Si ganan la encuesta y tienen malos antecedentes no serán candidatos, la advertencia de Ariadna Montiel * ¿Santiago Nieto Castillo, Andy López Beltrán, Arturo Ávila, Rafael Marín Mollinedo, Andrea Chávez, Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar Olmeda, Mara Lezama, Américo Villarreal, Enrique Inzunza, entre otros personajes, cumplen con el candado de no tener un pasado reprochable?
EMMA ESPÍNDOLA
Quizá sea una preocupación injustificable, pero hay noches en que no he podido conciliar el sueño.
Al despertar la mañana siguiente, se hace presente un pequeño signo que abona a mi favor.
Sin que tenga dedicatoria, en esos momentos de reflexión, me pregunto ¿Quién será el político ideal, militante de Morena, que tenga las cualidades suficientes para lograrlo?
Y cuando vuelve a presentarse la oscuridad, regresa la incertidumbre y en mis oídos retumban las palabras de Ariadna Montiel: Si ganan la encuesta y tienen malos antecedentes no serán candidatos.

Justo en medio de la penumbra, crecen los titubeos y los dilemas al intentar que la memoria quede fija en algún personaje al que pudieran aplicarse esos preceptos de la dirigente del Movimiento Regeneración Nacional.
Porque, sin duda, deben tener un destinatario.
Aunque también, irremediablemente, habrá muchos que, en lugar de preocuparse, estén muertos de la risa por lo que parece una amenaza sin valor.

Todo surgió porque durante la quinta reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Montiel también llamó a no invitar a candidatos con un pasado reprochable.
Los lectores de IMPACTO pueden tener la seguridad de que, de inmediato, vinieron a la mente imágenes que difícilmente pueden borrarse.
Cómo olvidarse de que Santiago Nieto Castillo (nombrado coordinador estatal de la Cuarta Transformación en Querétaro y virtual candidato a la gubernatura), en 2015 fue designado por el Senado de la República como titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
Pero en 2017 dejó el cargo luego de que la entonces Procuraduría General de la República determinara su remoción, en medio de la polémica relacionada con el caso Odebrecht y presuntos financiamientos ilícitos.

Posteriormente vino la suntuosa boda (el 5 de noviembre de 2021) en el hotel Casa Santo Domingo de Antigua, Guatemala. Evento que desató una fuerte polémica política que culminó con la renuncia de Nieto a su cargo en el gobierno federal.
El hoy flamante morenista tuvo alrededor de 300 invitados, entre políticos de distintas fuerzas partidistas, empresarios y funcionarios públicos.
Motivo del escándalo, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la celebración como un acto “escandaloso” contrario a la Austeridad Republicana promovida por su administración.
Todavía se tiene presente la detención en el aeropuerto de Guatemala de un avión privado con invitados afines al gobierno que transportaba efectivo (como un supuesto regalo de bodas) no declarado en la aduana chapina.
Santiago Nieto tuvo que presentar su renuncia a la Unidad de Inteligencia financiera (UIF) y fue relevado en el puesto por Pablo Gómez.
Candidato virtual a una diputación federal por Tabasco, “Andy” López Beltrán, el de las excentricidades en tiendas de lujo, viajes a Japón, su campaña anticipada, el retiro de su visa por el gobierno norteamericano y la indecorosa carta a Donald Trump, podría ser otro receptor del mensaje de Ariadna.

Agregando la truculenta cena en la Condesa con visibles dispendios. Testigos y cómplices de lo que ahí se haya fraguado fueron su hermano Bobby, Daniel Asaf (exjefe de ayudantes de AMLO y ahora diputado federal), Juan Domingo Beckmann, director de la empresa tequilera José Cuervo y Mauricio Garduño, empresario especializado en los sectores de tecnología y transformación digital.
Un objetivo más sería Arturo Ávila Anaya (vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados), quien aspira a ser alcalde de la Cuauhtémoc. El mismo que adquirió una casa de casi 5 millones de dólares en Rancho Santa Fe, una zona residencial en California.
Ese que ha recibido contratos y concesiones con el Gobierno de la 4T: en Pemex, el que rentó camionetas blindadas, en el aeropuerto de la CDMX y en el Banco del Bienestar ofreció servicios de vigilancia y en Liconsa ya siendo legislador.
Rafael Marín Mollinedo, quien aspira a ser gobernador en Quintana Roo y fue director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha sido involucrado en investigaciones y reportes sobre el incremento del llamado huachicol fiscal durante su gestión.

Cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue enviado como delegado de la Secretaría de Gobernación en Yucatán, para darle baños de pueblo.
Aunque en el menú de escándalos abundan los recurrentes que podrían ser motivo de sanciones, hasta ahora como los patos y los peces, nada y nadan.
Están personajes señalados por tener nexos y sospechas de involucrarse con la delincuencia organizada.
Hay otros vinculados a irregularidades de fiscalización, omisiones en reportes de gastos de precampaña como la senadora Andrea Chávez, quien busca ser gobernadora de Chihuahua (protegida y respaldada políticamente por Adán Augusto López).
Figuran también, con antecedentes de violencia de género, denuncias por violencia política o delitos de índole sexual.
Claro que sin olvidar a los partícipes de extorsiones, secuestros, cobro de piso y, algunos, involucrados en asesinatos y fraudes en programas sociales y obras del Gobierno de la República.
Huachicol y corrupción no quedan fuera. Cuestión de que en verdad sean revisados los antecedentes de quienes aspiran a ser gobernadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, alcaldes y todos esos cargos de elección que habrá en el proceso del año 2027.
Más hay otras interrogantes, por ejemplo, quién será el encargado de juzgarlos y de revisar sus antecedentes. No vaya a ser uno igual o peor que ellos.

Un juez es una autoridad pública que tiene la facultad de juzgar y dictar sentencia en un juicio o una controversia legal. Y entre sus funciones está el resolver conflictos, evaluar pruebas y revisar las evidencias presentadas de manera objetiva.
Sin embargo, destaca aplicar la ley, interpretar las normas jurídicas y emitir un fallo imparcial.
En esa función, se impone que tenga calidad moral, honradez, rectitud y coherencia entre lo que dice y lo que hace.
Básico resulta que la reputación de esa autoridad esté revestida siempre con honestidad, justicia y respeto hacia los demás.
Al juzgar debe tenerse en cuenta que los actos de alguien coincidan con los valores buenos que defiende.
Porque el o los juzgadores en el Partido de la Pureza están obligados a comprobar que su pasado y su conducta son limpios.
A quienes se entregue la guillotina y las facultades para ajusticiar a los morenos pecadores, se le tiene que exigir coherencia y ser ejemplo de hacer lo correcto tanto en público como en privado.
Revisar que se hayan conducido con la verdad y cumplir las promesas hechas. Tratar a las personas con dignidad y justicia. Responder por los propios errores y aciertos.
Porque la pureza es la cualidad de algo que está libre de manchas y la moralidad debe apegarse a estrictos principios.
Alejados de la soberbia y la prepotencia, porque como apuntó Séneca: “Escucha aún a los pequeños, porque nada es despreciable en ellos”.
El Movimiento Regeneración Nacional, hoy Partido de la Pureza, pregonó en su decálogo:
Servir al pueblo: El poder se ejerce con humildad; se debe lealtad y atención a la ciudadanía mediante audiencias públicas.
Austeridad republicana: Se eliminan los privilegios de los funcionarios y ningún servidor público debe ganar más que la Presidenta.
Combate a la corrupción: Cero tolerancia al nepotismo, amiguismo, influyentismo, sectarismo y prácticas de aviadores.
Transparencia: Obligación de informar de manera periódica sobre el uso y destino de los recursos públicos.
Principios rectores: Reafirmar los ideales de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
Preceptos, todos ellos, que únicamente han servido para humillar, agraviar y despreciar a dirigentes y militantes.
Que son ignorados y han servido para escupir en la cara del Poder Ejecutivo que, lejos de apegarse a respetarlos, les importa un bledo hacer todo lo contrario.

Las conductas de personajes destacados de Morena son un atropello y ridiculizan que Ariadna Montiel haya concurrido a la plenaria del grupo parlamentario para señalar que el pueblo eligió una representación legislativa mayoritariamente de su movimiento, junto con la Presidenta, y que ello implica una “gran responsabilidad histórica”.
Inútil mensaje (ahí están Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar Olmeda, Mara Lezama, Américo Villarreal y Enrique Inzunza, entre muchos) de la dirigente morenista cuando precisa:
“Lo que no vamos a permitir es que nos representen personas que tengan vínculos inconfesables”, afirmó. Reiteró el compromiso de jamás aceptar a “alguien que tenga cuentas pendientes, un pasado cuestionable o hechos que le impidan ser parte de esta transformación”.
La dirigente enfatizó que la restricción no se limita a las candidaturas: “No sólo para ser candidatos, no pueden ser parte de esta transformación porque nos ponen en riesgo la viabilidad de nuestro movimiento”.
En ese sentido dejó claro el criterio que se aplicará: “Reiteramos que quien gane la encuesta y tenga malos antecedentes, no será candidato. Y también les pedimos que nos apoyen en no invitar a gente con malos antecedentes porque les vamos a decir que no”.
Montiel explicó que las evaluaciones se apoyan en la Comisión Nacional de Justicia, a la que calificó como “el cáliz de estas evaluaciones”.

Llamó a los legisladores a mantener la línea de los principios y a no dejarse llevar por “frivolidades” o escándalos, ni a caer en “la narrativa de la derecha” frente a señalamientos mediáticos o en redes.
Recomendaciones fuera de tiempo y de lugar, argumentos desgastados, palabras superadas por una realidad que se impone y que excede la verborrea carente de sustento.
Ni cómo borrar la verdad, para validar una quimera.