Presenta iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública * Durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el legislador mexiquense subraya que la propuesta busca garantizar condiciones laborales dignas, equitativas y libres de violencia

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Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, presenta una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el propósito de erradicar la discriminación, el acoso sexual, la violencia institucional y la falta de oportunidades que enfrentan las mujeres en las corporaciones policiacas del país.

Durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el legislador mexiquense subraya que la propuesta busca garantizar condiciones laborales dignas, equitativas y libres de violencia, además de impulsar medidas afirmativas que promuevan su ascenso, profesionalización y permanencia dentro de las instituciones de seguridad.

Vargas del Villar señala que, a pesar de los avances en materia de inclusión, las mujeres continúan enfrentando brechas de género dentro de las fuerzas de seguridad.

Citó el Diagnóstico Nacional sobre las Condiciones de Ingreso, Permanencia y Ascenso en las Instituciones de Seguridad Pública, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que revela que solo el 29.1% del personal operativo son mujeres, y de ellas menos del 15% ocupan mandos medios o superiores.

El senador también refirió estudios de ONU Mujeres y la organización Intersecta, los cuales indican que 45% de las mujeres policías ha sido víctima de acoso sexual en su lugar de trabajo, mientras que 74% enfrenta obstáculos para ascender de puesto.

Asimismo, destaca que el acceso a licencias de maternidad, servicios de cuidado infantil y equipo táctico adaptado a sus necesidades es limitado o inexistente.

“Muchas de ellas enfrentan condiciones laborales desiguales, discriminación, violencia institucional, acoso sexual y falta de oportunidades para su ascenso, lo que limita su desarrollo profesional y vulnera sus derechos”, afirma Vargas del Villar.

La propuesta legislativa plantea modificaciones al Artículo 3 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de que las instalaciones policiacas cuenten con guarderías y lactarios equipados conforme a los estándares internacionales de higiene y seguridad. También busca garantizar uniformes y equipamiento adecuados a las características físicas y necesidades de cada elemento.

Además, se propone incorporar la perspectiva de género en los artículos 14 y 22, con el propósito de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública considere políticas de igualdad sustantiva en la mejora de condiciones laborales y de seguridad social de las mujeres policías.

En el Artículo 61, la iniciativa impulsa medidas afirmativas para el ascenso, permanencia y profesionalización del personal policial en igualdad de condiciones, así como remuneraciones equitativas entre hombres y mujeres.

Por su parte, el Artículo 119 establece que el personal operativo deberá contar con uniformes y equipo adaptado a sus funciones y necesidades específicas, mientras que el Artículo 135 contempla la creación de protocolos contra el acoso sexual y la violencia institucional, además de mecanismos de acompañamiento y protección para las víctimas.

Vargas del Villar enfatiza que estas reformas permitirán fortalecer la igualdad sustantiva en las instituciones de seguridad pública y mejorar su legitimidad y eficacia.

“Es necesario establecer principios rectores de igualdad sustantiva en las corporaciones, crear protocolos contra el acoso y la violencia de género, y garantizar la conciliación entre la vida laboral y familiar de las mujeres policías”, agrega.

Revela la legisladora que sólo los cercanos a Monreal y Haces tienen privilegios * La diputada federal denuncia un acto de violencia política de género luego de que se le negara el permiso para viajar a Ginebra y participar en una reunión de la Comisión de Salud de la UIP

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Definitivamente Selene Ávila es una legisladora morenista incómoda para sus propios compañeros de partido.

Demostró su valentía y amor al pueblo cuando criticó a los diputados morenistas por no dar los recursos económicos para la reconstrucción de Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis.

Tan molesta estaba porque se le negó la ayuda al pueblo guerrerense que presentó su renuncia a la bancada de Morena, decisión que finalmente no le fue aceptada.

Ahora se lanza a la yugular contra Ricardo Monreal y Pedro Haces por sufrir violencia política de género.

“No tengo un carácter dejado, pero eso no me hace reventadora ni antisistema… yo vengo a trabajar”, afirma la diputada morenista con un claro mensaje para Haces y para Monreal, quien le negó la autorización para viajar a Ginebra a la reunión de la Comisión de Salud, de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), evento en el que la legisladora buscaría presidir dicho Comité en nombre de México.

“Ricardo Monreal sabía que yo estaba nominada y me dio como respuesta que no hay dinero”, explica Ávila, quien interpretó la negativa como una muestra de favoritismo hacia ciertos grupos.

“No es posible que a un grupito les diga que sí a todo”, añade Selene, quien ya es miembro del Comité Internacional de Salud de la UIP.

“No tengo nada en contra del señor @RicardoMonrealA, no tengo nada contra el señor @PedrohacesO, los respeto, pero no coincido en sus formas. No puede ser nada más que un grupito cercano a ellos sean los privilegiados”, agrega.

En entrevista con Gabriela Warkentin para “Así las Cosas”, la diputada morenista revela una conversación con el senador Pedro Haces, quien le habría dicho: “A ver Selenita, te voy a llevar dos días antes de shopping a Ginebra”, un comentario que podría ser considerado como violencia política de género.

Selene comenta que cuando llegó al evento, los organizadores le dijeron: “Usted no está acreditada como parte de la delegación”, lo que consideró una humillación espantosa.

El objetivo del viaje era presentar varios proyectos clave en el ámbito de la salud. Entre ellos, destacó la necesidad urgente de que el país canalice al menos el 6% de su Producto Interno Bruto (PIB) al sector salud, lamentando que en México “no estamos ni a la mitad” de esa meta.

Pese al rechazo sufrido, la diputada destaca el apoyo de figuras como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la Primera Presidenta Sheinbaum Pardo, quienes han mostrado empatía con ella.

Sin embargo, lamentó que sus compañeros legisladores busquen relegarla a tareas secundarias como entregar premios a cantantes. “Eso es violencia de género”, afirma de manera categórica Selene Ávila, quien es una mujer con principios, defensora de las mujeres y servidora del pueblo de México. Personajes y liderazgo como ella es lo que requiere nuestro país.

Propone jueces especializados en adopciones para agilizar procesos * La medida pretende garantizar la restitución de derechos de los menores y asegurar que puedan desarrollarse en un entorno familiar estable y protegido

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El senador Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN, presenta una iniciativa de ley para que todas las entidades federativas cuenten con Juzgados Especializados en Adopciones.

El objetivo es agilizar los procesos legales, reducir la sobrecarga de los Juzgados de lo Familiar y garantizar que niñas, niños y adolescentes en desamparo puedan acceder más rápido a una familia.

Actualmente, México enfrenta un retraso importante en los procesos de adopción. De acuerdo con datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), más de 30 mil menores se encuentran en centros de asistencia social públicos y privados esperando ser adoptados, mientras que sólo el 19.5% de las solicitudes de adopción recibidas entre 2014 y 2024 se han concluido.

Vargas del Villar explicó que los Juzgados de lo Familiar en los 32 estados del país enfrentan una alta carga de trabajo, lo que provoca retrasos significativos en los procesos de adopción.

La iniciativa busca que cada entidad cuente con jueces capacitados específicamente en materia de adopción, lo que permitiría resolver los casos de manera más ágil y con mayor especialización.

Además, los jueces especializados tendrían un plazo improrrogable de 90 días hábiles para emitir sentencias sobre la patria potestad en procesos de adopción, contando a partir del día siguiente de la presentación de la demanda. Esta medida pretende garantizar la restitución de derechos de los menores y asegurar que puedan desarrollarse en un entorno familiar estable y protegido.

OBJETIVOS

*** Reducir la sobrecarga de los Juzgados de lo Familiar en todo el país.

*** Garantizar procesos de adopción más expeditos para menores en desamparo.

*** Capacitar a jueces en materia de adopciones, fortaleciendo la atención especializada.

*** Establecer un plazo máximo de 90 días hábiles para la resolución de cada caso.

*** Promover la protección integral de niñas, niños y adolescentes conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.

*** Fortalecer mecanismos legales para garantizar que el Estado promueva la adopción como restitución de derechos.

*** Favorecer el desarrollo integral de los menores, proporcionándoles cuidados afectivos y materiales adecuados.

*** Reducir la incertidumbre de tutores interesados en adoptar y mejorar la eficiencia del sistema judicial.

Según datos del DIF, actualmente hay más de 30 mil menores en espera de adopción en centros de asistencia social. Entre 2014 y 2024, de 754 solicitudes de adopción recibidas, únicamente el 19.5% se concluyó, evidenciando un rezago significativo que afecta el derecho de los menores a vivir en familia.

La iniciativa de Vargas del Villar pretende corregir estas deficiencias y garantizar que cada menor pueda acceder a una familia que le proporcione cuidado, protección y desarrollo integral.