Habría sido clausurado por deficiencias en su instalación en 2021

 

ILDEFONSO PEREYRA

 

Petróleos Mexicanos ha tenido conversaciones con la multinacional KKR, dueño de la terminal de combustible en Tuxpan conocida como SERVITUX, para adquirir una terminal que el gobierno mexicano habría clausurado por deficiencias en su instalación en 2021 y que ahora tiene intenciones de comprar a un muy bajo precio.

La Terminal Internacional de Fluidos de Tuxpan TIFT en Tuxpam de Rodríguez Cano (Tuxpan), Veracruz, comenzará su creación en 2018 con el objetivo de realizar actividades como “diseño, preparación, prearranque, operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono de la terminal internacional de fluidos tuxpan-almacenamiento (tift-a), cuyo objetivo es almacenar petrolíferos importados como son: gasolina regular, gasolina premium, diésel y turbosina (jet-a-1), con una capacidad nominal total de 526,073 m3 (3,308,900 barriles)”, según data un documento oficial de la SEMARNAT.

Desde entonces, y hasta la fecha, la terminal ha estado a cargo de la persona moral Servicios y Terminales de Tuxpan S. A. de C. V., constituida según el Registro Público de Comercio el 31 de agosto de 2017 por dos empresas SSA México, Sociedad Anónima de Capital Variable y SSA México Holdings, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Durante 2018 y 2019, Servicios y Terminales de Tuxpan S. A. de C. V. revocó y nombró nuevos apoderados; dentro de los apoderados entró en 2019 Luis Manuel Enrique Tellez Kuenzler, ex funcionario en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, donde fungió como Secretario de Comunicaciones y Transportes hasta 2009, cuando renunció.

También, dentro de los apoderados figura el abogado Santiago Sepúlveda Yturbe, hijo del excanciller delamadridista Bernardo Sepúlveda Amor y, según una investigación de Proceso, sujeto implicado junto a Carlos Creel Cobián, su socio, en una denuncia por tráfico de influencias que comprometían una bursatilización multimillonaria entre el sexenio de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón.

El 4 de mayo del 2018, mediante la resolución número RES/907/2018, la Comisión otorgó a Servicios y Terminales de Tuxpan, S.A. de C.V. el permiso de almacenamiento de petrolíferos y bioenergéticos PL/21140/ALM/2018, dando pie a la habilitación de la Terminal Servitux en 2019 con la participación de una empresa texana llamada Monterra Energy.

Esta empresa, a su vez, fue creada por medio de una inversión subsidiada por la multinacional estadounidense de administración de fondos de inversión y capital de riesgo, Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), de la cual Luis Téllez se volvió consejero en octubre del 2014, mismo año en que se creó Monterra Energy a cargo del mexicano Arturo Vivar Vásquez junto al estadounidense Michael A. Williams.

A este punto, la reforma energética de Enrique Peña Nieto en 2013 ya había revolucionado el libre mercado de los combustibles en México, abriendo la posibilidad para grandes inversiones en materia energética en este territorio y dando pie al tráfico de influencias que protagonizó Tellez Kluenzer, quien además era miembro del comité técnico del Fondo Mexicano del Petróleo en ese entonces, a pesar de que la Ley no permite ese tipo de conflicto de interés, Luis Tellez y agregados siguió adelante con la creación de Servicios y Terminales de Tuxpan.

Si bien la fundación de la Terminal Servitux en Tuxpan, Veracruz, describe una serie de tráficos de influencias entre funcionarios y empresarios mexicanos como empresarios estadounidenses; el tema en cuestión es cómo este origen provocó el desarrollo de una terminal de combustibles altamente defectuosa y, por lo tanto, peligrosa para los mexicanos y el medio ambiente en general.

Los defectos de la terminal servitux Fuentes que han decidido permanecer anónimas, circularon una serie de fotografías que ponen en evidencia la falta de cuidado en el levantamiento estructural de la terminal Servitux en Tuxpan, Veracruz, la cual aún así habría sido aprobada para el comienzo de operaciones de almacenamiento de petrolíferos y bioenergéticos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2019 y, además, aprobó modificaciones para incremento de capacidad de almacenamiento en diversas ocasiones.

La terminal está compuesta de 16 tanques, según consta en una resolución oficial de la Comisión Reguladora de Energía donde se aprueban los permisos a la empresas Servicios y Terminales de Tuxpan, los cuales contienen capacidad para almacenar combustibles para 3 millones 158 mil 240 barriles.

No obstante, según muestran las fotografías, los tanques han sido mal instalados y están mal nivelados, lo que pone en riesgo su almacenamiento.

En estas fotografías tomadas en el año 2020, los tanques fueron abiertos e incluso ingresaron maquinaria para aplanar el terreno y nivelarlo correctamente, acción que es completamente insegura, puesto que una vez instalados los tanques no deben de ser abiertos ni mucho menos intervenidos con maquinaria. Esta evidencia gráfica tomada de los tanques en la terminal Servitux muestra un descuido de alto riesgo para los mexicanos.

En la siguiente fotografía de otro tanque, se pueden ver dos aperturas realizadas en la base de los tanques. También se puede ver un aro grisáceo hasta abajo de la estructura, son anillos extras agregados después de una instalación inicial de los contenedores de combustible.

En este sentido, se pueden contar varias intervenciones a los contenedores poniendo en riesgo la seguridad y violando las normas de impacto ambiental que, se supone, deben de regular este tipo de operaciones en México.

A pesar de ello, la terminal estuvo funcionando durante varios meses, hasta mayo de 2021, cuando el gobierno de López Obrador mediante la Comisión Reguladora de Energía decidió hacer una inspección sorpresa a la planta y fue clausurada temporalmente utilizando incluso la fuerza de la Guardia Nacional.

 

Pemex contra Monterra Energy, un revés en la política energética

Esta acción prendió las alarmas en el ámbito energético, puesto que se decía que el gobierno mexicano estaba amenazando las operaciones del sector privado para privilegiar a la empresa nacional Petróleos Mexicanos (PEMEX), un organismo que, se sabe, ha estado en problemas financieros.

La clausura de Servitux incluso derivó en una carta del gobernador texano Greg Abbot al presidente de Estados Unidos en noviembre del 2021, pidiéndole que revisara el asunto, puesto que esto convendría en un daño a los precios del combustible en la frontera sur del país.

Poco tiempo después, en enero de 2022, la empresa Monterra Energy denunció al gobierno mexicano por la clausura injustificada  de la planta en Tuxpan y alegando un daño potencial cotizado en 667 millones de dólares. Sin embargo, nada más se supo al respecto hasta el primer trimestre del 2023, cuando PEMEX hace contacto con KKR para buscar la compra de la terminal Servitux por medio del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (indaabin) a un costo mucho menor del daño potencial calculado anteriormente, a 327 millones de dólares.

En el contrato de esta compra aparece la firma del presidente del consejo de PEMEX, Octavio Romero Oropeza; el capitán director de logística marina, Eduardo Padilla Yebra; el CEO de Monterra Energy, Arturo Vivar; entre otros.

La adquisición de esta terminal defectuosa demuestra el camino que recorrió una planta de almacenamiento de combustible que se ha utilizado como moneda de cambio para el traslado de capital financiero y político y que, de entrar en funciones, pondrá en peligro a todos los mexicanos.

Desde Felipe Calderón, pasando por Enrique Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador, los recursos energéticos del país están siendo explotados por intereses ajenos al bien de los mexicanos; esta vez, la supremacía de un órgano altamente endeudado, como lo es Petróleos Mexicanos, pone en riesgo no sólo el medio ambiente, si no la economía y el bienestar de todos.