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PULPO POLÍTICO

Arturo Zaldívar, el gran líder del Poder Judicial

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POR MARCO ANTONIO FLORES

 

Tres acontecimientos recientes en el Poder Judicial federal parecen haber cimbrado y puesto a prueba su misión, solidez y autonomía.

El primero, dar entrada a la iniciativa “inconstitucional” de la consulta para “llevar a juicio a ex presidentes”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminó por hacer comparsa y reelaboró una pregunta sin pies ni cabeza, en vez de haberla desechado desde el principio.

Segundo, la propuesta de ampliar el periodo del ministro presidente de la SCJN, que surgió desde abril de 2021, pero que hasta agosto rechazó el ministro presidente Arturo Zaldívar, pero que todavía eso no basta, pues falta que la SCJN declare su inconstitucionalidad.

Y tercero, la reciente crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuando cinco de sus ministros por mayoría destituyeron a su presidente, José Luis Vargas.

Cuatro meses de incertidumbre sobre el futuro de la SCJN, pero que Zaldívar cortó de tajo con los rumores al anunciar públicamente que rechazaba la ampliación de su periodo en la presidencia de la SCJN y el CJF.

 

El único frijolito en el arroz: la tardanza para anunciarlo, pues él sabía que era, a todas luces, anticonstitucional la propuesta. Todavía es un misterio quién y por qué introdujo el famoso artículo transitorio a la propuesta de Reforma. Se manejaron varias hipótesis: Que si la idea fue del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; que la iniciativa fue de Ricardo Monreal, al ordenar al senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde, desde abril pasado, añadir de última hora a la reforma del Poder Judicial un artículo transitorio -el decimotercero- para que Zaldívar presidiera la Corte y el Poder Judicial hasta noviembre de 2024; que fue idea del Presidente Andrés Manuel López Obrador y que por eso mismo lo alentaba; que el propio ministro presidente Arturo Zaldívar fue consultado y éste coqueteó con la idea.

Y así más versiones por el mismo estilo, pero nadie ha aclarado de dónde salió la propuesta y cuál era la verdadera intención… y por lo visto nunca sabremos al verdadero autor intelectual.

Pero lo cierto es que ocasionó un gran desgaste y cuestionamiento a la independencia del Poder Judicial.

Tras la ola de declaraciones del Presidente López Obrador y de prominentes líderes de su gobierno, externadas desde el inicio de su administración, cuestionando la autonomía e integridad del Poder Judicial, habría surgido la sospecha de un plan para desmantelar y reestructurar todo el Poder Judicial, como en algún momento lo propuso el líder del Senado, Ricardo Monreal.

Incluso existió temor por parte del ministro presidente de la SCJN de que lo obligaran a renunciar, como ocurrió en el siglo XIX cuando, en 1882, el presidente de la SCJN, Vallarta, fue obligado a renunciar por el presidente Manuel González y el gobernador de Oaxaca, Porfirio Díaz. Lo consideraron un enemigo peligroso, un obstáculo para sus ambiciones y un gran estorbo en su afán de controlar las decisiones’y los nombramientos que hacía la Suprema Corte, en las ternas que sometía a la Secretaría de Justicia para cubrir las plazas de jueces de Distrito y magistrados de Circuito.

Retomando el tema de la ampliación de mandato de Zaldívar, siempre quedará en el aire si se trató de una estrategia para presionar, acotar y someter al presidente de la SCJN y su Reforma Judicial… o era el preámbulo -“laboratorio de ensayo”- de la extensión o reelección del mandato presidencial.

Al respecto, habría que tratar de reinterpretar lo que sostuvo el Presidente López Obrador durante todo el debate que la extensión del mandato de Zaldívar estaba en línea con los objetivos de su gobierno para desterrar la corrupción e impulsar una transformación de la vida política de México.

“Para que haya un cambio, se requiere que el ministro Zaldívar (y nadie más) perdure hasta el 2024. No es reelección, es que termine en el 2024; ojalá lo apoye el resto de los ministros, puestos por el antiguo régimen y cuando la política estaba al servicio de las minorías y no al servicio del pueblo”, mencionó el Primer Mandatario en junio.

 

 

Por su parte, el ministro presidente Arturo Zaldívar, en defensa de la tardanza de su decisión, señala que estuvo esperando a que se aprobara la “Reforma Judicial” para fijar su posición.

Es de resaltar que la “Reforma Judicial”, sin duda, representa un avance en diversos aspectos técnicos de la impartición de justicia. La pregunta es cómo se agilizarán y transparentarán las sentencias, si tales reformas no van de la mano de una profunda reforma administrativa interna. No se realizó una revisión de la gigantesca y compleja estructura del Consejo de la Judicatura Federal, y el papel de sus consejeros para propiciar su modernización.

Se desconoce si se incluyeron temas como compactación de la estructura, contar con una eficiente plataforma tecnologica, establecimiento de mecanismos ágiles de evaluación y vigilancia técnico-administrativa.

Cómo se podrá fortalecer un esquema que, de origen, es un galimatías, con seis consejeros que provienen de tres orígenes distintos -Cámara de Senadores, Diputados y Ejecutivo- que toman decisiones administrativas en forma colegiada con criterios tan disímbolos o que, en su caso, se los encargan a burócratas que elaboran decisiones finales sólo para ser votadas por un pleno abstracto y complejo que conoce más de cuestiones técnicas de la impartición de justicia, pero no así de administrativas.

 

‘NUEVA CARRERA JUDICIAL’

Entre el Pleno del CJF, la nueva “Escuela de Capacitación judicial” y un Comité Académico, la inquietud que surge es cómo se determinara que los elegidos reúnan los requisitos del “nuevo perfil de jueces y juezas más cercanos a la gente, más capacitados y más sensibles”.

Para establecer una escuela judicial, en la que se vayan formando todos los cuadros del Poder Judicial generando por primera vez una auténtica carrera judicial, se requiere algo más que complejos e indeterminados esquemas de administración y selección, algo más sencillo o más probado.

Tal vez en este tema se podrá tomar como referencia la experiencia del servicio diplomático de carrera. O bien apoyarse en las principales instituciones de educación superior, que imparten la carrera de Derecho, para desde ahí abrir la opción a jóvenes que tengan la vocación judicial con programas elaborados conjuntamente, por ejemplo, entre la Facultad de Derecho de la UNAM y la SCJN.

En su momento el brillante ex ministro de la SCJN, José Vicente Aguinaco, al referirse a los relevos “externos” para la Suprema Corte, decía: “Es sana la práctica de que vengan de fuera. La endogamia no es buena, en cambio la exogamia sí. Ahí tiene usted -agregó- a las noblezas que se casaban entre sí y de ahí no salían. ¿Qué hijos daban, taraditos ¿no?”.

Se busca con la reforma que los “defensores públicos sean verdaderos abogados de los pobres, que logren llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, más olvidada, más discriminada y a aquellos que han perdido la esperanza en la justicia”… pero quién o cómo se garantizará tal propósito.

La figura de la defensoría de oficio tiene décadas de existencia. La pregunta es cómo se hará valer, cómo se garantiza que ahora sí tengan defensorías eficientes y calificadas los más pobres y vulnerables.

Por otro lado el nepotismo, el acoso sexual y el registro patrimonial de servidores públicos existen en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, e incluso en el Código Penal, como delitos y figuras precisas. ¿Por qué no se vinculó la reforma, en materia de corrupción, con el Sistema Nacional Anticorrupción? Las “Contralorías” podrían ser juez y parte, al depender de los funcionarios superiores del Poder Judicial, en cuanto a su nombramiento, funcionamiento y sanciones.

¿Por qué no se abrió, en afán de la transparencia, a nuevos esquemas de requisitos, capacidad y experiencia, apoyados en otras instancias como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o al conjunto colegiado de quienes integran el SNA? Se entiende como una tarea muy compleja mantener la independencia del Poder Judicial, al tiempo de permitir que otras instancias o Poderes intervengan, pero se pueden diseñar mecanismos que logren más transparencia sin menoscabo de la “autonomía”.

Lo que sí habrá que reconocer, después de todas las recientes pruebas a que estuvo sometido el Poder Judicial, es que existe liderazgo y unión al interior del máximo tribunal del país. El ministro presidente Arturo Zaldívar mostró habilidad y sensibilidad política para sortear los embates. En el caso de la crisis del TEPJF, su intervención permitió la reconciliación, el diálogo y las atinadas salidas jurídicas con la “renuncia” formal del depuesto magistrado presidente José Luis Vargas, al tiempo que desistió del cargo el designado sustituto, Reyes Rodríguez Mondragón.

Con la elección del magistrado Felipe Fuentes Barrera como  presidente del TEPJF, se dio una acertada solución política a la mencionada crisis. Seguramente, de aquí a que termine su Presidencia en 2022, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, seguirá impulsando la muy importante y recién aprobada “Reforma del Poder Judicial”.

Tendrá la oportunidad de hacer los ajustes que se requieran en su implementación. Con ello, la SCJN y el Poder Judicial, en su conjunto, lograrán mejoras y avances tan necesarios y urgentes desde hace décadas.

Por una eficiente impartición de justicia y por la búsqueda de un auténtico Estado de Derecho, 130 millones de mexicanos mantendremos el anhelo y la esperanza de que se logre.

PULPO POLÍTICO

El T-MEC firma sentencia de muerte a la reforma eléctrica

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El Presidente se someterá a las reglas del tratado neoliberal * AMLO seguirá el doble discurso: uno para sus huestes de izquierda morenista y su clientela electoral renegando públicamente del neoliberalismo, y por el otro ya demostró que se someterá a las reglas de nuestros socios comerciales, representantes del capitalismo a ultranza

 

POR MARKOFLOS***

 

El TLCAN es la obra más simbólica del “neoliberalismo”, impulsada por Carlos Salinas de Gortari, el “innombrable”, del que tanto reniega el gobierno de la 4T.

Se firmó en noviembre de 1993 y entró en vigor el primer día de 1994 con el objetivo de crear una zona de libre comercio y competencia entre los tres países que conforman América del Norte.

En julio de 2019, ya como Presidente Andrés Manuel López Obrador, confesó que como opositor no estuvo de acuerdo con la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá que entró en vigor en 1994.

Esa postura, durante años, fue una de sus principales banderas de “opositor” de la izquierda. Sin embargo, como presidente electo y ante la iniciativa de Donald Trump de renegociar el Tratado, hubo de aceptar incluso nuevas disposiciones más demandantes para México, incluidas en el nuevo T-MEC.

¿Lo expresado y lo no expresado por el Presidente López Obrador, en la reunión con el presidente estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, debería interpretarse como una sentencia de muerte de la “Reforma Eléctrica” y también de la izquierda radical “antiyanqui” de Morena (léase Gerardo Fernández Noroña, Dolores Padierna, Yeidckol Polevnsky, Pablo Gómez y familia)? ¿Puede significar un cambio de rumbo y una rectificación para dejar de apoyar a las dictaduras de “izquierda” de Cuba, Venezuela y Nicaragua lo dicho por AMLO en la reunión respecto a competir en alianza comercial (T-MEC) contra China? ¿Una enmienda para dejar de coquetear con la potencia asiática, como ocurrió en la reunión de la CELAC, cuando a través de una videoconferencia del primer ministro chino dio un mensaje a los asistentes?

 

DOBLE DISCURSO

Sería muy difícil pensar que el Presidente Andrés Manuel haga un viraje tan radical en su discurso. Más bien se debe esperar que continúe con un “doble discurso”, uno para sus huestes de izquierda morenista y su clientela electoral renegando públicamente del neoliberalismo, al tiempo que ya demostró que se someterá a las reglas de nuestros socios comerciales neoliberales, representantes del capitalismo a ultranza.

Es claro que la postura de AMLO en la reunión es resultado de un trabajo fino de Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, quien esta vez, a diferencia de la reunión CELAC, sí convenció a su jefe de alinear el discurso de México, a lo que le corresponde como socio comercial del T-MEC.

El canciller destacó que la reunión entre López Obrador, el presidente estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fue “positiva” y “exitosa”, además de que se descubrió una afinidad y buena química entre ellos que significará una nueva etapa en la relación de los tres mandatarios.

 

RESULTADO, OBRA DE EBRARD

Habrá que reconocer que el resultado de la reunión y todo el contenido del discurso es obra de Marcelo Ebrard y que esto lo posiciona, casi, como puntero en la carrera por la candidatura presidencial. Quizá por ello, y como una “estrategia distractora”, mandó a Mario Delgado a destapar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, como otro posible aspirante a la Presidencia para 2024. Y ya anunció que la próxima cumbre se realizará en 2022 en la Ciudad de México.

Ebrard informó, como un logro de su jefe, que se adoptará el programa “Sembrando oportunidades” para financiar a los países de Centroamérica que más exportan migrantes. Anunció: “Vamos a estar trabajando con las agencias de Estados Unidos en los próximos días, pero lo más importante es que hay una respuesta a lo que el Presidente López Obrador ha venido planteando en relación a la migración y al futuro”.

También manifestó que se hizo un reconocimiento a la iniciativa de Biden para regularizar la situación de 11 millones de migrantes, aunque se mantendrán respetuosos del proceso legislativo en ese país.

Marcelo se dio el lujo de afirmar que Biden y Trudeau reconocieron la lucha contra la corrupción que encabeza López Obrador. En otros logros informó de acuerdos que se alcanzaron, es que se va a trabajar para combatir las redes de tráfico de personas; lo relativo al tráfico de armas y supervisión de aduanas y puertos.

También se acordó coordinar acciones para enfrentar la pandemia, producir vacunas en la región y prepararse de mejor manera para otra situación similar; así como para enfrentar la crisis de los opioides, como se llama en Estados Unidos que ha dejado 100 mil muertos.

Se establecerán medidas en acción climática; se aumentará la competitividad, se promoverá la equidad, la inclusión y la justicia, dijo el canciller.

Lo que nunca sabremos es lo que platicaron en privado López Obrador y Joe Biden. Si hablaron de la reforma electrica. Si AMLO le hizo algún reclamo respecto al comportamiento “injerencista” del embajador Kent Salazar. Si reclamó que el gobierno de Estados Unidos no había respondido a su nota diplomática donde pedía al gobierno americano parar todo financiamiento que hacía a “organizaciones opositoras” al gobierno mexicano, por medio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

O lo contrario, si por parte de Biden hubo algún jalón de orejas para AMLO por sus desplantes discursivos contra Washington en favor de Cuba. Si se habló de endurecer el control en México, del desordenado y creciente flujo migratorio del sur al norte. O si se platicó sobre el tema fundamental de la seguridad, de los términos de la cooperación y de las dudas estadounidenses hacia la política de la 4T de abrazos y no balazos.

 

TRATO DE IGUALES

La experiencia de Joe Biden permitió que dominara la diplomacia en el discurso público. Destacó la afirmación que hizo de comprometer un trato de iguales a México, no más como patio trasero. Al tiempo, unas horas antes de recibir a AMLO en la Casa Blanca, Biden firmó una ley que permitirá al Departamento de Justicia estadounidense perseguir donde sea a quienes ataquen a sus agentes, en franca violación a soberanías y al derecho internacional.

Luego del “éxito” de la cumbre trilateral, Ebrard deberá estar pendiente de los reclamos de grupos de poder como el que hizo el  gobernador de Texas, Greg Abbott, y congresistas republicanos contra el presidente Joe Biden, por lo que interpretan como una falta de acción en la defensa de las empresas de Estados Unidos, el freno del flujo migratorio y la contrarreforma energética.

Marcelo tendrá que hacer gala de su dominio de la diplomacia y su manejo poítico para evitar que los jalones politicos internos del vecino pais del norte no perjudiquen la relación comercial más importante que tiene nuestro país.

Veremos si como lo hizo en esta reunión, Ebrard sigue convenciendo a su jefe de que lo escuche y actúe en consecuencia. No vaya a ser que el Presidente López Obrador, en aras de la “transformación”, opte por la “destrucción” y eche por la borda lo logrado en 30 años del tratado comercial, ahora T-MEC.

 

*Académico y Consultor

 

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LA REVISTA

No pienso en la jefatura de Gobierno: Omar García

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‘Mi equipo y yo todos los días estamos trabajando en la seguridad de la ciudad’ * Si la ciudad o cualquier estado tiene al encargado de la seguridad pensando en otra cosa, sinceramente que se vaya a hacer otra cosa porque quienes pagan de manera inmediata son los ciudadanos, expresa el titular de la SSC-CDMX

 

POR JOVIRA

 

Mencionar a Omar García Harfuch es hablar de un secretario que ofrece resultados en beneficio de la ciudadanía.

A dos años de asumir la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) sus números son alentadores y ofrece tranquilidad y paz a los millones de capitalinos, aunque falta mucho por hacer, como él bien lo expresa.

Tan hace bien su chamba que la propia jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene un problema menos al tener a García Harfuch al frente de la policía.

En entrevista con el Payaso más TeneBrozo, Omar García detalló el estado de seguridad en que se encuentra la capital del país.

Omar García enfatiza la estrategia de seguridad que se viene realizando, y no se trata de abrazos o de balazos.

“Yo creo que no es de abrazos o balazos, yo creo que es una estrategia clara de seguridad porque si hacemos una estrategia de puros balazos lo que sucede es que vamos a tener una violencia brutal en el país. Yo creo que lo que estamos haciendo es una estrategia que combina atención a las causas, que eso también lo está haciendo el gobierno federal por supuesto, pero en la ciudad hablo por lo que me corresponde, la Ciudad de México”.

 

Afirma García que se recibe mucha ayuda del gobierno federal, pues antes actuaban solos.

Nosotros recibimos ayuda en atención a las causas o programas sociales que antes de nosotros como policías pues era una estrategia solitos, váyanse solos en contra de los delincuentes y arreglénselas. Hoy no es así, lugares donde nosotros hacemos cateos, acciones de la policía, tienen muchos programas de gobierno que también entran, después o algunos antes, donde nosotros estamos operando. Hemos hecho en este año muchísimos cateos con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México enfocados a disminuir la violencia en la ciudad, han sido más de 600 cateos aproximadamente y en todos esos lugares, en todas las colonias, también ha habido una atención a las causas”.

Reitera que los programas de gobierno de Claudia Sheinbaum han sido muy importantes para bajar los índices delictivos.

“Los programas de gobierno que tiene la doctora, la jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, han sido muy importantes para disminuir los índices delictivos. Un ejemplo claro han sido los homicidios dolosos, pues de 2019 a la fecha es casi 35% menos”.

Para atender las posibles causas de la violencia, ha sido vital una estrategia integral, en donde hay coordinación entre la SSC y la FGJCDMX.

“Hemos visto en los estados que la fiscalía y la policía están totalmente trabajando por separado. Aquí no, todos los días trabajamos con la Fiscalía de Ernestina Godoy y todos los días la jefa de Gobierno preside el gabinete de seguridad de lunes a domingo, entonces no hay un solo día que no estemos coordinados porque todos los días nos vemos”.

A pregunta expresa del Payaso más TeneBrozo sobre el problema de las drogas y cárteles en la capital del país, el secretario de Seguridad Ciudadana comenta: “Nosotros nunca hemos dicho que no hay cárteles en la Ciudad de México ni tampoco la jefa de Gobierno.

A las células delictivas todos los días y no es una lucha contra drogas la que tenemos en la Ciudad de México, es una lucha en contra de la violencia, y en los lugares más violentos, lesionados por arma de fuego o más homicidios, más riñas, ahí nos enfocamos en entrar con cateos con detenciones con investigaciones mucho más profundas.

“Todos los días tenemos una mesa de inteligencia en donde trabajamos en conjunto varias investigaciones, o acciones con Fuerzas Armadas”.

“Creo que lo que nos conviene es tener instituciones fuertes y muy capacitadas. ¿A qué me refiero? Y sí hay instituciones fuertes en este país, son la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Nosotros trabajamos tan coordinados con ellos porque muy importante el apoyo en la policía de la Ciudad de México de Fuerzas Armadas en metodología, capacitación. Te menciono que inició un curso para la policía de la Ciudad de México para mandos, con la Secretaría de Marina, eso es muy bueno porque eso es fortalecer a nuestra institución.

“De un tiempo para acá la misma jefa de Gobierno les da premio a nuestros policías cada mes, es el tercer año que les sube el sueldo 9%, eso nunca había pasado en la policía, y sí nos gustaría que la policía ganara muchísimo más, y eso es un gran avance”.

Respecto a si tiene el apoyo para forma una policía inimaginable como nunca la ha habido en el país, García Harfuch responde de forma categórica: “Estamos convencidos de hacer a la policía de la Ciudad de México como la mejor policía del país”.

Pese a que Brozo comenta que Sheinbaum está en campaña en el interior del país y se le olvida la policía, Omar García replica: “No se le olvida la policía, mes con mes está ella con la policía, no es lo mismo que los premie yo”.

Dice el titular de la SSC-CDMX que se está fortaleciendo a la policía capitalina al darle más facultades.

“Lo digo de verdad con toda transparencia, se está fortaleciendo, no sólo en equipamiento porque es muy fácil hablar de equipamiento que caduca y el equipamiento caduca, sea un año, 2, 3, 4, 5, hablo en facultades, la policía de la ciudad, ¿cuál ha sido un avance? Que la jefa de Gobierno nos permitió tener la facultad de investigación, eso no lo tenía la policía de la Ciudad de México.

“Desde su fundación la policía era 100% preventiva, así difícilmente íbamos a bajar los homicidios o difícilmente se baja el robo de vehículo con violencia y sin violencia que también lo traemos en su mínimo histórico”.

En materia de seguridad, afirma que hay un trabajo conjunto con el gobierno federal.

Ha habido un apoyo total del gobierno federal en seguridad a la Ciudad de México, yo no podría decirte que no estamos recibiendo el apoyo, al contrario, todos los días tenemos operaciones en conjunto, todos los días, a veces a lo mejor exageré, pero todas las semanas tenemos operaciones en conjunto con el gobierno federal, todos los días tenemos una coordinación con el gobierno federal en materia de seguridad, claramente la estrategia de seguridad en la Ciudad de México si bien no nos sentimos satisfechos, y falta muchísimo por hacer, pero estamos seguros que es la estrategia correcta”.

Gracias a sus resultados, muchos ya lo apuntan como el futuro jefe de Gobierno de la capital del país, y el Payaso más TeneBrozo no fue la excepción, pero Omar García afirma de manera categórica que no piensa en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“No, por supuesto que no. En este equipo que yo encabezo, todos somos policías, todos estamos enfocados en una cosa y yo creo que si la ciudad o cualquier estado tiene al encargado de la seguridad pensando en otra cosa, sinceramente que se vaya a hacer otra cosa porque quienes pagan de manera inmediata son los ciudadanos. Mi equipo y yo todos los días estamos trabajando para una cosa que es la seguridad de la ciudad”.

Sobre militarizar la seguridad pública en la Ciudad de México, el titular de la SSC-CDMX lo rechaza de manera tajante.

“Yo creo que para que eso suceda tendríamos que tener una policía débil y hoy la policía de la Ciudad de México es todo menos débil, entonces no hay un lugar donde la policía de la Ciudad de México no opere o no esté”.

Señala que para tener resultados en el combate frontal con la delincuencia se requiere de la participación ciudadana y de la colaboración de las fuerzas federales.

“La Guardia Nacional nos ayuda muchísimo en varios lugares de la Ciudad de México, por ejemplo Topilejo, en donde era una prioridad de la jefa de Gobierno atender a una comunidad que estaba bastante abandonada, olvidada, y realizamos recorridos en contra de tala, ¿por qué?, también la policía de la Ciudad de México tiene otra capacitación. Lugares donde no podía entrar la policía, no siempre han entrado, la idea es para qué entraban, un ejemplo, Peralvillo, donde desarticulamos uno de los centros más importantes, toneladas de droga aseguradas, fue con la Secretaría de Marina, Peralvillo, estamos hablando de casi en el centro de la ciudad, toneladas aseguradas de drogas, dos laboratorios clandestinos, armas largas, cualquier cantidad, armas cortas y en efecto en ese tiempo justo llevábamos días en la Secretaría, si bien la puesta a disposición y la detención no nos salió como queríamos, ese lugar está desmantelado y la ciudadanía ahí son quejas y quejas que decían oigan porque aquí pasan los delincuentes en carritos, en motos y todo en convoy’.

“Cuando la autoridad actúa sola, sola me refiero sin la sociedad civil, va a tener un resultado muy deficiente, al contrario, cuando se trabaja en la sociedad, nosotros en este tema de tala, nosotros bajamos de manera directa con los comuneros que están ahí, ¿por qué?, porque son los que saben, son los que están viviendo y los que sufren este delito y estoy poniendo el ejemplo en tala, pero nosotros es cada vez más trabajar con la sociedad civil y vecinos y colonias y todos.

“Luego te das cuenta dónde hay un buen mando de la policía, dónde hay un buen jefe de sector porque los vecinos lo conocen de nombre, tienen su teléfono de memoria o el jefe de cuadrante, los cuadrantes han sido un gran resultado en la ciudad también”.

El Payaso Más Tenebrozo le desea a Omar que le vaya bien y le reitera nuevamente que vaya pensando en la jefatura de Gobierno.

No está ni siquiera para pensarse, porque nuestra formación es una, nosotros estamos aquí para dos cosas: servirle a la ciudad principalmente obviamente y estamos para servirle a la jefa de Gobierno, y ella nos trajo a su gobierno con una tarea, eso también no lo olvido. Yo llegué con una tarea específica y es atender en su momento a la Policía de Investigación, que duré muy poco ahí, y después la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o sea la instrucción que ella dio en su momento y que nos daba todos los días es esa”.

Así está la seguridad de la Ciudad de México con Omar García Harfuch al frente, un secretario, reitero, que da resultados y que seguramente en base a su trabajo es innegable que tarde o temprano tendrá retos mayores en su carrera profesional, y un personaje como él en cualquier lado tiene cabida, ya sea en el gobierno capitalino o en la administración federal. Al tiempo.

 

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LA REVISTA

‘Tenga para que aprenda’: Lozoya se va a prisión

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Salió muy cara la cena del restaurante * La acción del ex director de Pemex provocó el enojo del Presidente porque puso en tela de duda la lucha de la Cuarta Transformación contra la corrupción y la impunidad

 

POR FRAY LALITO

 

A unos días de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador acuda a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hablar de la manera “ejemplar” en que México combate la corrupción, el único y más emblemático caso de su gobierno, el de Emilio Lozoya, dio un viraje de 180 grados, cuando el 3 de noviembre se presentó por vez primera -desde que fue extraditado en agosto de 2020- ante el juzgado federal y fue puesto en prisión preventiva de manera sorpresiva.

Cenar pato “Pekín” en su condición de delincuente confeso y “testigo colaborador” le salió muy caro. Con la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, y el juez de dejarlo en prisión, “ya saben quién”, le dijo “Tenga para que aprenda”.

Para que aprenda a no ser cínico, imprudente y soberbio. Para que aprenda cuál es su limitado papel en este juego de “combate a la corrupción”, sólo ser una marioneta del Presidente y de la FGR, para inculpar a todos los enemigos políticos que se le indiquen… pero de ninguna manera ponerse en medio, para que se ponga en tela de duda la lucha contra la corrupción y la impunidad de este gobierno.

El caso “Lozoya” no se inició con la llegada de la 4T al poder. Desde diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de EU reveló que la constructora brasileña dio sobornos por 10.5 mdd a un alto funcionario de Pemex que resultó ser Emilio Lozoya Austin.

Señaló que ese dinero se recibió en partes: una en octubre de 2013, cuando Odebrecht pagó 4.5 mdd, y de diciembre de 2013 a 2014, se hizo otro pago de 6 mdd.

Un elemento clave en el inicio de la investigación, el ex fiscal de delitos electorales en la administración de Enrique Peña Nieto, Santiago Nieto, le costó ser removido del cargo cuando tenía en sus manos el caso.

Tras aproximadamente dos años de investigación y con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, retomó sus apuntes ahora como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y planteó que Lozoya era el principal responsable en el caso Odebrecht en México.

El trato privilegiado del “testigo colaborador” cambió radicalmente. No sabemos “quién” dio línea a la FGR para que, de último minuto y durante la diligencia, los fiscales confirmaran solicitud de sujetar a prisión preventiva a Lozoya debido a que existen nuevos datos de que, al menos, tiene acceso a 2 millones de dólares y a que en todo este tiempo no ha manifestado intenciones de reparar el daño ocasionado en el caso Odebrecht que se calcula en por lo menos 7 millones de dólares.

Otro de los argumentos vertidos por la FGR fue la cena en la que Lozoya fue exhibido en redes sociales en un lujoso restaurante que demostraría que tiene recursos y acceso a una red de contactos que le pueden ayudar a evadirse de la justicia.

Ante esto, el juez de control José Artemio Zúñiga determinó que Lozoya permanecerá en el Reclusorio Norte, sujeto a prisión preventiva justificada, en donde enfrentará su proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El juez consideró los lazos familiares que tiene que le pueden ayudar a fugarse, los recursos a los que tiene acceso y que las penas a las que se enfrente alcanzarían 30 años de prisión, lo que podría incentivar su intención de evadirse, para señalar que existe un elevado riesgo de fuga y mantenerlo en el Reclusorio Norte.

El juez también otorgó una prórroga de un mes, no a 60  días como era la petición de la defensa del ex director de Pemex como plazo para ampliar la investigación y presentar pruebas.

 

DOS CASOS EMBLEMÁTICOS

Hasta ahora hay dos casos emblemáticos del gobierno de la Cuarta Transformación sobre impartición de justicia. El de Rosario Robles que se encuentra en prisión desde julio de 2019, por “falsificación de una licencia”, que demuestra su intención de huir de la justicia, y el Emilio Lozoya, que ya había huido. Fue extraditado de España en julio de 2020 y desde agosto de 2021 realizó sus primeras “denuncias” en calidad de “testigo colaborador”.

En todos los sexenios “neoliberales” la justicia penal se caracterizó por sesgos políticos tratándose de personajes políticos valga la redundancia. A juzgar por el derrotero que han tomado estos dos casos, corremos el riesgo de tener  más de lo mismo… si no es que una nueva versión corregida y aumentada.

Existen presuntas declaraciones de Lozoya en las que “confiesa” haber recibido de Odebrecht la cantidad de 4 millones de dólares para la campaña de EPN. Esto, si se comprobara, habría sido un delito electoral que ya prescribió, pero que será muy útil para que AMLO diga una y otra vez que tenía razón respecto a los corruptos del PRIAN.

En lo concerniente a sobornos para la “Reforma Energética” y líderes del Pacto por México y para continuidad proyectos se mencionan montos y nombres. En principio 100 mdp entregados a Ernesto Cordero, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya; 80 mdp a senadores del PAN (cuyos nombres mencionamos más adelante); 6.8 mdp a diputados a través de Ricardo Anaya; 34 mdp al director de Finanzas del PRI y 12 mdp a funcionarios priístas; 6 mdp a David Penchyna y otros 12 mdp a Carlos Treviño Medina.

Estarían por conocerse las pruebas de Lozoya, pero si después de 15 meses no las ha presentado, existen dudas de que se pueda llamar a cuentas a la justicia a los personajes mencionados. Ellos dirán que son infundios. AMLO y Morenos dirán teníamos razón respecto al PRIAN, pero lo que sí es claro es que el caso Lozoya dará mucho material para sacar provecho político.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá tela de dónde cortar para sus “mañaneras”. Narrativa política-electoral de aquí a algunos meses, para marzo de 2022 para la “revocación” y quizá para explotar el caso hasta 2024.

 

TESTIGO COLABORADOR

La figura del “Testigo colaborador” se deriva de la aplicación de los “criterios de oportunidad” establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su Artículo 256, a la letra dice: “Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido”.

Por su parte el artículo 257 del mismo ordenamiento establece: Efectos del criterio de oportunidad……… “La aplicación de los criterios de oportunidad extinguirá la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio…”

En consonancia con lo que establecen las disposiciones anteriores, la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal, define puntualmente qué es un “Testigo colaborador”: “Es la persona que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos. Podrá ser testigo colaborador, aquella persona que haya sido o sea integrante de la delincuencia organizada, de una asociación delictiva, o que pueda ser beneficiario de un criterio de oportunidad”.

Hay quienes especulan que es fundamental para este  proceso que Emilio Lozoya no acuse a sus iguales o subalternos y que tendría que señalar a personas con un cargo jerárquico mayor.

El caso Lozoya puede ser el parteaguas para que el gobierno de la 4T proceda legalmente y dejar de lado “juicios mediáticos”. El mayor riesgo es la expectativa de los “peces gordos”. El “pueblo” querrá sangre en el río y pruebas de que hay un cambio en el combate a la corrupción y la impunidad.

Para muchos la única muestra irrefutable es que caigan altos funcionarios, empresarios e incluso ex presidentes o sus familiares. La presión mediática será mayúscula y muy pronto -de no haber varios “peces gordos” tras las rejas- se empezará a hablar de que fue una simulación. La condición para castigar la corrupción debe cumplir con dos premisas: que se fundamente legalmente y se castigue ejemplarmente.

En el caso “Odebrecht” se tejió una red de sobornos en  América Latina. Países como Brasil, Perú, Uruguay, Chile, Colombia y Argentina nos llevan ventaja en esta materia de combate a la corrupción. Algunos han llevado a prisión a ex presidentes como Perú, Brasil, Guatemala y Argentina.

En Brasil la operación “Lava Jato” fue el escándalo que destapó una red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos de casi todos los partidos para obtener contratos con Petrobras, la petrolera estatal.

La operación “Lava Jato” ya antes había llevado al encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que fue sentenciado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, por recibir un apartamento frente al mar de una constructora a cambio de favores.

 

EN MÉXICO, PERSECUCIÓN A CORRUPTOS DE MANERA SELECTIVA 

A diferencia de otros países, el uso político de la justicia que se ha hecho en México, donde se persigue a los corruptos de manera selectiva, señala un estudio publicado por el CIDE y agrega que “La política siempre será parte de estos procesos de alto impacto, y por ello es preferible tener un marco legal y de instancias con una fuerte capacidad técnica, para que toda acusación e investigación anticorrupción esté sustentada fuertemente en razones legales y normas explícitas. De otra manera, se convierte la lucha anticorrupción en una cacería política sesgada y parcial”.

Si el caso Lozoya se convierte en cacería política, más mediática que legal, millones de mexicanos nos lamentaremos que en materia de combate a la corrupción no se den avances.

Si el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere atacar en serio lo que él llama “el peor cáncer de México” y su meta -de verdad- es ir por los corruptos, debe, en primer término, evitar opinar sobre los casos. Debe cumplir con su principal promesa de campaña, comprometerse con hechos y fortalecer nuestro Sistema de Justicia Penal, haciendo valer la “autonomía” de la FGR y, en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, avanzar en su implementación.

En suma, el Presidente debe permitir que las instituciones actúen con plena autonomía e independencia y con absoluto apego a la legalidad.

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