El vicecoordinador de los senadores panistas reafirma su compromiso feminista * En su discurso, el senador panista agradeció la presencia de las asistentes y destacó la importancia de generar iniciativas que reflejen sus necesidades y propuestas

EL TOPO

En un encuentro significativo en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador de los legisladores panistas, recibió a un grupo de mujeres provenientes de todo el Estado de México, quienes forman parte del colectivo Empoderadas y Valientes.

Durante la reunión, frente a Vargas del Villar se abordaron diversas problemáticas que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral, social y de derechos humanos.

En su discurso, el senador panista agradeció la presencia de las asistentes y destacó la importancia de generar iniciativas que reflejen sus necesidades y propuestas. “Conmigo tienen un aliado. Gracias por estar aquí y permitirnos ver de cerca las razones por las cuales los senadores y senadoras del Grupo Opción Nacional debemos seguir trabajando en favor de ustedes”, añade.

El legislador albiazul anuncia que presentará cinco iniciativas clave para fortalecer los derechos de las mujeres y adolescentes, entre las que destacan:

*** Reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de adopción.

*** Modificaciones a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, impulsando mayores oportunidades para ellas.

*** Regulaciones en la Ley Federal del Trabajo para garantizar mejores condiciones laborales en el trabajo doméstico.

*** Reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

*** Acciones legislativas para fortalecer los derechos de las mujeres en diversos ámbitos.

Vargas reafirma su compromiso con las féminas y enfatiza que este es sólo el inicio de un trabajo constante y comprometido con las mujeres mexicanas.

“No me quedaré sólo en el discurso. Voy a seguir trabajando y apoyándolas con todo mi cariño y corazón. ¡Que vivan las mujeres!”, enfatiza el senador panista entre aplausos de las asistentes.

Este evento marca un paso más en la agenda legislativa del senador Enrique Vargas para garantizar la equidad de género y el empoderamiento femenino en el país.

Para evitar casos terroríficos como el de Teuchitlán, Jalisco * Piden fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda para que sea un órgano descentralizado del Poder Ejecutivo * También plantean que debe tipificarse en el Código Penal federal el delito de reclutamiento forzado con penas que van de 15 a 60 años

ERIC GARCÍA

Ante la grave crisis que vive el país en materia de personas desaparecidas, el grupo parlamentario del PRI, en voz del coordinador Rubén Moreira Valdez, propuso dos iniciativas: Una, para reconocer en la Constitución Política el derecho humano a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas; y otra, para establecer el delito de reclutamiento forzado en el Código Penal federal.

Lo anterior, en el marco de los recientes sucesos en Teuchitlán, Jalisco, así como los reportes que advierten de las desapariciones no solo de mexicanos sino también de migrantes y del reclutamiento de menores que realiza el crimen organizado.

El líder congresista expuso que la primera reforma busca prohibir la desaparición de personas y el establecer el Derecho Humano a la búsqueda e identificación. Además, propone fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a efecto de que sea un órgano descentralizado del Poder Ejecutivo, que su operatividad no dependa de acciones políticas sino de la obligación del Estado Mexicano de respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas sin ninguna distinción.

Asimismo, manifestó que para el desarrollo y colaboración en procesos de identificación de personas, la Comisión Nacional de Búsqueda deberá contar con un Centro de Identificación Humana y un Banco Nacional de datos Forenses, ya que el Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos y salvaguardar la personalidad jurídica de las personas desaparecidas, así como a realizar todas las acciones encaminadas al esclarecimiento de los hechos para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.

Mencionó que las acciones para la búsqueda de personas desaparecidas deberán tener los principios de efectividad y exhaustividad, así como la debida diligencia y el enfoque humanitario, además de estar apegada a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

Recordó que hasta junio de 2023 había un registro histórico de 111 mil personas desaparecidas o no localizadas, sin embargo, después del cambio de metodología, se eliminaron más de 20 mil registros. Destacó que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registraron 54 mil 348 personas desaparecidas lo que implica un incremento del 65.81% con relación al gobierno anterior.

La bancada del PRI también propuso que el delito de reclutamiento forzado se tipifique en el Código Penal

federal, que quien, por medio del engaño, la extorsión, el maltrato, chantaje, intimidación, violencia psicológica o física, reclute, induzca, coaccione u obligue a una persona a colaborar con organizaciones delictivas, terroristas o grupos del crimen organizado, sea castigado con una pena de entre 15 y 30 años de prisión y cuando la víctima sea menor de 18 años la pena se incrementará al doble.

Finalmente, indicó que también propone imponer una pena de entre 20 y 60 años a quien participe, administre, financie, dirija, comande, colabore o facilite la operación de sitios para el reclutamiento y entrenamiento de personas para colaborar de manera voluntaria o forzada en organizaciones criminales, terroristas o del crimen organizado.

La Cámara Alta aprueba la iniciativa de la legisladora priísta * La senadora advierte que el contrabando genera desempleo, inseguridad y pone en riesgo la salud pública y la soberanía alimentaria

ERIC GARCÍA

Con una postura firme y clara, la senadora Paloma Sánchez Ramos, del PRI y originaria de Sinaloa, elevó una exigencia al Estado Mexicano: Detener de inmediato el ingreso ilegal de camarón ecuatoriano que está devastando al sector pesquero nacional y, particularmente, a su estado. En su proposición con punto de acuerdo, aprobada por el pleno del Senado de la República, Sánchez Ramos denuncia un fenómeno que combina crimen organizado, colapso económico y riesgos sanitarios.

El documento, presentado el 4 de marzo de 2025, parte de una preocupación concreta y documentada: el contrabando de camarón ecuatoriano, que se estima en 20 mil toneladas anuales, ha desplazado al producto sinaloense en un 80 por ciento.

Esto no sólo ha dañado los precios, también ha puesto en riesgo más de 900 granjas acuícolas y 20 mil empleos directos.

“Este contrabando está acabando con nuestra producción y dejando sin sustento a miles de familias”, añade.

Paloma Sánchez no llega al Senado con una preocupación abstracta: Representa a Sinaloa, líder nacional en producción camaronera, con más de 115 mil toneladas generadas en 2023, equivalentes al 45% del valor nacional. Pero ese logro está en riesgo por una práctica ilegal que afecta a productores en todo el país.

“Este no es sólo un problema comercial, es también un problema de seguridad nacional”, señala y advierte que el tráfico de camarón está vinculado con redes de delincuencia organizada, lavado de dinero y violencia en regiones fronterizas.

La legisladora priísta propuso una solución concreta: Que el Poder Ejecutivo, en especial la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), coordine esfuerzos con la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para fortalecer la vigilancia en puertos, carreteras y puntos de ingreso al país. Esa fue la redacción final aprobada por senadoras y senadores de todas las fuerzas políticas, quienes respaldaron de manera unánime la iniciativa.

La senadora sinaloense denuncia que el camarón ilegal representa un riesgo para la salud pública, ya que ingresa al país sin cumplir normas sanitarias ni fitosanitarias, sin trazabilidad ni control, lo que podría desencadenar crisis de confianza en el mercado interno.

También se alerta sobre el impacto ambiental, pues muchas veces el producto entra al país sin respetar prácticas sustentables de captura, usando redes prohibidas o técnicas depredadoras, lo que afecta la biodiversidad y la reproducción de especies.

“Exigimos condiciones justas para competir. Nuestros productores cumplen con la ley, pagan impuestos, cuidan el medio ambiente. El Estado tiene la obligación de protegerlos del comercio ilegal que destruye todo lo que hemos construido”, sostiene Sánchez Ramos en su iniciativa.

Con esta acción legislativa, la senadora no solo defiende a los pescadores y acuacultores de Sinaloa, sino que va por la soberanía alimentaria, la legalidad y la economía pesquera del país entero.