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PULPO POLÍTICO

Prisión preventiva, el arma mortal para las venganzas políticas

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Pide el Presidente AMLO a la Suprema Corte que se mantenga en la Constitución * La figura jurídica debe ser justa, idónea y aplicada con proporcionalidad

 

POR MARCO ANTONIO FLORES

 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mantenga en la Constitución la figura de la prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento de que eliminarla sería una medida negativa para la “seguridad” en el país, quizá sin ponderar los argumentos y alcances jurídicos de la propuesta del ministro Luis María Aguilar.

La postura del Presidente también pasa por alto la obligatoriedad del Estado Mexicano de someterse a los principios internacionales en materia de respeto a los Derechos Humanos.

La prisión preventiva se ha convertido en una herramienta que encarcela a pobres e inocentes y también a “enemigos políticos”. Con la última reforma aplicada al Artículo 19 Constitucional, la lista de delitos que permiten el encarcelamiento preventivo es más del doble que se permitían antes. En México, hay 226,916 personas privadas de su libertad; del total, 92 mil 595 en prisión preventiva, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional. La reforma constitucional realizada en 2019 al Artículo 19 Constitucional ha sido abusada, ya que la aplicación de esa figura se incrementó 27 por ciento, esto significa que casi la mitad de los reclusos es objeto de “una condena sin sentencia”, ya que permanecen en la cárcel sin sentencia alguna, sin que siquiera se haya iniciado su juicio, y por tiempos que rebasan lo que la propia ley establece como límite (dos años máximo).

El caso reciente, de la aplicación de esta medida cautelar con consigna política, es el de Rosario Robles, quien permaneció más de tres años sin siquiera haber iniciado su juicio y a quien le fue aplicada la “prisión preventiva”, con el argumento del peligro de fugarse por tener una “licencia” (hechiza por la propia fiscalía) con domicilio diferente del que había declarado.

Este es el ejemplo más claro de convertir la “prisión preventiva” en una herramienta de consigna política.

Otro ejemplo de su uso faccioso y con fines políticos es el del exprocurador Jesús Murillo Karam en el que el propio juez de control declaró que los elementos para vincularlo a proceso no se cumplían, que no existían argumentos y fundamentos jurídicos, a pesar de lo cual se le vinculó a proceso y se le aplicó la “prisión preventiva”.

Habría que ponderar el riesgo de que en un futuro no lejano, en el caso de “Delitos electorales”, se llegare a aplicar esta medida cautelar con sesgo político, en cuyo caso se metería a la cárcel a políticos y candidatos que simplemente sean “adversarios” o no comulguen con la ideología de Cuarta Transformación, en cuyo caso estaríamos en la antesala de un régimen represor y dictatorial.

Si bien la prisión preventiva es una medida cautelar que establece que toda persona que sea vinculada a proceso por alguno de los 16 delitos previstos en el Artículo 19 de la Constitución, deberá de ser privada de su libertad, con el objetivo de que no se dé a la fuga y garantizar su comparecencia ante un juez, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, presentó un proyecto, cuya esencia no es anular la prisión preventiva, sino declararla inconvencional, al considerar que actualmente se “establece la procedencia de la prisión preventiva en forma oficiosa, absoluta, desproporcionada y automática, en contravención de los principios constitucionales que rigen la prisión preventiva, la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad”.

“Lejos de ser una medida cautelar, su aplicación automática impide que el juzgador valore las condiciones fácticas del caso y eso la traduce en una pena anticipada que vulnera la presunción de inocencia”, enfatizó el ministro en su proyecto.

De esta manera se declararía inválido el Artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contiene el catálogo de delitos mediante el cual se declara la procedencia de la prisión preventiva oficiosa.

La propuesta del ministro Aguilar implica que la imposición de la “prisión preventiva” requiera un estudio previo sobre su idoneidad, necesidad y proporcionalidad y debe tomarse en cuenta que, si bien los supuestos de procedencia de la prisión preventiva oficiosa están descritos en el texto constitucional, el contenido del mismo no puede leerse de manera aislada, sino de manera sistemática con lo reconocido en la Convención Americana y la interpretación que ha realizado la Corte Interamericana en materia de Derechos Humanos.

La propuesta del ministro Aguilar renueva la esperanza de que al menos el Poder Judicial pueda hacer aportaciones para mejorar la impartición de justicia. Por el lado del Poder Ejecutivo todo indica que la mejora de la administración y procuración de justicia, que fortalezca nuestro demeritado “Estado de Derecho” tendrá que esperar para otro gobierno. Si bien al principio de este gobierno hubo la expectativa de que podrían hacerse reformas al Nuevo Sistema Penal Acusatorio, que permitirían sus avances y mejoras. Sin embargo, un fiscal general dependiente y sumiso al Poder Ejecutivo, ocupado en asuntos personales y familiares, no tiene la credibilidad ni la capacidad para impulsar reforma alguna.

Propuestas serias para mejorar el NSPA hay muchas, de las que solo enunciamos dos que son la “clave”: Primero, la “Renovación del Ministerio Público” -apoyado de la policía investigadora eficaz-, que por su naturaleza y función es el que da solidez a un procedimiento penal justo y garantista y, segundo, la creación de un “Nuevo y único Código Penal Nacional”.

Un buen ejemplo de policía investigadora eficaz, como condición “sin -equanon” de la justa aplicación de la prisión preventiva es el desempeño de Omar García Harfuch en sus investigaciones y capturas que van en el sentido de avanzar en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, sobre todo en la renovación del Ministerio Público, apoyado de la policía investigadora, ya que por su naturaleza y función es el que da solidez a un procedimiento penal justo y garantista.

Una policía investigadora y un MP capacitados y honestos evitan la criticada “puerta giratoria”, por la que entran y salen los delincuentes. Su función consiste en el “Esclarecimiento de los hechos” a través de una sólida investigación que dé sustento a la acusación

De su desempeño depende que existan datos y razones para pruebas válidas y transparentes, que den soporte a una explicación clara y persuasiva, no solo para la víctima, también para el imputado y la sociedad, en todas las etapas del procedimiento penal, incluido el juicio oral y la sentencia. Otra de las más importantes tareas que está desarrollando el secretario de Seguridad Ciudadana es la de poner orden dentro de la casa para evitar complicidades de la policía con la delincuencia por corrupción y viejas inercias que propician la impunidad.

El modelo del ejercicio de seguridad de la CDMX podría contribuir en el avance del NSPA y servir de modelo para comprobar que con cuerpos de seguridad de avanzada se puede devolver la credibilidad y eficiencia a las policias y mandos civiles en todas las entidades del país.

Con ello se comprueba que no es con abrazos, sino con inteligencia y estrategia en el uso legítimo de la violencia, como potestad exclusiva del Estado como se podrá combatir de fondo la impunidad, así como lograr una mejor impartición de justicia penal y fortalecer el ansiado Estado de Derecho.

Enhorabuena por el proyecto del ministro Luis María Aguilar. Millones de mexicanos tenemos la esperanza de que el Poder Judicial contribuya a mejorar la impartición y procuración de justicia.

Esperamos que el próximo 5 de septiembre de 2022, todos los ministros de la SCJN actúen con independencia haciendo a un lado cualquier consigna política y viendo en todo el fortalecimiento del anhelado Estado de Derecho en México.

 

***Académico, abogado y consultor.

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Ayotzinapa, 8 años sin justicia y sin nueva verdad histórica

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Tiene más credibilidad la declaración de un delincuente que la de un general * El caso rompe la regla de oro en la relación entre poder civil y militar

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

La regla de oro de relación entre el poder civil y militar -desde la posrevolución- ha sido el irrestricto respeto mutuo y la no invasión de esferas. Sin embargo, el caso Ayotzinapa, podría estar rompiendo esa regla con las acusaciones a mandos militares que, en el uso de la exclusiva potestad que tiene el Estado y el Ejército del uso de la violencia, dan su vida en el cumplimiento del deber para preservar la paz y combatir la delincuencia.

En 1980 el novelista Juan Rulfo causó gran escándalo e incluso el enojo presidencial cuando declaro que “para terminar con el militarismo que domina los destinos de América del Sur es tomar al pie de la letra la experiencia que vivió México en su momento, al término de la revolución, y que fue la de eliminar o corromper a los caudillos militares. Esta sería la solución en aquellos países para lograr acceder a la democracia que actualmente vive México”.

Irónicamente en 2022 estaríamos en un doble juego que carece de toda lógica política. Por un lado se le otorgan al Ejército gigantescos recursos y se le asignan tareas civiles y por otro lado se quiere llevar a la cárcel a sus altos mandos por haber cumplido con su deber.

Luego de darse a conocer el Informe de la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, muchos analistas y abogados penalistas han señalado que existen muchas coincidencias y semejanzas con “la verdad histórica” de Murillo Karam.

La única gran diferencia es la imputación directa de diferentes mandos del Ejército con lo que -se dijo- se comprueba que fue un “Crimen de estado” y no solo una feroz disputa entre los grupos de narcos, los “Rojos” contra los “Guerreros Unidos”.

El gobierno de Enrique Peña inició su declive por dos acontecimientos fundamentales: el escándalo de la Casa Blanca y la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

Los dos sucesos fueron tomados como banderas ideológicas y políticas en contra de EPN y los promotores de la ofensiva fueron precisamente los grupos que ahora gobiernan, encabezados por el Presidente López Obrador.

Durante su campaña AMLO se comprometió con los familiares de los estudiantes a encontrar la justicia y la verdad en este caso. Incluso dar a conocer el paradero de los estudiantes.

Ello obligó a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, a armar y presentar el informe de la “Nueva verdad” sobre Ayotzinapa, mismo que se dio a conocer en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Llamó la atención un señalamiento de Encinas: “Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez”.

Las cosas podrían complicarse e incluso revertirse en contra del comisionado presidencial para el esclarecimiento de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, ya que el general José Rodríguez, exjefe del 27° Batallón de Infantería de Iguala, ha demandado a Encinas en respuesta a las acusaciones por el homicidio de seis de los estudiantes de Ayotzinapa, planteadas por el Informe Encinas.

Sus abogados han señalado que el subsecretario podría haber cometido un delito al asumirse como Ministerio Público y acusar sin facultades y sin fundamentos, al general con 40 años de servicio en el Ejército Mexicano, toda vez que el Artículo 21 Constitucional establece que “la investigación de delitos corresponde, única y exclusivamente, al Ministerio Público y a las policías”.

José Rodríguez, general en retiro, exjefe del 27o. Batallón de Infantería, con sede en Iguala, se entregó ante sus superiores en el Campo Militar Número para enfrentar la acusación.

Sus abogados ya presentaron un amparo directo y apelación ante un juez en la Ciudad de México, “donde subraya que no intervino en los hechos delictivos de que lo imputan”.

Van contra Alejandro Encinas por la acusación hecha al  militar, quien afirma: “A partir de estos momentos y como consecuencia directa de los señalamientos incriminatorios realizados por una autoridad de alta investidura, la opinión de la sociedad se vio influenciada y prejuiciada en mi contra, y comencé a ser públicamente señalado como responsable de hechos delictivos en los que no tuve intervención”.


“Todo ello -dice el general- me priva de un debido proceso y me estigmatizan públicamente como un culpable, pues se me brinda un trato irregular en forma contraria a mi derecho humano de presunción de inocencia”.

Al parecer la única “prueba” que hay es la testimonial, que hizo uno de los inculpados, que pertenece a uno de los grupos criminales que participaron… Tiene más credibilidad un criminal que un general.

Desde su presentación, el informe del comisionado presidencial ha sido objeto de diferentes cuestionamientos, comenzando por los de los padres de los normalistas desaparecidos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes exigieron acceso directo a todas las pruebas, peritajes y capturas de pantalla incluidos en el informe.

Encinas niega que haya un uso político del informe que presentó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que concluyó que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” del sexenio anterior.

Encinas defendió la parte del informe, que da por muertos a los 43 estudiantes que desaparecieron en septiembre de 2014 y que derivó en el arresto de Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República, por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

Al tiempo que se da a conocer el referido informe, jueces de Tamaulipas han absuelto a 97 imputados relacionados con las investigaciones de la “Verdad histórica de Murillo”.

El ministro presidente de la SCJN explicó que los jueces han actuado con fundamento en la sentencia de un Tribunal colegiado, que concluyó que todas esas personas fueron torturadas y no se respeto su “debido proceso”.

Por otra parte, existen diversas conversaciones en las comunicaciones captadas por la Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) durante el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Cocula, Mezcala, Carrizalillo, Huitzuco y Tepecoacuilco, zonas de dominio y disputa entre los dos cárteles, mismas que fueron proporcionadas al gobierno mexicano para la indagatoria por la desaparición forzada de los normalistas de Murillo.

Entre las comunicaciones analizadas hay más elementos que permiten creer que sicarios de Guerreros Unidos creían que con los normalistas viajaban integrantes del grupo contrario. Entre otras grabaciones se incluye esta: Karen N, esposa de un miembro de Guerreros Unidos, El Pollo, mandó un texto que muestra la idea que se gestaba al interior de este cártel “…según dicen que ya ves que en los camiones estos guardan droga, que según un primo del cuchiloco (Cochiloco) y otros venían en los autobuses y que ai trian droga, y que ellos pensaron que se las iban a robar”… lo que coincide con una declaración, que obra en autos, de Gildardo N, ‘El Gil’, que era jefe de plaza en Iguala, quien dijo que Víctor N, ‘El Tilo’, fue quien le dijo a El Indio que “eran contras, venían armados y estaban peleando la plaza”.

 

QUE ALGUIEN NOS EXPLIQUE

Como dijera el comediante Eugenio Derbez: “QUE ALGUIEN ME EXPLIQUE”. La “Verdad histórica” ahora es mentira; los sicarios y delincuentes procesados ahora son absueltos; mandos militares son llevados a la cárcel por acusaciones de los delincuentes; los familiares de los 43 están inconformes con el nuevo informe, asaltan el cuartel militar de Iguala y pintarrajean la embajada de Israel con ofensas a ese país amigo, reclamando la extradición de Tomás Zerón, ¿acaso con ello se lograría justicia y verdad..?

Todo esto se da cuando el Presidente insiste en que el Ejército y la Guardia Nacional (militar) sean los responsables constitucionales de lograr la ansiada paz y el combate a la delincuencia organizada y desorganizada. Militarización con la consigna de “Abrazos y no balazos”.

Se pone a las Fuerzas Armadas a luchar contra la delincuencia, pero con las manos atadas, sin capacitación para la investigación vía Ministerio Público y sin poder hacer uso legítimo de la violencia. No vaya a ser que más mandos militares terminen en la cárcel en un futuro no lejano.

 

***Académico y consultor

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El PRI no es vand(Alito)

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Se vendió más rápido que el avión presidencial * Consumó la traición en San Lázaro, pero no pasará la iniciativa de la Guardia Nacional en el Senado * Los priístas de la Cámara Alta mantendrán la unidad con el PAN y con el PRD * Si tiene dignidad y por bien de México, Alejandro Moreno debe dar un paso al costado * Alito y la “alianza” son ‘peccata minuta’ frente a la creciente inseguridad

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

En analogía a la ley de Lavoisier: “El PRI ni se crea ni se destruye, solamente se transforma”.

Fundado por Plutarco Elías Calles el 4 de marzo de 1929 como Partido Nacional Revolucionario (PNR), renombrado por Lázaro Cárdenas como Partido de la Revolución Mexicana (PRM), convertido por Manuel Ávila Camacho a Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Escindido por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, primero como Corriente Democrática y después como PRD, que desembocó en Morena. La presidencia que logró tiene ADN priísta. En 2022 parece consolidarse el Primor.

Aunque las siglas del PRI seguirán en el escenario político-electoral, son muchos los que afirman que ya está aniquilado, o al menos, a punto de desaparecer, con motivo del papelazo que su actual dirigente nacional, Alejandro Moreno, está protagonizando en la “Alianza” PRI-PAN-PRD.

Ni la “Alianza” ni el PRI se acaban porque así lo dramatice Marko Cortés. El PRI seguirá vivo y valiendo, al menos la quinta parte del voto nacional. Como lo acaba de afirmar Vicente Fox: “El PRI es más grande que su actual dirigente”.

El 18% de voto duro que posee es casi indestructible. El arraigo añejo que tiene en sectores obreros, campesinos y populares es real y lo continuará siendo. Por ello, la alianza político-electoral podría renacer con diferentes dirigentes de los partidos, en diferentes momentos y circunstancias.

La “Alianza Va por México” no sobrevivirá porque sus dirigentes actuales lo deseen, lo hará por la convergencia que logre un candidato en el Edomex en 2023.

Para las elecciones presidenciales de 2024, la “Alianza” se dará eventualmente, en cualquier momento, incluso ya iniciado el proceso electoral, por una sola razón: porque surja un candidato carismático y excepcional que convenza no solo a los militantes de partidos, sino a la sociedad en general. Ocurrió con Fox Quesada en el 2000. Con AMLO en 2018, mucho del voto duro del PRI votó por Morena, al menos un 7%, ya que el candidato priísta apenas alcanzó el 13% de su partido.

En la mesa política nacional hay tres temas: Primero, la viabilidad de la Alianza “Va por México”; segundo, el pase de la Guardia Nacional a mando directo de la Sedena con reformas a cuatro leyes secundarias, y tercero, la reforma constitucional para prolongar la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028.

En la agenda parlamentaria se resolvieron dos temas. Lo relativo a la ruptura de la “alianza” se resolverá en 2023 o hasta 2024. Los tres temas van juntos, pero no revueltos, y habrá que analizarlos por cuerda separada.

El pase de la Guardia Nacional a mando directo de la Sedena con reformas a leyes secundarias, “consumatum-est”. Los legisladores de Morena y sus aliados aprobaron la polémica reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional a la Sedena. Morena consiguió que la reforma fuera aprobada en ambas Cámaras, con sus mayorías simples. Se reformaron cuatro leyes, solo falta su publicación y entrada en vigor. Sin embargo, defensores de derechos humanos y partidos de oposición han criticado esta iniciativa, ya que es contraria a lo que establece el Artículo 21 Constitucional. Por ello se anticipa que legisladores opositores presenten una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo que más preocupa a los adversarios de la 4T es la posibilidad de la ruptura de la “Alianza” (PRI-PAN-PRD), dado que el presidente del PRI violó y “traicionó” el acuerdo de “Moratoria de reforma constitucional”, al dar a conocer una iniciativa del PRI para reformar la Constitución y prolongar la presencia del Ejército en las calles para tareas de seguridad pública hasta 2028.Todos se preguntan qué le pudo haber dicho al oído el secretario de Gobernación a Alejandro Moreno, cuando el pasado 1 de septiembre acudió al Congreso a entregar el Informe de Gobierno.

“Haiga sido como haiga sido”, el mensaje y la estrategia de Adán Augusto parece haber sido muy eficaz y resulta ser una jugada maestra de uno de los tres presidenciables de AMLO, que le sumaría puntos a favor. Habría que preguntarse qué se le ofreció a Alito a cambio de impulsar esa iniciativa. Debemos recordar que el 31 de mayo de 2022, el presidente del CEN del PRI exhibió el audio de la llamada telefónica con Manuel Velasco, la cual, según se escucha en la llamada, fue para trasladarle una amenaza del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y del Presidente López Obrador. “Que si no jalabas se iban a ir con todo”, se escucha a decir al senador.

¿Cómo fue que Alito cambió su postura de un radical opositor a un “aliado” del Presidente de la República en el polémico tema de la “militarización”? El PRI no es “Alito”. ¿Habrá quién le crea al presidente del PRI cuando dice que NO le está haciendo el trabajo a Morena o al Gobierno, y que el PRI solo está trabajando por México..?

En relación a la propuesta priísta de prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028 tiene un fondo serio que debatir, que al final de cuentas se le dio un año más, hasta el 2029, ya aprobada en San Lázaro.

No se trata solo de “Alito” y la “Alianza”, se trata de resolver el grave problema nacional de la inseguridad. Se trata de una reforma constitucional que requiere mayorías calificadas de ambas Cámaras. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados, pero no pasará en el Senado.

En el hipotético caso de que se avale en la Cámara Alta, faltaría ver que gobernadores y Congresos estatales panistas o priístas la aprueben.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, afirmó: “…si hay miedo en el país, y por supuesto que sí lo hay, por supuesto que debe haber Guardia Nacional”.

Por su parte el gobernador de Guanajuato, también panista, ha solicitado mayor presencia de la Guardia Nacional y el Ejército para atacar los graves problemas de inseguridad que se viven en ese estado.
La necesidad de la presencia del Ejército en las calles para combatir la inseguridad ha estado presente al menos 20 años. En el gobierno de Vicente Fox, el secretario de Seguridad, Alejandro Gertz, y los gobernadores se apoyaron en el Ejército.

Con Calderón y Peña, a pesar del intento de fortalecer las policías federal y estatales, la participación de las Fuerzas Armadas fue grande y manifiesta, con la diferencia de que carecían de un marco legal y constitucional para desempeñar tareas de seguridad pública.

El fondo del asunto no es el debate sobre si se debe prolongar la intervención del Ejército en la seguridad pública. El debate útil debiera ser cuál es la estrategia seria para combatir la creciente y obvia inseguridad que priva en todo el país. Con un Ejército y Guardia Nacional cruzados de brazos porque la consigna es “Abrazos y no balazos”, nada se avanzará en materia de seguridad.

En el mediano plazo no habrá avances mientras no se planee y lleve a cabo la conformación de una Policía o Guardia Nacional capacitada para actuar coordinada y conjuntamente con las autoridades civiles, con el Ministerio Público y  con una policía investigadora capaz de respetar los derechos humanos, al tiempo que integre expedientes inteligentes y sustentados legalmente para la eficaz captura y encarcelamiento de los delincuentes.
El problema podría agravarse si ahora bajo el mando militar, desaparecen aproximadamente el 30% de policías que todavía conforman a la Guardia Nacional, muchos de los cuales habrían tenido una intensa capacitación de años.

El Presidente López Obrador ha insistido en que los gobiernos anteriores habían echado a perder a la policía y poco se podría hacer por ella, salvo desaparecerla. Especialistas en materia de seguridad advierten que de origen la Guardia Nacional tiene problemas importantes de cultura interna. “Los expolicías federales generalmente continúan identificándose a sí mismos como ‘policías’, en tensión con miembros de las Fuerzas Armadas, que solo se ven como militares”.

El militarismo no es propio de las democracias. Habría que adentrarse en las mejores prácticas internacionales de Guardias, Gendarmerías o Policías Nacionales, que son eficaces en el mundo, como la francesa, la española o la canadiense, para diseñar un plan a mediano y largo plazo, para que México combata con eficacia la inseguridad.

Las decisiones verticales, impositivas y sin sustento técnico y profesional corren el riesgo de caer en el autoritarismo, la improvisación y el fracaso. Ojalá ya no sea más el caso de nuestro país para que cesen o se aminoren la violencia, las masacres, los homicidios, los incendios, los colgados, los descuartizados, los ataques a las vías públicas, los cobros de derechos de piso, los secuestros, las extorsiones, los robos a particulares y a transportes de carga en carretera, entre otros.

México no se merece el creciente problema de inseguridad que vive a diario. Alito, la “Alianza” y la politiquería son “peccata minuta” al lado de uno de los grandes pendientes nacionales, la inseguridad.

 

***Académico y consultor

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Los amigos actores de AMLO a principales detractores de la 4T

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¿Dónde están los otros datos?, dice Arturo Herrera * El pasado 1 de septiembre de 2022, el primer titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa, afirmó: “El Presidente está dejando un cartucho de dinamita prendido”

 

MARKOFLOS***

 

En el gobierno de la Cuarta Transformación ha quedado de manifiesto que para ser funcionario del círculo cercano al Presidente Andrés Manuel López Obrador se debe tener 90% de honestidad y 10% de capacidad, pero el principal requisito para pertenecer al “gabinetazo” es ser abyecto, sumiso y adulador.

Salvo honrosas excepciones, nadie se atreve a decir al Presidente, con argumentos, cuáles son las mejores alternativas para México. Simplemente se reducen a acatar ciegamente los deseos del líder.

Como dijera el clásico ya conocido en el mundo de la policía: “¿Qué hora es..?”… “La que usted diga, Señor Presidente”.

Sin embargo, veremos cuántos de esos “leales” e incondicionales colaboradores niegan a su “Mesías” -como lo hiciera el apóstol Pedro con Jesucristo- a partir del tercer día en que deje el poder. Dentro de dos años, a partir del 3 de octubre de 2024.

Ser un detractor de algo o alguien significa que hay una oposición hacia una idea o una persona. Ante las ideas o las personas podemos manifestar, básicamente, dos posturas: en favor o en contra.

Si estamos en contra, esto significa que somos detractores, es decir, estamos en desacuerdo por algún motivo. […] . En el gobierno de la Cuarta Transformación, cada vez surgen más detractores contra el Presidente López Obrador… y no se trata de adversarios, neoliberales o conservadores per se, son personas cuya cercanía con AMLO ha sido mucha, personajes que lo habían acompañado a construir su proyecto político y que colaboraron en forma definitiva para lograr la Presidencia de la República.

Entre ellos se cuenta a quienes se consideran sus padrinos o tutores políticos: Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Destacan los dos primeros secretarios de Hacienda de su gobierno: Carlos Urzúa y Arturo Herrera, así como el lider del Senado, Ricardo Monreal, y Germán Martínez, entre otros.

 

CARLOS URZÚA

El pasado 1 de septiembre de 2022 el primer titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de AMLO, Carlos Urzúa, afirmó: “El Presidente está dejando un cartucho de dinamita prendido”.¨

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Urzua reveló que él fue uno de los pocos que se opuso a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, porque se trataba de un proyecto bueno para el futuro de México y por el costo económico que representaba echarlo para abajo.

Desde que presentó su renuncia, en mayo de 2019, a sólo siete meses del gobierno de la 4T, Carlos dio a conocer una carta, en la que acusó a la Administración del Presidente López Obrador de tomar decisiones de política pública sin sustento.

No olvidar que cuando AMLO era presidente electo, Urzúa vaticinó que no se acabarían los gasolinazos, una promesa de campaña que fue lanzada a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Su declaración fue una muestra de que la política económica implementada por Enrique Peña Nieto era buena y que se seguiría aplicando en la administración de la 4T… y el tiempo le ha dado la razón, pues los gasolinazos siguen y no se ve para cuándo bajen los precios.

 

ARTURO HERRERA

Con motivo del informe presidencial del pasado 1 de septiembre de 2022, quien fuera el segundo secretario de Hacienda de AMLO, Arturo Herrera, publicó un tuit que se hizo viral, en el que exhibió su taza de café con la leyenda “Nice story”… “Now show me the data”, en clara alusión a que la cifras de las finanzas publicas que dio a conocer Andrés Manuel en su Informe carecen de sustento o simplemente son falsas.

 

GERMÁN MARTÍNEZ

Germán Martínez renunció a la Dirección General del IMSS el 21 de mayo de 2019 por los “malos manejos” que atestiguó. Quien fuera aguerrido panista y uno de los más cercanos colaboradores de Felipe Calderón, fue presidente del PAN y secretario de la Función Pública. El senador, que en otros tiempos apoyara a AMLO, ahora ha decidido hacer duras críticas a su gobierno.

Martínez señaló en días pasados que la situación de violencia en México es terrible: “En las calles en México y en muchas zonas gobiernan los malandros, los levantones siguen, el secuestro sigue, los asesinatos siguen, los periodistas siguen derramando sangre en este país y eso son las manos manchadas de sangre de la 4T”.

Y agregó: “Yo quería un presidente, pero tenemos un locutor que derrama sangre en este país”.

 

PORFIRIO MUÑOZ LEDO

Porfirio Muñoz Ledo, como diputado presidente del Congreso, le puso la banda presidencial a AMLO. El experimentado político se convirtió en un duro crítico y acusa abiertamente a López Obrador de estar aliado con el narco.

Al respecto afirmó: “El Presidente de la República, en grave violación constitucional, pretende desaparecer la Guardia Nacional y entregar a las Fuerzas Armadas el control del aparato del Estado. De nuevo los militares en las calles junto al derrame indetenible de sangre ciudadana. Una guerra interna pactada por el gobierno con el crimen”.

Muñoz Ledo afirma de manera categórica que AMLO quiere ser el poder tras el trono. Político veterano de mil batallas, uno de los más reconocidos luchadores sociales, fundador del PRD e histórico opositor al régimen priísta, abanderó la causa de Andrés Manuel en su camino a la Presidencia de México.

 

CUAUHTÉMOC CÁRDENAS

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, excandidato presidencial y líder de izquierda, quien invitó a AMLO a salir del PRI e incorporarse al PRD, ha expresado que con el gobierno de López Obrador los rezagos persisten y la falta de propuestas para resolverlos mantiene al país igual que hace 40 años.

El fundador del PRD y tres veces candidato presidencial ha señalado: “Así estoy viendo al país, con muchos rezagos todavía y sin propuestas para cómo superar estos problemas de pobreza, inseguridad, escaso crecimiento económico, deterioro ambiental, cuestiones sobre género. No veo iniciativas de quienes tendrían la obligación de presentarlas”.

“Sí vemos la violencia, está presente en todo el país, tenemos un alto índice de desempleo, no hemos logrado recuperar incluso el empleo perdido por la pandemia, (hay) un sistema educativo con deficiencias, esto es lo que tenemos en estos años (de gobierno)”, agregó el líder moral del PRD.

 

MARIO DI COSTANZO

Otro personaje cercano a AMLO fue su amigo Mario Di Costanzo, su gran asesor en finanzas y que seguramente hubiera estado en el gabinete de la 4T, pero trabajar en el sexenio de Enrique Peña Nieto como presidente de la Condusef fue una ofensa y le costó que el hoy Presidente le retirara su amistad.

Di Costanzo, expresidente de la Condusef, tras el IV Informe de Gobierno de López Obrador, indicó en Twitter que “lo que dijo (AMLO) es mentira; y de lo que está mal en el país mejor no hablo”.

 

DISTRACTORES MAÑANEROS ‘ACABAN’ CON DETRACTORES

Con todo y las críticas de sus detractores “VIP”, y la falta de resultados de su gobierno, el Presidente AMLO mantiene una aprobación de 62%. Es indudable el éxito de su estrategia de comunicación y su habilidad para, cada día, fijar la agenda nacional y crear distractores que alejan a la ciudadanía de los problemas nacionales.

Quizá la “revolución de las conciencias” no permite al “pueblo” cuestionar los pésimos resultados de la 4T en materia de seguridad, salud, educación, pobreza y crecimiento económico.

México requiere un Jefe de Estado que piense en las siguientes generaciones y no solo en las próximas elecciones. Ciento treinta millones de mexicanos tendrán que esperar mejor suerte para otro sexenio.

 

***Académico y consultor.

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