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Rosario, más fuerte que mil Robles

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La víctima más clara de la ‘Infamia Maestra’ * La venganza política se ensañó contra la extitular de la Sedesol y de la SEDATU en el sexenio de Enrique Peña Nieto, gracias a la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Dice una frase popular ”Lo que no te mata te fortalece”… y si no, que le pregunten a quien fuera la primera jefa de Gobierno de la CDMX, presidenta del PRD y dos veces secretaria de Estado, Rosario Robles Berlanga.

Al salir de prisión, dijo haber transformado su desgracia en un intenso aprendizaje que le dio fuerza para luchar contra la injusticia en México.

De las historias de decenas de reclusas con años en injusta “prisión preventiva” que sufren una “condena sin sentencia”, dice haber vivido en carne propia la injusticia del sistema penal mexicano.

La burda y obvia “venganza política” fue consumada. Rosario Robles permaneció en la cárcel 3 años, tras dictarle “prisión preventiva” el juez Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, esposa de René Bejarano.

Todo mundo sabe que René fue protagonista de un escándalo mayúsculo de la política nacional, que sucedió en marzo de 2004, cuando en el noticiero de Brozo se transmitieron videos en donde se podía ver a Bejarano, considerado la mano derecha y secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, entonces jefe de Gobierno del DF, guardándose fajos de billetes sujetados con ligas a un portafolios y al saco de su traje.

El responsable de la filtración de los videos fue Carlos Ahumada, quien se encargaba de dar dinero al PRD a cambio de contratos en el gobierno capitalino. Además, tras seguirle la pista, se supo que él era muy amigo y novio de Rosario Robles Berlanga.

Tras los videoescándalos, López Obrador dañó su imagen y perdió la elección presidencial de 2006 en medio de acusaciones de fraude. Por estos antecedentes y por la forma en que fue aplicada la “prisión preventiva”, Rosario Robles dijo que se trató de una burda “venganza política”.

El juez Delgadillo Padierna aceptó como prueba y principal argumento para meterla a la cárcel una licencia de manejo (que se comprobó había sido falsificada por la fiscalía) con un domicilio diferente al que la imputada había declarado y por lo tanto había riesgo de que se fugara.

Después de estar internada en el reclusorio desde el 13 de agosto de 2019, el viernes 19 de agosto, un juez de control cambió la medida de prisión preventiva a una medida cautelar que consiste en “la presentación periódica cada 15 días (ante la Fiscalía General de la República) y prohibición para salir del país, además de quitarle pasaporte. Ella puede moverse por todo el país, con la condición que debe presentarse a firmar”, comentó.

Su libertad no significa que el proceso que se sigue en contra de Robles haya terminado ni que haya sido exonerada del único “delito” del que se le acusa que es “ejercicio indebido del servicio público”. Fue acusada de “omisión” de informar a su superior jerárquico (el expresidente Peña Nieto) del desvío de miles de millones de pesos en Sedesol y SEDATU cuando ella era titular de cada una de las dependencias, en el caso conocido como la ‘Estafa Maestra’.

“Infamia maestra”, le llama Rosario Robles al proceso llevado en su contra, ya que fue la única acusada e involucrada en el mecanismo de la “Estafa Maestra”, cuando había 11 secretarías que realizaban las mismas prácticas con al menos ocho universidades públicas. Solamente Robles estuvo en prisión.

Emilio Zebadúa, quien fue su oficial mayor y operador del mecanismo en la Sedesol y en la SEDATU, donde también se detectaron desvíos, se convirtió de presunto “culpable” a principal acusador y “testigo colaborador” en contra de su ex jefa y nunca pisó la cárcel. Ningún otro exsecretario ha sido investigado.

El término “Estafa Maestra” lo pusieron de moda los periodistas de Animal Político, Manuel Ureste Cava y Nayeli Roldán Sánchez, en asociación con Miriam Castillo Moya, de la ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, cuando publicaron: “El gobierno federal, a través de 11 dependencias y universidades públicas, han desviado miles de millones de pesos. Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014 detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos…”

La “intensa investigación periodística” no se fue más atrás. Se debe recordar que no solo fueron 11 universidades las que utilizaron este mecanismo.

Durante quince años, fueron casi treinta universidades con al menos quince dependencias y entidades y con un promedio anual de “desviaciones” de 4 mil millones de pesos.

Esta investigación periodística nunca mencionó que este mecanismo es legal porque lo contempla la ley. Nunca, ni ellos, ni nadie hasta la fecha ha propuesto reformar la ley para erradicar ese mecanismo.

Sigue vigente que las adjudicaciones directas entre dependencias con las instituciones de Educación Superior o Centros Públicos de Investigación. Así lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, desde hace más de quince años. Esta figura fue motivo de abusos -y sigue siéndolo- por parte de muchas dependencias para evitar licitar, aunque en muchos casos se justifica su legítimo uso para bienes o servicios urgentes en la administración pública. Se convirtió en una “trampa” legal -equivalente a una elusión fiscal-. Las adjudicaciones directas, a través de instituciones de educación superior, se volvió un foco de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en los informes de la Revisión de la Cuenta Pública.

Desde 2006, la ASF, año tras año, hizo públicas “desviaciones” de miles de millones de pesos. Sin embargo, hasta ahora no se había metido a la cárcel a algún funcionario de alto nivel y tampoco a algún rector de todas las decenas instituciones y universidades públicas que se han involucrado, desde hace casi dos décadas. Destacan la UAEM, UANL, UNAM e IPN.

Este mecanismo, mal llamado “Estafa Maestra”, se convirtió en un recurso mediático y periódico de la ASF, las “desviaciones” de gigantescos montos las hizo públicas durante al menos ocho años y nunca armó un expediente fundado que pudiera responsabilizar judicialmente a algún funcionario o rector.

De acuerdo con la ley, los responsables primeros y directos son los rectores. La ASF tampoco ha hecho una propuesta seria al Legislativo para modificar esta figura “legal”.

Desde 2012 y 2013, en los informes de la Revisión de la Cuenta Pública, la ASF señalaba: “Convenios de coordinación suscritos con la Administración Pública Federal con la Universidad Autónoma de Chapingo. Se seleccionaron 5 convenios, dos con Sedesol, uno con Conafor, uno con Sagarpa y uno con Diconsa. Se concluyó que la UACH no contaba con la capacidad técnica material y humana para realizar los servicios convenidos, por lo que subcontrató con terceros más del 49% permitido en la Ley. En algunos casos, no hay evidencia de los servicios prestados por las personas subcontratadas y se destinaron recursos federales distintos a los establecidos…”

Respecto a la Universidad Autónoma de Nuevo León, informó la ASF, sobre la cuenta pública de 2012 (sexenio de Felipe Calderón), que suscribió 25 contratos por 493 mdp con SCT, SEP, Bansefi, Prodecon, Conavi y GACM, con las mismas observaciones de “falta de capacidad y desvío de los recursos”.

En el caso específico de Rosario Robles como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y en relación con los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la ASF señaló: “No se acreditó de forma ‘confiable’ el número de viviendas afectadas por los dos siniestros y se entregaron 117.8 millones de pesos, pese a la discrepancia de información de los beneficiarios”.

Hago la aclaración de que yo no conozco a la señora Robles, pero recuerdo haberla visto en la televisión entregando apoyos en efectivo a muchos damnificados de Oaxaca.

El mecanismo multicitado, en todo caso era responsabilidad de sus subalternos (oficial mayor), quien debió haber firmado y operado los convenios con las universidades (rectores). Lo antes explicado demuestra de manera clara y evidente que en el caso de Rosario Robles la “Estafa Maestra” se convirtió en una “infamia maestra”, resultado de la venganza política.

Rosario está en libertad. Se le ve más fuerte que un Roble, segura que demostrará legalmente su inocencia y dispuesta a luchar por un México más justo.

Ha dicho que cree en la reconciliación y en la unidad nacional. Muchos reconocidos periodistas e intelectuales, y cada vez más ciudadanos, la consideramos una política inteligente, sensible y honesta, quizá su único defecto es no saber escoger a sus colaboradores y eventualmente enamorarse de quien no debía.

Rosario Robles ha dicho que en la cárcel leyó como un gran luchador social, permaneció en prisión y salió a abolir el “Apartheid” y a gobernar su país con gran apoyo popular. No vaya a ser que Robles se transfigure en Mandela o Nelson en Rosario.

Para gente conocedora de la política, Rosario salió más fuerte que mil Robles, es considerada como una heroína y una gran luchadora social y tiene todas las cartas credenciales para estar en un cargo, pues un activo como ella no debe quedar en el olvido… ¿Qué tal como jefa de Gobierno? Uniría a todos los capitalinos y aglutinaría a los partidos de oposición… solo es un comentario a título personal.

 

*** Académico y consultor.

 

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García Harfuch, la gran esperanza

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A construir la paz, principal encomienda de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo * Es alentador que la Estrategia Nacional de Seguridad inicia con el pie derecho al lograr resultados concretos e importantes

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Enorme reto y gran esperanza de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), logre la construcción de la paz en México.

Encuestas y estadísticas más serias demuestran que la seguridad y la paz es el tema que más preocupa a 130 millones de mexicanos.

Es alentador que la Estrategia Nacional de Seguridad (ENS) inicia con el pie derecho al lograr resultados concretos e importantes.

A treinta y nueve días del inicio de este gobierno, García Harfuch informa que, al hacer un balance estadístico de los últimos años, hay una tendencia de disminución de los delitos de alto impacto.

La tendencia ocurre pese a que el homicidio doloso alcanzó la cifra de 200 mil recientemente. La herencia en esta materia, de al menos cuatro sexenios, es un gigantesco deterioro nacional que ha crecido con el avance y multiplicación de grupos y cárteles delictivos en al menos la tercera parte del territorio nacional, según los altos mandos del Ejército norteamericano.

Por ello, en el informe del titular de la SSPC es significativo observar los resultados -en menos de 2 meses- del cambio de estrategia: 42 toneladas de droga confiscada; 400 mil pastillas de fentanilo; 3 mil detenidos y mil 300 armas confiscadas.

Entre estas acciones destaca el decomiso de 3 toneladas de cocaína y la detención de 9 personas a bordo de un navío que la transportaba en las costas de Guerrero, el pasado 3 de noviembre.

Tan solo este decomiso tiene un valor de 105 millones de dólares, si consideramos que en Nueva York el kg de cocaína alcanza los 35 mil dólares. Este nivel de logros hacía años que no se tenían en México.

 

A LA BAJA LA INCIDENCIA DELICTIVA DE ALTO IMPACTO

La maestra Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la Mañanera del Pueblo, en el informe de Seguridad, destacó lo siguiente: “En materia de tendencias en la incidencia delictiva de alto impacto, es decir, de los delitos de homicidio doloso, feminicidio, lesiones dolosas por arma de fuego, secuestro, extorsión y robos con violencia en sus diferentes modalidades, como son robo a transeúnte, de vehículo, a transportista y casa-habitación, se identifica que se tiene una disminución en el promedio diario entre 2019 y 2024 de 37.2”. También informó: “En lo que respecta al estatus de las entidades del país, respecto a los homicidios dolosos, el 50% de estos se sigue concentrando en 7 estados: Guanajuato, que concentra el 10.3% nacional; Baja California, 8%; Estado de México, 7.6%; Chihuahua, 6.7%; Jalisco, 6%; Guerrero, 5.9%, y Nuevo León, 5.4 por ciento.

Para lograr consolidar la ENS, en días pasados el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana acudió a un encuentro con representantes de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados con el fin de presentar las reformas constitucionales que permitirán sentar las bases normativas para el cumplimiento de la ENS.

Explicó las reformas que forman parte de este proyecto que busca fortalecer las capacidades de investigación para reducir los índices de violencia y combatir la impunidad. Destacó que con estas modificaciones se mejorará la eficiencia de las investigaciones y las detenciones, así como la judicialización efectiva y la obtención de sentencias condenatorias privilegiando el uso de la inteligencia sobre la fuerza.

Es por ello que se planteó una modificación al Artículo 21 de la Constitución Política, que permitirá realizar funciones de investigación de delitos con las demás instituciones de seguridad, siempre bajo la conducción y mando del agente del Ministerio Público, además de reforzar que la SSPC coordinará y dirigirá la ENS, así como el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública.

Asimismo, se propone la reforma a 14 de las 27 fracciones del Artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de establecer de manera amplia y clara las funciones y alcances en materia de investigación y persecución de los delitos con base en la inteligencia, información estratégica, análisis, colaboración, operaciones especiales y el aprovechamiento de la tecnología, además de que la SSPC realice funciones de coordinación con policías estatales cuando así se requiera.

Adicionalmente se plantea la creación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, con la cual se establecerá un marco jurídico que posibilite la obtención y uso de información para el combate de la delincuencia, sobre todo de la investigación y persecución de los delitos de alto impacto.

Con estas reformas, se busca fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad del Gobierno de México para dar cumplimiento a los cuatro ejes de la ENS.

 

EFICAZ EN LA CDMX

Para nadie es desconocido que, en el gobierno de AMLO, con excepción de la CDMX, en todo el país los resultados fueron desastrosos.

Las acciones que puso en marcha García Harfuch probaron su eficacia y ahora las replicará y extenderá en el plano nacional y federal.

En la CDMX, explicaba lo siguiente: “Cambiamos la forma de operar de la policía, ya que siempre había sido preventiva y solo era posible capturar delincuentes en ‘flagrancia’. Lo que se hizo fue enviar una iniciativa al Congreso para que la SSPC tuviera la facultad de investigar y con ello se logró dar seguimiento, desde que ocurre el delito hasta la detención”.

Es muy alentador que el gobierno de Claudia Sheinbaum está llevando a cabo una nueva, inteligente y creativa política en seguridad, con las reformas legales necesarias para incluir en sus investigaciones y capturas, una estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, Ejército y Armada, así como con los gobiernos estatales.

Para evitar la “puerta giratoria”, Omar García Harfuch ha subrayado la importancia del Ministerio Público, cuya función es fundamental y consiste en el “esclarecimiento de los hechos” a través de una sólida investigación que dé sustento a la acusación.

De su desempeño depende que existan datos y razones con pruebas válidas y transparentes, que en el juicio darán soporte al juez.

También una investigación sólida dará soporte a una explicación clara y persuasiva, no sólo para la víctima, también para el imputado (presuntos delincuentes) y la sociedad.

La consigna de “Abrazos y no balazos” fue un rotundo fracaso que propició que el Ejército, Marina y Guardia Nacional debieran soportar humillaciones de delincuentes, con tal de abrazarlos y no atacarlos, ni aún en el caso justificado del uso legítimo de la violencia, como potestad exclusiva del Estado.

Se abre la esperanza y la certeza de que en México vendrán mejores tiempos de seguridad y paz, combate eficaz a la impunidad, una mejor impartición de justicia penal y el fortalecimiento del ansiado Estado de Derecho.

Sin seguridad no hay transformación, ni mayores inversiones para el crecimiento económico. Sin seguridad se cancela el futuro y la viabilidad de México como nación.

 

NADIE MEJOR QUE GARCÍA HARFUCH

Para bajar los índices delictivos que azotan al país, nadie mejor que Omar García Harfuch. Ya lo demostró en su paso como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, en donde cumplió con la encomienda que le asignó la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

Durante su gestión de cuatro años como responsable de la SSC capitalina, García Harfuch fue destacado por Sheinbaum por los logros en materia de seguridad y por bajar los índices en delitos de alto impacto.

Omar García, por su preparación académica y profesional, es el personaje ideal para combatir la delincuencia organizada a todo lo largo y ancho del territorio nacional, un legado que le dejaron los gobiernos anteriores.

García Harfuch tiene la alta estima, confianza plena y la esperanza de millones de mexicanos para combatir de formar eficaz la ola de violencia que azota al país, la principal encomienda que tiene asignado por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Que así sea, los ciudadanos se los agradecerán.

 

***Académico y consultor.

 

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Ebrard y De la Fuente, equipo vital para el T-MEC

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México se prepara con tiempo para la renegociación del tratado * Juan Ramón llevará la dirección y la operación de la política exterior de México y a Marcelo le corresponde lo del Tratado más el campo de la economía y el comercio

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Aunque se ve lejana la renegociación del T-MEC, México no se duerme en sus laureles y ya Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), y Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), trabajan conjuntamente y hacen equipo para sacar adelante la encomienda de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ebrard Casaubón revela parte de su plan para que México continúe beneficiado con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Señala que para la negociación del proyecto está incluida la participación del canciller Juan Ramón de la Fuente, un personaje que hizo buenas relaciones en Estados Unidos cuando fue representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Es indudable que Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente trabajarán de forma cercana.

La revisión del T-MEC en 2026, tras el triunfo de Donald Trump obliga a México a prepararse para la batalla con tiempo, y es ahí donde entrará el gran equipo integrado por los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores.

“Vamos a hacer equipo, Juan Ramón va a llevar la dirección y la operación de la política exterior de México; a mí lo que me corresponde es lo del Tratado más todo lo que tiene que ver con el campo de la economía y el comercio”, expresa Ebrard en una entrevista concedida a la prestigiada periodista Azucena Uresti.

El titular de la SE califica como “un acierto” haber dejado a Juan Ramón de la Fuente como canciller, cargo que él ocupó durante los primeros años del gobierno anterior.

Sobre el T-MEC, Ebrard Casaubón explicó que la revisión será a mediados de 2026, en julio para ser más concretos, pero en México ya está comenzando el análisis, que incluye algunas propuestas para Estados Unidos, entre ellas maximizar todas las ventajas que el tratado ha representado para ambos países.

“Hay varios temas que plantearemos porque también le convienen a Estados Unidos”, añade.

El titular de la SE destacó los resultados que ha representado el Tratado para México y afirmó que el objetivo es conservarlos y exponenciarlos.

“Ese tratado ha tenido resultados muy buenos, entonces vamos a partir de la base de decir que lo que negociamos hace 6 años está funcionando muy bien”, remarcó.

Respecto a la migración, que es tan importante para Trump, explicó que se analizará próximamente cuál será la estrategia de México.

Sobre la llegada de Trump a la Casa Blanca, comenta: “Creo que habrá una relación muy compleja, pero anteriormente se logró encausar y sacar adelante la relación al grado de que se logró sacar el T-MEC, pese a las opiniones en contra y que hoy está funcionando”.

 

MÉXICO ES OPTIMISTA: EBRARD

El titular de Economía se muestra optimista de cara a la revisión del T-MEC y augura que la relación del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum con la administración del presidente electo Donald Trump será muy buena, debido a que nuestro país es el principal socio comercial de la Unión Americana.

“Yo estoy optimista, no digo que va a ser fácil, porque nada es fácil, pero la relación con el presidente Trump va a ser muy buena y con su gobierno también”, agrega.

Explica que su confianza se basa en el hecho de que México se ubicó recientemente como el principal socio comercial de Estados Unidos y que millones de empleos en ese país dependen de sus exportaciones a nuestra nación.

En el último año, puntualizó, las exportaciones mexicanas a EU se incrementaron en un 6.5 por ciento, mientras que las de ese país al nuestro crecieron en alrededor del 4.5 por ciento.

Se pronunció en favor de trabajar en conjunto con los vecinos de la región para poder competir frente a otras regiones como Asia, al tiempo que consideró que la imposición de aranceles a las exportaciones desde México a EU lo único que haría sería afectar a los consumidores estadounidenses.

“Nosotros importamos muchas cosas de EU, las integramos y luego eso se va de regreso a ese país, si tú le pones un arancel, el consumidor allá tendría que pagar más”, abunda.

 

SERÁ UN ÉXITO LA REVISIÓN DEL T-MEC: DE LA FUENTE

Juan Ramón de la Fuente confió en que la revisión del T-MEC para 2026 tendrá éxito, además que reconoció el importante papel que tendrá el sector privado, así como la oportunidad que representa el nearshoring.

De la Fuente hace un llamado a inversionistas y líderes empresariales a seguir tendiendo puentes que fomenten un crecimiento inclusivo, sostenible y compartido, con oportunidades para los países que integran el T-MEC que hasta ahora, dijo, ha traído beneficios.

“Para México, el actual contexto geopolítico y económico representa una gran oportunidad para fortalecer sus bases económicas, atraer inversión extranjera directa y crear nuevos empleos en sectores como manufactura, tecnología y servicios. Empleos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente.

“El nearshoring representa una oportunidad única para que nuestras economías impulsen estos sectores clave y estratégicos, incluyendo por supuesto la industria de semiconductores, y los sectores automotriz y textil”, dijo al señalar el compromiso de nuestro país con la innovación tecnológica y la conectividad económica.

El titular de la SRE resaltó la fuerte conectividad de México con Estados Unidos para la integración económica y la colaboración.

“Hoy México está a la vanguardia de esta transformación, actuando como puente entre América del Norte y América Latina, y ofreciendo una puerta de entrada a una de las regiones más dinámicas y de más rápido crecimiento del mundo”, añade.

Esta revisión permitirá a los tres países evaluar la aplicación del acuerdo y abordar las preocupaciones: “El éxito de la revisión dependerá de la colaboración entre las tres naciones para afrontar los retos y sostener nuestro crecimiento económico colectivo. El sector privado desempeñará un papel muy importante”.

“El liderazgo de América del Norte reside en muchos, muchos aspectos en este bloque económico norteamericano. Y debemos actuar como socios y como bloque para hacer frente a los retos que sin duda están ahí y que llegarán. De eso no hay duda.

“Hemos construido una de las alianzas más fuertes del mundo. Así que cuidémosla y hagámosla aún más fuerte. Creo que es un verdadero reto”, enfatiza.

“Pero el sector privado volverá a desempeñar un papel muy importante en el proceso, y puedo decir que quizá incluso más importante que en el pasado”, destacó el titular de la SRE.

Todas las esperanzas están puestas en Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, el dúo dinámico para sacar adelante la renegociación del T-MEC.

 

***Académico y consultor.

 

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Crisis constitucional y económica * Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro ponente, señala: “Tengo esperanza en que la Presidenta reflexione, estamos de acuerdo en muchas cosas. Esto tiene que cambiar; yo he buscado a Adán Augusto y a los líderes de Morena”

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

El martes 5 de noviembre de 2024 sesionará el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un último intento por hacer valer su misión fundamental de ser tribunal constitucional, que significa velar, para que, aún, en las reformas constitucionales se respeten los principios fundamentales (cláusulas pétreas), los derechos humanos y garantías individuales consagradas en la Carta Magna.

Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro ponente, señaló: “Tengo esperanza en que la Presidenta reflexione, estamos de acuerdo en muchas cosas. Esto tiene que cambiar; yo he buscado a Adán Augusto y los líderes de Morena”.

Imagínese lo que significa para México destruir un sistema judicial que lleva casi dos siglos, para saltar al abismo a experimentar uno nuevo, motivado por una venganza personal (del Poder Ejecutivo) y un evidente “afán controlador” del partido en el poder.

Desde la Constitución de 1824, cuando José María Morelos y Pavón propuso incluir en el Acta Constitutiva del país los principios fundamentales de nuestro sistema de gobierno: Ser una República democrática, representativa y federal. Se adoptó el principio de la división y separación de Poderes con la ineludible independencia dentro de su unión.

El Poder Judicial nació independiente y para asegurar su libertad se adoptó el principio de la inmovilidad judicial; hoy, después de 200 años, ese basamento de nuestro régimen democrático constitucional fue abolido de un plumazo por obra y gracia de una mayoría legislativa ciega y sometida al Ejecutivo federal, ignorante de nuestra historia.

 

RENUNCIA Y POSTURAS

Con la inédita renuncia de ocho ministros al supremo tribunal constitucional y con el cese de casi 2 mil jueces y magistrados se ha consumado un auténtico golpe de Estado contra uno de los pilares de nuestra convivencia democrática.

En las renuncias que presentaron los ministros de la SCJN, la última semana de octubre de 2024, se expresan su desacuerdo con la reforma judicial y su pesar por lo que ésta representa.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señaló en su renuncia: “Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones”; la ministra Ana Margarita Ríos Farjat dijo: “La reforma impone una disyuntiva que considero impropia… Para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal y como parte de ese rechazo, opto por no aceptar, bajo tales condiciones y llegado el momento, el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro de este tribunal constitucional”.

La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández expresa: “Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para la que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”; el ministro Javier Laynez Potisek comenta: “Hago de su conocimiento mi declinación para participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025…”.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señala: “Renuncio… me permito al dejar este puesto y hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor”; el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijo: “Después de más de cuarenta años de carrera judicial, con  la convicción de siempre haber desempeñado mis funciones con la independencia, honestidad, imparcialidad, objetividad, excelencia y entrega que son necesarias en la actividad jurisdiccional, sin que implique un acto de claudicación o conformidad de mi parte…”.

Luis María Aguilar Morales expresa: “El ejercicio de este cargo he procurado siempre velar por la justicia y por la protección de los derechos humanos de todo habitante de nuestro país”; el ministro Alberto Pérez Dayán comenta: “Expreso a ese Senado de la República mi declinación a la candidatura al proceso electoral extraordinario 2024-2025”.

 

EL 5 DE NOVIEMBRE, DÍA ‘D’

Ya aprobadas en forma precipitada y sobre las rodillas, tanto la reforma judicial como la mal llamada reforma de “supremacía constitucional”, el pleno de la SCJN votará el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que propone al Tribunal Pleno contestar a las demandas de acción de inconstitucionalidad presentadas por diversos partidos políticos nacionales, un partido político local y la minoría parlamentaria de una entidad federativa.

En esta acción de inconstitucionalidad se impugna la denominada “Reforma Judicial”, publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, la cual pretende renovar a los Poderes judiciales Federal y de las entidades federativas y dotarlos de legitimidad democrática.

En el proyecto que presenta el ministro González Alcántara se fundamentan todos y cada uno de sus puntos y se traduce en una valiosa y oportuna propuesta jurídica y política, que contiene una salida conciliadora a la reforma judicial. Plantea básicamente que se elijan a los ministros de la SCJN y a los magistrados del TEPJF, pero no así a casi 4 mil jueces y magistrados de tribunales federales y estatales de todo el país y que representan el basamento de todo el Poder Judicial.

En su proyecto, entre todo su contenido, se destaca lo siguiente: “Según la Constitución, los partidos políticos nacionales tienen legitimación para impugnar normas generales en materia electoral, cuyo ámbito validez sea todo el territorio nacional; La SCJN está facultada para resolver acciones en las que se impugne la constitucionalidad de normas generales. El decreto impugnado contiene normas generales. ¿Por qué analizar la constitucionalidad de una reforma inconstitucional? Nuestra Constitución, vigente desde 1917, es el producto de un pacto federal… y la Corte, como defensora de la Constitución, debe revisar, incluso las reformas constitucionales que contravengan ese pacto.

“Existencia de vicios durante el proceso legislativo. Los procedimientos de todo tipo deben asegurar el cumplimiento de tres elementos esenciales, esto es, la participación de todas las fuerzas políticas en condición de igualdad, la aplicación correcta de las reglas de votación y la publicidad del procedimiento. En el decreto impugnado que tiene como objetivo cesar masivamente a las personas juzgadoras que accedieron al cargo mediante la carrera judicial, así como reducir el salario que actualmente perciben, para dar lugar a la elección de esos cargos por voto popular. En este apartado se propone invalidar ese régimen transitorio por violar las garantías judiciales de inamovilidad del cargo e irreductibilidad de sus percepciones, con el fin de salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, lo que constituye un elemento nuclear del régimen democrático para garantizar la división de Poderes y se analizan las disposiciones constitucionales que regulan el acceso a los cargos de personas juzgadoras mediante voto popular.
“Las disposiciones constitucionales que regulan este sistema se invalidan porque se advierte que no existen las condiciones mínimas democráticas que permitan una elección auténtica, dado que no existe certeza en el régimen de postulación de candidaturas y el sistema de listas masivas no permite la posibilidad de ejercer el voto de manera libre e informada, ni de reflejar las preferencias electorales para un órgano jurisdiccional determinado”.

 

‘SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL’

Especialistas y reconocidos juristas señalan que la reforma de “supremacía constitucional” no aplica en el análisis de la SCJN sobre la reforma judicial en consideración a lo siguiente:1) El transitorio segundo dice: ‘Los asuntos que se encuentren en trámite’, pero el estatus del asunto del ministro González Alcántara Carrancá está en lista para el martes, POR LO QUE YA NO ES UN ASUNTO EN TRÁMITE, por tanto NO le aplica el transitorio segundo de la ‘supremacía’; 2) Principio de irretroactividad de la ley. Aún prevalece el Artículo 14 de la Constitución y en esta parte normativa estipula que NO se puede aplicar la ley de manera retroactiva en perjuicio de ninguna persona.

El proyecto del ministro ESTÁ resolviendo cinco acciones de inconstitucionalidad que presentaron CINCO PERSONAS perfectamente legitimadas para IMPUGNAR ante la Corte la reforma judicial.

Así, la reforma de “supremacía constitucional” (en materia de inimpugnabilidad) lo único que ADMITIERON tácitamente los del Poder Legislativo es QUE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL SÍ SE PUEDE REVISAR POR LA CORTE.

La reforma judicial es inconstitucional porque viola cuatro principios: De retroactividad, de progresividad, de legalidad y de seguridad jurídica.

Si -como se espera- la resolución de la SCJN no es acatada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo continuará un gran enfrentamiento entre los Poderes de la Unión, lo que nos podría llevar a una crisis constitucional sin precedentes, lo que traería aparejada una crisis económica, se pondría en riesgo el T-MEC y todas las inversiones nacionales y extranjeras.

Adicionalmente el eventual triunfo de Donald Trump agravaría la crisis económica. Sin confianza y reglas claras, no habrá inversión, ni crecimiento económico y tampoco recursos para el bienestar compartido. Seguridad y “Estado de Derecho” son las asignaturas pendientes, que incluye combate a la impunidad, así como impartición y administración de justicia, que corresponde al Ejecutivo.

Urge una reforma integral de la justicia. Hay la esperanza que Claudia Sheinbaum Pardo atienda la invitación del ministro González Alcántara a reflexionar, que actúe como jefa de Estado y gobierne para todos los mexicanos al margen de partidos e ideologías.

La Presidenta Sheinbaum debería poner cimientos sólidos para una auténtica transformación con cambios radicales en las políticas públicas en materia de seguridad pública, salud, educación, economía, procuración y administración de justicia, sustentabilidad, política energética y alimentaria, entre otros.

Avanzar para lograr lo que todos los mexicanos anhelamos: Un México con justicia, democracia y prosperidad compartida. Que así sea.

 

***Académico y consultor.

 

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