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HOJAS LIBRES

Rutilio Escandón practica la imposición y la impunidad

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SOS en Chiapas: necesita gobernador * Elecciones extraordinarias o juicio político y desaparición de Poderes

 

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Como resultado de la evidente ingobernabilidad en el estado de Chiapas, seis municipios se quedaron sin autoridades municipales. En tres no se pudieron realizar elecciones y en la otra mitad hubo necesidad de decretar la nulidad de los procesos electorales ante la evidente intromisión y manipulación por parte de las autoridades gubernamentales.
Para recomponer esta gravísima irregularidad, Rutilio Escandón Cadenas, sedicente gobernador de Chiapas, ordenó al Congreso del Estado emitir el decreto número 438 y el acta número 16, mediante la cual se acuerda la designación de Concejos Municipales en Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa.


Con ese atentado a la legalidad y al orden constitucional, Escandón exhibe su propensión a la imposición y a la impunidad, pero también acepta que en Chiapas se perdió el Estado de Derecho y la incapacidad para gobernar.
En la exposición de motivos para designar a los Concejos Municipales, la Comisión Permanente (que no tiene facultades) esgrime como argumento, para no realizar elecciones extraordinarias, “de no existir condiciones políticas y sociales existentes en cada uno de los seis municipios”.
Una confesión de ese tamaño sería suficiente para obligar a renunciar a Rutilio Escandón por no tener la capacidad de gobernar. Ello demuestra la imposibilidad de crear las condiciones necesarias de gobernabilidad para cumplir con los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Chiapas y todas las leyes secundarias que norman y regulan las elecciones extraordinarias, cuando estas no pudieran realizarse, se decrete la nulidad de las mismas o hubo desaparición de ayuntamientos.
Lo malo fue que para la creación de los Concejos Municipales se invocaron normas constitucionales, leyes electorales y normas locales, que finalmente quebrantaron sus propios emisores: el Ejecutivo de Chiapas y el Congreso del Estado.
1.- Artículo 115, fracción I, párrafo quinto de la Constitución federal. Al respecto, este numeral mandata que cuando se declare desaparecido un ayuntamiento y no exista la posibilidad de que se realicen nuevas elecciones, las Legislaturas locales designarán Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos.
De la transcripción de este artículo se observa que se refiere cuando se trata de la desaparición de ayuntamientos y desde luego la conclusión de periodos constitucionales de tres años, pero jamás de anulación de elecciones y con grave usurpación de atribuciones constitucionales.
El único órgano facultado para designar Concejos Municipales es el Congreso del Estado con sus 40 diputados, y no una lamentable Comisión Permanente en funciones de pillaje político.
2.- Artículo 81, párrafo cuarto, de la Constitución de Chiapas. Este dispositivo establece que si por alguna circunstancia no se hubiere efectuado la elección municipal o fuera declarada nula, el Congreso del Estado ordenará la realización de una elección extraordinaria conforme a lo que establezca la ley.
Otro atentado más de Rutilio Escandón y el propio Congreso del Estado al orden constitucional, al permitir que la Comisión Permanente nombrara a los Concejos Municipales, en vez de asumir a plenitud su responsabilidad el Poder Legislativo, aun cuando la violación fuera evidente y grave.
3.- Artículo 179 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Con notaria vaguedad este mandamiento no establece la obligación de realizar elecciones extraordinarias. Simplemente se limita a enunciar que si por cualquier circunstancia no se hubiesen realizado elecciones o se procedió a su anulación, el Congreso del Estado nombrará un Concejo Municipal. Otro atraco más a la ley para justificar Concejos espurios nombrados por autoridad incompetente, en vez del Congreso como previene la ley.
4.- Artículo 19 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Estado de Chiapas. Se determina que el Congreso del Estado nombrará, entre los vecinos que gocen de buena reputación, a los integrantes de los Concejos Municipales encargados de concluir los periodos respectivos.
De la transcripción del texto anterior puede observarse que concurren tres situaciones: El Congreso del Estado es la autoridad responsable de nombrar a los Concejos y no la Comisión Permanente, se infiere que con anterioridad hubo la desaparición del ayuntamiento y no la nulidad de la elección, y se nombrarán Concejos para concluir el periodo de tres años, y no por tres años que es un periodo de gobierno municipal completo.
5.- Artículo 23 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Estado de Chiapas. Este artículo faculta al Congreso del Estado para decidir elecciones extraordinarias o para designar un Concejo Municipal, en caso de no haberse realizado elecciones o hayan sido declaradas nulas.
Redactado el texto de manera tramposa y a gusto de Rutilio y su pandilla, se pretende que al no fijar temporalidad para los Concejos Municipales, estos puedan permanecer por tres años en absoluta ilegalidad. Hasta aquí el sustento ilegal e inconstitucional de la Comisión Permanente para nombrar Concejos espurios.
Burdos, ignorantes y abusivos, los autores de tan aberrante determinación, pasan por alto que en el sistema Constitucional mexicano existe una jerarquía de leyes y de autoridades que obligatoriamente debe de ser observada para la preservación del Estado de Derecho.
El artículo 115 de la Carta Magna ordena que “cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine”. La violación a este mandato Constitucional es evidente. La Comisión Permanente nombró, del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2024, los seis Concejos Municipales, en usurpación del voto popular, único investido de soberanía para designar por tres años a los presidentes municipales. Con ello se quitó el derecho humano de los ciudadanos mexicanos de votar y poder ser votado en las elecciones populares, en violación grave al artículo 35 de la Carta Magna.


Nombrar de esa manera Concejos Municipales por todo un período de tres años es lo contrario de la elección directa, pues la Comisión Permanente se tomó la atribución de hacer una elección indirecta que únicamente es procedente cuando se trata de suplir un ayuntamiento desaparecido y no por la anulación de una elección.
Así, Rutilio Escandón y sus incondicionales han quebrantado todo principio del orden constitucional y continúan en su cometido. El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas ha ordenado la realización de elecciones extraordinarias en los tres municipios donde fueron anuladas. Sin embargo, en una abierta violación a la legalidad y a la Constitución, se niegan a acatar la orden que emana de autoridad competente.
Ello pone aún más en peligro el frágil equilibrio en que se encuentra el estado de Chiapas. Rutilio Escandón y los autores de tan grave ilegalidad obligan a la intervención de la Fiscalía General de la República para interponer la respectiva acción de inconstitucionalidad, son sujetos de juicio político por afectar intereses públicos fundamentales y ponen al borde de la desaparición de Poderes al estado de Chiapas. Ampliaremos…


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Uber, el talón de Aquiles de Espinosa García

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Fin a su jugoso negocio con los taxis tolerados * Ante su desesperación, al secretario de Movilidad y Transporte no le queda de otra más que amenazar con cárcel y muerte a quien trabaje para Uber

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

En colaboración anterior se hizo una detallada descripción de la grave descomposición y corrupción que priva en la secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno del estado de Chiapas, bajo el mando del secretario Aquiles Espinosa García.
El pirataje se ha convertido en un negocio productivo con las cuotas que cada unidad pirata debe de pagar. Los operativos para detener unidades sin concesión han resultado una vil mascarada. A diario se ven patrullas con la leyenda Secretaría de Transporte, pero a nadie se detiene, a sabiendas de la complicidad existente entre autoridades y piratas tolerados para trabajar sin molestias.

Los 14 mil mototaxis sin concesión que se mueven en todo el territorio del estado de Chiapas son otra generosa fuente de ingresos para quienes controlan el transporte irregular.


El secretario Espinosa García no pudo disimular su enojo y contrariedad ante la posible introducción de Uber como prestador del servicio de taxi en su modalidad de privado, sin necesidad de recurrir al trámite de una concesión ante la Secretaría de Movilidad y Transporte, en donde le espera el exceso de burocratismo, el chantaje y la extorsión para tener acceso a un permiso.
Muy graves las severas expresiones de amenaza que Aquiles Espinosa enderezó en contra de quienes pretendan autoemplearse en el sistema Uber: cárcel y muerte para los que operen sin concesión expedida por la Secretaría de Transporte a su cargo.
Sin la mínima urbanidad política y el decoro profesional que en todo servidor (conste servidor, no provocador) público debe de prevalecer, Aquiles Espinosa declaró que “se sancionaría con hasta siete años de cárcel para quienes operen el servicio de transporte con la plataforma Uber y que no cuenten con una concesión”. Y en su perorata sin sustento se fue de largo al afirmar: “Si una persona que no sea concesionaria opera con Uber, estaría violando una disposición del Código Penal”.
Lo malo para Aquiles y lo bueno para el Uber es que el secretario de Transporte no fundamenta ni motiva su deleznable amenaza: No dice por ejemplo en qué artículo del Código Penal está prevista esa sanción de siete años, cuando se trata de una infracción de carácter administrativo que consiste sólo en la detención del vehículo y la correspondiente multa para su recuperación.
Hasta hoy no se ha legislado en términos de lo que Aquiles Espinosa amenaza a los Uber, aunque diga que no se trata de una amenaza sino que “así es la situación”. Mientras no esté previsto como delito a nadie puede encarcelarse, a menos que se cometa una arbitrariedad.
Si operar Uber sin concesión no es delito, cuando menos que Espinosa García explique a qué delito se equipara y en qué parte del Código Penal se sanciona.
Por adelantado, Aquiles Espinosa ya clasificó como delito lo que es una sanción administrativa, cuando asegura que puede procederse al decomiso de las unidades Uber. La confiscación y el decomiso son figuras penales castigadas con la pérdida total o parcial de los instrumentos objetos del delito. ¿De dónde saca Espinosa García los decomisos sobre bienes que no constituyen delito?
Es entendible la posición de Aquiles Espinosa por dos razones: La primera, porque en un leguleyo que no pudo concluir la carrera de licenciado en derecho y se asume como tal, al ostentarse como abogado sin tener registro profesional; y la segunda, porque la llegada de Uber le acaba el negocito de las cuotas que cada taxi pirata debe de entregar a través de sus dos interlocutores privilegiados: Vicente Manuel Patatuchi Ayala, delegado zona I metropolitana, y Alfredo García López, su chofer-sobrino en funciones de recaudador.
Aquiles debería de percibir que la llegada de Uber a Tuxtla Gutiérrez le solucionaría en gran parte el problema del pirataje. Si son mil 500 taxis piratas sólo en la capital, cuando menos 750 o todos, buscarían la manera de acomodarse en la plataforma Uber. Pero no hay interés. Aquiles Espinosa sufriría un daño patrimonial irreversible. Dejaría de percibir los 2 mil pesos mensuales de moche (vocablo vulgar de López Obrador) que cada pirata aporta “voluntariamente” sólo en Tuxtla Gutiérrez.


La otra parte de su amenazante perorata es todavía más peligrosa. Sin ningún recato espetó: “Yo se los digo a los de Uber. Si sucede algo a alguna persona porque hayan reaccionado los transportistas, serán ellos los responsables. Ya se los dije que Chiapas es un estado bronco y tienen que tener cuidado y respetar las leyes”.
Grave, muy grave la amenaza de muerte a quienes se atreven a interferir en el negocio de Aquiles Espinosa y seguramente de Rutilio.
Habría que recordarle a este funcionario que durante el gobierno de Manuel Velasco y Fabián Estrada de Coss (otro profesionista cachirul) como secretario de Transporte, se registró un ataque mortal en contra del líder transportista Bersaín Miranda Borraz por oponerse a las triquiñuelas de Velasco y su pandilla.
Como no pudieron matarlo lo encarcelaron con delitos inventados. En un acto de excesivo abuso de poder y de venganza, por órdenes de la Cuija lo detuvieron en el sanatorio de donde apenas había salido de la segunda cirugía, sin importar su convalecencia y su estado de salud.
Por eso Aquiles Espinosa debería de controlar sus impulsos. Desde el momento de su trágica declaración, a él se le responsabiliza de cualquier ataque a algún Uber, incluida su muerte si ésta llegara a ocurrir.


No será el estado bronco el responsable, es el secretario de Movilidad y Transporte el que ha anticipado la agresión a cualquier Uber.
Lo malo es que Aquiles Espinosa reaccionó como concesionario al cual le afectaba sus intereses, en vez de conducirse con la probidad y la propiedad que su alto rango burocrático le demanda.
Sólo que Aquiles no es probo e incita a la vulgaridad que caracteriza a los voceros de la 4T.
En otra parte de su lamentable intervención fustiga lo que él mismo practica: “Debemos de vigilar que estas personas (el Uber) no sean pulpos, que sea una familia que pueda tener un ingreso. Vamos a buscar que se distribuya en muchas familias”. ¿Qué acaso el pulpo más acaparador es la Secretaría de Transporte?
Sólo en Tuxtla Gutiérrez controla mil 500 taxis pirata, 14 mil mototaxis en todo el estado, y se descubrió que en la propia Secretaría de Transporte se pretende regularizar concesiones de 1986, con la falsificación de la firma del entonces gobernador Absalón Castellanos Domínguez.


Pero también Aquiles esconde convenientemente que los trabajadores de Uber tendrían acceso al Seguro Social con las cinco prestaciones obligatorias y apenas una aportación de cuarenta pesos diarios: enfermedades y maternidad; riesgos de trabajo, invalidez y vida; ahorro para el retiro; cesantía en edad avanzada y vejez; guarderías y prestaciones sociales. Nada de trampas como las que acostumbra Espinosa García. Lo anterior avalado y explicado por el propio Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.
También se oculta que con Uber, los conductores podrían tener un ingreso semanal de 10 mil pesos, en vez de los 7 mil 500 mensuales que hoy reciben los asalariados, en extenuantes horarios de trabajo de 12 horas y más al día. Se acabaría el negocito del pulpo “institucional”. Ampliaremos…

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Bien ‘conejo’ salió Rutilio Escandón con el negocio del ‘Conejobús’

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Corrupción en la Secretaría de Transporte en Chiapas * Aquiles Espinosa y el gobernador chiapaneco decidieron suspender los pagos mensuales que legítimamente les pertenece a los 104 legítimos concesionarios, dueños de 139 (no concesiones) títulos de propiedad, con la perversa intención de doblegarlos y aceptar sus condiciones

 

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

La secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas ha sido fuente tradicional de corrupción y abanico de posibilidades para obtener ingresos extras a los funcionarios altos y medios. La corrupción de arriba hacia abajo en su más alta expresión.

En uno de sus tantos despertares de mediodía, y en una de sus tantas alucinaciones etílicas, se le ocurrió a Juan Sabines Guerrero, gobernador de Chiapas entre 2006 y 2012, inventar el transporte público masivo sobre la Avenida Central de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado.

Para lograrlo amenazó a los concesionarios de las rutas 1 y 2 (las mejores de la capital) para que entregaran sus placas y a cambio se les pagaría 15 mil quinientos pesos mensuales, con un incremento cada año, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Fue así como nació, muerto, el Conejobús. En la compra de los 97 autobuses se alteraron los costos, de tal manera que se pagó un sobreprecio de 57 millones de pesos, operado por el bandido subsecretario de Gobierno Nemesio Ponce Sánchez, célebre saqueador del tesoro estatal en complicidad con sus hermanos y la tolerancia absoluta de Sabines Guerrero.

Nunca el Conejobús pudo generar sus propios ingresos para la plantilla de personal, la compra de seguros, las reparaciones y cualquier gasto imprevisto. Siempre fue subsidiado para soportar la abultada nómina, incluido los aviadores beneficiarios del gobierno.

 

Mitómano consumado, Juan Sabines utilizó el cuento de que cada autobús sería movido por biodiesel como una forma de preservar la calidad del aire. Falso. Los Conejobús cargaban diesel en cualquier estación de gasolina y la producción de diesel con la reconversión de 200 mil hectáreas para producir jatropha curca fue otro de los cuentos del sabinato.

Llegó Manuel Velasco Coello y el Conejobús continuó como un barril sin fondo, pero con muy buenos dividendos para sus directivos y los altos funcionarios del gobierno del estado. En las pérdidas iban las ganancias. Cada subsidio y cada apoyo significaban ingresos clandestinos que se diluían en las pérdidas que mes tras mes se reportaban.

Ahora el gobierno de Rutilio Escandón  pretende despojar a los dueños de las placas y asignarles nuevas rutas ilegalmente y al margen de la ley. En medio de esa gran corrupción de la Secretaría de Transporte, el rutilante gobierno escandonista ha indicado a los concesionarios de las rutas 1 y 2, que se les van a respetar sus concesiones siempre y cuando acepten su reubicación en otras rutas.

Nada quieren Rutilio Escandón y Aquiles Espinosa. Las rutas 1 y 2 son las mejores de toda la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Tramposos como son se infiere que ya tienen apalabrada la cesión y entrega de esas rutas a amigos y favoritos del régimen. Sólo que pasan por alto que los usufructuarios de las rutas 1 y 2 ya no son concesionarios, sino dueños con título de propiedad expedido por gobiernos anteriores.

Sin embargo, en un acto de inmoralidad política, Rutilio Escandón y Aquiles Espinosa decidieron suspender los pagos mensuales que legítimamente les pertenece a los 104 legítimos concesionarios, dueños de 139 (no concesiones) títulos de propiedad, con la perversa intención de doblegarlos y aceptar sus condiciones.

Hoy el gobierno de Rutilio Escandón debe, a los propietarios de las placas, 20 meses que en dinero son casi 70 millones de pesos. Y en un acto de excesivo atentado a los derechos humanos y de la justa retribución, se deja de pagar a gente de lo que constituye su única forma de vida.

Por tantas barbaridades hoy están en curso tres amparos. Uno en contra de la Ley de Movilidad del Transporte, otro para que cada propietario de la concesión conserve su ruta y uno más para que estos bandidos del gobierno les paguen sus 22 mil pesos mensuales de los veinte meses adeudados. El ridículo va a ser mayúsculo cuando se les conceda el amparo de la justicia federal.

Pero la corrupción del gobierno de Rutilio Escandón y su adlátere Aquiles Espinosa ha llegado a mayores niveles intolerables de corrupción, más que en los gobiernos de Manuel Velasco y Juan Sabines.

Para documentar debidamente este aserto, el pasado 12 de octubre se invitó al programa de Contrapoder Te Ve al líder transportista Bersaín Miranda Borraz, a quien durante el sexenio de Manuel Velasco intentaron asesinarlo y fue encarcelado por oponerse a la corrupción prevaleciente en el transporte durante ese gobierno.

El último escándalo fue la entrega de 650 concesiones, 500 en Tuxtla Gutiérrez y 150 en San Cristóbal. Ese acto de corrupción realizado es inédito. Las concesiones fueron falsificadas. Tienen fecha de 1986, con la firma apócrifa del general Absalón Castellanos Domínguez, entonces gobernador del estado. Si por cada concesión se exigieron 150 mil pesos, el negocito entonces es de “apenas” 98 millones de pesos.

Cuando el que esto escribe pidió a Miranda Borraz conseguir una concesión alterada para hacer una pericial con la firma auténtica del general Absalón Castellanos, tajante afirmó: “No es necesario. Está probado que esas concesiones tienen la firma apócrifa del general Castellanos”.

Pero además hoy más que nunca se ha tolerado el pirataje, uno de los grandes negocios de la Secretaría de Transporte. De 3 mil 500 taxis que había en Tuxtla Gutiérrez, ahora el número llega a 5 mil. Dos mil taxis pirata a 2 mil pesos cada uno, son 4 millones de pesos mensuales. Y eso sólo en la capital. Todo el estado obviamente debe de ser más productivo. Y a ello se agregan las 15 mil mototaxis circulando en todo el estado de los que se sabe pagan una cuota mensual de mil pesos, lo que significa 15 millones de pesos mensuales.

Hay un dato más: En plena pandemia, Aquiles Espinosa patrocinó una ley que el transporte organizado disidente ha bautizado como la ley recaudatoria. Hay en ella un artículo transitorio para obligar a devolver todas las concesiones y expedirles una nueva, cuando que hay concesiones con 35 y 40 años de antigüedad que constituyen patrimonio familiar, y además son heredables.

La trampa está a la vista. Con la entrega de todas las concesiones, se busca incluir ahí las falsificadas con la firma del general Absalón Castellanos y con ello regularizarlas en definitiva y para siempre. Se pretende también volver a pagar todos los derechos y todos los permisos, a pesar de que se trata únicamente de un cambio de concesiones y no de la emisión de una nueva. Un movimiento de ese tamaño sólo puede hacerse y patrocinarse desde el poder.

Acompañan también a Aquiles Espinosa otra serie de irregularidades. Se asume como licenciado en derecho, pero no tiene registro en la Dirección General de Profesiones. Cuando Rutilio Escandón iba a nombrar su gabinete, Aquiles presumía que podía ir a la Secretaría de Seguridad Pública por su amistad con Alfonso Durazo, de quien decía había sido su compañero en la Facultad de Ciencias Políticas. Lo malo es también la ausencia de registro de esa licenciatura.

Puede haber una equivocación, pero si tiene las correspondientes cédulas profesionales, basta con que las enseñe ante la opinión pública y acabar con toda especulación. Ampliaremos…

 

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Juarismo de AMLO en el Día de la Independencia

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El otro agravio inferido a México * Durante la celebración de los 211 años del inicio de la Independencia y los 200 de conmemoración de la misma, se ofendió al pueblo, al Constitucionalismo mexicano y a la Soberanía Nacional

 

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Durante la celebración de los 211 años del inicio de la Independencia y los 200 de conmemoración de la misma, Andrés Manuel López Obrador infirió grandes agravios al pueblo de México, al Constitucionalismo mexicano y a la Soberanía Nacional.

El día 16 de septiembre se le concedió el uso de la palabra al dictador cubano Miguel Díaz-Canel en el desfile militar, heredero de la diarquía Fidel-Raúl Castro que ha mantenido sojuzgada a la isla durante 62 años.

En un discurso que contradice lo que realmente sucede en Cuba, Díaz-Canel habló del afán libertario en México con el grito de dolores hace 200 años. Se refirió también al episodio de cuando el 25 de noviembre de 1956, zarpó de Tuxpan, Veracruz, el yate Granma del cual descendió,  el 2 de diciembre siguiente, el ejército rebelde que libertó a Cuba.

Cínico Díaz-Canel, se atrevió a hablar de afanes libertarios del cura Hidalgo y del ejército rebelde que libertó a Cuba.  Ni lo uno ni lo otro. El pueblo que lleva sometido 62 años con violaciones permanentes a los derechos humanos, la ausencia de elecciones, todo el poder a los asesinos Castro sin división de poderes, la libertad de expresión cancelada en todas sus formas y la restricción abierta al uso de Internet.

En el Granma llegaron los libertadores de la dictadura batistiana para implantar la dictadura más prolongada del mundo. Ni las más feroces dictaduras latinoamericanas como los 34 años de los Somoza en Nicaragua o los 35 de Alfredo Stroessner en Paraguay superan la satrapía de los Castro en Cuba.

En una falta de respeto a México y su pueblo, el dictador Díaz-Canel hizo un homenaje a los cubanos Florencio Villarreal y José María Pérez Hernández, por su participación en el Plan de Ayutla, para derribar definitivamente la presidencia de Antonio López de Santa Anna.  Desde luego muy merecido reconocimiento a ambos personajes.

Sólo que para resaltar la figura de sus antepasados, Díaz-Canel deliberadamente omitió el nombre del patriota guerrerense y presidente de la República Juan Nepomuceno Álvarez, verdadero artífice del Plan de Ayutla, y a su secretario de justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública Benito Juárez.

Pero ni ese Santa Anna al que Díaz-Canel estigmatizó, fusiló a 6 mil connacionales, como lo hicieron los genocidas Fidel y Raúl, entre 1959 y 2005, documentado fehacientemente por el escritor y pintor Juan Abreu.

 

UN DICTADOR QUE SE LAMENTA

Con un dejo de lamento caribeño, Díaz-Canel se quejó ante el pueblo de México: “Cuba sufre un bloqueo criminal recrudecido.  La isla enfrenta una campaña de odio, desinformación y mentiras más allá de todos los límites éticos”.

¿Son mentiras 62 años de dictadura? ¿Es desinformación dar a conocer  la violación diaria de derechos humanos? ¿Es odio que el mundo se entere de las ejecuciones, sin juicio, a los opositores de la tiranía castrista? El mentiroso, lépero y represor se llama Miguel Díaz-Canel.

Pero el hoy dictador cubano se abstiene de decir que el embargo comercial fue una bendición para Fidel Castro más que una tragedia. Le dio el pretexto y el discurso necesario para encubrir sus grandes ineptitudes y errores, para convencer a sus súbditos (sic) que el gobierno norteamericano es el causante de todos los males de la isla caribeña. Falso.

El embargo comercial, con todo y sus funestos efectos, no ha sido el factor más importante en la debacle de la economía cubana. La crisis de 1993 que se registró en Cuba fue resultado de la fallida “rectificación” que a Fidel Castro se le ocurrió instrumentar entre 1986 y 1990, con su equivocada política económica de prohibir los mercados campesinos, contraer el autoempleo y expandir el racionamiento. Un agravio más al pueblo cubano y otra vez a sufrir un colapso que se tradujo en un 50 por ciento de inflación, la caída del 38 por ciento en el Producto Interno Bruto y una reducción del 78 por ciento del gasto por habitante.

 

ACONTECIMIENTOS PARA SUPLIR DEFICIENCIAS

Sólo que dos acontecimientos le dieron la salida ideal para suplir sus deficiencias de la crisis de 1993. En 1992 la Enmienda Torricelli prohibía a todas las empresas extranjeras con subsidiarias en Estados Unidos, realizar algún intercambio comercial con Cuba, la prohibición de viajar a la isla y los cubanos que vivían en la Unión Americana enviar dinero a sus familiares radicados en la isla.

Y para 1996 la Ley Helms-Burton que endureció el bloqueo, dio otro respiro y pretexto a Fidel Castro para seguir lamentándose que por culpa de Estados Unidos, Cuba seguía empobreciéndose cada vez más.

Convenientemente Fidel Castro ocultó que la isla jamás estuvo desprotegida económicamente.  Entre 1960 y 1990 la Unión Soviética transfirió a Cuba 65 mil millones de dólares, de los cuales el 60 por ciento fueron en vía de regalo, en tanto que con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, se vio beneficiada con 15 mil millones de dólares. ¿Cuánto de ese dinero se quedó en poder de Fidel y su familia?

Resulta paradójico, pero durante la dictadura de Fulgencio Batista en los años 50, y a pesar de la enorme desigualdad social, Cuba tenía el tercer lugar del Producto Interno Bruto per cápita de la región, sólo superada por Venezuela y Uruguay, además de ser líder en servicios médicos y educativos y con uno de los más altos índices de desarrollo humano.

Por eso fue escogido Díaz-Canel como títere sucesor.  Era el más pend… del cerrado círculo genocida. En cambio la dupla tiránica de la isla destituyó al canciller Roberto Robaina bajo los cargos de deslealtad, deshonestidad y corrupción. Había razón para ello. En 1993, Robaina se inclinó por una mayor apertura con la Europa Occidental, en una época en que el socialismo cubano se tambaleaba con la desaparición de la Unión Soviética.

Díaz-Canel ni por asomo tiene el carisma ni la presencia ni la inteligencia de Roberto Robaina. Los cargos para destituirlo y expulsarlo del Partido Comunista Cubano en 1999 fueron precisamente porque representaba una opción autónoma y liberal, en contra de la entonces tiranía de 40 años, y la posibilidad de liderar una transición poscastrista.

 

INADMISIBLE LA PERMISIÓN DEL CARDENAL LEONARDO SANDRI

El otro agravio inferido a México, a los mexicanos y a la Carta Magna fue la permisión al cardenal Leonardo Sandri, miembro del Consejo Cardinalicio Vaticano, hacer uso de la palabra en la Conmemoración del Bicentenario de la declaración de la Independencia Nacional.

De manera inusitada lanzó una severa crítica al gobierno de López Obrador cuando textual pronunció: “Es necesario trascender la lógica del conflicto y de la polarización”. El mensaje resultó directo y sin matices.

A López siempre se le ha identificado por su propensión a enemistarse con todos y a vivir en permanente confrontación. Riñe con los empresarios, los periodistas, los neoliberales, los conservadores y peyorativamente con los fifís. Bueno, hasta con la historia está peleado, al exigirle a España pedir perdón a México por las atrocidades de la conquista.

La intromisión del cardenal Sandri en el evento independentista atenta contra la figura de Benito Juárez, quien consumó en definitiva la Independencia e implantó el estado laico con la separación de la Iglesia y el Estado. Se atenta contra la Constitución cuando que el artículo 3º establece una educación laica, y el artículo 40 textual refrenda: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, LAICA, federal…”

Ese es el juarismo de Andrés Manuel López Obrador en el día sagrado de la Independencia. Ampliaremos…

 

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