La operación más reciente ocurre a plena luz, con autorizaciones oficiales de por medio y termina siempre con el activo bueno en manos de la familia y el pasivo a cargo del erario
ILDEFONSO LÓPEZ
Todo queda en la misma familia. Ese es el hilo que conecta a Jorge Rangel de Alba Brunel, a sus cuatro hijas y a sus yernos con tres bancos distintos a lo largo de treinta años. La operación más reciente ocurre a plena luz, con autorizaciones oficiales de por medio y termina siempre con el activo bueno en manos de la familia y el pasivo a cargo del erario.
El personaje central presidió el consejo de CIBanco desde 2008 hasta octubre de 2025. En junio de ese año el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), señaló al banco; en octubre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le revocó la licencia y el banco entró en liquidación bajo el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
En México, la vigilancia contra el lavado de dinero recae en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Un banco intervenido, con su cartera de crédito todavía viva y cobrable.
UNA CARTERA SANA VENDIDA AL 20% DE DESCUENTO
Lo que siguió fue un desmantelamiento ordenado. La cartera automotriz, la más sana, se vendió a otro banco en agosto de 2025: 6,640 millones de pesos por una cartera con valor nominal cercano a 8,302 millones, una diferencia de alrededor del 20 por ciento, pese a que tenía morosidad baja.
Y aquí aparece un dato que amplía el círculo de responsables: un banco intervenido no se vende solo. Al entrar en liquidación, su patrimonio quedó bajo el control del IPAB, que designó como liquidador y administrador cautelar al despacho Álvarez & Marsal México, facultado mediante un poder para actos de dominio -otorgado en agosto de 2025- específicamente para enajenar esa cartera de crédito automotriz. Es decir: la venta a precio de remate no pudo ocurrir sin el aval de la autoridad y sin la firma del despacho liquidador.
Si la autoridad financiera fijó un tope al descuento para proteger el patrimonio en liquidación, ¿por qué la operación se cerró con esa diferencia? ¿Quién absorbió la pérdida y quién se benefició del precio de remate? ¿Y qué criterio de valuación aplicaron el IPAB y su liquidador para autorizar ese descuento sobre una cartera sana?
UN ACTIVO EMBARGADO QUE CAMBIÓ DE MANOS
El segundo activo era la casa de bolsa de CIBanco. Estaba embargada por orden judicial. Pese a la medida cautelar vigente, apenas diecisiete días después de que un juez la ratificara, la casa de bolsa fue transferida a Trafalgar.
La operación se ejecutó con un poder gestionado por Roberto Pérez Estrada, secretario corporativo de Tenedora CI, la misma estructura desde la que opera el grupo.
Un tribunal federal confirmó después que el embargo seguía siendo eficaz. Es decir: se movió un bien que estaba judicialmente inmovilizado.
Trafalgar ilustra el método. Cambió tres veces de nombre en dos años -nació como Haai Capital, mutó a Financiera Haai Capital y terminó como Trafalgar- y casi el cien por ciento de sus acciones se concentran en una sola persona.
Cuando la adquisición fue impugnada, quien salió a defenderla fue “Trafalgar Internacional”, presentada como un tercero ajeno. No lo es: comparte control, domicilio y personal con la primera.
Al frente de Trafalgar figura José Porfirio Sánchez Talavera, quien desde mediados de 2026 preside además Greater Cannabis Company, una empresa cannabis que cotiza en Estados Unidos y de la que su firma controla el cien por ciento de las acciones con derecho a voto, según sus propios registros ante la autoridad bursátil estadounidense.
Así, la casa de bolsa de un banco intervenido en México terminó en la órbita de un empresario del cannabis con vehículos cotizados en el extranjero.
SIETE FINANCIERAS CON NOMBRES DE PETRÓLEO Y DE DINERO
Alrededor de este banco intervenido apareció otra señal difícil de ignorar. En menos de tres años surgieron de la nada siete sociedades financieras de objeto múltiple (Sofom), bautizadas mitad con apellidos de la alta finanza mundial y mitad con nombres de petróleo y combustibles: Thain Credit, Blankfein Capital, NY Financial Capital, Stewart York Financial, Standard Oil Financial Capital, Staten Island Financial y Capital Petroleum Financial.
Los nombres lo dicen casi todo: John Thain dirigió Merrill Lynch, Lloyd Blankfein presidió Goldman Sachs y Standard Oil fue el imperio petrolero de Rockefeller. Detrás de esos nombres de bronce no hay bancos de inversión: hay siete financieras de nueva creación -varias sin siquiera haber iniciado operaciones- registradas en México entre 2023 y 2026, inscritas en el padrón público de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) con claves prácticamente consecutivas (695816 a 696619).
La mezcla no es casual: dinero y combustible, los dos vehículos clásicos para mover valor sin que se note de dónde viene ni a dónde va.
¿HACIA DÓNDE VIAJA EL VALOR QUE SALE DE CIBANCO?
La respuesta vuelve a la familia. La convergencia: Finsus, en manos de los yernos.
En 2026 emergió con fuerza Finsus, una financiera que heredó la sede histórica de CIBanco en Polanco y que hoy tramita una licencia bancaria.
Su consejo lo preside Norman Hagemeister Rey, yerno de Rangel, casado con su hija Mariana. Otro yerno, Alfonso Reyes Villarreal, casado con la hija Natalia, también figura en el accionariado. Entre Rangel y Hagemeister controlan más del veinte por ciento de Finsus.
Y esa misma financiera acumula 42 sanciones de la propia CNBV, la autoridad que supervisa al sistema financiero, diez de ellas impuestas apenas once días después de que se revocara CIBanco.
EL MISMO GUION, TRES BANCOS, TREINTA AÑOS
El patrón no es nuevo. A finales de los noventa el mismo personaje presidía el Grupo Financiero Ixe cuando su grupo apareció en el expediente del Fobaproa, el rescate bancario pagado con dinero público: una lista legislativa consignó 660 millones de pesos de cartera del grupo absorbida por ese rescate.
Treinta años después el guión se repite con otros bancos y los mismos apellidos.
Hay más eslabones. Salvador Arroyo pignoró acciones a favor de CIBanco por 336 millones de pesos semanas antes de la revocación, en una operación cuyo precio y sentido siguen sin explicarse.
Y en el terreno hospitalario, el grupo San Angelín-Dalinde reparte su control en tercios entre el círculo de Rangel, Alfonso Reyes Villarreal y un tercer socio, con un saldo cuantioso en operaciones entre partes relacionadas y sin un tercero independiente a la vista.
Créditos que salen y regresan al mismo perímetro familiar. Y aquí la pregunta se vuelve inevitable: ¿el dinero que salió del banco intervenido terminó financiando esos hospitales? Y si así fue, ¿quién pagará después la cuenta: otra vez el público?
Las preguntas que quedan sobre la mesa son las que cualquier autoridad debería responder. ¿Por qué un banco intervenido vende su mejor cartera a precio de remate, y con qué criterio lo avalaron el IPAB y el despacho liquidador Álvarez & Marsal? ¿Por qué se transfiere un activo embargado desafiando a un juez? ¿Por qué la financiera que hereda la sede, el personal y el negocio del banco caído está controlada por la misma familia que lo presidió diecisiete años?
La designación internacional de CIBanco no fue el final de la historia: puede ser apenas el primer capítulo de un vaciamiento que aún no termina de contarse.
