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LA REVISTA

‘Tenga para que aprenda’: Lozoya se va a prisión

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Salió muy cara la cena del restaurante * La acción del ex director de Pemex provocó el enojo del Presidente porque puso en tela de duda la lucha de la Cuarta Transformación contra la corrupción y la impunidad

 

POR FRAY LALITO

 

A unos días de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador acuda a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hablar de la manera “ejemplar” en que México combate la corrupción, el único y más emblemático caso de su gobierno, el de Emilio Lozoya, dio un viraje de 180 grados, cuando el 3 de noviembre se presentó por vez primera -desde que fue extraditado en agosto de 2020- ante el juzgado federal y fue puesto en prisión preventiva de manera sorpresiva.

Cenar pato “Pekín” en su condición de delincuente confeso y “testigo colaborador” le salió muy caro. Con la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, y el juez de dejarlo en prisión, “ya saben quién”, le dijo “Tenga para que aprenda”.

Para que aprenda a no ser cínico, imprudente y soberbio. Para que aprenda cuál es su limitado papel en este juego de “combate a la corrupción”, sólo ser una marioneta del Presidente y de la FGR, para inculpar a todos los enemigos políticos que se le indiquen… pero de ninguna manera ponerse en medio, para que se ponga en tela de duda la lucha contra la corrupción y la impunidad de este gobierno.

El caso “Lozoya” no se inició con la llegada de la 4T al poder. Desde diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de EU reveló que la constructora brasileña dio sobornos por 10.5 mdd a un alto funcionario de Pemex que resultó ser Emilio Lozoya Austin.

Señaló que ese dinero se recibió en partes: una en octubre de 2013, cuando Odebrecht pagó 4.5 mdd, y de diciembre de 2013 a 2014, se hizo otro pago de 6 mdd.

Un elemento clave en el inicio de la investigación, el ex fiscal de delitos electorales en la administración de Enrique Peña Nieto, Santiago Nieto, le costó ser removido del cargo cuando tenía en sus manos el caso.

Tras aproximadamente dos años de investigación y con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, retomó sus apuntes ahora como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y planteó que Lozoya era el principal responsable en el caso Odebrecht en México.

El trato privilegiado del “testigo colaborador” cambió radicalmente. No sabemos “quién” dio línea a la FGR para que, de último minuto y durante la diligencia, los fiscales confirmaran solicitud de sujetar a prisión preventiva a Lozoya debido a que existen nuevos datos de que, al menos, tiene acceso a 2 millones de dólares y a que en todo este tiempo no ha manifestado intenciones de reparar el daño ocasionado en el caso Odebrecht que se calcula en por lo menos 7 millones de dólares.

Otro de los argumentos vertidos por la FGR fue la cena en la que Lozoya fue exhibido en redes sociales en un lujoso restaurante que demostraría que tiene recursos y acceso a una red de contactos que le pueden ayudar a evadirse de la justicia.

Ante esto, el juez de control José Artemio Zúñiga determinó que Lozoya permanecerá en el Reclusorio Norte, sujeto a prisión preventiva justificada, en donde enfrentará su proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El juez consideró los lazos familiares que tiene que le pueden ayudar a fugarse, los recursos a los que tiene acceso y que las penas a las que se enfrente alcanzarían 30 años de prisión, lo que podría incentivar su intención de evadirse, para señalar que existe un elevado riesgo de fuga y mantenerlo en el Reclusorio Norte.

El juez también otorgó una prórroga de un mes, no a 60  días como era la petición de la defensa del ex director de Pemex como plazo para ampliar la investigación y presentar pruebas.

 

DOS CASOS EMBLEMÁTICOS

Hasta ahora hay dos casos emblemáticos del gobierno de la Cuarta Transformación sobre impartición de justicia. El de Rosario Robles que se encuentra en prisión desde julio de 2019, por “falsificación de una licencia”, que demuestra su intención de huir de la justicia, y el Emilio Lozoya, que ya había huido. Fue extraditado de España en julio de 2020 y desde agosto de 2021 realizó sus primeras “denuncias” en calidad de “testigo colaborador”.

En todos los sexenios “neoliberales” la justicia penal se caracterizó por sesgos políticos tratándose de personajes políticos valga la redundancia. A juzgar por el derrotero que han tomado estos dos casos, corremos el riesgo de tener  más de lo mismo… si no es que una nueva versión corregida y aumentada.

Existen presuntas declaraciones de Lozoya en las que “confiesa” haber recibido de Odebrecht la cantidad de 4 millones de dólares para la campaña de EPN. Esto, si se comprobara, habría sido un delito electoral que ya prescribió, pero que será muy útil para que AMLO diga una y otra vez que tenía razón respecto a los corruptos del PRIAN.

En lo concerniente a sobornos para la “Reforma Energética” y líderes del Pacto por México y para continuidad proyectos se mencionan montos y nombres. En principio 100 mdp entregados a Ernesto Cordero, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya; 80 mdp a senadores del PAN (cuyos nombres mencionamos más adelante); 6.8 mdp a diputados a través de Ricardo Anaya; 34 mdp al director de Finanzas del PRI y 12 mdp a funcionarios priístas; 6 mdp a David Penchyna y otros 12 mdp a Carlos Treviño Medina.

Estarían por conocerse las pruebas de Lozoya, pero si después de 15 meses no las ha presentado, existen dudas de que se pueda llamar a cuentas a la justicia a los personajes mencionados. Ellos dirán que son infundios. AMLO y Morenos dirán teníamos razón respecto al PRIAN, pero lo que sí es claro es que el caso Lozoya dará mucho material para sacar provecho político.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá tela de dónde cortar para sus “mañaneras”. Narrativa política-electoral de aquí a algunos meses, para marzo de 2022 para la “revocación” y quizá para explotar el caso hasta 2024.

 

TESTIGO COLABORADOR

La figura del “Testigo colaborador” se deriva de la aplicación de los “criterios de oportunidad” establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su Artículo 256, a la letra dice: “Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido”.

Por su parte el artículo 257 del mismo ordenamiento establece: Efectos del criterio de oportunidad……… “La aplicación de los criterios de oportunidad extinguirá la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio…”

En consonancia con lo que establecen las disposiciones anteriores, la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal, define puntualmente qué es un “Testigo colaborador”: “Es la persona que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos. Podrá ser testigo colaborador, aquella persona que haya sido o sea integrante de la delincuencia organizada, de una asociación delictiva, o que pueda ser beneficiario de un criterio de oportunidad”.

Hay quienes especulan que es fundamental para este  proceso que Emilio Lozoya no acuse a sus iguales o subalternos y que tendría que señalar a personas con un cargo jerárquico mayor.

El caso Lozoya puede ser el parteaguas para que el gobierno de la 4T proceda legalmente y dejar de lado “juicios mediáticos”. El mayor riesgo es la expectativa de los “peces gordos”. El “pueblo” querrá sangre en el río y pruebas de que hay un cambio en el combate a la corrupción y la impunidad.

Para muchos la única muestra irrefutable es que caigan altos funcionarios, empresarios e incluso ex presidentes o sus familiares. La presión mediática será mayúscula y muy pronto -de no haber varios “peces gordos” tras las rejas- se empezará a hablar de que fue una simulación. La condición para castigar la corrupción debe cumplir con dos premisas: que se fundamente legalmente y se castigue ejemplarmente.

En el caso “Odebrecht” se tejió una red de sobornos en  América Latina. Países como Brasil, Perú, Uruguay, Chile, Colombia y Argentina nos llevan ventaja en esta materia de combate a la corrupción. Algunos han llevado a prisión a ex presidentes como Perú, Brasil, Guatemala y Argentina.

En Brasil la operación “Lava Jato” fue el escándalo que destapó una red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos de casi todos los partidos para obtener contratos con Petrobras, la petrolera estatal.

La operación “Lava Jato” ya antes había llevado al encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que fue sentenciado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, por recibir un apartamento frente al mar de una constructora a cambio de favores.

 

EN MÉXICO, PERSECUCIÓN A CORRUPTOS DE MANERA SELECTIVA 

A diferencia de otros países, el uso político de la justicia que se ha hecho en México, donde se persigue a los corruptos de manera selectiva, señala un estudio publicado por el CIDE y agrega que “La política siempre será parte de estos procesos de alto impacto, y por ello es preferible tener un marco legal y de instancias con una fuerte capacidad técnica, para que toda acusación e investigación anticorrupción esté sustentada fuertemente en razones legales y normas explícitas. De otra manera, se convierte la lucha anticorrupción en una cacería política sesgada y parcial”.

Si el caso Lozoya se convierte en cacería política, más mediática que legal, millones de mexicanos nos lamentaremos que en materia de combate a la corrupción no se den avances.

Si el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere atacar en serio lo que él llama “el peor cáncer de México” y su meta -de verdad- es ir por los corruptos, debe, en primer término, evitar opinar sobre los casos. Debe cumplir con su principal promesa de campaña, comprometerse con hechos y fortalecer nuestro Sistema de Justicia Penal, haciendo valer la “autonomía” de la FGR y, en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, avanzar en su implementación.

En suma, el Presidente debe permitir que las instituciones actúen con plena autonomía e independencia y con absoluto apego a la legalidad.

EN PRIMERA PERSONA

Debilidad de AMLO por “El Chapo” Guzmán y tirria contra García Luna

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Petición directa del capo al Presidente: que lo regrese a México; la instrucción: Revisar violaciones de Peña Nieto * Se queja de mala comida y pocas visitas; ¿solicitud u orden?; la SRE ya ve el caso por violación a derechos humanos: López Obrador * Con Genaro García se frota las manos y quiere ver sangre * Martha Rodríguez, expulsada de la UNAM; la ministra Yasmín Esquivel, casi fuera de la SCJN; un hecho que se cancele título

 

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

 

Nadie en su sano juicio (lo digo con todo respeto) metería las manos al fuego por Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo”. Nadie, excepto su madre e hijos y demás familiares, claro está. Bueno, quizá sí lo harían (como ya lo han hecho) los miembros de su cártel y los habitantes de Badiguarato, Sinaloa, a los que siempre les ha tendido la mano económicamente, aunque no de manera gratuita y generosa, sino para que sean los cuidadores cotidianos de la casa principal de la familia donde habita o habitaba su señora madre.

Sin embargo, y aunque parezca increíble, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha externado un especial respeto por “el señor Joaquín Guzmán Loera”, ya que ni siquiera se refiere al narcotraficante por su apodo. De su boca no ha salido “El Chapo”. ¿Por qué el respeto a uno de los capos más sanguinarios que ha habido en la historia de México?

Cualquiera diría que se trata de un mandatario respetuoso de toda persona, pero no es así. ¿Cómo es posible que día tras día despotrique en las Mañaneras contra empresarios, periodistas y rivales políticos? Para ellos, todo tipo de descalificativos, agresiones y acusaciones sin sentido. Ventila sus vidas privadas poniendo en riesgo la seguridad de sus personas, familias y bienes materiales. De hecho, los juzga con severidad: ahí están los casos de Ciro Gómez Leyva y Carlos Loret de Mola.

¿Por qué el tabasqueño no tiene las mismas consideraciones para Genaro García Luna? Si por López Obrador fuera, el ex secretario de Seguridad Pública ya estaría juzgado y sentenciado a cadena perpetua o hasta pena capital, pero no únicamente él, sino también su ex jefe Felipe Calderón Hinojosa. El inquilino de Palacio Nacional prometió que enjuiciaría a todos los ex presidentes. No cumplió su palabra, pero esos nombres le sirven para justificar los errores de su administración. Todo es culpa del pasado, de los priistas y panistas. El juicio de Genaro García Luna será como es espectáculo de pago por evento, sentenció el Presidente en una especie de burla y morbo.

Que conste, antes que nada, que no defendemos a García Luna ni atacamos a “El Chapo” Guzmán. El primero tiene suficiente dinero para contratar a los mejores abogados del mundo para que lo defiendan (lo que parece que será insuficiente ante la gran cantidad de pruebas que hay en su contra). Y el segundo ya está en manos de la justicia de los Estados Unidos del Norte porque acá en México era el “jefe de jefes” incluso en las prisiones.

 

¿SUMISIÓN… MIEDO..?

Inexplicable es, insistimos, que el Presidente trate de manera diferente a “El Chapo” Guzmán y a Genaro García Luna. Pregunta: ¿Cuántas cartas ha recibido el Primer Mandatario de prisioneros que piden que se revise su caso? ¿Cuántos le han denunciado abusos y violaciones a sus derechos humanos? Seguramente muchos. ¿Ha leído esas misivas o correos? ¿Ha hecho algo al respecto? Lo dudamos. Pero lo que sí es cierto es que esas cartas no las ha llevado a la Mañanera ni mucho menos les ha puesto el mismo interés. No todos son iguales para el Presidente. Hay delincuentes y narcotraficantes de primera y de segunda clase. A la madre del capo, María Consuelo Loera Pérez, hasta la visita y saluda personalmente en su propia tierra. Así como lo escucha.

El Presidente con doña María Consuelo Loera Pérez.

¿Por qué la sumisión? ¿Miedo? No fue en su administración cuando lo volvieron a detener y fue extraditado al vecino país del norte, sino en el de Enrique Peña Nieto. Si el Presidente ha sido amenazado por la organización criminal del capo, habría razón en el temor. ¿Quién no? Más todavía al saber que terminando su sexenio se irá a “La Chingada”, su rancho, sin la protección del Estado Mayor Presidencial que el mismo eliminó. Sin pruebas, no son pocos los que han denunciado complicidad del Mandatario con el crimen organizado. El propio Porfirio Muñoz Ledo lo ha acusado. ¡Pruébenlo! ha respondido el tabasqueño. ¿Qué necesidad hay de todo eso? Lo que sí es cierto y lamentable es que los criminales han tenido una participación importante en los últimos procesos electorales al imponer candidatos y financiar campañas. Esto, claro está, es culpa de todo el Estado Mexicano, y no sólo del Poder Ejecutivo.

“El Chapo” Guzmán se quejó ante López Obrador: “La comida es de pésima calidad; sólo me han permitido tener tres visitas; nunca he visto la luz del sol en seis años; la vida que me dan es degradante…” La petición del capo es directa: que lo regrese a México. La instrucción muy precisa: que revise y repare las violaciones que el gobierno de Peña Nieto cometió en su contra. ¿Petición u orden? Dirían nuestros padres ¿y tu nieve de qué la quieres?

Guzmán Loera está en libertad de pedir lo que quiera, con razón o sin ella, pero el Presidente tiene la obligación de cumplir y hacer las leyes, amén de hacer respetar la investidura presidencial. Ponerse a intercambiar mensajes con un narcotraficante no parece digno ni saludable. Peor es que la respuesta no haya sido privada, sino pública y en ella asegurara “vamos a ver”.

El Presidente López Obrador dijo que la SRE ya analiza petición del “señor Guzmán Loera”.

Pero a la escueta afirmación vino después, una lastimosa aclaración presidencial: la Secretaría de Relaciones Exteriores ya está atendiendo la solicitud desde la perspectiva de los derechos humanos. “Se va a revisar. Se tiene que ver, cuando se trata de derechos humanos, hay vías internacionales, entonces, no es descartar porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida”, dejó en claro López Obrador.

¡Uffff! Por fortuna para México, no se trata de lo que quiera “El Chapo” ni lo que pretenda López Obrador. Todo, absolutamente todo, está en manos de la justicia de Estados Unidos, quien por cierto ya lo condenó a cadena perpetua. Resultaría ridículo para los gringos soltar al capo. No tendría ni pies ni cabeza una petición de México en tal sentido. Pero el sólo hecho de que López Obrador lo mencione es grotesco y majadero. Ahora resulta que quien delinquió ya no es “El Chapo”, sino Peña Nieto por violentar el debido proceso y EU por violar sus derechos humanos. Guzmán Loera pasaría a ser la víctima. ¿Puede Usted creerlo?

La historia criminal del señor Joaquín Guzmán Loera es ampliamente conocida. Es uno de los capos más sanguinarios que han existido en el mundo. Se le atribuyen alrededor de ¡70 mil asesinatos! cometidos por él mismo o por el Cártel de Sinaloa bajo sus órdenes. Qué más podría decirse de quien ha envenenado a millones de personas con el tráfico de estupefacientes. Ha corrompido a todo tipo de políticos, policías, autoridades y hasta presidentes. Ha vivido como rey en las prisiones y se ha fugado de ellas cuando lo ha querido.

Sin duda, “El Chapo” ha violado los derechos humanos de cientos de miles de personas; los ha torturado, descuartizado, decapitado y muchos cuerpos fueron desintegrador en ácido. Sí, a ese personaje es a quien el Presidente le tiene simpatía y respeto (por decir lo menos). López Obrador ya se comprometió a revisar su caso por un proceso viciado y porque al señor Guzmán lo tratan muy mal, hasta lo torturan sicológicamente.

Ya extraña las prisiones mexicanas. No le gusta la comida y lo tratan mal allá.

¿Más cercanía con el narco? Nada más el “Culiacanazo” del 2019. Cuando la Guardia Nacional aprehendió a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de “El Chapo”, el Presidente López Obrador ordenó que lo liberaran para evitar un baño de sangre en la ciudad. Cedió ante la violencia desatada por los narcos de Sonora. El baño de sangre finalmente no se evitó, pues cerca de 30 personas fallecieron durante la recaptura de “El Ratón” Ovidio Guzmán, sólo unos días antes de que llegara a México el mandatario yanqui Joe Biden. Hermosa coincidencia.

Con García Luna, repetimos, es diferente. Se molesta porque atrasan mucho el juicio. Acusa a altos funcionarios del gobierno norteamericano de ser cómplices de don Genaro. Asegura que los sobornos a ex titular de la SSP llegaban hasta el escritorio de Calderón Hinojosa. Y el último disparate: que si se descubre que García Luna robó a México 600 millones de dólares y los transfirió al país vecino, estos nos tienen que ser devueltos. ¡Sí cómo no! En suma, con Genaro García Luna quiere ver sangre. Con el señor Guzmán que se respeten sus derechos humanos.

Pago por evento, el juicio a García Luna, afirma en presidente. “Sobornos llegaban a Calderón”.

 

LA MINISTRA Y MAESTRA RECIBEN SU MERECIDO

Más que vergonzosa es la situación en que se han colocado la ministra (todavía) Yasmín Esquivel Mossa y la maestra (ya no) Martha Rodríguez Ortiz. Ya no por el plagio de una tesis, sino por el comportamiento lastimoso, mentiroso y ridículo que adoptaron una vez que fue denunciado el delito y confirmado por las autoridades correspondientes.

Nadie, excepto la 4T, las defienden. Bueno, ni los morenistas le creen, pero han tenido que seguir la instrucción presidencial de cerrar la boca o abrirla únicamente para defenderlas y justificarlas. La impresentable Martha Rodríguez ya fue expulsada abiertamente por la Universidad Nacional Autónoma de México. Jamás regresará a esas aulas y seguramente a ninguna otra escuela que se respete a sí misma. Permitió no uno, sino varios plagios. Seguramente vendió tesis a sus alumnos. Dicen que hasta en 100 mil pesos cada una. Un mes después de que se destapara el engaño, por fin se decidió aparecer ante algunos medios de comunicación. “Pelearé y buscaré un amparo”, se defiende. Pelearé contra “mi UNAM”. La Universidad no es mala, sino sus directivos, acusa. Vamos, un sinfín de escusas tan increíbles como el hecho de que -dice- el otro alumno, Edgar Ulises, le hizo llegar voluntariamente una carta certificada por notario público donde aceptaba que él copió a Yasmín.

Bien hizo la UNAM en despedirla por falta de probidad y honradez en el desempeño de su trabajo como maestra y directora de tesis. Pero ¿todo quedará ahí? ¿No hay delito qué perseguir? Suponemos que no uno, sino varios. Sólo es cuestión de rastrear sus actividades escolares y movimientos financieros.

Por fin, expulsada de la UNAM. Martha Rodríguez finge inocencia.

En el mismo fuego esta Yasmín Esquivel Mossa, quien con su presencia en la SCJN sólo ensucia la no tan pulcra imagen de esa institución. Está sentada en su macho. Negando todo. Haciéndose la víctima de la película, pero sobre todo encarando a todo México: “¡no renuncio!”. Háganle como quieran.

La todavía licenciada en derecho grita a los cuatro vientos “no tengo nada de qué avergonzarme”. ¡Cuánto cinismo! Reta a todos y hasta ahora ha salido con la mano en alto. Asiste y participa en todas las cesiones. Emite votos. ¡Cuánta desfachatez! Anhelaba ser presidenta de la Corte impulsada por López Obrador, quien aún la disculpa.

Yasmín Esquivel Mossa y la sombra de su tesis. Ya siente pasos…

Al momento de escribir este último párrafo (viernes a las 12:30 horas) faltaba una hora para que el rector de la UNAM, Enrique Graue, diera una conferencia de prensa. Por la salud de México, por la credibilidad de la Máxima Casa de Estudios y por la defensa de un auténtico Estado de Derecho, el rector debió anunciar que se retiraba el título expedido por la FES Aragón a Yasmín Esquivel Mossa como licenciada en derecho. Lo demás caerá ya por su propio peso hasta quedar expulsada también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

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COPIADURA

Edomex apuesta por la democracia

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Alfredo del Mazo y actores políticos firman el Acuerdo de Integridad Electoral * “Hay que dejar la puerta abierta”, y “sí, lo vamos a revisar”, expresa el Presidente AMLO sobre la petición del ‘Chapo’ Guzmán

 

GALIO GUERRA

 

Amigos, es un gusto comprobar, una vez más, que en el Estado de México la apuesta es por la democracia y la legalidad. Prueba de ello es el convenio que, a iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), convoca -en nombre de la democracia- a los actores institucionales, políticos y ciudadanos a garantizar que el proceso electoral para renovar la gubernatura estatal se organice en forma profesional, imparcial y transparente.

Fue un gran aliciente observar cómo el gobernador Alfredo del Mazo Maza y actores políticos y sociales del Edomex firmaron el Acuerdo de Integridad Electoral para las elecciones a la gubernatura en junio de este año.

Miren amigos, vayamos con calma, y es que Del Mazo Maza enfatizó que este acuerdo plantea respetar (obviamente) las leyes electorales y los principios de voto universal y equidad política, conducir el proceso con apego a los derechos civiles y políticos de la población y garantizar que se organice en forma profesional, imparcial y transparente.

Y saben qué es lo sustantivo de este convenio, que fue signado por autoridades electorales del estado y dirigentes de partidos políticos en la entidad, quienes se comprometieron a mantener la neutralidad y respeto a la voluntad y la preferencia ciudadana, asegurar la paridad constitucional y rechazar la violencia política de género en la contienda electoral de este año.

Sin lugar a dudas, estimados amigos, estamos siendo convocados a atestiguar una justa electoral que dará certeza y seguridad a la sociedad mexiquense que el próximo 4 de junio acudirá a las urnas a emitir su voto para la renovación, cómo comentábamos líneas arriba, de la gubernatura del Estado de México.

Del Mazo Maza, estimados amigos, garantizó que se compromete a atender a instituciones electorales, partidos políticos y organizaciones ciudadanas, con apertura y generar las condiciones necesarias para que den certeza a la voluntad ciudadana, así como el respeto a este importante proceso para el Estado de México y para el país.

Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del TEPJF, señaló que el convenio contiene doce acuerdos, entre los que destacan (cómo debe ser) garantizar el respeto a las leyes electorales y a los principios de voto universal y equidad política; conducir el proceso con apego a los derechos civiles y políticos de la población; construir a través de acciones que reafirmen la legitimidad y la transparencia de las instituciones y los resultados electorales; mantener la neutralidad y respeto a la voluntad y preferencia ciudadana; asegurar la paridad constitucional y rechazar la violencia política de género.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Consejo General del INE, celebró la firma de este acuerdo que impulsa la integridad en las elecciones, con la presencia de los representantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la entidad, de los partidos políticos, así como de las autoridades electorales, locales y federales.

También subrayó la importancia de la integridad electoral para la gobernabilidad democrática que surja de las urnas y de la paz pública que forma parte del sistema electoral y democrático.

El magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, aseguró que en México se ha construido un régimen para garantizar elecciones libres, limpias, transparentes y competitivas, pero aún persisten las malas prácticas que afectan la integridad electoral y que preocupan a la ciudadanía, situación que limita la efectividad y legitimidad de la democracia.

Sin embargo, el Tribunal Electoral ha trazado un nuevo rumbo para garantizar la libertad de las y los votantes, estableciendo criterios más firmes para combatir estas malas prácticas, afirmó.

Por su parte, Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), recalcó la relevancia de la conjunción de las fuerzas políticas de la entidad en torno a un objetivo común: lograr una elección ejemplar que alcance niveles óptimos de integridad electoral.

Resaltó que lo importante de este acuerdo es garantizar a la sociedad mexiquenses un voto libre, independiente de su sexo, lugar de residencia, edad, etnia o condición de discapacidad, por lo que, confió en que serán las preferencias políticas de la ciudadanía las que determinen la próxima gubernatura estatal.

Acompañada por los integrantes del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), los magistrados Martha Patricia Tovar Pescador, Raúl Flores Bernal y Víctor Pasquel Fuentes, la presidenta de este organismo, Leticia Victoria Tavira, celebró la firma de este acuerdo, el cual consideró de suma importancia para garantizar que se lleve de forma correcta el proceso electoral donde participarán cerca de 12.5 millones de mexiquenses.

 

AMLO ABOGA, UNA VEZ MÁS, POR ‘EL CHAPO’, PERDÓN, POR EL SEÑOR JOAQUÍN GUZMÁN LOERA

Hay un viejo dicho que refería más o menos que si Franz Kafka hubiera nacido en México habría sido un escritor costumbrista. Y es que (como decía el genial Paco Malgesto) “oiga usted” hay declaraciones que todavía nos causan un tanto de sorpresa, aun sabiendo de quien vienen.

Esta semana se presentó en el noticiero matutino del periodista Ciro Gómez Leyva el abogado José Refugio Rodríguez, representante de “El Chapo” Guzmán, quien refirió que el pasado 10 de enero presentó una solicitud al embajador de México en EU, Esteban Moctezuma, para que su cliente sea repatriado a México ya que, según él, la extradición a Estados Unidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se había dado (según él) de manera ilegal.

El defensor Rodríguez, sí el mismo que le prometió completa seguridad al “Presidente de todos los mexicanos” Andrés Manuel López Obrador, señaló que su cliente (“El Chapo”) sufría de condiciones inhumanas en una celda de dos por dos metros y que (pobrecito), cuando lo sacaban al patio, casi nunca le daba el sol.

Nos platicó, en vivo a todo color y en 4K, el inenarrable sufrimiento del excapo del Cártel de Sinaloa, a quien autoridades carcelarias de EU prefirieron sacarle una muela a tratársela para que ya no se quejara.

Oh, dioses de todos los dioses, no bien supo lo anterior el paladín de los “abrazos y no balazos” y de “hay que respetar a los delincuentes porque también son seres humanos”, de inmediato dio una más de sus disparatadas declaraciones y -pese a que el canciller Marcelo Ebrard dijo que lo del narco ya era cosa juzgada y sentenciada, López salió con que “hay que dejar la puerta abierta” porque el principio de los derechos humanos es la vida, y ésta se le tiene que garantizar a todos. ¡Qué cosa!

En su Mañanera del miércoles López Obrador afirmó que su gobierno analizará la solicitud del “Chapo” para ser trasladado a nuestro país a cumplir su condena.

“Hay que dejar la puerta abierta”, y “sí, lo vamos a revisar”, dijo el señor López porque el sanguinario narcotraficante se quejó que en la prisión de máxima seguridad en Colorado, Estados Unidos, donde está recluido, sufre tortura sicológica y se encuentra en condiciones degradantes.

Dios, había que verlo, casi lloraba el dueño de Morena.

Estaba a punto del llanto como cuando la Debayle anunció la muerte de la reina inglesa.

Es bueno tengamos un Presidente que entiende que la base fundamental de los derechos humanos es la vida para que les explique su preocupación a familiares de los asesinados por órdenes del excapo y a quienes han visto menguar sus vidas por culpa de las drogas que trafica el Cártel de Sinaloa.

Cabe recordar que hace unos siete años la revista especializada “Forbes” calculaba la fortuna del padre de los “Chapitos”, entre ellos el recién capturado Ovidio Guzmán, en algo así como mil millones de dólares.

Pero también calculaba, en aquel entonces, en setenta mil las personas asesinadas por el Cártel de Sinaloa, o sea, por órdenes directas o por propia mano de don Joaquín Guzmán Loera.

“Secuestros, asesinatos, decapitaciones, contadas por miles a manos de sus escuadrones de la muerte. Un imperio implacable del miedo para hacer intocable al narco de los narcos”, apuntó RTVE Noticias.

 

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HOJAS LIBRES

Yasmín y Claudia, símbolos de corrupción en la 4T

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A la ministra el plagio la convirtió en ‘trampossa’ * Las tragedias del Metro es la losa pesada que carga la Jefa de Gobierno… no es la culpable, pero sí la responsable y como tal debe afrontar las consecuencias

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Cada vez que Yasmín Esquivel Mossa y Claudia Sheinbaum Pardo tratan de defenderse de las graves acusaciones que pesan en su contra, más aflora la enorme corrupción que las ha acompañado durante todo el tiempo de haber tenido el privilegio de pertenecer al pestilente establo de Andrés Manuel López Obrador.

Cuando el 2 de enero de 2023 se eligió ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Esquivel Mossa no tuvo el menor decoro al presentarse a la sesión como aspirante a presidir al máximo órgano jurisdiccional de la Nación.

Días antes el célebre periodista e investigador Guillermo Sheridan la había exhibido como plagiaria de la tesis profesional del pasante de derecho Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Con inusitado cinismo asumió su propia defensa al asegurar que poderes fácticos se habían confabulado para desprestigiarla como plagiaria, pero sin señalar esos poderes fácticos.

No ministra en retiro y todavía alumna no egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ya el rector Enrique Graue emitió sentencia definitiva en contra de la condición académica de la pasante de derecho Yasmín Esquivel. Aseguró el dirigente de la Máxima Casa de Estudios que el 90 por ciento de la tesis de Esquivel Mossa es coincidente en contenido, sintaxis, redacción y hasta puntuación a la presentada con un año de anterioridad.

En defensa de la usurpadora de profesión sancionado por el artículo 250 del Código Penal Federal, y de plagio castigado por el artículo 427 del mismo Código, salió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con el cuento de que el delito había prescrito. Era de esperarse. Es parte de la corrupción lopezobradorista.

Seguramente hacia sus adentros Yasmín ha de haber exclamado: “Ernestina, no me defiendas, por favor”. Una aseveración de ese tamaño lleva implícita una sentencia fatal para la todavía ministra: el delito sí se cometió, aun cuando ya no pueda castigarse.

Pero la pifia de la procuración de justicia de la Ciudad de México constituye una suma injuria para el derecho. Hay dos formas de comenzar a computar la prescripción. Una, cuando se comete el delito y éste queda a la vista. Un homicidio o un asalto bancario, por ejemplo.

La otra cuando el delito se comete, pero nadie está enterado hasta que se descubre el delito y al autor del mismo. El plagio y la usurpación de profesión de Yasmín Esquivel apenas salió a la luz pública con la espléndida investigación de Guillermo Sheridan. Ese día precisamente comenzó a correr el tiempo de la prescripción.

Pero aún más. Yasmín Esquivel se encargó de hacer imprescriptible el delito de usurpación de profesión. Aparece en su agenda del servicio público que toda la vida se ha dedicado a actividades relacionadas con el derecho. Cada vez que realice una actividad penal o civil judicial en ese momento se actualiza el delito, y la prescripción comienza a correr cuando cesa en esa función. Pero si vuelve a ejercer otra vez funciones jurisdiccionales de nuevo se actualiza el delito y así hasta el infinito. Tendría que dejar pasar tres años y medio y jamás volver a realizar una actividad jurisdiccional para obtener los beneficios de la prescripción definitiva en la usurpación de profesión.

Pero Esquivel Mossa es también candidata a juicio político como lo previene el Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Por faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho”. Y Yasmín Esquivel ha ofendido a la UNAM, al pueblo de México y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La otra damnificada de López Obrador es la chica casadera sexagenaria Claudia Sheinbaum. Las cuatro fatales caídas del Metro le han deteriorado y aplastado la ansiada candidatura presidencial por Morena. Carga en su cuenta de ineptitud e irresponsabilidad los 31 muertos de los accidentes ocurridos en el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México. Todo lo que pase en el Metro durante su trágica administración es su responsabilidad.

En su afán por capturar las preferencias del demagogo de Palacio, ha dejado de gobernar la capital de la República y se ha dedicado a viajar por el resto del país. El día del accidente donde perdió la vida una niña, tardó tres horas en llegar porque se encontraba de gira por el estado de Michoacán con una disertación que podría ser sacada de un cuento macabro: “Políticas públicas exitosas en la Ciudad de México”.

Han resultado tan exitosas sus políticas que ese día hubo una muerta y 106 heridos por su inepcia, su irresponsabilidad y su indolencia. Las tres íes que caracterizan un gobierno de caducidad anticipada y una ya advertida candidatura frustrada, con perjuicio incluso para Delfina Gómez en la elección del Estado de México. Han sido tan exitosas sus políticas que en la elección intermedia de 2021 perdió la mitad de las alcaldías en la Ciudad de México.

Cuando candidata al gobierno de la capital de la República Claudia Sheinbaum hacía gala de la demagogia copiada a su mentor López Obrador al sostener: “El problema del Metro es de opacidad, frivolidad y corrupción. Vamos a invertir millones de pesos para convertirlo en el mejor Metro”.  Hoy Claudia Sheinbaum está salpicada de frivolidad, opacidad, excesiva corrupción y homicidios por acción y omisión.

Ahora para restituirle una candidatura casi perdida se anuncia que 6,060 efectivos de la Guardia Nacional estarán presentes en el Metro para darle seguridad a los usuarios. No se sabe exactamente cuál será el papel de la Guardia Nacional, ya que el problema no es de vigilancia sino de mantenimiento, lo que la Sheinbaum prometió en campaña y hasta hoy no ha cumplido con los saldos de dolor, muertes y hogares enlutados.

Como el lopezobradorismo se distingue por el chantaje y la manipulación, Andrés Manuel dice que los problemas del Metro son sabotajes, puesto que el transporte ha sufrido en los últimos días al menos tres incidentes anormales.

No son anormales cuando se le ha dejado de dar mantenimiento durante el fracaso de la izquierda de la Ciudad de México que gobierna desde el año de 1997.  Y si como dice el mitómano de las Mañaneras hay sabotaje y mala fe para perjudicar las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum, lo procedente es presentar a los saboteadores  para procesarlos y encarcelarlos.

No puede haber sabotaje cuando se ha dejado de dar mantenimiento a trenes que lo requieren cada 500 mil kilómetros. Los mismos trabajadores han denunciado equipos que rebasan los un millón 900 mil kilómetros sin mantenimiento. Ello significa falta de cuatro mantenimientos a trenes que muestran severos síntomas de fatiga. Y de eso es responsable Claudia Sheinbaum que desvía recursos del Metro hacia su campaña adelantada.

En las encuestas a los usuarios se hace con trampa.  Presumen que el 70 por ciento de ellos está de acuerdo con la presencia de la Guardia Nacional en el Metro. El sesgo de la pregunta es evidente. Debió de haber sido: ¿Los accidentes del Metro son problemas de mantenimiento o de seguridad? El resultado para Claudia Sheinbaum sería lapidario. Todo mundo sabe que el problema es de mantenimiento y no de sabotaje.

En un país serio y con instituciones de verdad, Yasmín Esquivel y Claudia Sheinbaum ya estarían, cuando menos, separadas del cargo y sujetas a proceso penal.

Lo cierto es que se trata de proteger la candidatura de la Sheinbaum y continuar con la militarización del país.  Ampliaremos…

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