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HOJAS LIBRES

Bien ‘conejo’ salió Rutilio Escandón con el negocio del ‘Conejobús’

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Corrupción en la Secretaría de Transporte en Chiapas * Aquiles Espinosa y el gobernador chiapaneco decidieron suspender los pagos mensuales que legítimamente les pertenece a los 104 legítimos concesionarios, dueños de 139 (no concesiones) títulos de propiedad, con la perversa intención de doblegarlos y aceptar sus condiciones

 

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

La secretaría de Movilidad y Transporte de Chiapas ha sido fuente tradicional de corrupción y abanico de posibilidades para obtener ingresos extras a los funcionarios altos y medios. La corrupción de arriba hacia abajo en su más alta expresión.

En uno de sus tantos despertares de mediodía, y en una de sus tantas alucinaciones etílicas, se le ocurrió a Juan Sabines Guerrero, gobernador de Chiapas entre 2006 y 2012, inventar el transporte público masivo sobre la Avenida Central de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado.

Para lograrlo amenazó a los concesionarios de las rutas 1 y 2 (las mejores de la capital) para que entregaran sus placas y a cambio se les pagaría 15 mil quinientos pesos mensuales, con un incremento cada año, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Fue así como nació, muerto, el Conejobús. En la compra de los 97 autobuses se alteraron los costos, de tal manera que se pagó un sobreprecio de 57 millones de pesos, operado por el bandido subsecretario de Gobierno Nemesio Ponce Sánchez, célebre saqueador del tesoro estatal en complicidad con sus hermanos y la tolerancia absoluta de Sabines Guerrero.

Nunca el Conejobús pudo generar sus propios ingresos para la plantilla de personal, la compra de seguros, las reparaciones y cualquier gasto imprevisto. Siempre fue subsidiado para soportar la abultada nómina, incluido los aviadores beneficiarios del gobierno.

 

Mitómano consumado, Juan Sabines utilizó el cuento de que cada autobús sería movido por biodiesel como una forma de preservar la calidad del aire. Falso. Los Conejobús cargaban diesel en cualquier estación de gasolina y la producción de diesel con la reconversión de 200 mil hectáreas para producir jatropha curca fue otro de los cuentos del sabinato.

Llegó Manuel Velasco Coello y el Conejobús continuó como un barril sin fondo, pero con muy buenos dividendos para sus directivos y los altos funcionarios del gobierno del estado. En las pérdidas iban las ganancias. Cada subsidio y cada apoyo significaban ingresos clandestinos que se diluían en las pérdidas que mes tras mes se reportaban.

Ahora el gobierno de Rutilio Escandón  pretende despojar a los dueños de las placas y asignarles nuevas rutas ilegalmente y al margen de la ley. En medio de esa gran corrupción de la Secretaría de Transporte, el rutilante gobierno escandonista ha indicado a los concesionarios de las rutas 1 y 2, que se les van a respetar sus concesiones siempre y cuando acepten su reubicación en otras rutas.

Nada quieren Rutilio Escandón y Aquiles Espinosa. Las rutas 1 y 2 son las mejores de toda la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Tramposos como son se infiere que ya tienen apalabrada la cesión y entrega de esas rutas a amigos y favoritos del régimen. Sólo que pasan por alto que los usufructuarios de las rutas 1 y 2 ya no son concesionarios, sino dueños con título de propiedad expedido por gobiernos anteriores.

Sin embargo, en un acto de inmoralidad política, Rutilio Escandón y Aquiles Espinosa decidieron suspender los pagos mensuales que legítimamente les pertenece a los 104 legítimos concesionarios, dueños de 139 (no concesiones) títulos de propiedad, con la perversa intención de doblegarlos y aceptar sus condiciones.

Hoy el gobierno de Rutilio Escandón debe, a los propietarios de las placas, 20 meses que en dinero son casi 70 millones de pesos. Y en un acto de excesivo atentado a los derechos humanos y de la justa retribución, se deja de pagar a gente de lo que constituye su única forma de vida.

Por tantas barbaridades hoy están en curso tres amparos. Uno en contra de la Ley de Movilidad del Transporte, otro para que cada propietario de la concesión conserve su ruta y uno más para que estos bandidos del gobierno les paguen sus 22 mil pesos mensuales de los veinte meses adeudados. El ridículo va a ser mayúsculo cuando se les conceda el amparo de la justicia federal.

Pero la corrupción del gobierno de Rutilio Escandón y su adlátere Aquiles Espinosa ha llegado a mayores niveles intolerables de corrupción, más que en los gobiernos de Manuel Velasco y Juan Sabines.

Para documentar debidamente este aserto, el pasado 12 de octubre se invitó al programa de Contrapoder Te Ve al líder transportista Bersaín Miranda Borraz, a quien durante el sexenio de Manuel Velasco intentaron asesinarlo y fue encarcelado por oponerse a la corrupción prevaleciente en el transporte durante ese gobierno.

El último escándalo fue la entrega de 650 concesiones, 500 en Tuxtla Gutiérrez y 150 en San Cristóbal. Ese acto de corrupción realizado es inédito. Las concesiones fueron falsificadas. Tienen fecha de 1986, con la firma apócrifa del general Absalón Castellanos Domínguez, entonces gobernador del estado. Si por cada concesión se exigieron 150 mil pesos, el negocito entonces es de “apenas” 98 millones de pesos.

Cuando el que esto escribe pidió a Miranda Borraz conseguir una concesión alterada para hacer una pericial con la firma auténtica del general Absalón Castellanos, tajante afirmó: “No es necesario. Está probado que esas concesiones tienen la firma apócrifa del general Castellanos”.

Pero además hoy más que nunca se ha tolerado el pirataje, uno de los grandes negocios de la Secretaría de Transporte. De 3 mil 500 taxis que había en Tuxtla Gutiérrez, ahora el número llega a 5 mil. Dos mil taxis pirata a 2 mil pesos cada uno, son 4 millones de pesos mensuales. Y eso sólo en la capital. Todo el estado obviamente debe de ser más productivo. Y a ello se agregan las 15 mil mototaxis circulando en todo el estado de los que se sabe pagan una cuota mensual de mil pesos, lo que significa 15 millones de pesos mensuales.

Hay un dato más: En plena pandemia, Aquiles Espinosa patrocinó una ley que el transporte organizado disidente ha bautizado como la ley recaudatoria. Hay en ella un artículo transitorio para obligar a devolver todas las concesiones y expedirles una nueva, cuando que hay concesiones con 35 y 40 años de antigüedad que constituyen patrimonio familiar, y además son heredables.

La trampa está a la vista. Con la entrega de todas las concesiones, se busca incluir ahí las falsificadas con la firma del general Absalón Castellanos y con ello regularizarlas en definitiva y para siempre. Se pretende también volver a pagar todos los derechos y todos los permisos, a pesar de que se trata únicamente de un cambio de concesiones y no de la emisión de una nueva. Un movimiento de ese tamaño sólo puede hacerse y patrocinarse desde el poder.

Acompañan también a Aquiles Espinosa otra serie de irregularidades. Se asume como licenciado en derecho, pero no tiene registro en la Dirección General de Profesiones. Cuando Rutilio Escandón iba a nombrar su gabinete, Aquiles presumía que podía ir a la Secretaría de Seguridad Pública por su amistad con Alfonso Durazo, de quien decía había sido su compañero en la Facultad de Ciencias Políticas. Lo malo es también la ausencia de registro de esa licenciatura.

Puede haber una equivocación, pero si tiene las correspondientes cédulas profesionales, basta con que las enseñe ante la opinión pública y acabar con toda especulación. Ampliaremos…

 

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Militarización de México, una realidad

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¿Cuál seguridad nacional en la construcción de infraestructura? * Se advierte que la pretensión de AMLO es la opacidad en la realización de sus obras faraónicas y ocultar los actos de corrupción que privan sobre los mismos. Nadie se atreverá  a sancionar y a meterse con el Ejército

 

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Durante toda su campaña, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque el combate al crimen organizado se hiciera desde las instituciones civiles y no militares. La percepción que tenía el candidato cambió cuando se convirtió en Presidente.

La propuesta original se centró en combatir la violencia delincuencial a través de una fuerza policiaca profesional para desmilitarizar al país.

Lamentablemente hoy, el discurso sobre la desmilitarización ha tenido un giro de 180 grados, al ampliar las facultades de la Fuerza Armada permanente -Ejército, Marina y Fuerza Aérea- para el combate a la cada vez más sólida delincuencia organizada.

Es por ello que bajo ese fatal diagnóstico, López Obrador ha creado una Guardia Nacional compuesta por militares, marinos y Policía Federal adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional y bajo el mando del general Luis Rodríguez Bucio.

El Ejército lleva cerca de 40 años en tareas de seguridad pública, lo cual no le compete y viola el mandato del Artículo 129 de la Constitución mexicana: “En tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Lo anterior quiere decir que el Ejército tiene como adscripción permanente los cuarteles, comandancias y regiones militares en que se divide el país y no las calles de la República a donde se les ha adscrito permanentemente.

Para poder crear una Guardia Nacional militarizada se manipuló el espíritu democrático de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se reformaron y manipularon los artículos 31, 35 y 36 de la Carta Magna para sustituir la institución de la Guardia Nacional por una categoría apócrifa de cuerpos de reserva compuesta por militares y marinos.

En el exceso y para cumplir con el capricho de Andrés Manuel López Obrador se derogó la fracción XV del Artículo 73 Constitucional, sobre una de las facultades del Congreso de la Unión: “Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la guardia nacional, reservándose, a los ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos”.

Esta es la mayor prueba de la militarización del país, cuando se sustituyen a 32 Guardias Nacionales -una por cada entidad federativa- por una sola Guardia Nacional con jurisdicción sobre todo el territorio nacional y bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ello provocó la reacción de los 10 gobernadores federalistas, al criticar severamente las trampas constitucionales del lópezobradorismo.

López Obrador ha hecho exactamente lo contrario a lo que hicieron los generales Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, quienes comprendieron el peligro que representaba el Ejército y se apresuraron a quitar el poder que durante más de cien años habían detentado.

Los mismos militares llegaron a la conclusión de que el poder verde olivo era un peligro latente para México y sus instituciones.  No les faltaba razón. Entre 1824 y 1946, 36 presidentes de la República fueron militares y únicamente 19 civiles.

La parte económica resultó fundamental para el control militar. En 1925 se destinó a las Fuerzas Armadas el 46 por ciento del gasto público federal, en tanto que apenas 22 años después, en 1947, tan sólo se le asignó el 13 por ciento, al concluir el gobierno del general Manuel Ávila Camacho, y en 1960 el Ejército dispuso únicamente del 5 por ciento.  Y un paso más para restarle fuerza y poder a los militares, fue obligarlos a desaparecer como sector y pasar a formar parte del sector popular dentro del Partido Nacional Revolucionario.

Falso entonces que López Obrador en su discurso del 1 de diciembre afirme que el país se está militarizando, bajo los insostenibles argumentos de que “no se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie, no se les ha pedido que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, que coarten las libertades y, mucho menos, que se involucren en acciones represivas”.

No es necesario que el Ejército intervenga en todas estas acciones que atentarían en contra de la sociedad y el Estado Mexicano. Consta que con el decretazo expedido por el gobierno de López Obrador, todas las obras públicas en manos del Ejército sean consideradas como de seguridad nacional, cuando que ninguna obra pública, salvo por ejemplo la construcción de reclusorios, bajo ciertas especificaciones, se debe de guardar la secrecía del proyecto, sobre todo cuando se trata de penales de alta seguridad.

Seguridad nacional es considerada por ejemplo la disposición y dotación de agua, y desde luego no se concreta a la capacidad militar para controlar la tranquilidad y el orden exterior de la Nación. Implica fundamentalmente la habilidad del gobierno para funcionar eficientemente y satisfacer los intereses públicos esenciales en beneficio de la sociedad. Implica también estar alertas de un posible derrocamiento o de invasión extranjera con ánimos de dominación. Entonces ¿cuál seguridad nacional en la construcción de infraestructura?

Más que asignarle al Ejército tareas de represión se le ha extendido un salvoconducto para inmiscuirse en obras tan trascendentales como el aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, las cuales deberían ser construidas por organismos empresariales de carácter civil.

Hoy se advierte que la pretensión es la opacidad en la realización de esas dos obras faraónicas que presenta el gobierno de López Obrador y ocultar los actos de corrupción que privan sobre los mismos. Nadie se atreverá  a sancionar y a meterse con el Ejército.

El Tren Maya inició con un presupuesto original de 156 mil millones de pesos, el cual se ha incrementado a 240 mil millones, es decir, 84 mil millones del presupuesto original asignado. En tanto que del aeropuerto Felipe Ángeles, David Colmenares, auditor Superior de la Federación, encontró que el aeropuerto de Texcoco había sufrido un quebrantamiento patrimonial de 300 mil millones de pesos. Reconvenido para rectificar cifras tan abultadas, después manifestó que únicamente eran 100 mil millones de pesos. Con todo y la reducción de los 200 mil millones, es un exceso para invalidar la obra por la cual sería siempre recordado Enrique Peña Nieto y que lastimaba profundamente el ego de Andrés Manuel López Obrador.

No es necesario pues asignarle al Ejército actividades represivas y de intimidación. Basta con hacerles partícipes de concesiones y enriquecimiento de los altos mandos militares para protestar una lealtad artificial hacia el Presidente, exactamente igual como lo ha hecho Nicolás Maduro en Venezuela: corromper a las fuerzas armadas para asegurar su lealtad sin sobresaltos.

Hoy el poder militar se ha inmiscuido hasta en funciones de carácter político, lo cual no ocurría ni en los tiempos más oscuros y represivos del PRI.

El general secretario ha llamado a sumarse a la Cuarta Transformación y colaborar en el proyecto de nación, como si México hubiese nacido con el Presidente López.

La Organización México Unido contra la Delincuencia, que preside Luisa María Sánchez Ortega, tenía identificadas, hasta octubre de 2020, 19 funciones transferidas del poder civil al control militar. Destacaban en ese entonces la construcción de aeropuertos, Tren Maya, control de puertos y aduanas, reparto de medicinas y operaciones de la Marina y militarización de la Guardia Nacional, entre otras tantas.

Hoy son más de 200 funciones civiles que acaparan los militares.  Ampliaremos…

 

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Las pifias constitucionales del rector Natarén Nandayapa

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Ignorancia jurídica en su máxima expresión * La Constitución de Chiapas terminó en un documento discriminatorio, demagógico y contradictorio

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Cuando al doctor Carlos Natarén Nandayapa se le encargaron las reformas a la Constitución de Chiapas, de antemano se sabía su ignorancia sobre derecho constitucional.
La petición vino del diputado Eduardo Ramírez Aguilar, el célebre “Zanja Negra”. En un evento celebrado el 3 de diciembre de 2015, con la presencia del doctor Diego Valadés Ríos y del gobernador Manuel Velasco, con gran despliegue publicitario se anunciaron esas reformas.


Incluso, el doctor Valadés Ríos avaló el proyecto de reforma en sustitución del adefesio mal llamada Constitución Siglo XXI, emitida durante el trágico gobierno del vicioso Juan Sabines Guerrero.
Confiado en que las reformas a la Constitución de Chiapas eran benéficas, aseguró que serían trascendentes y paradigma para adecuar otras constituciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El fracaso del proyecto planteado por Natarén Nandayapa fue evidente. La Constitución de Chiapas terminó en un documento discriminatorio, demagógico y contradictorio.
En los considerandos, el rector usurpador, en nombre de Ramírez Aguilar, aseguró sin algún recato: “Tenemos una Constitución ciudadana, evita redacciones rebuscadas para establecer derechos claros que la gente entiende y sobre todo pueda hacer valer. Regula el principio de no discriminación. No desaparece ni restringe ningún derecho humano y es una de las más avanzadas y modernas del país”.
Grave pronunciamiento de Natarén Nandayapa en una de las constituciones más discriminatorias y contradictorias de la República Mexicana.
Esas reformas constitucionales resultaron discriminatorias y aún prevalecen en el gobierno de Rutilio Escandón.

Cuando demagógicamente se asegura de que no restringe algún derecho humano, es necesario recordar que los derechos humanos son universales y ningún organismo nacional, internacional o supra nacional puede cancelar derecho humano alguno, como para atribuirse la facultad de velar por la vigencia de todos esos derechos.
Por hoy rescato únicamente dos actos discriminatorios graves y violatorios de los derechos humanos en la Constitución deformada de la autoría de Natarén Nandayapa.
El primero se refiere a la designación de los magistrados del Poder Judicial. Al respecto, el artículo 76 atenta en contra de la dignidad de los magistrados, al exigir ser ciudadano chiapaneco, mexicano por nacimiento, tener 35 años cumplidos el día de la designación y hasta 75 años como edad máxima”. Habría que recordarle a Natarén Nandayapa que sólo hay una ciudadanía y no dos: la mexicana.
La discriminación es doble al exigir la ciudadanía chiapaneca, con lo que se niega la posibilidad de postular a un reconocido abogado nativo de otro estado. Pero la parte más discriminatoria se da cuando dentro de las reformas constitucionales se establece la edad máxima de 75 años.
Con esa sola declaración se califica a los magistrados incapacitados física y mentalmente para continuar en el cargo, sin un dictamen de un profesional de la medicina para determinar si un magistrado puede continuar o no en sus funciones después de esa edad.
Viene otro atentado a los derechos humanos de los miembros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, cuando se transgrede el quinto párrafo de la Carta Magna: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la EDAD o cualquier otro que atente contra la dignidad humana…” De este tamaño es la pifia y la ignorancia de Natarén Nandayapa.
El texto original del artículo 95 de la Constitución de 1917 establecía como edad máxima, para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la de 65 años, en una época en que poco o nada se sabía de derechos humanos en México. Sin embargo, el Congreso de la Unión modificó esa disposición constitucional para quedar solamente la edad mínima de 35 años y disponer que los ministros duraran en su encargo 15 años. Si por ejemplo, un ministro es nombrado a los 70 años, la conclusión de su encargo será a los 85 años en reconocimiento a su vasta experiencia.
Las violaciones y contradicciones graves de la constitución local con respecto de la federal continuaron. En el artículo 116 se establece que “para ser gobernador solo podrá aspirar al cargo un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor a cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios”. En un frustrado intento por adecuar el artículo 52 de la entonces Constitución de Chiapas, al 116 de la Carta Magna se estableció: “Ser ciudadano chiapaneco en pleno goce de sus derechos y con residencia efectiva no menor a ocho años”.
En la disposición anterior se colige que la ciudadanía se restringe a los nacionales y no a los nacidos en alguno de los estados de la Federación de los cuales son nativos. En el texto original de esta redacción inserta, entonces, en el artículo 115, se consignaba dos requisitos, alternativos, para ser gobernador de un estado y no simultáneo: “Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años”.
Bajo esta disposición don Felipe Tena Ramírez comenta: “A nuestro entender no se necesita la concurrencia, sino la alternativa de estos dos requisitos”.
Sin embargo, esta disposición alternativa prevaleció, mientras estuvo en vigor la redacción original de la Constitución de 1917, que establecía simples bases, mínimas, que los estados deberían tomar en cuenta, pero podían aumentarse sin transgredir la Constitución General de la República.
Hoy, el texto del artículo 116 no es opcional, es obligatorio si se atiene a la interpretación de su redacción. De este mandato, el reconocido constitucionalista Elisur Arteaga Nava sentencia: “Contrariamente a lo que prescribía el texto ahora desaparecido, la Constitución General no se limita a establecer bases mínimas, que bien podrían aumentarse; no, ahora se establecen normas, que no sólo pueden, sino que deben acatarse en forma estricta por los estados”.
Lo expresado anteriormente lleva a la conclusión que el artículo 52, anterior, de la Constitución de Chiapas, además de discriminatoria, resultó violatoria del pacto federal contenido en el artículo 116 de la Constitución mexicana, al exigir, para ser gobernador, chiapaneco por nacimiento y con residencia efectiva de ocho años, en vez de acatar el mandato de “ser chiapaneco por nacimiento o con residencia efectiva de cinco años”.
En ese mismo artículo 52, fracción X, Natarén Nandayapa cometió otro grave atentado a los derechos políticos y a los derechos humanos del ciudadano al disponer un requisito más para ser gobernador: “No ser cónyuge o concubino, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado con el gobernador en funciones”.


La ignorancia de Natarén Nandaya lo llevó a cometer estos graves dislates constitucionales, en abierta violación al artículo 35 de la Carta Magna que consagra el derecho humano a votar y ser votado.
Y desde luego vale la pena comentar una pifia que hasta un estudiante de cuarto semestre de derecho sabe y entiende. Según Natarén Nandaya los arreglos amistosos de límites entre los estados deberán ser sometidos previamente a la aprobación del Congreso de la Unión, como lo establece la fracción IV del artículo 63 constitucional. Lamentable la ignorancia jurídica del rector. La nueva disposición prevaleciente en ese momento, facultaba al Senado de la República para sancionar los tratados de límites, según el artículo 76, fracción X, de la Constitución Federal. Ampliaremos…

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Rutilio Escandón, el Santa Anna chiapaneco

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Guerra y sangre en la frontera Chiapas-Oaxaca * Pifias limítrofes en la Constitución de 1982

POR ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Durante el gobierno de don Gustavo Díaz Ordaz el conflicto de Los Chimalapas originalmente agrario, derivó en una cuestión política y de límites entre Chiapas y Oaxaca. En aquélla ocasión se tituló en favor de los comuneros de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, una superficie de 134 mil hectáreas, entregadas simbólicamente en la ciudad de Oaxaca.
Por falta del deslinde respectivo, los comuneros favorecidos invadieron tierras comprendidas hasta Rizo de Oro, comunidad del municipio de Cintalapa. Esta fue la primera invasión.
Como respuesta, el gobierno del doctor Manuel Velasco Suárez creó en 1973 la Comisión Intergubernamental Agraria y de LÍMITES. La Comisión se reunió por primera vez en la ciudad de Cintalapa en marzo de 1974, en la que se firmó primero y ratificó después el Convenio Cintalapa, del cual surgieron dos Acuerdos: 1) Que las autoridades de Oaxaca fueran las encargadas de retirar a los invasores, y 2) Que el deslinde se iniciara de Oaxaca hacia Chiapas a partir de un mojón llamado La Yerbabuena para que la mayor parte de la dotación quedara comprendida en tierras oaxaqueñas.
La segunda invasión se dio en agosto de 1976 por campesinos del mismo San Miguel Chimalapa, en tierras boscosas denominada Ciénega de León, del municipio de Cintalapa. La faja de tierra invadida fue de 200 mil hectáreas y con una penetración en territorio chiapaneco de 18 kilómetros a partir de la línea divisoria entre ambas entidades federativas. Así, el problema agrario original y después de límites, permitió que también se involucraran actividades como el narcotráfico y la tala irracional de bosques.
Terminó el gobierno de Velasco Suárez y el problema continuó. Don Jorge de la Vega nada hizo al respecto e igual sucedió con don Salomón González Blanco. En el gobierno del general Absalón Castellanos se nombró una nueva Comisión en 1986. En reunión en Cintalapa, el gobernador de Oaxaca, Heladio Ramírez, insistió en un problema de fronteras sin asumirlo como agrario que era la insistencia de las autoridades chiapanecas.
El verdadero problema surgió cuando el gobierno de don Juan Sabines Gutiérrez emitió en 1982 una nueva Constitución.

Se cometió el incalculable error de señalar con precisión, punto por punto, los límites que beneficiaban únicamente al estado de Oaxaca. Se cambió el texto del artículo 3 que en su párrafo sexto estipulaba que la línea divisoria llegaba a “la cima del Cerro de la Jineta… continúa hacia el vértice del Cerro de los Martínez en donde se ubica el punto trino…”.
Fue así como el gobierno de Oaxaca aprovechó esa mala precisión para reformar en octubre de 1990 su Constitución, con los nuevos límites establecidos en su favor.
Así lo evidencia la exposición de motivos del anteproyecto de reformas y adiciones a la Constitución del 1 de enero de 1982. En el párrafo 22 hay aseveraciones sin algún fundamento: “Se incluye la situación geográfica de nuestra Entidad, como resultado de los documentos fehacientes que obran en este Congreso local y que por su origen y antigüedad son irrefutables, determinando con absoluta claridad los linderos de nuestra entidad con los estados vecinos de Oaxaca, Veracruz y Tabasco y la República de Guatemala, que por estar consignados en nuestra Constitución Local son de observancia obligatoria para todos los chiapanecos y a la vez documento probatorio pleno para el supuesto problema de límites”. Firma el diputado presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Oscar Alvarado Cook.

DOS GRANDES IMPRECISIONES
En ese texto hay dos graves imprecisiones: La primera porque nunca hubo documentos fehacientes irrefutables como se consigna. El argumento más socorrido para reclamar la superficie del territorio de Chiapas proviene de que como único Estado federado en 1824 se sabe cuál es exactamente su territorio. Es una declaración dogmática sin sustento alguno. Nunca hubo precisión en cuanto a puntos específicos de los lindes de Chiapas con Guatemala, Oaxaca y Tabasco.
El tratado de límites definitivos con Guatemala en 1882 puso fin a la disputa de más de medio siglo sobre la posesión y la extensión de Chiapas en su frontera este. En 1908 se hizo una propuesta de línea divisoria entre Chiapas y Tabasco, y todavía en 1962 se integró una Comisión de Límites para tratar la problemática con el Estado de Tabasco.
Entonces ¿cuál es ese territorio? con el que se incorporó Chiapas a México. Nadie lo sabe con exactitud y no hay documento alguno que confirme linderos perfectamente definidos con Oaxaca.
Y la segunda imprecisión de la Constitución de 1982 viene de que ningún gobierno local tiene potestad para fijar unilateralmente sus límites territoriales.
En efecto, la Carta Magna precisa la fijación de límites bajo dos posibilidades distintas: el convenio amistoso entre dos entidades federativas para arreglar definitivamente sus límites, con intervención del Congreso de la Unión, en términos del artículo 73, fracción IV (hoy artículo 76, fracción X, como facultad exclusiva del Senado de la República), y el procedimiento contencioso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el imperativo del artículo 105 de la propia ley fundamental, como sucedió en su ejecutoria del pasado 15 de noviembre.
Al respecto, el Artículo 46 de la Constitución federal señala: “Los Estados pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación del Congreso de la Unión”.
Las razones para darle intervención al Congreso nacional, derivan de un mandato Constitucional para subordinar la validez del convenio amistoso a la aprobación del Congreso de la Unión, que en la práctica es un tratado entre Estados y éstos tienen prohibida su celebración como lo dispone el Artículo 117 Constitucional: “Los Estados no pueden en ningún caso celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras”.
Fue por eso que durante el gobierno de don Patrocinio González (1988-1992) que la parte del artículo 3 de la Constitución local referida a los límites se derogó para enmendar la imprecisión y la apropiación de facultades que indebidamente se atribuyó el Congreso del estado de Chiapas y quedar solamente con la redacción referida a las colindancias entre Oaxaca, Tabasco y Guatemala.

DERRAMAMIENTO DE SANGRE
El lamentable fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuncia ya enfrentamientos y derramamiento de sangre. Únicamente el ex gobernador Roberto Albores ha protestado por tan aberrante determinación, en comunicado dirigido al secretario de Gobernación, Adán López Hernández, y una predicción de guerra publicada en El Financiero, entre las comunidades de Chiapas y Oaxaca.
Por su parte, Juan Sabines Guerrero ha dado una explicación del porqué se creó el municipio de Belisario Domínguez y que después comentaremos, al igual que la posición del ministro Gutiérrez Ortiz Mena.

El silencio de los demás ex gobernadores es ominoso y vergonzoso, sobre todo Manuel Velasco Coello, cuando en su gobierno, en 2017, fenecieron los términos para hacer cualquier impugnación ante la Corte.


Y en una actitud de sumisión y servilismo, Rutilio Escandón asume “el compromiso con la legalidad tras fallo sobre caso Chimalapas”, cuando que tuvo tres años para hacer acuerdos políticos y nada hizo para evitar lo que ya se advierte en la frontera Chiapas-Oaxaca. Ampliaremos…

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