Norma Piña en caída libre * Isaac Montoya, alcalde electo de Naucalpan, emplaza a Angélica Moya y manifiesta que en su gestión no habrá impunidad y que se procederá conforme a la ley en contra de quienes resulten responsables

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue. Un refrán que puede aplicarse al Poder Judicial, en especial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por la ministra Norma Piña Hernández, quien por meses y de manera abierta se ha confrontado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a sabiendas de la puesta en marcha de un plan “C”, consistente en tener -a fuerza de votos- la mayoría calificada en el Congreso y poder llevar a cabo diversas reformas, como la del Poder Judicial.

Ahora, ante un nuevo escenario, tendrá que enfrentar la voluntad de casi 36 millones de mexicanos que -además de elegir a Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta- votaron para que se lleve a cabo tal medida, que persigue que los magistrados sean electos mediante el voto popular y se acaben sus privilegios.

La pugna ha crecido, ha escalado a niveles insospechados e incluso López Obrador ha señalado que esa instancia -lejos de defender al pueblo- está al servicio de los delincuentes, los de cuello blanco y los que pertenecen al crimen organizado.

 

NORMA PIÑA EMPRENDE GUERRA JURÍDICA VS. AMLO

Norma Piña, apoyada con lo que queda de los partidos de oposición, así como de un sector de los empresarios, emprendió una guerra jurídica, se empecinó en denostar todo lo que oliera a la 4T e incluso se manejó la pretensión de anular las elecciones presidenciales, por lo que en su momento se habló de un Golpe de Estado técnico.

Es decir, a sabiendas de que no tenían posibilidades de ganar en las urnas, pretendían hacerlo en los tribunales, obviamente donde imperan las complicidades.

Uno de los diversos episodios que escenificó la envalentonada magistrada fue cuando tocó el turno del presupuesto para el Poder Judicial. Con uñas y dientes defendió lo que considera les pertenece: el dinero del pueblo para cubrir sus jugosos salarios.

No obstante que se ventiló que cada uno de los magistrados gana en promedio 700 mil pesos mensuales, lo que equivale a 43 veces el salario de un trabajador registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), jamás rectificaron, caso contrario, lucharon por mantener sus prebendas.

 

EL PLAN C ESTARÁ ANTES DE QUE TERMINE EL MANDATO DEL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

Pues bien, conocido el resultado de las elecciones del 2 de junio, donde casi 36 millones de personas votaron por la 4T, el Presidente Andrés Manuel sostuvo que el plan C va y que estará listo en lo que resta de su gestión.

“Hay que reformar el Poder Judicial, vamos a hacerlo”, señaló el viernes en su Mañanera. Hizo hincapié en la urgencia de que sus integrantes sean elegidos por el voto popular, debido a que está “tomado, secuestrado y al servicio de una minoría, de los de arriba”.

Sostuvo que los conservadores tienen miedo de la voluntad popular, los empresarios no ven con buenos ojos tal reforma porque han estado coludidos con el Poder Judicial, se han beneficiado unas minorías, añadió.

Norma Piña y sus aliados agonizan, los partidos de oposición demostraron que no están con el pueblo, pues defienden sus intereses económicos y políticos.

 

EL PUEBLO NO AVALA LA ACTUACIÓN DEL PODER JUDICIAL

Han propalado la versión de que la reforma al Poder Judicial es un golpe a la democracia, un lance autoritario, pero en realidad afecta solamente a un puñado de magistrados privilegiados, no lesiona los intereses de las mayorías.

La copiosa votación presidencial demostró que el pueblo no avala la actuación del Poder Judicial. La reforma anunciada es un hecho. Norma Piña tendrá que responder ante la justicia, pues como parte de la guerra jurídica que emprendió contra el gobierno federal, destaca el hecho de abrir la puerta de la cárcel, a través de jueces y magistrados, a presuntos delincuentes.

 

ANGÉLICA MOYA EN PROBLEMAS: ISAAC MONTOYA LE ADVIERTE NO HAGA MAL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO

Isaac Montoya, alcalde electo de Morena en Naucalpan, Estado de México, emplazó a la presidenta municipal saliente, del PAN, Angélica Moya, a que haga buen uso de los dineros públicos, en lo que resta de su gestión.

Terminante dijo que se hará una revisión minuciosa de cada uno de los rubros del gobierno local, en especial en lo que compete a la nómina, pues se presume la presencia de “aviadores”.

La invitó a que en la recta final de su administración no comprometa las finanzas del municipio, que evite lesionar al gobierno entrante.

Isaac Montoya manifestó que en su gestión no habrá impunidad y que se procederá conforme a la ley en contra de quienes resulten responsables.

La impunidad es otra realidad * No podemos dejar de lado la violencia electoral que hasta antes de publicar la presente columna daba un saldo de 31 homicidios de candidatos, según la organización Data Cívica, o 34 de acuerdo con la consultora Integralia

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pronto dejará el cargo, el 30 de septiembre llegará a su fin su administración y el 1 de octubre tomará posesión la nueva presidenta de la República.

Son diversos los pendientes que deja, algunos compromisos que hizo al inicio de su sexenio no se cumplieron a cabalidad, está en deuda con la población.

Uno de sus grandes fracasos es en materia de seguridad. La presencia y operación del crimen organizado ha sido la constante, a lo largo de los casi seis años de su gestión las ejecuciones se cuentan por decenas. La impunidad es otra realidad.

Es menester señalar que a finales de mayo el número de crímenes dolosos ascendió a 188 mil 136, asesinatos que comprenden del 1 de diciembre de 2018 a mayo 26 de 2024.

Se trata de uno de los sexenios más violentos, más sangrientos, donde además se consiente al crimen organizado, ejemplo de ello es que se multiplicaron los grupos delictivos.

De acuerdo con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Presidente López Obrador inició su gestión con 16 cárteles de la droga; actualmente, a escasas semanas de concluir suman al menos 148 grupos delictivos, es innegable su proliferación en los diversos estados del país.

Al respecto el Presidente Andrés Manuel ha fijado postura, una y otra vez ha utilizado la poderosa tribuna de la Mañanera celebrada en Palacio Nacional para sostener que el problema de la inseguridad se debe a los gobiernos del pasado, los cuales estrecharon vínculos con el crimen organizado.

Discurso que luce desgastado, en el ocaso de su administración a pocos convence su postura de culpar a los del pasado, máxime que antes de asumir el cargo sabía del grave problema que enfrentaba el país en cuanto a seguridad.

Basta recordar su intervención durante su toma de posesión, ahí señaló que siempre ha pensado que, frente al problema de la inseguridad, lo pertinente es atender las causas que originan la violencia.

Bajo esa observación y previo reconocimiento del grave aumento de homicidios, robos, secuestros, feminicidios y otros crímenes, anunció la creación de la Guardia Nacional.

Instancia que ha quedado a deber, su actuación no es del todo satisfactoria, de manera que el resultado es un clima de inseguridad a nivel nacional.

En su oportunidad la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, acérrima enemiga de la 4T, señaló que “la fallida estrategia de seguridad de Morena es alarmante, los grupos del crimen organizado extorsionan a las familias mexicanas, impiden las cosechas de aguacate o limón, reclutan a la semana en el país a 350 personas contra su voluntad, desaparecen y asesinan a sus enemigos y hasta definen a los candidatos de Morena”.

La legisladora agregó que de acuerdo con un estudio del Complexity Science Hub de Viena, “el crimen organizado es la quinta fuente de empleo en México, ya que entre 160 mil y 185 mil personas trabajan para estas bandas delincuenciales”.

La inseguridad y la operación de los grupos criminales en el país es un hecho, es una de las herencias que AMLO dejará a la nueva presidenta de la República. Seis años no fueron suficientes para atacar las causas que generan la violencia.

No podemos dejar de lado la violencia electoral que hasta antes de publicar la presente columna daba un saldo de 31 homicidios de candidatos, según la organización Data Cívica, o 34 de acuerdo con la consultora Integralia.

Sin duda el reciente proceso electoral será recordado como uno de los más violentos en la historia moderna de México, la ejecución del candidato a alcalde de Coyuca de Benítez, José Alfredo Cabrera, es un ejemplo de la operación de los grupos delictivos.

El Primer Mandatario, al inicio de su gestión, se mostraba optimista, seguro de pacificar al país, luego de la desastrosa gestión de Enrique Peña Nieto y del panista Felipe Calderón.

En su momento se comprometió a reducir en 50 por ciento los homicidios, se fijó un plazo, expuso que tres años serían suficientes; no obstante, en la recta final de su mandato, el país enfrenta una severa ola de inseguridad.

Con una cifra de más de 188 mil asesinatos dolosos, su gestión supera a la de sus dos antecesores. La Cuarta Transformación política de México y el Presidente AMLO están en deuda con la población.

La CFE muestra deficiencias… y culpar a la ola de calor es una salida fácil * Existe la posibilidad de que se registren más casos * Gobierno de Tlalnepantla, coludido con la delincuencia organizada

 

ALFREDO IBÁÑEZ

 

Una serie de apagones de electricidad se han registrado en el país, en perjuicio de miles de personas, pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador rápido salió al paso y culpó directamente a la ola de calor que azota a México.

Postura fácil, simple, sin embargo, es claro que tales problemas se deben a la falta de capacidad del sistema eléctrico, en especial al de la Comisión Federal de Electricidad de generar energía, instancia que preside Manuel Bartlett, el mismo al que se le “cayó el sistema” en 1998, cuando era secretario de Gobernación por el PRI, y el encargado de la supervisión de las elecciones.

Pero volviendo a los apagones, la tarde del pasado martes, cuando el termómetro marcaba altas temperaturas, en 11 estados de la República, como son el Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato, Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca y Querétaro, inesperadamente se suspendió hasta por cinco horas el suministro de luz.

Miles de familias enfrentaron un escenario adverso, máxime que a esa hora por las altas temperaturas los usuarios demandaban el servicio de aire acondicionado.

En lo inmediato ninguna instancia del gobierno federal informó qué es lo que pasaba, “callaron como momias” ante la incertidumbre y desesperación de los usuarios.

Horas más tarde el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), encargado del Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional, dio a conocer que la problemática se debió a la alta demanda de energía, especialmente en la noche.

Según esa instancia, la primera alerta duró 48 minutos, entre las 17:04 y 17:52 horas, tiempo del centro de México, y la segunda, de cuatro horas, entre las 19:10 y las 23:10 horas debido al incremento de la demanda nocturna.

La ola de calor continúa y el sistema eléctrico muestra sus deficiencias, así como la poca inversión económica ante una creciente demanda de luz.

El problema no ha terminado e incluso se prevé que se agudice paulatinamente, por lo pronto al día siguiente nuevamente se suscitaron otros apagones, ahora fue en cuatro estados del país y de acuerdo con el Presidente López Obrador, se dieron en un tiempo menor, media hora.

Añadió que ya se tomaron las medidas para abordar los apagones que han afectado diversas zonas del país y aclaró que van a procurar que no haya daños mayores generalizados, pero reconoció que existe la posibilidad de que registren más.

En la recta final de su sexenio, los resultados saltan a la vista, el Estado no pudo concretar su objetivo de ser el principal generador de energía, le cerraron el paso a la inversión privada y ahora es incapaz de garantizar el abasto.

El gobierno federal privilegia las elecciones, el control político, las grandes obras y descuida sectores importantes como el sistema eléctrico, una ola de calor dejó al descubierto su debilidad.

Pronto el Presidente dejará el cargo y las promesas de mejorar diversos rubros como salud, educación, seguridad, en eso quedarán, simples promesas.

 

GOBIERNO DE TLALNEPANTLA, COLUDIDO CON EL CRIMEN ORGANIZADO

El candidato de Morena a la alcaldía de Tlalnepantla, Raciel Pérez, denunció que funcionarios y policías de esa localidad están coludidos con el crimen organizado.

El resultado de esas malas prácticas son el secuestro, la extorsión y el renteo.

Culpó directamente a la administración del edil del PRI con licencia Marco Antonio Rodríguez Hurtado, quien busca la reelección de la mano del PAN y del PRD.

Raciel Pérez sabe de lo que habla, fue alcalde de ese lugar, por lo que sus señalamientos contra los mandos de la policía municipal deben ser considerados, máxime que no se mandan solos, tienen un jefe y es precisamente Tony Rodríguez.

Insistió que para hacer frente a la inseguridad que asola a Tlalnepantla, es preciso poner orden y depurar a fondo a la policía municipal, porque no se puede normalizar que integrantes de la corporación estén coludidos con la delincuencia.

De nada sirve, dijo, que la actual administración presuma el Centro de Comando (C4), que fue costoso y adquirido a sobreprecio, así como la adquisición de patrullas y tecnología de vanguardia, si no se tienen policías que cumplan con su deber, máxime que la población está sometida a la delincuencia y por malos policías.

Bien haría el candidato de Morena en probar sus denuncias, proceder legalmente contra el actual gobierno municipal del PRI, a quien acusa de estar coludido con la delincuencia, dejarlo en simples declaraciones lo haría cómplice.