• Martínez Castillo también se presenta como docente de instituciones privadas y presume cercanía con altos funcionarios
• También indagan el cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos de arrendamiento de inmuebles residenciales de alto valor

ILDEFONSO VILCHIS

Una investigación en curso analiza señalamientos contra Carlos Alberto Martínez Castillo, a quien se le atribuye haberse presentado ante terceros como abogado vinculado a una firma internacional, como docente de instituciones privadas y como persona con cercanía a ex integrantes del Estado Mayor Presidencial y a funcionarios en activo.

Dichas presentaciones se verificarán de manera independiente.

De acuerdo con testimonios de particulares que solicitan el anonimato por tratarse de controversias privadas en curso, existirían diferencias entre la imagen de solvencia proyectada por el señalado y su cónyuge, y el cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos de arrendamiento de inmuebles residenciales de alto valor.

Los testimonios se contrastan con documentos, refieren un patrón señalado que consiste en la obtención de la posesión de un inmueble tras proyectar capacidad económica y la posterior generación de controversias para la recuperación del mismo.

Existen versiones sobre incumplimiento de pago. Pendiente de obtener contratos, recibos, expedientes judiciales y sentencias.

Entre las zonas más afectadas por la parálisis institucional destacan los estados de Michoacán, Zacatecas, Baja California y Colima, donde la entrega de fusiles presenta rezagos de hasta dos años

ILDEFONSO VILCHIS

La operatividad de las secretarías de Seguridad Pública estatal se encuentra en riesgo debido a la tardanza en la obtención de permisos de importación, retrasos en pagos y cambios unilaterales en contratos por parte de la Dirección General de Comercialización de Armas y Municiones (DCAM), dirigida por el general Gómez Ruiz.

Mientras las autoridades registran faltantes, más de 15 empresas proveedoras de armamento sostienen que cumplieron con la entrega de municiones e insumos a los estados, responsabilizando a la dependencia federal por los bloqueos administrativos.

La falta de fluidez en los trámites a cargo de la DCAM frena la correcta distribución del equipamiento táctico contratado por los gobiernos locales.

Esta desatención institucional perjudica directamente la planificación táctica de los cuerpos de policía en regiones donde la presencia delictiva exige capacidad de respuesta inmediata y material reglamentario actualizado.

Entre las zonas más afectadas por la parálisis institucional destacan los estados de Michoacán, Zacatecas, Baja California y Colima, donde la entrega de fusiles presenta rezagos de hasta dos años.

De forma paralela, existen corporaciones que ya recibieron las armas por parte de la autoridad militar, pero permanecen inoperativas debido a que no se les han suministrado las municiones indispensables para su uso de cargo.

El desabasto de pertrechos a nivel estatal por parte de las instituciones armadas cuenta con antecedentes documentados. Un informe elaborado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) expuso que la Sedena incurrió en el incumplimiento de la entrega de equipo bélico por 122 millones de pesos en 21 estados, según derivó de las revisiones de auditoría aplicadas a los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

La controversia entre los proveedores privados y la titularidad de la DCAM acentúa la urgencia de transparentar los procesos de comercialización y elección de fabricantes de armamento al ser obvio el favoritismo de empresas que, no obstante, no cumplen sus entregas siguen siendo propuestas por la DCAM a las entidades que solicitan disponibilidad de material.

Los mandos policiales locales insisten en que la resolución inmediata de estos trámites resulta imprescindible para restablecer el estado de fuerza, equipar a los efectivos y evitar que las fallas de la burocracia federal sigan menoscabando la seguridad pública.

• La Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible prevé un margen de libertad para las autoridades universitarias sin que se les pueda sancionar
• La ministra pide respetar la autonomía universitaria en los lineamientos sobre venta de alimentos y bebidas en instituciones educativas
• El Pleno resolvió asuntos relacionados con la venta de alimentos en escuelas, incluidas las universidades.

ERIC GARCÍA

En sesión del Pleno, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizaron si las restricciones en la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas de bajo valor nutricional en instituciones educativas, incluidas las universidades, es compatible frente a los derechos a la libertad de comercio, al libre desarrollo de la personalidad y al interés superior de la niñez.

Al intervenir en la discusión, la ministra Yasmín Esquivel Mossa precisa que no se puede englobar a todas las instituciones de educación superior bajo un mismo tratamiento, en tanto las leyes que rigen a algunas de ellas les otorgan autonomía, conforme la cual tienen la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, por lo que no se puede desconocer esa atribución.

Esquivel Mossa se refirió a los artículos 17 de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, que fue publicada en 2024, así como al artículo 2o. de la Ley General de Educación Superior.

Con base en ellos, la ministra expresa: “Debemos acotar el alcance de la decisión que tomemos en relación con las universidades que gocen de autonomía, ya que la propia ley de la que derivan los referidos Lineamientos -es decir, la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible- prevé un margen de libertad para que las autoridades universitarias incorporen a su legislación lo que mejor convenga a la realidad de su alumnado y condiciones de operación, sin que se les pueda imponer -y menos aún sancionar- por no cumplir a cabalidad con la normatividad que analizamos”.

Asimismo, refirió que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Gacetas de julio y diciembre de 2025 publicó sus propios lineamientos obligatorios y la Guía Técnica correspondiente para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas en sus planteles de bachillerato, lo que da cuenta de la importancia de respetar el autogobierno del que gozan algunas de las instituciones universitarias.

La ministra votó en favor del sentido del proyecto, pero se apartó de algunos párrafos, con base en la argumentación de la autonomía universitaria, por lo que anunció un voto particular.