La Primera Presidenta pide posponer la aprobación de la llamada Ley Censura * Ante la ola de críticas, Claudia pide que se abra la discusión y que se enriquezca la propuesta de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión

MARCO ANTONIO FLORES***

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demuestra escuchar a todo tipo de voces, por lo que ante la ola de críticas por la llamada Ley Censura pide posponer su aprobación y de esta forma le pone un alto a las tentaciones.

Ante el contenido autoritario de su iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Primera Presidenta pide al Congreso que no haya prisa por aprobarla el martes.

“No tiene por qué aprobarse el martes. Que se abra la discusión. Que vaya Pepe Merino a explicar. Que se escuche a expertos. Que se enriquezca la propuesta”, añade.

Ante la presión en medios, redes sociales y en el Senado de la República (en donde se le llamó Ley Censura), la Primera Mandataria reconoce que hay dudas.

Sheinbaum se fue más a fondo al expresar que se puede incluso eliminar el artículo que permitiría el bloqueo de plataformas digitales.

Pero también dejó algo muy claro su advertencia: “No vamos a regresar a lo que existía antes”.

Como quien dice, el plan sigue, el modelo cambia, pero el control no se suelta.

Y aunque ahora dice que “no se trata de imponer”, la misma iniciativa fue votada en Comisiones sin leerla, sin parlamento abierto y sin expertos.

Ahora la Presidenta plantea que la ley podría aprobarse en un periodo extraordinario en mayo o junio, antes de que entre el nuevo Poder Judicial.

Y eso último no es poca cosa, pues el rediseño de la Agencia de Transformación Digital y la eliminación del IFT son parte del mismo paquete con el que Morena busca reordenar el Estado… sin contrapesos.

Para ser más claros: La narrativa cambia, pero el objetivo sigue firme.

Su argumento lo dicen muy simple: No es censura, sólo “recuperar atribuciones”.

Pero en democracia recuperar el control a costa de derechos siempre es una línea muy delgada.

EL GOBIERNO DE MÉXICO NO CENSURA A NADIE: SHEINBAUM PARDO

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que con la nueva Ley de Telecomunicaciones el Gobierno de México no busca censurar a alguien, mucho menos lo que se publique en plataformas digitales.

Destacó que, en particular, el artículo relacionado a plataformas digitales tiene que modificarse o eliminarse, ya que ese no es el objetivo de la Ley, además de que crea confusión y se piensa que es para censurar.

“En todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el Gobierno de México no censura a absolutamente a nadie y menos lo que se publique en plataformas digitales”, agrega.

Recordó que con esta Ley lo que se busca es que gobiernos extranjeros no puedan transmitir propaganda política o ideológica en México y también se busca que se recuperen atribuciones a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como de la creación de un nuevo organismo antimonopolio.

Aseveró que en caso de ser necesario antes de que la Ley sea aprobada en su totalidad desde el Senado de la República se abra una discusión para que asista el titular Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como los expertos que ayudaron en su realización para que pueda explicar el objetivo de la reforma.

“Para que quede claro, el artículo que tiene que ver con las plataformas digitales nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie, entonces que se modifique la redacción o que se elimine el artículo, no hay problema porque ese no es el centro de la Ley”, puntualiza de manera categórica Sheinbaum Pardo.

TRAS LA PETICIÓN PRESIDENCIAL, CÁMARA ALTA APLAZA VOTACIÓN SOBRE CENSURA

Luego de las críticas a la reforma de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de que la Primera Presidenta informara que pediría al Senado cambiar el Artículo 109, la Cámara Alta aplazó la votación de la iniciativa en el Pleno, prevista para el próximo lunes 28 de abril.

En un comunicado, el Senado de la República informó que retrasará la votación del dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para abrir una consulta con representantes del sector, expertos y el propio gobierno, a fin de mejorar su redacción.

La secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, Guadalupe Chavira, enfatizó que en Morena están abiertos a escuchar los planteamientos hechos por expertos, interesados en el sector y la propia Presidenta Claudia Sheinbaum, quien expresó su disposición a que el tema se discuta en un próximo periodo extraordinario, para dar espacio a revisar y perfeccionar la redacción del articulado.

También detalló que en el caso del artículo 109 de la mencionada ley, se va a revisar para afinar su redacción y que no quede duda de que este gobierno no censura ni ataca la libertad de expresión.

“Es un derecho por el que siempre hemos luchado en la izquierda, contrario a la derecha que hace veinte años cercenó los derechos de las audiencias”, resaltó.

Sin embargo, la senadora advirtió que no obstante en la revisión del articulado no habrá marcha atrás en la decisión de que el Estado recupere la rectoría sobre las telecomunicaciones y la regulación de spots extranjeros con propaganda política, ideológica o comercial, con contenidos discriminatorios para los mexicanos.

Chavira de la Rosa lamentó que esta iniciativa, que enmienda errores en la llamada “ley Televisa”, haya sido distorsionada por las mentiras de la derecha, que ahora critica el procedimiento legislativo, pero ya se le olvidó cuando hace veinte años la votó en menos diez minutos en San Lázaro.

“Quieren desviar la atención en el fondo de esta iniciativa, que lo que busca es proteger los derechos de las audiencias y llevar la conectividad a los lugares más remotos del país que han sido marginados de la tecnología y la digitalización”.

La senadora recordó que ya se dio primera lectura en el pleno del Senado, una vez que las comisiones dictaminadoras votaron el dictamen, con la intención de votarlo en la sesión del lunes, sin embargo, se abrirá un periodo de consultas para pulir el dictamen sobre inquietudes genuinas y no sobre las acusaciones de la oposición.

Sobre el artículo 109, la iniciativa establece que las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para el bloqueo temporal a una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en la nueva reforma.

¿DE QUÉ TRATA Y QUÉ CONTIENE EL PROYECTO DE LEY TELECOM DE CLAUDIA SHEINBAUM?

México tendrá este año un nuevo marco legal en telecomunicaciones y radiodifusión.

La Presidenta Claudia Sheinbaum envió una propuesta de ley para abrogar a la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), para dar lugar así a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que ya está siendo discutida en el Congreso de la Unión y también haciendo ruido por un supuesto espíritu de censura y por posibles violaciones al T-MEC que presenta su contenido.

El proyecto se presenta ante el Congreso como una herramienta para apuntalar a México en la industria 4.0, y con una estrategia de país más clara sobre el aprovechamiento del nearshoring, el Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial y otras innovaciones que hacen parte del ecosistema digital alrededor de la tecnología 5G.

Por eso es que esta nueva ley de telecomunicaciones es trascendente, porque definirá el marco de la gobernanza digital de México de cara a las siguientes décadas, de ahí que su aprobación en el Congreso de la Unión requiere antes de una discusión profunda.

El documento, de 311 páginas y 310 artículos, entre principales y transitorios, comenzó a circular por la tarde de este miércoles 23 de abril, cinco meses después de que una reforma constitucional de simplificación administrativa a nivel federal eliminó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con el pretexto de que esta autoridad no fue eficiente en combatir a los monopolios y tampoco pudo abatir la brecha digital que al arranque del 2025 afectaría a unos 25 millones de mexicanos.

La reforma de simplificación administrativa, que también provocó la extinción de otros órganos autónomos como la Cofece y el INAI, implicaba entonces la creación de una nueva autoridad reguladora y un nuevo marco legal para la industria de telecomunicaciones y radiodifusión en México, fue por eso que se propuso la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), una supersecretaría por el volumen de facultades que le asignaron, pero que a pesar de ello no observará temas de competencia económica en telecomunicaciones como sí miraba el IFT.

LEY DE TELECOM FACILITA LA CENSURA: R3D Y ARTÍCULO 19

La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión plantea riesgos significativos en términos de censura, violación de derechos humanos y distorsión de la competencia en el sector; esto según diversas organizaciones de la sociedad civil que exigen que el nuevo marco legal garantice la libertad de expresión y respete los derechos de las audiencias y de los medios de comunicación.

Con la Ley de Telecomunicaciones, México multará a televisoras, radios y medios digitales que difundan publicidad de gobiernos extranjeros.

Las empresas de radio y televisión y las plataformas digitales que comercialicen espacios para difundir propaganda gubernamental o política de otros países podrán ser sancionadas con multas de hasta el 5% de sus ingresos.

En términos generales, la legislación confiere a la Agencia de Transformación Digital (ATD) la responsabilidad de gestionar el espectro radioeléctrico y garantizar su disponibilidad para satisfacer la creciente demanda de comunicaciones inalámbricas.

La meta es reducir la brecha digital, fortalecer la competitividad del país y ampliar el acceso a las tecnologías de la información.

La ATD asumirá funciones que anteriormente estaban en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo autónomo recientemente disuelto. Entre sus nuevas competencias figuran la planificación del uso del espectro, la concesión de licencias, la supervisión de emisiones y la aplicación de sanciones.

Asimismo, el proyecto establece que la supervisión de contenidos recaerá en el gobierno federal. No obstante, se afirma que los concesionarios conservarán “plena libertad de expresión, libertad programática y libertad editorial”, garantizando la ausencia de censura.

Además, se subraya que las audiencias y los usuarios representan “el componente más importante del ecosistema de telecomunicaciones”, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) será la encargada de proteger sus derechos.

El texto también prohíbe la difusión en el territorio nacional de propaganda política proveniente de gobiernos extranjeros, tanto en medios digitales como en estaciones de radio y televisión.

Se contemplan sanciones económicas proporcionales a los ingresos de las empresas infractoras y, en caso de reincidencia, la revocación de concesiones a medios tradicionales, así como el bloqueo de plataformas digitales.

La organización independiente Artículo 19 advierte que la norma carece de precisión en cuanto a la gestión del espectro. “Se vislumbra, por ejemplo, que se otorguen concesiones bajo criterios políticos y no de interés público, permitiendo el retiro de licencias a medios independientes y críticos con base en argumentos subjetivos, sin motivación o ambiguos”, señala.

También cuestiona que la normativa obstaculiza el reconocimiento de los derechos colectivos sobre el espectro radioeléctrico y la propiedad comunal de la infraestructura en territorios originarios. “No se reconoce explícitamente el derecho a la comunicación con pertinencia cultural y lingüística de los pueblos indígenas”, apunta.

Por su parte, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) considera que la redacción actual de la iniciativa podría permitir restricciones severas a la libertad de expresión en Internet.

La organización hace especial énfasis en el artículo 109 del Capítulo VIII, el cual establece que “las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia de Transformación Digital para el bloqueo temporal de una plataforma digital, en los casos en que sea procedente por incumplimiento de disposiciones u obligaciones previstas en las normativas correspondientes. La Agencia emitirá los lineamientos que regulen el procedimiento del bloqueo de una plataforma digital”.

“El cierre total de plataformas constituye una medida extrema, equiparable a clausurar una estación de radio o televisión, lo cual resulta injustificable frente a la prohibición de censura previa que consagran tanto la Constitución como la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, advierte R3D.

En una línea similar, Artículo 19 sostiene que bloquear una aplicación o servicio digital, de manera temporal o definitiva, es inconstitucional. “Los estándares internacionales en materia de derechos humanos prohíben mecanismos que obstaculicen la libre circulación de ideas y opiniones, como lo sería el bloqueo de plataformas digitales”, alega.

R3D también advierte que la nueva ley contiene disposiciones que pondrían en riesgo la privacidad de los usuarios. Destaca, por ejemplo, que el artículo 8, fracción LXV, faculta a la ATD para “expedir los lineamientos del registro de usuarios del servicio móvil, a cargo de los concesionarios y, en su caso, de los autorizados, siendo de observancia obligatoria”.

La organización considera que esta disposición intenta revivir el fallido proyecto del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que pretendía vincular datos biométricos con los registros de tarjetas SIM y que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022.

***Académico y consultor.

El Poder Judicial de la Federación entró en una fase terminal * El voto popular para elegir jueces, magistrados y ministros no garantiza acabar con la corrupción, al contrario, en el caso de lograr elegir a los miembros del PJF sólo se desvirtúa su estatus de independencia y capacidad técnica

MARCO ANTONIO FLORES***

El “desvanecimiento” del Poder Judicial de la Federación (PJF) en México entró en la fase final y es muy semejante al de un enfermo terminal, o más precisamente la disminución del estado de conciencia o la pérdida de la lucidez, es un fenómeno común en los últimos días de vida.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde mediados de abril, dejó de turnar la mayoría de los asuntos a ministros. Miles de litigios fiscales, familiares o civiles quedarán congelados hasta que llegue la nueva integración.

¿Cuándo? ¿Cómo?, es incierto. Con la elección de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, estamos presenciando la agonía de nuestro régimen democrático constitucional y, poniendo en tela de juicio, el Estado de Derecho.

Un Poder Judicial, disminuido, vulnerado, agredido y asediado por un Ejecutivo suprapoderoso -desde 2018-, con un Poder Legislativo sometido.

La “Reforma del Poder Judicial” será el parteaguas de este sexenio 2024-2030. El voto popular para elegir jueces, magistrados y ministros no garantiza acabar con la corrupción, al contrario, en el caso de lograr elegir a los miembros del PJF sólo se desvirtúa su estatus de independencia y capacidad técnica.

VENGANZA POLÍTICA

La reforma judicial es un despropósito presidencial que raya entre la venganza política y el rencor a quienes en el Poder Judicial no se arrodillaron a sus designios.

Es un acto de supina ignorancia -quizá propuesta por la Consejera Jurídica de AMLO- que únicamente pretende ignorar el espíritu y principio fundamental de los creadores de la teoría de la división de Poderes, John Locke y Charles Louis de Secondat (Montesquieu), cuya esencia parte de la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios.

Este principio fundamental, que en un régimen democrático evita la concentración de poder y que se consolidó como uno de los pilares de nuestra Constitución desde 1857.

Pareciera que aquella sentencia de “¡Al diablo con sus instituciones!” la pretende concretar el segundo piso de la 4T; ya ocurrió con los organismos autónomos constitucionales.

La anhelada mayoría calificada, muy deseada y no lograda por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la obtuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con ese gran Poder Legislativo ha dado continuidad a todo lo que dejó pendiente su antecesor, incluidas 20 iniciativas de ley que presentó AMLO en febrero de 2024, la mayoría con carácter populista. La más regresiva, la reforma judicial.

Ahora se presume que por elegir a los miembros del Poder Legislativo y por ser el primer país que lo hace, seremos el país más democrático del mundo… ¡Pamplinas!

NI COMPARACIÓN CON EU

¿Dónde andan los grandes juristas de la 4T, qué tiene de racional esa afirmación? Se argumentó que Estados Unidos también elige a sus jueces (sólo estatales o locales). Sin embargo, hay que considerar que el “federalismo” americano, que por cierto copiamos, tiene una historia singular y es auténtica y real desde sus orígenes, hace más de 200 años.

Hablar del sistema judicial estadounidense es hablar de 51 sistemas judiciales (50 estatales y uno federal), es abordar un sistema federal judicial creado siguiendo la senda del propio federalismo del país -que es similar al moribundo mexicano en la designación de jueces, magistrados y ministros federales-.

Los requisitos, en todos los casos, para lograr ser candidatos a jueces son muy amplios y estrictos. Llegan los mejores en experiencia, profesionalismo y capacidad, no como acá, que una tómbola a la suerte lo decide (que eso es un decir, porque todo mundo sabe que está amañado).

Imagínese en México destruir un sistema judicial que lleva casi dos siglos para saltar al abismo a experimentar uno nuevo, que huele, más que nada, a un “afán controlador”.

Podría repetirse la historia reciente: La destrucción del Seguro Popular para sustituirlo por el inexistente y fracasado Insabi. O lo que ocurrió cuando se demolió el aeropuerto de Texcoco, una obra que cumplía con los requisitos exigidos a nivel mundial, entre ellos el obligatorio Plan Maestro.

Es del dominio público que las decisiones y caprichos personales del poder presidencial -AMLO- han representado enormes costos al erario público. Con la reforma judicial los costos serán más amplios para millones de mexicanos.

Se estiman 10 mil candidatos para ocupar mil 680 cargos en una elección enigmática e incierta, porque el 1 de junio se elegirá a la mitad. Todos los cargos se elegirán de listas compuestas por candidaturas enviadas por el Poder Ejecutivo, las dos Cámaras del Poder Legislativo y la SCJN -los de esta última sacados por tómbola en el Senado-.

ADIÓS A LA DEMOCRACIA

El Poder Judicial se convertirá en una herramienta política del oficialismo y de grupos de interés. La reforma judicial, como está planteada, lejos de lograr justicia pronta y expedita, significará un gran retroceso y retraso en la impartición de justicia.

Será enorme el costo de la curva de aprendizaje y se echará al cesto de la basura la experiencia de cientos de abogados con una carrera judicial de 15 o 20 años… un galimatías costoso e ineficiente.

Lamentablemente en México se desvanece el Poder Judicial, y con ello la división de Poderes.

El régimen democrático constitucional está moribundo. ¡Sálvese quien pueda!

***Académico y consultor.

La alcaldesa es un valioso activo de la Cuarta Transformación * Núñez Reséndiz ha mostrado y demostrado con grandes resultados una nueva forma de gobernar, con una visión progresista, participativa y con un enfoque comunitario

MARKOFLOS

En esta su revista política IMPACTO, hemos sido críticos del oficialismo, lo mismo de algunos de sus personajes, como de algunas acciones o políticas públicas que se han puesto en marcha por políticos de los gobiernos de la Cuarta Transformación, de todos los niveles, desde el Poder Ejecutivo federal, como del Poder Legislativo, así como de gobernadores y alcaldes de todo el país.

Hemos dicho que, por sus resultados y acciones, muchos políticos le han dado desprestigio al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Es del dominio público que hay muchos personajes que le han hecho mucho daño al gobierno transformador, como Cuauhtémoc Blanco Bravo, Félix Salgado Macedonio, Gerardo Fernández Noroña, Ignacio Ovalle, Layda Sansores y Manuel Bartlett Díaz, por sólo mencionar los más célebres. Sin embargo, también reconocemos a militantes, y políticos de menor nivel que le dan sustento y legitimidad al partido en el poder.

Es el caso de la alcaldesa de Azcapotzalco de la Ciudad de México, Nancy Marlene Núñez Reséndiz, quien a principios de este año apareció en encuestas de algunos medios especializados en CDMX con el porcentaje de mayor aceptación y reconocimiento por los ciudadanos de la capital del país con un 65.4 por ciento, seguida por Iztapalapa -con 62.9 por ciento- y por la Cuauhtémoc, con 55.5 por ciento.

Estas cifras resultan razonables si se conocen las cualidades políticas de la alcaldesa: Resultados, cercanía con la gente, carisma, sencillez, experiencia política (desde abajo) y una probada convicción política de servicio.

En declaraciones recientes deja en claro su forma y estilo de gobernar: “Desde el primer día que asumí el gobierno de Azcapotzalco, tuve claro que quería hacer las cosas de forma distinta. Mi filosofía es simple: Más territorio, menos escritorio”.

Señala también que antes las decisiones se tomaban sin conocer la realidad de las colonias y que su gobierno tendrá cercanía con la ciudadanía.

“Decidí dejar atrás ese modelo de gobernar desde el escritorio, donde las decisiones se tomaban sin conocer la realidad de las colonias. Hoy recorremos casa por casa, colonia por colonia, barrios, pueblos y unidades habitacionales, para escuchar, atender y resolver”, añade.

Recalca que los funcionarios no pueden ser figuras lejanas o distantes del pueblo.

“Las autoridades no podemos ser figuras lejanas. Yo soy una alcaldesa cercana, que da la cara, que está presente y que construye comunidad”, agrega.

SEMBLANZA

Nancy Marlene Núñez Reséndiz, es comunicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En 2021 fue electa diputada del Congreso de la CDMX por el distrito III de Azcapotzalco, luego de haber realizado durante años trabajos y acciones en favor de su comunidad.

En 2022 Núñez fue la primera candidata en hacer públicas sus intenciones de competir por la titularidad de la misma alcaldía.

En 2024 logró la candidatura por Morena para la alcaldía y en los comicios generales obtuvo el 51.92% de los votos, quince puntos sobre el porcentaje obtenido por la entonces alcaldesa titular y candidata panista a la reelección Margarita Saldaña, quien se quedó atrás con el 36.76 por ciento de los votos.

GRANDES RESULTADOS EN SEGURIDAD

La alcaldesa Nancy Núñez presentó un balance de su gestión en seguridad pública, destacando avances tangibles en la reducción delictiva y la recuperación de espacios públicos. Las estrategias clave con impacto medible son:

a).- Operativo Frontera: que implica la colaboración con Naucalpan y Tlalnepantla para una vigilancia metropolitana.

b).- Inteligencia policial, que dio por resultado mil 750 denuncias ciudadanas procesadas mediante Asambleas de Construcción de la Paz, así como un sistema de georreferenciación de delitos en tiempo real.

c).- Coordinación con las autoridades federales y de la CDMX con despliegue permanente de la Guardia Nacional y Semar, así como acceso directo al sistema C5 de la Ciudad de México.

LOGROS DESTACABLES

Entre los principales logros en la alcaldía Azcapotzalco bajo la gestión de Núñez Reséndiz destacan los siguientes:

*** Desarticulación de 4 puntos de venta ilegal de hidrocarburos.
*** Reducción del 18 por ciento en robos a comercios (comparado con el año 2023).
*** Disminución del 12 por ciento en delitos patrimoniales.

*** Recuperación de nueve espacios públicos antes controlados por grupos antisociales.

Los grandes resultados no son mágicos, se logran a base de un trabajo titánico y todos los días, por algo la alcaldesa diariamente encabeza las Mesas de Construcción de la Paz.

“…Nos reunimos con la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional, Juzgados Cívicos y la Fiscalía General. Desde ahí definimos estrategias como el Operativo Frontera, el seguimiento a la Patrulla Violeta, que atiende casos de violencia contra mujeres, y promovemos Asambleas de Construcción de la Paz en colonias con mayores niveles de incidencia delictiva”, expresa Nancy Núñez.

“Estamos transformando a Azcapotzalco con acciones, no con discursos”, afirma la alcaldesa durante la presentación del informe de seguridad en el Centro de Mando y Control, donde demostró el funcionamiento del nuevo sistema de videovigilancia con reconocimiento facial.

Asimismo, en pro del pueblo de Azcapotzalco, anunció la implementación de las siguientes medidas:

Escuadrón Vecinal: Capacitación a 300 líderes comunitarios en prevención.

Centros de Justicia Cercana: Atención jurídica y psicológica a víctimas.

Expansión tecnológica: Ciento cincuenta nuevas cámaras con analítica de comportamiento.

‘BIENESTAR EN LA COMUNIDAD, EJE DE MI GOBIERNO’

Es innegable que la seguridad de las mujeres es una prioridad en la administración de Núñez Reséndiz.

“La seguridad se construye con participación ciudadana y herramientas modernas”, dice la alcaldesa al anunciar que replicarán el modelo de Mesas de Construcción de la Paz en las 58 colonias de la demarcación

“Como mujer feminista, para mí es fundamental garantizar espacios seguros para todas. La seguridad de las mujeres no es un tema secundario: es una prioridad que atraviesa todo nuestro gobierno”, añade.

La alcaldesa Nancy Marlene Núñez Reséndiz ha subrayado que “el eje de mi gobierno es el bienestar en tu comunidad. Y eso se traduce en atender las necesidades más sentidas: Mejorar el alumbrado, podar árboles, reparar baches, desazolvar, pintar cruces peatonales, fortalecer la seguridad. Pero también en ir más allá, en transformar los espacios públicos y generar condiciones reales para el desarrollo social”.

Enfatiza que una de sus metas es Azcapotzalco es tener espacios seguros, dignos y bien cuidados.

“Pusimos en marcha la estrategia de Parques y Espacios Bienestar, con la que hemos intervenido desde áreas verdes al interior de las colonias hasta grandes pulmones como el Parque Tezozómoc, la Alameda Norte y el Parque Azcatl Paqui.

“Queremos que todas y todos tengan acceso a espacios seguros, cuidados y dignos.

“Estoy convencida de que el mejor camino para transformar Azcapotzalco es trabajar desde abajo, con las y los vecinos, fortaleciendo la comunidad y entregando resultados”, agrega.

Reitera Nancy Marlene Núñez que un sello en su administración será hacer a un lado el escritorio.

“Por eso no nos separamos del territorio. Así gobernamos y así vamos a seguir: Con cercanía, con compromiso y con el corazón bien puesto en cada rincón de nuestra alcaldía”, enfatiza la alcaldesa.

Ante estas acciones, anote usted a Nancy Marlene Núñez Reséndiz como un valioso activo de la 4-T.

Sería deseable que más políticos del gobierno transformador tuvieran un perfil semejante, dado que la mayoría de los mexicanos ha depositado su confianza en ese proyecto político.

Núñez Reséndiz ha mostrado una nueva forma de gobernar en Azcapotzalco, con una visión progresista, participativa y con enfoque comunitario. ¡Enhorabuena por la Ciudad de México y por México!