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HOJAS LIBRES

Rutilio Escandón deja en estado de indefensión a Chiapas

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Se cumple el vaticinio del Subcomandante Marcos: al borde de la guerra civil * El gobernador tiene perdida la guerra contra la delincuencia organizada, pues en la entidad prevalece la inseguridad, la violencia y la impunidad

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Chiapas sufre una descomposición política y social como en los estados del centro y norte del país.

Hace tres años el subcomandante Marcos (comandante Galeano), del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, vaticinó que Chiapas se encontraba al borde de la guerra civil.

La premonición entre certera y aventurada sufrió un considerable desvío ante la incapacidad política y de ingobernabilidad en el “gobierno” de Rutilio Escandón.

La guerra civil es por definición una forma generalizada de enfrentamiento hacia el interior de un país, con la característica de que los combates se traban en condiciones igualitarias entre las partes en conflicto, y la manifiesta incapacidad del gobierno para controlar la situación.

Contrario a lo que predica la ciencia política como guerra civil, en Chiapas Rutilio Escandón tiene perdida la guerra contra la delincuencia organizada y grandes espacios del territorio estatal se encuentran ausentes de la presencia del Estado.

Por primera vez Chiapas se ha puesto al nivel de los estados del norte y del centro de la República, cuando que ahora en Chiapas prevalece la inseguridad, la violencia y la impunidad. Una muestra palpable de la incapacidad del que se autodenomina gobernador la dio la semana pasada.

La noticia de lo sucedido en la frontera con Guatemala se conoció en México y en el mundo. El Cártel de Sinaloa hizo su entrada triunfal en la zona limítrofe con Guatemala.

Entre vítores y aplausos fueron recibidos sus integrantes. Fue la remembranza exacta de lo que sucedió en Sinaloa, cuando el 8 de enero de 2016 aprehendieron al Chapo Guzmán.

Hubo infinidad de marchas para exigirle a Peña Nieto su liberación. Grupos organizados de mujeres rechazaron su detención, bajo la consigna de: “Libera al Chapo Peña Nieto. Él nos ha dado lo que tú no puedes darnos”.

Con esas expresiones de apoyo y simpatía hacia el capo, se ponía de manifiesto la indudable base social de uno de los personajes más perseguidos por autoridades mexicanas y del mundo.

Era común escuchar que poblados de Sinaloa, Guanajuato y Michoacán fueron dotados de calles, escuelas, banquetas, parques, agua potable y drenaje, en abierta sustitución de lo que los gobiernos estatal y federal le habían negado permanentemente a la población.

Hoy la historia se repite en Chiapas ante la ausencia del gobernador Rutilio Escandón. Los medios nacionales daban cuenta de la vergonzosa falta de presencia de Escandón Cadenas. El cuestionamiento era uniforme: “El gobernador no se ha pronunciado al respecto y guarda silencio”. Esa sola actitud evidencia que en Chiapas no hay Estado, tampoco gobierno y mucho menos gobernador.

Un episodio trágico para la seguridad y tranquilidad de los chiapanecos ocurrió el 27 de septiembre, cuando Rutilio Escandón llegó al Palacio Nacional. Cuando lo abordaron los medios para explicar a la audiencia nacional, y sobre todo a los chiapanecos, la situación política de la entidad, en abierta huida a su responsabilidad lacónico, murmuró: “Nos vemos a la salida”.

Ni a la salida ni a la entrada ni al regreso. El permanentemente silencio como respuesta y la irresponsabilidad y la indolencia como forma de gobierno.

En un país serio y de respeto a las instituciones republicanas, Rutilio Escandón ya no sería gobernador por evadir abierta y públicamente la responsabilidad que le confirió el pueblo de Chiapas.

La actitud siempre huidiza y el miedo no disimulado de Escandón, explica del porqué el Cártel de Sinaloa hizo su entrada triunfal en la franja fronteriza con Guatemala, ante el enorme vacío de poder que prevalece en Chiapas.

Sólo que los vacíos de poder no existen porque alguien siempre los llena. Y ante la notable falta de gobierno, la delincuencia organizada de facto ha tomado la posesión y el control de la franja fronteriza con Guatemala.

Ya sea por agrado o por la fuerza, los manifestantes dejaron en claro que el Cártel de Sinaloa tiene mayores posibilidades de proporcionar los satisfactores sociales que el propio gobierno les ha negado. En efecto, abdicó de su responsabilidad para otorgar mínimos de bienestar en alimentación, salud, educación y vivienda.

De nada sirvió que se apersonaran mil 500 miembros de la Guardia Nacional. Ni un solo detenido en abierta advertencia de que la propia población los protege y se confunden entre los habitantes de cada municipio tomado bajo su mando.

La tragedia del gobierno de Rutilio Escandón es doble. Perdió el control territorial ante la delincuencia organizada y sobre “sus gobernados” que hoy obedecen más a sus nuevos protectores que a un gobierno con el cual no se identifica y nada significa para ellos.

Lo malo es que la inepcia de Escandón Cadenas tendrá consecuencias todavía mayores. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dispuso la movilización de 2 mil efectivos del ejército para sellar la frontera con México, ante la incapacidad de López Obrador y Rutilio Escandón para frenar la violencia de la zona.

Esa circunstancia puede ocasionar un conflicto internacional entre México y Guatemala si el gobierno de López Obrador no da respuesta inmediata y certera para restituir el Estado de Derecho y evitar lo que en política se conoce coloquialmente “efecto cucaracha”.

Desde luego con graves problemas para el país vecino por culpa de México y su pasividad para contener la violencia.

Cada vez más el gobierno pierde control sobre el territorio de Chiapas. Así sucede en los 17 municipios de la zona indígena convertidos en tierra de nadie. Chenalhó, Pantelhó, San Andrés Larrainzar, y sobre todo Chamula se han convertido en gobiernos paralelos al fallido gobierno de Rutilio Escandón.

El pasado 26 de septiembre se cumplieron nueve años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Chiapas también tiene su propio Ayotzinapa perdido en el olvido. Hasta la fecha no se sabe del paradero de los 25 desaparecidos de Pantelhó desde julio de 2021. El gobierno de Rutilio está marcado por el silencio y la ignorancia.

Apenas el sábado anterior, 31 viviendas fueron incendiadas en el municipio de Altamirano. Y como siempre sin responsables y sin detenidos. Altamirano es otro de los símbolos de la ingobernabilidad.

El 1 de octubre de 2021, la población impidió la toma de protesta de la presidenta municipal Gabriela Tipacamú, esposa del presidente saliente Alfredo Pinto Kánter, a quien incendiaron su casa.

Desde entonces se nombró un Consejo Municipal y no se han realizado elecciones, en grave violación al Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Uno de los síntomas de mayor ingobernabilidad es la imposibilidad de un gobierno para hacer que sus electores sufraguen libremente. Consta en el Periódico Oficial del Estado que previo al proceso electoral de 2021, la secretaria de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, rindió un informe ante el Congreso del Estado, en el sentido de no existir las condiciones necesarias de gobernabilidad para realizar elecciones en seis municipios del estado.

Es el reconocimiento explícito y auténtico del gobierno para aceptar su incompetencia de crear las condiciones de gobernabilidad para un proceso electoral tranquilo, sin sobresaltos y con seguridad para la ciudadanía y el electorado.

Resulta pues evidente que el estado de Chiapas reúne todas las características de un estado fallido de las cuales rescato solamente cuatro: Corrupción política e ineficacia policial y judicial; altos niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana; pérdida de control físico del territorio y pérdida del uso legítimo de la fuerza para imponer autoridad.

Bajo esas características de descomposición política y social, es evidente que Chiapas necesita gobernador. Ampliaremos…

 

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Fraude electoral a la vista

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El movimiento morenista busca perpetuarse por encima de la voluntad ciudadana * Arturo Zaldívar, el esquirol del lopezobradorismo

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Andrés Manuel López Obrador ha entrado en una etapa de desesperación por ganar, bajo cualquier circunstancia y riesgo para el país, la elección presidencial del 2024 y las nueve gubernaturas en disputa.

Sus trampas comenzaron con el plan A para apropiarse del control del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No le resultó. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le canceló sus afanes futuristas al decretar que su intento de reforma era absolutamente inconstitucional.

A través de su plan B, pretendió el control de la elección con reformas a las leyes secundarias, y de nuevo la Corte Suprema le dio un severo revés al declarar inoperantes sus intentos dictatoriales de dominar el proceso electoral del 2024.

Cínico ante la Nación amenazó con un plan C. Sin algún recato, y mucho menos con ética política, lanzó su manifiesto antidemocrático ante la ciudadanía y el electorado. “Si creen que con echar abajo el plan A y el plan B hemos perdido… se han equivocado. Tenemos todavía un plan C”.

Era el mensaje más funesto a la Nación para perpetuarse y continuar con la destrucción del país desde la cuarta regresión. Ese plan C tiene dos vertientes amenazantes. Ha dicho que la oposición jamás volverá a ganar, que el segundo lugar de las corcholatas será el presidente del Senado de la República, el tercer lugar lo tiene reservado para el liderazgo de la Cámara de Diputados y el cuarto lugar para la Secretaría de Gobernación.

Es la premonición fatal cuando desde ahora anuncia un monumental fraude electoral para perpetuar a su movimiento morenista por encima de la voluntad ciudadana.

Ningún presidente durante los 71 años del largo ciclo priísta ni durante los 12 años del panismo se atrevió a tanto: designar por anticipado a su sucesora, la tal Claudia Sheinbaum, y la conformación a su gusto de la estructura política de la República.

Parte de sus intentos golpistas, López Obrador los ha centrado en el sumiso lacayo Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea. No basta ser jurista para ser presidente del Tribunal Constitucional de la Nación. Se requiere dignidad, decoro, vergüenza profesional y lealtad a las instituciones republicanas.

Arturo Zaldívar no reúne esos requisitos cuanto que utilizó la toga para postrarse de hinojos ante un dictadorzuelo con afanes transexenales que ya desde ahora se advierten fallidos.

La primera muestra de subordinación la dio Zaldívar cuando con absoluta falta de respeto al poder que representaba se atrevió a infamar: “Hay que escuchar el mandato de las urnas”. Ello en referencia a que López Obrador había obtenido 30 millones de votos en la elección presidencial del 2018 y había que rendirle tributo. Arturo Zaldívar ejercía así una justicia militante.

Como ministro presidente de la Suprema Corte no tenía derecho a hacer un pronunciamiento en nombre de ministros, magistrados y jueces a los que no pidió permiso para decirle al señor López que él era el mandamás del Poder Judicial Federal. Este abyecto jurisconsulto habló en nombre propio y no de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial Federal.

El segundo momento de vasallaje lo dio Arturo Zaldívar cuando López Obrador propuso prolongar el mandato de presidente de la Corte de cuatro a seis años. Era un atentado gravísimo al Artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Acostumbrado López Obrador a “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley” y su frase preferida “al diablo con las instituciones” pretendió pisotear la Carta Magna con un artículo segundo transitorio muy por debajo de un dispositivo constitucional que regula exactamente el tiempo de permanencia del presidente de la Corte.

Otra vez Arturo Zaldívar atentó en contra de la toga y el birrete que le fue otorgado por el Poder Ejecutivo, la representación nacional y la supremacía constitucional. Sabía Zaldívar la imposibilidad de prolongar su mandato por dos años más y jamás hizo pronunciamiento alguno al respecto.

Sometido por López Obrador apenas alcanzó a balbucear: “Esperaré a que resuelvan los señores ministros sobre la extensión de mandato”.

No Zaldívar. En un acto de dignidad jurisdiccional y republicana, lo procedente era informar a la Nación: “No puedo ser presidente por seis años, porque fui elegido por cuatro y mi Constitución Suprema lo prohíbe”. Se comportó como un vulgar esquirol de López Obrador y no como titular de otro poder sujeto a mandatos constitucionales.

Pero el acto más vergonzoso le llegó a Arturo Zaldívar cuando decidió con anticipo de un año renunciar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su renuncia era absolutamente improcedente.

El Artículo 98 de la Ley Fundamental considera como renuncia sólo una causa grave y Arturo Zaldívar se exhibió como el empleado de la cuarta regresión sin existir una causa grave y mucho menos manifestar cuál era esa causa.

Cierto que la Constitución es abstracta cuando sólo esgrime causa grave, en tanto que el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación amplía esa causa grave: “Los ministros durarán en su encargo 15 años, salvo que sobrevenga incapacidad física o mental”. Esa causal también es muy limitada y circunscrita a sólo dos hipótesis.

Habría entonces que remitirse a los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte contenidos en el Artículo 95 de la Carta Magna:

1.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento. La causa grave sería que se encontrara que el ministro es extranjero.

2.- Tener 30 años cumplidos el día de la designación. La causa grave sería que tuviera menos de esa edad.

3.- Tener título profesional con diez años de antigüedad. La causa grave sería un título profesional con menos de diez años de antigüedad. Es el caso de la plagiaria delincuente Yasmín Esquivel Mossa que inconstitucionalmente ocupa el cargo de ministra al servicio de López Obrador.

4.- Gozar de buena reputación y gozar de buena fama en el concepto público. Ahí estaría la causal de la renuncia de Arturo Zaldívar cuando que no goza ni de buena reputación y menos de buena fama en el concepto público. Así lo acredita su carta de renuncia y sus actos como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Su renuncia no puede ser más indignante y pusilánime que con los argumentos esgrimidos para abdicar de un cargo conferido hasta el 30 de noviembre de 2024 y que tenía obligación de respetar: “Me retiro porque voy a apoyar un proyecto”.

“No voy por un cargo”, aunque ya se definió por la Sheinbaum y espera retribución administrativa. “Xóchitl está nerviosa porque las encuestas no le favorecen. No puedo juzgar con imparcialidad al demostrar simpatía por una causa”.

La miseria humana de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea llegó a su máxima expresión cuando se comprometió con el proyecto destructor de Nación de López Obrador manifestado en su carta de renuncia.

Lo grave es que esos pronunciamientos los hizo en funciones de ministro. Aun cuando haya presentado su renuncia, el Senado todavía no daba su aprobación y adherirse pública y anticipadamente a un proyecto político e ideológico al que siempre perteneció desde la clandestinidad.

Cuando Arturo Zaldívar protestó el cargo juró cumplir y hacer cumplir la Constitución por encima de cualquier interés personal o de grupo. Sabía que su compromiso era por 15 años de lealtad constitucional. Con su actitud quedará por siempre la certeza de la complicidad con López Obrador para dejarle un ministro hasta el 2038.

Queda así de manifiesto lo que siempre fue: un traidor a la administración de justicia y a las instituciones republicanas. Ampliaremos…

 

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HOJAS LIBRES

El huracán López Obrador, más dañino que el Otis

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Lecciones de la historia en Guerrero: caída de gobernadores y enfrentamiento con el gobierno federal * No hay dinero suficiente para la reconstrucción de Acapulco, pero sí lo hay para el dispendio y la frivolidad para publicitarse y anunciar mentiras * Con la tragedia de Acapulco, AMLO ha perdido 15 puntos e indudablemente ese rechazo tendrá repercusiones nacionales imposibles de predecir al día de hoy

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

La tragedia de Acapulco exhibió a Andrés Manuel López Obrador de cuerpo entero. La indolencia y la irresponsabilidad son los mayores referentes de un gobierno que encubre la realidad y se esconde en la demagogia con apariencia de democracia.

La indolencia de López Obrador se hizo presente cuando después de nueve días publicó la declaratoria de emergencia.

El huracán Otis, categoría cinco, pegó en las costas de Acapulco el día 25 de octubre y fue hasta el 3 de noviembre cuando se dio cuenta que ese centro turístico necesitaba, más que actos de solidaridad y mensajes de conformidad, ayuda inmediata y efectiva.

López Obrador se tardó para acudir en defensa de la seguridad y la vida de 800 mil damnificados. Así, de ese tamaño, fue su irresponsabilidad.

La tragedia de Otis agarró a López con los dedos atrás de la puerta.

Su frivolidad para hacer un aeropuerto a donde no llegan aviones ha tenido un sobreprecio de 265 mil millones de pesos con relación al de Texcoco.

Una refinería que no refina pasó de 8 mil millones a 20 mil millones de dólares, con un incremento injustificado de 210 mil millones de pesos.

En tanto el Tren Falla (sic), rumbo al precipicio, pasó de 143 mil millones a 280 mil millones de pesos con un costo superior de 137 mil millones de pesos.

El asalto al erario nacional suma entonces 612 mil millones de pesos, sólo por exceso en los gastos presupuestados, en tanto la dilapidación total rebasa el billón de pesos.

Hasta ahora aparece la realidad cuando se gastan los dineros públicos sin alguna consideración, como si la disposición presupuestaria fuera ilimitada y se presume que siempre hay dinero disponible cuando que la realidad indica otra cosa.

Se ha calculado la reconstrucción de Acapulco entre 15 mil y 18 mil millones de dólares, algo así como 263 mil a 315 mil millones de pesos. Si se atiene a esas cifras, los 612 mil millones de pesos en sobreprecio de las tres fraudulentas obras, habría sido suficiente para reconstruir dos veces Acapulco.

Pero no, se prefirió la parafernalia y aparentar que con esas tres megaobras estaba asegurado el porvenir de los mexicanos y el desarrollo de México, cuando en realidad esos tres esperpentos representan el mayor fracaso de la obra lopezobradorista.

Los malos resultados de la política económica están a la vista. Como a López Obrador ya se le acabó el dinero y trata de aparentar salud económica, para el año 2024 se ha previsto una deuda pública de un billón 900 mil millones de pesos.

Ese endeudamiento es indicador irrefutable que la sequía a las finanzas públicas ha sido alcanzada por los pésimos manejos presupuestarios y el exceso de gastos que no tienen ni tendrán correspondencia con el ingreso y menos con el bienestar nacional.

Para mantener su clientela electoral, entre jóvenes construyendo el futuro, adultos mayores y discapacitados, López Obrador destina cada año 300 mil millones de pesos, una cantidad similar a la necesaria para la reconstrucción de Acapulco. Y con la amenaza que en 2024 esa ayuda tendrá un incremento del 20 por ciento por estar en disputa la Presidencia de la República, nueve gubernaturas y 20 mil cargos de elección popular. Se trata pues de compra descarada de votos.

De ese tamaño es la deshonestidad de López Obrador, célebre por su ridícula y desgastada perorata de no mentir, no robar y no traicionar. Se acabó esa demagogia.

Los gobiernos morenistas empezando por el nacional, son más mentirosos, más ladrones y más traidores que todos sus predecesores priístas y panistas.

Ahora, en un acto desesperado y abusivo, López Obrador trata de apropiarse ilegalmente de dineros que legítimamente le pertenecen a otras instituciones. Quiere rapiñar los 15 mil millones de pesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dejar a la deriva 55 mil trabajadores que han ahorrado durante 10, 20 y 30 años para tener un retiro que les dé certeza de una vida tranquila y sin sobresaltos.

También quiere apropiarse ilegalmente de los 26 mil millones que le pertenecen a los órganos autónomos, para compensar la desaparición (robo) de los 18 mil millones de pesos del Fonden, sin que se haya conocido su destino, aun cuando puede inferirse se encuentran en el AIFA, el Tren Falla (sic), la refinería Dos Bocas y los bolsillos de más de uno de sus colaboradores como ocurrió con Segalmex.

Su planecito de emergencia de 61 mil millones de pesos para la reconstrucción del puerto es vergonzosa y una ofensa para el pueblo de Acapulco. Con una población de 800 mil habitantes, tocaría a cada uno apenas 75 mil pesos, cuando la realidad demuestra que han perdido todo y no alcanzará ni para repellar una casa.

Acapulco representa, o representaba, el 80 por ciento de la economía de Guerrero, y en esa proporción hay que dimensionar la ayuda humanitaria y no con paliativos que en poco o nada mejorarán la condición infrahumana en que hoy se debaten los damnificados.

Esos 61 mil millones de pesos apenas representan el nueve por ciento de los 612 mil millones de pesos del exceso en el gasto de sus obras que se dirigen hacia ninguna parte.

Al día de hoy Dos Bocas se encuentra totalmente inundada, señal inequívoca de que es un fracaso anunciado.

El huracán López Obrador ha resultado más dañino que el Otis. No hay dinero suficiente para la reconstrucción, pero sí lo hay para el dispendio y la frivolidad para publicitarse y anunciar mentiras.

López Obrador, que se ufana de ser historiador, no debe olvidar las lecciones del estado de Guerrero a la nación. Esta entidad siempre ha sido un pueblo guerrero que le viene de estirpe del libertador Vicente Guerrero al cual debe su nombre. Varios acontecimientos así lo confirman.

En octubre de 1960 los estudiantes de la Universidad de Guerrero demandaban al general Raúl Caballero Aburto, gobernador del estado, la autonomía de la institución.

La huelga culminó con el asesinato de varios estudiantes en la plaza principal de Chilpancingo, lo que llevaría al mandatario a renunciar en enero de 1961.

No hay que olvidar tampoco que la Guerra Sucia de los años 70 dio severos reveses a los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo.

Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Carmelo Cortés encabezaron una lucha interminable desde el partido de los pobres en contra del Gobierno de la República.

Ante esos acontecimientos el gobernador Israel Nogueda Otero fue destinatario de la desaparición de poderes por enfrentamiento con ejidatarios de Alta Icacos, precisamente en Acapulco, por fraude en la venta de terrenos inexistentes.

La matanza de Aguas Blancas, en junio de 1995, fue otro evento que culminó con la caída del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, heredero de las trapacerías de su padre, Rubén Figueroa Figueroa, el legendario Tigre de Huitzuco.

Tocó el turno a Ángel Aguirre Rivero, al renunciar en octubre de 2014 por los trágicos acontecimientos de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Paradójicamente, Aguirre Rivero sustituyó a Rubén Figueroa y después hubo de renunciar por la matanza de Aguas Blancas.

Todo esto confirma las peleas legendarias de los bravos guerrerenses contra gobiernos autoritarios, represores, irresponsables y asesinos.

López Obrador no debe olvidar que a raíz de la matanza de Aguas Blancas, apareció el Ejército Popular Revolucionario y que Lucio Cabañas egresó de la Normal Rural de Ayotzinapa, líder icónico en los tiempos de la Guerra Sucia.

Por lo pronto, con la tragedia de Acapulco, López Obrador ha perdido 15 puntos e indudablemente ese rechazo tendrá repercusiones nacionales imposibles de predecir al día de hoy.

Bajo esas circunstancias Guerrero, sobre todo Acapulco, tendrá enorme peso electoral en el país para 2024 y de lo cual ya ha sido advertido el señor López por los abandonados damnificados. Ampliaremos…

 

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La comedia a la vista

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La irresponsabilidad de un gobierno más preocupado por defender los fracasos de la 4T que la vida en juego de cientos, de miles de mexicanos * El Presidente prefirió el circo y el histrionismo para aparentar el tan pregonado humanismo social que jamás ha practicado y tampoco siente

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

La catástrofe de Acapulco, el tradicional centro turístico mexicano, dejó la lamentable experiencia de ausencia de Estado, la indolencia, la corrupción, la inepcia de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de ese monumento a la frivolidad y la incompetencia llamada Evelyn Salgado Pineda.

La noches del martes 24 para el miércoles 25 de octubre anterior, el huracán Otis, categoría cinco, azotó las costas de Acapulco y destruyó la infraestructura aeroportuaria, carretera, restaurantera y hotelera.

Después de cinco días la ayuda humanitaria no llegaba. La indolencia del gobierno de López Obrador y de Evelyn Salgado fue tan evidente que los residentes de varias colonias de Acapulco los llevaron a exhibir la miseria humana del que se dice Presidente de México y gobernadora del estado.

Con infinito coraje y desesperación clamaban: “Que venga el hijo de la chingada a ver estos destrozos”, “que se baje del helicóptero con su guayabera este cabrón para que se enfrente a la realidad”. Otra mujer amenazaba: “Estamos en época de elecciones y se la vamos a cobrar. Estoy emputadísima por la falta de ayuda. Vean estos destrozos. No tenemos agua, comida, ni ley”.

Rememoraron que cuando “el huracán Paulina azotó las costas de Oaxaca y Acapulco, inmediatamente aquí estuvo el Presidente de la República”, a diferencia del ausente López Obrador.

Los habitantes guerrerenses se referían al 7 de octubre de 1997 cuando Ernesto Zedillo era el presidente de México. El mismo que ordenó entregar a López Obrador su constancia de mayoría para que pudiera ser jefe del Departamento del Distrito Federal. Las trampas y argucias de siempre del Peje para finalmente asaltar la Presidencia de la República.

Ni el plan DN-III funcionó como tradicionalmente ocurrió en los gobiernos priístas y panistas. La presencia del Ejército era inmediata y de resultados.

Hoy la lentitud con que se actuó demuestra la irresponsabilidad de un gobierno más preocupado por defender los fracasos de la Cuarta Transformación que la vida en juego de cientos, de miles de mexicanos.

En un escenario inventado para aparentar preocupación y arrojo, López Obrador recurrió al cuento de que el jeep en que viajaba se atascó. Y para completar la farsa se bajó y caminó ridículamente entre los lodazales.

La farsa está a la vista. Aun cuando ya no existe el Estado Mayor Presidencial, el sustituto tiene todos los instrumentos a su alcance para preservar la seguridad presidencial. Por dónde va a pasar y hacia dónde se dirige. Las condiciones climáticas y geográficas del terreno. Los peligros y obstáculos que puede haber en el trayecto. Todo eso se sabía y aun así se continuó con la comedia.

Lo bueno es que quedó como el payasito de la tele, pues tenía la opción de transportarse por aire para mayor seguridad y más rapidez, en coordinar y ordenar la agenda humanitaria inmediata. Pero no. Prefirió el circo y el histrionismo para aparentar el tan pregonado humanismo social que jamás ha practicado y tampoco siente.

Lo cierto es que no se sabe si llegó o no a Acapulco y todo fue un montaje como los acostumbrados siempre del lopezobradorismo.

La ausencia del Ejército y desde luego del Estado, contrasta con los 32 mil efectivos destinados a la persecución permanente de los migrantes que llegan al territorio nacional para cumplir el compromiso con Estados Unidos de no dejarlos llegar a la Unión Americana.

Contrasta también con los 20 mil soldados enviados a Tulum, Quintana Roo, para la construcción de un hotel al lado de un aeropuerto que no existe. ¿Qué hace el Ejército dedicado a construir aeropuertos, trenecitos de fantasía, controlar aduanas, repartir libros y vacunas? en vez de ayudar a un pueblo en ruinas. Es la corrupción a la milicia para asegurar la docilidad de las Fuerzas Armadas.

Mientras eso ocurre, Acapulco se desangraba y los muertos aparecían, mientras los desaparecidos no aparecen por ningún lado, en un territorio donde por primera vez el plan DNIII resultó un fracaso. Ello puso en evidencia la incapacidad del Ejército para enfrentar y controlar los actos de rapiña perpetrados por la población y la delincuencia organizada.

Las imágenes son patéticas. Más allá de los alimentos y artículos de primera necesidad para satisfacer lo elemental del ser humano, “el pueblo” se dedicó a robar en todas las tiendas de conveniencia. El saqueo de aparatos eléctricos, televisores, estufas, refrigeradores, aceites para motor, y todo cuanto encontraron en el camino, evidenciaron que el Ejército y la Guardia Nacional no tuvieron el mínimo control sobre una población desbordada y dedicada a rapiñar.

Mitómano y sin sentido del honor, López asumió su propia defensa desde sus catilinarias mal estructuradas de las Mañaneras. Con pésima sintaxis, sin la prosodia que caracteriza el tono superior de los discursos y con faltas de ortografía oral, fustigó a los medios conservadores, chayoteros y viles por difundir mentiras sobre la trágica y evidente verdad de Acapulco.

Vileza es ocultar la verdad y tratar de imponer una verdad única e inexistente. Ahí están las imágenes del desastre. Carente de ética política y de dignidad humana asegura que 26 muertos (los del principio) no son muchos.

Se excede cuando en una comparación poco afortunada, destacó que el huracán Katrina de Nuevo Orleans dejó 2 mil muertos y no se hizo tanto escándalo. Y para ocultar su responsabilidad, en la Mañanera profirió un insulto mayúsculo a los mártires de Acapulco: “¿43 muertos? No nos fue tan mal”. Lamentable expresión de un comediante con farsas humanistas.

Tiene razón el senador Javier Lozano Alarcón, cuando califica de miserable al señor López. En vez de preocuparse por los damnificados de Acapulco, en una de sus viles Mañaneras, se regodea al presumir su popularidad en el mundo como el segundo presidentito mejor calificado. Ningún Presidente ha llegado a tanto para proferir una expresión tan imbécil y en momento tan inoportuno.

Ventajoso y aprovechado de la tragedia humana urge a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que entregue los 15 mil millones de pesos de sus fideicomisos para ayuda de los damnificados.

La ministra presidenta Norma Lucía Piña aceptó el reto más que petición respetuosa. Propuso reglas claras para el reparto de esos 15 mil millones de pesos ante los evidentes hechos de que los bandidos de la Cuarta Transformación podrían robarse los dineros que pertenecen al trabajo diario de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Mejor debería rescatar parte del casi un billón de pesos que han costado sus tres obras fantasmas destinadas al fracaso y al precipicio. Así como también obligar a devolver los 15 mil millones de pesos del fraude de Sedalmex con cargo al delincuente Ignacio Valle Fernández.

Bastaría con que se devuelvan los 485 mil millones de pesos del Insabi para proporcionar una ayuda certera y de gran magnitud a los damnificados de Acapulco, en vez de continuar con su perorata de tratar de desprestigiar a la Suprema Corte, cuando que el desprestigiado se llama Andrés Manuel López Obrador.

Evelyn Salgado Pineda es otro de los retratos de la corruptela de la cuarta regresión. Jamás apareció durante la conflagración, y cuando lo hizo se dedicó a exaltar virtudes de López Obrador que no tiene. Lo llamó humanista, gran gobernante y preocupado por el bienestar de la gente. Los hechos demuestran lo contrario.

Ausente de sus responsabilidades como desgobernadora del estado de Guerrero, es una vergüenza y un insulto para los guerrerenses. Su talante ridículo le viene de estirpe. Es hija del delincuente acusado de violación Félix Salgado Macedonio. Ampliaremos…

 

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