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HOJAS LIBRES

La libertad de prensa, masacrada en México

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Un referente internacional * Está supermolesto el Presidente Andrés Manuel López Obrador porque fue exhibido por la Casa Blanca y por el Parlamento Europeo

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

La libertad de expresión es la primera y más grande de todas las libertades. Es, por antonomasia, el medio idóneo para darle voz a los que no la tienen. A los agraviados, a los ofendidos, a los perseguidos injustamente, a los olvidados del destino. A los que quisieran hablar, pero callan por miedo, por conveniencia o complicidad.

Pero más allá de todos esos atributos inherentes a la libertad de expresión, es un derecho humano básico, Constitucional, esencial y fundamental para vigilar el ejercicio desproporcionado del poder, cuando falla el órgano legislativo para controlar los excesos del Poder Ejecutivo.

Si el equilibrio de Poderes no funciona, la prensa en todas sus modalidades y expresiones asume su condición de Cuarto Poder, como único freno a los Poderes formales conforme a lo que debería de ser un Estado de Derecho.

Lo malo emerge cuando todas esas virtudes atribuidas a la libertad de expresión, se ven empañadas por el acoso, la intimidación e incluso la muerte de quienes ejercen un periodismo libre e independiente.

Desafortunadamente para vergüenza de México, México tiene el primer lugar en asesinatos de periodistas, sólo por debajo de Irak y Siria, con la circunstancia de que en esos países se vive en estado permanente de guerra.

López Obrador es el heredero de los asesinatos contra periodistas ocurridos en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sólo en el año 2015, ocho comunicadores fueron asesinados en México y ninguna respuesta hubo del Estado Mexicano para encontrar a los ejecutores de la libertad de expresión.

Lo trágico es que López Obrador ha superado con creces estos crímenes de Estado, en donde el 97 por ciento de los asesinatos en contra de periodistas quedan impunes.

Durante el gobierno de la retrógrada y frustrada Cuarta Transformación, en el periodo de tiempo que lleva López Obrador, 51 periodistas han sido asesinados, y en espera de respuesta para conocer a los culpables. En apenas 65 días del año 2022, ocho periodistas han sido asesinados.

Ha sido tan trascendente el ejercicio periodístico que el Constituyente Permanente legisló para considerar como delitos federales todo acto atentatorio en contra de la libertad de expresión. Así queda de manifiesto con la reforma constitucional al Artículo 73 de la Carta Magna: “Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando estos tengan relación con (…) delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta”.

Lo malo es que en la realidad, todo lo pregonado alrededor de la libertad de expresión deriva en simple retórica y lamentable demagogia, desde el púlpito de la impunidad, en las mañaneras, manipulado por Andrés Manuel López Obrador, la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad pública. O sea, las instituciones encargadas de dar protección a los derechos humanos, convertidas en las primeras en atentar contra la difusión de las ideas y el derecho a informar a la ciudadanía.

Con relación a esta imparable ola de asesinatos contra periodistas, López Obrador ha dado respuestas evasivas y sin algún resultado en las investigaciones. En el pasado mes de febrero condenó el asesinato de Heber López, en el estado de Oaxaca, con el cuento de que “no habrá impunidad para los responsables”, y paralelamente enderezó sus impulsos personales en contra de los ingresos que recibe Carlos Loret de Mola, periodista severamente crítico de las veleidades y la corrupción de su hijo José Ramón López Beltrán y de su consorte Carolyn Adams, beneficiarios de una suntuosa residencia en Houston Texas, propiedad de la empresa Baker Hughes.

Los graves atentados en contra de la libertad de expresión en México se han convertido, ya, en referente internacional. El gobierno de López Obrador ha merecido la atención del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, quien ha calificado el ejercicio periodístico en México como el más riesgoso para la profesión.

Textual ha afirmado: “El alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Mi corazón está con los seres queridos de aquéllos que dieron su vida por la verdad”, en abierta alusión a las 60 mil mentiras que a López Obrador se le han documentado en las mañaneras.

Con total descortesía diplomática y con absoluto desconocimiento de la política internacional, el Presidente López se atrevió a decir que el secretario Antony Blinken está mal informado sobre asesinatos de periodistas en México, o si no lo está actúa de mala fe. La afirmación es irrisoria. Blinken es seguramente el hombre más informado de lo que sucede en México y en el mundo.

Agregó además, el presidente López, que la ayuda financiera de Estados Unidos a la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad es un atentado a la soberanía nacional. La molestia le viene porque esa organización ha exhibido la enorme corrupción que hay en el 80 por ciento de las obras y servicios sin licitar, y a los cuales tramposamente los ha decretado como obras de seguridad nacional para no dar a conocer a quién, cómo y en qué condiciones se compra.

El Parlamento Europeo también ha manifestado su preocupación y repudio por los resultados escasos que el gobierno lopezobradorista ha dado en las investigaciones en contra de los asesinatos de periodistas.  En un comunicado, dio a conocer su resolución para “garantizar protección a periodistas y activistas en México” aprobada abrumadoramente con 600 votos en favor, 63 abstenciones y apenas 2 en contra.

El resolutivo es lapidario para las presunciones, mentiras y veleidades de López Obrador: “México es el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona de guerra”. Pero al mencionar activistas, también hizo alusión a los 25 defensores de Derechos Humanos asesinados extrajudicialmente en 2021 y a los 30 asesinatos de ambientalistas durante el 2020. Y como en ningún otro gobierno, a la fecha se contabilizan 16 asesinatos de presidentes municipales, cifra superior en un 73 por ciento respecto del gobierno de Felipe Calderón y un 23 por ciento en el de Peña Nieto.

Así lo dieron a conocer en su intervención, desde la más alta tribuna del Parlamento Europeo, las eurodiputadas Inmaculada Rodríguez Piñero y Soraya Rodríguez, quienes con toda puntualidad y objetividad, criticaron los escasos resultados del gobierno de López Obrador en materia de libertad de expresión y la preocupante persecución en contra de aquellos que han dado su vida por la verdad (sic).

En respuesta, Marcelo Ebrard, el paradigma de la antidiplomacia respondió: “México rinde cuentas de esto sólo a sus ciudadanos e instituciones”. Sólo que lo malo es que ni cuentas ni resultados.

Molesto López Obrador porque fue exhibido por la Casa Blanca y por el Parlamento Europeo, por la inseguridad de los comunicadores, respondió con las groserías que lo caracterizan. Aseguró que en México a nadie se reprime y que existe total libertad de expresión. Sólo que a un precio muy alto: 51 periodistas asesinados en tres años y tres meses, y ocho en apenas 65 días. La libertad de expresión masacrada en México. Ampliaremos…

 

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HOJAS LIBRES

Los vicios del PRI ahora anidan en Morena

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Lo que criticaba AMLO en gobiernos pasados ahora lo practica en su administración * En su máxima expresión el centralismo, autoritarismo y caudillismo del Presidente de la República

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Cuando el PRI era gobierno, poder y Estado, todo dependía y se definía en función de la voluntad presidencial. El “primer mandatario” determinaba los nombramientos de todos los aspirantes a cargos de elección popular.

Famoso resultó el célebre apotegma del presidente Adolfo Ruiz Cortines: “Los gobernadores, los senadores y los diputados federales son del Presidente de la República, los diputados locales de los gobernadores y los presidentes municipales son del pueblo”. Sólo le faltó agregar: Y el próximo presidente es también del mandatario en turno.

Era la antidemocracia mexicana en su más grande manifestación. En tanto el pueblo, al margen de la soberanía popular para elogiar a sus autoridades a través del sufragio universal libre, secreto y directo.

En el libro de mi amigo Jaime Avilés, Andrés Manuel critica al sistema político mexicano. Dos veces fue candidato a la gubernatura de Tabasco -en 1988 y en 1994- cuando compitió con Salvador Neme y Roberto Madrazo. Y desde luego se presentó como víctima de un escandaloso fraude electoral.

Como resultado de esas elecciones fraudulentas confió a Jaime Avilés: “Yo sostengo que el principal problema de México hasta este momento es la falta de democracia, porque de la falta de democracia viene la corrupción y todo lo demás”. (AMLO vida privada de un hombre público. Página 80).

A las palabras siguió la acción. En diablitos de carga llevó al Zócalo de la Ciudad de México toda la documentación que acreditaba el fraude electoral de Roberto Madrazo en la elección para gobernador de Tabasco en 1994. Y desde luego, López Obrador tenía razón. La falta de democracia engendra todos los males de cualquier sistema político, como hoy la practica indiscriminadamente.

Además, siempre criticó el uso y abuso de recursos públicos para financiar las campañas del PRI. Exactamente lo mismo que hoy hace con sus sumisas corcholatas. Sólo que hay una gran diferencia entre aquél pasado, el lamentable presente y el trágico futuro que ya se advierte.

Ciertamente los dineros para el PRI salían de la hacienda pública nacional, y aunque ilegales tenían origen cierto. Hoy los dineros son clandestinos de la delincuencia organizada para financiar a los candidatos de Morena. Los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio ya vinculan a López con lo que han llamado un narcoestado. Vale la pena ver también el espléndido documental de Beatriz Pagés en el que pregunta: “¿Es usted narco Señor Presidente?”.

Todo lo que Andrés López criticó es práctica común en su fallido gobierno. Convergen en él el caudillismo, el personalismo y el centralismo. López Obrador es el PRI redivivo, pero mejorado. Más impositivo y sin opción de disenso.

Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda, es el mejor ejemplo, al abandonar el lopezobradorismo por señalar las fallas y los excesos de un Presidente negado a la cordura y a entrar en razón.

El caudillismo de López Obrador se evidencia cuando fue candidato tres veces y después Presidente por su propia autoimposición. Como caudillo y dueño del PRD, primero, y después de Morena en 2006, 2012 y 2018 canceló toda oposición dentro de los propios partidos para erigirse como candidato único, sin opción de otra candidatura en las filas de la apócrifa izquierda que hasta hoy todavía lidera, aun cuando en 2012 Marcelo Ebrard venció a López Obrador en las encuestas.

La trayectoria política de Andrés Manuel ha sido de autoritarismo exacerbado y hace honor a la célebre frase acuñada por el genio uruguayo de la historia Eduardo Galeano: “El poder es como un violín. Se toma con la izquierda y se toca con la derecha”. López Obrador se dice de izquierda, pero es un populista de derecha, con los mismos vicios del PRI y del PAN.

Los mejores ejemplos de la corrupción lopezobradorista es su hijo José Ramón López Beltrán y su hermano Pío (pillo) López Obrador.

Su discurso y su comportamiento así lo evidencian. Admira a las dictaduras latinoamericanas más feroces y represivas del continente que se dicen de izquierda. Por asesinos, represores y antidemócratas se distanció del gobierno de Joe Biden. Ese episodio no ha terminado todavía. López concluye su mandato el 30 de septiembre de 2024 y Biden el 20 de enero de 2025. Tiempo suficiente para cobrar las afrentas inferidas a la Casa Blanca.

En un intento de liderazgo de caricatura, se atrevió a desafiar al poder del imperio, al condicionar su presencia en la Cumbre de las Américas, a la invitación del represor Daniel Ortega, en Nicaragua, que encarcela a sus opositores, del narcotraficante Nicolás Maduro en Venezuela y del heredero de los asesinos Fidel y Raúl Castro, Miguel Díaz Canel.

En el exceso de su magalomanía, López Obrador ofendió la soberanía nacional al permitir que en la conmemoración del Día de la Independencia de México, el títere castrista Díaz Canel fuera el orador oficial. El mismo que definió como antidemocrática su no invitación a la Cumbre de las Américas, cuando que Cuba lleva 63 años de dictadura sin elecciones.

Con todos esos antecedentes de autoritarismo y confrontación, ya se vislumbra lo que Andrés Manuel prepara para México en la elección presidencial de 2024. Como en los mejores tiempos del PRI, viene la imposición del candidato de Morena y los desesperados intentos para hacerlo Presidente de la República, con todo el aparato de Estado y los recursos de la nación.

Sumisos y “leales”, Adán López y Claudia Sheinbaum se disputan el poco honroso privilegio de demostrar quién es más servil a las manipulaciones de López Obrador. En una humillante metáfora refresquera ha definido a su posible sucesor como el destape de las corcholatas para oponerlo al tradicional destape del tapado priísta.

Nada ha detenido a López Obrador para exhibir a sus corcholatas a la opinión pública. En uso y abuso de los recursos públicos del tesoro nacional para darlos a conocer ante el electorado, sin algún recato Adán Augusto López se ha movilizado en equipo aéreo de la Guardia Nacional, y más grave aún, en compañía del general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional para hacer abierta campaña en Sonora.

Independientemente de esos actos ilegales y de abuso de los dineros del pueblo, López Hernández viola flagrantemente el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal: “Corresponde a la Secretaría de Gobernación contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover la formación cívica y la participación ciudadana, salvo en materia electoral”.

Con ello, Adán Augusto vulnera el respeto a las instituciones democráticas, se inmiscuye en asuntos electorales para amenazar que si por apoyar a López Obrador debería renunciar, renuncia.

 

Por ética política y respeto a las instituciones democráticas, y el derroche de dinero que no es suyo, debería de renunciar inmediatamente.

El colmo fue cuando López Obrador autorizó, siempre con dineros públicos, la presencia de los tres aspirantes presidenciales de Morena en Toluca, Estado de México, para que al grito de “Presidente, Presidente”, amenacen al PRI de que al ganar esa entidad, Morena asegura la Presidencia de la República. Nada que envidiar al tricolor.  Ampliaremos…

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De la tierra de Belisario a zona de sicarios

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De un lugar turístico de clase mundial a una región violenta por cárteles * Urgen la desaparición de poderes y el juicio político contra Rutilio Escandón

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

La patria mexicana se ha convertido en un gigantesco cementerio. A diario aparecen ejecutados, lo mismo en Guanajuato que en Michoacán, en Zacatecas y en Tamaulipas, Sinaloa y Veracruz. El Triángulo Dorado –Chihuahua, Sinaloa y Durango-, donde campantemente se pasea López Obrador, ha cobrado decenas de víctimas sumidas en la impunidad.

La nota mayor en las últimas semanas la ha dado el estado de Chiapas. Como nunca han aparecido cuerpos desmembrados y encostalados en la carretera de Chiapa de Corzo. Los últimos asesinatos de Frontera Comalapa, las siete ejecuciones en la zona de Marqués de Comillas, entre ellos un menor de apenas 10 años de edad.

La pérdida de control territorial en la entidad y la incontrolada violencia anuncian juicio político y desaparición de poderes para el gobierno de Rutilio Escandón.

Los 18 municipios de la zona indígena se han convertido en tierra de nadie. Chenalhó, Pantelhó, San Andrés Larráinzar, Mitontic y sobre todo Chamula se han convertido en gobiernos paralelos al fallido gobierno de Rutilio Escandón.

Desde hace seis meses los 25 desaparecidos en el municipio de Pantelhó no aparecen. Se hace presente la sentencia de Rubén Figueroa, gobernador de Guerrero entre 1969 y 1975, cuando le preguntaron sobre los desaparecidos en esa entidad, indolente y cínico contestó el tigre de Huitzuco: ”Si están desaparecidos, están muertos”. La frase le aplica al lamentable gobierno de Rutilio Escandón en este 2022.

Por primera vez Chiapas se ha puesto al nivel de los estados del norte y centro del país en donde prevalece la inseguridad, la violencia y la impunidad. Una muestra de la incapacidad del que se dice gobernador de Chiapas la dio la semana pasada cuando un grupo de motonetos en San Cristóbal de las Casas pretendió asaltar la tienda Walmart e hizo disparos al aire con armas largas.

La noticia de lo sucedido en San Cristóbal caminó por todo México y traspasó las fronteras del territorio nacional, en tanto que la respuesta del rutilante gobernador fue demagógica, irresponsable y de ficción.

Diría el (des)gobernador de Chiapas: El pueblo de Chiapas es un pueblo bueno, fraterno y de amor al próximo. “El pueblo cuenta con su gobierno y todo el que cometa un delito será sujeto de la ley”. Sólo faltó al improvisado predicador ponerle a su lamentable perorata capítulo 4T, versículo 4T, para estar al nivel de Lucas, Mateo, Juan y Marcos.

Habría que preguntarle entonces al sedicente gobernador cómo se mide la bondad de un pueblo, su fraternidad y su amor al prójimo, en un estado de desecho, cuando que los desaparecidos, las ejecuciones extrajudiciales, gobiernos paralelos en abierta confrontación con el gobierno de Chiapas, contradicen la versión de un gobierno ineficaz y sin sentido.

Rutilio tiene miedo y no se atreve a enfrentar el desorden que prevalece en la geografía estatal.

Hasta hoy Rutilio Escandón, la escondida secretaria de Gobierno, Cecilia Flores, la corrupta secretaria de Seguridad Pública, Gabriela Zepeda, y el improvisado fiscal general, Olaf Gómez Henández, ninguna explicación han dado de todas las ejecuciones y desapariciones en Chiapas.

El más lapidario juicio en contra del gobierno escandonista, por los sucesos de San Cristóbal, la dio José Cárdenas desde su programa Tele fórmula: “Hay algunos negligentes (léase Rutilio Escandón) que pretenden ocultar el sol con un dedo cuando todos sabemos que los motonetos pelean por el control del mercado del norte en donde se expende piratería, drogas, armas, vehículos robados y robo de autopartes”, entre otras actividades ilícitas practicadas por los motonetos y sus secuaces.

¿Cuántos detenidos hay? por el asesinato de Rubén de Jesús Valdez Díaz, presidente municipal de Teopisca. Es el anuncio anticipado de que de que no tarda en haber más atentados mortales en contra de la vida de algún otro de los ediles.

Ninguna explicación de la renuncia en pleno del ayuntamiento constitucional teopisquence. Ninguna declaración oficial sobre la desaparición de los poderes municipales. Lo único que se evidencia es el temor de un atentado de síndico y regidores.

El estado de indefensión es patético ante un gobierno incapaz de garantizar la vida y el patrimonio de los mismos servidores públicos.

La refinación de la delincuencia organizada en la zona indígena ha creado el neologismo “etnopornografía”. Hoy es común ver la distribución y venta de videos en los que aparecen mujeres indígenas, algunas de ellas menores de edad, expuestas en relaciones sexuales filmadas clandestinamente y sin su consentimiento.

Es una nueva forma de trata, pederastia y esclavitud que el gobierno de Rutilio Escandón se niega a reconocer y a combatir.

Mientras Rutilio se la pasa inaugurando obritas en el estado y turistea los fines de semana en la costa de Chiapas, la tierra de Belisario Domínguez se desangra.

Ninguna noticia y el olvido absoluto del asesinato de Nora López León, defensora de la tierra y el ambiente, encontrada muerta en la habitación de un hostal de Palenque.

El doble homicidio del matrimonio formado por los septuagenarios Renato José Zarate y su esposa Lauren, ejecutados en una brecha de la carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal. Defensores también del ambiente andaban detrás de los depredadores de la flora, la fauna y especies maderables en aserraderos clandestinos.

La Fiscalía de Justicia Indígena abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de los dos ambientalistas. Fallida resultó esa fiscalía. Su titular Gregorio Pérez Gómez fue nombrado interlocutor entre el gobierno de Chiapas y los grupos de autodefensa formados en el municipio de Pantelhó para expulsar al crimen organizado.

El argumento para su designación fue que Pérez Gómez pertenecía a la misma etnia, hablaba la misma lengua y conocía los usos y costumbres de la población. Nada de eso valió para la delincuencia organizada. A Gregorio se le nombró el 9 de agosto de 2021 y el día 11 terminó ejecutado.

La trascendencia de este homicidio quedó en evidencia cuando la misma secretaria de Seguridad Pública federal, Rosa Icela Rodríguez, dio la noticia de tres detenciones sin que a ciencia cierta se sepa si los detenidos son realmente los asesinos materiales.

El mes pasado estuvo de visita en Chiapas la diputada federal Patricia Armendáriz Guerra. Le hizo saber a Rutilio Escandón que su familia tenía una propiedad en la zona de Chamic y que grupos de delincuencia organizada le impedían el paso. Con el mismo patrón de conducta y discurso desgastado de López Obrador, Rutilio dijo a la legisladora que esas eran versiones de los conservadores.

Lamentable, cómoda y pobre justificación. Toda la tragedia de Chiapas no es obra de los conservadores, de los retrógradas, de los opositores al régimen ni del neoliberalismo.

Es consecuencia de la incapacidad, la indolencia y la irresponsabilidad de un gobierno que se encuentra impedido para imponer el orden y hacer prevalecer el Estado de Derecho en Chiapas.

Ni duda cabe que Chiapas está entre la sangre y la indolencia de Rutilio Escandón. Ampliaremos…

 

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En Chiapas impera la incompetencia y la ingobernabilidad

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El estado arde y se desangra * El estado turístico por excelencia está manchado por la ola de violencia sin que autoridad alguna ponga orden al desastre nacional… ¿Y Rutilio Escandón? Bien, gracias

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Tres acontecimientos políticos de trascendencia han puesto a Chiapas en el centro de la atención mundial y nacional: los cuatro cuerpos sin vida desmembrados y encostalados en Chiapa de Corzo, el asesinato del presidente municipal de Teopisca, Rubén de Jesús Valdez Díaz, y la presencia de los motonetos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

Son una de las tantas expresiones de ingobernabilidad en la fallida administración de Rutilio Escandón Cadenas, el indolente gobernador.

Mientras Chiapas arde y se desangra sin que autoridad alguna pueda controlar sus graves acontecimientos, cada semana Rutilio se pasea por la costa de la entidad.

Así, la tragedia de Chiapas es el recuento de nunca acabar:

1.- Los 18 municipios de la zona indígena han caído bajo el control de la delincuencia organizada. Ello significa pérdida de control territorial, en donde la ausencia de Estado es notable. Destaca en esta región de los Altos el Cártel de San Juan Chamula, con el control de la producción y distribución de estupefacientes, robo de vehículos y autopartes, trata de personas, tráfico de combustible, armas y maderas.

El brazo ejecutor de esta región tzotzil se extiende hacia Frontera Comalapa, Chicomuselo y Motozintla, en los lindes con el territorio de Guatemala, se dirige hacia Comitán y la Selva Lacandona, con ramificaciones hacia Los Altos sobre puntos estratégicos en la zona indígena de San Andrés Larráinzar, Chenalhó, Pantelhó, Mitontic, Jitotol y Pueblo Nuevo Solistahuacan.

2.- Los puntos álgidos de mayor ingobernabilidad se encuentran localizados en Chenalhó y Pantelhó, de donde surgieron grupos de autodefensa ante la ausencia del Estado Mexicano. El Machete y los Ciriles demostraron mayor poderío y fuerza militar, al desarmar a la Guardia Nacional y confiscarle más de 50 armas de alto poder, con las que supuestamente se combate la delincuencia organizada y se preserva la seguridad nacional.

3.- El asunto es en extremo grave cuando que el mismo subsecretario de Seguridad Pública federal ha reconocido la existencia del Chamula Power, sin algún control por parte de las autoridades federales y estatales.

Con ese poder y esos nexos se pretende responsabilizar al gobierno municipal de Mariano Díaz Ochoa en San Cristóbal de las Casas, cuando que los gobiernos federal y estatal han sido rebasados por la delincuencia organizada y cada vez más se pierde el control territorial sobre la zona indígena.

4.- Como en ningún otro gobierno, fueron hallados cuatro cuerpos sin vida en la carretera Chiapa de Corzo, hacia el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, lo que demuestra que en esa parte del sureste mexicano aparecen los primeros síntomas de lo que sucede en los estados del norte y centro del país con las diarias ejecuciones extrajudiciales.

Se suma a estos inéditos acontecimientos, el asesinato reciente de 7 personas en la zona de Marqués de Comillas, entre los que se encontraba un menor de 10 años de edad. Y todos con signos de tortura como si se tratara de un ajuste de cuentas entre cárteles del narcotráfico.

5.- El plebiscito de Oxchuc para nombrar, por usos y costumbres, el Ayuntamiento Municipal resultó un fracaso. Cuando menos tres muertos y varios heridos dejó el enfrentamiento durante el desarrollo del pretendido acuerdo plebiscitario. La falta de operación política del gobierno de Rutilio Escandón provocó el fracaso del plebiscito que debió de haber constituido un punto de reconciliación entre los grupos antagónicos enfrentados.

6.- Un acontecimiento de trascendencia nacional del enfrentamiento entre grupos criminales fue la ejecución del hijo del tío Gil, Gilberto Rivera Amarillas, catalogado como el terror de la Frontera Sur y operador privilegiado de la delincuencia organizada ante la complacencia del gobierno de Rutilio Escandón.

7.- Durante febrero de 2022 se registró el asesinato de Mariano Gómez en la zona tojolabal de la ruta Altamirano-Comitán, en donde fueron retenidos 54 transportistas, con la única demanda de la desaparición del Concejo Municipal impuesto por el Congreso del Estado por órdenes de Rutilio Escandón.

8.- El asesinato del empresario ganadero Alfredo Dargance Morell, en diciembre de 2021, a plena luz del día, evidencian la enorme inseguridad que prevalece en la ciudad capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, hasta hoy sin responsables de este artero atentado.

9.- El homicidio del periodista Fredy López Arévalo sigue sin resolverse aun cuando las autoridades se comprometieron a aplicar “Todo el peso de la ley”. Es un acto de engaño y extrema demagogia. La ley no tiene peso. Los gobernados sólo esperan su aplicación estricta sin más calificativos.

En un acto irresponsable la Fiscalía General del Estado emite un boletín, en el que asegura que los asesinos de López Arévalo se encontraron encajuelados en las inmediaciones de Frontera Comalapa. Nada más falso. Nunca se supo cómo probar que efectivamente se trataba de los asesinos del periodista.

10.- El asesinato del fiscal de Justicia Indígena, Gregorio Pérez Gómez, es otra afrenta al principio de autoridad que el gobierno de Rutilio Escandón no ha podido resolver. Se le nombró interlocutor entre los grupos disidentes de Pantelhó y Chenalhó, bajo el fallido argumento de hablar el mismo idioma y conocer los usos y costumbres de sus coterráneos.  El mensaje fue funesto: lo matamos porque no nos interesa intermediarios, aunque sea uno de los nuestros.

11.- La ejecución del presidente municipal de Teopisca sigue sin resolverse. Para justificar su inoperancia, la Fiscalía General del Estado emitió un ridículo panfleto: “La Fiscalía condena enérgicamente este crimen y refrenda su compromiso para garantizar el Estado de Derecho”. No basta con condenar y refrendar compromisos que jamás se han cumplido. Se trata de investigar y encontrar a los culpables.

Mientras eso no sucede se convierte en un crimen de Estado y las autoridades cómplices del homicidio.

12.- La ingobernabilidad, la incompetencia y la irresponsabilidad gubernamental han hecho que Chiapas se convierta en uno de los cinco estados donde se concentran el 70 por ciento de homicidios de los ambientalistas y activistas de derechos humanos, al lado de entidades tan ingobernables como Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Mientras todo eso sucede, Rutilio Escandón se publicita como el gobernador que más promueve la obra pública por los pasos a desnivel en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Lo malo es que la falta de previsión y planeación en esas obras han provocado severas inundaciones en la capital del estado.

12.- Se suma a toda esta tragedia chiapaneca los asaltos, robos y agresiones de la delincuencia común, que al lado de la gran delincuencia colabora con la ingobernabilidad del estado de Chiapas. Y ello ya no tiene retorno.

La mayor irresponsabilidad del gobierno de Rutilio Escandón se dio el pasado 12 de junio, cuando asistió a la ciudad de Toluca al destape de las tres corcholatas lopezobradoristas. Mientras Rutilio se divertía con el morenismo nacional, en el estado que desgobierna se daban ejecuciones extrajudiciales siempre sin resolver.

Ante tanta incompetencia e ingobernabilidad es pertinente afirmar que Chiapas necesita gobernador. Ampliaremos…

 

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