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LA REVISTA

‘Tenga para que aprenda’: Lozoya se va a prisión

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Salió muy cara la cena del restaurante * La acción del ex director de Pemex provocó el enojo del Presidente porque puso en tela de duda la lucha de la Cuarta Transformación contra la corrupción y la impunidad

 

POR FRAY LALITO

 

A unos días de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador acuda a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hablar de la manera “ejemplar” en que México combate la corrupción, el único y más emblemático caso de su gobierno, el de Emilio Lozoya, dio un viraje de 180 grados, cuando el 3 de noviembre se presentó por vez primera -desde que fue extraditado en agosto de 2020- ante el juzgado federal y fue puesto en prisión preventiva de manera sorpresiva.

Cenar pato “Pekín” en su condición de delincuente confeso y “testigo colaborador” le salió muy caro. Con la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, y el juez de dejarlo en prisión, “ya saben quién”, le dijo “Tenga para que aprenda”.

Para que aprenda a no ser cínico, imprudente y soberbio. Para que aprenda cuál es su limitado papel en este juego de “combate a la corrupción”, sólo ser una marioneta del Presidente y de la FGR, para inculpar a todos los enemigos políticos que se le indiquen… pero de ninguna manera ponerse en medio, para que se ponga en tela de duda la lucha contra la corrupción y la impunidad de este gobierno.

El caso “Lozoya” no se inició con la llegada de la 4T al poder. Desde diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de EU reveló que la constructora brasileña dio sobornos por 10.5 mdd a un alto funcionario de Pemex que resultó ser Emilio Lozoya Austin.

Señaló que ese dinero se recibió en partes: una en octubre de 2013, cuando Odebrecht pagó 4.5 mdd, y de diciembre de 2013 a 2014, se hizo otro pago de 6 mdd.

Un elemento clave en el inicio de la investigación, el ex fiscal de delitos electorales en la administración de Enrique Peña Nieto, Santiago Nieto, le costó ser removido del cargo cuando tenía en sus manos el caso.

Tras aproximadamente dos años de investigación y con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, retomó sus apuntes ahora como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y planteó que Lozoya era el principal responsable en el caso Odebrecht en México.

El trato privilegiado del “testigo colaborador” cambió radicalmente. No sabemos “quién” dio línea a la FGR para que, de último minuto y durante la diligencia, los fiscales confirmaran solicitud de sujetar a prisión preventiva a Lozoya debido a que existen nuevos datos de que, al menos, tiene acceso a 2 millones de dólares y a que en todo este tiempo no ha manifestado intenciones de reparar el daño ocasionado en el caso Odebrecht que se calcula en por lo menos 7 millones de dólares.

Otro de los argumentos vertidos por la FGR fue la cena en la que Lozoya fue exhibido en redes sociales en un lujoso restaurante que demostraría que tiene recursos y acceso a una red de contactos que le pueden ayudar a evadirse de la justicia.

Ante esto, el juez de control José Artemio Zúñiga determinó que Lozoya permanecerá en el Reclusorio Norte, sujeto a prisión preventiva justificada, en donde enfrentará su proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El juez consideró los lazos familiares que tiene que le pueden ayudar a fugarse, los recursos a los que tiene acceso y que las penas a las que se enfrente alcanzarían 30 años de prisión, lo que podría incentivar su intención de evadirse, para señalar que existe un elevado riesgo de fuga y mantenerlo en el Reclusorio Norte.

El juez también otorgó una prórroga de un mes, no a 60  días como era la petición de la defensa del ex director de Pemex como plazo para ampliar la investigación y presentar pruebas.

 

DOS CASOS EMBLEMÁTICOS

Hasta ahora hay dos casos emblemáticos del gobierno de la Cuarta Transformación sobre impartición de justicia. El de Rosario Robles que se encuentra en prisión desde julio de 2019, por “falsificación de una licencia”, que demuestra su intención de huir de la justicia, y el Emilio Lozoya, que ya había huido. Fue extraditado de España en julio de 2020 y desde agosto de 2021 realizó sus primeras “denuncias” en calidad de “testigo colaborador”.

En todos los sexenios “neoliberales” la justicia penal se caracterizó por sesgos políticos tratándose de personajes políticos valga la redundancia. A juzgar por el derrotero que han tomado estos dos casos, corremos el riesgo de tener  más de lo mismo… si no es que una nueva versión corregida y aumentada.

Existen presuntas declaraciones de Lozoya en las que “confiesa” haber recibido de Odebrecht la cantidad de 4 millones de dólares para la campaña de EPN. Esto, si se comprobara, habría sido un delito electoral que ya prescribió, pero que será muy útil para que AMLO diga una y otra vez que tenía razón respecto a los corruptos del PRIAN.

En lo concerniente a sobornos para la “Reforma Energética” y líderes del Pacto por México y para continuidad proyectos se mencionan montos y nombres. En principio 100 mdp entregados a Ernesto Cordero, José Antonio Meade y José Antonio González Anaya; 80 mdp a senadores del PAN (cuyos nombres mencionamos más adelante); 6.8 mdp a diputados a través de Ricardo Anaya; 34 mdp al director de Finanzas del PRI y 12 mdp a funcionarios priístas; 6 mdp a David Penchyna y otros 12 mdp a Carlos Treviño Medina.

Estarían por conocerse las pruebas de Lozoya, pero si después de 15 meses no las ha presentado, existen dudas de que se pueda llamar a cuentas a la justicia a los personajes mencionados. Ellos dirán que son infundios. AMLO y Morenos dirán teníamos razón respecto al PRIAN, pero lo que sí es claro es que el caso Lozoya dará mucho material para sacar provecho político.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá tela de dónde cortar para sus “mañaneras”. Narrativa política-electoral de aquí a algunos meses, para marzo de 2022 para la “revocación” y quizá para explotar el caso hasta 2024.

 

TESTIGO COLABORADOR

La figura del “Testigo colaborador” se deriva de la aplicación de los “criterios de oportunidad” establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su Artículo 256, a la letra dice: “Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido”.

Por su parte el artículo 257 del mismo ordenamiento establece: Efectos del criterio de oportunidad……… “La aplicación de los criterios de oportunidad extinguirá la acción penal con respecto al autor o partícipe en cuyo beneficio se dispuso la aplicación de dicho criterio…”

En consonancia con lo que establecen las disposiciones anteriores, la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el procedimiento penal, define puntualmente qué es un “Testigo colaborador”: “Es la persona que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando otros medios de prueba conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros sujetos. Podrá ser testigo colaborador, aquella persona que haya sido o sea integrante de la delincuencia organizada, de una asociación delictiva, o que pueda ser beneficiario de un criterio de oportunidad”.

Hay quienes especulan que es fundamental para este  proceso que Emilio Lozoya no acuse a sus iguales o subalternos y que tendría que señalar a personas con un cargo jerárquico mayor.

El caso Lozoya puede ser el parteaguas para que el gobierno de la 4T proceda legalmente y dejar de lado “juicios mediáticos”. El mayor riesgo es la expectativa de los “peces gordos”. El “pueblo” querrá sangre en el río y pruebas de que hay un cambio en el combate a la corrupción y la impunidad.

Para muchos la única muestra irrefutable es que caigan altos funcionarios, empresarios e incluso ex presidentes o sus familiares. La presión mediática será mayúscula y muy pronto -de no haber varios “peces gordos” tras las rejas- se empezará a hablar de que fue una simulación. La condición para castigar la corrupción debe cumplir con dos premisas: que se fundamente legalmente y se castigue ejemplarmente.

En el caso “Odebrecht” se tejió una red de sobornos en  América Latina. Países como Brasil, Perú, Uruguay, Chile, Colombia y Argentina nos llevan ventaja en esta materia de combate a la corrupción. Algunos han llevado a prisión a ex presidentes como Perú, Brasil, Guatemala y Argentina.

En Brasil la operación “Lava Jato” fue el escándalo que destapó una red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos de casi todos los partidos para obtener contratos con Petrobras, la petrolera estatal.

La operación “Lava Jato” ya antes había llevado al encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), que fue sentenciado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, por recibir un apartamento frente al mar de una constructora a cambio de favores.

 

EN MÉXICO, PERSECUCIÓN A CORRUPTOS DE MANERA SELECTIVA 

A diferencia de otros países, el uso político de la justicia que se ha hecho en México, donde se persigue a los corruptos de manera selectiva, señala un estudio publicado por el CIDE y agrega que “La política siempre será parte de estos procesos de alto impacto, y por ello es preferible tener un marco legal y de instancias con una fuerte capacidad técnica, para que toda acusación e investigación anticorrupción esté sustentada fuertemente en razones legales y normas explícitas. De otra manera, se convierte la lucha anticorrupción en una cacería política sesgada y parcial”.

Si el caso Lozoya se convierte en cacería política, más mediática que legal, millones de mexicanos nos lamentaremos que en materia de combate a la corrupción no se den avances.

Si el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere atacar en serio lo que él llama “el peor cáncer de México” y su meta -de verdad- es ir por los corruptos, debe, en primer término, evitar opinar sobre los casos. Debe cumplir con su principal promesa de campaña, comprometerse con hechos y fortalecer nuestro Sistema de Justicia Penal, haciendo valer la “autonomía” de la FGR y, en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, avanzar en su implementación.

En suma, el Presidente debe permitir que las instituciones actúen con plena autonomía e independencia y con absoluto apego a la legalidad.

LA FERIA

Gato encerrado en caso García Luna

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El testigo protegido que hundió al Chapo ahora va contra el extitular de la SSP a cambio de beneficios * Genaro difícilmente puede explicar el origen de sus recursos, pero de eso a asegurar que era cómplice del Cártel de Sinaloa, hay una distancia sideral… y más si la acusación viene de Jesús ‘El Rey’ Zambada

 

ADOLFO LÓPEZ MAÑÓN

 

¡Vaya!

A tía Tencha todos le sacábamos la vuelta por la peligrosidad de su lengua. Deshizo prestigios, noviazgos y matrimonios, y si alguien la enfrentaba, siempre respondía: -Yo nomás digo –pues sí.

 

ARREMETIDA PRESIDENCIAL CONTRA GARCÍA LUNA

El miércoles pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al asunto de Genaro García Luna, detenido en diciembre de 2019 en EU, acusado de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa, conspiración y declaraciones falsas, por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York. Está preso esperando su juicio.

Este menda no hará la apología de tal personaje, de ninguna manera, pero tampoco de la Fiscalía de allá ni de los testigos protegidos que lo metieron en el lío. En EU hay más corrupción en ese ambiente que acá, sorpréndase.

Es un asunto enredado. Por un lado, García Luna ocupó cargos relacionados con el combate al crimen organizado, del sexenio de Zedillo hasta el de Calderón, con distintos jefes directos, entre ellos el actual fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Trabajó en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en la Procuraduría General de la República (PGR), y como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Genaro recibió importantes reconocimientos: en 1996 en México, la Excelencia del Cisen y la Medalla al Valor; España en 2001, le otorgó la condecoración de la Orden del Mérito Policial; la International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALEIA), Capítulo México, Premio al Servicio Profesional 2004; el FBI le entregó también en 2004, el reconocimiento por investigaciones y arrestos de fugitivos; la DEA en 2004, le entregó otro reconocimiento por su valiosa colaboración en la lucha contra el narcotráfico; la Policía Nacional de Ecuador en 2005, la Medalla Insignia Policía Nacional; igual en 2005, la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, le otorgó el Distintivo de Plata; el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en 2011 le entregó la Medalla al Mérito categoría Excepcional. ¡Vaya!

Todos esos reconocimientos de la mayor relevancia en su género, valen sorbete contra la palabra de un narcotraficante preso en EU, que declara contra él a cambio de obtener beneficios y reducción de sentencias. ¡Vaya!

Son acusaciones muy graves las que pesan contra García Luna y sería de suponer que la Fiscalía yanqui debería tener pruebas muy sólidas… pero no inicia el juicio, mientras terminan de cuadrar los cargos y juntar las pruebas. ¡Vaya!

Se puede anticipar por cómo se las gasta el tío Sam, que el tal Genaro difícilmente sale libre, pero a ver qué dicen el FBI, la DEA y la Interpol; España, Ecuador, Colombia y los mismos EU, que lo condecoraron. ¡Ah! y México.

Obviamente para los que tienen obsesión contra el expresidente Calderón ha sido una fiesta, porque suponen como un hecho indiscutible que fue cómplice del tal Genaro, por ser su jefe directo, sin darse cuenta que con ese mismo argumento después podrá acusarse al Presidente López Obrador de cualquier ilegalidad que le descubran a cualquiera de sus secretarios.

Y no, no es así, aunque el Presidente, este Presidente, haya ordenado la liberación del Chapito y saludado de mano a su mami, eso no lo hace cómplice de los narcos, faltaba más.

El miércoles el Presidente López Obrador mencionó que según las declaraciones en contra de García Luna, parte de los sobornos que recibía llegaban a Los Pinos (a Calderón, pues). Pero agregó:

“(…) Los que están atendiendo el juicio tienen que aclarar cuando menos son -sic- tres cosas: una, si es cierto todo lo que está en el expediente, si se prueban las acusaciones; es decir, si no está fabricada la acusación. (…) y si son buenas las pruebas hasta dónde va llegar el caso, ¿nada más va ser García Luna?, ¿fue sólo él o se va ampliar?”.

Pues sí, de ser ciertas las acusaciones, tal vez el García Luna tuvo cómplices entre sus subordinados, pero es muy difícil de creer que alguien llegue a ver al Presidente de la República con maletas de dinero, de parte del Cártel de Sinaloa, que según la acusación del testigo protegido de la Fiscalía yanqui, era el que lo sobornaba.

Y ya en esas, no se entiende que si García Luna era cómplice del Cártel de Sinaloa, esto es, del Chapo, haya detenido a Víctor Manuel Félix Félix, consuegro y compadre del Chapo; a su primo hermano Alfonso Gutiérrez Loera, ‘El Canelo’; a José Antonio Torres ‘El Marrufo’, líder del brazo armado del Cártel de Sinaloa; a Antonio Mendoza Cruz ‘El Primo Tony’, uno de los hombres más cercanos al Chapo; a Manuel Fernández Valencia, ‘La Puerca’, encargado de recuperar el dominio del Cártel en Jalisco, nada más; a Sandra Ávila Beltrán ‘La Reina del Pacífico’.

En resumen: del cártel del Chapo enchiqueró García Luna no menos de 16 cabecillas y cerca de 300 malandrines de menor monta.

Este su texto servidor no mete las manos no al fuego, ni a la llave del agua caliente, por el García Luna que difícilmente puede explicar el origen de sus recursos, pero de eso a asegurar que era cómplice del Cártel de Sinaloa, hay una distancia sideral, y más si la acusación depende de un testigo protegido por la Fiscalía yanqui, que resultó ser Jesús ‘El Rey’ Zambada, que trabajó de 1987 a 2008 para el Chapo, el mismo que, a cambio de beneficios, declaró en contra del Chapo en su juicio en Nueva York.

Ya hablando de los recursos del Genaro, no se le olvide que el 19 de diciembre de 2019 el Presidente declaró: “Se conoció de una transferencia a una cuenta particular o de la familia, de un recurso que surgió de Gobernación y al parecer se transfirió una parte a una cuenta personal de un familiar de García Luna”. Y Santiago Nieto precisó que eran 2 mil millones de pesos. O sea que el Genaro no tiene llenadera, con acceso a esas cantidades, encima se ponía en renta de un cártel, arriesgando todo, su vida también. Algo no checa.

Y ese mismo día el Presidente declaró que en lo de García Luna, “(…) hemos decidido cooperar en la investigación, en lo que se solicite, (pero) no iniciar nosotros ninguna investigación”.

Ninguna investigación. ¡Vaya!

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HOJAS LIBRES

De la tierra de Belisario a zona de sicarios

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De un lugar turístico de clase mundial a una región violenta por cárteles * Urgen la desaparición de poderes y el juicio político contra Rutilio Escandón

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

La patria mexicana se ha convertido en un gigantesco cementerio. A diario aparecen ejecutados, lo mismo en Guanajuato que en Michoacán, en Zacatecas y en Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz. El Triángulo Dorado –Chihuahua, Sinaloa y Durango-, donde campantemente se pasea López Obrador, ha cobrado decenas de víctimas sumidas en la impunidad.

La nota mayor en las últimas semanas la ha dado el estado de Chiapas. Como nunca han aparecido cuerpos desmembrados y encostalados en la carretera de Chiapa de Corzo. Los últimos asesinatos de Frontera Comalapa, las siete ejecuciones en la zona de Marqués de Comillas, entre ellos un menor de apenas 10 años de edad.

La pérdida de control territorial en la entidad y la incontrolada violencia anuncian juicio político y desaparición de poderes para el gobierno de Rutilio Escandón.

Los 18 municipios de la zona indígena se han convertido en tierra de nadie. Chenalhó, Pantelhó, San Andrés Larráinzar, Mitontic y sobre todo Chamula se han convertido en gobiernos paralelos al fallido gobierno de Rutilio Escandón.

Desde hace seis meses los 25 desaparecidos en el municipio de Pantelhó no aparecen. Se hace presente la sentencia de Rubén Figueroa, gobernador de Guerrero entre 1969 y 1975, cuando le preguntaron sobre los desaparecidos en esa entidad, indolente y cínico contestó el tigre de Huitzuco: ”Si están desaparecidos, están muertos”. La frase le aplica al lamentable gobierno de Rutilio Escandón en este 2022.

Por primera vez Chiapas se ha puesto al nivel de los estados del norte y centro del país en donde prevalece la inseguridad, la violencia y la impunidad. Una muestra de la incapacidad del que se dice gobernador de Chiapas la dio la semana pasada cuando un grupo de motonetos en San Cristóbal de las Casas pretendió asaltar la tienda Walmart e hizo disparos al aire con armas largas.

La noticia de lo sucedido en San Cristóbal caminó por todo México y traspasó las fronteras del territorio nacional, en tanto que la respuesta del rutilante gobernador fue demagógica, irresponsable y de ficción.

Diría el (des)gobernador de Chiapas: El pueblo de Chiapas es un pueblo bueno, fraterno y de amor al próximo. “El pueblo cuenta con su gobierno y todo el que cometa un delito será sujeto de la ley”. Sólo faltó al improvisado predicador ponerle a su lamentable perorata capítulo 4T, versículo 4T, para estar al nivel de Lucas, Mateo, Juan y Marcos.

Habría que preguntarle entonces al sedicente gobernador cómo se mide la bondad de un pueblo, su fraternidad y su amor al prójimo, en un estado de desecho, cuando que los desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales, gobiernos paralelos en abierta confrontación con el gobierno de Chiapas, contradicen la versión de un gobierno ineficaz y sin sentido.

Rutilio tiene miedo y no se atreve a enfrentar el desorden que prevalece en la geografía estatal.

Hasta hoy Rutilio Escandón, la escondida secretaria de Gobierno, Cecilia Flores, la corrupta secretaria de Seguridad Pública, Gabriela Zepeda, y el improvisado fiscal general, Olaf Gómez Henández, ninguna explicación han dado de todas las ejecuciones y desapariciones en Chiapas.

El más lapidario juicio en contra del gobierno escandonista, por los sucesos de San Cristóbal, la dio José Cárdenas desde su programa Tele fórmula: “Hay algunos negligentes (léase Rutilio Escandón) que pretenden ocultar el sol con un dedo cuando todos sabemos que los motonetos pelean por el control del mercado del norte en donde se expende piratería, drogas, armas, vehículos robados y robo de autopartes”, entre otras actividades ilícitas practicadas por los motonetos y sus secuaces.

¿Cuántos detenidos hay? por el asesinato de Rubén de Jesús Valdez Díaz, presidente municipal de Teopisca. Es el anuncio anticipado de que de que no tarda en haber más atentados mortales en contra de la vida de algún otro de los ediles.

Ninguna explicación de la renuncia en pleno del ayuntamiento constitucional teopisquence. Ninguna declaración oficial sobre la desaparición de los poderes municipales. Lo único que se evidencia es el temor de un atentado de síndico y regidores.

El estado de indefensión es patético ante un gobierno incapaz de garantizar la vida y el patrimonio de los mismos servidores públicos.

La refinación de la delincuencia organizada en la zona indígena ha creado el neologismo “etnopornografía”. Hoy es común ver la distribución y venta de videos en los que aparecen mujeres indígenas, algunas de ellas menores de edad, expuestas en relaciones sexuales filmadas clandestinamente y sin su consentimiento.

Es una nueva forma de trata, pederastia y esclavitud que el gobierno de Rutilio Escandón se niega a reconocer y a combatir.

Mientras Rutilio se la pasa inaugurando obritas en el estado y turistea los fines de semana en la costa de Chiapas, la tierra de Belisario Domínguez se desangra.

Ninguna noticia y el olvido absoluto del asesinato de Nora López León, defensora de la tierra y el ambiente, encontrada muerta en la habitación de un hostal de Palenque.

El doble homicidio del matrimonio formado por los septuagenarios Renato José Zarate y su esposa Lauren, ejecutados en una brecha de la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal. Defensores también del ambiente andaban detrás de los depredadores de la flora, la fauna y especies maderables en aserraderos clandestinos.

La Fiscalía de Justicia Indígena abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de los dos ambientalistas. Fallida resultó esa fiscalía. Su titular Gregorio Pérez Gómez fue nombrado interlocutor entre el gobierno de Chiapas y los grupos de autodefensa formados en el municipio de Pantelhó para expulsar al crimen organizado.

El argumento para su designación fue que Pérez Gómez pertenecía a la misma etnia, hablaba la misma lengua y conocía los usos y costumbres de la población. Nada de eso valió para la delincuencia organizada. A Gregorio se le nombró el 9 de agosto de 2021 y el día 11 terminó ejecutado.

La trascendencia de este homicidio quedó en evidencia cuando la misma secretaria de Seguridad Pública federal, Rosa Icela Rodríguez, dio la noticia de tres detenciones sin que a ciencia cierta se sepa si los detenidos son realmente los asesinos materiales.

El mes pasado estuvo de visita en Chiapas la diputada federal Patricia Armendáriz Guerra. Le hizo saber a Rutilio Escandón que su familia tenía una propiedad en la zona de Chamic y que grupos de delincuencia organizada le impedían el paso. Con el mismo patrón de conducta y discurso desgastado de López Obrador, Rutilio dijo a la legisladora que esas eran versiones de los conservadores.

Lamentable, cómoda y pobre justificación. Toda la tragedia de Chiapas no es obra de los conservadores, de los retrógradas, de los opositores al régimen ni del neoliberalismo.

Es consecuencia de la incapacidad, la indolencia y la irresponsabilidad de un gobierno que se encuentra impedido para imponer el orden y hacer prevalecer el Estado de Derecho en Chiapas.

Ni duda cabe que Chiapas está entre la sangre y la indolencia de Rutilio Escandón. Ampliaremos…

 

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EN PRIMERA PERSONA

México, rehén de los criminales

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No es violencia combatir a la delincuencia con las armas que contempla la ley * ¡Cuántos muertos en México!, la frase del Papa que cimbró al país; ¿y qué del clamor del pueblo? * “Ya llegamos y no nos vamos”, el reto del narco y los grupos armados al gobierno * Abrazos, no balazos, insiste López Obrador y culpa a Felipe Calderón

 

MAURICIO ORTEGA CAMBEROS

 

El Artículo 87 de nuestra Carta Magna dice:

“El presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta:

El Papá Francisco encendió el debate al decir “cuántos muertos en México”

‘Protesto guardar (cumplir) y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen… y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande’”.

Nuestras leyes, además, son bastante claras y precisas al señar que una de las principales obligaciones del gobierno es garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes. También la Constitución y las leyes que emanan de ella son profusas en cuanto a la obligación que tiene el Estado mexicano de combatir a la delincuencia y a los criminales.

Felipe Calderón ya tiene su lugar en la historia por su fallida (y selectiva, acusan algunos) guerra contra el narcotráfico.

Cambiar una estrategia anticrimen para obtener mejores resultados puede estar bien y sería aceptable a la luz de los beneficios que dé a la sociedad. Pero establecer un plan que vaya en sentido contrario a lo que mandata la ley ¡es inaceptable! Vamos, aunque esa estrategia garantizara la seguridad de los mexicanos sería muy discutible y, como se señala, violatoria de la ley. Cuanto más, entonces, debe ser rechazada una estrategia que ni se apega a la legalidad ni cumple con los objetivos de paz y seguridad. Porque ser pasivo u omiso en el cumplimiento de las obligaciones también es quebrantar la ley.

El plan del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de (in)seguridad ya fracasó, y no sólo eso, también atenta contra la propia ley al no ceñirse a los que los mexicanos han aprobado legalmente a lo largo de la historia: perseguir y castigar sin contemplaciones a los criminales. Así de sencillo.

Daniel Picazo, joven profesionista, linchado en Huachinango, Puebla, al ser confundido como un robachicos.

“Abrazos, no balazos”, llama AMLO a su fallida estrategia. “La violencia no se combate con más violencia”, es otra de sus sobadas frases. Cierto, pero la violencia sí se debe atacar con las armas físicas (si no, para qué armar a las corporaciones policiacas) y las armas legales que la propia Constitución permite. Nadie le exige al gobierno violencia en su tarea, pues nadie en su sano juicio podría llamar “violencia” al hecho de que la justicia mexicana persiga a los criminales, aun si eso implicara enfrentarlos y aprehenderlos a balazos. Violencia no, pero justicia sí. Así está implícito y explícito en la propia ley.

A la luz de la realidad, tampoco les ha funcionado “atacar el problema desde la raíz”, como se ha presumido. Las becas que se entregan a los “ninis” con el objetivo de que no se sumen a las filas del crimen no han dado los resultados trazados. Y qué decir del combate a la pobreza. Ahora hay más gente en condiciones de precariedad que antes de comenzar este sexenio. La inflación galopa sin control y el crecimiento es nulo. Esos índices registrados en los sexenios anteriores (criticados duramente por la Cuarta Transformación) son ahora añorados por los propios morenistas.

Al grito de “ya llegamos y no nos vamos”, miembros del CJNG irrumpieron en Tizapán del Alto, Jalisco.

¿Quién traiciona más a la patria: el legislador que vota contra una propuesta del gobierno, o quien se pasa por el arco del triunfo la ley en un tema tan trascendental como es el ataque a la inseguridad? Es pregunta.

Ya una vez lo gritó a los cuatro vientos (refiriéndose a asuntos electorales): “no me vengan con que la ley es la ley”. Sí, López Obrador quien juró cumplir y hacer cumplir la ley, se burla de la Carta Magna, pero lo peor es que la hace a un lado, la desdeña. En los hechos, se siente (y se sienta) por encima de la ley. ¡Además lo alardea!

Nuevamente AMLO responsabiliza a Felipe Calderón ahora por la elevada cifra de homicidios.

Enumerar uno tras otro los actos violentos y de barbarie que tienen a México como rehén del hampa resultaría ocioso. Son los mexicanos quienes mejor los conocen. Los ricos y los pobres. Los empresarios y los trabajadores. Los pudientes y los no pudientes. Todos han caído en manos de estafadores, ladrones, secuestradores y demás tipo de criminales. Cobran por derecho de piso y quitan con violencia las pertenencias, todos los días, en el transporte público. Hay decenas de miles de desaparecidos. La gente está guardada en sus casas, pero tiene que salir a buscar el sustento diario, aunque ello implique jugarse la vida.

La respuesta oficial: “abrazos, no balazos”. ¿Terquedad? Mejor ese calificativo antes de aceptar una equivocación. Faltaba más. Esa palabra no existe en su diccionario.

Oídos sordos, la respuesta oficial a los feminicidios a lo largo y ancho del país.

El gobierno de López Obrador no tiene para dónde moverse. Sus propias cifras y resultados anticrimen lo desnudan. Van más de 120 mil homicidios en lo que va de su administración, superando los asesinatos que se cometieron durante los 6 años en la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (el villano favorito del residente de Palacio Nacional). Obligado por las declaraciones del Papa Francisco, y no por el hartazgo y clamor de los mexicanos, López Obrador intentó darle seriedad al tema. Porque eso fue, un vano intento por justificar a su gobierno.

Ante un contundente ¡CUÁNTOS MUERTOS EN MÉXICO! del Papa, el Presidente busca salirse por la tangente. Responsabiliza (así como lo escucha) a Felipe Calderón. ¡Cuánta obsesión! ¿O cuánto cinismo e ineptitud? Nadie en su sano juicio defendería la también fallida y sangrienta guerra del panista contra el narcotráfico. La historia ya alcanzó a Calderón en vida y el juicio lo ha puesto en el lugar que merece. Pero lo que le importa al “pueblo sabio” no es el ayer, sino el presente. ¿No por eso se le dio el voto mayoritario a López Obrador? ¿Dónde está el cambio prometido?

Ya lo buscaban, pero “El Chueco” estaba libre y asesinó a tres más. Ahora sí, lanzaron cacería.

No debe ser la condena del Papa lo que agite las aguas en México, pues estas ya son un torbellino de muerte y sangre. Los feminicidios están a la orden del día. Linchamientos como el del joven profesionista en Puebla ¿cómo se explican? Pueblos y ciudades tomadas por el crimen con un ofensivo y retador: “ya llegamos y no nos vamos”, claro con ametralladoras en mano y ante la mirada desconsolada de los habitantes. ¿Y las policías? ¿Y la Guardia Nacional? Pues como ya lo hemos visto: con la cabeza baja, en el mejor de los casos, o en plena sumisión y complicidad. Eso sí, se movilizan las caravanas de patrullas cuando el mal ya está hecho, cuando el niño se ha ahogado y, entonces sí, prometen ir hasta las últimas consecuencias. Pero ni así, pue ese discurso ya está gastado y nadie se lo traga.

Los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, víctimas colaterales de un ajuste de cuentas.

  • “Abrazos, no balazos…”
  • “Los delincuentes también son seres humanos…”
  • “No me vengan con que la ley es la ley…”
  • “La violencia no se combate con más violencia…”.
  • “Evitamos una masacre de gente inocente” (con la liberación del hijo de “El Chapo”).
  • La culpa es de Calderón. “Dicen que ahora hay más asesinatos que en la época de Felipe Calderón. Sí, nada más que nosotros recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba, y Calderón no lo recibió así…”

Esa es la posición oficial ante la debacle.

Gran consternación provocó dentro y fuera de México el crimen contra los curas en un lugar abandonado por las fuerzas del orden.

Los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, y del guía de turistas Pedro Palma en la sierra tarahumara por parte de “El Chueco” (quien gobierna en esa zona con su grupo criminal y quien ya debe varias vidas) es un claro retrato de lo que sucede en este lastimado país.

“Estamos en un estado fallido. Es la ley de la selva”. Esa fue la condena de rectores y directores de universidades jesuitas ante el crimen de los curas en Chihuahua, pero sobre todo ante la ola incontrolable de violencia en todo el país. Ese pesar, desencanto y miedo ya no es exclusivo de nadie, sino un sentir generalizado.

Inseguridad, asignatura pendiente

¿De qué hablarán en las reuniones de seguridad todas las madrugadas en Palacio Nacional? ¿Habrá alguien que levante la mano y cuestione la actual estrategia o proponga algo mejor? La respuesta es obvia. Quizá, para desgracia de los mexicanos, ocupan su tiempo y “talento” en el juego de las corcholatas.

 

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