PULPO POLÍTICO
Zedillo, con más ética que AMLO
Al priísta no le tembló la mano para pedir la renuncia de Fausto Alzati, entonces titular de la SEP * El Presidente AMLO defiende lo indefendible en el plagio de la ministra Yasmín Esquivel
MARCO ANTONIO FLORES***
En el polémico y escandaloso caso de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, el rector de la UNAM, Enrique Graue, ratificó que se trató de un plagio la elaboración de su tesis para obtener el título de Licenciada en Derecho y pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) resolver sobre la eventual invalidación del título.
Por ello el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la UNAM, en vez de resolver, aventó la “papa caliente” a la SEP. Como resultado de lo anterior, un grupo de 33 académicos de la propia Universidad -algunos miembros del Consejo Universitario-,le tomó la palabra al Presidente y pidieron al Comité de Honor y Justicia de dicho Consejo, invalidar el título que obtuvo la alumna Yasmín Esquivel “en forma fraudulenta”.
Sin embargo, existe una laguna jurídica al respecto, ya que la UNAM carece de facultades para la invalidación. Además, la ministra ya dijo que no renunciará y que no tiene de qué avergonzarse.
Muchos ciudadanos y periodistas han recordado en medios de comunicación y en las redes el caso Alzati, que ocurrió en 1995, comparándolo con el de Yasmín, la ministra de la SCJN, acusada de haber realizado el plagio de su tesis en 1987.
Mientras la ministra Yasmín Esquivel lleva en el cargo casi cuatro años y el Presidente López Obrador -quien la postuló- no ha sido claro en su postura, después de dos meses del escándalo, muchos analistas coinciden en señalar que un gobierno neoliberal mostró tener más ética, ya que el presidente Zedillo pidió la renuncia a Fausto Alzati Araiza 53 días después de haber sido designado secretario de Educación Pública -el 1 de diciembre de 1994-, ya que como se difundió en la prensa, se ostentaba como doctor sin tener el título.
El periodista Leonardo Curzio publicó un tuit el 11 de enero pasado que decía “Si el caso de Fausto Alzati marcó una época, el de Yasmín Esquivel pasará a la historia”.
En el programa de El Financiero Bloomberg “Al cierre”, del 16 de enero, los periodistas Leonardo Kourchenko, Enrique Quintana y Víctor Piz, compararon el caso Alzati, en tiempo de los neoliberales, con el caso Yasmín e insinuaron que mientras el titular de la SEP sí fue renunciado por el presidente Zedillo, en el caso de Esquivel -dada su actitud- se infiere que continúa con el apoyo del Presidente López Obrador.
Vamos a esbozar cuáles son las diferencias, las similitudes y las consecuencias de estos dos casos, que han sido los mayores escándalos “académicos” de servidores públicos de primer nivel.
La similitud más grande en la que convergen los dos casos es el linchamiento mediático y colectivo de ambos personajes. El escarnio y el morbo de que son objeto. Todo mundo se erige como juez en lo que pareciera un juicio sumario y lapidario y cada cual da su inapelable sentencia pública.
En el caso de la ministra Esquivel Mossa, el senador expanista, exmorenista, exadmirador de AMLO, ahora “independiente” Germán Martínez , declaró en diversos medios que ”la ministra debe largarse” y afirmó ”como abogado me da asco que una ministra de la SCJN esté en el cargo de forma espuria, ya que su título debe considerarse nulo”.
Y de los dichos pasó a los hechos, pues Germán ya presentó solicitud de juicio político contra la ministra Yasmín Esquivel.
En el otro extremo, Eduardo Andrade Sánchez, quien fue abogado general de la UNAM, en 1985-86, cuando se tituló la ministra, y también director general de Profesiones de la SEP, aseguró que “el título de abogada obtenido por la ministra Yasmín Esquivel no está en riesgo aun si se demostrara que cometió plagio en la tesis que presentó para la obtención del grado”.
Agregó que “cualquier dictamen que se hiciera tendría una naturaleza académica estrictamente, pero carecería totalmente de obligatoriedad, de vinculatoriedad de tipo jurídico. No sería vinculatorio un dictamen porque no hay una facultad de resolver esto por parte de un Tribunal Universitario”.
”…la invalidación de un título sólo puede tener efecto por una resolución de carácter judicial”, aseguró Andrade Sánchez en relación con la polémica desatada tras las revelaciones de que cometió plagio. Lo anterior demuestra diferentes apreciaciones de abogados.
Para continuar en el mismo tenor legalista, ya que “La ley es la Ley”, veremos qué establece la Constitución Política como requisito para ocupar los cargos de los referidos personajes. YASMÍN.- Art. 95.- Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: .……III.- Poseer título profesional de abogado, expedido por la autoridad o corporación legalmente facultada para ello.
ALZATI.- Art. 91.- Para ser secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos. Ambos funcionarios cumplieron con el requisto constitucional establecido para ocupar sus cargos.
Así como el ex abogado general de la UNAM Eduardo Andrade afirma que la ministra cumplió con los requisitos constitucionales para el cargo, así también el entonces gobernador del Estado de México, Emilio Chuayffet, dijo que al presidente Zedillo le hubiera bastado salir a decir que el nombramiento de Fausto Alzati lo había hecho de conformidad con la Constitución Política.
¿Quiénes descubrieron públicamente el estatus académico de estos personajes..?
El de Yasmín lo difundió el escritor Guillermo Sheridan en el portal Latinus. Por ello, el Presidente AMLO, ha dicho que se trata de un ataque de sus adversarios.
El de Alzati lo filtró Juan Enríquez Cabot al periódico Reforma, avalado por Manuel Camacho Solis y Elba Esther Gordillo (en ese tiempo socios del periódico). El presidente Zedillo no se dio cuenta que lo atacaban sus adversarios.
Los dos casos cobraron gran relevancia por inscribirse en contextos políticos de alcance nacional. La ministra Esquivel era la candidata de AMLO para presidir la SCJN. En la votación del 3 de enero, en la que se eligió presidenta de la SCJN, Yasmín solo obtuvo un voto, que se estima fue el de ella para ella, con lo que se demuestra que los otros ministros no la apoyan -en lo más mínimo-, pero tampoco tienen facultades para solicitar su renuncia.
En cuanto al exsecretario de Educación, Fausto Alzati, también se conformaba un contexto político de primer nivel. Él venía de ser el mejor director que ha tenido Conacyt -hasta la fecha-, esto dicho y reconocido ampliamente por los mejores científicos e investigadores del país, en ese momento, por lo que su ingreso al gabinete representaba la amenaza de que entrara al juego de la sucesión presidencial, por lo que otros tiradores harían lo que pudieran para descarrilarlo (léase el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, aliado de la maestra Gordillo).
Tanto la ministra como el secretario de Educación tienen trayectorias profesionales y académicas dignas de observarse para no descalificarlos “A-priori”.
Para darles el beneficio de la duda y para dar crédito a la figura juridica de que todo mundo es inocente hasta que se le demuestra lo contrario, echemos un vistazo a sus trayectorias y logros en la vida pública nacional.
Si consideramos las nuevas modalidades de titulación que tiene la UNAM que incluye: a) Titulación mediante tesis o tesina; b) Por actividad de investigación; c)- por actividad de apoyo a la docencia; d) Por servicio social y, e) Por Taller de investigación. Además de otras instituciones que incluyen examen de conocimientos, créditos de posgrado y seminario. Podríamos inferir que la ministra acreditaría obtener el título de licenciatura por al menos tres de estas alternativas. Esto, sin exentarla de la responsabilidad ética personal, que pudiera tener y si supo en su momento que su trabajo de tesis era un “plagio” realizado por su asesora de tesis, la recién renunciada de la UNAM, Martha Rodríguez.
En ese contexto, Yasmín Esquivel acredita en su currículum que, además de la licenciatura en derecho, cuenta con especialidades en derecho administrativo, fiscal y en el sistema financiero mexicano, cursadas en la Universidad Panamericana; es diplomada en gobierno y administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y es Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en coordinación con la Universidad Anáhuac, mismo que cursó en el año 2000.
En su trayectoria profesional se señala que durante los últimos 20 años, se ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional, sin algún escándalo de corrupción y con buenos resultados.
Inició como secretaria de Estudio y Cuenta de la Presidencia del Tribunal Superior Agrario, en el año 2000. En 2004 es designada magistrada unitaria de los Tribunales Agrarios por unanimidad por el Senado de la República.
En 2009 el jefe de Gobierno del Distrito Federal la designa magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cargo que fue ratificado, por unanimidad, por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El 2 de enero de 2012, el pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal la elige como presidenta del Tribunal, de la Sala Superior y su Junta de Gobierno. En marzo de 2019, la propuesta del Presidente AMLO es ratificada por el Senado y es nombrada ministra de la SCJN.
Por su parte, Fausto Alzati, fallecido en junio de 2020, tuvo una trayectoria académica y profesional digna de conocerse. En los 80s, el secretario de Hacienda, David Ibarra, lo invita como cercano colaborador, y ahí al tiempo que terminaba sus estudios de Derecho aplica a Harvard por sugerencia y apoyo del secretario. Concluye la totalidad de los créditos que acreditan la licenciatura en Derecho en la UNAM.
Con ese documento -no con el título- cumple el requisito que le solicitaba la Universidad de Harvard. Es aceptado para estudiar el MPA, Maestría en Administración Pública por la John F. Kennedy de Harvard University. Sus ansias por seguir el Doctorado en Harvard lo obligan a obtener allá el grado de Maestro en Administración Pública (Grado-Título-que si obtuvo desde entonces), ya que éste era requisito para ser aceptado en el Doctorado en Economía Política.
Fausto tuvo una estancia destacada en el Doctorado, llegó a ser colaborador adjunto del célebre politólogo Samuel Huntington. Para obtener el grado de Doctor, elaboró una primera tesis sobre el tema de “Energéticos”, con colaboraciones de reconocidos especialistas, como Daniel Yergin, autor de “The Prize”, obra sobre la historia del petróleo, reconocida mundialmente. En este libro el Dr. Yergin cita a Fausto Alzati en cuatro ocasiones.
Durante este tiempo vivió en Boston casi ocho años – manteniendo a su esposa y dos hijos-. A pesar de que en México recibió beca, tuvo que aceptar venir a trabajar a nuestro país a Nafinsa cuando estaba a punto de presentar su tesis (tema “Energéticos”) para obtener el grado de Doctor.
Después de dirigir Conacyt, de 1990 a 1994, donde tuvo logros muy importantes, el 1 de diciembre de 1994, el presidente Ernesto Zedillo lo nombró secretario de Educación Pública. En enero de 1995 el escándalo fue mayúsculo. Por primera vez un secretario de Estado se veía obligado a renunciar, porque había “mentido”. Se decía doctor y no lo era. Solo mereció el mote del “bachiller” Falzati, “gran mentiroso”.
Fue destrozado por los medios de comunicación y por el colectivo anónimo. Fausto Alzati tuvo la entereza para regresar a Boston a vivir como estudiante durante un año preparando una nueva tesis para obtener el grado de doctor.
Su caso fue presentado ante la Comisión de Honor de Harvard, la que acreditó que, por su destacado desempeño como estudiante durante 7 años en esa universidad, merecía otra oportunidad. Esta vez el trabajo fue un análisis sobre “100 años de crecimiento económico de doce países”, que probó, con rigor de métodos estadísticos y científicos, que México debería crecer a tasas de 7% promedio durante 27 años para abolir la pobreza y contar con estándares de bienestar óptimos.
En 1997 obtuvo el grado de doctor en Economía por Harvard. mismo grado que en ese tiempo solo tenía un mexicano, Carlos Salinas de Gortari, el neoliberal, ahora “innombrable”, a quien México, incluida la 4T, le debe la creación del T-MEC, pilar en el que a la fecha se sustenta la economía nacional.
Es claro que los errores y omisiones en puestos de gran responsabilidad deben pagarse. Sin embargo, a veces no basta la renuncia. La traición y la infamia alimentan el morbo del monstruo colectivo para que pida crucificar a los “culpables”.
Las sentencias lapidarias devoran trayectorias y destrozan vidas, sin conocer las historias ni dar oportunidad a los presuntos culpables de defenderse.
Académico y consultor***
PULPO POLÍTICO
García Harfuch, la gran esperanza
A construir la paz, principal encomienda de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo * Es alentador que la Estrategia Nacional de Seguridad inicia con el pie derecho al lograr resultados concretos e importantes
MARCO ANTONIO FLORES***
Enorme reto y gran esperanza de que Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), logre la construcción de la paz en México.
Encuestas y estadísticas más serias demuestran que la seguridad y la paz es el tema que más preocupa a 130 millones de mexicanos.
Es alentador que la Estrategia Nacional de Seguridad (ENS) inicia con el pie derecho al lograr resultados concretos e importantes.
A treinta y nueve días del inicio de este gobierno, García Harfuch informa que, al hacer un balance estadístico de los últimos años, hay una tendencia de disminución de los delitos de alto impacto.
La tendencia ocurre pese a que el homicidio doloso alcanzó la cifra de 200 mil recientemente. La herencia en esta materia, de al menos cuatro sexenios, es un gigantesco deterioro nacional que ha crecido con el avance y multiplicación de grupos y cárteles delictivos en al menos la tercera parte del territorio nacional, según los altos mandos del Ejército norteamericano.
Por ello, en el informe del titular de la SSPC es significativo observar los resultados -en menos de 2 meses- del cambio de estrategia: 42 toneladas de droga confiscada; 400 mil pastillas de fentanilo; 3 mil detenidos y mil 300 armas confiscadas.
Entre estas acciones destaca el decomiso de 3 toneladas de cocaína y la detención de 9 personas a bordo de un navío que la transportaba en las costas de Guerrero, el pasado 3 de noviembre.
Tan solo este decomiso tiene un valor de 105 millones de dólares, si consideramos que en Nueva York el kg de cocaína alcanza los 35 mil dólares. Este nivel de logros hacía años que no se tenían en México.
A LA BAJA LA INCIDENCIA DELICTIVA DE ALTO IMPACTO
La maestra Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la Mañanera del Pueblo, en el informe de Seguridad, destacó lo siguiente: “En materia de tendencias en la incidencia delictiva de alto impacto, es decir, de los delitos de homicidio doloso, feminicidio, lesiones dolosas por arma de fuego, secuestro, extorsión y robos con violencia en sus diferentes modalidades, como son robo a transeúnte, de vehículo, a transportista y casa-habitación, se identifica que se tiene una disminución en el promedio diario entre 2019 y 2024 de 37.2”. También informó: “En lo que respecta al estatus de las entidades del país, respecto a los homicidios dolosos, el 50% de estos se sigue concentrando en 7 estados: Guanajuato, que concentra el 10.3% nacional; Baja California, 8%; Estado de México, 7.6%; Chihuahua, 6.7%; Jalisco, 6%; Guerrero, 5.9%, y Nuevo León, 5.4 por ciento.
Para lograr consolidar la ENS, en días pasados el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana acudió a un encuentro con representantes de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados con el fin de presentar las reformas constitucionales que permitirán sentar las bases normativas para el cumplimiento de la ENS.
Explicó las reformas que forman parte de este proyecto que busca fortalecer las capacidades de investigación para reducir los índices de violencia y combatir la impunidad. Destacó que con estas modificaciones se mejorará la eficiencia de las investigaciones y las detenciones, así como la judicialización efectiva y la obtención de sentencias condenatorias privilegiando el uso de la inteligencia sobre la fuerza.
Es por ello que se planteó una modificación al Artículo 21 de la Constitución Política, que permitirá realizar funciones de investigación de delitos con las demás instituciones de seguridad, siempre bajo la conducción y mando del agente del Ministerio Público, además de reforzar que la SSPC coordinará y dirigirá la ENS, así como el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública.
Asimismo, se propone la reforma a 14 de las 27 fracciones del Artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el fin de establecer de manera amplia y clara las funciones y alcances en materia de investigación y persecución de los delitos con base en la inteligencia, información estratégica, análisis, colaboración, operaciones especiales y el aprovechamiento de la tecnología, además de que la SSPC realice funciones de coordinación con policías estatales cuando así se requiera.
Adicionalmente se plantea la creación de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, con la cual se establecerá un marco jurídico que posibilite la obtención y uso de información para el combate de la delincuencia, sobre todo de la investigación y persecución de los delitos de alto impacto.
Con estas reformas, se busca fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad del Gobierno de México para dar cumplimiento a los cuatro ejes de la ENS.
EFICAZ EN LA CDMX
Para nadie es desconocido que, en el gobierno de AMLO, con excepción de la CDMX, en todo el país los resultados fueron desastrosos.
Las acciones que puso en marcha García Harfuch probaron su eficacia y ahora las replicará y extenderá en el plano nacional y federal.
En la CDMX, explicaba lo siguiente: “Cambiamos la forma de operar de la policía, ya que siempre había sido preventiva y solo era posible capturar delincuentes en ‘flagrancia’. Lo que se hizo fue enviar una iniciativa al Congreso para que la SSPC tuviera la facultad de investigar y con ello se logró dar seguimiento, desde que ocurre el delito hasta la detención”.
Es muy alentador que el gobierno de Claudia Sheinbaum está llevando a cabo una nueva, inteligente y creativa política en seguridad, con las reformas legales necesarias para incluir en sus investigaciones y capturas, una estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, Ejército y Armada, así como con los gobiernos estatales.
Para evitar la “puerta giratoria”, Omar García Harfuch ha subrayado la importancia del Ministerio Público, cuya función es fundamental y consiste en el “esclarecimiento de los hechos” a través de una sólida investigación que dé sustento a la acusación.
De su desempeño depende que existan datos y razones con pruebas válidas y transparentes, que en el juicio darán soporte al juez.
También una investigación sólida dará soporte a una explicación clara y persuasiva, no sólo para la víctima, también para el imputado (presuntos delincuentes) y la sociedad.
La consigna de “Abrazos y no balazos” fue un rotundo fracaso que propició que el Ejército, Marina y Guardia Nacional debieran soportar humillaciones de delincuentes, con tal de abrazarlos y no atacarlos, ni aún en el caso justificado del uso legítimo de la violencia, como potestad exclusiva del Estado.
Se abre la esperanza y la certeza de que en México vendrán mejores tiempos de seguridad y paz, combate eficaz a la impunidad, una mejor impartición de justicia penal y el fortalecimiento del ansiado Estado de Derecho.
Sin seguridad no hay transformación, ni mayores inversiones para el crecimiento económico. Sin seguridad se cancela el futuro y la viabilidad de México como nación.
NADIE MEJOR QUE GARCÍA HARFUCH
Para bajar los índices delictivos que azotan al país, nadie mejor que Omar García Harfuch. Ya lo demostró en su paso como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, en donde cumplió con la encomienda que le asignó la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.
Durante su gestión de cuatro años como responsable de la SSC capitalina, García Harfuch fue destacado por Sheinbaum por los logros en materia de seguridad y por bajar los índices en delitos de alto impacto.
Omar García, por su preparación académica y profesional, es el personaje ideal para combatir la delincuencia organizada a todo lo largo y ancho del territorio nacional, un legado que le dejaron los gobiernos anteriores.
García Harfuch tiene la alta estima, confianza plena y la esperanza de millones de mexicanos para combatir de formar eficaz la ola de violencia que azota al país, la principal encomienda que tiene asignado por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Que así sea, los ciudadanos se los agradecerán.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
Ebrard y De la Fuente, equipo vital para el T-MEC
México se prepara con tiempo para la renegociación del tratado * Juan Ramón llevará la dirección y la operación de la política exterior de México y a Marcelo le corresponde lo del Tratado más el campo de la economía y el comercio
MARCO ANTONIO FLORES***
Aunque se ve lejana la renegociación del T-MEC, México no se duerme en sus laureles y ya Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE), y Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), trabajan conjuntamente y hacen equipo para sacar adelante la encomienda de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Ebrard Casaubón revela parte de su plan para que México continúe beneficiado con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Señala que para la negociación del proyecto está incluida la participación del canciller Juan Ramón de la Fuente, un personaje que hizo buenas relaciones en Estados Unidos cuando fue representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Es indudable que Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente trabajarán de forma cercana.
La revisión del T-MEC en 2026, tras el triunfo de Donald Trump obliga a México a prepararse para la batalla con tiempo, y es ahí donde entrará el gran equipo integrado por los secretarios de Economía y de Relaciones Exteriores.
“Vamos a hacer equipo, Juan Ramón va a llevar la dirección y la operación de la política exterior de México; a mí lo que me corresponde es lo del Tratado más todo lo que tiene que ver con el campo de la economía y el comercio”, expresa Ebrard en una entrevista concedida a la prestigiada periodista Azucena Uresti.
El titular de la SE califica como “un acierto” haber dejado a Juan Ramón de la Fuente como canciller, cargo que él ocupó durante los primeros años del gobierno anterior.
Sobre el T-MEC, Ebrard Casaubón explicó que la revisión será a mediados de 2026, en julio para ser más concretos, pero en México ya está comenzando el análisis, que incluye algunas propuestas para Estados Unidos, entre ellas maximizar todas las ventajas que el tratado ha representado para ambos países.
“Hay varios temas que plantearemos porque también le convienen a Estados Unidos”, añade.
El titular de la SE destacó los resultados que ha representado el Tratado para México y afirmó que el objetivo es conservarlos y exponenciarlos.
“Ese tratado ha tenido resultados muy buenos, entonces vamos a partir de la base de decir que lo que negociamos hace 6 años está funcionando muy bien”, remarcó.
Respecto a la migración, que es tan importante para Trump, explicó que se analizará próximamente cuál será la estrategia de México.
Sobre la llegada de Trump a la Casa Blanca, comenta: “Creo que habrá una relación muy compleja, pero anteriormente se logró encausar y sacar adelante la relación al grado de que se logró sacar el T-MEC, pese a las opiniones en contra y que hoy está funcionando”.
MÉXICO ES OPTIMISTA: EBRARD
El titular de Economía se muestra optimista de cara a la revisión del T-MEC y augura que la relación del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum con la administración del presidente electo Donald Trump será muy buena, debido a que nuestro país es el principal socio comercial de la Unión Americana.
“Yo estoy optimista, no digo que va a ser fácil, porque nada es fácil, pero la relación con el presidente Trump va a ser muy buena y con su gobierno también”, agrega.
Explica que su confianza se basa en el hecho de que México se ubicó recientemente como el principal socio comercial de Estados Unidos y que millones de empleos en ese país dependen de sus exportaciones a nuestra nación.
En el último año, puntualizó, las exportaciones mexicanas a EU se incrementaron en un 6.5 por ciento, mientras que las de ese país al nuestro crecieron en alrededor del 4.5 por ciento.
Se pronunció en favor de trabajar en conjunto con los vecinos de la región para poder competir frente a otras regiones como Asia, al tiempo que consideró que la imposición de aranceles a las exportaciones desde México a EU lo único que haría sería afectar a los consumidores estadounidenses.
“Nosotros importamos muchas cosas de EU, las integramos y luego eso se va de regreso a ese país, si tú le pones un arancel, el consumidor allá tendría que pagar más”, abunda.
SERÁ UN ÉXITO LA REVISIÓN DEL T-MEC: DE LA FUENTE
Juan Ramón de la Fuente confió en que la revisión del T-MEC para 2026 tendrá éxito, además que reconoció el importante papel que tendrá el sector privado, así como la oportunidad que representa el nearshoring.
De la Fuente hace un llamado a inversionistas y líderes empresariales a seguir tendiendo puentes que fomenten un crecimiento inclusivo, sostenible y compartido, con oportunidades para los países que integran el T-MEC que hasta ahora, dijo, ha traído beneficios.
“Para México, el actual contexto geopolítico y económico representa una gran oportunidad para fortalecer sus bases económicas, atraer inversión extranjera directa y crear nuevos empleos en sectores como manufactura, tecnología y servicios. Empleos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente.
“El nearshoring representa una oportunidad única para que nuestras economías impulsen estos sectores clave y estratégicos, incluyendo por supuesto la industria de semiconductores, y los sectores automotriz y textil”, dijo al señalar el compromiso de nuestro país con la innovación tecnológica y la conectividad económica.
El titular de la SRE resaltó la fuerte conectividad de México con Estados Unidos para la integración económica y la colaboración.
“Hoy México está a la vanguardia de esta transformación, actuando como puente entre América del Norte y América Latina, y ofreciendo una puerta de entrada a una de las regiones más dinámicas y de más rápido crecimiento del mundo”, añade.
Esta revisión permitirá a los tres países evaluar la aplicación del acuerdo y abordar las preocupaciones: “El éxito de la revisión dependerá de la colaboración entre las tres naciones para afrontar los retos y sostener nuestro crecimiento económico colectivo. El sector privado desempeñará un papel muy importante”.
“El liderazgo de América del Norte reside en muchos, muchos aspectos en este bloque económico norteamericano. Y debemos actuar como socios y como bloque para hacer frente a los retos que sin duda están ahí y que llegarán. De eso no hay duda.
“Hemos construido una de las alianzas más fuertes del mundo. Así que cuidémosla y hagámosla aún más fuerte. Creo que es un verdadero reto”, enfatiza.
“Pero el sector privado volverá a desempeñar un papel muy importante en el proceso, y puedo decir que quizá incluso más importante que en el pasado”, destacó el titular de la SRE.
Todas las esperanzas están puestas en Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, el dúo dinámico para sacar adelante la renegociación del T-MEC.
***Académico y consultor.
Crisis constitucional y económica * Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro ponente, señala: “Tengo esperanza en que la Presidenta reflexione, estamos de acuerdo en muchas cosas. Esto tiene que cambiar; yo he buscado a Adán Augusto y a los líderes de Morena”
MARCO ANTONIO FLORES***
El martes 5 de noviembre de 2024 sesionará el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un último intento por hacer valer su misión fundamental de ser tribunal constitucional, que significa velar, para que, aún, en las reformas constitucionales se respeten los principios fundamentales (cláusulas pétreas), los derechos humanos y garantías individuales consagradas en la Carta Magna.
Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro ponente, señaló: “Tengo esperanza en que la Presidenta reflexione, estamos de acuerdo en muchas cosas. Esto tiene que cambiar; yo he buscado a Adán Augusto y los líderes de Morena”.
Imagínese lo que significa para México destruir un sistema judicial que lleva casi dos siglos, para saltar al abismo a experimentar uno nuevo, motivado por una venganza personal (del Poder Ejecutivo) y un evidente “afán controlador” del partido en el poder.
Desde la Constitución de 1824, cuando José María Morelos y Pavón propuso incluir en el Acta Constitutiva del país los principios fundamentales de nuestro sistema de gobierno: Ser una República democrática, representativa y federal. Se adoptó el principio de la división y separación de Poderes con la ineludible independencia dentro de su unión.
El Poder Judicial nació independiente y para asegurar su libertad se adoptó el principio de la inmovilidad judicial; hoy, después de 200 años, ese basamento de nuestro régimen democrático constitucional fue abolido de un plumazo por obra y gracia de una mayoría legislativa ciega y sometida al Ejecutivo federal, ignorante de nuestra historia.
RENUNCIA Y POSTURAS
Con la inédita renuncia de ocho ministros al supremo tribunal constitucional y con el cese de casi 2 mil jueces y magistrados se ha consumado un auténtico golpe de Estado contra uno de los pilares de nuestra convivencia democrática.
En las renuncias que presentaron los ministros de la SCJN, la última semana de octubre de 2024, se expresan su desacuerdo con la reforma judicial y su pesar por lo que ésta representa.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señaló en su renuncia: “Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones”; la ministra Ana Margarita Ríos Farjat dijo: “La reforma impone una disyuntiva que considero impropia… Para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal y como parte de ese rechazo, opto por no aceptar, bajo tales condiciones y llegado el momento, el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro de este tribunal constitucional”.
La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández expresa: “Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para la que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”; el ministro Javier Laynez Potisek comenta: “Hago de su conocimiento mi declinación para participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025…”.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señala: “Renuncio… me permito al dejar este puesto y hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor”; el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijo: “Después de más de cuarenta años de carrera judicial, con la convicción de siempre haber desempeñado mis funciones con la independencia, honestidad, imparcialidad, objetividad, excelencia y entrega que son necesarias en la actividad jurisdiccional, sin que implique un acto de claudicación o conformidad de mi parte…”.
Luis María Aguilar Morales expresa: “El ejercicio de este cargo he procurado siempre velar por la justicia y por la protección de los derechos humanos de todo habitante de nuestro país”; el ministro Alberto Pérez Dayán comenta: “Expreso a ese Senado de la República mi declinación a la candidatura al proceso electoral extraordinario 2024-2025”.
EL 5 DE NOVIEMBRE, DÍA ‘D’
Ya aprobadas en forma precipitada y sobre las rodillas, tanto la reforma judicial como la mal llamada reforma de “supremacía constitucional”, el pleno de la SCJN votará el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que propone al Tribunal Pleno contestar a las demandas de acción de inconstitucionalidad presentadas por diversos partidos políticos nacionales, un partido político local y la minoría parlamentaria de una entidad federativa.
En esta acción de inconstitucionalidad se impugna la denominada “Reforma Judicial”, publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, la cual pretende renovar a los Poderes judiciales Federal y de las entidades federativas y dotarlos de legitimidad democrática.
En el proyecto que presenta el ministro González Alcántara se fundamentan todos y cada uno de sus puntos y se traduce en una valiosa y oportuna propuesta jurídica y política, que contiene una salida conciliadora a la reforma judicial. Plantea básicamente que se elijan a los ministros de la SCJN y a los magistrados del TEPJF, pero no así a casi 4 mil jueces y magistrados de tribunales federales y estatales de todo el país y que representan el basamento de todo el Poder Judicial.
En su proyecto, entre todo su contenido, se destaca lo siguiente: “Según la Constitución, los partidos políticos nacionales tienen legitimación para impugnar normas generales en materia electoral, cuyo ámbito validez sea todo el territorio nacional; La SCJN está facultada para resolver acciones en las que se impugne la constitucionalidad de normas generales. El decreto impugnado contiene normas generales. ¿Por qué analizar la constitucionalidad de una reforma inconstitucional? Nuestra Constitución, vigente desde 1917, es el producto de un pacto federal… y la Corte, como defensora de la Constitución, debe revisar, incluso las reformas constitucionales que contravengan ese pacto.
“Existencia de vicios durante el proceso legislativo. Los procedimientos de todo tipo deben asegurar el cumplimiento de tres elementos esenciales, esto es, la participación de todas las fuerzas políticas en condición de igualdad, la aplicación correcta de las reglas de votación y la publicidad del procedimiento. En el decreto impugnado que tiene como objetivo cesar masivamente a las personas juzgadoras que accedieron al cargo mediante la carrera judicial, así como reducir el salario que actualmente perciben, para dar lugar a la elección de esos cargos por voto popular. En este apartado se propone invalidar ese régimen transitorio por violar las garantías judiciales de inamovilidad del cargo e irreductibilidad de sus percepciones, con el fin de salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, lo que constituye un elemento nuclear del régimen democrático para garantizar la división de Poderes y se analizan las disposiciones constitucionales que regulan el acceso a los cargos de personas juzgadoras mediante voto popular.
“Las disposiciones constitucionales que regulan este sistema se invalidan porque se advierte que no existen las condiciones mínimas democráticas que permitan una elección auténtica, dado que no existe certeza en el régimen de postulación de candidaturas y el sistema de listas masivas no permite la posibilidad de ejercer el voto de manera libre e informada, ni de reflejar las preferencias electorales para un órgano jurisdiccional determinado”.
‘SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL’
Especialistas y reconocidos juristas señalan que la reforma de “supremacía constitucional” no aplica en el análisis de la SCJN sobre la reforma judicial en consideración a lo siguiente:1) El transitorio segundo dice: ‘Los asuntos que se encuentren en trámite’, pero el estatus del asunto del ministro González Alcántara Carrancá está en lista para el martes, POR LO QUE YA NO ES UN ASUNTO EN TRÁMITE, por tanto NO le aplica el transitorio segundo de la ‘supremacía’; 2) Principio de irretroactividad de la ley. Aún prevalece el Artículo 14 de la Constitución y en esta parte normativa estipula que NO se puede aplicar la ley de manera retroactiva en perjuicio de ninguna persona.
El proyecto del ministro ESTÁ resolviendo cinco acciones de inconstitucionalidad que presentaron CINCO PERSONAS perfectamente legitimadas para IMPUGNAR ante la Corte la reforma judicial.
Así, la reforma de “supremacía constitucional” (en materia de inimpugnabilidad) lo único que ADMITIERON tácitamente los del Poder Legislativo es QUE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL SÍ SE PUEDE REVISAR POR LA CORTE.
La reforma judicial es inconstitucional porque viola cuatro principios: De retroactividad, de progresividad, de legalidad y de seguridad jurídica.
Si -como se espera- la resolución de la SCJN no es acatada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo continuará un gran enfrentamiento entre los Poderes de la Unión, lo que nos podría llevar a una crisis constitucional sin precedentes, lo que traería aparejada una crisis económica, se pondría en riesgo el T-MEC y todas las inversiones nacionales y extranjeras.
Adicionalmente el eventual triunfo de Donald Trump agravaría la crisis económica. Sin confianza y reglas claras, no habrá inversión, ni crecimiento económico y tampoco recursos para el bienestar compartido. Seguridad y “Estado de Derecho” son las asignaturas pendientes, que incluye combate a la impunidad, así como impartición y administración de justicia, que corresponde al Ejecutivo.
Urge una reforma integral de la justicia. Hay la esperanza que Claudia Sheinbaum Pardo atienda la invitación del ministro González Alcántara a reflexionar, que actúe como jefa de Estado y gobierne para todos los mexicanos al margen de partidos e ideologías.
La Presidenta Sheinbaum debería poner cimientos sólidos para una auténtica transformación con cambios radicales en las políticas públicas en materia de seguridad pública, salud, educación, economía, procuración y administración de justicia, sustentabilidad, política energética y alimentaria, entre otros.
Avanzar para lograr lo que todos los mexicanos anhelamos: Un México con justicia, democracia y prosperidad compartida. Que así sea.
***Académico y consultor.
Jorge Romero, descrito de cuerpo completo por la Presidenta Sheinbaum
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