PULPO POLÍTICO
¿De parte de quién?
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Hace 5 meseson
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Redacción
Aplicar la ley contra “la mano que mece la cuna” de una CNTE intransigente * No hay coincidencia entre las movilizaciones de maestros con el crimen contra funcionarios cercanos a Clara Brugada * Plan de seguridad Sheinbaum-Omar García da resultados y afecta muchos intereses de grupos criminales, además de mandar al carajo la estrategia de “Abrazos no balazos”
MARKOFLOS
Todo indica que hay “mano negra” atrás de las radicales movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la intransigencia de sus “demandas” laborales, exigiendo un 100% de aumento salarial base y derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue muy contundente al afirmar “al parecer hay en esa organización ‘rijosos’, intolerantes que no quieren negociar y representan otros intereses políticos contra el gobierno”.
¿Podría tratarse de un complot de los neoliberales, los conservadores, los prianistas, los aliados de Trump o acaso será una ‘mano amiga’ la que atiza el fuego?
La CNTE nació en 1979 como organización alternativa para enfrentar el control corporativo que el SNTE mantenía en estrecha alianza con el Estado Mexicano. Sus demandas originarias fueron auténticas y legítimas: La exigencia de democracia sindical y la lucha por mejoras laborales y salariales para los docentes.
Sin embargo, en las secciones 7, 9, 18 y 22, los dirigentes se apropiaron y reprodujeron las prácticas que sus antecesores habían combatido y, en lugar de promover sus demandas legítimas, ejercieron sobre sus agremiados un férreo control político y maestros críticos fueron acallados y sometidos. Desde la década de los 80s se convirtió en un grupo de presión que basa su poder de movilización en el control político clientelar de maestras y maestros de Chiapas, Michoacán, Oaxaca y CDMX.
Lo más cuestionable es que la CNTE se ha puesto a disposición de intereses políticos de personas y partidos con gran poder y recursos económicos que financian sus movilizaciones y demandas de acuerdo con tales intereses.
Es el caso de Manuel Bartlett y sus acercamientos con Andrés Manuel López Obrador, cuando organizaba, promovía y patrocinaba manifestaciones de la CNTE contra las políticas de gobierno de Vicente Fox Quesada en materia energética. Todo indica que la cercanía de la CNTE con Bartlett nació cuando éste fue secretario de Educación Pública.
Desde entonces la CNTE fue una valiosa herramienta que puso a las órdenes de AMLO y le valió su acercamiento y alianza con él, desde los años previos a las elecciones presidenciales de 2006.
En la siguiente foto de “Hemeroteca” se muestra que Manuel Bartlett y José Murat manejaban la CNTE. Prueba de lo anterior es su participación en una marcha realizada en noviembre de 2003. Ese día los dos personajes se habían reunido para desayunar en el Centro Libanés, con dirigentes de la CNTE y del SME. Momentos después salieron a encabezar la marcha que la reportera Mireya Cuéllar del periódico La Jornada describió así:
“El senador Manuel Bartlett había dejado atrás a José Murat y al tabasqueño Óscar Cantón Zetina, con quienes marchó por Reforma con tal número de guaruras que ellos solos -más los fotógrafos que los rodeaban- formaban un pelotón”.
En el gobierno de Felipe Calderón hubo muchas manifestaciones de la CNTE y del SME contra su gobierno. Las que se prolongaron y multiplicaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y se resolvían con grandes cantidades de dinero que les entregaba Luis Miranda, subsecretario de Gobernación. Resultaban buena inversión a quién las financiaba, ya que al final obtenían mucho más dinero del que gastaban en su movilización.
Recuérdese que gobiernos estatales de oposición al Presidente López Obrador, como el de Michoacán de Silvano Aureoles, padeció las movilizaciones radicales de la CNTE, incluso bloqueando las vías del ferrocarril y que en cuanto llegó su sucesor morenista cesaron.
En Oaxaca el único gobernador -de los últimos cuatro- que no fue amagado por la Sección 22 de la CNTE fue el de Alejandro Murat.
No hay que ser mal pensados, es casual la coincidencia entre las protestas de la CNTE y los asesinatos contra los funcionarios cercanos a la jefa de Gobierno Clara Brugada.
Todo indica que se trata de una primera advertencia por no dar continuidad a la política de seguridad del gobierno anterior de “abrazos y no balazos”, en la entidad más importante del país.
Y es que la estrategia de seguridad implementada por Omar García Harfuch y encabezada por la Primera Presidenta está afectando muchos intereses de los cárteles, además de hacerte frente a los acuerdos de la anterior administración con la política de abrazos no balazos, un legado de YSQ.
Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país y muy cercano a García Harfuch, asegura que los asesinatos podrían ser una respuesta a las “detenciones muy relevantes de líderes de células delictivas con operaciones en la ciudad y en la zona metropolitana”.
Lo anterior es una muestra de colaboración entre México y Estados Unidos.
El 15 de mayo, menos de una semana antes del doble homicidio, fue capturado en la Ciudad de México Israel N, jefe de plaza del CJNG, junto a otros tres supuestos integrantes del poderoso cártel.
Aunque apenas inician las investigaciones, lo anterior sería indicio de la participación de grupos criminales.
Debido al poder político centralizado en Morena, durante el periodo de 2018 a 2024, a la fecha, no existe autoridad política más importante que la de Andrés Manuel, por ello se comenta una especie de “deja Vu” al ser llamado “Jefe Máximo de la Cuarta Transformación”.
El reconocido gran liderazgo de AMLO, su habilidad y visión política le permitieron dejar como sucesora a una “leal” compañera de lucha que cada vez que puede recuerda que ha sido “el mejor presidente de México”. También su estrategia y planeación política le permitieron prever el futuro de la 4T, por lo que los subsecuentes mandatarios deberán someterse a la “Revocación de Mandato”, con el fin de garantizar la consolidación de su movimiento.
Desde su campaña AMLO empezó a construir una figura constitucional semejante a la que el expresidente de Venezuela Hugo Chávez había establecido en su país.
Afirmó en mayo de 2018: “Me voy a someter a la revocación de mandato. Cada dos años va a haber una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no que continúe el presidente”.
México adoptó en 2019 la revocación de mandato en nuestra Carta Magna. En su momento se escribió mucho sobre el desperdicio de recursos que ocasionó realizar el ejercicio de la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo en México. Costó casi 4 mil millones de pesos y la participación no llegó ni al 6% de votantes.
Todavía falta más de un año para la revocación de mandato, pero habrá que estar monitoreando los resultados del “segundo piso de la Transformación”. Atrás de los hechos de violencia en todo el país, incluidos los asesinatos de la CDMX, no se descarta que alguien muy poderoso o algunos grupos de criminales pretendan detener el giro que ha dado la política de seguridad respecto del sexenio anterior.
Las cifras hablan por sí solas. Se han destruido más de 800 laboratorios de drogas, incluidos los de fentanilo, cuando el sexenio pasado se negaba que en México se fabricara esa letal droga.
En 6 meses las fuerzas federales han detenido a 18 mil delincuentes de alto rango, cuando en todo el sexenio anterior sólo se detuvieron a 12 mil delincuentes relacionados con las organizaciones criminales.
Asimismo, las toneladas y millones de píldoras decomisadas representan una gran merma -cientos de millones de dólares- para las ganancias de los cárteles más importantes del país.
A 8 meses del inicio del gobierno de la Presidenta Sheinbaum Pardo, estamos siendo testigos de un combate frontal a todas las organizaciones criminales del país. Quedo atrás la consigna de “Abrazos y no balazos”.
Se prevé que continúen encuentros violentos entre las fuerzas de seguridad federales y los cárteles, sin embargo, se espera también que la estrategia de inteligencia y coordinación que lleva a cabo el Gabinete de Seguridad permita seguir capturando a los principales líderes de la delincuencia organizada.
El reto es enorme. En los últimos dos sexenios no hubo resultados en el combate eficaz a la violencia, tráfico de drogas, derecho de piso, secuestros, extorsiones, asesinatos y desapariciones de personas.
Al parecer estamos en la ruta correcta en el combate a la impunidad y al crimen organizado… y es que la Presidenta Claudia Sheinbaum y su Gabinete de Seguridad, con la estrategia de inteligencia y coordinación con algunos gobiernos estatales, empiezan a dar buenos resultados y tienen el voto de confianza de muchos millones de mexicanos. Sin seguridad no hay transformación ni bienestar compartido.
PLAN SHEINBAUM-HARFUCH SÍ FUNCIONA
El secretario Omar García y la Primera Mandataria han demostrado que la seguridad pública requiere planeación, inteligencia y, sobre todo, voluntad política.
En poco tiempo han consolidado un frente de acción que está dando resultados tangibles, apostando por la coordinación institucional y el uso de tecnología e inteligencia para desmantelar estructuras criminales. Estamos ante un cambio de paradigma en la estrategia de seguridad.
Durante décadas, cada gobierno ha intentado a su manera contener la violencia.
Siendo presidente Andrés Manuel, la estrategia viró hacia el fortalecimiento de la Guardia Nacional y el ataque a las causas estructurales, sentando bases que hoy permiten una estrategia más integral.
García Harfuch, con una trayectoria basada en inteligencia policial, ha puesto en marcha operativos quirúrgicos coordinados con Semar, Sedena y Guardia Nacional, enfocándose en objetivos estratégicos sin la violencia colateral de otros tiempos.
Harfuch entiende que la seguridad no se trata de hacer ruido, sino de resultados concretos.
Su estilo discreto ha sido clave. No hay filtraciones prematuras ni exhibiciones innecesarias. Su estrategia es clara: Actuar primero y hablar después. Esta táctica ha permitido que los operativos sean efectivos sin entorpecer el trabajo de las fuerzas de seguridad. Entiende la seguridad como un tema de Estado.
Parte de su estrategia radica en usar la denominación “generadores de violencia”, para referirse a individuos detenidos o abatidos en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Busca deslegitimar a los delincuentes, enfatizando su responsabilidad directa en la violencia y evitando generalizaciones. Fortaleciendo la narrativa de que el Estado no persigue a ciudadanos, sino a quienes alteran la paz. Esta forma en que se etiqueta a los criminales impacta en la percepción pública y en la disuasión del crimen.
Los indicadores reflejan que la estrategia está funcionando. En diversas regiones del país, los homicidios y otros delitos de alto impacto han comenzado a descender. Vemos la desarticulación de redes criminales, el debilitamiento financiero de los cárteles y la disminución de la impunidad.
Pero una estrategia de seguridad eficaz requiere también una narrativa clara y consistente, y para eso nadie mejor que Tania Aguilar, responsable de la comunicación. Con una trayectoria discreta, pero efectiva, y con experiencia previa en la SSC y en la FGJ de la CDMX, junto a Omar García, ha sabido proyectar los avances sin caer en triunfalismos.
Gracias a esta labor, la percepción ciudadana comienza a cambiar y regresa la confianza.
Por primera vez en mucho tiempo, se ve la luz al final del túnel. Si la tendencia se mantiene, el impacto será histórico. Harfuch y Sheinbaum están sentando las bases de un modelo de seguridad que podría redefinir el futuro del país.
UNA CNTE DESAFIANTE
Violentos y desafiantes se han mostrado los profesores de la CNTE, con múltiples bloqueos han paralizado la Ciudad de México, en perjuicio de miles de personas trabajadoras que no han podido llegar a sus centros de trabajo al cerrar vías primarias de comunicación como Insurgentes, Reforma, Calzada de Tlalpan, entre otras.
Decenas de empresarios y comerciantes se han visto afectados al caer sus ventas y todo por su ambición de tener más dinero en su bolsillo, pese a que son uno de los gremios más privilegiados.
Exigen mejora salarial, invocan respeto en sus manifestaciones, sin embargo, actúan como auténticas hordas de delincuentes.
Sin embargo, la culpa de su comportamiento es en gran medida de las autoridades involucradas, han tolerado a esa mafia que se dice mentores de la educación a cambio de votos.
Cómo es posible que dejen sin clases a miles de estudiantes. Son cínicos al cobrar su salario, el cual no se merecen, pues no están en las aulas laborando como es su responsabilidad, están en las calles como viles alborotadores.
Es momento de aplicar la ley en su contra. Si no les gusta su trabajo que lo dejen, si no se presentan a laborar, que los despidan, afuera, en las filas del desempleo, hay cientos de personas con el perfil adecuado que gustosas pueden cubrir sus plazas.
No los despiden porque hay contubernio con los diversos niveles de gobierno, son miles de votos y los cambian por privilegios, en tanto la población afectada tendrá que soportar sus desmanes y bloqueos, así como las pérdidas económicas de los generadores de empleos.
En ese escenario la Presidenta Claudia Sheinbaum canceló la reunión que tenía prevista con los profesores para el viernes pasado, no le gustó su actitud desafiante; no obstante, lejos de aplicar mano dura, instruyó a los titulares de Gobernación y de Educación Pública para que atiendan a los rijosos, quienes sin duda obtendrán lo que injustamente exigen (Alfredo Ibáñez).

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PULPO POLÍTICO
Y ahora… ¿quién podrá defendernos?
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Hace 5 díason
octubre 9, 2025By
Redacción
En el desamparo con la reforma a la Ley de Amparo * La Presidenta Claudia Sheinbaum argumenta que la iniciativa tiene como fin mejorar y perfeccionar el juicio de amparo, para que sea ágil, sencillo y de pronta tramitación, más social y accesible para beneficio de los ciudadanos
MARCO ANTONIO FLORES***
Nos han dicho que nuestro “régimen político” ya cambió, lo que no sabemos es de qué se trata y hacia dónde va el nuevo orden jurídico.
El régimen democrático constitucional que nos dimos los mexicanos, como país independiente, en las Constituciones Políticas de 1824, 1857 y 1917, se encuentra en medio de una fuerte “transformación”.
Instituciones democráticas constitucionales, como la división de Poderes y el juicio de amparo se han modificado radicalmente, después de 200 años de vigencia.
En el caso de la reforma del Poder Judicial, somos el primer y único país en el mundo que elige a sus jueces, magistrados y. ministros a través de una elección “democrática”, en la cual resultaron electos todos los personajes que el oficialismo respaldaba públicamente, a través de los polémicos “acordeones”.
Ya se ha escrito mucho al respecto y una conclusión generalmente aceptada es que el Poder Judicial sí requería una reforma para modernizarlo, no una con origen en una venganza presidencial personal, para dar paso a una grotesca vulneración al espíritu de la división de Poderes, con la pérdida de su independencia y autonomía.
Ahora con la reforma al juicio de amparo, la historia parece repetirse. Al expresidente Andrés Manuel López Obrador le enojaba mucho que sus reformas, decretos y obras públicas que violaban la Carta Magna o derechos individuales, fueran detenidas por amparos que interpusieron individuos y grupos sociales contra obras como el Tren Maya o leyes como la eléctrica.
Debemos recordar que el juicio de amparo fue incluido formalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1857 por el jurista “juarista” Mariano Otero.
En la Constitución de 1917, se consolidó el amparo como un medio de control y protección de derechos en el sistema jurídico mexicano.
México fue el primer país en Latinoamérica en adoptar esta figura jurídica, ahora vigente en la mayoría de los países democráticos del mundo.
La Declaración Universal de Derechos Humanos de París de 1948, en su Artículo 8, establece: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”.
El juicio de amparo es el medio de defensa legal que tiene por objetivo proteger los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México es parte.
El amparo protege a los ciudadanos frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos que señala la propia Ley de Amparo.
Recientemente se presentó la iniciativa presidencial que retoma una de las propuestas que presentó -en febrero de 2024- el expresidente Andrés Manuel López Obrador, el proyecto de decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Amparo.
La iniciativa presidencial de Claudia Sheinbaum argumenta que la reforma que se propone tiene como fin mejorar y perfeccionar el Juicio de Amparo, para que éste sea ágil, sencillo y de pronta tramitación, más social y accesible al grueso de la población en beneficio de los ciudadanos.
PUNTOS A CONSIDERAR
Los puntos más relevantes de la propuesta de reforma a la Ley de Amparo son los siguientes:
1.- REDEFINICIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO: Se propone que, tratándose del interés legítimo, la norma, el acto u omisión reclamados en el Juicio de Amparo deberá ocasionar en el ciudadano (la persona quejosa) una lesión jurídica real, actual y diferenciada del resto de la ciudadanía.
Esta nueva definición ha provocado muchas dudas de quiénes podrán acreditar el interés legítimo -individuos o grupos- y en qué casos, sobre todo contra actos de autoridad del Estado.
2.- RESTRICCIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO: Se proponen nuevas causales para limitar la suspensión provisional, que es la medida que detiene los efectos de un acto de autoridad mientras se resuelve el juicio.
Esta restricción se aplicaría especialmente en los casos que involucren: Bloqueo de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera; deuda pública y sistema financiero; así como: Órdenes de aprehensión o medidas cautelares de prisión.
Dados los términos de alcance y redacción de esta disposición, no queda claro si los casos mencionados son limitativos o puede darse la discrecionalidad para la suspensión.
3.- ESTABLECIMIENTO DE PLAZOS Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: Se propone establecer un plazo cierto en aquellos artículos de la Ley de Amparo que actualmente no prevén plazos.
Con la modificación normativa se busca reformar preceptos legales cuyo enunciado eventualmente propicia la dilación (retraso) del juicio de amparo; y multas a la institución… y no al funcionario a título personal.
4.- JUICIO DE AMPARO DIGITAL: Se plantea incorporar un marco jurídico claro y funcional para desarrollar un juicio de amparo verdaderamente digital con plena validez, legal y operatividad práctica.
La reforma incluye disposiciones relativas a la restricción en la ampliación de la demanda, así como lo relativo al cumplimiento y ejecución de sentencias.
Además, se plantea la armonización al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Se propone que en la legislación se realicen adecuaciones tendientes a hacer efectivo el cobro o recaudación de créditos fiscales “firmes”, con el establecimiento en el Código Fiscal de la Federación de la improcedencia de recursos contra dichos cobros fiscales.
Este tema en particular ha sido muy cuestionado, ya que se deja en la indefensión a los ciudadanos contra tales actos de autoridad. En general, la reforma a la Ley de Amparo ha generado inquietud y polémica, y si bien hay propuestas que pueden agilizar el actual del amparo, organismos empresariales, juristas y constitucionalistas coinciden en que la iniciativa presidencial afecta los derechos de los ciudadanos. Asimismo, la califican de regresiva, un retroceso en la protección de los derechos humanos.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Partidos de oposición se oponen y critican esta reforma. Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, califica la modificación como una violación a principios elementales del derecho y de la Constitución.
A través de sus redes sociales, denuncia que la mayoría de Morena, PT y PVEM se encuentran “en el extravío total” y advierte que la medida vulnera derechos de las personas.
Jorge Romero Herrera, presidente del PAN, afirma que el Partido Acción Nacional impulsará la presentación de amparos ciudadanos contra la iniciativa que atenta contra los derechos humanos e individuales constitucionales y representa un paso hacia el autoritarismo.
En el caso del PRI, el dirigente nacional ya enfrenta un acto de autoridad, arbitrario, por parte de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, a quien se le ocurrió expropiar terrenos de la madre de Alejandro Moreno, acto ante el cual quizá no tenga una defensa clara en el marco de la citada reforma federal al juicio de amparo.
Esta expropiación puede ser un antecedente y primer ejemplo del uso faccioso de la reforma a la Ley de Amparo, en el caso de venganzas o agravios personales, de quienes detentan el poder en contra de sus adversarios políticos.
Es de sobra conocida la rivalidad entre la actual gobernadora de Campeche y el líder nacional del PRI y exgobernador del estado, Alejandro Alito Moreno.
En este asunto se involucró, aún sin pruebas o argumentos jurídicos, la propia Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado miércoles 1 de octubre en su Mañanera del Pueblo.
“Lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero, de la corrupción, y que por eso viene este esquema”, expresa la Primera Mandataria.
Ante esto, Alito Moreno acusa al gobierno estatal de “persecución política”.
“La voy a denunciar en México y a nivel internacional”, contestó el senador en sus redes sociales, en donde insiste en que las acusaciones de corrupción y lavado de dinero son falsas.
“El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito”, expresa Alejandro Moreno Cárdenas.
RETROCESO
La aprobación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado representa un grave retroceso y un freno para la inversión privada, considera la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El organismo empresarial señala que, tras la votación en esta Cámara, identifican disposiciones que “limitan derechos fundamentales, ponen en riesgo la certeza jurídica y pueden frenar la inversión y la generación de empleo”.
Aunque en principio este organismo y muchos analistas manifiestan su preocupación por el artículo transitorio que pretendía darle efectos retroactivos a esta ley, la Primera Mandataria corrigió y manifestó que no se violará el Artículo 14 Constitucional que establece la no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna.
Por ello el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, Arturo Zaldívar, envió una corrección a la Cámara de Diputados para modificar la redacción del “misterioso” artículo transitorio que proponía hacerla retroactiva, lo cual era, a todas luces, una propuesta anticonstitucional. ¿Acaso sería un distractor para no ver el fondo de la reforma?
El sexenio pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó y protegió a individuos y grupos cuando se pretendió la violación a sus garantías constitucionales y derechos humanos fundamentales; se tenía la certeza jurídica de que había contrapeso contra actos de autoridad violatorios de la Constitución.
Se ha puesto como ejemplo el peligro de que se atente contra un derecho fundamental, la propiedad privada, y los defensores de las reformas de la “transformación” reviran que eso no sería viable.
Sin embargo, con el control del Poder Judicial y la reforma al juicio de amparo, cuyo origen son los rencores personales, podríamos estar cerca de ese riesgo. Si no, pregúntele a Alito Moreno. Junto con él, después serán los millones de mexicanos.
Ante este panorama desalentador, con la pérdida de la democracia, podríamos preguntarnos -como el clásico de la serie del Chapulín Colorado-: ¿y ahora quién podrá defendernos?
***Académico y consultor.

Es inmortal, sólo cambia de color, señala Diego Fernández de Cevallos * En el mundo de la política siempre ha habido transformación: Primero fue PRI, luego PRD y ahora Morena * “Es un partido tan longevo, que tiene ya demasiados lunares, demasiadas manchas. Y esa de la corrupción es una muy señalada, porque además es muy vendible”, asevera el ex presidente Enrique Peña Nieto
MARCO ANTONIO FLORES***
Diego Fernández de Cevallos puso el dedo en la llaga de forma directa y sin tantos rodeos.
Durante su participación en el documental “PRI: Crónica del fin”, dirigido por Denise Maerker en la plataforma N+, el panista afirmó, sin tapujos, que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no desapareció, sino que sigue vigente bajo nuevas siglas.
“El PRI es inmortal. Hoy está más fuerte que nunca, nada más se quitaron la chaquetilla tricolor y se pusieron una moradita”, expresa el excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en 1994, al referirse a Morena como la versión actualizada del partido que gobernó México por más de 70 años.
En analogía con la afirmación del también llamado “Jefe Diego”, y a la ley de Lavoisier, podríamos aseverar: “El PRI ni se crea ni se destruye, solamente se transforma”… y así ha sido desde sus inicios.
Fundado por Plutarco Elías Calles en 1929 como Partido Nacional Revolucionario (PNR), después renombrado por Lázaro Cárdenas como Partido de la Revolución Mexicana (PRM), luego convertido por Manuel Ávila Camacho a Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Posteriormente fue escindido por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo en 1988, primero como Corriente Democrática- Frente Democrático Nacional, después como PRD.
En 2012, cuando Andrés Manuel López Obrador perdió la elección presidencial por el PRD, se desligó de ese partido y con un grupo de ex perredistas registró a Morena en 2014.
Cuatro años después ganó la Presidencia y mayorías en el Poder Legislativo y gubernaturas.
La Presidenta Claudia Sheinbaum, en 2024, no sólo ganó con el 53 por ciento de la votación, sino que logró mayoría absoluta en el Congreso. Con excepción de ella, casi toda la cúpula política de Morena es de extracción priísta.
El expresidente López Obrador fue dirigente del PRI en Tabasco, militó en ese partido por 14 años.
Priístas de cepa fueron Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Marcelo Ebrard, Manuel Bartlett Díaz, Ricardo Monreal, Adán Augusto López Hernández, Alejandro Murat, Rocío Nahle García, Layda Sansores, Esteban Moctezuma Barragán, Alfonso Durazo Montaño, Félix Salgado Macedonio, Alejandra del Moral, Carlos Ramírez Marín, Adrián Ruvalcaba, Eruviel Ávila.
Varios ex gobernadores priístas que ahora son embajadores o cónsules, así como un total de once gobernadores morenistas que antes fueron priístas, como Julio Menchaca Salazar, mandatario hidalguense, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas.
El nuevo Primor -así le llama el Jefe Diego- tiene el ADN priísta, no sólo por los personajes, sino porque ha logrado caracterizarse como lo que fue el PRI durante muchos años, un partido hegemónico, con un poder absoluto que controla los tres Poderes federales, así como la mayoría de las gubernaturas del país.
UNA NUEVA APLANADORA ANTE DETERIORO DEL PRI
El ahora invencible “partidazo” es un PRI actualizado y remasterizado, una nueva aplanadora.
Aunque Tlatelolco 1968 y los “Halcones” de 1971 cambiaron el paradigma político del país, trataríamos de ubicar los momentos “clave” que llevaron al PRI a su deterioro y casi extinción.
Un primer momento de cisma para el partidazo ocurrió en 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo renuncian a su partido para crear el Frente Democrático Nacional, estructura que derivó en el PRD y a la postre Morena.
Un segundo momento que significó un parteaguas en el PRI sucedió en 1994 con el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Los votos para Ernesto Zedillo Ponce de León fueron los del miedo y en favor del desaparecido candidato. Zedillo Ponce de León mostró su alejamiento del partido que lo llevó al poder, con aquello de la “sana distancia” y desprestigió al PRI-Sistema, al decirle todos los días a millones de mexicanos que el expresidente Carlos Salinas de Gortari y su hermano habían sido… uno corrupto y otro asesino. Además, escogió un mal candidato, Francisco Labastida Ochoa.
Lo anterior dio paso a la primera alternancia, en el año 2000. El PAN, con Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, no logró desmantelar al PRI y en 2012 la mayoría de los mexicanos le dio otra oportunidad al PRI al elegir a Enrique Peña Nieto como presidente de la República.
El tercer momento -final- ocurrió entre 2012-2018, con el gobierno de Peña Nieto, el PRI entró a su fase terminal.
El último gobierno priísta empezó su debacle por dos acontecimientos fundamentales: El escándalo de la Casa Blanca y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Los dos sucesos fueron tomados como banderas ideológicas y políticas en contra de Enrique Peña y los promotores de la ofensiva fueron precisamente los grupos que ahora gobiernan, encabezados por el expresidente Andrés Manuel.
El expresidente Peña expresó en el documental de Denisse Maerker, “PRI: Crónica de un fin”, que “la desaparición de 43 estudiantes normalistas fue una tragedia”, pero reiteró que defiende “la verdad histórica” que presentó el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, en enero de 2015.
El pasado 26 de septiembre se cumplieron 11 años de la tragedia de Ayotzinapa, sin embargo, la investigación está como al principio y parece que así perdurará por años, mientras haya intereses políticos y económicos de por medio. Como dijera el clásico: “Que alguien nos explique”.
AMLO y Alejandro Encinas terminaron por enredar más la investigación: La “verdad histórica” se volvió mentira; los sicarios y delincuentes que habían sido procesados fueron absueltos; por acusaciones de los delincuentes, mandos militares fueron llevados a la cárcel y después absueltos; los familiares de los 43 están inconformes con el último informe. Este 2025, con motivo del aniversario de la tragedia, los “normalistas”, con lujo de impunidad, violencia desmedida y prepotencia, asaltaron el Campo Militar número uno de la Ciudad de México, intentaron derribar la puerta con un camión, arrojaron bombas molotov y pintarrajearon las bardas; reclaman la extradición de Tomás Zerón, pero ¿acaso con ello se lograría la justicia y la verdad? ¿Cuál es la deuda o el grado de compromiso del actual gobierno con el ala radical de ese grupo?
Ayotzinapa, la Casa Blanca y los escándalos de corrupción de al menos 5 gobernadores priístas aceleraron la debacle priísta.
Peña Nieto llevó su popularidad al nivel más bajo en la historia de los presidentes contemporáneos. Esto se debió a que el exgobernador del Estado de México marginó a importantes líderes y grupos de priístas y se dejó encerrar por su reducido grupo “Toluco”, delegando todo en Luis Videgaray Caso, Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Miranda Nava. Además, adicionalmente, su jefe de Comunicación, Eduardo Sánchez, lejos de ayudarlo, lo empinó: Salió a los medios con Angélica Rivera a “explicar” el tema de la Casa Blanca y sólo dio más argumentos a la oposición para maximizar el asunto contra Peña Nieto.
“La Casa Blanca fue un manejo de crisis equivocado. Creo que Angélica nunca debió de haber dado la cara de un tema que correspondía al Presidente de la República”, admite Peña Nieto sobre las palabras de su exesposa para tratar de esclarecer la adquisición del inmueble.
“El PRI es un partido tan longevo, que tiene ya demasiados lunares, demasiadas manchas. Y esa de la corrupción es una muy señalada, porque además es muy vendible”, asevera el ex presidente.
LEGADO DEL PRI
El PRI retuvo el poder 70 años porque construyó muchas instituciones en favor de la gente, ejemplos hay muchos: IMSS, Banxico, Pemex, CFE, Infonavit, INE, Fonatur, UNAM, IPN, Conaliteg, Metro, universidades estatales y educación en todos los niveles, infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas, red de telecomunicaciones, así como programas sociales exitosos, etc.
Pese a ello, se fue desgastando y paulatinamente perdió el poder en los momentos “clave” que hemos subrayado, fundamentalmente por: División interna (De la Madrid), falta de oficio político (Zedillo) y por los escándalos de corrupción (EPN).
Un factor determinante en las tres alternancias fue el surgimiento de líderes fuertes, carismáticos, con oportunas promesas al electorado. En la primera alternancia, en el año 2000, Vicente Fox aprovechó el desastre que dejó Ernesto Zedillo dentro del PRI-Sistema y prometió acabar con las víboras prietas y las tepocatas.
En la segunda alternancia de 2012, Enrique Peña Nieto encontró que el PAN no había realizado el “cambio” que ofreció. Con gran carisma y un slogan de campaña convincente: “Te lo firmo y te lo cumplo”, rescató el poder presidencial para el PRI.
En 2018 vino la tercera alternancia. Por los motivos que comentamos con anterioridad, la popularidad de EPN y su partido se fue al sótano.
El persistente liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, quien había buscado la Presidencia en 2006 y 2012, encontró las condiciones que favorecieron su triunfo contundente. Capitalizó los errores y omisiones del último gobierno priísta a favor de su candidatura, con una bandera que caló hondo: Prometió acabar con el “mayor cáncer” de México, la corrupción.
Dado el gran poder que logró el gobierno de la “transformación” será difícil predecir cuántos sexenios o años retenga el poder. Sin embargo, de manera vertiginosa, dos factores para el declive político ya se están configurando, los mismos errores que llevaron al declive al PRI: Los escándalos de corrupción y la división interna.
Sólo faltaría el surgimiento de un liderazgo con la capacidad y el carisma para capitalizar las promesas incumplidas a su favor. La auténtica “transición democrática” -pacto de la Moncloa- está pendiente en nuestro país.
México no necesita estar dividido en dos, por el encono y la división. Consenso y unidad pueden ir de la mano. En una democracia, y aún en un régimen autoritario, las mayorías mandan.
México es más grande que sus problemas y seguramente que el país saldrá avante. México ha superado tres revoluciones y una cuarta transformación no será la excepción.
Como bien dice, el pueblo es sabio y seguramente dará un golpe de autoridad en el momento que sea necesario. Que así sea por el bien de TODOS.
***Académico y consultor.

En una encrucijada por los escándalos que provocan división interna * La 4T debe aprender la lección del PRI, que fue una maquinaria electoral durante 70 años, pues corre el riesgo de tropezar con su propia sombra * Hoy la principal amenaza para Morena no es la oposición, sino el propio partido guinda
MARCO ANTONIO FLORES***
La paradoja del poder en México es que, cuando la oposición parece más débil, los mayores riesgos vienen de casa.
No olvidar el caso del PRI, que a partir del proceso que condujo a las elecciones de 1988, empezó a entrar en crisis por sus divisiones internas.
Morena parece vivir hoy en día ese dilema.
La continuidad de la 4T no está en el presente en manos de un rival externo, sino de la propia capacidad de ese movimiento para procesar conflictos, administrar egos y blindar la narrativa de integridad que la llevó al gobierno.
Hay varios temas que se han convertido ya por lo menos en focos amarillos, con la posibilidad de que pasen a ser focos rojos.
Un tema superespinoso es el huachicol fiscal. La investigación alcanzó a mandos de la Marina y reveló operaciones que, según pesquisas periodísticas, acumularon decenas de embarques y beneficios millonarios.
La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha prometido ir hasta el fondo. El golpe simbólico es duro: Si el corazón del Estado participó, la bandera anticorrupción de la 4T enfrenta una prueba severa.
El segundo frente se llama Hernán Bermúdez. La captura del presunto líder de La Barredora es de suma gravedad por sus vínculos con quien fue su jefe, Adán Augusto López, pese a todos los intentos por distanciarse.
El caso erosiona la presunción de impermeabilidad del oficialismo y coloca a la Primera Mandataria ante una disyuntiva: Respaldar a su liderazgo parlamentario o marcar distancia con rigor. De una u otra manera, ambas rutas dejan heridas.
A la pólvora judicial se suman los tropiezos de imagen. El senador Gerardo Fernández Noroña, líder del Senado en el primer año de la Legislatura, defendió la compra -a crédito- de una casa en Tepoztlán valuada en 12 millones de pesos; legal o no, la escena choca con el discurso de Austeridad Republicana.
Andrés Manuel López Beltrán, dirigente partidista e hijo del expresidente, debió explicar un viaje a Japón “con recursos propios”, mientras notas periodísticas exhibían consumos suntuarios en restaurantes. Estos episodios no cambian la ley, pero sí la percepción. Ahora ya ventilan que el viaje no fue por vacaciones, sino para hacer negocios en hoteles de lujo.
El tercer nudo es institucional: La reforma político-electoral que empuja la eliminación de plurinominales y el recorte al financiamiento público.
Puede ser popular en las encuestas, pero dinamita los incentivos de los aliados que dan mayoría calificada: PT y PVEM.
También persisten fricciones entre liderazgos, como el de Adán Augusto López y Ricardo Monreal -por recursos del Congreso y control de bancadas-, que ya dejó la evidencia de que Morena no es un monolito.
Irónicamente, estas grietas aparecen cuando la popularidad presidencial se mantiene alta. Ese colchón social da margen, pero no inmunidad. La política no perdona la incongruencia sistemática: si el discurso promete “cero impunidad” y “austeridad republicana”, cada excepción duele el doble.
El partido guinda tiene tres urgencias si no quiere que el desgaste interno se vuelva implosión.
Una: método. La resolución de conflictos debe institucionalizarse: reglas claras en bancadas, arbitraje creíble y sanciones a tiempo.
Dos: transparencia quirúrgica en casos sensibles (huachicol fiscal, seguridad en Tabasco, patrimonio de figuras visibles).
Tres: realismo legislativo. Si la reforma electoral amenaza a los socios, el costo hay que pagarlo con concesiones explícitas o con una ruta alternativa. No hay magia en la política.
La 4T corre el riesgo de tropezar con su propia sombra. Hoy, la principal amenaza para Morena no es la oposición: es Morena. Así de fácil y sencillo.
ESCENARIO COMPLEJO
El escenario que enfrenta el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Sheinbaum Pardo no podría estar más complejo y riesgoso para la legitimación y supervivencia, tanto del partido como de la titular del Poder Ejecutivo federal.
Los escándalos de corrupción del huachicol fiscal y de “La Barredora” significan un gran dilema.
Por un lado, abrir la investigación de estos dos casos, con el Vo. Bo. de la Primera Mandataria es una decisión firme, enérgica y una clara señal de que, ahora sí, se barrerá la corrupción como las escaleras, de arriba hacia abajo.
Puede ser el “golpe de timón”, necesario para consolidar el poder presidencial que -como lo señala el Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- se deposita en una sola persona.
Decía Maquiavelo que el poder no se comparte, la idea del florentino es la de un príncipe centralizado que ostenta el poder absoluto para asegurar la estabilidad del Estado.
El gobernante puede delegar tareas impopulares a otros para preservar su propia imagen, pero el poder y la responsabilidad final recaen en él.
La disyuntiva de obtener o consolidar el poder se da en dos vertientes, según el maestro de la ciencia política: Mediante la virtud y la fuerza (armas propias), que es más difícil de conseguir, pero más fácil de mantener, ya que el príncipe depende de sí mismo.
O bien mediante la fortuna y armas ajenas. Es fácil de obtener, pero difícil de mantener, ya que el príncipe está condicionado por factores externos.
Aquí la inquietud que surge es cuál de estos dos caminos habrá de recorrer la Primera Presidenta de México.
GRAN DILEMA
Por otro lado, en este gran dilema que enfrenta la Primera Mandataria está la ruta que tomen estas investigaciones.
Si se quedan en la opacidad y la impunidad, entonces su pérdida de credibilidad y de popularidad será inversamente proporcional al grado de transparencia con que se manejen estos dos grandes temas de corrupción.
En medio de este enredo, que no es menor, estaría una gran división interna de Morena por cualquiera de los dos motivos.
Porque si se llega hasta las últimas consecuencias y caigan los “peces gordos” como Adán Augusto López Hernández y el exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda.
No necesariamente debiera incluirse al expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus hijos, para, obviamente, no poner en riesgo todo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
Todo indica, y así se comenta en los cafés políticos, es que la justicia sólo alcance a algunos “chivos expiatorios”, lo que dejaría inconformes a muchos grupos y sectores de Morena, pues un final así dejaría en mayor riesgo a su partido y aceleraría su declive.
Una historia ya vivida en el pasado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que era una maquinaria electoral y tuvo la virtud de mantenerse así durante 70 años.
Morena ya escribe su historia y en sólo 7 años ya surgen escándalos y división interna.
SHEINBAUM, VOZ DE MUCHO PESO
La voz presidencial es muy poderosa, por ello es muy cuestionable que desde la tribuna de Palacio Nacional se juzgue a las celebridades políticas, como al líder del Senado y al expresidente López Obrador, a quienes se les exonera por adelantado sin iniciar investigaciones.
Las formas deben respetarse, pues corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial resolver el fondo jurídico penal en cada caso.
También deberá tomarse en cuenta las pruebas y presunciones tácitas y obvias, que se dan por signos inequívocos.
Está en la polémica si millones de mexicanos creerán que el exgobernador de Tabasco era ajeno a las actividades de uno uno de sus colaboradores más cercanos, su secretario de Seguridad Pública y líder del cártel de La Barredora, quien está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano Hernán Bermúdez.
CAÍDA DEL PRI
Al PRI le tomaron 70 años para su caída y ésta se dio en el momento en que el pueblo dejó de creer en él.
Todavía en 2012, la mayoría de los mexicanos refrendó su esperanza en el priísta Enrique Peña Nieto. Sin embargo, bastaron algunos escándalos de corrupción de gobernadores priístas, la famosa Casa Blanca y el caso Ayotzinapa para que el gran líder Andrés Manuel López Obrador convenciera a millones de mexicanos que acabaría con la corrupción, el “cáncer de México”, como él mismo le llamó.
En sólo seis años, AMLO duplicó la votación que había obtenido en 2012, logró 30 millones de votos.
Es de recordar que en 2012 había tenido 15 millones de votos contra 18 millones que obtuvo el ganador Peña Nieto.
Está comprobado que los temas que más influyen en la decisión del voto son el económico, el combate a la corrupción y la seguridad.
Los tiempos del electorado son muy caprichosos e impredecibles, pero estas variables, indudablemente, afectan sus predilecciones.
En el caso de Morena y la Presidenta Sheinbaum, ahora tienen un poder absoluto.
Los tres Poderes están centralizados en el Ejecutivo. Hoy en día, y ante los hechos, el Legislativo es una oficialía de partes y el Judicial está acotado y controlado.
Desaparecieron los organismos autónomos de transparencia e información. Por si lo anterior fuera poco, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) están también controlados.
Ahora, con la pretendida reforma electoral al parecer desaparecerán las posiciones políticas de las minorías (las llamadas plurinominales) y prácticamente los controles de los procesos electorales volverán al gobierno, como en los mejores tiempos del PRI.
A Morena se le olvida que gracias al INE (en sus inicios se llamó IFE, en los tiempos de Carlos Salinas de Gortari) vino la alternancia, pues gracias a eso el gobierno dejó de meter las manos en las elecciones. ¿Quién no recuerda la famosa “caída del sistema” cuando Manuel Bartlett era secretario de Gobernación, hoy integrante de Morena?
Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. El PRI duró en el poder 70 años y aquí surge la siguiente pregunta: ¿Cuántos sexenios -o años- durará Morena en el poder?
PIDEN JUICIO POLÍTICO CONTRA ADÁN AUGUSTO LÓPEZ
La exdiputada del PAN, María Luisa Pérez Jaén, presentó una solicitud de juicio político en contra del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, por presuntos actos y omisiones durante su gestión como gobernador de Tabasco entre enero de 2019 y agosto de 2021.
En su escrito, entregado en la Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados, Pérez Jaén solicitó sanciones de destitución e inhabilitación hasta por 20 años, además de la apertura de posibles procesos penales en caso de comprobarse responsabilidades.
De acuerdo con la exlegisladora, la denuncia se basa en supuestos vínculos del entonces gobernador con Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, señalado como líder del grupo criminal La Barredora y actualmente bajo custodia.
Bermúdez fue designado como secretario de Seguridad en Tabasco durante la administración de López Hernández y permaneció en ese cargo hasta inicios de 2024. Según Pérez Jaén, el senador conocía las actividades ilícitas de su colaborador.
La solicitud detalla que Adán Augusto estaría implicado en delitos como tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento favorecieron al crimen organizado durante su gestión como gobernador de Tabasco.
“En esta demanda estoy solicitando sanciones de destitución e inhabilitación de López Hernández hasta por 20 años, así como la apertura, de haberlos, de los procesos penales correspondientes”, señaló la exdiputada.
Pérez Jaén entregó su solicitud de juicio político en la Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados.
ALITO DENUNCIA A ADÁN AUGUSTO ANTE LA DEA, FBI, TESORO Y FISCAL DE EU POR CRIMEN ORGANIZADO
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, anunció que presentó -ante diversas instituciones del gobierno estadounidense- una denuncia contra Adán Augusto López Hernández, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, “por sus evidentes vínculos con el crimen organizado y su participación en el huachicol -robo ilícito de combustibles-, contrabando y lavado de dinero”.
Según la carátula de la denuncia, que presentó el también senador priísta en su cuenta de la red social X, la misma fue presentada en Washington D.C., ante la Fiscal General de Estados Unidos, Pamela Bondi, así como el Departamento del Tesoro, además de la DEA y el FBI.
ADÁN AUGUSTO SE BURLA: ‘NO HAGO CASO A MAFUFADAS’
Más rápido que furioso, Adán Augusto López Hernández le respondió a Alejandro Moreno.
“No, yo no le hago caso a las mafufadas”, expresa en entrevista cuando se le cuestionó por los señalamientos del priísta.
Alito Moreno considera que López Hernández también es responsable del nombramiento de los marinos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano contralmirante Fernando Farías Laguna, que tenían una red de huachicol fiscal, pues fue quien propuso al Senado los nombramientos cuando fue secretario de Gobernación, por orden del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Sobre el caso, Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena, también rechazó que haya una salida del coordinador, así como que exista una rebelión en la bancada.
“El coordinador se llama Adán Augusto López Hernández y fue electo por unanimidad por seis años y así debe de ser”, dijo al ser cuestionado sobre el posible cambio de coordinador.
Además, negó que el asunto del coordinador con el caso de La Barredora esté generando una rebelión al anterior de la bancada luego de que la semana pasada un grupo de senadores pidió transparencia al coordinador.
“No, no hay rebelión, miren, nosotros nacimos en el debate, en la lucha en la plaza pública, en el señalamiento de las cosas que nosotros consideramos no estaban bien, en México hicimos una lucha por reivindicar la justicia, sería muy penoso que en Morena no hubiera ese debate”.
LA CERECITA AL PASTEL: GABRIELA ORTEGA MOLINA, ALCALDESA DE COLIPA
Y siguen los escándalos de morenistas. Ahora es Gabriela Ortega Molina, alcaldesa ligada al sobrino de Caro Quintero en Veracruz.
El cateo al rancho “Los Quintero”, ubicado en Vega de Alatorre, Veracruz, puso en el centro del debate público a Ortega Molina, presidenta municipal de Colipa.
El operativo fue ejecutado el 18 de septiembre de 2025 por elementos de la Marina, Ejército y la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de localizar a Neftalí González López, empresario maderero desaparecido desde julio pasado.
La presencia de la alcaldesa dentro del inmueble generó especulaciones sobre posibles vínculos con estructuras criminales.
En esta polémica alguien miente. La presidenta municipal señala que estuvo enferma durante el día del cateo. El mismo secretario de Gobierno de Veracruz señala que la edil presentó recetas y constancias médicas de que estuvo hospitalizada, papeles que no se mostraron durante la conferencia de prensa.
Pero resulta que Gabriela Ortega subió en sus redes sociales imágenes en donde estuvo haciendo eventos durante la semana pasada, estuvo en la calle, lo que contradice la versión de que estuvo hospitalizada.
¿Quién miente?, la pregunta que no tiene respuesta.
Pero mientras son peras o manzanas, el escándalo por su presencia en el rancho ligado a Los Caro Quintero ha puesto bajo la lupa su trayectoria.
Un escándalo más que afecta la imagen del partido guinda.
MOMENTO DE DEFINIRSE
Es momento de que la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haga gala de su habilidad política, de su audacia, para favorecer su fortuna política -sin ser desleal a su antecesor-.
Un consejo: Debería mantener la unidad de su partido con la exclusión de las manzanas podridas, para darle seguimiento y continuidad al Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
Es tiempo de definiciones, su prioridad deberá ser consolidar el poder presidencial.
Millones de mexicanos esperamos, por el bien de México, que sea mediante la virtud y la fuerza (armas propias). “La Patria es primero”. Ojalá así sea.
***Académico y consultor
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