pasado 25 de julio.

Arturo Carranza, experto en temas de energía, sostuvo que además de la dificultad de concluir los proyectos, otros temas por resolver serán el suministro de gas para alimentar las centrales y el esquema bajo el cual podrán operar en caso de que la energía se quiera vender a los usuarios de suministro básico, después de que la administración saliente canceló las subastas eléctricas.

“Para este gobierno, la prioridad es ampliar el parque de generación, pero el programa de ejecución de las obras va atrasado”, añade.

“Se habló públicamente de que para esta fecha algunas ya tendrían que estar operando y no hay información pública al respecto”, puntualizó Carranza.

Sobre la deuda financiera de la empresa del Estado, al cierre del primer semestre del año ascendió a 460 mil 700 millones de pesos, 14.4 por ciento más que los 402 mil 500 millones de pesos en el mismo periodo de 2023.

Adicionalmente, por si lo anterior fuera poco, la CFE enfrenta diversos litigios, como el de una filial de BlackRock, la mayor administradora de fondos del mundo, que la demandó por incumplimiento de pagos entre 2019 y 2023 sobre el suministro de carbón para la central de Petacalco, Guerrero.

***Académico y consultor.