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A rendir cuentas en marzo

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El plazo otorgado es para que el Gobierno de México dé respuestas convincentes sobre el problema migratorio y el narcotráfico * Donald Trump está ansioso por intervenir en el país y desarticular a las organizaciones criminales que trafican, especialmente fentanilo * El dinero de los trabajadores está en riesgo por la reforma a la ley del Infonavit, es mucha la tentación para quienes han demostrado que no son buenos administradores

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ganó tiempo ante su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con imponer aranceles del 25 por ciento a México.

Sin embargo, la exigencia central, que originó esa determinación, está vigente y en menos de 30 días el gobierno de Morena deberá dar respuestas convincentes sobre el problema migratorio y el narcotráfico.

La acusación que hizo Trump es de gran magnitud, afirmó que los cárteles del narcotráfico tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la salud pública de Estados Unidos.

Asimismo, acusó a la administración de Sheinbaum Pardo de haber proporcionado “refugios seguros para que los cárteles se dediquen a la fabricación y el transporte” de drogas.

Estos narcóticos “han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de víctimas estadounidenses”, afirmó en un comunicado el Ejecutivo.

Como manifestara la Presidenta, el tema de los aranceles está en pausa, pero también es cierto que en marzo próximo tendrá que rendirle cuentas al mandatario estadounidense, quien está ansioso por intervenir en el país y desarticular a las organizaciones criminales que trafican, especialmente fentanilo.

El tiempo avanza, comenzó la cuenta regresiva y si bien pudiera continuar ese receso un lapso más, es claro que a la próxima negociación no puede llegar con las manos vacías.

A qué organización criminal tiene en la mira, a qué político de Morena, PRI, PAN o de otro partido le cerrará el paso en su trayectoria delictiva.

Por ahora la oposición, sobre todo los panistas, que se pronunciaron porque se le denomine terroristas a los grupos criminales y que militares estadounidenses persigan al crimen organizado en México, es decir, que ingresaran al país, están callados, guardan absoluto silencio.

Ya comprendieron que la exigencia de Trump va en serio y lo mismo se puede proceder contra políticos del gobierno de Morena que de otro instituto político, como los del PAN o PRI.

¿Por qué debería haber excepciones?, quienes han delinquido al amparo del poder deben ser llevados ante la justicia.

Los panistas tienen un negro pasado, no se olvide que en la administración de Felipe Calderón Hinojosa floreció la relación del narcotráfico con el gobierno federal.

Ahí está el caso de Genaro García Luna, quien purga una condena de 38 años y 8 meses por sus vínculos con el narcotráfico.

Es del dominio público que no actuó solo y muchos de sus cercanos colaboradores siguen impunes.

Actualmente diversos políticos panistas son señalados de sus nexos con organizaciones criminales, del PRI ni se diga.

La Presidenta Claudia Sheinbaum tiene un gran abanico de prospectos para llevar ante la justicia en medio de la presión del gobierno estadounidense; por cierto, no tiene que buscar mucho, pues dentro de Morena, su partido, hay mucha tela de dónde cortar.

Ahí está el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, otro más el exfutbolista y ahora diputado federal, Cuauhtémoc Blanco.

Son casos de escándalo en los que las evidencias y señalamientos públicos proliferan.

La Primera Mandataria Sheinbaum Pardo ganó tiempo, pero cedió a la presión de Donald Trump, se vio obligada a enviar 10 mil efectivos de la Guardia Nacional a la frontera a efecto de pausar la imposición de aranceles.

No se descarta que en el próximo encuentro ceda una vez más y, obligada, llegue con una carta que baje la presión que ejerce Trump.

Los señalamientos respecto a que hay una alianza entre su gobierno y el crimen organizado son contundentes, tiene que demostrar que no hay tal.

Por lo pronto, haber negado tales acusaciones no convencen ni dentro ni fuera del país.

Cómo puede creérsele si el gobernador de su partido, Rubén Rocha, personifica la impunidad política y los nexos de los políticos con los grupos criminales.

 

DIVERSOS SECTORES RECHAZAN LA LEY DEL INFONAVIT; PELIGRA EL DINERO DE LOS TRABAJADORES

Se encendieron los focos rojos dentro del sector de la clase trabajadora, esto debido a la intención de reformar la ley del Infonavit, que busca que ese organismo lleve a cabo la construcción de viviendas.

Para ello dispondrá de los ahorros de los trabajadores, inicialmente 350 mil millones de pesos.

Una cifra supermillonaria que hasta el momento no se ha dado a conocer cómo se transparentará su aplicación.

La inconformidad estriba además en que el responsable de ese organismo es nada más y nada menos que Octavio Romero Oropeza, ex titular de Pemex, acusado en su momento por el PAN de tener amplia red de corrupción y nepotismo en la paraestatal.

El dinero de los trabajadores está en riesgo, no hay garantía de que se apliquen con pulcritud, es mucha la tentación para quienes han demostrado no son buenos administradores.

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