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HOJAS LIBRES

Las pifias constitucionales del rector Natarén Nandayapa

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Ignorancia jurídica en su máxima expresión * La Constitución de Chiapas terminó en un documento discriminatorio, demagógico y contradictorio

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Cuando al doctor Carlos Natarén Nandayapa se le encargaron las reformas a la Constitución de Chiapas, de antemano se sabía su ignorancia sobre derecho constitucional.
La petición vino del diputado Eduardo Ramírez Aguilar, el célebre “Zanja Negra”. En un evento celebrado el 3 de diciembre de 2015, con la presencia del doctor Diego Valadés Ríos y del gobernador Manuel Velasco, con gran despliegue publicitario se anunciaron esas reformas.


Incluso, el doctor Valadés Ríos avaló el proyecto de reforma en sustitución del adefesio mal llamada Constitución Siglo XXI, emitida durante el trágico gobierno del vicioso Juan Sabines Guerrero.
Confiado en que las reformas a la Constitución de Chiapas eran benéficas, aseguró que serían trascendentes y paradigma para adecuar otras constituciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El fracaso del proyecto planteado por Natarén Nandayapa fue evidente. La Constitución de Chiapas terminó en un documento discriminatorio, demagógico y contradictorio.
En los considerandos, el rector usurpador, en nombre de Ramírez Aguilar, aseguró sin algún recato: “Tenemos una Constitución ciudadana, evita redacciones rebuscadas para establecer derechos claros que la gente entiende y sobre todo pueda hacer valer. Regula el principio de no discriminación. No desaparece ni restringe ningún derecho humano y es una de las más avanzadas y modernas del país”.
Grave pronunciamiento de Natarén Nandayapa en una de las constituciones más discriminatorias y contradictorias de la República Mexicana.
Esas reformas constitucionales resultaron discriminatorias y aún prevalecen en el gobierno de Rutilio Escandón.

Cuando demagógicamente se asegura de que no restringe algún derecho humano, es necesario recordar que los derechos humanos son universales y ningún organismo nacional, internacional o supra nacional puede cancelar derecho humano alguno, como para atribuirse la facultad de velar por la vigencia de todos esos derechos.
Por hoy rescato únicamente dos actos discriminatorios graves y violatorios de los derechos humanos en la Constitución deformada de la autoría de Natarén Nandayapa.
El primero se refiere a la designación de los magistrados del Poder Judicial. Al respecto, el artículo 76 atenta en contra de la dignidad de los magistrados, al exigir ser ciudadano chiapaneco, mexicano por nacimiento, tener 35 años cumplidos el día de la designación y hasta 75 años como edad máxima”. Habría que recordarle a Natarén Nandayapa que sólo hay una ciudadanía y no dos: la mexicana.
La discriminación es doble al exigir la ciudadanía chiapaneca, con lo que se niega la posibilidad de postular a un reconocido abogado nativo de otro estado. Pero la parte más discriminatoria se da cuando dentro de las reformas constitucionales se establece la edad máxima de 75 años.
Con esa sola declaración se califica a los magistrados incapacitados física y mentalmente para continuar en el cargo, sin un dictamen de un profesional de la medicina para determinar si un magistrado puede continuar o no en sus funciones después de esa edad.
Viene otro atentado a los derechos humanos de los miembros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, cuando se transgrede el quinto párrafo de la Carta Magna: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la EDAD o cualquier otro que atente contra la dignidad humana…” De este tamaño es la pifia y la ignorancia de Natarén Nandayapa.
El texto original del artículo 95 de la Constitución de 1917 establecía como edad máxima, para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la de 65 años, en una época en que poco o nada se sabía de derechos humanos en México. Sin embargo, el Congreso de la Unión modificó esa disposición constitucional para quedar solamente la edad mínima de 35 años y disponer que los ministros duraran en su encargo 15 años. Si por ejemplo, un ministro es nombrado a los 70 años, la conclusión de su encargo será a los 85 años en reconocimiento a su vasta experiencia.
Las violaciones y contradicciones graves de la constitución local con respecto de la federal continuaron. En el artículo 116 se establece que “para ser gobernador solo podrá aspirar al cargo un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor a cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios”. En un frustrado intento por adecuar el artículo 52 de la entonces Constitución de Chiapas, al 116 de la Carta Magna se estableció: “Ser ciudadano chiapaneco en pleno goce de sus derechos y con residencia efectiva no menor a ocho años”.
En la disposición anterior se colige que la ciudadanía se restringe a los nacionales y no a los nacidos en alguno de los estados de la Federación de los cuales son nativos. En el texto original de esta redacción inserta, entonces, en el artículo 115, se consignaba dos requisitos, alternativos, para ser gobernador de un estado y no simultáneo: “Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años”.
Bajo esta disposición don Felipe Tena Ramírez comenta: “A nuestro entender no se necesita la concurrencia, sino la alternativa de estos dos requisitos”.
Sin embargo, esta disposición alternativa prevaleció, mientras estuvo en vigor la redacción original de la Constitución de 1917, que establecía simples bases, mínimas, que los estados deberían tomar en cuenta, pero podían aumentarse sin transgredir la Constitución General de la República.
Hoy, el texto del artículo 116 no es opcional, es obligatorio si se atiene a la interpretación de su redacción. De este mandato, el reconocido constitucionalista Elisur Arteaga Nava sentencia: “Contrariamente a lo que prescribía el texto ahora desaparecido, la Constitución General no se limita a establecer bases mínimas, que bien podrían aumentarse; no, ahora se establecen normas, que no sólo pueden, sino que deben acatarse en forma estricta por los estados”.
Lo expresado anteriormente lleva a la conclusión que el artículo 52, anterior, de la Constitución de Chiapas, además de discriminatoria, resultó violatoria del pacto federal contenido en el artículo 116 de la Constitución mexicana, al exigir, para ser gobernador, chiapaneco por nacimiento y con residencia efectiva de ocho años, en vez de acatar el mandato de “ser chiapaneco por nacimiento o con residencia efectiva de cinco años”.
En ese mismo artículo 52, fracción X, Natarén Nandayapa cometió otro grave atentado a los derechos políticos y a los derechos humanos del ciudadano al disponer un requisito más para ser gobernador: “No ser cónyuge o concubino, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado con el gobernador en funciones”.


La ignorancia de Natarén Nandaya lo llevó a cometer estos graves dislates constitucionales, en abierta violación al artículo 35 de la Carta Magna que consagra el derecho humano a votar y ser votado.
Y desde luego vale la pena comentar una pifia que hasta un estudiante de cuarto semestre de derecho sabe y entiende. Según Natarén Nandaya los arreglos amistosos de límites entre los estados deberán ser sometidos previamente a la aprobación del Congreso de la Unión, como lo establece la fracción IV del artículo 63 constitucional. Lamentable la ignorancia jurídica del rector. La nueva disposición prevaleciente en ese momento, facultaba al Senado de la República para sancionar los tratados de límites, según el artículo 76, fracción X, de la Constitución Federal. Ampliaremos…

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De los hacendados de ayer a los empresarios de hoy

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Los grandes problemas nacionales de 1909 a 2022 * La falsa izquierda morenista de López Obrador ha reproducido el mismo fracaso del PRI y del PAN

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

En 1909 Andrés Molina Enríquez publicó su obra ‘Los grandes problemas nacionales’. Sin pretenderlo predijo la revolución de 1910, pues además de admirador, era un convencido de que la dictadura en manos de Porfirio Díaz representaba el camino ideal para el progreso de México.
El punto central de su obra como anuncio del movimiento maderista se refiere a la excesiva concentración de la tierra, mientras una masa de miserables indígenas y campesinos subsistían en la miseria.
El dato que precedió a la revolución lo ilustra Arnaldo Córdoba. Para 1910 el 97 por ciento de la tierra censada pertenecía a los señores hacendados, los pequeños propietarios “acaparaban” el 2 por ciento de la tierra y el 1 por ciento se distribuía entre los pueblos y comunidades. Y por si todo esto fuera poco, el 40 por ciento de la tierra total del país se concentraba en apenas 6 latifundios.


Más recientemente, en 2003, Samuel Schmidt publicó Los grandes problemas nacionales, Versión siglo XXI. El espléndido contenido de su obra encuentra, a poco más de 100 años de distancia, un impresionante paralelismo con los problemas que actualmente asedian a la nación.
La concentración de la propiedad, la carencia de crédito y la falta de una política de agua relacionada con la producción de alimentos, parecían también malos presagios del ciclo fatal de las revoluciones de 1810 y 1910.


Afortunadamente ha pasado el 2010 y hasta hoy el ciclo centenario no se ha repetido. Lo malo es que el flagelo histórico de la concentración del ingreso y la riqueza, la enorme pobreza y la brecha cada vez más severa entre ricos y pobres es una llamada de atención para la estabilidad política nacional.
Hay un punto interesantísimo en la concepción de Samuel Schmidt en el que por analogía presenta a los hacendados de ayer como los empresarios de hoy. Así como Molina Enríquez señala que los grandes propietarios dejaban de tecnificarse para no pagar salarios elevados, Schmidt fustiga el escaso espíritu empresarial para crear la infraestructura necesaria y elevar la producción.
El autor de la Versión siglo XXI exhibe el infortunio nacional: “A solamente 100 años, los hacendados modernos siguen actuando de la misma manera, sin desarrollar una verdadera actitud patriótica y tal vez éste sea un recordatorio cruel sobre las grandes carencias del siglo XXI”.
Samuel Schmidt previene que tanta concentración, miseria y desigualdad lleva imbíbito el funesto germen de la destrucción y la predecible insurrección.


En su texto de 2003 ni por equivocación pudo predecir la obscena concentración de la riqueza en apenas 10 años. En su obra se sorprende que tan sòlo “15 mexicanos posean una riqueza equivalente al 38 por ciento de la deuda pública externa, o sea casi 29 mil millones de dólares, mientras más de un millón pasan indocumentados a Estados Unidos en busca de una opción de sobrevivencia…”
Sólo que Schmidt se quedó en el primer escalón de la concentración, al no imaginar siquiera a los ricos de entre los más ricos. Carlos Slim es actualmente el hombre más acaudalado de México, y lo fue del mundo, antes de la aparición de Jeff Bezos y Elon Musk, con una fortuna calculada (de Slim) entre 70 y 75 mil millones de dólares, algo así como el 8 por ciento del producto interno bruto y un poco más del presupuesto anual para la educación en México.
Mientras que en el otro extremo, una falange de 65 millones de mexicanos se debaten entre la miseria y la pobreza extrema, aumentada por el criminal (Laurie Ann Ximénez-Fyvie dixit) manejo de la pandemia entre López Obrador y su comparsa López-Gatell, y la indiferencia para la recuperación de la economía nacional.
Bajo esta perspectiva nada cambió del porfiriato a los 77 años de PRI, los seis del ridículo foxismo y otros tantos de luctuoso calderonismo. La belle époque porfiriana engendró a sus hacendados de Estado, exactamente igual como el PRI y el PAN reprodujeron el modelo con sus empresarios de Estado.
Con don Porfirio las compañías deslindaron cerca de 50 millones de hectáreas y se quedaron con más de 20 millones sin pago alguno.
Nada que envidiarle al general Díaz. Con la estrategia privatizadora se deslindaron las mejores empresas del Estado mexicano y se creó la clase dorada empresarial con los 24 hombres más ricos de México durante la rapiña salinista.


Telmex, la más rentable, primero se modernizó, enseguida se le otorgó el monopolio de la larga distancia, continuó con el de servicio local y para después rematarlo a precio de ganga, con un solo beneficiario al que el Presidente López alaba porque acaba de pagar 28 mil millones de pesos al fisco federal. Y la tragedia del remate de la banca nacional también a precio de ganga.
Como documentadamente apunta Samuel Schmidt, el Fobaproa zedillista robó a los mexicanos 100 mil millones de dólares, las carreteras 9 mil millones y la industria azucarera salió barata con apenas 400 millones de dólares. Al respecto Arnaldo Córdoba sostiene: “…las leyes de colonización son ejemplares del bandidismo y del espíritu de rapiña con que operaron las compañías deslindadoras, sin paralelo en la historia de América Latina”.
La sentencia puede actualizarse 100 años después: “las leyes de privatización de Carlos Salinas son ejemplo de ese bandolerismo moderno que creó a los nuevos empresarios de Estado”.
Schmidt y Molina Enríquez describen también entre Los grandes problemas nacionales, la concentración del poder desde el centro de la República, el falso federalismo constitucional y un centralismo de facto, hoy más severo con López Obrador, la escasez de agua y su contaminación indiscriminada, tierras enteras con pueblos sin hombres en busca de otro futuro que su patria les ha negado.
Y hoy a los grandes problemas nacionales, en 2022, la falsa izquierda morenista de López Obrador ha reproducido el mismo fracaso del PRI y del PAN. La economía mexicana acumuló el año pasado una inflación del 7 por ciento, la mayor en los últimos 20 años, con apenas un crecimiento del 4 por ciento que en nada resuelve el crecimiento negativo del 2020 cercano al 10 por ciento.
La perspectiva para el 2022 es de seria preocupación. Las expectativas no van más allá de un crecimiento del 2 por ciento, en tanto que la inflación puede superar el 7 por ciento.
La seguridad pública y nacional es el fracaso total. Los homicidios dolosos llegan a 90 mil muertos, muy por encima de los 40 mil de Peña Nieto y los 65 mil de Felipe Calderón.
Durante el lopezobradorismo han sido asesinados, extrajudicialmente, 25 defensores de Derechos Humanos, 30 defensores de la tierra y el ambiente, lo que ubica a México como el segundo país en el mundo con más crímenes de esta naturaleza, sólo superado por Colombia. La libertad de expresión ha cancelado la vida de 51 periodistas, con un índice de impunidad del 90 por ciento, sólo por abajo de Irak y Siria que se encuentran en guerra, mientras que López Obrador fustiga a la prensa independiente, lo que estimula los atentados contra periodistas.
Mientras en las mañaneras todo es triunfo el país se desangra. Así lo evidencian las 10 víctimas encontradas en Zacatecas frente al palacio de gobierno. Los 11 ejecutados (6 menores) en Michoacán, los 16 muertos en Sinaloa y los varios etcéteras que el gobierno de López trata de ocultar.
Desde luego puede haber una equivocación, porque los datos oficiales seguramente tienen otros datos. Ampliaremos…

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Rutilio Escandón interfiere en los planes sucesorios de AMLO

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Oxchuc, tierra de nadie al existir un gran vacío de poder * Para poder transitar entre Oxchuc, Ocosingo y San Cristóbal se ha impuesto el pago de peaje y el secuestro de quienes pasan por esa zona calificada como de alto riesgo

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

El pasado 15 de diciembre se realizó en el municipio de Oxchuc un plebiscito para la designación de las autoridades municipales. Sin embargo, ese intento de democracia para nombrar por usos y costumbres al ayuntamiento resultó un fracaso.
El gobierno del estado, presidido por Rutilio Escandón Cadenas, no tuvo la capacidad para dialogar y poner de acuerdo a las partes en conflicto que se disputaban la supremacía del poder municipal.
Los resultados así lo evidencian. En cifras oficiales, un muerto y decenas de heridos son el resultado de una jornada que pretendió ser democrática y terminó en el enfrentamiento que polarizó más todavía las diferencias entre los habitantes de Oxchuc.
Lo que no vislumbró el gobierno escandonista fue percibido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que urgió al gobernador Escandón Cadenas, a la secretaria general de Gobierno y a la secretaria de Seguridad Pública garantizar la vida, la libertad y la integridad física de todos los habitantes de la comunidad de Oxchuc.


Nada de lo exigido por el organismo nacional autónomo de los Derechos Humanos pudo cumplirse.
Ante esta situación, está visto que en Chiapas no hay Estado, no hay gobernador, no hay responsable de la política interior y no hay secretaria de Seguridad Pública.
Se entiende que un plebiscito es el medio idóneo para dirimir diferencias y la contienda política entre grupos antagónicos, en los que el pueblo participa para votar sobre algún asunto de interés nacional o local.
A diferencia de lo que un plebiscito debe significar en una comunidad, Oxchuc terminó en una lamentable reyerta, en la que la población quedó todavía más enfrentada.
Contrario a lo que se esperaba, los indígenas tzeltales de 143 comunidades y 25 barrios del municipio de Oxchuc terminaron en duelo cuando los dos principales contendientes no aceptaron el resultado del órgano electoral comunitario.
Enrique Gómez López se declaró ganador y lo mismo hicieron por su parte los seguidores de Hugo Gómez Sántiz. Este fue el resultado del plebiscito. Dividir más a la población gracias a la inacción del gobierno estatal.
Una vez más el Congreso del Estado usurpó la voluntad popular indígena al nombrar un séptimo Concejo Municipal en contra de los habitantes del pueblo de Oxchuc, bajo el inadmisible pretexto de que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana determinó declarar sin validez la elección del ayuntamiento por usos y costumbres.


Lo malo de toda esta tragedia constitucional es que al presidente del Concejo Municipal, Roberto Sántiz, se le ha impedido el acceso al municipio, y por lo tanto a rendir la protesta respectiva ante las autoridades legislativas.
Es inusitado que un Presidente electo, legalmente, por el Congreso del Estado, tiene que vivir en la ciudad de San Cristóbal ante la imposibilidad de presentarse ante la ciudadanía que lo repudia gracias a una Legislatura sometida a los caprichos del Ejecutivo.
Esa sola circunstancia denota la ausencia de Estado y de ejercicio del poder político para crear las condiciones necesarias de gobernabilidad y permitir que las autoridades nombradas popularmente, o por la vía indirecta, ejerzan a plenitud las funciones constitucionales que le corresponden.
Hoy Oxchuc es tierra de nadie, cada grupo hace lo que quiere ante la indiferencia y la pasividad de las autoridades estatales.
Los acontecimientos del 15 de diciembre a la fecha así lo delatan. Para poder transitar entre Oxchuc, Ocosingo y San Cristóbal se ha impuesto el pago de peaje y el secuestro de quienes pasan por esa zona calificada como de alto riesgo.
Hace apenas unos días, la turista rusa, de nombre Denis “N”, fue violentada por negarse a pagar la cuota que le exigían para poder circular. También el día 12 de enero pasado, un grupo de turistas mexicanos y extranjeros fueron interceptados y se les negó el paso. Las imágenes transmitidas desde el interior de los autobuses son elocuentes. Se observa a los viajeros solicitar ayuda a las autoridades para que sean liberados.
La ausencia del poder fue notoria cuando los retenidos fueron liberados por las negociaciones que ellos hicieron personalmente, sin intervención de alguna autoridad del estado de Chiapas.
Así, Oxchuc se suma a la violencia que ha cundido por los municipios indígenas de mayor relevancia.
Ya en colaboraciones anteriores se ha destacado la gravedad de lo que pasa en Chenalhó, Pantelhó, Chalchiuitán, Larrainzar, Simojovel, El Bosque y Huitiupán, entre otros varios municipios, en los que el gobierno de Rutilio Escandón se ha convertido en un simple espectador con la esperanza de que los problemas envejezcan y se resuelvan por sí solos. Eso nunca va a ocurrir. Por el contrario, cada día se agudizan más y los ataques armados a las comunidades se multiplican.
Esta tragedia del pueblo de Chiapas ha provocado que más de 3 mil personas huyan de sus casas a las montañas para buscar seguridad y refugio que no le puede proporcionar un gobierno indolente, incapaz y temeroso de ejercicio del poder.

Basta con señalar que en el mismo municipio de Chenalhó hay dos comunidades, Santa Martha y Aldama, que viven en permanente estado de tensión, ante la posibilidad de una escalada de violencia que deje saldos tan lamentables como los del 22 de diciembre de 1997 en que fueron masacrados 46 indígenas de la comunidad de Acteal.
San Cristóbal de Las Casas es otro de los municipios en los que la delincuencia se encuentra fuera del control institucional. Lo grave viene cuando en cada escenario de violencia armada, los hechos se encadenan con mayor frecuencia.
Es ya incontrolable la acción de los motonetos que día tras día se adueñan de los espacios antes apacibles y tranquilos para disfrute de la población y del turismo en esta ciudad de casi 500 años de historia.
La ineptitud de Rutilio Escandón es ya evidente y se destaca en la prensa nacional. En la columna Templo Mayor, de Bartolomé, del 13 de enero pasado, en el diario Reforma, se califica a Rutilio Escandón como el cuñado incómodo de Adán Augusto López Hernández: “El tabasqueño no puede ignorar el grave problema de violencia que se está viviendo en Chiapas. Sería bueno saber si Adán Augusto López volteará hacia Chiapas o si va a esperarse a que haya una tragedia mayor”.
El comentario es de la mayor relevancia y coincide con lo que en el programa de Contrapoder TeVe, entre el suscrito y el editor José Adriano Anaya, han manifestado. Desde Chiapas, con motivo del levantamiento zapatista en 1994, se provocó la caída del secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido y del gobernador Elmar Setzer Marseille.
La historia se repitió en 1997, cuando por la masacre de Acteal hubo de abandonar su cargo otro secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y el inepto gobernador Julio César Ruiz Ferro.
Hoy el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha lanzado una voz de alerta que no puede ser ignorada y desestimada: “Chiapas se encuentra al borde de la guerra civil”.

Un nuevo levantamiento o una masacre podría interferir con los planes sucesorios de Andrés Manuel López Obrador y el candidato que ya se adivina: Adán Augusto.
A la luz de todo lo que pasa en Chiapas, Rutilio representa, ya, la interferencia de esos planes sucesorios. Ampliaremos…

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Rutilio Escandón y Manuel Velasco, responsables de tragedias en Chiapas

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En sus manos estuvo evitar enfrentamientos y muertes indígenas * Aparte de la gravísima ingobernabilidad, el estado está agobiado por la delincuencia organizada y la aparición de grupos de autodefensa en Chenalhó, Pantelhó, Chalchiuitán, Larrainzar y una decena más de municipios

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello se cometieron excesos en la designación de las autoridades municipales indígenas.
Hoy, nuevamente en el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, se continúa con la tradición de entrometerse en la vida de las comunidades indígenas y violentar el orden constitucional al que se comprometieron cumplir, al momento de rendir la protesta como gobernador del estado.
Ese supremo principio constitucional fue severamente vulnerado por el gobierno de Manuel Velasco al obligar, sin el consenso de la comunidad, a María Gloria Sánchez Gómez y a Rosa Pérez Pérez, a participar como candidatas del Partido Verde a las presidencias municipales de Oxchuc y Chenalhó, Chiapas, en donde el PRI era parte de la cultura política y había gobernado ininterrumpidamente.
La pésima señal de las tragedias de Oxchuc, Chenalhó (Acteal) y Chamula, la dio Velasco Coello, cuando pretendió carro completo para el Verde Ecologista de México, incluidas las tres presidencias municipales indígenas más importantes de Chiapas.
Quiso demostrar que su gobierno espurio había incluso conquistado territorios indígenas. El resultado: tragedia, muerte y desplazados.
Socio del Partido Verde en el estado de Chiapas, se propuso la destrucción del PRI. De las 125 presidencias municipales, se apropió fraudulentamente de 59 cuando que su partido era minoritario en el mapa de la distribución geográfica estatal.
Con ello, Manuel Velasco traicionó al PRI, partido al que debía la gubernatura del estado y no al negocio familiar de los González Torres y los González Martínez. Su intromisión electoral ha quedado al descubierto cuando el día de hoy el partido del tucán apenas gobierna 33 municipios en Chiapas.


Lo malo para el gobierno de Velasco Coello vino cuando pretendió usurpar los usos y costumbres de los municipios indígenas.
En Oxchuc violentó esa tradición. Obligó a María Gloria Sánchez a postularse como candidata a presidenta municipal por el desprestigiado Verde. María Gloria había superado por mérito propio la barrera de que en los municipios indígenas sólo los varones habían gobernado. De 2005 a 2007 se convirtió en la primera mujer indígena elegida alcaldesa en el estado de Chiapas, pero con las siglas del PRI.
El argumento de los indígenas tzeltales opositores a Sánchez Gómez, para exigir su renuncia, fue “que ejercía un cacicazgo junto con su esposo, Norberto Sántiz López, y de cambiarse del PRI al Verde Ecologista”. El argumento carecía de sentido. Norberto Sántiz sucedió en el cargo a María Gloria Sánchez y nada alteró el orden en Oxchuc.
El verdadero problema no estaba en la oposición. Surgió cuando el gobierno de Manuel Velasco obligó a María Gloria renunciar al PRI, su casa, y la forzaron a participar por un partido ajeno a su trayectoria ideológica y política.
Ante los diversos problemas creados por la torpeza del gobierno estatal, María Gloria fue orillada, por ese mismo gobierno usurpador, a separarse del cargo. La alcaldesa solicitó licencia por tres meses, la que le fue negada por el Congreso del Estado, y orillada a pedir permiso por tiempo indefinido.


Inconforme con esa arbitrariedad, María Gloria Sánchez interpuso juicio para la protección de sus derechos político.electorales. El juicio le resultó favorable. Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenaron al Congreso del Estado de Chiapas la restitución inmediata de María Gloria como presidenta municipal de Oxchuc.
Con esa determinación, el más alto tribunal electoral del país cancelaba el ilegal decreto emitido por el Congreso del Estado para nombrar a Óscar Gómez como presidente sustituto de Oxchuc y exhibir al gobierno espurio de Manuel Velasco Coello.
Lo mismo sucedió con Rosa Pérez Pérez, presidenta municipal de Chenalhó. Presionada también desde el poder, cambió del PRI al Verde Ecologista. Esa patraña exacerbó los ánimos en los pobladores del municipio que se amotinaron para exigir la renuncia de la alcaldesa.
Otra vez de manera ilegal, el Congreso sustituyó a Rosa Pérez en el cargo que Velasco Coello la había obligado a aceptar.
En demanda de la restitución de sus derechos políticos, Rosa Pérez concurrió al Supremo Tribunal Electoral Federal que le concedió la reincorporación inmediata como presidenta municipal. Lo lamentable fue que esa protección de los derechos político-electorales de Rosa Pérez, el Congreso del Estado no los cumplió y violentó un mandamiento constitucional que la restituía en definitiva en el cargo al que había accedido por la vía del voto popular.


Pero además de todas esas interferencias en gobiernos indígenas, Manuel Velasco es el verdadero responsable de los trágicos sucesos del 23 de julio de 2016 ocurridos en San Juan Chamula. El presidente Domingo López González, al igual que María Gloria Sánchez y Rosa Pérez, siempre había militado en el Partido Revolucionario Institucional, siglas con las que había sido presidente municipal de Chamula entre los años 2008 y 2010.
Sin embargo, forzado también a participar por el Partido Verde, en una segunda elección, se convirtió en el único presidente municipal en ocupar dos veces la presidencia de Chamula. Por eso el móvil de su asesinato se pretendió encubrir con supuestas irregularidades en la obra pública y la falta de 50 millones de pesos entregados por el gobierno del estado para el pago de artesanías en el municipio. Falso.
Lo cierto es que en el fondo, como en los casos de Oxchuc y Chenalhó, se trató también de un problema de colores partidarios y de reelección. Chamula siempre fue priísta y el cambio abrupto a Verde Ecologista originó la tragedia que dio vuelta al mundo.
Domingo López fue asesinado públicamente en la plaza junto con cinco de sus colaboradores por haber sido dos veces presidente municipal y por el desacato de cambiar de priísta a verde ecologista sin alguna justificación más que la imposición de Velasco Coello.
Tampoco es cierto que fueron sólo siete muertos, cuando que se supo del homicidio que la cifra de muertos fue de más de 40 pobladores de San Juan Chamula.
Hoy Rutilio Escandón atiza el fuego de la inconformidad y la tragedia. Exactamente igual que sus antecesores. Y de nuevo Oxchuc a escena.
En el pasado mes de diciembre se intentó elegir a las autoridades del municipio mediante el sistema de usos y costumbres. El ensayo resultó un fracaso, a tal grado que oficialmente se supo de la muerte de uno de los participantes y el saldo de varios heridos entre los dos grupos antagónicos.
Con absoluta falta de tacto político y de conciliación con los bandos participantes, el gobierno de Rutilio Escandón no creó con anticipación las condiciones necesarias para evitar ese enfrentamiento que exacerbó más los ánimos y obligó a nombrar un séptimo Concejo Municipal, sumado a los seis espurios que ha provocado un clima de violencia política y social de consecuencias incalculables.
Con una buena operación política se hubiera evitado el enfrentamiento de los indígenas tzeltales de las 142 comunidades y los 25 barrios del municipio de Oxchuc. Y se suma a esa gravísima ingobernabilidad, la delincuencia organizada y la aparición de grupos de autodefensa en Chenalhó, Pantelhó, Chalchiuitán, Larrainzar y una decena más de municipios sobre los que el estado ha perdido definitivamente el control político y territorial.
El número interminable de desplazados y muertos así lo evidencia. Ampliaremos…

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