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¿Y cuándo cárcel para Chíguil?

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Morena no acata la orden del juez de investigar nuevamente la tragedia del ‘News Divine’ * Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy deben pedir al alcalde de la Gustavo A. Madero dejar su cargo para ser enjuiciado, pero está claro que no les interesa dar justicia a víctimas

 

POR JORGE BUENDÍA GARCÍA

 

Ya son más de 13 años de la tragedia ocurrida en la discoteca ‘News Divine’ y todavía no hay justicia para las víctimas.

Desde 2019 está vigente la orden de un juez de investigar nuevamente la tragedia del ‘News Divine’,  pero Morena, que siempre pregona transparencia y un combate frontal a la impunidad, se hace de la vista gorda para esclarecer el caso.

Y para muestra un botón: Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy deben pedir al alcalde de la Gustavo A. Madero dejar su cargo para ser enjuiciado, pero se pasan por ‘el arco del triunfo’ la instrucción del juez porque no les interesa dar justicia a víctimas.

La jefa de Gobierno, la consentida del Presidente Andrés Manuel López Obrador, parece no acatar la instrucción presidencial: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

Así como Emilio Lozoya y Rosario Robles, funcionarios del sexenio pasado, están en la cárcel… ¿cuándo le tocará prisión a Chíguil?

 

ORDEN DEL JUEZ DATA DESDE 2019

Ángel Aarón Cámara Atristáin, juez del Sistema Procesal Acusatorio, ordenó una amplia investigación e imparcial a fin de que haya justicia para las víctimas de la tragedia del Nesw’s Divine y que los responsables no queden impunes, en este caso el alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil, y su coordinador de asesores, Rafael Bustamante.

Así lo determinó el impartidor de justicia al final de la audiencia celebrada el pasado 26 de febrero de 2019 en la Unidad de Gestión Número 8 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde Cámara Atristáin dejó sin efecto la petición del no ejercicio de la acción penal contra Chíguil por parte de la Fiscalía de la Coordinación de Ministerios Públicos Auxiliares de la fiscal Ernestina Godoy Ramos.

Después de tres horas de la audiencia y tras escuchar los argumentos del abogado de las víctimas, Moisés Martín Castillo Guerrero, el juez revocó las autorizaciones del no ejercido de la acción penal acordadas en las carpetas de investigación CI-FSP/B/UI-B-3 C/D/2313/06-2018 y CI-FSP/B/UI-B-3 y C/D2314/06-2018.

Presentes ese día estuvieron con el abogado Claudia Martínez Alcalá en representación de su hija -postrada en silla de ruedas- Jennifer Jiménez Martínez, así como Martín Rocha Sánchez, en representación de su menor hija y occisa Erika Janeth Rocha Maruri, así como la defensa del implicado Francisco Chíguil -vía la procuraduría capitalina-, los fiscales Francisco Moreno Vázquez y María del Carmen Fernández Trejo.

La petición del juez de realizar desde cero una investigación del caso se enmarca en el absoluto respeto al Sistema de Justicia Interamericano de Derechos Humanos y del cual México forma parte. Esto al considerar la actualización de “violaciones graves a los derechos humanos” de las víctimas respecto de los hechos ocurridos el 20 de junio de 2008 en la discoteca-bar denominada “New’s Divine” por los delitos de homicidio, lesiones, uso indebido de facultades y atribuciones, ejercicio ilegal del servicio público y corrupción de menores, y lo que resulte a raíz de las correspondientes investigaciones.

El juez Cámara Atristáin dejó en claro que los investigados en las carpetas señaladas son los ciudadanos Francisco Chíguil Figueroa y Rafael Bustamante Martínez, quienes actualmente ocupan cargos públicos, el primero como alcalde en la demarcación política de Gustavo A. Madero y el segundo se desempeña como coordinador de asesores de dicho alcalde.

Sin embargo, especificó que “las investigaciones de mérito deberán realizarse en forma amplia, es decir, además de las personas indicadas y cada una de las que pudieran resultar responsables por la comisión de un delito”.

Derivado de la resolución que tomó el juez, el 28 de febrero envió los oficios respectivos a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; al presidente del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Martín del Campo; a la procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, y a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández.

Ya casi va para 3 años la resolución del juez y Sheinbaum y Godoy siguen sin dar justicia a las víctimas.

A los anteriormente mencionados, Ángel Aarón Cámara les pide tomar las medidas que consideren necesarias a efecto de garantizar una investigación transparente y en igualdad de circunstancias de las víctimas directas e indirectas frente a los investigados respecto de los sucesos de la discoteca “New’s Divine”.

“En otras palabras, para evitar que por el simple hecho de tratarse de servidores públicos pudieran eventualmente generarse obstáculos para hacer efectivos los derechos fundamentales de las víctimas, así como las garantías correspondientes para hacerlos efectivos”, expresó el juez.

 

CHÍGUIL TIENE QUE RENUNCIAR AL CARGO

Más de una hora tardó el abogado defensor de las víctimas, Moisés Martín Castillo, en fundamentar la impugnación del no ejercicio de la acción penal en contra del alcalde Francisco Chíguil, solicitada por los fiscales dependientes de la oficina particular de la titular de la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina.

Castillo Guerrero explicó que la presente audiencia se llevó al cabo a partir de que el Ministerio Público propuso el no ejercicio de la acción penal en las carpetas de investigación 2313 y 2314.

“Sin embargo, la nueva óptica del Sistema Penal Acusatorio nos indica que todos los delitos y toda la actuación del Ministerio Público deben verse a la luz de los derechos humanos”, apuntó el litigante.

Así es como durante la audiencia, el abogado de las víctimas fundamentó el motivo por el cual los delitos que nacen a raíz de violaciones cometidas a derechos humanos son imprescriptibles y “no siguen el orden común de legalidad con taxatividad de la ley”.

“Esto quiere decir que cuando hay una violación a los derechos humanos, esos delitos no son sujetos de la regla general de prescripción”, expresó. “Esto por la siguiente razón: cuando existe una violación a los derechos humanos, ésta permanece en el tiempo. No se diluye. Los derechos humanos son imprescriptibles, inalienables e irrenunciables”, siguió.

Además, sostuvo que si esos delitos no son investigados bajo los tres principios del nuevo Sistema Penal Acusatorio, permanecerán en la impunidad, como es el caso “New’s Divine”: primero, conocer la verdad de los hechos; segundo, que el responsable  no quede impune; y tercero, obtener la reparación del daño.

A 13 años de la tragedia -señaló- las víctimas no han recibido justicia. “Y los familiares de las mismas, así como la sociedad en su conjunto, no han tenido acceso a la verdad histórica de los hechos y los responsables siguen impunes”.

Martín Castillo fue enfático en señalar que después de una década y de varias averiguaciones previas, nadie está señalado como directamente responsable de los hechos; nadie ha sido sancionado por homicidio, ni por lesiones.

“La única persona que está en prisión es Alfredo Maya Ortiz por corrupción de menores, quien se ostentaba como dueño del New’s Divine. Por su parte, el señor Guillermo Zayas se encuentra prófugo porque hay una orden de reaprehensión pendiente de ejecutar. No ha sido capturado y evidentemente no ha enfrentado un proceso penal y no ha habido sentencia.

“Ángel Nava, quien fungía como director general Jurídico y de Gobierno, sí fue sancionado e inhabilitado cuatro años nueve meses por el delito de uso ilegal de facultades y atribuciones. Sin embargo, su superior jerárquico que es el ciudadano Francisco Chíguil Figueroa, que debe responder por la responsabilidad que le acarrea directamente el puesto que ostentó, no ha sido llevado ante la justicia para responder por los cargos de homicidio y lesiones de las víctimas anteriormente citadas”, expuso.

Una vez efectuada su exposición, el abogado solicitó al juez enviar los oficios respectivos de acuerdo al Artículo 74 fracción IV de la Ley General de Víctimas, el cual sustenta que una persona como ente del Estado o responsable de la administración pública, ha cometido violaciones a los derechos humanos, no puede ni debe ocupar cargo público alguno.

 

CHÍGUIL FIRMÓ REAPERTURA DEL NEW’S DIVINE

El 19 de junio de 2018, familiares de las víctimas del “New’s Divine” hicieron públicos los documentos que responsabilizan al ahora alcalde de haber autorizado la reapertura del establecimiento.

Los documentos exhibidos señalan que el 21 de junio de 2006, el entonces director general Jurídico y de Gobierno de Gustavo A. Madero, Jorge González Macías, firmó el expediente SVR/E/178/2006 de clausura del establecimiento ubicado en Calle 303, número 186, colonia Nueva Atzacoalco, en donde además se impuso una multa de 48 mil 962 pesos.

Además, los familiares también presentaron copia certificada del documento firmado por el entonces delegado Francisco Chíguil, en donde autoriza la reapertura del lugar denominado “DISCO & CLUB NEW´S DIVINE” con giro de discoteca y número de expediente SVR/E/353/07 y fecha de reapertura del 28 de diciembre de 2007.

El documento, firmado por Chiguil, resolvió: “Se ordena el levantamiento del estado de clausura temporal que impera en el establecimiento mercantil DISCO CLUB NEW’S DIVINE, ubicado en Avenida Ingeniero Eduardo Molina y Calle 312, Colonia Nueva Atzacoalco de esta demarcación”.

 

EL JUEZ JUSTICIERO

De entrada, el juez Cámara Atristáin sostuvo que si el Estado no sirve para proteger a las víctimas pierde razón de ser desde su esencia misma.

“Un jefe de Gobierno, un jefe de un operativo y un jefe de la policía, nadie ha respondido por los homicidios en un evento tan lastimoso”, aseguró.

Adelantó que si el caso no llegara a resolverse por las instancias de justicia en México, con seguridad la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede llegar a calificarlo como un delito de lesa humanidad. “Hay mucho qué hacer y la verdad nadie ha hecho nada”.

“Yo entiendo la postura de ustedes, señores fiscales, pues vienen aquí a la materia sustantiva para dar contestación a esas álgidas interrogantes de las víctimas y del asesor jurídico”.

Efectivamente ahora hay que investigar, sancionar y reparar, pero son 13 años; un año más y será otra agonía. Por lo tanto, ordenó a los fiscales de la entonces Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México volver a realizar las investigaciones desde cero.

Adicionalmente, el juez se dijo sorprendido de la postura de los fiscales, que siempre proponen el ejercicio de la acción penal y dejan al impartidor de justicia la tarea de desecharlo. Curiosamente, dijo, hoy sucedió al revés: cerraron la puerta a las víctimas y empoderaron al imputado (hoy alcalde). Desconoció las circunstancias particulares, mismas que no detienen al Tribunal que se pronuncia en justicia. “Abre una puerta enorme a las víctimas”.

¿Qué sanciones conllevan los delitos de lesiones, homicidio, uso indebido de facultades y atribuciones y corrupción de menores, en los que incurrió Chíguil?, se le preguntó al defensor jurídico.

“Son penas muy grandes que van de los ocho a los 12 años de prisión”, respondió Castillo Guerrero.

La pregunta que surge es: ¿pisará la cárcel Francisco Chíguil? Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy tienen la palabra.

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¿Corrupción con Juan Pablo Graf?

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Se destapan indicios de corrupción cuando estaba en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

 

ILDEFONSO PEREYRA

 

Con la reciente detención de Javier Reyes de la Campa, exdirector de Banco Accendo, por su presunta responsabilidad en el delito de administración fraudulenta ocurrida en 2021, se han destapado más indicios de la corrupción durante la administración de Juan Pablo Graf cuando estaba en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de todo su equipo.

Se habla de posible corrupción, desde Jorge Pellicer, con la Vicepresidencia de Supervisión de Grupos Financieros, Enrique Marrufo, vicepresidente de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares, Mónica Villarreal como vicepresidenta jurídica, Itzel Moreno como vicepresidenta de Supervisión Bursátil y hasta José Antonio Quesada como vicepresidente de Política Regulatoria, por mencionar algunos.

Y es que esa administración en particular ha estado en el ojo del huracán por supuestas corrupciones, autorizaciones y supervisiones que, en algunos casos, eran laxas y en otros excesivas.

Por ejemplo, el hoy olvidado Banco Accendo, al cual la Comisión le reconoció un capital que no existía autorizándole aportaciones de capital que en realidad no se trataba de recursos frescos que le hubiesen dado la oportunidad al banco de hacer frente a los riesgos en los que incurrió, así como el profundo rezago en la resolución de autorizaciones para intermediarios de tecnología financiera que curiosamente empezaron a publicarse en el Diario Oficial de la Federación con posterioridad a la salida de Juan Pablo Graf de la CNBV.

Otro ejemplo es el caso de Banco Famsa, supervisado en aquel entonces por Jorge Pellicer, quien en sus supervisiones se dice que orilló a Famsa a la quiebra sin permitir que existiera, dentro de los parámetros legales, una mejor solución que redujera las pérdidas en las que incurrieron los depositantes, dados los niveles de captación del banco y el impacto que tuvo sobre las reservas del IPAB.

Esa administración fue un caos. A Juan Pablo Graf lo corrieron por su pésima actitud y había una gran duda de su desempeño, al grado de que la Secretaría de la Función Pública solicitó investigaciones, tanto de oficio como a petición de los afectados por actos indebidos de autoridad, de todos los expedientes que él había autorizado en su gestión que duró dos años y a partir de ahí es cuando empiezan a salir todos sus vicepresidentes: Mónica Villarreal, Enrique Marrufo e Itzel Moreno.

Es de destacar que el único que no sale es Jorge Pellicer, sin embargo, a él lo degradan a la Vicepresidencia de Supervisión de Banca de Desarrollo y llama mucho más la atención que a pesar de su evidente falta de experiencia respecto de los intermediarios que supervisa (Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras Populares) como en actividades de supervisión, lo mantienen ahí.

Y es que se dice que Juan Pablo Graf todavía tiene injerencia en la CNBV y sigue operando tras bambalinas habiendo fuertes rumores de que tiene de su lado precisamente a Jorge Pellicer… suena a coincidencia, ¿no?, qué difícil tarea tiene el actual presidente de la CNBV.

 

 

 

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Sandra Cuevas, ¿más delincuente que los responsables de la Línea 12 del Metro?

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Digan lo que digan, es clarísimo que hay persecución política contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, le ponen piedritas en el camino y eso la hace crecer en el ánimo ciudadano, ya es más conocida que cualquier otro alcalde y Morena la empodera cada vez que la ataca

 

JOVIRA

 

Es claro: Digan lo que digan, hay persecución política contra Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc.

Estamos de acuerdo que si hay delito, que pague como cualquier otro ciudadano, pero es ‘vox populi’ que a Cuevas Nieves le ponen piedritas en el caminito y buscan cualquier argucio legal para sacarla de la alcaldía Cuauhtémoc, la cereza del pastel de las alcaldías de México.

El incidente con los policías de la SSC fue de risa, los cargos no ameritaban todo el escándalo mediático que se armó, pero bueno, al final de cuentas hubo disculpa pública y parecía quedar en asunto finalizado.

Ahora salió lo del Tribunal de Justicia Administrativa… y mañana quizá sea otra cosa, la consigna es seguirla molestando, por no decir la grosería de mi abuelito.

Pero es claro que la justicia no es pareja, la ley no se aplica por igual.

Ahora resulta que Sandra es más delincuente que los responsables de la tragedia de Línea 12 del Metro, aunque le moleste tocar este tema a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

En la tragedia de hace más de un año murieron 26 personas, más de cien heridos… ¡y no hay ningún detenido!

En un derrumbe, que le dio la vuelta al mundo, nada ha pasado, los señalados por la opinión pública se pasean libremente por toda la República… y Carlos Slim, aunque repare el daño, el delito ahí está y tiene que haber castigo. No se vale ponerle precio a una vida humana y seguir viviendo la vida loca en total impunidad.

La justicia en el caso de la Línea Dorada es superlenta, lentísima, y no actúan las autoridades correspondientes contra los presuntos responsables, y seguramente no actúan porque no pueden meter los pernos a la cárcel.

Ah, pero con Cuevas la situación es diferente, la justicia actúa de forma rápida y aplica la ley, en una clara actuación por consigna. Sandra no lleva en sus hombros muertos ni casos de corrupción, pero la hacen sentir como la peor delincuente por cerrar el deportivo Guelatao. Así se las gasta Morena.

Toda esta situación ha provocado que Cuevas sea más conocida que los alcaldes de la Ciudad de México.

Sandra es una mujer con carácter, nada la intimida, la gente la ve como una víctima de la justicia mexicana y si la destituyen, cosa que dudamos, Cuevas crecerá como la espuma y nada le quitará el derecho de competir por la
Ciudad de México, y con muchas posibilidades de ganar la elección en el 2024.

En el aire quedan las palabras del Presidente AMLO “no somos iguales”… y tiene razón, no son iguales, son peores. Por algo Javier Lozano dice que ya Morena quisiera parecerse al PRI.

De plano Morena persigue a la oposición, no a la corrupción.

 

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Alito estorba en los planes de Palacio Nacional

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Los ataques contra el líder nacional del PRI van más allá del golpe mediático

 

JOVIRA

 

Es innegable que el personaje que está en boca de todos es Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI.

Mediáticamente el daño moral ya lo tiene Alito, pues le han difundido y sacado de todo.

Es obvio que Sansores exhibió los audios para confrontar a medios y periodistas con el líder priísta. Como en otras filtraciones similares, aquí no se busca un caso judicial alguno, sino simplemente la búsqueda de una condena moral. Crear animadversión.

Morena, quien se jacta de no ser iguales que los demás, pues resulta que sí. ¿De qué se ríe Layda al exhibir estos audios si ella misma, su líder político Andrés Manuel López Obrador, y otros (ahí el caso Cuitláhuac García) de ese entorno son alumnos aplicadísimos de Alito?

En los cafés políticos se comenta que, ante las cifras y estadísticas, AMLO es uno de los principales factores de riesgo para la vida de los periodistas (van casi 70 ejecutados en lo que lleva de su mandato) y del deterioro del trabajo periodístico, y en contra de la libertad de expresión en este país.

Hoy no existe en México un medio informativo que no viva la debilidad financiera extrema, muchos, la mayoría, hasta la casi desaparición; que no haya pasado por el despido masivo de sus plantillas laborales a causa del cierre total del flujo publicitario del régimen.

Es claro que Andrés Manuel López Obrador repudia a los medios informativos y a sus trabajadores, una forma de rechazar y atentar contra la libertad de prensa y opinión.

Moreno Cárdenas fue la carnada perfecta para filtrar el audio en donde presuntamente dice que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino de hambre… palabras más, palabras menos.

Es muy evidente que la guerra sucia contra Alito surgió de la noche a la mañana, como si fuera ya un plan orquestado… y seguramente le quieren hacer pagar su traición a la patria por no apoyar la reforma eléctrica de AMLO.

Pero esa campaña contra Alito, para hacerlo ver como el peor corrupto de todos, tiene un objetivo: que salga del PRI, pues estorba en los planes de Palacio Nacional.

Ya alzaron la voz Roberto Madrazo y Ulises Ruiz… y le hacen el ‘caldo’ a AMLO, pues quitando a Alito el Presidente buscará meter a uno de sus allegados en la dirigencia del PRI (ahí están Murat, Ruiz, Nalleli Gutiérrez)… y si lo logra, pues ya tiene el plan perfecto para acabar con el PRI, para tener el camino libre en sus reformas constitucionales en el Congreso, para destruir a la Alianza Va por México y con eso allanar el camino para que Morena gane en el 2024. Al tiempo.

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