Autoridades estatales desoyen el reclamo ciudadano de la revocación de mandato * La legisladora priísta alza la voz en el Senado para denunciar la violencia e inseguridad que parece no tener fin en el estado sinaloense

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Paloma Sánchez Ramos, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), alza la voz en el Senado de la República para denunciar la violencia e inseguridad en Sinaloa que, a casi medio año de transcurrida, no parece tener fin.

Las escenas de terror se repiten: estudiantes huyendo entre las balas, pequeños empresarios en quiebra, madres desesperadas buscando a sus hijos desaparecidos.

“Sinaloa ya no es un lugar seguro para vivir”, sentencia la senadora en conferencia de prensa, acompañada de ciudadanos y representantes de organizaciones civiles.

Mujeres y hombres pertenecientes a la organización Ciudadanos Unidos por Sinaloa, solicitaron el espacio a la senadora Sánchez Ramos para anunciar que ya son más de 169 días de una crisis que ha dejado más de 900 asesinatos, más de mil desaparecidos y un daño económico estimado en al menos18 mil millones de pesos.

Hoy venimos a la Ciudad de México, amparados en la Constitución, para buscar una luz, una esperanza. No merecemos seguir viviendo en el miedo, afirmaron.

“En Culiacán ya no se vive, se sobrevive”, añaden.

La indignación en la ciudadanía crece ante la inacción de las autoridades estatales.

“Nos hemos manifestado, hemos alzado la voz, hemos buscado cambios políticos, pero el gobierno estatal sigue sin escuchar”, señalaron.

El abogado Julio Alvarado, proveniente de Culiacán, denunció que la revocación de mandato ya fue intentada y rechazada por las autoridades locales.

Con datos de la Fiscalía del Estado, los ciudadanos presentaron un mapa de Culiacán plagado de puntos rojos, marcando los robos de vehículos en los últimos cinco meses.

“En cada esquina pasa algo”, lamentó uno de los afectados.

No confiamos en el gobierno estatal, por eso buscamos activar este mecanismo de consulta popular, afirman.

La situación en Sinaloa es insostenible. “El estrés y la ansiedad han alcanzado niveles insoportables. La gente está enfermando. Odontólogos reportan un aumento en casos de fracturas dentales por el estrés. Niños con traumas por balaceras se niegan a regresar a la escuela. Todos sabemos que, en cualquier momento, nos puede tocar”, declara Fernando Gómez.

La exigencia es clara: “El pueblo de Sinaloa ya no aguanta más. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso estatal se niega a escuchar y a actuar. Prefieren servir al gobernador antes que a los ciudadanos. Pero la sociedad manda y exigimos ser escuchados”.

Ante la crisis comercial y de seguridad * Sigue la persecución política contra Cabeza de Vaca, expresa el senador panista

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Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, solicita una reunión interparlamentaria entre México y Estados Unidos con el objetivo de atender la crisis comercial derivada de nuevos aranceles al acero, aluminio e industria automotriz, así como la creciente inseguridad en el país.

Advirtió Vargas del Villar que los impuestos del 25% sobre las exportaciones mexicanas podrían afectar gravemente la economía nacional. Además, expresó preocupación por la presencia de aviones espías sobre territorio mexicano, lo que mostró un mensaje de presión por parte del gobierno estadounidense.

El legislador panista subraya que estas medidas podrían afectar la competitividad de las exportaciones nacionales y comprometer millones de empleos.

Destaca la urgencia de establecer un diálogo con el gobierno estadounidense para evitar un impacto negativo en la economía mexicana.

Señala que es necesario integrar a los mejores negociadores para lograr acuerdos que minimicen el impacto de estas restricciones comerciales.

En materia de seguridad, Enrique Vargas manifiesta su inquietud ante la presunta presencia de aviones espías en el espacio aéreo mexicano.

Aunque el gobierno federal ha negado estos hechos, afirma que se trata de un mensaje de Estados Unidos respecto a la crisis de seguridad en México.

Vargas también critica la falta de estrategias efectivas para combatir la violencia y la crisis migratoria, problemas que han incrementado la presión internacional sobre México, afectando la estabilidad económica y comercial del país.

El senador panista afirma que el PAN continuará exigiendo acciones concretas para enfrentar la crisis de seguridad y proteger los intereses económicos del país.

Subraya la importancia de que el gobierno mexicano adopte una postura firme frente a Estados Unidos en la negociación de los nuevos aranceles.

Asimismo, insistió en la necesidad de discutir la actuación de los gobernadores de Morena en materia de seguridad y su impacto en los estados más afectados por la violencia, como Sinaloa.

PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA CABEZA DE VACA

También Vargas del Villar acusa que persiste la persecución política contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Refutó lo dicho por la Presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que está vigente la ficha roja de la Interpol contra el exmandatario.

“Está el documento claro, que ya se canceló y esto, bueno, pues se debe a una persecución política que se tuvo desde el sexenio pasado contra el exgobernador y en todos los juicios los ha ganado y ya fue muy claro el documento en donde se cancela”, añade.

“Pues ella -Sheinbaum- va a tener que seguir diciendo que va a continuar toda la persecución política porque desde el expresidente lo traen, pero ya salió el exgobernador muy claro a decir: ‘Ya no tengo ninguna ficha’”, agrega.

El gobierno federal dejó de invertir y presupuestar en el tema del agua * El diputado Erubiel Alonso señala que el presupuesto de la Conagua presenta una disminución del 43.2 por ciento en comparación con 2024

ERIC GARCÍA

El Gobierno de la República ha dejado de invertir y de presupuestar para infraestructura de agua, presas, drenajes y todo lo que esto implica, afirmaron los integrantes del Grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados.

El vicecoordinador de la bancada priísta, Erubiel Alonso Que, explicó que de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el presupuesto para el 2025 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) será de 37 mil 100 millones de pesos, lo que implica una disminución del 43.2 por ciento en comparación con 2024.

En conferencia de prensa de la bancada, aseguró que estos recortes y los de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, afectan de manera directa a los productores del campo, con el riesgo de que se repita la sequía en México que provocó la muerte de más de 165 mil cabezas de ganado en 2024.

Alonso Que señaló que a los de Morena no les interesa el sector primario y advirtió que, de no tomarse las medidas necesarias, estados como el de Baja California, pueden tener la crisis más grande en la agricultura, ganadería y consumo del vital líquido.

ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES CON POCA TRANSPARENCIA Y OPACIDAD

La diputada federal Leticia Barrera Maldonado informa que, junto a los diputados Rubén Moreira y Erubiel Alonso, presentó un exhorto al gobierno federal, a la Conagua y al gobierno de Baja California para ayudar a los agricultores del Valle de Mexicali, que son afectados por la reducción de hectáreas sembradas, debido a la firma del acta 330, en la que México tiene que ceder 492 millones de metros cúbicos de agua, durante tres años (2024-2026) de la cuenca del Río Colorado.

Señala que de no atender a los productores de la región se agravará la crisis en la caída de la producción de los principales granos en nuestro país. Solo en el Valle de Mexicali, aseguró, se están dejando de sembrar casi 60 mil hectáreas de trigo, de algodón y de forraje, que repercuten en la economía de más de dos mil compañeros productores.

En su participación, el líder de la CNC en Baja California, Mario Soto, y el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en esa entidad, Álvaro Aldrete, coincidieron que el reclamo de los productores de esta entidad es que se establezca un procedimiento claro de la dispersión de recursos.

Denunciaron la actuación de las autoridades con poca transparencia y opacidad, como en el caso de recuperación de tierras y de obras de infraestructura, sin tomarlos en cuenta cuando ellos son los protagonistas y principales afectados.