La Cámara Alta aprueba la iniciativa de la legisladora priísta * La senadora advierte que el contrabando genera desempleo, inseguridad y pone en riesgo la salud pública y la soberanía alimentaria
ERIC GARCÍA
Con una postura firme y clara, la senadora Paloma Sánchez Ramos, del PRI y originaria de Sinaloa, elevó una exigencia al Estado Mexicano: Detener de inmediato el ingreso ilegal de camarón ecuatoriano que está devastando al sector pesquero nacional y, particularmente, a su estado. En su proposición con punto de acuerdo, aprobada por el pleno del Senado de la República, Sánchez Ramos denuncia un fenómeno que combina crimen organizado, colapso económico y riesgos sanitarios.
El documento, presentado el 4 de marzo de 2025, parte de una preocupación concreta y documentada: el contrabando de camarón ecuatoriano, que se estima en 20 mil toneladas anuales, ha desplazado al producto sinaloense en un 80 por ciento.
Esto no sólo ha dañado los precios, también ha puesto en riesgo más de 900 granjas acuícolas y 20 mil empleos directos.
“Este contrabando está acabando con nuestra producción y dejando sin sustento a miles de familias”, añade.
Paloma Sánchez no llega al Senado con una preocupación abstracta: Representa a Sinaloa, líder nacional en producción camaronera, con más de 115 mil toneladas generadas en 2023, equivalentes al 45% del valor nacional. Pero ese logro está en riesgo por una práctica ilegal que afecta a productores en todo el país.
“Este no es sólo un problema comercial, es también un problema de seguridad nacional”, señala y advierte que el tráfico de camarón está vinculado con redes de delincuencia organizada, lavado de dinero y violencia en regiones fronterizas.
La legisladora priísta propuso una solución concreta: Que el Poder Ejecutivo, en especial la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), coordine esfuerzos con la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para fortalecer la vigilancia en puertos, carreteras y puntos de ingreso al país. Esa fue la redacción final aprobada por senadoras y senadores de todas las fuerzas políticas, quienes respaldaron de manera unánime la iniciativa.
La senadora sinaloense denuncia que el camarón ilegal representa un riesgo para la salud pública, ya que ingresa al país sin cumplir normas sanitarias ni fitosanitarias, sin trazabilidad ni control, lo que podría desencadenar crisis de confianza en el mercado interno.
También se alerta sobre el impacto ambiental, pues muchas veces el producto entra al país sin respetar prácticas sustentables de captura, usando redes prohibidas o técnicas depredadoras, lo que afecta la biodiversidad y la reproducción de especies.
“Exigimos condiciones justas para competir. Nuestros productores cumplen con la ley, pagan impuestos, cuidan el medio ambiente. El Estado tiene la obligación de protegerlos del comercio ilegal que destruye todo lo que hemos construido”, sostiene Sánchez Ramos en su iniciativa.
Con esta acción legislativa, la senadora no solo defiende a los pescadores y acuacultores de Sinaloa, sino que va por la soberanía alimentaria, la legalidad y la economía pesquera del país entero.
Advierte sobre los riesgos que implica entregar el control total de la seguridad pública a un mando militar * La seguridad no puede ser rehén de partidos políticos, es un tema que nos debe unir para proteger a todas y todos los mexicanos, expresa el vicecoordinador de los senadores panistas
EL TOPO
En medio del debate legislativo que definirá el futuro de la seguridad pública en México, Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, se posicionó como una de las voces más firmes en defensa de la ciudadanía y de un modelo de seguridad basado en la coordinación y el fortalecimiento de los cuerpos civiles.
Durante la sesión de Comisiones Unidas en el Senado de la República, donde se aprobó el proyecto de decreto que expide la nueva Ley de la Guardia Nacional y reforma ocho leyes relacionadas, Vargas del Villar advierte sobre los riesgos que implica entregar el control total de la seguridad pública a un mando militar.
“La seguridad no puede ser rehén de partidos políticos, es un tema que nos debe unir para proteger a todas y todos los mexicanos”, expresa el senador panista, haciendo un llamado directo a construir un sistema que priorice la cercanía, la confianza y la capacitación de los cuerpos policiacos locales.
Vargas del Villar, reconocido por su gestión municipal y su postura crítica frente a la centralización del poder, cuestionó duramente que la Guardia Nacional sea conducida únicamente bajo la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Los soldados no están preparados para ser policías de barrio, lo que necesitamos son policías capacitados, cercanos a la gente, que conozcan sus colonias y trabajen en coordinación con los ciudadanos”, agrega.
Insistió en que la verdadera solución a la crisis de seguridad pasa por invertir en los tres niveles de gobierno, fortaleciendo a las policías municipales y estatales, y no dejando toda la responsabilidad a las Fuerzas Armadas. “La Guardia Nacional no puede sola y la militarización no es la salida”, puntualiza.
Enrique Vargas ha sido constante en su crítica al modelo que, según él, pretende esconder la falta de inversión y profesionalización en los cuerpos de seguridad civil detrás del uniforme militar.
Su postura resuena especialmente en comunidades donde los ciudadanos reclaman mayor seguridad, pero también mayor cercanía y respeto a los derechos humanos.
Pese a la aprobación en Comisiones -14 votos a favor y seis en contra-, el tema sigue generando preocupación en amplios sectores sociales que, como el senador panista, temen que la militarización de la seguridad termine alejando a las autoridades de las necesidades reales de la gente.
La iniciativa ahora se discutirá en el Pleno del Senado, donde se espera que Vargas continúe defendiendo un enfoque de seguridad que ponga al ciudadano en el centro y rechace los atajos que, a su juicio, sólo profundizan los problemas de violencia e inseguridad.
“La seguridad comienza en las calles, en los barrios, en las colonias, con policías preparados y comprometidos con su gente. No podemos construir un México seguro con miedo ni con imposiciones”, enfatiza el senador panista.
No permitiremos que se intente amedrentar a quienes defienden causas justas, añade * El Instituto se aleja de su papel de árbitro electoral, por lo que rechazamos de forma enérgica el comunicado del IECM, con claros tintes políticos, expresa Arias Contreras
ARMANDO GARCÍA
La diputada Nora Arias Contreras pone los puntos sobre las ìes sobre el caso del comunicado del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde queda evidenciado una profunda intolerancia institucional y un ataque injustificado a la militancia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) capitalino.
“Rechazamos de manera categórica el contenido y tono del comunicado emitido por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el cual representa un ataque injustificado, desproporcionado y parcial en contra de nuestra militancia.
“Lamentamos profundamente que una institución que debe actuar con altura de miras se preste a emitir posicionamientos con claros tintes políticos, abandonando su deber de conducirse como árbitro electoral, y garante de los principios democráticos que rigen nuestra vida pública”, añade.
“El IECM no puede ni debe convertirse en un actor político. Le corresponde escuchar, rendir cuentas y garantizar los principios de certeza, legalidad y objetividad”, afirma la diputada Arias Contreras.
Sostiene que pretender silenciar la crítica desde la tribuna parlamentaria con comunicados ofensivos, sólo evidencia una profunda intolerancia institucional
“Como representante popular he señalado con argumentos jurídicos y políticos, lo que consideramos ha sido una actuación cuestionable por parte de algunas consejerías del Instituto, particularmente en lo relacionado con el proceso de la dictaminación del registro del PRD-Ciudad de México.
“Estas observaciones se han realizado en el marco de la ley, con respeto y con la firme convicción de defender los derechos político-electorales de miles de ciudadanas y ciudadanos que siguen creyendo en el proyecto democrático que representa el PRD CDMX.
“El IECM no debe olvidar que su función no es silenciar a las voces críticas, ni asumir posturas, que alimentan la polarización o la persecución política. La pluralidad y el debate son pilares de la democracia, y cuando se intenta desacreditar a quienes exigen transparencia, legalidad, se vulnera la función electoral”, expresa Nora Arias.
“Exigimos al IECM una rectificación pública de su comunicado, así como el respeto irrestricto a la libertad de expresión de las y los representantes populares. No permitiremos que se intente amedrentar a quienes defienden causas justas, ni que se manipule la institucionalidad electoral, para fines ajenos a su mandato constitucional.
“La Sala Superior emitió el 28 de mayo de 2025, el acuerdo donde nos reconoce a toda la dirigencia del PRD-Ciudad de México debido a que el plazo concluyó el 30 de enero de 2025, por lo que el IECM se excedió en sus facultades al otorgar un nuevo plazo que nunca mandató la Sala Superior.
Arias enfatiza que no se van a callar y que la democracia se defiende ejerciéndola.
“El PRD seguirá defendiendo el derecho de la ciudadanía a contar con opciones políticas, fuertes, críticas y comprometidas con la justicia social. No nos vamos a callar. ¡La democracia se defiende ejerciéndola!”, asevera la presidenta del PRD-CDMX.
El país enfrenta una crisis crítica de violencia y una ola criminal * El vicecoordinador de los senadores panistas exige la restitución de más de 20 mil millones de pesos recortados a los municipios para seguridad pública, destacando la urgencia de proteger a las familias mexicanas
EL TOPO
El 29 de mayo pasado, el senador Enrique Vargas del Villar emitió un firme llamado a los diputados federales.
Durante la inauguración de la incubadora legislativa “Mujeres en Acción”, exigió que más de 20 mil millones de pesos recortados del presupuesto para seguridad regresen a los municipios. Esta solicitud cobra relevancia en un contexto nacional marcado por altos niveles de violencia e inseguridad.
En su discurso, Vargas del Villar subrayó que el actual gobierno federal eliminó recursos significativos destinados a la seguridad municipal. Estos fondos, antes canalizados hacia los municipios, resultaban cruciales para combatir el crimen a nivel local.
El senador sostuvo que los gobiernos municipales carecen de herramientas suficientes para enfrentar a las bandas delictivas sin estos recursos.
El legislador panista exhortó a la Cámara de Diputados a actuar con responsabilidad y sensibilidad. Indicó que la seguridad de mujeres y familias debe prevalecer sobre intereses partidistas o decisiones administrativas.
Durante el evento, el senador hizo referencia al contexto de violencia que vive México. Afirmó que el país enfrenta una etapa crítica debido a un sexenio que calificó como fallido, el cual dejó más de 200 mil muertos y más de 50 mil personas desaparecidas.
PRIORIDAD NACIONAL
Estas cifras reflejan una crisis profunda que, según Vargas del Villar, trasciende los colores políticos y debe ser abordada como una prioridad nacional.
Pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo unir esfuerzos para atender el problema de la inseguridad. Destacó que sin paz y estabilidad no habrá inversión, y sin inversión no habrá bienestar ni desarrollo económico.
El evento “Mujeres en Acción” reunió a diversas figuras políticas. Entre ellas estuvieron presentes la diputada federal Teresa Ginez, el coordinador parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de México, Pablo Fernández de Cevallos, y la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras.
En su intervención, Vargas del Villar instó a las mujeres presentes a hablar positivamente de México.
Argumentó que una narrativa optimista puede influir en la percepción internacional y atraer inversiones que generen empleo.