Para AMLO son válidos sólo los privilegios presidenciales… Las conquistas de la SCJN son derroches millonarios y una ofensa para el pueblo * Los mexicanos queremos ver un Presidente bien vestido y hasta elegante, pero decepciona su incongruencia, la mentira y el engaño

 

MARCO ANTONIO FLORES ***

 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está en contra de su gobierno y de la transformación del país.

Criticó que junto con algunos periodistas y comunicadores, ahora se les suman “las niñas y los niños héroes” de la Corte. No hay día que el Ejecutivo federal no utilice su costosísima tribuna para golpear a la SCJN y a periodistas. Todo el que no está conmigo está contra mí, parece ser su premisa.

En cuanto conoce una resolución de la SCJN o una crítica de periodistas no tiene el menor recato en exhibirlos desde Palacio Nacional. Uno de sus clientes preferidos es Carlos Loret de Mola, quien desde LatinUs ha dado a  conocer investigaciones periodísticas que han puesto al descubierto escándalos de corrupción cercanos a AMLO, entre otros: la Casa Gris de su hijo José Ramón; los sobres de dinero de los hermanos Martín y Pio; las 23 casas de Manuel Barttlet; estafa maestra Segalmex por 15 mmdp y recientemente los contratos para los amigos de otro de sus hijos, Andrés, para el desmantelamiento del aeropuerto “Texcoco”, así como los viajes y el departamento del titular de la Sedena.

“Lo mío no es la venganza”, pregona el Primer Mandatario y con la exhibición de los sueldos, lo mismo de ministros de la Suprema Corte, que de periodistas parece acusar “allá va el ladrón”.

No soporta que alguno de sus adversarios gane más que él, cuando todos saben que el bajarse el sueldo no fue más que una medida populista publicitaria y arbitraria.

De acuerdo con un documento elaborado en el Senado, el Presidente de la República hizo públicos en la Mañanera los “40 privilegios de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial”. Sueldos y prestaciones que han logrado a lo largo de décadas y apegados a la ley, que son publicitados como “privilegios”.

Acaso el Primer Mandatario no merece tener a su servicio en Palacio Nacional a miles de militares, cocineros, ayudantes, asesores, médicos, enfermeras y hasta un sastre que le tiene un estreno diario de trajes con finísimos cortes.

En sus giras convoyes con hasta 20 Suburban blindadas, con cientos de escoltas militares y civiles (nuevo Estado Mayor Presidencial). Claro que su investidura lo merece, pero él no puede reconocer que otro de los Poderes, que en teoría es de sus “iguales”, se merezca tener dignos sueldos y prestaciones.

Lo que no es congruente es “ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”. Hablar de “austeridad” cuando se vive como un rey en un gran Palacio rodeado de lujos.

Es un engaño recomendar al “pueblo”, como lo ha hecho en sus Mañaneras, no tener aspiraciones materiales, conformarse con el vestido y el sustento básico, hablar de espiritualidad y de sencillez, cuando ahora no hay día que no estrene traje de finos casimires y atuendos de marca. Y qué bueno, los mexicanos queremos ver un Presidente bien vestido y hasta elegante, pero decepciona su incongruencia, la mentira y el engaño.

 

MAÑANERA, EFICAZ ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LANZAR SUS OFENSIVAS

La Mañanera desde Palacio Nacional se convirtió en una eficaz estrategia de comunicación del Presidente, dirigida a su clientela electoral. Sin embargo, el sitio SPIN de Luis Estrada, afirma que se han dicho hasta la fecha casi unas 100 mil mentiras.

Aunque el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, afirma que el costo de las conferencias presidenciales es mínimo, ya que se hace con el equipo de producción que ya existía, ya se había publicado en estimaciones de especialistas que el costo por segundo televisado en el horario matutino en promedio es de 13,000 pesos, si tiene una duración estimada de 3 horas, podría tener un costo para los mexicanos de más de 130 millones de pesos, pero a estos cálculos acumular el costo de transmisión de los principales canales de TV públicos: Canal 11, Canal 14, Canal 22.

Además, se hacen costosas ridículas parodias y burlas de los adversarios por parte de los aduladores oficiales al servicio de Jenaro Villamil y de la 4T.

Canal 11 dedicó su programa “Mamut” a ridiculizar a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, en la persona de uno de los serviles, Jairo Calixto, disfrazado al estilo de “La Jitomata” de los Mascabrothers.
Con estos hechos, también se ha distorsionado el papel de los medios públicos, Canal 11 ya perdió su tradición de ser un canal cultural y educativo y pasó a ser una herramienta de propaganda “ideológica” y de pleitesía a AMLO, con el sello especial de los regímenes autoritarios. Incluso en sus promocionales se está haciendo a un lado el slogan de ser “el canal del IPN”.

Otra gran incongruencia que es pública y enturbia el discurso de austeridad y anticorrupción del Presidente es la forma de vivir de sus hijos, se convirtieron públicamente en el ejemplo de la opulencia, el oprobio y los excesos.

La Casa Gris de José Ramón; los contratos “Texcoco” de Andrés Manuel y la superestructura de funcionarios que tiene en el gobierno 4T, y Gonzalo Alfonso, cuya afición por el beisbol es conocida.

Se hizo viral una fotografía en la que el hijo del Presidente compartía el palco de honor del estadio regiomontano de los Sultanes con los empresarios Alfonso Romo, Carlos Bremer y Carlos Slim.

La pregunta que surge es ¿Primero la familia o “primero los pobres”? ¿Qué autoridad moral le dejan sus hijos al Ejecutivo federal para insistir con su discurso de austeridad? ¿Cómo puede fustigar públicamente a sus adversarios por sus sueldos o propiedades? No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, ¿o sí?

Para una austeridad genuina, se requiere predicar con el ejemplo. ¿Austeridad Republicana para quién? López Obrador ve en la austeridad una medida propobre y protrabajador: en su lógica, los pobres ya están siendo protegidos por programas sociales y el resto de la población tiene dinero suficiente para salir adelante. La interpretación del Primer Mandatario no solo es incorrecta, sino también es perjudicial.

El costo para los más pobres será enorme: los programas sociales de AMLO no cubren a todos. En México, hay 22 millones de beneficiarios de estos programas y 52 millones de pobres en “crescendo” día tras día.

Y si de medidas de austeridad hablamos, podríamos hacer un recuento de los miles de millones de pesos del erario público que se han ido a la basura o a la clientela electoral.

Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, denunció un despilfarro multimillonario, que podría llegar hasta los 270 mil millones de pesos.

Informó que del Fondo de Estabilización Presupuestal que inició este sexenio con aproximadamente 300 mil millones de pesos, ahora cuenta con 30 mil mdp, el 10% de su capital inicial.

La eliminación del Insabi mostró el fracaso en el sector salud con un enorme costo, tanto financiero como humano. Tener un sistema de salud como el de Dinamarca se quedará como otra promesa incumplida.

Para empezar el Gobierno de México invierte menos en salud (2.8% del PIB) que todos los países de la OCDE y que nuestros principales peers de América Latina.

Tan solo Chile gasta el 5% de su PIB, el doble de México. En su momento la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se elevó a casi 332 mil millones de pesos, equivalente a 231% más respecto a lo estimado originalmente por el gobierno federal.

En relación al Tren Maya, una de las obras faraónicas de este gobierno, el diputado panista Jorge Romero afirmó que -por las fallas en su planeación- podría elevar su costo hasta 18 mil millones de dólares, prácticamente al doble de lo previsto.

En infraestructura, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y los bancos del Bienestar acapararon 15 pesos de cada 100 pesos invertidos, lo que contrasta enormemente con los servicios públicos de salud y educación, que reciben uno y dos pesos de 100 pesos, respectivamente.

El gobierno de la 4T invierte poco en infraestructura. La mitad de la inversión no se destina a proyectos que fortalecen directamente el desarrollo económico y social, sino que se dirige a proyectos de las empresas del Estado: Pemex y CFE se llevan el 43.1% y el 7.0% de la inversión física total, respectivamente.

Que esta inversión produzca beneficios es al menos cuestionable; basta recordar que Pemex ha acumulado pérdidas hasta por 100 mil millones de dólares. La CFE gasta en subsidio al consumo eléctrico, en promedio, 70 mmdp anuales.

El gasto en programas de subsidios -esto es programas sociales para la clientela electoral- ocupa una porción considerable del presupuesto.

Para el PEF 2023 se consideraron 73 de estos programas -con y sin reglas de operación- por un monto que asciende a 550 mmdp, que representará alrededor del 10% del gasto neto total.

Desde 2020 el Coneval documentó hallazgos preocupantes en torno al funcionamiento de 17 programas, los cuales presentaron problemas en su diseño o de plano no contaron con él al momento de la evaluación, por lo que el Consejo anticipó su fracaso, con el riesgo de aumentar el número de pobres.

¿Acaso en nuestro México ya se cumplió la profecía de José López Portillo, cuando desde hace mas de cuatro décadas advirtió: “Lo peor que le puede ocurrir a México es convertirse en un país de cínicos…”?

Cínico es la “actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta, algo que merece general desaprobación”.

En relación con este concepto, el filósofo francés Bédard propuso algunas “dimensiones filosóficas del cinismo” que lo caracterizan especialmente en los “dirigentes”, dígase los políticos: Las prácticas que son el humor, la hostilidad, el sarcasmo, el irrespeto, la risa, la broma, la burla, la provocación; los criterios de validez, que son la no coherencia entre pensamiento, palabra y acción; las fundamentales,  la resistencia, la impasibilidad, la maldad, la mentira; y las de raíz, que son el dominio de sí mismo, la ironía, el escándalo, la exageración y el  dogmatismo artificial.

¿Debemos considerar a México un país de cínicos? Son millones de mexicanos cómplices del cinismo cuando creen que está en marcha una Transformación; cuando creen que ya se acabaron la corrupción, nepotismo y las prácticas del neoliberalismo… y cuando aún hay la esperanza de que el líder del país tiene la capacidad de sacar al país de la crisis y reencausarlo por la vía del bienestar y la justicia social.

Por supuesto que no somos un país de cínicos solo porque algunos de sus dirigentes lo sean.

Somos como 70 millones de mexicanos que no estamos de acuerdo con la polarización, el encono y la mentira. Esperamos un liderazgo con autoridad moral que predique con el ejemplo.

 

*** Académico y consultor.

A prueba la Suprema Corte de Justicia de la Nación * La ministra presidente Norma Piña hace valer su misión de salvaguardar la Carta Magna

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Nuevamente suena la alarma por la pretensión de instaurar el populismo autoritario al no respetar la división de Poderes, que es uno de los pilares del régimen republicano y federal que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los mexicanos estamos en alerta por las inéditas agresiones del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial con declaraciones que muestran supina ignorancia jurídica o perversos propósitos políticos y ambiciones de poder.

Al mismo tiempo, ante la calumnia y la diatriba, los mexicanos debemos estar tranquilos, porque contamos con un Poder Judicial que hace valer su misión de salvaguardar la Carta Magna.

Politólogos y constitucionalistas han alertado de una ruptura que lesiona la división de Poderes y puede abonar más a la polarización entre los ciudadanos. También se advierte que el Presidente Andrés Manuel López Obrador construye una narrativa de conspiración que utilizará como estrategia política en los comicios federales de 2024.

En medio de las agresiones, habrá que reconocer que en el Poder Judicial existe liderazgo y unión al interior del máximo tribunal del país.

La ministra presidente Norma Piña ha mostrado, serenidad, mano firme y dignidad para sortear los embates.

Las agresiones y declaraciones del Presidente López Obrador y de prominentes líderes de su gobierno, cuestionando la autonomía e integridad del Poder Judicial, revive la sospecha de un plan para desmantelar y reestructurar todo el PJF. Falta que les alcancen los comicios presidenciales de 2024 para obtener mayorías calificadas en el Poder Legislativo.

La obvia aversión personal del Primer Mandatario contra la ministra presidenta de la SCJN se evidenció desde el pasado 5 de febrero, cuando en Querétaro, la ministra Piña no se mostró sumisa y aduladora con la presencia del Ejecutivo federal. Ello le valió a la ministra presidenta que los “simpatizantes” del Presidente, durante el mitin del 18 de marzo, al grito de “¡Vendida!” y “¡Fuera Piña!” prendieran fuego a una figura con el rostro de Norma Piña.

Quizá si pudiera, López Obrador obligaría a renunciar a la presidenta de la SCJN, como ocurrió en el siglo XIX cuando en 1882, el presidente de la SCJN, Ignacio Luis Vallarta Ogazón, fue obligado a renunciar por el Mandatario Manuel González y el gobernador de Oaxaca, Porfirio Díaz, pues lo consideraron un enemigo peligroso, un obstáculo para sus ambiciones y un gran estorbo en su afán de controlar las decisiones del Poder Judicial.

Este suceso sirvió de “laboratorio de ensayo” para la posterior reelección del mandato presidencial de Porfirio Díaz.

Acontecimientos recientes en el Poder Judicial federal parecen haber cimbrado y puesto a prueba su misión, solidez y autonomía.

Existe un plantón en las afueras del máximo tribunal del país, desde hace más de un mes con un discurso de odio y llenos de groserías y agresiones contra la ministra presidenta y la SCJN, que son propias de un grupo de “porros” vándalos, alentados y patrocinados por la 4T.

Antes, el Presidente López Obrador agredió a los ministros que votaron contra el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El 9 de mayo, el Presidente arremetió nuevamente contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por echar abajo el Plan B de la Reforma Electoral, al asegurar en tono molesto y agresivo que: “no tiene remedio el Poder Judicial, está podrido”, luego de que el pleno de la SCJN invalidó con 9 votos contra 2 la primera parte del plan B.

AMLO dio a conocer que ahora pondrá en marcha el Plan C de la Reforma Electoral para que pueda continuar la Cuarta Transformación. Explicó que dicho plan consiste en lograr -en 2024- la mayoría calificada en la Cámara de Diputados (334 curules) para que las reformas constitucionales que envíe sean aprobadas.

El Ejecutivo federal amenazó con cambiar la forma en la que se eligen a los ministros de la SCJN para que deje de existir el “intervencionismo faccioso”; será el pueblo quien elija a los ministros, agregó.

Se trata de actitudes pendencieras, el enfrentamiento de López Obrador con la SCJN con sus agresivas declaraciones. Lo sucedido el 18 de marzo, al incendiar una efigie de la ministra Norma Piña y el escandaloso y grosero plantón frente a la SCJN, para presionar sus resoluciones, son producto de un discurso de odio y obedecen más a un temperamento incendiario y de confrontación. Parece el de un peleonero de barrio o, más bien, de un “porro” estudiantil. Las circunstancias que vivió en la UNAM el Presidente López Obrador no fueron desafortunadas para despegar su carrera política, por el contrario, durante su larga estancia en el campus universitario desarrolló muchas de las habilidades y prácticas que le permitieron alcanzar la Presidencia.

AMLO podría haber tenido el mejor curso “propedeútico” para ingresar a la política nacional.

Con casi tres lustros de lidiar con “porros”, controlar y manipular grupos estudiantiles, la Universidad le permitió graduarse para llegar a las “big leaguers” de la política nacional.

Los adversarios “neoliberales” del Presidente Andrés Manuel López Obrador afirman que la larga estancia en la UNAM como “seudoestudiante” permite afirmar que vivió, o al menos aprendió las prácticas del porrismo en el sentido de controlar, golpear, anular, debilitar o, en su defecto, exterminar movimientos contrarios a sus intereses.

Que nadie se diga sorprendido: El Presidente Andrés Manuel López Obrador lo sentenció desde el 6 de septiembre de 2006, “¡Al diablo con sus instituciones!”, después de que el IFE lo declaró perdedor de la elección presidencial, cuando sus seguidores tenían tomado Paseo de la Reforma en plantón total como protesta.

La destrucción de las instituciones parece irreversible. Es de sobra conocida su actitud, atacar y tratar de destruir a organismos autónomos como el INE, Banxico, ASF, Cofece, INAI, CNDH, CRE, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial.

La destrucción abarca todos los ámbitos de la vida pública. Hay van otros ejemplos: La administración pública con 25 mil servidores públicos experimentados, cesados; mandos medios y superiores especializados obligados a renunciar por la drástica baja de sus sueldos. El sistema de salud Insabi, destruido con el encarecimiento de los servicios y medicamentos.

La educación en retroceso, con la supresión del INEE y con ello la posibilidad de evaluar al magisterio y al sistema educativo nacional. La vulneración del Estado de Derecho, con la violación de leyes y sentencias judiciales.

Los ejemplos están a la orden del día en materia electoral, las “corcholatas” violando las leyes electorales con su descarada campaña que iniciaron hace 13 meses.

Violaciones en materia de adquisiciones, incluso en materia penal, con las consignas políticas en las acusaciones contra adversarios. “No me vengan con el cuento de que la Ley es la Ley”.

Los esfuerzos de periodistas, intelectuales y ciudadanos por circular artículos, videos, declaraciones, memes, tuits y evidencias contra los escándalos y pésimos resultados del gobierno de la 4T parecen no tener  ningún efecto para corregir el rumbo.

Estamos obligados a procurar, al menos en nuestro entorno, un mundo cada vez menos ignorante, con un pueblo de capacidad autocrítica que sea gobernado por líderes con autoridad moral y que defiendan los valores más importantes: la libertad, la justicia, la honestidad, la igualdad y los derechos humanos.

Parece una moda que presidentes de América Latina se enfrenten con el Poder Judicial. Señaladamente se trata de los líderes populistas de izquierda con rasgos autoritarios o dictatoriales. Tal es el caso de Colombia y Argentina. El caso más célebre es el de Perú, en el que la Suprema Corte de Justicia enfrentó con firmeza y argumentos al presidente Castillo, cuando quiso disolver el Congreso y ahora se encuentra preso por sentencia del propio Poder Judicial.

Es diferente el caso de Israel, donde también se conoció la intención del primer ministro Netanyahu de reformar y mermar al Poder Judicial. El primer ministro israelí con más años en el cargo siempre defendió un sistema judicial independiente y una Corte capaz de bloquear las legislaciones más extremas de los políticos. Sin embargo, su opinión cambió al convertirse en un acusado penal, pues enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza.

Su juicio por corrupción está en curso en el Tribunal de Jerusalén desde mayo de 2020 y no se hace difícil ligarlo a esta revisión judicial que lo beneficiaría si se controlan los jueces que presiden su caso; si se controlan los magistrados del Supremo; o, finalmente, se fuerza al sistema a negociar un acuerdo de culpabilidad.

En el caso de México, se trata de un intento más de destruir las instituciones construidas por el pueblo mexicano durante los últimos dos siglos.

El Presidente de la República, descalificando a la SCJN y violando la ley a diario, pidiendo desde el púlpito de Palacio Nacional el voto en favor de su partido.

Nunca antes nadie se había atrevido a tratar de destruir nuestro régimen constitucional y nuestro sistema democrático, sustentados en la división de Poderes. Este régimen que ha permitido tres alternancias en el Poder Ejecutivo. La primera del año 2000, la segunda del año 2012 y la tercera de 2018, por la cual llegó al poder el Presidente López Obrador.

Ciertamente la SCJN y el Poder Judicial en su conjunto deben introducir mejoras y avances tan necesarios y urgentes desde hace décadas. Sin embargo, no es por el procedimiento o mecanismo “Insabi” (destrúyase lo existente y luego averiguamos) como los mexicanos alcanzaremos una eficiente impartición de justicia, que contribuya de manera definitiva a un auténtico Estado de Derecho.

Millones de mexicanos mantenemos el anhelo y la esperanza de que se logre.

 

***Académico y consultor.

Con todo y eso, hay un retroceso que lastima * Una de las principales banderas que llevaron a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador fue que acabaría con el “peor cáncer de México”, la corrupción. Sin embargo, se ha ignorado y se ha hecho a un lado al Sistema Nacional Anticorrupción

 

MARCO ANTONIO FLORES***

 

Se consumó el mayoriteo, como no lo hacía ni el PRI en sus tiempos de aplanadora. Se legisla al vapor, como nunca.

Durante la madrugada y mañana del miércoles 26 de abril,  la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados  continuó con la aprobación inmediata de iniciativas y dictámenes a los que se les dispensaron los trámites y no se amplió su análisis.

Entre las iniciativas que causaron sorpresa y en algunos casos preocupación, destacan la eliminación de diversas entidades y organismos: Insabi, Financiera Rural, Conacyt y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

Cada una de estas entidades es digna de un análisis amplio y serio para evaluar daños en materias de salud, de apoyo al campo y de apoyo a la ciencia y tecnología.

En las siguientes líneas solo nos abocaremos a comentar que la desaparición de la Sesna puede interpretarse como un retroceso en materia de combate a la corrupción.

 

EL PEOR CÁNCER DE MÉXICO

Una de las principales banderas que llevaron a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador fue que acabaría con el “peor cáncer de México”, la corrupción. Sin embargo, se ha ignorado y se ha hecho a un lado al Sistema Nacional Anticorrupción.

Se metió al Ejército en todas las adquisiciones y obras del gobierno para actuar con opacidad con el pretexto de la “seguridad nacional”.

Con la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción, en 2015 se publicó también, un año después, la Ley General del SNA, con el que se creó la SESNA (Secretaría Ejecutiva) como un organismo descentralizado no sectorizado que tiene por objeto “fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema, al dar seguimiento a la implementación de las políticas públicas que se establezcan”.

La Secretaría Ejecutiva tenía como función ser el eje operatvo de todo el SNA. De acuerdo con el borrador de la iniciativa de AMLO, sus funciones pasarán al “Comité Coordinador por parte de la Comisión Ejecutiva y de la Secretaría Técnica, para que cuente con las herramientas y mecanismos para el diseño y promoción de política integrales en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como los mecanismos de coordinación con los sistemas locales anticorrupción. Por ello, se propone derogar todo el capítulo IV de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual plantea la organización y funcionamiento de la SESNA, entre ellos sus recursos y atribuciones, y su estructura.

Podría tener sentido no darle a la SESNA el carácter de organismo descentralizado no sectorizado, sin embargo, a cuatro años de la gestión del gobierno de la 4T, todo el SNA ha sido un “cero a la izquierda”. No se ha visto una sola señal por parte del Presidente López Obrador de querer echar a andar y probar la eficacia de la única herramienta legal con que cuenta el Estado Mexicano para combatir la corrupción.

Hasta ahora ninguno de los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha explicado por qué se quedó varado el SNA y no sabemos si la eliminación de la SESNA la propuso el titular de la SFP, Mtro. Roberto Salcedo Aquino… y si es así se debería expresar que el propósito es, en todo caso, mejorar y depurar el SNA.

Lo primero sería dar a conocer que se realiza un diagnóstico y revisión del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

La  reforma de 2015 dio paso a la creación del SNA que representa un amplio propósito para contar con un entramado jurídico fuerte, sin embargo, se ha quedado pendiente su implementación y consolidación.

La prioridad debiera ser fortalecer y consolidar el SNA al tiempo que se vayan haciendo los ajustes que requiera. En el Artículo 113 Constitucional, se estableció que el SNA es una instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales, encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y delitos de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos.

Se modificaron y crearon siete leyes federales aplicables al SNA. Es un esquema ambicioso y complejo. Es la propuesta mas completa que tenemos los mexicanos desde hace décadas y si bien es perfectible, debe echarse a andar en serio para probar su eficacia.

Algunos aspectos novedosos que se deben consolidar con el SNA son: Incorporar a los militares en ese esquema de rendición de cuentas y detección de actos de corrupción; fortalecer las facultades de revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -atracción para investigar finanzas estatales y municipales-.

Se trata de dar un paso en la ruta correcta que requiere ahora de una política nacional que detone los incentivos para que el sistema funcione y se incrementen los recursos humanos y administrativos que estimulen la eficacia de las instituciones encargadas de prevenir y combatir la corrupción.

Nuevas leyes sin más recursos y mejor tecnología son letra muerta. Se deben consolidar medidas operativas fundamentales. Algunas que considero necesarias son las siguientes:

Primero, fortalecer la aplicación del Sistema Anticorrupción en todo el país. Focalizar y priorizar la tecnología a través de la plataforma Nacional Digital, que cuente con una Base de Datos confiable completa y eficiente que permita avanzar hacia sistemas de información interoperable y automatizada de todas las instituciones públicas, incluyendo la máxima publicidad y formatos abiertos, incluido el financiamiento a partidos políticos y sus proveedores; modernizar las contralorías municipales y estatales -responsables de sancionar faltas administrativas- y que  comúnmente ni tienen los recursos ni los conocimientos ni el interés en hacerlo.

Segundo, fortalecer la nueva Fiscalía Anticorrupción, actualmente perteneciente a la FGR. Esta Fiscalía es la responsable de investigar y sancionar los delitos penales relacionados con hechos de corrupción. Se esperaba fuera autónoma e independiente. Lo primero sería quitarla de la línea de mando de la FGR para alinearla en el Poder Judicial y el Comité Coordinador del SNA, en forma colegiada.

Nombrar su titular de forma pública, transparente y con la participación preponderante del Poder Judicial en convocatoria abierta a la sociedad, para que en vez de tener un fiscal “a modo” y gris se tenga un verdadero ombusdman al tiempo de dotarlo de mayor autonomía y facultades, así como de recursos humanos capacitados, apoyo y atención especial, ya que su misión será el eje de todo el Sistema.

Tercero, reestructurar los Órganos Internos de Control para que dejen de ser elefantes blancos y costosos.

Que dejen de depender de la SFP y vuelvan a depender de los titulares y directores de dependencias y entidades de la administración pública, como originalmente lo fueron, antes de que Arsenio Farell, con un criterio autoritario, centralizador y de control político, decidiera que deberían depender de la entonces Secogef, y de él como su titular.

Fortalecer las  áreas de auditoría y de responsabilidades administrativas, pero a partir de hallazgos soportados, expedientes completos y elementos probatorios que permitan sancionar con más eficacia y justicia.

Quizás menos casos, pero más sólidamente armados y plenamente  justificados.

Cuarto, apoyar y fortalecer la reestructuración de los programas sociales. Revisar las reglas de operación y, en general, el funcionamiento y desempeño de los programas públicos –muchos de los cuales contienen amplios márgenes para la discrecionalidad y corrupción.

En este renglón debería tener mucho peso la evaluación y opinión del Coneval, con todos los instrumentos técnicos y de medición que tuvo en los últimos años.

Quinto, ampliar atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación para que los resultados de sus revisiones sean un insumo para actuar. Que se dejen de publicitar cifras de miles de millones de pesos de recursos públicos presuntamente faltantes, pero que nunca se investigan a fondo y solo quedan en escandalosas declaraciones que el público en general no comprende y confunde. Mejor precisar los casos jurídicamente sustentados, contra funcionarios públicos corruptos, para garantizar que se castigue  a los infractores.

A estas alturas, del sexenio ya no debemos esperar que el gobierno de la 4T se apoye en el SNA para combatir la corrupción, pero sí debemos vigilar que ese andamiaje jurídico no se destruya y que el próximo gobierno lo pruebe y mejore en serio.

Por lo pronto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso, no pudo o no se enteró, cómo atacar en serio lo que él llama “el peor cáncer de México”, la corrupción.

Fue su principal promesa de campaña. Es indispensable  fortalecer y consolidar el sistema “Anticorrupción”, existente, para impulsar la plena autonomía, independencia y absoluto apego a la legalidad de las instituciones que lo conforman.

 

*** Maestro, abogado y CP.