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CONGRESO DE LA UNIÓN

Paloma Sánchez, una combatiente contra la importación ilegal del camarón

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La Cámara Alta aprueba la iniciativa de la legisladora priísta * La senadora advierte que el contrabando genera desempleo, inseguridad y pone en riesgo la salud pública y la soberanía alimentaria

 

ERIC GARCÍA

 

Con una postura firme y clara, la senadora Paloma Sánchez Ramos, del PRI y originaria de Sinaloa, elevó una exigencia al Estado Mexicano: Detener de inmediato el ingreso ilegal de camarón ecuatoriano que está devastando al sector pesquero nacional y, particularmente, a su estado. En su proposición con punto de acuerdo, aprobada por el pleno del Senado de la República, Sánchez Ramos denuncia un fenómeno que combina crimen organizado, colapso económico y riesgos sanitarios.

El documento, presentado el 4 de marzo de 2025, parte de una preocupación concreta y documentada: el contrabando de camarón ecuatoriano, que se estima en 20 mil toneladas anuales, ha desplazado al producto sinaloense en un 80 por ciento.

Esto no sólo ha dañado los precios, también ha puesto en riesgo más de 900 granjas acuícolas y 20 mil empleos directos.

“Este contrabando está acabando con nuestra producción y dejando sin sustento a miles de familias”, añade.

Paloma Sánchez no llega al Senado con una preocupación abstracta: Representa a Sinaloa, líder nacional en producción camaronera, con más de 115 mil toneladas generadas en 2023, equivalentes al 45% del valor nacional. Pero ese logro está en riesgo por una práctica ilegal que afecta a productores en todo el país.

“Este no es sólo un problema comercial, es también un problema de seguridad nacional”, señala y advierte que el tráfico de camarón está vinculado con redes de delincuencia organizada, lavado de dinero y violencia en regiones fronterizas.

La legisladora priísta propuso una solución concreta: Que el Poder Ejecutivo, en especial la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), coordine esfuerzos con la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para fortalecer la vigilancia en puertos, carreteras y puntos de ingreso al país. Esa fue la redacción final aprobada por senadoras y senadores de todas las fuerzas políticas, quienes respaldaron de manera unánime la iniciativa.

La senadora sinaloense denuncia que el camarón ilegal representa un riesgo para la salud pública, ya que ingresa al país sin cumplir normas sanitarias ni fitosanitarias, sin trazabilidad ni control, lo que podría desencadenar crisis de confianza en el mercado interno.

También se alerta sobre el impacto ambiental, pues muchas veces el producto entra al país sin respetar prácticas sustentables de captura, usando redes prohibidas o técnicas depredadoras, lo que afecta la biodiversidad y la reproducción de especies.

“Exigimos condiciones justas para competir. Nuestros productores cumplen con la ley, pagan impuestos, cuidan el medio ambiente. El Estado tiene la obligación de protegerlos del comercio ilegal que destruye todo lo que hemos construido”, sostiene Sánchez Ramos en su iniciativa.

Con esta acción legislativa, la senadora no solo defiende a los pescadores y acuacultores de Sinaloa, sino que va por la soberanía alimentaria, la legalidad y la economía pesquera del país entero.

CONGRESO DE LA UNIÓN

La seguridad no debe ser un tema político: Vargas del Villar

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Desde mayo pasado el legislador panista pidió asignar recursos suficientes a policías estatales y municipales * El vicecoordinador de los senadores panistas subrayó la urgencia de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar la ola de violencia que persiste a nivel nacional

 

EL TOPO

 

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, siempre ha velado por el bienestar de la ciudadanía, pero más por la tranquilidad y seguridad de la gente, que es la mayor demanda de la población.

En estos días que la violencia se ha desatado a nivel nacional, sobre todo en Michoacán, el estado que está en boca de todos, vale la pena recordar lo que puntualizó Vargas del Villar el 7 de mayo pasado.

En conferencia de prensa en el Senado de la República, reiteró que el tema de seguridad pública debe ser abordado con responsabilidad y sin tintes partidistas.

En ese evento estuvo acompañado por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera; el coordinador en el Senado, Ricardo Anaya Cortés; así como senadores y diputados federales panistas.

Enrique Vargas subrayó la urgencia de fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar la violencia que persiste en estados como Sinaloa.

“Fuimos muy claros en acompañar esta estrategia de seguridad porque creemos que no debe politizarse”, expresó el legislador panista.

Recordó que el sexenio anterior dejó una cifra alarmante de más de 250 mil desaparecidos, lo cual motivó al grupo parlamentario a sumarse a una nueva propuesta con la que, dijo, buscan evitar que se repitan errores del pasado.

Vargas enfatizó que el gobierno federal no podrá combatir solo la inseguridad y urgió a que se asignen recursos suficientes a policías estatales y municipales.

“Este país va a cambiar en materia de seguridad cuando se invierta verdaderamente en los tres niveles de gobierno”, afirmó.

También en mayo pasado denunció que durante la administración pasada se dejaron de entregar más de 20 mil millones de pesos a los cuerpos municipales de seguridad, lo que impidió mejoras en patrullas, armamento, capacitación y sueldos.

Señaló que sostuvo una conversación privada con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sobre la situación en Sinaloa.

Aunque se les informó de una reducción en los índices delictivos, el legislador panista reconoció que la violencia entre cárteles continúa y responsabilizó también al gobernador del estado por la crisis de inseguridad.

El presidente del PAN, Jorge Romero, sostuvo que el partido decidió respaldar la nueva estrategia en materia de seguridad por convicción, asegurando que la ciudadanía demanda soluciones y no enfrentamientos políticos.

“Una tragedia no es solo una estadística; es algo que te cambia la vida para siempre”, expresó.

Hoy a 6 meses de distancia, el tiempo le dio la razón al senador panista: Que la violencia entre cárteles continúa y que no debe politizarse el tema de la seguridad pública.

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CONGRESO DE LA UNIÓN

Congreso de CDMX pide a Contraloría investigar a alcalde de Coyoacán

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Por el posible uso indebido de recursos públicos, expresa Nora Arias Contreras

 

ILDEFONSO PEREYRA

 

El Congreso de la Ciudad de México aprobó solicitar a la Contraloría General de la Capital investigar al alcalde en Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, por el posible uso indebido de recursos públicos, ante la toma de las instalaciones del Comité del PRD en esta demarcación.

De la misma manera, se pidió dar vista a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, derivado de que se abrió la carpeta de investigación CI-FICOY/UAT-COY-2/UI-1S/D/01258/06-2025 por el delito de despojo.

En tribuna de Donceles y Allende, la coordinadora del PRD, Nora Arias Contreras, denunció que en la alcaldía Coyoacán hay personal que devenga un sueldo con recursos públicos, y además participa en la toma y ocupación de las instalaciones de dicho instituto político ubicadas en esa demarcación territorial.

“Esto no es sólo una falta de respeto a la legalidad y función pública, puede constituir un indebido uso de recursos públicos, abandono de funciones y violación a los principios de imparcialidad y neutralidad institucional”, sentenció.

En la fundamentación de su proposición, la diputada Arias Contreras dijo que no se debe permitir que las alcaldías se conviertan en instrumentos de presión o control, porque esas no son sus funciones.

 

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CONGRESO DE LA UNIÓN

Vargas del Villar, solidario con el trabajo policial

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Presenta iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública * Durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el legislador mexiquense subraya que la propuesta busca garantizar condiciones laborales dignas, equitativas y libres de violencia

 

EL TOPO

 

Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los senadores panistas, presenta una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con el propósito de erradicar la discriminación, el acoso sexual, la violencia institucional y la falta de oportunidades que enfrentan las mujeres en las corporaciones policiacas del país.

Durante la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el legislador mexiquense subraya que la propuesta busca garantizar condiciones laborales dignas, equitativas y libres de violencia, además de impulsar medidas afirmativas que promuevan su ascenso, profesionalización y permanencia dentro de las instituciones de seguridad.

Vargas del Villar señala que, a pesar de los avances en materia de inclusión, las mujeres continúan enfrentando brechas de género dentro de las fuerzas de seguridad.

Citó el Diagnóstico Nacional sobre las Condiciones de Ingreso, Permanencia y Ascenso en las Instituciones de Seguridad Pública, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que revela que solo el 29.1% del personal operativo son mujeres, y de ellas menos del 15% ocupan mandos medios o superiores.

El senador también refirió estudios de ONU Mujeres y la organización Intersecta, los cuales indican que 45% de las mujeres policías ha sido víctima de acoso sexual en su lugar de trabajo, mientras que 74% enfrenta obstáculos para ascender de puesto.

Asimismo, destaca que el acceso a licencias de maternidad, servicios de cuidado infantil y equipo táctico adaptado a sus necesidades es limitado o inexistente.

“Muchas de ellas enfrentan condiciones laborales desiguales, discriminación, violencia institucional, acoso sexual y falta de oportunidades para su ascenso, lo que limita su desarrollo profesional y vulnera sus derechos”, afirma Vargas del Villar.

La propuesta legislativa plantea modificaciones al Artículo 3 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de que las instalaciones policiacas cuenten con guarderías y lactarios equipados conforme a los estándares internacionales de higiene y seguridad. También busca garantizar uniformes y equipamiento adecuados a las características físicas y necesidades de cada elemento.

Además, se propone incorporar la perspectiva de género en los artículos 14 y 22, con el propósito de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública considere políticas de igualdad sustantiva en la mejora de condiciones laborales y de seguridad social de las mujeres policías.

En el Artículo 61, la iniciativa impulsa medidas afirmativas para el ascenso, permanencia y profesionalización del personal policial en igualdad de condiciones, así como remuneraciones equitativas entre hombres y mujeres.

Por su parte, el Artículo 119 establece que el personal operativo deberá contar con uniformes y equipo adaptado a sus funciones y necesidades específicas, mientras que el Artículo 135 contempla la creación de protocolos contra el acoso sexual y la violencia institucional, además de mecanismos de acompañamiento y protección para las víctimas.

Vargas del Villar enfatiza que estas reformas permitirán fortalecer la igualdad sustantiva en las instituciones de seguridad pública y mejorar su legitimidad y eficacia.

“Es necesario establecer principios rectores de igualdad sustantiva en las corporaciones, crear protocolos contra el acoso y la violencia de género, y garantizar la conciliación entre la vida laboral y familiar de las mujeres policías”, agrega.

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