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PULPO POLÍTICO

Al carajo una Fiscalía autónoma

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Su prioridad son las venganzas políticas y personales * Queda claro que el fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad y el combate a la impunidad no está en la agenda de la Cuarta Transformación * Con la 4T, regresión del Sistema Nacional de Justicia Penal

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Estamos siendo testigos de la destrucción del Nuevo Sistema Penal Acusatorio (NSPA) aprobado en 2008, que en 2016 -primer plazo- y hasta 2018 se estaba implementando.

El NSPA tiene avances que no se deben eliminar a priori. Avanzar en seguridad, impunidad y Estado de Derecho requiere una profunda reforma de procuración y administración de justicia.

No nos podemos dar el lujo de destruir lo edificado, las consecuencias serán catastróficas. Atrás quedó la ilusión de tener una Fiscalía autónoma y el rescate del NSPA.

En enero de 2019, Alejandro Gertz Manero fue nombrado primer fiscal General de la República. En la nueva legislación, el fiscal es quien preside al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares, que son la Agencia de Investigación Criminal, las Fiscalías Especializadas, la Policía Investigadora y los peritos.

En materia de impunidad y justicia penal, la Cuarta Transformación no sólo quedará a deber a millones de mexicanos la expectativa de avanzar y mejorar, sino que, al parecer, tendremos saldo negativo y de regresión del Sistema Nacional de Justicia Penal.

Los acontecimientos que se han dado en este gobierno así lo demuestran. Los casos más relevantes que ha operado la FGR se caracterizan por tratarse de burdas “venganzas políticas”, personales, institucionales o incluso presidenciales.

El más reciente, el de Alejandra Cuevas Morán y Laura Morán, sobrina y cuñada del fiscal Gertz Manero, a quienes el Abogado de la Nación metió a la cárcel por delitos inexistentes y anteponiendo su interés personal y abuso de autoridad por encima de la ley.

Inédito que el fiscal General de la República y la fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy Ramos, violen garantías fundamentales como la procesal, que significa asegurarse, mediante las pruebas necesarias, que un sujeto ha cometido un delito, que hagan a un lado la plena seguridad o garantía de tipificación absoluta, por la cual una persona podrá ser sujeto a un proceso penal, únicamente, si el hecho que se imputa es considerado como un delito dentro de nuestra legislación penal.

 

VENGANZAS POLÍTICAS

Otros célebres casos de venganzas políticas y uso faccioso de la justicia penal son: El de Emilio Lozoya, el de Rosario Robles, el de Francisco García Cabeza de Vaca y el de Ricardo Anaya, por mencionar los más relevantes.

La forma en que se han operado estos casos significan una regresión, respecto a tres aspectos fundamentales: Vulneran el debido proceso, atentan contra el principio de presunción de inocencia y admiten la presentación de pruebas ilícitas.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del pasado 28 de marzo de 2022, por la que otorgó libertad inmediata a Alejandra Cuevas Morán y la cancelación a la orden de aprehensión contra Laura Morán, quienes fueron acusadas de “homicidio por omisión” de Federico Gertz Manero, hermano del actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), demuestra la “fabricación” de delitos y la utilización facciosa de la Fiscalía para asuntos privados y familiares, nada menos que por el primer fiscal General de la República, en los mismos términos que acusó Julio Scherer a Gertz Manero.

Otro asunto muy polémico, pero que ahora cobra especial relevancia es el de Rosario Robles, que el fiscal Gertz Manero operó como una venganza política, ya que “la FGR, con la ayuda del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, enemiga pública de Rosario Robles, judicializaron un expediente sin haber confirmado un delito, como lo afirmó en un documento escrito Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles.

Agrega que “su madre enfrenta un proceso violatorio a sus derechos humanos, a preceptos importantes como la presunción de inocencia, el principio pro persona, el debido proceso y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Robles se encuentra privada de su libertad desde hace dos años y meses, rebasando los plazos que establece el Código Federal de Procesos Penales, en caso prisión preventiva como medida cautelar, toda vez que se le aplicó por utilizar una licencia “falsa”, que en su momento sus abogados comprobaron le “fabricaron”.

Emblemático de la 4T y la FGR es el caso de Emilio Lozoya Austin, operado en forma escandalosa y con clara “consigna política”. Desde el principio, con su pretendido estatus de “testigo colaborador”, estuvo lleno de privilegios, contradicciones e intereses políticos.

Tuvo que darse una especie de indignación nacional al ver a Lozoya cenando pato pekinés, que todo indica fue la gota que derramó la paciencia del Presidente AMLO y provocó la presión a la FGR.

Fue hasta el miércoles 3 de noviembre de 2021 que la FGR solicitó la prisión preventiva oficiosa contra Lozoya Austin, pero podría haberlo hecho desde que el sujeto fue extraditado de España en julio de 2020.

Los elementos ahí estaban: se había fugado de México, negó facilitar la extradición y tenía cuentas en el extranjero, además de múltiples domicilios.

En la audiencia inicial de 2021, el juez Artemio Zúñiga Mendoza se extrañó que la FGR no solicitara la prisión preventiva contra el exfuncionario, pues existían los elementos suficientes para argumentar riesgo de fuga. “Y yo no puedo poner una medida más grave que la que me piden los fiscales”, dijo el juzgador en aquella ocasión.

Otro proceso penal mediático, considerado faccioso y con sesgo político es el del ex candidato presidencial Ricardo Anaya, vinculado con Emilio Lozoya Austin, quien acusó que altos funcionarios de Odebrecht sobornaron a legisladores de oposición -entre ellos Anaya- para que votaran en favor de la reforma energética que impulsó en su momento el entonces presidente Enrique Peña Nieto, situación que finalmente no pudo sustentar Lozoya.

La FGR aseguró que, “según consta en diligencias ministeriales”, el jefe de escoltas del propio Emilio Lozoya, Norberto Gallardo Vargas, le entregó a Anaya los 6.8 millones de pesos en las instalaciones de la Cámara de Diputados en el año 2014.

En la actualidad existe, virtualmente, orden de aprehensión contra Ricardo Anaya.

El caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, también fue considerado por analistas y abogados como una burda “venganza política” operada por Gertz Manero.

El mandatario estatal fue acusado por la FGR de haber incurrido en el delito de defraudación fiscal por un monto de 6.5 millones de pesos, por lo cual el Ministerio Público Federal solicitó su desafuero al Congreso de la Unión, en abril de 2020.
En diciembre de ese año, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno de Circuito rechazó el recurso de revisión que interpuso la Fiscalía General de la República (FGR) para apelar el fallo de un juez federal, que amparó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra la orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que la presentó de manera extemporánea.

García Cabeza de Vaca obtuvo el amparo relacionado con el proceso mediante el cual el mandatario estatal ya había obtenido una suspensión provisional, y luego definitiva, que le impide que se ejecute en contra la orden de captura solicitada por la FGR, la cual no podrá realizarse hasta en tanto resuelva la inmunidad.

A principio de este gobierno hubo la expectativa de que habría reformas al NSPA, que permitirían sus avances y mejoras. Sin embargo, un fiscal general dependiente y sumiso al Ejecutivo, ocupado en asuntos personales y familiares, no tiene la credibilidad ni la capacidad para impulsar reforma alguna.

La mejora de la administración y procuración de justicia, que fortalezca nuestro demeritado “Estado de Derecho” tendrá que esperar para otro gobierno.

En este gobierno la subordinación de la FGR al Presidente de la República le garantiza que permanecerá en el cargo hasta el final de sexenio, pase lo que pase.

Propuestas serias para mejorar el NSPA hay muchas, de las que sólo enunciamos dos, que  son la “clave”: Primero, la renovación del Ministerio Público -apoyado de la Policía Investigadora eficaz- que por su naturaleza y función es el que da solidez a un procedimiento penal justo y garantista, y, segundo, la creación de un nuevo y único Código Penal Nacional.

Queda claro que el fortalecimiento del Estado de Derecho, la seguridad y el combate a la impunidad no está en la agenda de la Cuarta Transformación.

Por ahora sólo nos queda observar hasta dónde se destruirán los logros y avances que después de 14 años se habían logrado con el NSPA.

Quizá, en algunos años, surja la urgencia y necesidad de atender una de las demandas más sentidas de 130 millones de mexicanos, contar con un Sistema de Justicia Penal eficiente y garantista.

 

***Maestro y académico.

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Corrupción e impunidad, asignaturas pendientes

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Hoy los escándalos del sexenio de Peña Nieto son “pecatta minuta” si se comparan con algunos casos relevantes del gobierno de la 4T * Un clamor ciudadano: Que a partir de los informes de la cuenta pública se proceda -con procedimientos concretos y soportados jurídicamente- a procesar a funcionarios que cometieron infracciones y corruptelas

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

A siete meses y medio de que finalice el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se evidencian retrocesos en importantes rubros.

México, reprobado a nivel internacional en dos importantes temas del desarrollo nacional: el combate a la corrupción y la educación.

Transparencia Internacional y PISA no son adversarios ni neoliberales, son los organismos internacionales reconocidos en toda la comunidad internacional, incluidos China, Rusia, Cuba y Venezuela.

Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana presentaron la edición 2022 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Este instrumento registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los países evaluados.

México se ubica en la posición 126 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional. Entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupó la última posición.

En el llamado G20, el grupo que incluye a las principales economías del planeta, México y Rusia ocuparon los últimos lugares.

En Latinoamérica también quedamos en los últimos lugares y nos superan, por mucho, Uruguay (puesto 14), Chile (lugar 27), Brasil, Argentina y Colombia.

México obtuvo la misma calificación que El Salvador, Kenia y Bolivia.

Los países mejor evaluados en 2022 fueron Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur y Suecia.

Los países peor evaluados fueron Siria, Sudán del Sur y Somalia.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que “ya se acabó la corrupción” y que en su gobierno “las escaleras de la corrupción se barren de arriba hacia abajo”.

Todos recordamos que logró alcanzar la primera magistratura del país gracias a su discurso de que combatiría la corrupción.

Supo capitalizar los escándalos de corrupción de gobernadores del sexenio anterior, de los que el propio Enrique Peña Nieto metió a la cárcel a cinco.

Asimismo, el gran escándalo que fue la “Casa Blanca”, que tenía un valor de 50 millones de pesos, cuya adquisición, habría sido financiada por un contratista del gobierno.

Hoy los escándalos del sexenio de EPN parecen ser “pecatta minuta” si los comparamos con algunos de los casos más relevantes del gobierno de la 4T.

El de Segalmex, cuyo saqueo ronda los 15 mil millones de pesos.

El más reciente escándalo de corrupción de este gobierno es el caso del hijo mayor del Presidente López Obrador, que se dio a conocer en un reportaje de Latinus.

Resulta que “Amílcar Olán, amigo de la infancia de Andrés López Beltrán, ganó contratos por 300 millones de pesos para abastecer medicinas en el gobierno de Quintana Roo, quien también resultó ser proveedor VIP de la construcción del Tren Maya y que también está metido en la construcción de la refinería Dos Bocas“, lo cual representa miles de millones de pesos en contratos.

Ya había un antecedente, desde hace dos años. Se hizo público y se comprobó que la empresa donde trabajaba el casero de José Ramón López Beltrán en Houston, el dueño de la ‘Casa Gris’, recibió contratos de la filial de Pemex en Estados Unidos por 150 millones de pesos”.

Otros grandes casos de corrupción, que la propia Fiscalía General de la República ha denunciado y perseguido como Odebrecht, Estafa Maestra, o Agronitrogenados en Pemex, no han sido sancionados ni han resultado en llevar a los responsables a juicio.

Todos los escándalos de los cercanos al Presidente AMLO parecen apagarse y no tener efectos que demeriten su popularidad. Todo lo contrario a lo que ocurrió con la “Casa Blanca” en el sexenio pasado.

Entre los factores que considera Transparencia Internacional para sus evaluaciones están la rendición de cuentas y la transparencia en los procesos de licitaciones. En estos rubros estamos reprobados como país, ya que el 70% de los contratos se ha adjudicado de manera directa. La opacidad y el dispendio de recursos ha sido evidente en los proyectos y obras más emblemáticas: Refinería Dos Bocas, Tren Maya, AIFA y la recién abierta “Megafarmacia”.

Todos han rebasado por cientos o miles de millones de pesos sus presupuestos originales… y lo más grave es que son ineficientes “elefantes blancos”.

En el combate a la corrupción hubo retrocesos. Al parecer se intentó destruir el Sistema Nacional Anticorrupción, sin haberlo puesto en marcha y sin propuestas para su mejora. La reforma de 2015 dio paso a la creación del SNA que representó un amplio propósito para contar con un andamiaje jurídico fuerte, sin embargo, se ha quedado pendiente su implementación y consolidación.

Si la intención hubiera sido combatir la corrupción se debía haber fortalecido el SNA. En el Artículo 113 Constitucional se estableció el SNA, una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales, encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y delitos de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos.

Para fortalecer el SNA se deberá priorizar la Tecnología a través de la Plataforma Nacional Digital, que cuente con una base de datos confiable completa y eficiente que permita avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos, incluido el financiamiento a partidos políticos y sus proveedores; modernizar las contralorías municipales y estatales.

Otras tareas necesarias son: fortalecer la nueva Fiscalía Anticorrupción perteneciente a la FGR y dotarla de plena autonomía. Esta Fiscalía es la responsable de investigar y sancionar los delitos penales relacionados con hechos de corrupción; reestructurar los Orgános Internos de Control para que dejen de ser elefantes blancos y costosos. Que sean más un área de evaluación, prevención y apoyo para mejorar la planeación, organización y dirección de la Administración Pública Federal; ampliar atribuciones y autonomía de la Auditoría Superior de la Federación, para que no se deje intimidar por el titular del Poder Ejecutivo, como ocurrió en el actual gobierno.

Que a partir de los informes de la cuenta pública se proceda con procedimientos concretos y soportados jurídicamente, para que se procese a funcionarios que cometieron infracciones y corruptelas.

Que se dejen de publicitar cifras de miles de millones de pesos de recursos públicos presuntamente faltantes, pero que nunca se investigan a fondo y solo quedan en escandalosas declaraciones que el público en general no comprende y confunde.

Mejor precisar los casos jurídicamente sustentados contra funcionarios públicos corruptos para garantizar que se castigue a los infractores.

Si el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador no logró cumplir con su principal promesa de campaña: “Extirpar el peor cáncer del país. La corrupción”, solo nos queda esperar que el nuevo gobierno que entrará en funciones el 1 de octubre de 2024, ponga en su agenda de trabajo como una prioridad nacional el “combate a la corrupción”.

Para ello deberá abocarse a fortalecer y consolidar el andamiaje jurídico “anticorrupción” para impulsar la plena autonomía, independencia y absoluto apego a la legalidad de las instituciones que lo conforman.

Una primera condición, indubitablemente, será fortalecer al Poder Judicial Federal y no tratar de vulnerarlo y acotarlo como ha ocurrido en el presente gobierno.

Consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción; modernizar a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, a la Fiscalía Anticorrupción y a los organismos constitucionales autónomos.

Si queremos ser mejor calificados por los organismos internacionales y no estar en los últimos lugares de la OCDE, deberemos corregir las omisiones y errores cometidos en este gobierno.

La corrupción solo puede sancionarse cuando funcione y se mejore el Sistema Nacional Anticorrupción, que dé certeza y seguridad jurídica en el combate a la corrupción.

La impunidad y la corrupción no se combaten con retórica, ni con dichos, ni con señalamientos sin fundamento. Es con voluntad política para aplicar las leyes y con apoyo a los organismos autónomos y entidades, diseñados para coordinarse en la materia y actuar en consecuencia.

 

***Académico y consultor.

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Lo bueno, lo malo y lo feo de Salomón Chertorivski Woldenberg

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El aspirante a gobernar la CDMX con más sólida preparación * El candidato de Movimiento Ciudadano fue quien logró consolidar en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa el Seguro Popular, tan criticado por la Cuarta Transformación y borrado del mapa

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Salomón Chertorivski, “Cherto”, como le llaman en los barrios urbanos de la Ciudad de México, es uno de los tres candidatos que pretende ser jefe de Gobierno de la capital del país a partir de 2024.

De los tres abanderados, Clara Brugada (Morena), Santiago Taboada (FAM) y Chertorivski (Movimiento Ciudadano), este último es el que tiene una más amplia experiencia en la administración pública. Fue subsecretario con el PAN y dirigió niveles intermedios.

Como dato curioso, inició con Lázaro Cárdenas Batel como miembro de su gabinete en Michoacán (PRD).

Trabajó en los gabinetes de Felipe Calderón y de Miguel Mancera en la CDMX (PRD).

También es el que tiene una más sólida preparación, ITAM y Harvard. Es, por su trayectoria, quizá el más completo de los tres y el más preparado para gobernar la capital del país, sin embargo, en las encuestas no ha despegado, sus oponentes le aventajan con al menos 25 y 35 puntos porcentuales.

El reto es que sea conocido y que tenga tiempo de remontar. No debería descartar pedir el apoyo de Mariana, la de Monterrey, para al menos poner en práctica sus técnicas de penetración en redes y otros mensajes que le sirvan para para darse a conocer rápidamente.

Aunque está realizando actividades populares como visitar mercados, tianguis y colonias populares., requiere dar golpes mediáticos fuertes.

Hace unos días se ufanó de publicar un tuit en el que señalaba la “hazaña” de haberse subido al Metro. Escribió: “Nos subimos al @MetroCDMX a escuchar y platicar con las chilangas y chilangos; ahí donde la vieja política no se atreve a subirse. Así, en cada vagón, en cada estación, vamos a construir un proyecto ganador y de futuro. ¡Nos vemos abajo del reloj!”.

En esta su revista política IMPACTO, hemos publicado el perfil de Clara Brugada y de Santiago Taboada. Esta vez presentamos, en el formato acostumbrado, “Lo bueno, lo malo y lo feo de Salomón Chertorivsky Woldenberg”, con el fin de que nuestros lectores conozcan la trayectoria de quienes pretenden gobernarlos.

 

TRAYECTORIA

Chertorivski Woldenberg cumplirá 50 años en 2024, dos meses después de la elección de jefe de Gobierno de la CDMX.

Tiene formación profesional en dos de las más prestigiadas universidades nacional e internacional.

Es licenciado y maestro en Economía por el ITAM y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard.

Su experiencia política es muy amplia, plural y diversa.

De 2001 a 2006 fue coordinador de Gabinete Social en Michoacán con el gobernador Lázaro Cárdenas Batel (PRD).

De 2006 a 2009 fue director general de Diconsa, en el gobierno de Felipe Calderón (PAN); comisionado nacional del Sistema de Protección Social en Salud, de 2009 a 2011; secretario de Salud, de 2011 a 2012.

También fue secretario de Desarrollo Económico de la CDMX con Miguel Ángel Mancera (PRD), de 2012 a 2017; diputado plurinominal por la 4a. Circunscripción CDMX por MC, desde 2021.

 

LO BUENO

Aunque el Presidente López Obrador fue quien llevó a cabo los aumentos más grandes del salario mínimo, desde 2014 Miguel Ángel Mancera presentó una propuesta para aumentar el salario mínimo con una iniciativa que pareció producto elaborado por Salomón Chertorivski, cuando éste era secretario de Desarrollo Económico de la CDMX.

La iniciativa proponía incrementar de 67.29 a 80 pesos y un año después pueda ser de entre 87 y 100 pesos diarios. Sin embargo, la propuesta no fue aprobada sino hasta 2016 por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con un aumento a 80.04 pesos.

Chertorivski fue quien logró consolidar el Seguro Popular, tan criticado por la 4T y borrado del mapa.

Cuando fue comisionado nacional de Protección Social en Salud en 2009, logró la afiliación de un millón de mexicanos al mes para conseguir la cobertura universal al Seguro Popular.

Ya como secretario de Salud con Calderón amplió la cobertura al cáncer. También firmó convenios para otorgar el Seguro Popular a los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

En 2019 impulsó la organización Pensando en México, cuya misión es abrir un espacio a la diversidad de voces en México para diseñar y discutir propuestas de políticas públicas. Este consejo está integrado por académicos, científicos, políticos y diversos personajes de la vida pública mexicana, entre los que destacan Dante Delgado, Rafael Pérez Gay y Jacqueline Peschard, entre otros.

 

LO MALO

Ha denostado a toda la oposición. Del PRI dice que ni a la esquina con ellos y habla mal del PAN por participar en el Frente Amplio por México.

Sin embargo, ha reconocido el trabajo de exsecretarios de Salud priístas y panistas.

En plena pandemia logró juntar a los más destacados: Julio Frenk Mora, Mercedes Juan López, José Ángel Córdova Villalobos, Guillermo Soberón Acevedo y José Narro Robles, quienes manifestaron su oposición a la extinción del Seguro Popular, al considerar, entre otras cosas, que dicho programa permitía un acceso universal a los servicios de salud y que su eliminación constituía un retroceso de 40 años para el sistema de salud público en México.

Las expresiones de condena a partidos que realizaron mejores gestiones que la actual parecen muy radicales e incongruentes, además, no abonan en su favor ni con sus seguidores ni con sus potenciales simpatizantes.

La estrategia de pretender borrar al PRI, PAN y PRD de la escena política nacional -al parecer ideada por Dante Delgado para Samuel García- quizá sí le correspondía a un joven imberbe (Samuel), quien no conoce la historia política moderna de México, pero no es el caso de Salomón Chertorivski.

Como resultado de la convocatoria a los exsecretarios de Salud se presentó un documento titulado “La gestión de la pandemia en México, análisis preliminar y recomendaciones urgentes”, en donde se hacía un análisis de la gestión gubernamental del Covid-19 en México y una serie de recomendaciones para contener la pandemia.

 

LO FEO

Lo malo para la candidatura de Chertorivski, por Movimiento Ciudadano, es que siendo el candidato que tiene la mejor trayectoria, se encuentre en el sótano de las encuestas.

Si bien Dante Delgado es quien dicta las reglas y líneas políticas de ese partido, en la campaña de la entidad más importante del país se requiere no hacer caso a algunas consignas del senador y mejor ser más creativos y originales para atraer la simpatía de los capitalinos.

Movimiento Ciudadano se encuentra en una encrucijada, no tiene candidato a la Presidencia de la República. Es sabido que un buen candidato a la Presidencia jala las candidaturas de gobernadores y puestos de elección popular en favor de su partido, como sucedió con Vicente Fox y con López Obrador desde su campaña y durante toda su gestión.

La sola figura de AMLO jala el voto en favor de los candidatos de Morena. Aparentemente Samuel García prometía crecer y hacer crecer a los candidatos de MC. Ahora habrá que esperar si el nuevo candidato a la Presidencia de MC logra ser factor para la elección del nuevo jefe de Gobierno de la CDMX en favor de Salomón Chertorivski.

Estamos a cinco meses de saber si la ciudadanía optará por la continuidad de la izquierda representada por Morena o si preferirá a uno de los dos candidatos opositores.

Parece que sí hay tiempo de convencer para vencer. Veremos si a partir de enero de 2024, que ya está a la vuelta de la esquina, las estrategias son adecuadas y eficientes en el caso del candidato de Movimiento Ciudadano.

 

***Académico y consultor.

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Los anzuelos electorales

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El Presidente muestra su habilidad para ganar la simpatía del pueblo * Las pensiones al 100%, un Poder Judicial “democrático” y aumentos altos y permanentes de salarios, toda una estrategia “mañanera” para hablar de febrero a mayo con el fin de convencer a millones de mexicanos y lograr el ansiado “carro completo”

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

No hay duda que el Presidente Andrés Manuel López Obrador es un experto “ingeniero” electoral, con probadas habilidades políticas para ganar la simpatía del “pueblo”… y con ello su voto en todo tipo de elecciones.

Su cálculo de los tiempos políticos y del manejo de los temas de mayor interés de los electores son altamente eficientes en términos de retribución de preferencias en su favor y de su proyecto político. No solo ha logrado una amplia clientela política a través de los programas sociales al tener como beneficiarios a aproximadamente 22 millones de potenciales electores.

Ahora, como buen aficionado al beis-ball, nos sorprende con una jugada que de tener éxito podría lograr el triple play.

Primero, propondrá y ya promueve ofertas que ningún ciudadano, en su sano juicio, podría rechazar: Pensiones al 100%, Poder Judicial “democrático” y aumentos altos y permanentes de salarios; segundo, con sus propuestas legislativas, se mete en medio de las campañas presidenciales, legislativas y locales para llevar agua (votos) a los candidatos de su partido, y tercero, podría provocar una inercia de voto de “carro completo”, lo que se podría traducir en lograr la anhelada mayoría calificada para modificar la Constitución Política a su antojo.

Dada la ya obsoleta legislación electoral, que prohíbe a los funcionarios gubernamentales, especialmente al Presidente de la República, promocionar el voto para su partido, las reformas que presentará el Ejecutivo federal en las siguientes semanas son una acertada estrategia para darle la vuelta a la ley y promover el voto en favor de Morena de aquí al 2 de junio, día de las más grandes elecciones en la historia del país.

López Obrador presentará sus “atractivas” iniciativas de reformas a la ley el próximo lunes 5 de febrero de 2024, fecha en que se conmemora el Día de la Constitución Política en México, por lo que podrá empatar la promoción de sus iniciativas con las campañas electorales. Así las promoverá del 5 de febrero hasta el 30 de mayo. Buscará, a través de sus “Mañaneras”, convencer a millones de mexicanos que tales reformas que los beneficiarían, solo podrían llevarse a cabo modificando la Constitución Política, con la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores de ambas Cámaras, la de Diputados y la de Senadores, que conforman el Congreso de la Unión, más la mayoría de los Congresos locales del país.

Esto es lo que se conoce como la mayoría calificada, que se alcanzaría con el partido que tenga 334 votos en la Cámara de Diputados y 85 en la Cámara de Senadores. Por ello, si no logra la mayoría calificada su partido, las reformas solo se aprobarían con la participación de la oposición, lo cual es prácticamente imposible.

De no aprobar sus reformas, López Obrador tendrá el pretexto ideal y tendrá a quién echar la culpa de que sus iniciativas se frenaron para no beneficiar a millones de mexicanos.

Son cinco las principales reformas constitucionales que propondrá el titular del Ejecutivo Federal: Pensiones, Judicial, Salarial, Bienestar y Electoral.

 

REFORMA DE PENSIONES

ANZUELO.- La iniciativa pretende modificar el actual sistema de pensiones para que los trabajadores reciban el 100% de su sueldo al jubilarse.

La propuesta incluye a los trabajadores que se encuentren afiliados al IMSS y al ISSSTE.

El Primer Mandatario reitera que: el asunto será central para quien lo suceda tras las elecciones del 2 de junio de 2024.

“Esto va a pegar fuerte a partir del sexenio próximo”, enfatiza.

REALIDAD.- Todos los especialistas y analistas financieros coinciden en que es una propuesta sin viabilidad financiera y está fuera de lugar.

No hay país en el mundo que otorgue a sus jubilados el 100% de su salario como pensión. Las aportaciones de trabajadores, patrones y gobierno para el ahorro para el retiro no alcanzan; cualquier proyección o corrida financiera no da los números, equivaldría a llevar a la quiebra las finanzas públicas del país.

No tiene sustento que se ofrezca incrementar la aportación del gobierno, que actualmente es del 0.225 por ciento del salario de cotización del trabajador. AMLO sabe que su propuesta no es viable, pero la usará electoralmente para al final decir que la oposición es la culpable de que este “beneficio” no se lleve a cabo.

Hay que recordar que desde 1997 los fondos de pensiones pasaron a las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro) que a octubre de 2023 gestionaban unos 5.4 billones de pesos (casi 320,000 millones de dólares), alrededor de un 20% del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del regulador Consar.

Amafore, la asociación que agrupa a las Afores, entre ellas Citibanamex Afore, Afore SURA y Afore XXI Banorte, no se ha pronunciado al respecto.

 

REFORMA AL PODER JUDICIAL

ANZUELO.- Se ofrece “democratizar y limpiar” el Poder Judicial y con ello mejorar la justicia. Se propone que los jueces, magistrados y ministros sean electos mediante el voto popular.

REALIDAD.- Se aniquilaría el equilibrio y división de Poderes, base de nuestro sistema democrático constitucional, pasaría a ser un apéndice del Poder Ejecutivo.

Se perdería el perfil técnico, experiencia y capacidad que debe tener un especialista en impartición de justicia y lejos de abatir los casos de corrupción se incrementarían, por el conflicto de interés que pueden representar los patrocinadores de una campaña “política” llamense partidos, empresarios o grupos de la delincuencia que podrían intervenir en esos procesos.

 

REFORMA DEL BIENESTAR

ANZUELO.- Se propone que al programa de apoyo a los adultos mayores se le reduzca la edad mínima, de 65 años a 60 años, y que quede establecido a nivel constitucional para que, sin importar el partido político que esté al frente del Poder Ejecutivo, no pueda quitarse el beneficio para adultos mayores.

REALIDAD.- No tiene viabilidad financiera. Si actualmente ya no alcanzan los recursos para pagar ese programa social, un cambio de universo de beneficiarios mucho mayor resulta imposible cubrirlo.

 

REFORMA AL SALARIO MÍNIMO

ANZUELO.- Se propone establecer que el aumento anual al salario mínimo sea mayor al de la inflación, para que los trabajadores no cobren por debajo del incremento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios.

A partir del 01 de enero de 2024, el sueldo mínimo mensual en México es de 7,468 pesos, luego de que en diciembre pasado se aprobó el aumento del 20% al salario mínimo, lo que significó el sexto incremento durante la administración de AMLO.

REALIDAD.- Si bien los aumentos en este sexenio se aprecian como un acierto, se debe al rezago que existía en los últimos años.

La iniciativa más relevante al respecto la presentaron Miguel Angel Mancera y Salomon Chertorivsky, con un estudio econometrico que sostenía los porcentajes adecuados y graduales de incrementos que deberían aplicarse al salario mínimo.

Sin embargo, los aumentos aplicados en este sexenio, con sentido populista y arbitrario, han sido altos, pero aún así ya fueron rebasados por la inflación, por lo que el poder adquisitivo de los trabajadores en la canasta básica ya se quedó abajo.

En el mediano y largo plazos la espiral inflacionaria con grandes aumentos al salario produce más altos incrementos de inflación en productos básicos y servicios.

 

REFORMA ELECTORAL

ANZUELO.- La Reforma Electoral, mejor conocido como el Plan B, es el último intento de AMLO de venderla a millones de mexicanos, una reforma engañosa con el argumento de tener un aparato electoral más barato y menos dinero para los partidos políticos, así como consejeros electorales electos democráticamente por el “pueblo”.

Sin embargo, en los intentos anteriores cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles para oponerse a que el gobierno controle el padrón electoral y las credenciales INE… y lo peor: Que sea el gobierno (y no los ciudadanos) el que cuente los votos. Es volver al pasado, a los tiempos del PRI superpoderoso, 70 años en el poder y todo gracias a que el gobierno realizaba las elecciones y contaba los sufragios. Tras la famosa “caída del sistema”, el hecho que molesta a Manuel Bartlett, fue que nació el IFE, hoy INE, autónomo para sacar al gobierno del proceso electoral.

AMLO falló en su intento de vulnerar y controlar al INE, pues quería alinearlo al Poder Ejecutivo.

REALIDAD.- Fue la reforma electoral, versiones “A” y “B”, lo que ocasionó la unión de la oposición en el Congreso para rechazarla y también fue la motivación de cientos de miles de personas que salieron a las calles a defender la democracia, su sistema político electoral y al INE porque garantizan tener elecciones libres, creíbles y transparentes.

Dos históricas y gigantescas marchas, la del 13 de noviembre de 2022 y la del 26 de febrero de 2023, dejaron en claro la voluntad de continuar por el sendero de la democracia y la libertad.

 

ESTRATEGIA ELECTORAL

El pasado jueves 18 de enero, el Presidente Andrés Manuel anunció en su Mañanera que también propondrá la desaparición de los organismos constitucionales autónomos, como el IFT, Cofece, CRE, INAI, ya que -según él- son inventos de los gobiernos neoliberales para apoyar iniciativas empresariales conservadoras.

No aclaró el Ejecutivo federal si en su propuesta están incluidos otros organismos autónomos como Banxico, INEGI, CNDH, Coneval.

Imagínese los retrocesos que tendría México en manejo autónomo de la economía nacional, telecomunicaciones, transparencia, rendición de cuentas, competencia económica, información confiable de la marcha del país, derechos humanos, evaluación de programas sociales.

Sin embargo, como lo señalamos al principio de este artículo, se trata más bien de una bien planeada estrategia electoral para vender a los electores unos espejismos de beneficios y bienestar para posteriormente culpar a la oposición de no lograrlos.

Independientemente de quién resulte la nueva presidenta o presidente de México, en junio de 2024, pretender el “carro completo”, y con ello tales modificaciones a nuestra Carta Magna, resulta ser una gran amenaza a nuestro régimen democrático constitucional, a la división de Poderes y a nuestros avances en materia económica, política y social que han costado años para lograrlos.

El ojo de los electores deberá atender a quién nos garantiza democracia, libertad, seguridad, educación de calidad, salud y crecimiento económico para mejores condiciones de vida. Todos a salir a votar el 2 de junio y emitir un sufragio razonado, por el bien de México y las futuras generaciones.

 

***Académico y consultor.

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