Salió muy cara la cena del restaurante * La acción del ex director de Pemex provocó el enojo del Presidente porque puso en tela de duda la lucha de la Cuarta Transformación contra la corrupción y la impunidad

 

POR FRAY LALITO

 

A unos días de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador acuda a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hablar de la manera “ejemplar” en que México combate la corrupción, el único y más emblemático caso de su gobierno, el de Emilio Lozoya, dio un viraje de 180 grados, cuando el 3 de noviembre se presentó por vez primera -desde que fue extraditado en agosto de 2020- ante el juzgado federal y fue puesto en prisión preventiva de manera sorpresiva.

Cenar pato “Pekín” en su condición de delincuente confeso y “testigo colaborador” le salió muy caro. Con la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, y el juez de dejarlo en prisión, “ya saben quién”, le dijo “Tenga para que aprenda”.

Para que aprenda a no ser cínico, imprudente y soberbio. Para que aprenda cuál es su limitado papel en este juego de “combate a la corrupción”, sólo ser una marioneta del Presidente y de la FGR, para inculpar a todos los enemigos políticos que se le indiquen… pero de ninguna manera ponerse en medio, para que se ponga en tela de duda la lucha contra la corrupción y la impunidad de este gobierno.

El caso “Lozoya” no se inició con la llegada de la 4T al poder. Desde diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de EU reveló que la constructora brasileña dio sobornos por 10.5 mdd a un alto funcionario de Pemex que resultó ser Emilio Lozoya Austin.

Señaló que ese dinero se recibió en partes: una en octubre de 2013, cuando Odebrecht pagó 4.5 mdd, y de diciembre de 2013 a 2014, se hizo otro pago de 6 mdd.

Un elemento clave en el inicio de la investigación, el ex fiscal de delitos electorales en la administración de Enrique Peña Nieto, Santiago Nieto, le costó ser removido del cargo cuando tenía en sus manos el caso.

Tras aproximadamente dos años de investigación y con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, retomó sus apuntes ahora como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y planteó que Lozoya era el principal responsable en el caso Odebrecht en México.

El trato privilegiado del “testigo colaborador” cambió radicalmente. No sabemos “quién” dio línea a la FGR para que, de último minuto y durante la diligencia, los fiscales confirmaran solicitud de sujetar a prisión preventiva a Lozoya debido a que existen nuevos datos de que, al menos, tiene acceso a 2 millones de dólares y a que en todo este tiempo no ha manifestado intenciones de reparar el daño ocasionado en el caso Odebrecht que se calcula en por lo menos 7 millones de dólares.

Otro de los argumentos vertidos por la FGR fue la cena en la que Lozoya fue exhibido en redes sociales en un lujoso restaurante que demostraría que tiene recursos y acceso a una red de contactos que le pueden ayudar a evadirse de la justicia.

Ante esto, el juez de control José Artemio Zúñiga determinó que Lozoya permanecerá en el Reclusorio Norte, sujeto a prisión preventiva justificada, en donde enfrentará su proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El juez consideró los lazos familiares que tiene que le pueden ayudar a fugarse, los recursos a los que tiene acceso y que las penas a las que se enfrente alcanzarían 30 años de prisión, lo que podría incentivar su intención de evadirse, para señalar que existe un elevado riesgo de fuga y mantenerlo en el Reclusorio Norte.

El juez también otorgó una prórroga de un mes, no a 60  días como era la petición de la defensa del ex director de Pemex como plazo para ampliar la investigación y presentar pruebas.

 

DOS CASOS EMBLEMÁTICOS

Hasta ahora hay dos casos emblemáticos del gobierno de la Cuarta Transformación sobre impartición de justicia. El de Rosario Robles que se encuentra en prisión desde julio de 2019, por “falsificación de una licencia”, que demuestra su intención de huir de la justicia, y el Emilio Lozoya, que ya había huido. Fue extraditado de España en julio de 2020 y desde agosto de 2021 realizó sus primeras “denuncias” en calidad de “testigo colaborador”.

En todos los sexenios “neoliberales” la justicia penal se caracterizó por sesgos políticos tratándose de personajes políticos valga la redundancia. A juzgar por el derrotero que han tomado estos dos casos, corremos el riesgo de tener  más de lo mismo… si no es que una nueva versión corregida y aumentada.

Existen presuntas declaraciones de Lozoya en las que “confiesa” haber recibido de Odebrecht la cantidad de 4 millones de dólares para la campaña de EPN. Esto, si se comprobara, habría sido un delito electoral que ya prescribió, pero que será muy útil para que AMLO diga una y otra vez que tenía razón respecto a los corruptos del PRIAN.

En lo concerniente a sobornos para la “Reforma Energética” y líderes del Pacto por México y para continuidad proyectos se mencionan montos y nombres. En principio 100 mdp entregados a Ernesto Cordero, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya; 80 mdp a senadores del PAN (cuyos nombres mencionamos más adelante); 6.8 mdp a diputados a través de Ricardo Anaya; 34 mdp al director de Finanzas del PRI y 12 mdp a funcionarios priístas; 6 mdp a David Penchyna y otros 12 mdp a Carlos Treviño Medina.

Estarían por conocerse las pruebas de Lozoya, pero si después de 15 meses no las ha presentado, existen dudas de que se pueda llamar a cuentas a la justicia a los personajes mencionados. Ellos dirán que son infundios. AMLO y Morenos dirán teníamos razón respecto al PRIAN, pero lo que sí es claro es que el caso Lozoya dará mucho material para sacar provecho político.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá tela de dónde cortar para sus “mañaneras”. Narrativa política-electoral de aquí a algunos meses, para marzo de 2022 para la “revocación” y quizá para explotar el caso hasta 2024.

 

TESTIGO COLABORADOR

La figura del “Testigo colaborador” se deriva de la aplicación de los “criterios de oportunidad” establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su Artículo 256, a la letra dice: “Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido”.

Por su parte el artículo 257 del mismo ordenamiento establece: Efectos del criterio de oportunidad……… “La aplicación de los criterios de oportunidad extinguirá la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio…”

En consonancia con lo que establecen las disposiciones anteriores, la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal, define puntualmente qué es un “Testigo colaborador”: “Es la persona que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos. Podrá ser testigo colaborador, aquella persona que haya sido o sea integrante de la delincuencia organizada, de una asociación delictiva, o que pueda ser beneficiario de un criterio de oportunidad”.

Hay quienes especulan que es fundamental para este  proceso que Emilio Lozoya no acuse a sus iguales o subalternos y que tendría que señalar a personas con un cargo jerárquico mayor.

El caso Lozoya puede ser el parteaguas para que el gobierno de la 4T proceda legalmente y dejar de lado “juicios mediáticos”. El mayor riesgo es la expectativa de los “peces gordos”. El “pueblo” querrá sangre en el río y pruebas de que hay un cambio en el combate a la corrupción y la impunidad.

Para muchos la única muestra irrefutable es que caigan altos funcionarios, empresarios e incluso ex presidentes o sus familiares. La presión mediática será mayúscula y muy pronto -de no haber varios “peces gordos” tras las rejas- se empezará a hablar de que fue una simulación. La condición para castigar la corrupción debe cumplir con dos premisas: que se fundamente legalmente y se castigue ejemplarmente.

En el caso “Odebrecht” se tejió una red de sobornos en  América Latina. Países como Brasil, Perú, Uruguay, Chile, Colombia y Argentina nos llevan ventaja en esta materia de combate a la corrupción. Algunos han llevado a prisión a ex presidentes como Perú, Brasil, Guatemala y Argentina.

En Brasil la operación “Lava Jato” fue el escándalo que destapó una red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos de casi todos los partidos para obtener contratos con Petrobras, la petrolera estatal.

La operación “Lava Jato” ya antes había llevado al encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que fue sentenciado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, por recibir un apartamento frente al mar de una constructora a cambio de favores.

 

EN MÉXICO, PERSECUCIÓN A CORRUPTOS DE MANERA SELECTIVA 

A diferencia de otros países, el uso político de la justicia que se ha hecho en México, donde se persigue a los corruptos de manera selectiva, señala un estudio publicado por el CIDE y agrega que “La política siempre será parte de estos procesos de alto impacto, y por ello es preferible tener un marco legal y de instancias con una fuerte capacidad técnica, para que toda acusación e investigación anticorrupción esté sustentada fuertemente en razones legales y normas explícitas. De otra manera, se convierte la lucha anticorrupción en una cacería política sesgada y parcial”.

Si el caso Lozoya se convierte en cacería política, más mediática que legal, millones de mexicanos nos lamentaremos que en materia de combate a la corrupción no se den avances.

Si el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere atacar en serio lo que él llama “el peor cáncer de México” y su meta -de verdad- es ir por los corruptos, debe, en primer término, evitar opinar sobre los casos. Debe cumplir con su principal promesa de campaña, comprometerse con hechos y fortalecer nuestro Sistema de Justicia Penal, haciendo valer la “autonomía” de la FGR y, en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, avanzar en su implementación.

En suma, el Presidente debe permitir que las instituciones actúen con plena autonomía e independencia y con absoluto apego a la legalidad.