Es el líder del cártel inmobiliario en la Ciudad de México, expresa la Ejecutiva federal * Frente a la serie de declaraciones en su contra, el exdelegado en Benito Juárez se defiende de las acusaciones y no se acongoja; en su oportunidad dijo que va a buscar dialogar con el gobierno de la Primera Mandataria CSP

ALFREDO IBÁÑEZ

A Jorge Romero, nuevo dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), no lo quieren ni en su casa, ni en su partido y menos en Morena, pues son diversas las voces que lo señalan de corrupto.

Quienes lo han evidenciado no hablan al tanteo, lo conocen muy bien y saben de qué pie cojea.

Por ahora en el Congreso de la Ciudad de México se aprobó un punto de acuerdo para investigar las acusaciones de corrupción que pesan contra el panista.

Dentro de las figuras que lo han puesto al descubierto por su turbio actuar está el de su compañera de partido, y quien fuera su contendiente en la elección interna del PAN, Adriana Dávila, quien dijo que el proceso careció de transparencia y se recurrió a prácticas antidemocráticas.

Tras dejar en claro su desacuerdo por la forma en cómo se llevó a cabo la elección, sostuvo que se trató de una elección inequitativa en la que se violó la legitimidad.

Jorge Romero, junto con su equipo, recurrió a diversas prácticas para salirse con la suya y apoderarse del PAN, un partido que aun estando en ruinas representa cientos de millones de pesos, y eso sólo por lo que corresponde a las prerrogativas, pero habría que sumarle que dispondrán de la asignación de cargos públicos a su conveniencia, como senadurías, diputaciones federales, locales, presidencias municipales, regidurías, en fin, una larga lista de espacios que representan dinero y poder.

Presuntamente el nuevo líder panista tiene cola que le pisen, está involucrado con diversas carpetas de investigación relacionadas con el tema del cártel inmobiliario, un grupo mafioso que por años ha operado en la alcaldía Benito Juárez y del que hay evidencias es la cabeza.

En su momento la Fiscalía de Justicia capitalina dio a conocer que Jorge Romero se ha beneficiado de la red ilícita que representa el llamado cártel inmobiliario.

Por cierto, otra de las voces en contra del polémico Jorge Romero es nada más y nada menos que la de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia mañanera del pueblo, de manera directa lo describió de cuerpo completo; sostuvo que es el líder del cártel inmobiliario en la Ciudad de México.

Horas después del triunfo del panista, al ser cuestionada dijo que lo conoció muy bien en la Ciudad de México, y añadió que el grupo que encabeza ha sido denunciado por constantes actos de corrupción.

La Presidenta Sheinbaum Pardo recurrió al libro del expresidente Felipe Calderón, en el cual “en su libro dice: ‘Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado de la Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío, me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con eso, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad’”.

Frente a la serie de declaraciones en su contra, el exdelegado en Benito Juárez se defiende de las acusaciones y no se acongoja.

En su oportunidad dijo que va a buscar dialogar con el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Adelantó que será una sola vez la que lleve a cabo ese intento, y en caso de ser rechazado tomará las calles de la capital.

“Ofrecemos la mano, ellos deciden si la dejan extendida, allá ellos. Que demuestren lo que quieran demostrar. Si quieren clasificar, como llevan seis años haciéndolo, entre ciudadanos de primera y de segunda, entonces el PAN va a darse su lugar y vamos a alzar la voz”, afirma de manera categórica Romero.

Es evidente el rechazo del gobierno de Morena hacia el panista, como lo es de sus propios compañeros de partido, muchos de los cuales fueron obligados a alinearse en favor del grupo que hoy se ha apoderado del PAN.

Jorge Romero peca de soberbio, no quiere reconocer que no es indispensable para el gobierno federal, no tiene peso político, no representa nada al igual que el resto de los partidos de oposición.

Lo cierto hasta el momento es que es señalado de estar involucrado en el cártel inmobiliario que opera en la alcaldía Benito Juárez, grupo que se ha enriquecido de manera escandalosa, y del cual varios de sus integrantes están en la cárcel; el caso sigue abierto y pueden proceder contra su líder.

Norma Piña y la oposición sufren otra derrota

ALFREDO IBÁÑEZ

De suma importancia lo vivido en días pasados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los actores involucrados fueron develando su verdadero rostro.

Los ministros, esos señores que por años se han conducido de manera solemne y que se muestran incorruptibles, evidenciaron ante el pueblo de México de qué están hechos.

Su faccioso actuar quedó al descubierto, responden a diversos intereses, están al servicio de quien paga su precio, y lejos, muy lejos están de cumplir con su papel de impartir justicia y emitir sentencias justas.

Junto con los partidos políticos de oposición, una y otra vez insistieron para invalidar parte de la reforma judicial.

Estaban decididos a llevar a buen término la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la cual perseguía invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados de Circuito, la remoción masiva de jueces y magistrados, el recorte salarial para jueces y magistrados en funciones, la inatacabilidad de sentencias del Tribunal de Disciplina, el régimen aplicable para los Poderes Judiciales locales y la prohibición de suspender normas generales en juicio de amparo.

El día esperado para abordar el proyecto llegó, la esperanza de los opositores estaba puesta en ocho personas, con las cuales se alcanzaría la mayoría calificada.

Sin embargo, uno de los aliados de la ministra Norma Piña, declarada opositora del gobierno federal, el ministro Alberto Pérez Dayán, les tenía una sorpresa.

En el momento definitorio se sumó al bloque conformado por las ministras Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yazmín Esquivel, afines al partido gobernante. Con ello se agregó una nueva derrota para la oposición, la cual literalmente está destruida, no tiene futuro, vive sus últimos momentos.

Con el voto del ministro Pérez Dayán la reforma judicial queda intacta, de manera que en junio del próximo año se llevarán a cabo las elecciones de jueces, ministros de la SCJN y de magistrados.

Pero no todo estaba dicho, la presidenta de la Corte, Norma Piña, estaba decidida a vender cara su derrota e intentó violar una vez más la Constitución, lance con el que dejó por los suelos la credibilidad, la honorabilidad y la legitimidad de la Suprema Corte.

Sin sustento jurídico e impulsada más por una actitud visceral se pronunció por invalidar la reforma judicial con seis votos, cuando se requerían ocho debido a que son 11 los ministros que hay en la SCJN.

Ni sus propios aliados se atrevieron a tanto, la dejaron sola, el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue desechado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no dejó pasar la oportunidad de fijar postura respecto a la criticable actuación de Norma Piña.

“Imperó la razón frente a la sinrazón, la cordura frente a la locura”. Quería aplicar una pirueta inconstitucional para invalidar la reforma judicial, externó.

‘‘La ministra presidenta dice no son ocho votos los que se necesitan, son seis porque la nueva redacción de la Constitución dice que seis; bueno, pero son seis cuando son nueve ministros, no 6 cuando son 11, o sea era darle vuelta, una pirueta inconstitucional’’, añadió Sheinbaum Pardo.

Si bien en Morena, en el gobierno federal, todo era felicidad una vez que quedó firme la reforma judicial, horas antes vivieron momentos de nerviosismo, lo que los obligó a preparar el Plan D que, consistía en nombrar a un ministro a finales de este mes, una vez que terminara el mandato de Luis María Aguilar, así como eliminar la pensión vitalicia de los magistrados.

Nada de eso fue necesario, la reforma judicial queda intacta; el siguiente paso es la elección de jueces, magistrados y ministros.

DANIEL SIBAJA, TITULAR DE MOVILIDAD EN EL EDOMEX, NO PUEDE CON EL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

Daniel Sibaja González, titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, es mal visto no sólo por los transportistas, sino dentro del gobierno estatal.

A más de un año de asumir el cargo no ha podido poner orden en ese sector. Los permisionarios solicitaron recientemente su destitución, pues no fue concretado el programa de regularización de los más de 460 mil transportistas.

Le recriminaron su tibia actuación frente a las más de 350 mil unidades piratas que circulan en territorio estatal e incluso ingresan en la Ciudad de México.

Aunado a ello no ha terminado con los trabajos para modernizar a más de 100 mil unidades que si bien gozan de concesión, son viejas, obsoletas, pues están fuera de norma al superar los 10 años de antigüedad.

Sibaja González, se ganó el descontento de los transportistas, los mismos que ya pidieron su renuncia, y al interior del gobierno estatal la molestia crece, pues lejos se ha convertido en auténtico generador de problemas.

Rosario Piedra Ibarra se olvidó de proteger los derechos humanos * La Comisión Nacional privilegia su relación con el poder

ALFREDO IBÁÑEZ

En medio de una gran controversia en breve se llevará a cabo el cambio de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), actualmente encabezada por Rosario Piedra Ibarra, la misma que hizo público su interés por reelegirse cinco años más.

Su trabajo al frente de esa institución ha sido duramente cuestionado, incluso desde el mismo día de su designación, toda vez que quedó demostrado que en formó parte de los órganos de dirección de un partido político, como es Morena, situación que derivó en que los presidentes de 28 comités de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) manifestaran su inconformidad y advirtieran que no era apta para ocupar el cargo.

La inconformidad residió en que uno de los requisitos para encabezar la CNDH es no haber ocupado un cargo en un partido un año antes de la elección.

Sin embargo, ese no fue obstáculo para que asumiera la presidencia de ese organismo, la impusieron.  En una instancia donde se defienden los derechos individuales de los mexicanos y que haya atropellos en su proceso de elección es preocupante.

Pero esa no es la única objeción que tiene Rosario Piedra Ibarra, lo realmente grave es su actuación ante instancias y hechos que vulneran los derechos humanos.

Su desempeño frente al poder es tibio y en contraparte ha dejado en el desamparo a quienes acuden a esa dependencia en busca de apoyo para que se haga justicia frente a diversas violaciones.

Son múltiples las quejas que la población afectada ha interpuesto lo mismo contra gobiernos municipales, estatales, la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y dependencias del sector salud; no obstante, la respuesta es mínima y muchas veces nula.

Uno de los sectores más golpeados ha sido el de los comunicadores, asesinatos de periodistas es alarmante, los agravios públicos de parte de la propia Presidencia de la República en el sexenio anterior fueron permanentes y jamás ha fijado una postura en favor de los representantes de los medios de comunicación.

La sumisión que muestra frente al gobierno federal es lamentable, cinco años más al frente de ese organismo no es muy halagador ante la difícil situación que atraviesa el país en el tema de derechos humanos.

Recientemente el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez hizo un balance de la gestión de la CNDH en los últimos cinco años y el resultado es deprimente.

De manera detallada señala como el Ejército mexicano y la Guardia Nacional han incurrido en ejecuciones extrajudiciales, han asesinado a diversos civiles.

La instancia que encabeza Rosario Piedra Ibarra en algunos casos se ha abstenido de pronunciarse, no emite alguna recomendación, y cuando ha intervenido ha sido para deslindar a los responsables de sus actos.

Basta señalar dos ejemplos de su proceder: el asesinato de dos jóvenes en Ciudad Jiménez, Chihuahua, en enero de 2023, cuyo caso fue remitido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos al organismo nacional.

Otro suceso más, el asesinato de alrededor de 25 personas en el marco de un enfrentamiento en La Concordia, Chiapas, en marzo de 2024, en ambos casos no hubo recomendación, pero sí de manera diligente emitió un pronunciamiento en el que deslindó de los sucesos a los responsables.

Cabe mencionar que instancias como Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría del Bienestar, IMSS, ISSSTE, FGR, SSPC y Semar concentran el mayor número de quejas.

Contrario a lo que se pudiera esperar, de que se pronunciara para evitar ese tipo de violaciones, guarda silencio lo que se traduce en una cifra ínfima de recomendaciones.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en su informe señala que, de un total de mil 816 quejas contra la GN, entre 2020 y 2023 la CNDH sólo ha dirigido 13 recomendaciones.

Lo mismo sucede con el Ejército Mexicano, el cual ha sido señalado de manera recurrente de violar los derechos humanos, instancia que a la fecha suma mil 664 quejas, y en contraparte tiene en su haber hasta este año 26 recomendaciones.

Otro ejemplo más de las violaciones a los derechos humanos es la Secretaría de Bienestar, la cual concentra con 4,207 quejas presentadas entre 2020 y 2023; y, sin embargo, durante esta gestión la CNDH sólo ha emitido una recomendación dirigida a esa Secretaría.

El próximo 15 de este mes concluye el periodo de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH, es la oportunidad para darle un nuevo sentido a esa instancia, es el momento para que asuma su papel de proteger los derechos humanos de todas las personas, y deje atrás su postura de sumisión frente al gobierno federal en turno.