La Cámara Alta aprueba la iniciativa de la legisladora priísta * La senadora advierte que el contrabando genera desempleo, inseguridad y pone en riesgo la salud pública y la soberanía alimentaria
ERIC GARCÍA
Con una postura firme y clara, la senadora Paloma Sánchez Ramos, del PRI y originaria de Sinaloa, elevó una exigencia al Estado Mexicano: Detener de inmediato el ingreso ilegal de camarón ecuatoriano que está devastando al sector pesquero nacional y, particularmente, a su estado. En su proposición con punto de acuerdo, aprobada por el pleno del Senado de la República, Sánchez Ramos denuncia un fenómeno que combina crimen organizado, colapso económico y riesgos sanitarios.
El documento, presentado el 4 de marzo de 2025, parte de una preocupación concreta y documentada: el contrabando de camarón ecuatoriano, que se estima en 20 mil toneladas anuales, ha desplazado al producto sinaloense en un 80 por ciento.
Esto no sólo ha dañado los precios, también ha puesto en riesgo más de 900 granjas acuícolas y 20 mil empleos directos.
“Este contrabando está acabando con nuestra producción y dejando sin sustento a miles de familias”, añade.
Paloma Sánchez no llega al Senado con una preocupación abstracta: Representa a Sinaloa, líder nacional en producción camaronera, con más de 115 mil toneladas generadas en 2023, equivalentes al 45% del valor nacional. Pero ese logro está en riesgo por una práctica ilegal que afecta a productores en todo el país.
“Este no es sólo un problema comercial, es también un problema de seguridad nacional”, señala y advierte que el tráfico de camarón está vinculado con redes de delincuencia organizada, lavado de dinero y violencia en regiones fronterizas.
La legisladora priísta propuso una solución concreta: Que el Poder Ejecutivo, en especial la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), coordine esfuerzos con la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para fortalecer la vigilancia en puertos, carreteras y puntos de ingreso al país. Esa fue la redacción final aprobada por senadoras y senadores de todas las fuerzas políticas, quienes respaldaron de manera unánime la iniciativa.
La senadora sinaloense denuncia que el camarón ilegal representa un riesgo para la salud pública, ya que ingresa al país sin cumplir normas sanitarias ni fitosanitarias, sin trazabilidad ni control, lo que podría desencadenar crisis de confianza en el mercado interno.
También se alerta sobre el impacto ambiental, pues muchas veces el producto entra al país sin respetar prácticas sustentables de captura, usando redes prohibidas o técnicas depredadoras, lo que afecta la biodiversidad y la reproducción de especies.
“Exigimos condiciones justas para competir. Nuestros productores cumplen con la ley, pagan impuestos, cuidan el medio ambiente. El Estado tiene la obligación de protegerlos del comercio ilegal que destruye todo lo que hemos construido”, sostiene Sánchez Ramos en su iniciativa.
Con esta acción legislativa, la senadora no solo defiende a los pescadores y acuacultores de Sinaloa, sino que va por la soberanía alimentaria, la legalidad y la economía pesquera del país entero.
Una figura de mucho peso político dentro de la bancada panista y un gran activo de la oposición * En el marco de su segundo año legislativo, consolida liderazgo nacional desde la Cámara Alta con intensa actividad, propuestas y defensa de las instituciones
EL TOPO
Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, presenta su Segundo Informe de Actividades Legislativas, en donde se refleja una intensa participación parlamentaria, una agenda enfocada en seguridad, justicia, vivienda, protección de la niñez y fortalecimiento institucional, además de una presencia constante en los órganos de decisión más importantes del Senado de la República.
Destaca que su labor se centró en impulsar iniciativas, construir consensos y defender una agenda basada en el fortalecimiento del Estado de Derecho, la economía, la seguridad, la justicia social y las libertades, particularmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Uno de los ejes centrales de su desempeño es la participación dentro de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el máximo órgano de gobierno del Senado, desde donde interviene en la construcción de acuerdos parlamentarios, la organización de los trabajos legislativos y la definición de la agenda nacional, privilegiando el diálogo, la institucionalidad y el equilibrio entre los poderes públicos.
Durante el primer periodo ordinario asistió a 36 sesiones ordinarias y dos solemnes, mientras que en el segundo periodo ordinario participó en 27 sesiones ordinarias y tres solemnes, además de acudir al periodo extraordinario celebrado en mayo de 2026, donde se discutieron reformas de gran relevancia nacional.
La actividad de Vargas del Villar se refleja dentro de las comisiones legislativas más relevantes del Senado. Participa de manera permanente en las Comisiones de Seguridad Pública, Marina, Justicia, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Reordenamiento Urbano y Vivienda, así como en la de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC, consolidando una presencia constante en temas considerados estratégicos para el país.
Durante el segundo año constitucional, Enrique Vargas promovió 55 iniciativas propias, 23 durante el primer periodo ordinario y 32 durante el segundo, colocándose entre los senadores más activos de su bancada.
“La política debe traducirse en resultados, propuestas y soluciones concretas para las familias mexicanas”, la ideología legislativa del legislador panista.
Con este segundo informe, Vargas demuestra que su papel en el Senado trasciende la representación política para convertirse en una plataforma desde la cual impulsa iniciativas que abarcan desde la seguridad nacional hasta la protección de la infancia, la vivienda, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, consolidándose como una de las figuras de mayor peso dentro de la bancada panista y uno de los principales referentes de la oposición rumbo a los próximos desafíos políticos del país.
A raíz de comentarios sobre adultos mayores * Crece la polémica con el paso de las horas, ya Morena se desmarca del hecho discriminatorio y ya analizan negarles la reelección como diputadas
ERIC GARCÍA
Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, legisladoras de Morena, protagonizan una nueva polémica luego de viralizarse un fragmento del podcast DesCasadas, donde realizaron comentarios sobre personas de la tercera edad que desataron una ola de reacciones en redes sociales.
Durante una conversación en el podcast, las legisladoras abordaban experiencias relacionadas con las relaciones de pareja y los hombres mayores.
En ese contexto, realizaron expresiones sobre las personas adultas mayores que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron críticas por considerarse discriminatorias.
Las imágenes muestran a ambas diputadas conversando en un ambiente informal mientras intercambian comentarios que fueron ampliamente difundidos en plataformas digitales.
LEGISLADORAS SE DEFIENDEN
Nayeli Salvatori asegura que el video fue sacado de contexto.
Tras la polémica, Salvatori publicó un video en redes sociales donde explicó que el episodio fue grabado hace aproximadamente un año durante una charla entre amigas dentro de un programa de entretenimiento.
Afirma que el contenido difundido corresponde únicamente a fragmentos editados para redes sociales y sostuvo que el tema central era hablar sobre las diferencias de edad en las relaciones sentimentales y no descalificar a las personas adultas mayores.
Asimismo, ofrece disculpas a quienes pudieron sentirse ofendidos y asegura que nunca fue su intención menospreciar a ese sector de la población.
Graciela Palomares también ofrece una disculpa pública y difundió un comunicado hacia las personas que se sintieron agraviadas por sus declaraciones.
La diputada señala que sus palabras fueron interpretadas de manera distinta al contexto en el que fueron emitidas y afirmó que mantiene un compromiso con la defensa de los derechos de las personas adultas mayores.
Además, considera que la oposición aprovecha la controversia para politizar el tema y afectar su imagen pública.
Pese a las disculpas, el caso continúa generando debate en plataformas digitales, donde usuarios mantienen opiniones divididas entre quienes consideran suficientes las aclaraciones y quienes cuestionan el lenguaje utilizado por representantes populares al referirse a grupos en situación de vulnerabilidad.
Crece la polémica con el paso de las horas, ya Morena se desmarca del hecho discriminatorio y ya analizan negarles la reelección como diputadas.
Desmedida ambición por el dinero público * Las prerrogativas del PRD de 2025 deben regresarse al erario público * Hay un proceso de impugnación pendiente de concluir
ARMANDO GARCÍA
En un acto de desmedida ambición por las prerrogativas del PRD-Ciudad de México, Mario Tripp Reyna -allegado al diputado federal de Morena, Víctor Hugo Lobo Román- presionó a integrantes del Consejo Electoral de la Ciudad de México (IECM) para que le entregaran los recursos del partido.
Mario Tripp Reyna, asesor de Lobo Román en la Cámara de Diputados, demanda a las consejeras del IECM entregarles las prerrogativas de los años 2025 y 2026, a pesar de que las del año anterior deberán ser reintegradas a la Secretaría de Administración y Finanzas.
Un mandato del Congreso de la Ciudad de México, aprobado por el pleno de Donceles y Allende, solicitó al Instituto Electoral reintegrar los recursos correspondientes a las prerrogativas 2025, toda vez que no se ejercieron, debido a que aún persisten impugnaciones al interior del instituto político.
Durante la sesión del pasado viernes 31 de julio de 2026, vía virtual Tripp Reyna, exigió a los integrantes del IECM los recursos, sin tener facultades, ni elementos para hacerlo, motivo por el cual las consejeras Erika Estrada Ruiz y Sonia Pérez Pérez aclararon que eso era imposible porque había impugnaciones pendientes de resolver.
Cualquier acción por parte de oportunistas, vividores del erario público y militantes del partido al que pertenece Víctor Hugo Lobo Román, carecen del aval de la verdadera militancia del PRD y de sus liderazgos que en las pasadas elecciones de 2021 y 2024 llevaron a cabo un intenso trabajo territorial para lograr el registro del PRD-Ciudad de México, lo cual no pueden decir ni comprobar quienes falsamente se hacen pasar como representantes del Sol Azteca capitalino.
“A toda hora y en todo momento, los desenmascararemos y exhibiremos como depredadores de las prerrogativas del PRD-Ciudad de México; su ambición la puso de manifiesto el pasado viernes Mario Tripp Reyna de manera pública”, expresan militantes.
Mario Tripp también está relacionado con algunas denuncias de despojo, como es el caso de la violenta irrupción y la toma por asalto de la sede del PRD-CDMX en Jalapa 88.
Su postura de exigir y presionar a los consejeros para que les entreguen las prerrogativas, sólo habla de la desmedida ambición por el dinero público, tanto de él como del grupo que dirige Víctor Hugo Lobo Román, y sus allegados.