“Que ching… a su mad…”, sabias palabras de Porfirio Muñoz Ledo hacia la bancada morenista * El actual Congreso de la Unión, integrado mayoritariamente por legisladores de Morena, pasará a la historia como el más nefasto, sumiso y destructor de nuestro régimen democrático constitucional

MARKOFLOS***

Lo dijo uno de los mejores políticos que ha tenido México, Porfirio Muñoz Ledo, como presidente de la Cámara de Diputados: “Ching… a su madre… qué manera de legislar”, dirigiéndose a la bancada mayoritaria de Morena. Lo mismo les diría ahora -si aún viviera- al ver las atrocidades cometidas al aprobar tres reformas constitucionales absurdas y ridículas.

La relativa a declarar nulas elecciones por injerencia extranjera; la segunda, que pospone la fecha para elegir jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial que incluye la reelección de los magistrados del TEPJF. Asimismo, la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas.

El actual Congreso de la Unión, integrado mayoritariamente por legisladores de Morena, pasará a la historia como el más nefasto, sumiso y destructor de nuestro régimen democrático constitucional.

Seguramente todos y cada uno de sus integrantes tendrán que rendir cuentas ante la historia, ante sus hijos y sus nietos por haber destruido la democracia mexicana, con el reconocimiento a dos honrosas excepciones: Luis Armando Melgar y Olga Sánchez Cordero.

Por si lo anterior no bastara, le dieron RIP a la división de Poderes con la desastrosa reforma judicial, oyendo la voz de un capricho y venganza presidencial, ahora dan continuidad a esa absurda y regresiva reforma simplemente cambiando la fecha de la nueva o complementaria elección del Poder Judicial, agregando permiso de la reelección de magistrados del TEPJF, dado que los actuales magistrados se convirtieron en sus dóciles y sumisos vasallos dispuestos a atender las indicaciones del partido en el poder a cambio de permanencia en el “hueso”, con mucha carne para roer.

Entre las polémicas y “absurdas” reformas está la ley “Monreal”, el ilustre doctor en derecho, demagogo, convertido en francotirador y asesino de la democracia con su reforma de nulidad electoral por injerencia extranjera, que no es otra cosa sino un pretexto para anular cualquier elección que no favorezca al partido en el poder.

REFORMA ABSURDA E INNECESARIA

Los que sí saben, expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y legisladores de oposición han señalado que es una legislación redundante.

El sistema electoral mexicano ya contempla mecanismos para anular comicios por violaciones a la equidad. Además, la ambigüedad del término “injerencia” carece de límites claros y omite la verdadera preocupación: la intervención del crimen organizado.

Respecto a la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, las críticas se centran en los riesgos que conlleva trasladar la responsabilidad de investigar vínculos con la delincuencia organizada desde las fiscalías y agencias de seguridad hacia el Instituto Nacional Electoral (INE). La Cámara de Diputados aprobó este dictamen, el cual ha generado fuertes debates y posturas divididas.

La propuesta contempla la creación de esta comisión dentro del INE para verificar la integridad de las candidaturas previo a los procesos electorales. El objetivo planteado es evitar que personas con nexos criminales accedan a cargos de elección popular. Sin embargo, voces analíticas y consejeros electorales han señalado que esta medida actúa como un “subsidio a la incompetencia” del Estado.

Argumentan que las instituciones con capacidad legal, bases de datos y herramientas de inteligencia (como la Fiscalía General de la República o las áreas de seguridad) son las que deberían realizar esta labor, en lugar de trasladarla al árbitro electoral. Además, se advierte que asignar esta tarea al INE pone en riesgo su imparcialidad, ya que el organismo no cuenta con las facultades de investigación penal ni la infraestructura de inteligencia para comprobar fehacientemente dichos vínculos sin cometer arbitrariedades o sufrir presiones políticas.

Las Legislaturas de Morena de este y el pasado sexenio han cumplido a cabalidad las instrucciones del jefe máximo de la “Transformación”, haciendo realidad lo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador sentenció desde el 6 de septiembre de 2006, “¡Al diablo con sus instituciones!”.

La destrucción de las instituciones parece irreversible, los esfuerzos de las clases media y alta, periodistas, intelectuales y ciudadanos por circular artículos, videos, declaraciones, memes, tuits y evidencias contra los escándalos y pésimos resultados del gobierno de la 4T no han tenido algún efecto para corregir el rumbo.

Los programas sociales, convertidos en clientela electoral, alcanzan para mantener a 30 millones de mexicanos, los más pobres y los más ignorantes, apoyando ciegamente la “Transformación” (simulación), sin darse cuenta de las consecuencias para ellos, pero sobre todo para sus hijos.

Para quienes no se explicaban por qué el gran apoyo popular a la “transformación”, en la Mañanera del 2 de febrero de 2022, lo explicó con precisión el entonces presidente López Obrador al afirmar: “Con los pobres, de cada 10 podemos tener el apoyo de 9. Con la clase media-media, alta y alta, puede ser que de cada 10 tengamos el apoyo de 1”.

Añadió que “por niveles de escolaridad sucede algo similar y que entre mayor sea el grado, menos simpatía tiene su movimiento entre las personas. Podemos empatar en nivel licenciatura, pero en Maestría y en Doctorado, perdemos”. Por ello no les preocupa que el número de pobres crezca. A mayor pobreza, mayor clientela electoral.

También se entendería el desprecio que AMLO mostró contra la democracia, diplomacia, educación, salud, ciencia, transparencia, justa impartición de la justicia y el combate real a la impunidad y corrupción.

Lo dicho por el expresidente, en esa Mañanera, explicaría la destrucción de las instituciones nacionales. Lo increíble y asombroso es que su afán destructor haya trascendido su sexenio y siga vigente en el actual. Ahí están la inútil, demagógica y electorera “revocación de mandato” (patentada en Venezuela por Hugo Chávez), además, lo caro que nos cuesta a los mexicanos (la de AMLO costó 700 mdp), sobre todo a los más pobres e ignorantes del país.

En este sexenio se convalidó la desaparición de la división de Poderes con la elección (del acordeón) del Poder Judicial. Con el reciente cambio de la fecha de la elección complementaria del Poder Judicial, se le da continuidad a esa regresiva y absurda reforma que incluye la reelección de los magistrados del TEPJF, los mismos que le dieron la mayoría ficticia a Morena y que se hicieron de la vista gorda con la elección del acordeón del Poder Judicial. Ahora estos serviles magistrados del TEPJF podrán permanecer en su cargo hasta 18 años.

Del mismo modo, la reforma contra la injerencia extranjera en elecciones resulta un burdo mecanismo para evitar que algún otro candidato o partido que no sea de Morena pueda ganar alguna elección, con ello el cínico propósito de perpetuarse en el poder.

Por otra parte, las señales para combatir la impunidad y procurar la impartición de justicia parece lejana, cuando tenemos una FGR al servcio de los encargos políticos del oficialismo. Ahí están los casos de Rocha Moya y la gobernadora Maru Campos que se quieren poner en la misma balanza, cuando son diametralmente opuestos.

El combate a la corrupción, otro gran pendiente de los gobiernos de la transformación. Ahí están, sólo como ejemplos ilustrativos, el fraude del huachicol fiscal por 600 mil mdp y Segalmex por 15 mil mdp, sin algún pez gordo detenido, así como los delitos relacionados con el narcotráfico que hizo públicos el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Basta del demagógico discurso de la defensa de la soberanía. Es sólo atole con el dedo para los más pobres y más ignorantes del país, ya que la soberanía nacional está vulnerada en gran parte del territorio nacional -donde manda el narcotráfico y la delincuencia organizada-.

Así la destrucción de las instituciones parece irreversible. No existe poder formal o informal, ni oposición política, ni grupos, ni intelectuales, ni periodistas, ni clases medias, ni empresarios que puedan penetrar el blindaje demagógico-electoral que tiene la “transformación”.

Al parecer nuestra esperanza para enderezar el rumbo se limita a lo que nuestro socio y vecino Estados Unidos pueda hacer por México, sobre todo en materia de narcotráfico, corrupción y democracia.

Nuestro país no se lo merece. ¿Hasta cuándo cesará y hasta dónde llegará la demolición del Estado Mexicano?

Con el paso del tiempo siguen vigentes las sabias palabras de Muñoz Ledo: “¡Ching… a su madre, qué manera de legislar!”.

Ante la problemática, la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum quiere democratizar al IPN * El conflicto empieza a generar preocupación por posibles afectaciones académicas, ante el aumento de planteles en paro y la posibilidad de una mayor radicalización de las protestas

MARCO ANTONIO FLORES***

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hace una propuesta innovadora y trascendental que cayó muy bien en toda la comunidad politécnica: Democratizar el procedimiento para nombrar al nuevo director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), para dar mayor participación a sus más de 800 mil egresados, 220 mil alumnos, 20 mil profesores, investigadores, empresarios, servidores públicos y ex directores generales, para una elección más transparente.

Desde hace décadas el nombramiento se hace como lo establece la Ley Orgánica del IPN, en su artículo 12: “El director general será nombrado por el Presidente de la República; tendrá la representación legal del Instituto Politécnico Nacional, durará en su cargo tres años y podrá ser designado, por una sola vez, para otro periodo”.

Respecto a este nombramiento, que podría darse en noviembre de 2026 -o antes si fuera el caso-, la Primera Mandataria da una extraordinaria noticia para los politécnicos. Dijo: “Es más, vamos a hacer una consulta en el Poli para la próxima dirección, vamos a democratizar la elección del director general del Politécnico Nacional, o directora, en una consulta para que la comunidad elija a tres. Toda mi vida luché en la UNAM para que eso fuera así; una consulta para ver qué la gente opina, quién puede ser el mejor director o directora”.

El IPN requiere una reconfiguración normativa a fondo para frenar el saqueo y la corrupción de que ha sido objeto en las últimas administraciones, incluida la actual.

El propio Poder Ejecutivo o el Legislativo deberían presentar una iniciativa de nueva ley orgánica -tiene casi 50 años- que cambie el sistema vertical en el que tanto el Consejo General como la administración dependen ciento por ciento del director general. El OIC ha sido rebasado, en algunos casos se vuelve cómplice de corruptelas.

Urge crear un “Comité Anticorrupción” independiente, integrado por al menos cinco distinguidos politécnicos externos, que tenga dientes para canalizar denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o la Fiscalía General de la República (FGR).

El Instituto Politécnico Nacional atraviesa una de las más severas crisis institucionales de su historia. Esto ocurre desde la llegada de Arturo Reyes Sandoval a la dirección del IPN en 2020. Su nombramiento resultó sorpresivo para la comunidad politécnica, nadie lo conocía, ya que llegó al Politécnico luego de una estancia de once años en la Universidad de Oxford, Inglaterra, y aunque venía de ser un buen investigador en el área de ciencias biológicas, su falta de conocimiento del IPN, su nula experiencia en la administración pública y su docilidad y subordinación a siniestros personajes de la 4T, han propiciado una de la etapas de mayor estancamiento, corrupción e ineficiencia de la otrora institución rectora de la educación tecnológica nacional.

Por ello, en las postrimerías del final de su segundo periodo de gestión, Reyes Sandoval enfrenta crecientes movilizaciones estudiantiles, que son una “bomba de tiempo”. Los alumnos exigen su destitución, argumentando presunta malversación de presupuesto, falta de mantenimiento y mejoras a las instalaciones académicas, reclamos por corrupción, falta de transparencia, desvío de recursos y exigen auditorías a la administración.

Han sido públicas las recientes tomas y bloqueos: Se han realizado cierres viales en avenidas estratégicas como Circuito Interior (a la altura del Casco de Santo Tomás), tomas de las instalaciones de Canal Once y plantones en la Secretarías de Educación Pública (SEP) y de Gobernación (Segob).

Asimismo, diversas escuelas han entrado en paros de actividades académicas -hasta por 36 horas-, como medida de presión ante la falta de diálogo resolutivo por parte de las autoridades.

Sin pretender apartar al IPN de su papel fundamental de apoyar al gobierno en turno para coadyuvar en el desarrollo nacional, en el ámbito exclusivamente académico y técnico: “La técnica al servicio de la patria”.

Nos parece que la actual dirección general del IPN, encabezada por Arturo Reyes Sandoval, ha pasado por alto la autonomía y la dignidad del IPN, ya que ha mantenido una abierta y exagerada subordinación al gobierno de la transformación.

El mejor ejemplo, el Canal Once, que durante décadas se ostentó como orgullo politécnico y se llamaba “El canal del IPN”, pero ahora está convertido en una caja de resonancia de la propaganda “ideológica”, con noticiarios y programas tendenciosos conducidos por burdos, serviles y arrastrados voceros dóciles, del más bajo nivel, del gobierno federal de Morena.

Con acciones de sumisión como esa y con la permisividad del director general para nombrar a los más altos directivos del IPN por encargo de siniestros personajes como Martí Batres, Marcelo Ebrard, Jesús Ramírez Cuevas y Jenaro Villamil, se tiene alineado al IPN.

Si bien Reyes Sandoval no milita oficialmente en Morena, su designación original presuntamente fue por ser sobrino de la exsecretaria Irma Sandoval, de igual manera su ratificación fue impulsada por el movimiento obradorista.

El actual director general del IPN -de investigador a politiquillo- ha politizado la institución. Ha permitido e impulsado a diversos grupos estudiantiles y sindicatos, alineados a la 4T como el Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico (CLEP) y el Movimiento de Estudiantes No Asignados (MENA); han tenido entre sus líderes a consejeros nacionales y locales activos de Morena.

Organizaciones académicas, como el Bloque de Delegaciones Democráticas, también han mostrado apoyo abierto a las políticas del partido.

El pasado 6 de mayo la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió que se investigaran los problemas y acusaciones contra Arturo Reyes Sandoval, ya que se han multiplicado.

Estudiantes becados en el extranjero han sido abandonados, los que están en los planteles del país se quejan de que no hay recursos necesarios para sus investigaciones, incluso el equipo de futbol americano también está sin apoyo alguno.

Se destacan las denuncias de corrupción, malversación de fondos y represión a la comunidad estudiantil. En especial se conoció la denuncia de la Fundación Politécnica en contra de Reyes Sandoval por presunto desvío de recursos públicos hacia una asociación civil o patronato denominado Corazón Guinda y Blanco, ante lo cual la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para esclarecer responsabilidades.

Esta denuncia ha ocasionado protestas en amplios sectores de la comunidad politécnica en las últimas semanas, como la del 17 de abril, cuando un grupo de alumnos tomó un estudio del Canal 11 y transmitió a nivel nacional sus quejas contra el director del instituto.

Se hizo público que se trata de una burda maniobra entre la Fundación Politécnica y el recién creado patronato, ya que, a través de éste, el director del IPN y otros funcionarios de esa institución cobraron como “donativos” de más de 200 mil estudiantes, conceptos de inscripciones, exámenes de admisión y otros trámites escolares, cuyos pagos se depositaron en cuentas del patronato.

En la operación del nuevo patronato también participaron Javier Tapia Santoyo, antes de ser destituido como secretario de Administración del IPN, por una investigación sobre enriquecimiento ilícito y desvío de recursos; el abogado Marx Yazalde Ortiz; y el secretario general, Ismael Jaidar Monter, entre otros.

El IPN y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) son las instituciones públicas de educación superior más conocidas, reconocidas y emblemáticas del sistema educativo nacional.

En la UNAM la elección de rector la realiza la Junta de Gobierno y el Consejo Universitario con sus propias reglas, ha sido transparente y han ocurrido los cambios de rector de manera legítima, pacífica, democrática y bien aceptada por toda la comunidad universitaria.

El caso del IPN ha sido muy diferente, ya que, si bien parte de la comunidad politécnica veía como un privilegio que fuera el Presidente de la República el que nombrara a su director general, en los últimos años se ha discutido de manera amplia y creciente la necesidad de cambiar este procedimiento para democratizar esta designación y dar mayor participación a toda la comunidad politécnica.

Por ello la propuesta de la Presidenta Sheinbaum Pardo puede convertirse en un parteaguas histórico dentro del Instituto Politécnico Nacional, que tantas aportaciones ha hecho al desarrollo nacional en las últimas décadas, a través de sus médicos, arquitectos, químicos, biólogos, enfermeras, técnicos-medios, administradores, contadores, economistas, físico-matemáticos; así como ingenieros civiles, electromecánicos, petroleros, en aeronáutica, telecomunicaciones y recientemente en robótica e informática, que fueron el factor humano clave para la construcción de la infraestructura nacional en hospitales, escuelas, carreteras, red de telecomunicaciones y de electricidad, así como desarrollo de la industria petrolera, al menos de las últimas siete décadas.

Enhorabuena por la modernización, depuración y democratización que la Mandataria Claudia Sheinbaum quiere para el glorioso Instituto Politécnico Nacional.

***Académico y consultor, egresado del IPN.

El show apenas empieza de Estados Unidos * En jaque al aparato oficial, ya que EU deja sin argumentos a la Fiscalía General de la República para afirmar que no hay pruebas contra los exfuncionarios acusados * Políticos delincuentes, herencia de AMLO

MARKOFLOS

“A confesión de parte, relevo de pruebas” es un axioma jurídico que significa que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo.

Y este axioma nos viene muy bien para entender mejor el fondo jurídico del proceso legal que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició contra diez exfuncionarios del gobierno de Sinaloa que encabezaba el ahora gobernador con licencia -y protección oficial- por presuntos nexos con el crimen organizado, con el cártel más grande del mundo, el de Sinaloa.

Con la detención de los primeros dos exsecretarios del gobierno de Sinaloa: el de seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, y el de administración y finanzas, Enrique Díaz Vega, y su público deseo de declararse culpables y convertirse en testigos protegidos, se reconfigura el proceso legal de todo este escándalo internacional.

Por el lado de Estados Unidos, se facilita el acceso a información y más pruebas de cómo operaba esta red integrada por funcionarios y miembros de este cártel declarado “terrorista”, para efecto de las leyes norteamericanas.

Por el lado de México pone en jaque al aparato oficial, ya que deja sin argumentos a la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Ernestina Godoy Ramos, y a la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para afirmar que no hay pruebas contra los exfuncionarios acusados desde el 29 de abril de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció el pasado viernes 15 de mayo en un tribunal de Estados Unidos, después de su arresto en Arizona.

El exsecretario, de 66 años de edad, es el primero en comparecer y no se le requirió presentar un alegato de culpabilidad durante su comparecencia inicial ante un tribunal federal en Manhattan, informó la agencia The Associated Press.

Permanecerá encarcelado y debe volver a comparecer ante el tribunal el próximo 1 de junio. Está acusado de conspiración para exportar narcóticos, conspiración para tener y por poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y enfrenta de 40 años a cadena perpetua si fuera declarado culpable.

En la acusación de Estados Unidos, se señala que Gerardo Mérida recibía al menos 100 mil dólares mensuales por protección y alertamiento de redadas que se iban a realizar contra laboratorios de drogas.

Mérida Sánchez había sido jefe de las zonas militares de Tamaulipas, Michoacán y Oaxaca, cuando hubo mayor presencia del crimen organizado en esas entidades.

Tras la detención del exsecretario de seguridad, el titular de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, se entregó a autoridades de Estados Unidos, según informaron medios nacionales.

Según el periódico Reforma, que cita fuentes oficiales, Díaz Vega se habría entregado voluntariamente a autoridades de Estados Unidos.

La acusación de la justicia norteamericana señala que fue Díaz Vega quien elaboró y proporcionó a Los Chapitos la lista de personas que colaboraron para los partidos de oposición –PRI- en las elecciones para gobernador, para que fueran golpeados, amedrentados y secuestrados en los dias previos y durante las elecciones que “ganó” Rocha Moya.

De ello dio cuenta el candidato a gobernador del PRI, Mario Zamora, durante el proceso electoral, pero sus acusaciones fueron ignoradas por todas las instancias electorales y el gobierno federal.

En el caso del senador Enrique Inzunza Cázarez, aunque se decía que también se entregaría a la justicia norteamericana, hasta el momento lo último que publicó en redes sociales es que se encuentra en su tierra y con su familia.

La acusación de la justicia norteamericana contra diez exfuncionarios de Sinaloa señala que los implicados habrían protegido operaciones del cártel, facilitando información sensible y permitiendo el transporte de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios.

De acuerdo con autoridades de EU, la red operó para introducir fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a ese país con el apoyo desde estructuras del gobierno en Sinaloa. El exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya rechazó previamente las acusaciones y solicitó licencia al cargo el pasado 2 de mayo.

Los diez acusados por la justicia norteamericana son: Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario de gobierno y actual senador; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administarción y Finanzas; Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe policiaco; Alberto Jorge Contreras Núñez, “El Cholo”; Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad; José Antonio Dionisio Hipólito, “El Tornado”; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, “El Juanito”.

La investigación sostiene que estos exfuncionarios de Sinaloa habrían facilitado operaciones del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y protección política.

Confesos los imputados por el gobierno americano se agota y resulta falaz la narrativa populista de pretender envolverse en la Bandera Nacional en defensa de la soberanía, cuya definición es muy sencilla, “nada por encima del Estado”, que está conformado por los elementos territorio, pueblo y gobierno.

Luego entonces, si el crimen organizado domina gran parte del territorio nacional y tiene bajo control a gobiernos de diferentes niveles, nuestra soberanía está siendo vulnerada por el crimen y no por los Estados Unidos o los “conservadores” como quieren hacer creer en el discurso oficial.

El mejor ejemplo es el del cínico senador Gerardo Fernández Noroña, quien afirmó que la defensa de la soberanía nacional no debe convertirse en una excusa para descuidar labores de inteligencia y vigilancia sobre personas bajo sospecha.

“Una cosa es que nosotros estemos correctamente diciendo ‘verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional’, y otra cosa es que actuemos con una ligereza en cuanto a la ubicación de las personas señaladas. ¡No puede ser! ¿En qué están pensando?”, expresó en alusión a las autoridades encargadas de la seguridad nacional. ¿O acaso es que el miedo no anda en burro (Noroña)?

El show apenas empieza y si se descuida la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, podría ser arrastrada por el enjambre de políticos delincuentes que le heredó Andrés Manuel López Obrador.

La lista de políticos de Morena que estarían en fila para ser imputados por EU, publicada por la periodista Anabel Hernández, ha sido ampliamente difundida en redes y medios nacionales: Américo Villarreal (Tamaulipas), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán), Marina del Pilar Ávila (Baja California), Alfonso Durazo (Sonora) y María Elena Lezama (Quintana Roo).

También se menciona a Adán Augusto López Hernández, Andrés Manuel López Beltrán, Ricardo Monreal Ávila, Gerardo Fernández Noroña y Arturo Ávila.

Si a lo antes expuesto le agregamos el escándalo “huachicol”, que implica 600 mil millones de pesos de robo.

La captura en Argentina de Fernando Farías Laguna -contraalmirante y subsecretario de la Marina, sobrino del titular de la Semar en la administración de AMLO- se llevó a cabo el 23 de abril de 2026 en el barrio de Palermo, Buenos Aires.

Las autoridades argentinas lo arrestaron a partir de una ficha roja de Interpol emitida por México.

Con todo este cocktail, todo se torna contra el gobierno de la 4T.

Los Chapitos y los nuevos testigos protegidos seguirán aportando información al gobierno norteamericano y esto crecerá como bola de nieve, que podría llegar hasta Palenque. Al tiempo.