PULPO POLÍTICO
Se viene otra alternancia en 2024
Publicado
Hace 3 añosen
Por
RedacciónPOR MARCO ANTONIO FLORES
“En las sociedades democráticas no ocurren grandes revoluciones y éstas, a su vez, no producen la democracia. El significado político más importante de la democracia es la capacidad que poseen sus instituciones para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos”, afirma Samuel P. Huntington, profesor de Ciencia Política de Harvard, en uno de sus ensayos que se titula “El sobrio significado de la democracia”.
Agrega el autor de la ‘Tercera Ola’: “La democracia tiene significado desde el punto de vista de sus consecuencias como sistema de gobierno. En general, las democracias no registran tasas demasiado altas de crecimiento económico, pero tampoco están expuestas a experimentar desastres económicos, como ocurre en otros tipos de regímenes (dictatoriales)”.
Lo anterior implicaría que si efectivamente vivimos en “democracia”, hablar de una “transformación” en el sentido más amplio debería no ocurrir. México, de acuerdo con Huntington, habría consolidado su democracia desde el momento en que se dio la segunda “alternancia”, es decir, a partir de 2012. No es a partir de 2018 que en México nació la democracia.
Al menos dos siglos ha llevado consolidar nuestra democracia en medio de tres grandes revoluciones: la Independencia, la Reforma y la Revolución. Ahora que por vez primera gobierna la “izquierda”, le corresponderá dar paso a otra alternancia en 2024, al entregar el Poder Ejecutivo a otra opción política bajo el amparo de nuestros principales organismos constitucionales democráticos: el Poder Judicial Federal, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Aunque falta mucho para la elección presidencial de 2024, ya resulta interesante saber cómo podría darse la sucesión presidencial, sobre todo a partir de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador puso el tema en la mesa de la discusión pública.
No sólo se trataría de practicar un deporte favorito de la sociedad mexicana, el “futurismo”, y el adivinar quién podría ser el siguiente presidente de México sino de ensayar cuáles son los “escenarios” que se pueden ir perfilando.
Con el triunfo arrollador de 2018, muchos observadores preveían que el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador tenia capital político para quedarse en el poder, el mismo tiempo que le llevó llegar a la Presidencia de la República, tres sexenios. Sin embargo, el escenario ha cambiado.
Aunque en el tercer año de gobierno sigue teniendo una alta popularidad, los resultados están en tela de duda en salud, educación, pobreza, ciencia, tecnología y cultura. La economía, aunque estable, “pende de un hilo”, se estima que la inflación se duplicará para fin de año y si llega a los bolsillos de los pobres, las consecuencias serían considerables. Ya no le alcanzarían los programas sociales “clientelares” para mantener su apoyo.
En este contexto vamos a enunciar los posibles escenarios que seguirían a la gestión de AMLO: Reelección, dedazo, candidato de partido o candidato ciudadano, cada cual corresponderá a circunstancias y variables diferentes.
REELECCIÓN
La sombra de la reelección parece haberse esfumado. El Presidente López Obrador ha reiterado que sólo estará en la Presidencia hasta 2024, y hasta menciona que se alejará en septiembre, pero dado que no hay condiciones para los cambios constitucionales que se requerirían, queda descartado ese escenario.
DEDAZO
Dado el “estilo personal de gobernar” del Presidente -en palabras de Cossío Villegas-, podríamos estar frente al regreso del “dedazo” y el “tapadismo “ que operó el PRI de manera muy exitosa durante décadas.
Para algunos, razón de estabilidad política y de paz social. Para otros, motivo de una “presidencia” hereditaria o la “dictadura perfecta”, como la definió Vargas Llosa. Los aspirantes de este escenario de la 4T: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal.
Es de resaltar que Ricardo Monreal parece estar alejado cada vez más de este esquema, es más, para muchos está descartado, pero no olvidar la advertencia del ex delegado de la Cuauhtémoc: “Estaré en la boleta del 2024″… pero faltaría definir por qué partido.
El abanico podría ampliarse. En este mecanismo de “dedazo”, sin moverse y sin saberlo, Zoe Robledo, joven brillante y carismático podría ser el moderno López Mateos; Tatiana Clouthier, por su popularidad, e incluso Beatriz Gutiérrez Müller, al puro estilo argentino (Perón o Kirchner).
CANDIDATO DE PARTIDO
En este escenario se agregarían candidatos de otros partidos. Si subsiste la coalición PAN-PRI-PRD tendrían que elegir candidato “común” de entre los suyos, y candidatos sobran, por lo que la alianza tendría que decidir el que esté mejor posicionado… o hacer la invitación a un candidato ciudadano, que la verdad no suena descabellado.
CANDIDATURA CIUDADANA
Dado el hartazgo que hay entre el electorado de los partidos políticos, la posibilidad de que surja un candidato ciudadano con posibilidades de llegar a la Presidencia en 2024 serían muy altas en el supuesto de que las expectativas que ha generado el primer gobierno de izquierda no se cumplan.
La sociedad hasta el momento no quiere en la Presidencia al PAN ni al PRI… y si no cumple tampoco querrá a Morena.
Debemos recordar que las candidaturas ciudadanas o independientes tuvieron su primer intento o experimento en 2018. En 2005, Jorge G. Castañeda había solicitado al Instituto Federal Electoral su registro como candidato a la Presidencia de la República.
A partir de la ruta emprendida por el ex canciller, el tema de las candidaturas independientes se puso de relieve.
El resultado final fue una modificación normativa controvertida que tuvo como principio una sentencia condenatoria para el Estado Mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por carecer de un recurso efectivo tratándose del control de constitucionalidad de leyes electorales.
En 2018, por vez primera, se pusieron en práctica las reformas electorales de 2014. A partir del artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral ahora corresponde no sólo a los partidos políticos, también a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.
HAY AUTÉNTICOS LÍDERES PARA GOBERNAR AL PAÍS
En este contexto, haremos mención de auténticos “líderes” que podrían convertirse en “candidatos ciudadanos”. Todos destacados por su trayectoria y logros en sus respectivas actividades, también por sus ayudas filantrópicas y con el requisito de ser conocidos en todo el país y que no tienen filiación partidista.
Personajes como Lorenzo Córdova (INE), Ricardo Salinas (TV Azteca), Carlos Slim (Carso), Arturo Zaldívar (SCJN), José Angel Gurría (OCDE) y Fernando Landeros (Teletón) serían unas buenas opciones y la sociedad, pueblo, empresarios y medios de comunicación verían con buenos ojos a estos candidatos.
Ahora, más que nunca, vale recordar lo que afirmó Platón hace mas de dos mil años: “El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres”.
En aras de encontrar un “líder”, a la altura de lo que reclama el México del siglo XXI, se vale echar a andar la imaginación.
Seguro hay muchos mexicanos con preparación, capacidad, experiencia y deseos de servir a su país.
Habría que escrudiñar a quienes tengan trayectorias relevantes, conocidos en todo el país, que puedan reunir las firmas requeridas y conseguir fondos para sus campañas.
Mexicanos con una incuestionable y probada honestidad, con autoridad moral y valores, que sean ejemplo de las nuevas generaciones y que puedan ser factor de “unidad nacional”.
México merece asegurar su futuro como una nación próspera, con más bienestar, seguridad, paz y justicia. Necesitamos uno entre 130 millones de mexicanos.
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PULPO POLÍTICO
Publicado
Hace 6 díasen
noviembre 3, 2024Por
RedacciónCrisis constitucional y económica * Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro ponente, señala: “Tengo esperanza en que la Presidenta reflexione, estamos de acuerdo en muchas cosas. Esto tiene que cambiar; yo he buscado a Adán Augusto y a los líderes de Morena”
MARCO ANTONIO FLORES***
El martes 5 de noviembre de 2024 sesionará el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un último intento por hacer valer su misión fundamental de ser tribunal constitucional, que significa velar, para que, aún, en las reformas constitucionales se respeten los principios fundamentales (cláusulas pétreas), los derechos humanos y garantías individuales consagradas en la Carta Magna.
Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro ponente, señaló: “Tengo esperanza en que la Presidenta reflexione, estamos de acuerdo en muchas cosas. Esto tiene que cambiar; yo he buscado a Adán Augusto y los líderes de Morena”.
Imagínese lo que significa para México destruir un sistema judicial que lleva casi dos siglos, para saltar al abismo a experimentar uno nuevo, motivado por una venganza personal (del Poder Ejecutivo) y un evidente “afán controlador” del partido en el poder.
Desde la Constitución de 1824, cuando José María Morelos y Pavón propuso incluir en el Acta Constitutiva del país los principios fundamentales de nuestro sistema de gobierno: Ser una República democrática, representativa y federal. Se adoptó el principio de la división y separación de Poderes con la ineludible independencia dentro de su unión.
El Poder Judicial nació independiente y para asegurar su libertad se adoptó el principio de la inmovilidad judicial; hoy, después de 200 años, ese basamento de nuestro régimen democrático constitucional fue abolido de un plumazo por obra y gracia de una mayoría legislativa ciega y sometida al Ejecutivo federal, ignorante de nuestra historia.
RENUNCIA Y POSTURAS
Con la inédita renuncia de ocho ministros al supremo tribunal constitucional y con el cese de casi 2 mil jueces y magistrados se ha consumado un auténtico golpe de Estado contra uno de los pilares de nuestra convivencia democrática.
En las renuncias que presentaron los ministros de la SCJN, la última semana de octubre de 2024, se expresan su desacuerdo con la reforma judicial y su pesar por lo que ésta representa.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señaló en su renuncia: “Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones”; la ministra Ana Margarita Ríos Farjat dijo: “La reforma impone una disyuntiva que considero impropia… Para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal y como parte de ese rechazo, opto por no aceptar, bajo tales condiciones y llegado el momento, el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro de este tribunal constitucional”.
La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández expresa: “Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para la que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”; el ministro Javier Laynez Potisek comenta: “Hago de su conocimiento mi declinación para participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025…”.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena señala: “Renuncio… me permito al dejar este puesto y hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor”; el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijo: “Después de más de cuarenta años de carrera judicial, con la convicción de siempre haber desempeñado mis funciones con la independencia, honestidad, imparcialidad, objetividad, excelencia y entrega que son necesarias en la actividad jurisdiccional, sin que implique un acto de claudicación o conformidad de mi parte…”.
Luis María Aguilar Morales expresa: “El ejercicio de este cargo he procurado siempre velar por la justicia y por la protección de los derechos humanos de todo habitante de nuestro país”; el ministro Alberto Pérez Dayán comenta: “Expreso a ese Senado de la República mi declinación a la candidatura al proceso electoral extraordinario 2024-2025”.
EL 5 DE NOVIEMBRE, DÍA ‘D’
Ya aprobadas en forma precipitada y sobre las rodillas, tanto la reforma judicial como la mal llamada reforma de “supremacía constitucional”, el pleno de la SCJN votará el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en el que propone al Tribunal Pleno contestar a las demandas de acción de inconstitucionalidad presentadas por diversos partidos políticos nacionales, un partido político local y la minoría parlamentaria de una entidad federativa.
En esta acción de inconstitucionalidad se impugna la denominada “Reforma Judicial”, publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, la cual pretende renovar a los Poderes judiciales Federal y de las entidades federativas y dotarlos de legitimidad democrática.
En el proyecto que presenta el ministro González Alcántara se fundamentan todos y cada uno de sus puntos y se traduce en una valiosa y oportuna propuesta jurídica y política, que contiene una salida conciliadora a la reforma judicial. Plantea básicamente que se elijan a los ministros de la SCJN y a los magistrados del TEPJF, pero no así a casi 4 mil jueces y magistrados de tribunales federales y estatales de todo el país y que representan el basamento de todo el Poder Judicial.
En su proyecto, entre todo su contenido, se destaca lo siguiente: “Según la Constitución, los partidos políticos nacionales tienen legitimación para impugnar normas generales en materia electoral, cuyo ámbito validez sea todo el territorio nacional; La SCJN está facultada para resolver acciones en las que se impugne la constitucionalidad de normas generales. El decreto impugnado contiene normas generales. ¿Por qué analizar la constitucionalidad de una reforma inconstitucional? Nuestra Constitución, vigente desde 1917, es el producto de un pacto federal… y la Corte, como defensora de la Constitución, debe revisar, incluso las reformas constitucionales que contravengan ese pacto.
“Existencia de vicios durante el proceso legislativo. Los procedimientos de todo tipo deben asegurar el cumplimiento de tres elementos esenciales, esto es, la participación de todas las fuerzas políticas en condición de igualdad, la aplicación correcta de las reglas de votación y la publicidad del procedimiento. En el decreto impugnado que tiene como objetivo cesar masivamente a las personas juzgadoras que accedieron al cargo mediante la carrera judicial, así como reducir el salario que actualmente perciben, para dar lugar a la elección de esos cargos por voto popular. En este apartado se propone invalidar ese régimen transitorio por violar las garantías judiciales de inamovilidad del cargo e irreductibilidad de sus percepciones, con el fin de salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, lo que constituye un elemento nuclear del régimen democrático para garantizar la división de Poderes y se analizan las disposiciones constitucionales que regulan el acceso a los cargos de personas juzgadoras mediante voto popular.
“Las disposiciones constitucionales que regulan este sistema se invalidan porque se advierte que no existen las condiciones mínimas democráticas que permitan una elección auténtica, dado que no existe certeza en el régimen de postulación de candidaturas y el sistema de listas masivas no permite la posibilidad de ejercer el voto de manera libre e informada, ni de reflejar las preferencias electorales para un órgano jurisdiccional determinado”.
‘SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL’
Especialistas y reconocidos juristas señalan que la reforma de “supremacía constitucional” no aplica en el análisis de la SCJN sobre la reforma judicial en consideración a lo siguiente:1) El transitorio segundo dice: ‘Los asuntos que se encuentren en trámite’, pero el estatus del asunto del ministro González Alcántara Carrancá está en lista para el martes, POR LO QUE YA NO ES UN ASUNTO EN TRÁMITE, por tanto NO le aplica el transitorio segundo de la ‘supremacía’; 2) Principio de irretroactividad de la ley. Aún prevalece el Artículo 14 de la Constitución y en esta parte normativa estipula que NO se puede aplicar la ley de manera retroactiva en perjuicio de ninguna persona.
El proyecto del ministro ESTÁ resolviendo cinco acciones de inconstitucionalidad que presentaron CINCO PERSONAS perfectamente legitimadas para IMPUGNAR ante la Corte la reforma judicial.
Así, la reforma de “supremacía constitucional” (en materia de inimpugnabilidad) lo único que ADMITIERON tácitamente los del Poder Legislativo es QUE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL SÍ SE PUEDE REVISAR POR LA CORTE.
La reforma judicial es inconstitucional porque viola cuatro principios: De retroactividad, de progresividad, de legalidad y de seguridad jurídica.
Si -como se espera- la resolución de la SCJN no es acatada por los Poderes Ejecutivo y Legislativo continuará un gran enfrentamiento entre los Poderes de la Unión, lo que nos podría llevar a una crisis constitucional sin precedentes, lo que traería aparejada una crisis económica, se pondría en riesgo el T-MEC y todas las inversiones nacionales y extranjeras.
Adicionalmente el eventual triunfo de Donald Trump agravaría la crisis económica. Sin confianza y reglas claras, no habrá inversión, ni crecimiento económico y tampoco recursos para el bienestar compartido. Seguridad y “Estado de Derecho” son las asignaturas pendientes, que incluye combate a la impunidad, así como impartición y administración de justicia, que corresponde al Ejecutivo.
Urge una reforma integral de la justicia. Hay la esperanza que Claudia Sheinbaum Pardo atienda la invitación del ministro González Alcántara a reflexionar, que actúe como jefa de Estado y gobierne para todos los mexicanos al margen de partidos e ideologías.
La Presidenta Sheinbaum debería poner cimientos sólidos para una auténtica transformación con cambios radicales en las políticas públicas en materia de seguridad pública, salud, educación, economía, procuración y administración de justicia, sustentabilidad, política energética y alimentaria, entre otros.
Avanzar para lograr lo que todos los mexicanos anhelamos: Un México con justicia, democracia y prosperidad compartida. Que así sea.
***Académico y consultor.
En riesgo la República con la reforma de ‘supremacía constitucional * Ricardo Monreal Ávila dio a conocer que la iniciativa la presentaría junto al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López, sin embargo, el senador se le adelantó, lo que al parecer provocó diferencias y algún roce entre ambos legisladores
MARCO ANTONIO FLORES***
Con la mal llamada “reforma de supremacía constitucional”, la República y nuestro régimen democrático constitucional está en grave riesgo.
Qué pasaría si una iniciativa surgida en el Poder Legislativo ampliara las razones, motivos y procedimientos por las que el titular del Poder Ejecutivo federal pueda ser llevado a juicio político; de facto el Poder Legislativo se convertiría en el megapoder, por encima de los otros dos Poderes.
La referida reforma, al hacer improcedentes los juicios de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional contra modificaciones o adiciones a la Constitución Política, así como impedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los tribunales revisar las reformas a la Constitución, suprime de un plumazo su misión esencial que es proteger y defender la Constitución Política y velar por la preservación de principios fundamentales como la división de Poderes y la forma de gobierno.
Con esta perspectiva, sin querer queriendo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estaría sometida a lo que decida el Poder Legislativo, en donde ahí Ricardo Monreal en San Lázaro y Adán Augusto López en el Senado tendrían el sartén por el mango.
Ese es el gran riesgo y la pregunta que surge es: ¿Entonces quién manda? ¿Monreal? ¿Adán Augusto? ¿Acaso la Presidenta, que la verdad eso ya está en duda?
Se ha creado un gran riesgo que no han medido las consecuencias… y todo por lanzarse a fondo contra la juez Nancy Juárez.
Es de resaltar que la iniciativa inicial pretendía incluir en esta reforma el Artículo 1o. Constitucional y con ello dejar sin sustento la reforma en materia de derechos humanos del año 2011, que colocó el concepto de los derechos humanos y al valor fundamental de éstos que es la dignidad humana, como la base jerárquica superior a todos los ordenamientos jurídicos, y a la par de la propia Constitución, en el marco de los tratados internacionales suscritos por México.
El prestigiado periodista Carlos Loret de Mola señaló que el pasado martes “nos topamos con una iniciativa de supremacía constitucional”, misma que no fue herencia del obradorismo, “no fue idea de López Obrador, no estaba en el paquete de reformas que dejó encarreradas el expresidente, es una propuesta autoritaria 100% Claudia, para que la Suprema Corte no pueda frenar una ley, aunque sea inconstitucional”.
Señala y advierte que “si la mayoría de Morena en el Congreso dice que a partir de mañana las mujeres ya no pueden votar en México, la Suprema Corte no puede decir que eso viola la Constitución y los derechos humanos”.
Y Loret va más a fondo: “Si la mayoría de Morena vota en el Congreso que se expropie de propiedad privada de toda la gente, la Suprema Corte se queda sin herramientas para detener un atraco así”.
Bajo este contexto, agreguemos otro escenario imaginario: ¿Qué pasaría si el Poder Ejecutivo lograra modificar la Constitución para contar con la facultad de disolver el Congreso de la Unión, en determinados supuestos predeterminados?
La decisión de hacer a un lado al Poder Judicial y con ello perder el equilibrio de Poderes, a la larga puede ser un bumerang, que actúe contra cualquiera de los Poderes y resulte en la destrucción de nuestro régimen democrático constitucional, que los mexicanos nos hemos dado desde hace mas de dos siglos.
MONREAL Y ADÁN AUGUSTO MUEVEN LOS HILOS
El pasado martes 22 de octubre de 2024, la iniciativa anunciada en el Senado incluía reformas a los artículos 1o., 103, 105 y 107 de la Carta Magna para que ningún recurso legal interpuesto en el Poder Judicial frene o invalide una reforma constitucional.
Al día siguiente, miércoles 23, Adán Augusto López, coordinador de Morena en la Cámara Alta, presentó una modificación. El senador morenista indicó que retirarían la propuesta de modificación del Artículo 1o. de la Constitución al expresar “Nos vamos a limitar al 103, al 105 y al 107 Constitucional”.
Monreal Ávila dio a conocer que la iniciativa la presentaría junto al coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López.
Sin embargo, el senador se le adelantó, lo que al parecer provocó diferencias y algún roce entre ambos legisladores. Al parecer esta iniciativa con línea presidencial es objeto de disputa para acreditarse un padrinazgo personal.
En tribuna Adán Augusto explicó que “las reformas a la Constitución son la expresión soberana más alta del pueblo de México” y agregó que las mismas son “una decisión política colectiva, revestida de una dignidad democrática especial”.
Sin embargo, habrá que recordar que el principio de “supremacía constitucional” corresponde a la noción de democracia organizada y supone las ideas de legalidad y estabilidad jurídica: La norma que no esté de acuerdo con la Constitución es inexistente; los órganos gubernativos sólo pueden actuar dentro del ámbito que la Constitución les señale.
La Constitución norteamericana de 1787, y posteriormente las francesas de 1791 y 1793, argumentaron ser normas supremas por emanar y ordenarse conforme a la soberanía popular.
Evidentemente, la soberanía popular es un concepto abstracto que sirvió como justificación para configurar la estructura del Estado moderno, sin la cual el desarrollo de las repúblicas y los sistemas constitucionales hubiesen carecido de toda sustentabilidad.
La imposibilidad de dotar de instrumentos que pudiesen percibir la voluntad ciudadana ha sido la razón fundamental por la que la soberanía popular ha ido debilitándose como noción rectora de los ordenamientos constitucionales.
Esta dificultad proviene desde el surgimiento de la soberanía popular, en la que era evidente que el pueblo reflejaba un elemento abstracto y no tangible.
La posibilidad de que el pueblo como tal pueda decidir y ejercer su potestad soberana es una acción que se antoja materialmente imposible, por lo que se tuvo que dotar a los órganos de poder como encargados de ejercer la voluntad soberana, siendo el pueblo el detentador original y permanente de la misma.
En el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció desde hace más de dos siglos que “el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión….”.
Es en la Constitución donde los principios y derechos fundamentales encuentran el espacio idóneo para alcanzar su eficacia y plenitud como factores rectores, teniendo como condición que efectivamente sean fundamentales y no posiciones axiológicas relativas o momentáneas.
La función jurisdiccional, en aras de hacer eficientes y de concretar los contenidos expansivos de los principios fundamentales, fortalece la “supremacía constitucional”, ya que evita la existencia de lagunas o espacios normativos sin aplicación y vigencia.
Es indispensable garantizar no solo la competencia y atribución de los actos de autoridad, sino también la adecuación plena de los principios fundamentales a la realidad.
Una norma fundamental cimentada en la neutralidad o amoralidad no solo es imperfecta, sino que puede producir efectos negativos que mermen la dignidad e integridad de las personas, tal y como ocurrió con algunas de las Constitucionales totalitarias del siglo XX.
La “supremacía constitucional” no es de ninguna manera un concepto que puedan improvisar el Poder Ejecutivo ni el Legislativo en México con propósitos políticos.
La “supremacía constitucional” es un principio inherente a toda forma de vida constitucional. No se puede sostener una visión formalista de la Constitución y de la supremacía, ya que existen aspectos sustanciales, como la primacía de los derechos humanos, que se anteponen como factores prioritarios.
La Constitución Política no será suprema por su carácter de norma fundante, sino que lo será en la medida que se sustente en elementos axiológicos que incidan en la vigencia y protección de los derechos humanos, armonizados con los criterios internacionales en dicha materia, al tiempo que no se trastoquen los principios fundamentales de la división y equilibrio de Poderes de una república federal, representativa y democrática, como lo establece nuestra Carta Magna en su artículo 40. La “República” está en peligro.
Y es que con esta reforma se abre la posibilidad, en términos de la Serie Mundial, de que YSQ o Andy conecten home-run con casa llena (Legislativo) y den la voltereta al juego”.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
Los petroleros ya decidieron
Publicado
Hace 3 semanasen
octubre 22, 2024Por
RedacciónEl STPRM se declara listo para elegir al nuevo secretario general * Dos planillas contienden por la dirigencia nacional: La Guinda, liderada por Cristina Alonso, y la Verde, encabezada por Ricardo Aldana
MARCO ANTONIO FLORES***
El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República (STPRM) se declara listo para elegir a su nuevo secretario general, luego de que concluyó el proceso de inscripción para las elecciones generales del gremio, en donde sólo dos planillas cumplieron con los requisitos.
Ellos son la guinda que lidera María Cristina Alonso García y la planilla verde que encabeza Luis Ricardo Aldana Prieto.
Las campañas electorales terminan el 26 de octubre y dos días después, el 28 de octubre, se realizarán las elecciones.
Habrá una amplia participación de los trabajadores petroleros y dentro de un marco democrático y plural elegirán a la nueva dirigencia nacional.
Los petroleros ya tomaron su decisión y solo están a la espera de expresar su voluntad en las casillas electorales. Cabe recordar que la misma Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó en su Mañanera del Pueblo que la elección para elegir a su nuevo secretario o secretaria general es decisión únicamente de los petroleros.
DOS CANDIDATURAS EN POS DE LA DIRIGENCIA NACIONAL
Son dos los candidatos que buscan la dirigencia nacional para el periodo 2025-2030, confirmó la comisión electoral del gremio.
Ricardo Aldana Prieto, actual secretario general y sucesor del dirigente Carlos Romero Deschamps (qepd) va por la reelección. Su rival es Cristina Alonso García, trabajadora de la sección 44 en Villahermosa, Tabasco, quien llamó a los demás líderes disidentes a la unidad y a “dejar atrás la división para hacer realidad el cambio” en el STPRM.
La Comisión Nacional Electoral (CNE) del sindicato avaló formalmente las candidaturas de Aldana Prieto (planilla Verde) y Cristina Alonso (planilla Guinda), ya que fueron las únicas de los cuatro aspirantes inscritos que cumplieron con los requisitos, luego de que se aplazó el proceso para solventar la falta de algún documento.
El 28 del mes en curso se llevará a cabo la jornada electoral en la que más de 91 mil trabajadores petroleros votarán y se prevé que ese mismo día se den a conocer los resultados.
DE ÚLTIMA HORA CRISTINA ALONSO ES CONTENDIENTE POR LA DIRIGENCIA
En una prueba contrarreloj se registró María Cristina Alonso García y fue aceptada para contender en las elecciones del STPRM.
La disidencia ve una oportunidad con María Cristina Alonso al considerar que las otras planillas no fueron registradas porque no presentaron toda la información.
Fran Navarro López, quien presentó su planilla, pero no fue aceptada, dijo que se trata de una elección a modo por la dificultad de reunir los documentos y presentarlos.
Quien gane estas elecciones será secretario o secretaria general en el periodo del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2030.
La disidencia hasta ahora se ha pronunciado en favor de Alonso García, aunque ha habido división y falta de coordinación en los líderes petróleos históricamente.
ALDANA VA POR LA REVOCACIÓN DE MANDATO
Ricardo Aldana Prieto recibió ovaciones en Nanchital, donde fue respaldado por miles de trabajadores petroleros de la Sección 11 de Nanchital, la cual es liderada por Ramón “El Tío” Hernández Toledo y Manuel Toledo Vera.
El candidato de la “Planilla Verde” a la Secretaría General del STPRM, en su discurso resaltó que ganar las elecciones él se someterá una consulta de revocación de mandado.
“No más líderes y funcionarios eternos que se quieran eternizar en el cargo… vamos a reformar el estatuto para que también en las filas del Sindicato Petrolero haya revocación de mandato”, añade.
Aldana Prieto señala que las mujeres petroleras serán pieza clave en su gestión como dirigente nacional; por ello el 40 por ciento de su Comité será integrado por mujeres de las distintas secciones petroleras del país, incluida la Sección 11 de Nanchital.
Ricardo Aldana propone la creación de dos centros más de capacitación laboral como el que se construyó en Villahermosa, Tabasco, para que los petroleros se capaciten y tenga mejores elementos para desempeñar sus labores. También un seguro de desempleo para que el trabajador que se quede sin contrato, reciba un apoyo económico temporal, mientras consigue que se le recontrate de nuevo.
De igual manera, Aldana propuso la creación de Casas de Cultura en cada sección petrolera del país, para que el trabajador y su familia pueda realizar alguna actividad artística, cultural o recreativa.
LIBERTAD SINDICAL
Es innegable que las reformas laborales llevadas a cabo en el sexenio pasado y las que se pusieron en la agenda para esta Legislatura, representan una amplia y auténtica reforma al sistema de justicia laboral y negociación colectiva.
El 1 de mayo de 2019 se publicó el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; una reforma amplia, histórica y profunda basada en 3 pilares: nuevo sistema de justicia laboral, libertad y democracia sindical y centro federal de conciliación y registro laboral.
En el marco de la libertad y democracia sindical, que era un viejo anhelo de los trabajadores, destaca el que los trabajadores podrán decidir, sin discriminación ni represalias, si desean afiliarse un sindicato, cambiar de sindicato o no pertenecer a ninguno.
Además, los petroleros podrán participar en las decisiones fundamentales de su sindicato a través del voto personal, libre, directo y secreto, pues serán consultados sobre la elección de sus directivas y la aprobación de sus contratos colectivos y revisiones, entre otros procesos democráticos.
No más sindicatos simulados y líderes sin representatividad.
En este nuevo marco de libertad e independencia sindical se desarrolla el proceso de renovación del STPRM, uno de los más grandes e importantes sindicatos del país.
Por primera vez el STPRM lleva a cabo su proceso de elección por medio del voto libre, secreto y directo, para lo cual quedaron registradas 2 planillas.
Asimismo, la organización sindical informó que “esta etapa del proceso electoral se realizó en una atmósfera de total apertura y disposición bajo el criterio de máxima participación, con el acompañamiento de funcionarios verificadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral”.
La elección será de forma presencial en 292 casillas, que se instalarán para tal fin en los centros de trabajo de Pemex en jurisdicción de las 36 secciones del STPRM y en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad (Picacho).
El propio STPRM ha propiciado la participación del mayor número de trabajadores en este proceso electoral en un ambiente de libertad y armonía.
El candidato Ricardo Aldana, quien pretende ser reelecto por vez primera por votación libre y secreta, en una reciente visita a Salamanca, expuso propuestas concretas para que los trabajadores lo apoyen en su propósito de seguir encabezando sus demandas laborales.
En primer término planteó una “Agenda Laboral” para visitar la totalidad de las secciones sindicales y conocer de primera mano sus inquietudes.
Un aspecto relevante de sus propuestas es “Transparencia y Rendición de cuentas”, que se traduce en una gestión de cara a sus agremiados. Asimismo, la “inclusión y equidad”, que implica abrir las oportunidades de participación en las decisiones sindicales de jóvenes y mujeres en igualdad de condiciones.
Es sabido que Aldana ha logrado grandes acciones y eso quedó plasmado en su Informe de Resultados del Programa de Trabajo durante el periodo 2022-2024, por lo que varios de los 36 secretarios seccionales y viejos líderes afines a Romero Deschamps acudieron a la sede sindical a darle su apoyo.
Nadie duda de su reelección, pues al interior del sindicato petrolero Ricardo Aldana es muy querido.
El reto para el STPRM es modernizarse y subirse al nuevo modelo laboral que está avanzando a pasos agigantados con la 4T.
Las reformas son inevitables para mantenerse al día con las demandas económicas y sociales de los trabajadores. Algunas reformas que destacan son: Los mayores aumentos al salario mínimo, la supresión del outsourcing laboral, la propuesta de reducción de jornada laboral, las vacaciones, las modificaciones en pensiones y prestaciones.
Es muy importante la responsabilidad de la dirigencia sindical del capital humano de la empresa pública más grande del país y que ha sido clave para el desarrollo nacional en las últimas décadas.
Enhorabuena por el proceso electoral de libertad y democracia sindical que se llevará a cabo en el seno de Pemex.
***Académico y consultor.
LA REVISTA NO ES RESPONSABLE DE LA OPINIÓN DE LOS COLABORADORES
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