PULPO POLÍTICO
Arturo Zaldívar, el gran líder del Poder Judicial
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2 años agoon
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Redacción
POR MARCO ANTONIO FLORES
Tres acontecimientos recientes en el Poder Judicial federal parecen haber cimbrado y puesto a prueba su misión, solidez y autonomía.
El primero, dar entrada a la iniciativa “inconstitucional” de la consulta para “llevar a juicio a ex presidentes”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó por hacer comparsa y reelaboró una pregunta sin pies ni cabeza, en vez de haberla desechado desde el principio.
Segundo, la propuesta de ampliar el periodo del ministro presidente de la SCJN, que surgió desde abril de 2021, pero que hasta agosto rechazó el ministro presidente Arturo Zaldívar, pero que todavía eso no basta, pues falta que la SCJN declare su inconstitucionalidad.
Y tercero, la reciente crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuando cinco de sus ministros por mayoría destituyeron a su presidente, José Luis Vargas.
Cuatro meses de incertidumbre sobre el futuro de la SCJN, pero que Zaldívar cortó de tajo con los rumores al anunciar públicamente que rechazaba la ampliación de su periodo en la presidencia de la SCJN y el CJF.
El único frijolito en el arroz: la tardanza para anunciarlo, pues él sabía que era, a todas luces, anticonstitucional la propuesta. Todavía es un misterio quién y por qué introdujo el famoso artículo transitorio a la propuesta de Reforma. Se manejaron varias hipótesis: Que si la idea fue del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; que la iniciativa fue de Ricardo Monreal, al ordenar al senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde, desde abril pasado, añadir de última hora a la reforma del Poder Judicial un artículo transitorio -el decimotercero- para que Zaldívar presidiera la Corte y el Poder Judicial hasta noviembre de 2024; que fue idea del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que por eso mismo lo alentaba; que el propio ministro presidente Arturo Zaldívar fue consultado y éste coqueteó con la idea.
Y así más versiones por el mismo estilo, pero nadie ha aclarado de dónde salió la propuesta y cuál era la verdadera intención… y por lo visto nunca sabremos al verdadero autor intelectual.
Pero lo cierto es que ocasionó un gran desgaste y cuestionamiento a la independencia del Poder Judicial.
Tras la ola de declaraciones del Presidente López Obrador y de prominentes líderes de su gobierno, externadas desde el inicio de su administración, cuestionando la autonomía e integridad del Poder Judicial, habría surgido la sospecha de un plan para desmantelar y reestructurar todo el Poder Judicial, como en algún momento lo propuso el líder del Senado, Ricardo Monreal.
Incluso existió temor por parte del ministro presidente de la SCJN de que lo obligaran a renunciar, como ocurrió en el siglo XIX cuando, en 1882, el presidente de la SCJN, Vallarta, fue obligado a renunciar por el presidente Manuel González y el gobernador de Oaxaca, Porfirio Díaz. Lo consideraron un enemigo peligroso, un obstáculo para sus ambiciones y un gran estorbo en su afán de controlar las decisiones’y los nombramientos que hacía la Suprema Corte, en las ternas que sometía a la Secretaría de Justicia para cubrir las plazas de jueces de Distrito y magistrados de Circuito.
Retomando el tema de la ampliación de mandato de Zaldívar, siempre quedará en el aire si se trató de una estrategia para presionar, acotar y someter al presidente de la SCJN y su Reforma Judicial… o era el preámbulo -“laboratorio de ensayo”- de la extensión o reelección del mandato presidencial.
Al respecto, habría que tratar de reinterpretar lo que sostuvo el Presidente López Obrador durante todo el debate que la extensión del mandato de Zaldívar estaba en línea con los objetivos de su gobierno para desterrar la corrupción e impulsar una transformación de la vida política de México.
“Para que haya un cambio, se requiere que el ministro Zaldívar (y nadie más) perdure hasta el 2024. No es reelección, es que termine en el 2024; ojalá lo apoye el resto de los ministros, puestos por el antiguo régimen y cuando la política estaba al servicio de las minorías y no al servicio del pueblo”, mencionó el Primer Mandatario en junio.
Por su parte, el ministro presidente Arturo Zaldívar, en defensa de la tardanza de su decisión, señala que estuvo esperando a que se aprobara la “Reforma Judicial” para fijar su posición.
Es de resaltar que la “Reforma Judicial”, sin duda, representa un avance en diversos aspectos técnicos de la impartición de justicia. La pregunta es cómo se agilizarán y transparentarán las sentencias, si tales reformas no van de la mano de una profunda reforma administrativa interna. No se realizó una revisión de la gigantesca y compleja estructura del Consejo de la Judicatura Federal, y el papel de sus consejeros para propiciar su modernización.
Se desconoce si se incluyeron temas como compactación de la estructura, contar con una eficiente plataforma tecnologica, establecimiento de mecanismos ágiles de evaluación y vigilancia técnico-administrativa.
Cómo se podrá fortalecer un esquema que, de origen, es un galimatías, con seis consejeros que provienen de tres orígenes distintos -Cámara de Senadores, Diputados y Ejecutivo- que toman decisiones administrativas en forma colegiada con criterios tan disímbolos o que, en su caso, se los encargan a burócratas que elaboran decisiones finales sólo para ser votadas por un pleno abstracto y complejo que conoce más de cuestiones técnicas de la impartición de justicia, pero no así de administrativas.
‘NUEVA CARRERA JUDICIAL’
Entre el Pleno del CJF, la nueva “Escuela de Capacitación judicial” y un Comité Académico, la inquietud que surge es cómo se determinara que los elegidos reúnan los requisitos del “nuevo perfil de jueces y juezas más cercanos a la gente, más capacitados y más sensibles”.
Para establecer una escuela judicial, en la que se vayan formando todos los cuadros del Poder Judicial generando por primera vez una auténtica carrera judicial, se requiere algo más que complejos e indeterminados esquemas de administración y selección, algo más sencillo o más probado.
Tal vez en este tema se podrá tomar como referencia la experiencia del servicio diplomático de carrera. O bien apoyarse en las principales instituciones de educación superior, que imparten la carrera de Derecho, para desde ahí abrir la opción a jóvenes que tengan la vocación judicial con programas elaborados conjuntamente, por ejemplo, entre la Facultad de Derecho de la UNAM y la SCJN.
En su momento el brillante ex ministro de la SCJN, José Vicente Aguinaco, al referirse a los relevos “externos” para la Suprema Corte, decía: “Es sana la práctica de que vengan de fuera. La endogamia no es buena, en cambio la exogamia sí. Ahí tiene usted -agregó- a las noblezas que se casaban entre sí y de ahí no salían. ¿Qué hijos daban, taraditos ¿no?”.
Se busca con la reforma que los “defensores públicos sean verdaderos abogados de los pobres, que logren llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, más olvidada, más discriminada y a aquellos que han perdido la esperanza en la justicia”… pero quién o cómo se garantizará tal propósito.
La figura de la defensoría de oficio tiene décadas de existencia. La pregunta es cómo se hará valer, cómo se garantiza que ahora sí tengan defensorías eficientes y calificadas los más pobres y vulnerables.
Por otro lado el nepotismo, el acoso sexual y el registro patrimonial de servidores públicos existen en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, e incluso en el Código Penal, como delitos y figuras precisas. ¿Por qué no se vinculó la reforma, en materia de corrupción, con el Sistema Nacional Anticorrupción? Las “Contralorías” podrían ser juez y parte, al depender de los funcionarios superiores del Poder Judicial, en cuanto a su nombramiento, funcionamiento y sanciones.
¿Por qué no se abrió, en afán de la transparencia, a nuevos esquemas de requisitos, capacidad y experiencia, apoyados en otras instancias como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o al conjunto colegiado de quienes integran el SNA? Se entiende como una tarea muy compleja mantener la independencia del Poder Judicial, al tiempo de permitir que otras instancias o Poderes intervengan, pero se pueden diseñar mecanismos que logren más transparencia sin menoscabo de la “autonomía”.
Lo que sí habrá que reconocer, después de todas las recientes pruebas a que estuvo sometido el Poder Judicial, es que existe liderazgo y unión al interior del máximo tribunal del país. El ministro presidente Arturo Zaldívar mostró habilidad y sensibilidad política para sortear los embates. En el caso de la crisis del TEPJF, su intervención permitió la reconciliación, el diálogo y las atinadas salidas jurídicas con la “renuncia” formal del depuesto magistrado presidente José Luis Vargas, al tiempo que desistió del cargo el designado sustituto, Reyes Rodríguez Mondragón.
Con la elección del magistrado Felipe Fuentes Barrera como presidente del TEPJF, se dio una acertada solución política a la mencionada crisis. Seguramente, de aquí a que termine su Presidencia en 2022, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, seguirá impulsando la muy importante y recién aprobada “Reforma del Poder Judicial”.
Tendrá la oportunidad de hacer los ajustes que se requieran en su implementación. Con ello, la SCJN y el Poder Judicial, en su conjunto, lograrán mejoras y avances tan necesarios y urgentes desde hace décadas.
Por una eficiente impartición de justicia y por la búsqueda de un auténtico Estado de Derecho, 130 millones de mexicanos mantendremos el anhelo y la esperanza de que se logre.

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AMLO ya prepara el fraude electoral
PULPO POLÍTICO
Lo bueno, lo malo y lo feo de Delfina Gómez
Published
4 días agoon
marzo 22, 2023By
Redacción
Compite nuevamente por la gubernatura del Estado de México * Teniendo a la maestra como abanderada morenista, la 4T y el Presidente AMLO echarán toda la “carne al asador” para ganar a como dé lugar el Edomex
MARCO ANTONIO FLORES***
Unos días antes de que se bajara de la contienda electoral del Estado de México el candidato de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, publicamos en su revista política IMPACTO que el papel de MC era incierto por no saber a quién favorecería su participación.
También afirmamos que, en el mejor de los casos, jugaría el papel de “esquirol”, dada la expectativa de no rebasar entre el 13 y el 15% de las preferencias electorales.
Ahora continuamos con ‘Lo bueno, lo malo y lo feo’ de las dos mujeres que se disputarán la gubernatura del Estado de México con el fin de que se conozcan los perfiles e información básica de las candidatas que iniciarán campaña el próximo 3 de abril.
En esta ocasión presentamos la trayectoria de la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez.
Abril y mayo de 2023 serán meses de intensa campaña política que resonará en todo el ámbito nacional, en la búsqueda por la gubernatura más importante del país.
Los sucesos que podrían darse durante este proceso político serán un ensayo y prueba de fuego para las elecciones presidenciales de 2024.
La lucha entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral será de pronóstico reservado. La contienda se definirá entre dos mujeres, tal como lo anticipó esta revista IMPACTO hace casi ocho meses.
El factor “género” también podría anticipar que la competencia por la Presidencia de la República podría darse, igualmente, entre dos mujeres: Claudia Sheinbaum contra la candidata mujer de la Alianza, lo que agrega un ingrediente por demás atractivo e interesante, para perfilar el potencial competitivo de la Alianza en la contienda presidencial.
Están en juego la consolidación de Morena como la nueva aplanadora política si logra alcanzar 24 gubernaturas, así como la eventual aniquilación del PRI si pierde su último y más importante bastión político que ha gobernado desde 1929.
Podría darse un cierre muy reñido y parejo, si consideramos que a la fecha Morena gobierna a casi 8 millones de mexiquenses y el PRI y el PAN juntos, igualmente 8 millones de personas, después de las elecciones municipales de 2021.
Además, al inicio de año algunas encuestas señalaban que Morena aventajaba a la oposición por casi 20 puntos, sin embargo, a unos días del inicio de campañas, una firma seria, Consulta Mitofsky, revela que si en este momento fueran las elecciones, 42.2 por ciento votarían por la candidatura común que representan Morena, PT y PVEM, mientras que 32.6 lo haría en favor de alguno de los partidos que integran la coalición Va por el Estado de México: PAN, PRI, PRD o Nueva Alianza.
Es de resaltar que hay un 25.2 por ciento de indecisos que inclinaría fácilmente la balanza, pues de acuerdo con esta medición la diferencia es de sólo 9.6 puntos porcentuales, menos de un dígito.
TRAYECTORIA
Delfina Gómez Álvarez tendrá 61 años en junio de 2023. Es licenciada en educación básica por la Universidad Pedagógica. En su “currículum” se reseña que tiene dos maestrías, una en pedagogía por la misma UP y otra en Administración de Instituciones Educativas, por el Tec de Monterrey.
Se desempeñó como profesora durante casi 20 años y tuvo cargos menores en la Secretaría de Educación estatal y del municipio de Texcoco. Su carrera política arrancó en 2013, al ser electa presidenta municipal de Texcoco. Diputada federal de 2015-2018.
En 2017 compitió por la gubernatura contra el actual gobernador Alfredo del Mazo con un cerrado cierre que sorprendió a todos. Fue designada secretaria de Educación del gobierno de la 4T por el Presidente López Obrador en 2021 y a fines de 2022 renunció para anunciar que nuevamente competiría por la gubernatura del Estado de México.
LO BUENO
El Presidente López Obrador le está apostando al capital político que sembró Delfina Gómez en 2017, al haberle disputado la gubernatura a Del Mazo con una diferencia de menos del 3%.
Sin embargo, el “capital político” de Delfina, como todos sabemos, no es otro sino solo el que le endosa el propio Presidente de la República, toda vez que las condiciones de 2023 en resultados de AMLO al frente de la 4T podrían haber desilusionado a un gran sector de clases populares en el Edomex, sobre todo en materia de seguridad y la inflación galopante en la canasta básica.
Aun así, el despliegue de apoyos a través de programas sociales, aunado a la gran cantidad de recursos de toda índole que se estima pueda destinar Morena “off the record” para estas elecciones podría alcanzar montos gigantescos.
Baste decir que su coordinador de campaña, Horacio Duarte, vino de dirigir las Aduanas de todo para apoyar e impulsar a su ex pupila en Texcoco, y es de sobra conocida su experiencia en operación política, además de que al despedirse de Aduanas, informó que había recaudado para el “erario federal” tan solo 800 mil millones de pesos. Sin duda que con Delfina Gómez, la 4T y el Presidente echarán toda la “carne al asador” para ganar a como dé lugar el Edomex.
LO MALO
Delfina Gómez ha dejado ver que no aceptará los debates que le propone Alejandra del Moral. Quizá porque anticipa que su imagen ante una competidora mucho más joven, con carisma y buen discurso político, podría verse disminuida en caso de que aceptara los cinco debates que le ha propuesto la candidata de la Alianza, respecto a las principales problemáticas en el estado: seguridad, economía y empleo, transporte y movilidad, salud y, por último, educación y desarrollo social.
“Espero que aceptes y desde ahora podemos comenzar un cambio para bien. Hagamos la diferencia. Es tiempo de nosotras las mujeres”, afirmó Del Moral.
Recuérdese lo que le ocurrió a AMLO en 2006, cuando como candidato presidencial ya tenía ventaja en las encuestas y desairó el primer debate de candidatos presidenciales porque tenía la seguridad de que no necesitaba debatir, lo que le pegó en las preferencias de los electores y a la postre terminó perdiendo la Presidencia por menos de un punto porcentual ante Calderón.
Cabe destacar que la diferencia entre la puntera, Delfina Gómez, y la priísta Alejandra del Moral es de, al menos, 9 puntos porcentuales, aunque existen “encuestas” que le dan 17 puntos de ventaja, incluso 20 puntos.
LO FEO
En enero de 2022 causó gran escándalo la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al comprobar que Delfina Gómez, durante su gestión como presidenta municipal de Texcoco, la encontró culpable de pedir diezmo a 472 trabajadores del municipio para financiamiento de actividades políticas de Morena, mediante la retención del 10% de su salario. La multa aplicada a su partido fue de más de 4 millones de pesos.
Delfina Gómez pasó por la SEP sin pena ni gloria. No se le conoció alguna aportación seria al sistema educativo nacional. Sin embargo, salió con otro escándalo de corrupción cuando la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que en su gestión se desviaron 830 millones de pesos.
Al proceso electoral por la gubernatura del Edomex ya se le califica como la “Madre de todas las batallas”. Son de esperarse todo tipo de estrategias y jugarretas de bajo nivel como la manipulación de sondeos y encuestas.
Asimismo, será recurrente el esparcimiento de rumores, con o sin fundamento, como aquel de que “el gobernador Alfredo Del Mazo tirará la toalla”. O como aquel de que la candidata morenista “va en caída libre”.
¿Qué cosas veredes Sancho Panza?, expresión que se atribuye al Quijote y que podríamos colocar en analogía de lo que “veremos todos” en la campaña política que iniciará en unos días en el Edomex.
“Cosas veredes, Sancho, que harán hablar las piedras”, refiere a algo que nos causará sorpresa o perplejidad.
Pero la mejor y real de todas las encuestas será la del 4 de junio próximo.
***Académico y consultor.
PULPO POLÍTICO
Pese a no tener liderazgo, hay mucha oposición
Published
3 semanas agoon
marzo 8, 2023By
Redacción
Los ecos del 26 de febrero de 2023 * Hay muchos aspirantes para el 2024, pero que todavía no se lanzan al ruedo para evitar ataques del gobierno federal, además de respetar el proceso electoral y esperar los tiempos de sus partidos, pero sin duda que Luis Donaldo Colosio Riojas es la esperanza de México, pues goza de una aceptación popular tremenda
MARCO ANTONIO FLORES***
La revista política tradicional, IMPACTO, lo anticipó en el artículo que publicamos el pasado 24 de febrero, titulado “El Plan B-engativo de AMLO”.
Señalamos que el domingo 26 de febrero de 2023 quedaría inscrito en la historia de las luchas democráticas del pueblo mexicano, como el día en que cientos de miles de ciudadanos salieron a la calle a defender la democracia. Salieron a frenar el intento de destruir nuestro INE, pilar del mecanismo político-electoral que nos garantiza tener elecciones libres, creíbles y transparentes.
El 26 de febrero no se olvidará y será referencia de futuras generaciones para recordar que se dio la pauta para restaurar el orden democrático, y que hay una ciudadanía dispuesta a defender y preservar nuestras instituciones, los organismos constitucionales autónomos, el INE y la división de Poderes, para salvar el futuro de un México y continuar por el sendero de la democracia, la libertad y la justicia.
Diferentes conclusiones y predicciones han hecho analistas políticos al respecto. Es innegable que esta apoteótica y singular manifestación muestra la presencia de una potencial y creciente oposición, que puede enfrentar competitivamente al oficialismo de Morena en 2024.
Un movimiento popular ciudadano, que califican algunos observadores, como el inicio de la “Primavera mexicana”, en alusión a la “Primavera árabe”, que surgió en países de Medio Oriente en el periodo 2010-2012, un movimiento explosivo y vertiginoso con grandes manifestaciones populares, que comenzaron en Túnez y, en cuestión de semanas, se extendió a Egipto, Yemen, Bahréin, Libia y Siria.
Como resultado, fueron derrocados líderes autoritarios que ostentaban el poder desde hacía mucho tiempo, como Hosni Mubarak en Egipto, Zin el Abidín Ben Alí en Túnez y en Libia cayó Muamar Kadafi.
La Primavera Árabe se interpretó como una exigencia de los ciudadanos por mayores garantías democráticas y derechos sociales. Sin embargo, 12 años después de su inicio, no hay muestras de mejoras políticas y sociales en los países protagonistas. Lo que está sucediendo en México estaría lejos de emular una primavera árabe, ya que en aquellos países la gente estaba harta de vivir durante décadas bajo regímenes autoritarios. En México, en cambio, lo que cientos de miles de ciudadanos salimos a demandar es que no nos cancelen nuestro régimen democrático que hemos vivido por al menos los últimos 30 años, que su principal legado ha sido la alternancia y la certeza en el resultado de las elecciones.
SIN TENER LÍDER HAY OPOSICIÓN
Otra afirmación de diferentes analistas es que con la concentración del 26 de febrero se dio el banderazo de la sucesión presidencial que tendremos en México en poco más de un año, en junio de 2024, y que esta manifestación fue una muestra del potencial que puede desarrollar la oposición para ganar esa contienda al candidato(a) oficial del Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido.
Al mismo tiempo se sostiene que lo que falta para dirigir ese enorme movimiento popular democrático es un líder que hasta la fecha no está visible. En esa idea se bifurcan varias contradicciones. Por un lado se comprueba que la ciudadanía simpatiza con un movimiento que esté ajeno a los partidos políticos y sus intereses, ya que se sienten decepcionados del régimen de partidos, toda vez que los propios partidos que integran la Alianza Va por México (PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza) ya han gobernado y sus resultados han sido desastrosos.
Al PRI se le acusa de haber llegado a los extremos del oprobio de la corrupción; el PAN, ahora con el desprestigio por el caso García Luna, no se queda atrás en el desánimo de la gente; el PRD anda por las mismas, con el antecedente de haber sido el impulsor de AMLO. Tampoco se ve claro el papel del partido Movimiento Ciudadano, negado a unirse a la Alianza, con una votación nacional máxima alcanzada de 7%.
Por otro lado, la mayor contradicción surge al considerar que solo se podrá vencer al oficialismo, mediante la referida alianza partidista en bloque con la sociedad civil y decenas de organizaciones, algunas de las cuales han sido las organizadoras y promotoras de las grandes manifestaciones, del 13 de noviembre de 2022 y la del pasado 26 de febrero.
La interrogante es ¿cómo podrá surgir un líder que concilie los intereses partidistas con los de la ciudadanía y la sociedad civil?
Opiniones de dirigentes de esas organizaciones independientes coinciden en señalar que debe ser primero el programa y después el candidato, el viejo dilema que sostenía desde los años 70s el entonces presidente del PRI, Jesús Reyes Heroles.
Una hipótesis que nunca se ha cumplido, primero es el candidato y después, en torno suyo, se formulan todos los programas, planes nacionales, acciones y propuestas de políticas públicas que deberá encabezar y hacer cumplir una vez que obtenga el poder.
El México actual, el estatus nacional, está “sobrediagnosticado”, es de sobra conocido que los grandes pendientes son abatir la pobreza y la desigualdad en la distribución de la riqueza. También se conocen los retrocesos de este gobierno en salud, educación, crecimiento económico, combate a la corrupción, Estado de Derecho, impunidad, procuración de justicia, transparencia y rendición de cuentas.
Tenemos legislación en todas esas materias que son perfectibles y con tan solo cumplirlas habríamos avanzado a pasos agigantados y firmes, sin embargo, la ausencia de un liderazgo eficaz no ha permitido dar el gran paso que reclama el país.
No basta un líder populista, eficiente para ganar elecciones y mantener el poder por el poder. Se requieren resultados en mejoras en el bienestar y prosperidad del pueblo. Un liderazgo con preparación y capacidad, con conocimiento de la administración pública, equipos de trabajo de excelencia, honestidad, sensibilidad política y visión de futuro.
El dilema parecería reducirse a candidato de partido o candidato ciudadano. Hay hartazgo con los partidos políticos y por ello, quienes de un plumazo proponen desaparecer el régimen de partidos en nuestro sistema político-electoral, o al menos optar por un candidato ciudadano para la Presidencia, como si esa fórmula garantizara un mejor futuro para el país.
En México los casos más célebres, Jorge Castañeda y el “Bronco”, fracasaron.Hay que recordar que esa opción no es nueva y no ha tenido éxito en las últimas décadas en todo el mundo.
Uno de los primeros experimentos fue el que vivió Perú en los 90s, con Alberto Fujimori, quien se presentó como una opción ciudadana ajena a los partidos existentes. Fujimori comienza su carrera política en 1990, cuando se presenta como candidato a la presidencia en las elecciones generales de ese año al frente del movimiento “Cambio 90”, que había creado el año anterior. Fujimori, era entonces desconocido en las esferas políticas. De la noche a la mañana se convirtió en el líder de siete agrupaciones políticas distintas: el movimiento Cambio 90, el movimiento Nueva Mayoría, el movimiento Vamos Vecino, la alianza Perú 2000, el partido Sí Cumple, el partido Perú Patria Segura y la Alianza por el Futuro, y en 1990 fue elegido democráticamente presidente de la República de Perú.
Después de tres reelecciones propició la toma ilegal de instituciones públicas, pasando a ser un mandatario autoritario y los últimos años fue llevado a prisión por aclamación popular, igual que cuando fue llevado al poder.
Cómo y cuándo surgirá el o la líder, que pueda encabezar ese gran movimiento ciudadano popular que se hizo presente el 26 de febrero pasado.
Aunque legalmente los tiempos del proceso electoral 2024 permitirían tener un precandidato en noviembre de 23 o enero de 24, es tiempo de que la Alianza anuncie un acuerdo para ventilar ante la opinión pública a sus precandidatos desde ahora.
Una posibilidad sería que cada partido defina sus tres principales punteros por procedimiento interno y determinen una fecha (julio 23) para que cada partido tenga a su candidato. Esto permitiría que de julio a octubre se realizara una elección primaria con votación abierta a la ciudadanía con supervisión del INE.
Así la Alianza lograría volcar el foco de la atención pública a sus propias “corcholatas” y tendría un precandidato(a) logrado con transparencia y legitimidad para noviembre de 23. Un ingrediente atractivo sería que cada precandidato anunciara su posible gabinete de coalición.
A la fecha, de acuerdo con la encuesta realizada por Buendía & Márquez, en la contienda interna de la oposición (PAN, PRI y PRD), el 16% se inclina por Mancera y el 12% por Paredes. En tercer lugar se quedan, en un empate con 8 puntos, Lilly Téllez y Santiago Creel.
En la contienda interna por la candidatura de MC, las preferencias se inclinan hacia el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, con un 34%, y en segundo lugar se queda el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con un 19%.
Después vendría lo más difícil, lograr la aceptación de ese candidato (a) con la sociedad civil y determinar si el apoyo ciudadano se queda con la Alianza o podría volcarse con el candidato de Movimiento Ciudadano.
COLOSIO RIOJAS, LA ESPERANZA DE MÉXICO
Como todos sabemos, el candidato de toda la oposición con mejores números en las encuestas es Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, quien acaba de hacer una declaración por demás interesante y deja la puerta abierta para participar en coalición en una futura contienda electoral.
El alcalde aclaró en entrevista, esta semana, que sólo contemplaría una alianza si los actores del otro frente tienen la misma vocación y moral.
La postura de Colosio contrasta con la de Dante Delgado, coordinador nacional de MC, quien ha asegurado que MC irá solo en los comicios del 2024, pese a las invitaciones de unión de los otros partidos de oposición.
“Si al final del día se forma una coalición, tendría que ser una alianza en donde podamos transitar de manera congruente, con actores que tengan la misma vocación y moral, pues adelante”, fueron las palabras de Luis Donaldo, quien pese a su juventud tiene un enorme carisma y nadie vería mal su candidatura presidencial, pues goza de gran aceptación entre las fuerzas políticas, dirigentes, ciudadanos, empresarios y hasta en los propios morenistas.
En menor grado, podría dar la sorpresa Samuel García gracias a TESLA, que le da puntos y se posiciona, pero que todavía no le alcanza para aspirar a la Grande.
A manera de ensayo-ejemplo, enunciamos un gabinete de coalición con Colosio a la cabeza: Segob, Enrique Alfaro o Lorenzo Córdova; SHCP, Samuel García o José Angel Gurría; SRE, Martha Bárcena o Claudia Ruiz Massieu; SEP, Mauricio Vila o José Narro; Secretaría del Bienestar, Fernando Landeros o Lilly Téllez; Secretaría del Trabajo, Santiago Creel o José Guadalupe Acosta Naranjo; Secretaría de Economía, Samuel García o Gustavo de Hoyos; Secretaría de Agricultura, Beatriz Paredes o Alfredo del Mazo; Seguridad Pública, Omar García Harfuch; FGR, Miguel A. Mancera o David Zepeda; Salud, David Kersenovich o Salomón Chertorivski; SEDATU, Lía Limón o Ivonne Ortega; Sener, Macario Schetino o Claudio X.; Pemex, Samuel García o Idelfonso Guajardo; CFE, Alejandro Murat; Infonavit, Dante Delgado, etc, etc.
La idea es mostrar la posibilidad de integrar a los mejores cuadros, con un liderazgo y un gobierno de “Unidad y reconciliación nacional”.
Transitar la pendiente “Transición democrática nacional” e iniciar una nueva etapa en la vida política nacional, para construir la grandeza del México justo y próspero que todos queremos.
México es de todos, no de un solo hombre, y es más fuerte que todos sus problemas, nuestro país ha forjado su historia para orgullo de todos y el 2024 no será la excepción.
***Académico y consultor.

El populismo autoritario busca destruir al INE * El 26 de febrero, día de la restauración del régimen democrático y constitucional
MARCO ANTONIO FLORES***
Está sonando la alarma de intento de instauración del populismo autoritario en nuestro querido México. Si no queremos que nuestros hijos y nietos cancelen el futuro democrático de México, deberemos explicarles la importancia de lo que está en juego. Es hora de salir a la calle para alzar nuestra voz y con determinación y coraje decirle NO a la constante violación y agresión contra nuestra Constitución Política, NO al intento de “Golpe de Estado” contra nuestro régimen democrático.
“Allons enfants de la Patrie- le jour de gloire est arrivé ..”. Esta es la primera arenga del himno francés: ”Vamos hijos de la patria, el día de gloria ya llegó… Nosotros contra la tiranía…”
La citamos a propósito de la convocatoria a la manifestación ciudadana del 26 de febrero, en contra del tan traído y llevado Plan B de la Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que no es otra cosa sino el plan de “Benganza”, para vulnerar y mutilar al INE, y todo por no haber logrado una reforma constitucional electoral que pretendía destruir por completo al INE y con ello nuestra avanzada democracia.
Como todos sabemos, la reforma electoral constitucional de AMLO fue rechazada en forma exitosa y afortunada por el bloque opositor en forma unánime por los partidos PAN, PRI, PRD y MC. La frustrada intención de distorsionar los postulados de nuestra Carta Magna en materia electoral solo sirvió para alterar el “ego” presidencial y en su mareo de poder presentar una reforma electoral engañosa y rencorosa que quiere poner en manos del gobierno nuestro sistema político-electoral construido a través de siglos y afinado en las últimas décadas.
Una iniciativa electoral que viola y atenta disposiciones constitucionales y que, en suma, echa abajo toda la estructura, experiencia, capacidad y organización del INE, institución formada a lo largo de los últimos 30 años para tener elecciones libres, limpias y creíbles.
Despoja al INE de un plumazo de todo su personal profesional capacitado en décadas, pretende eliminar el 80% de personal técnico-operativo, echar a la calle a 6 mil personas con todo y su experiencia y especialidad técnica, lo que derrumba el Servicio Profesional Electoral.
La reforma elimina las juntas distritales en todo el país, subdelegaciones, oficinas y módulos regionales a los que todos hemos acudido a renovar nuestro INE. Con ello se desmoronan los pilares de nuestro sistema electoral: el padrón electoral con todo y credenciales; la organización e integración de funcionarios de casillas por insaculación, así como el cómputo de votos con todo y la desaparición del PREP… además del primer paquete ya aprobado que se elimina sanciones a funcionarios públicos que promuevan su imagen antes y durante los periodos electorales.
Por contar con las mayorías simples, Morena aprobó el referido plan “B” desde diciembre de 2022 en la Cámara de Diputados y esta semana en la de senadores. El único senador morenista que votó en contra fue el líder de esa bancada, Ricardo Monreal, quien ya había advertido que esta reforma es anticonstitucional y que sabe que corresponderá a la SCJN declarar su inconstitucionalidad.
Lo que sigue es la presentación de “acciones de inconstitucionalidad”, “controversias constitucionales” y amparos que podrán ser interpuestos por parte de partidos, actores políticos y ciudadanos, por tener un interés jurídico. En este escenario hay dos grandes riesgos: Primero, que la SCJN no resuelva de manera pronta y expedita, esto es, antes de 2 de junio de 2023, ya que la propia Constitución Política prevé que al iniciar el proceso electoral (el de 2024 inicia en septiembre) ya no se permiten cambios a la legislación dentro de los 90 días previos al inicio de ese proceso electoral, y segundo: que los votos de los ministros no alcancen para la declaratoria de inconstitucionalidad, como ya pasó con la reforma eléctrica, cuando el voto del mismo ministro presidente (Zaldívar) no se dio en el sentido que todos esperábamos.
Sin embargo, debemos estar optimistas por los nuevos vientos que soplan en la SCJN con la presidenta ministra Norma Piña, quien ha dado muestras de imparcialidad e independencia en sus resoluciones. Prueba de ello es la reciente admisión (esta semana) de “acciones de inconstitucionalidad”, presentadas por partidos políticos, respecto a la reforma aprobada en diciembre pasado para que los funcionarios puedan hacer campaña y promover su imagen con recursos públicos y en tiempos anticipados. Estas acciones fueron admitidas por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien otorgó la suspensión provisional y prepara el proyecto de dictamen que se someterá al Pleno para la declaratoria de inconstitucionalidad.
El Presidente López Obrador ya ha descalificado por anticipado la marcha del domingo 26 de febrero argumentando que “forma parte de las acciones de la oposición en contra suya, de su gobierno y de la llamada transformación”, declaraciones que ya rayan en el cinismo, ya que, hasta el ciudadano más neófito en cuestiones legales electorales, ya entendió que la verdadera intención de la reforma es retroceder 60 años en los avances logrados y permitir que el gobierno vuelva a controlar las elecciones.
El domingo 26 de febrero cientos de miles de ciudadanos reunidos en el Zócalo de la CDMX pedirán a los ministros de la SCJN su voto llano y transparente en defensa de la Constitución, para que, de manera, pronta y expedita, resuelvan conforme al Artículo 105, fracción II, de la Constitución Política que la faculta como la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales frente al texto constitucional, a través de las acciones de inconstitucionalidad.
Para que dichas reformas puedan ser expulsadas del sistema jurídico en su totalidad o parcialmente por la Suprema Corte, se requiere contar con una mayoría calificada de ocho votos de las y los ministros integrantes del Pleno al momento de su resolución.
Asimismo, en relación con los 6 mil servidores públicos del INE que la reforma pondría en la calle sin empleo, se debe considerar que la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral (LGSMIE), en su artículo 94, dispone de un medio de defensa, diseñado para dirimir los conflictos laborales entre los servidores públicos electorales del INE, denominado juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores, siendo el TEPJF el órgano competente para conocerlo.
Sobre advertencia no hay engaño: “Al diablo con sus instituciones” y “No me vengan con que la ley es la ley”. Nunca antes, nadie se había atrevido a tratar de destruir nuestro sistema democrático, que descansa en una legislación electoral que se construyó durante los últimos dos siglos, a través de cruentas luchas desde la época de la reforma, pasando por la dictadura porfirista, hasta llegar al final del siglo XX, en que se pudo consolidar nuestra incipiente democracia, lo que ha permitido tres alternancias en el Poder Ejecutivo. La primera del año 2000, la segunda del año 2012, y la tercera, de 2018, por la cual llegó al Poder el Presidente López Obrador. En cada una de estas elecciones han participado millones de mexicanos, como funcionarios de casilla y con su voto. Es muy grave y lamentable que las reglas que permitieron el ascenso al poder de AMLO, ahora quieran ser cambiadas con los fines más aviesos.
Esta propuesta de reforma electoral desnuda a la 4T y le quita la careta al propio Presidente de la República, para mostrarlo como un dictador en potencia, cuyo fin último es el poder por el poder.
Alejemos la posibilidad de vernos en el espejo negro de Nicolás Maduro.
AMLO ha emprendido contra el INE, no es casual que los mexicanos, en su gran mayoría, están dispuestos a defenderlo y con ello, a nuestra principal institución democrática.
No se metan con el INE, al menos dos terceras partes -60 millones- de los mexicanos, lo apoyan. Si Morena, AMLO y la 4T quieren ganar la Presidencia en 2024, sería sano para el país que dejen de buscar torcer la ley.
Mejor que muestren algunos resultados en reducir la pobreza, combate a la corrupción e impunidad, así como mejorar salud, educación, seguridad, procuración de justicia y Estado de Derecho.
Todavía le quedan 18 meses al Presidente López Obrador para actuar como digno Presidente y “Jefe de Estado”. Dejar de pensar solo en el poder y en las próximas elecciones. Mejor ocuparse en las nuevas generaciones y en la inevitable grandeza que tendrá México en el futuro.
El domingo 26 de febrero de 2023 quedará inscrito en la historia de las luchas democráticas del pueblo mexicano, como el día en que cientos de miles de ciudadanos salieron a la calle a defender la democracia, a frenar el intento de destruir nuestro INE, pilar del mecanismo político-electoral que nos garantiza tener elecciones libres, creíbles y transparentes.
El próximo 26 de febrero no se olvidará y será referencia de futuras generaciones para recordar que se restauró el orden democrático, que se salvó el futuro de un México que podrá seguir por el sendero de la democracia, la libertad y la justicia.
***Académico y consultor

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