Para entronizar a su corcholata * Hará de lo que tanto se queja que le hicieron en 2006 *Perdido en la irracionalidad amenaza que en el 2024 la oposición jamás podrá recuperar la Presidencia * Su enfrentamiento con el Partido Republicano también le traerá graves y severas consecuencias

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

El pasado 26 de febrero la ciudadanía mexicana organizó una marcha para la defensa del voto y del Instituto Nacional Electoral (INE), ante los intentos golpistas de Andrés Manuel López Obrador para apropiarse del control electoral en la elección presidencial del próximo año.

Como respuesta amenazó que él, López, haría una concentración mayor para superar la manifestación que sin acarreos y sin amenazas había hecho la sociedad civil. Ello, en repudio por el autoritarismo del Presidente de una parte de los mexicanos.

López Obrador no quiso quedarse atrás e intentó superar el acto espontáneo en el que las voces de la audiencia nacional reclamaban: “Fuera López, fuera López.”

En respuesta a la manifestación ciudadana, en 100 ciudades de la República y con alcances en Estados Unidos, España, Francia y Suiza, el tránsfuga de la izquierda y de la democracia mexicana se fusiló íntegro el Artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En su desgastada perorata agradeció a los contingentes llegados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas y así… hasta llegar a Zacatecas, en el mismo orden alfabético consignado en la Carta Magna.

Como no pudo organizar su faramalla en toda la geografía nacional, se fue por el lado cómodo y fácil de asegurar que sus simpatizantes habían llegado de todas partes de la República.

Sólo que con esas expresiones dejó al descubierto el abuso y el desprecio con que se utiliza a los pobres destinatarios de los programas sociales.

Son escaparates de feria para exhibirlos en el Zócalo de la Ciudad de México, el lugar favorito del entonces férreo opositor del sistema político mexicano, el farsante de una izquierda que nunca ha practicado.

En vez de presumir la llegada de contingentes de las 32 entidades federativas, debería de darle vergüenza. Viajar desde las dos Baja California, Sonora, Yucatán o Chiapas son trayectos de 3 mil, 2 mil o mil kilómetros para llegar a la Ciudad de México en un recorrido de 50, 25 o 20 horas.

Con lluvia, frío y sol, una espera de 12 horas para oír al mitómano de Palacio es el atentado más grande a los derechos humanos de los pobres para recoger migajas de los programas sociales.

Tiene razón López cuando asegura “Primero los pobres”. Con todo y el despilfarro del patrimonio nacional para mantener a su clientela electoral, entre 2019 y lo que va de 2023 se han incorporado a la miseria 5 millones de mexicanos.

Las contradicciones de Andrés Manuel son evidentes como todas sus mentiras difundidas en cada mañana. Aprovechó el aniversario de la Expropiación Petrolera para dar respuesta a la conciencia ciudadana que protestó por todos los actos dictatoriales de un personaje imposibilitado para gobernar desde la racionalidad.

Pero López Obrador fue mucho más allá en sus pronunciamientos. Bajo el disfraz de homicida intelectual encubierto, aprovechó el momento de su autoexaltación para amenazar de muerte a los opositores de la fracasada Cuarta Transformación.

En el exceso de su megalomanía se llegó a comparar con Jesucristo sacrificado en la Cruz por intentar redimir a los pobres. Por eso se le linchaba y se le agredía diría López Obrador en una ridícula comparación con el hombre universal, cuyo recuerdo ha perdurado durante 20 siglos, en tanto López Obrador se alista para irse al basurero de la historia.

Advierte a sus críticos de la pena de muerte a que se exponen por oponerse  a su gobierno en decadencia. La profusa circulación de panfletos con la leyenda: “Periodistas con malos pensamientos contra nuestro Presidente serán desaparecidos”. La amenaza no puede ser más abierta que desde la voz y la orden presidencial.  Eso explica los más de 50 asesinatos de periodistas durante el sexenio lopezobradorista y los 17 sólo en el 2022.

En el mitin morenista del 18 de marzo, López Obrador volvió a arremeter en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hordas de fanáticos adiestradas desde el poder, quemaban un monigote semejando la persona de Norma Lucía Peña Hernández y la consigna: “Fuego, fuego. Fuera Piña”. Esa es la democracia y el respeto a las instituciones que desde siempre ha practicado López Obrador.

El insulto a la presidenta Norma Piña llegó a límites inaceptables para un gobierno que se dice democrático y de respeto al Estado de Derecho: “Norma Piña, santa patrona de los narcos”, cuando que el cómplice de la delincuencia organizada se llama Andrés Manuel López Obrador. Así lo han denunciado los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, con lo que López Obrador ya se puso en el camino para su perseguida ex presidencia.

Sin el más mínimo recato y desprovisto de toda vergüenza se atreve a vociferar que encabeza una presidencia humanista aun cuando él sea prototipo de la deshumanización.  Hay varios acontecimientos que así lo advierten.

Ordenó ocultar el remdesivir para beneficiar a sus cercanos, entre ellos al bandido de su hijo José Ramón López Beltrán.  Esa actitud ocasionó la muerte de 200 mil mexicanos que pudieron haber salvado la vida si el medicamento hubiese estado disponible para afectados de Covid-19.

Humanismo es dedicar presupuesto excesivo a sus tres fracasados megaproyectos, mientras miles de niños mueren de cáncer ante el dolor y la impotencia de sus padres.  Humanismo es desaparecer el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para dejar a 16 millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud.

Humanismo es desaparecer 27 mil escuelas de tiempo completo para dejar sin educación y el único alimento del día a más de 4 millones de niños. Basta con señalar que el 55 por ciento de esos menores estaba por debajo de la línea de pobreza.

Humanismo es mentirles todos los días a los mexicanos con la fantasía de una transformación a todas luces sin regresión.  Humanismo es incitar a la violencia para desaparecer a sus opositores vistos como enemigos. En fin, humanismo es la deshumanización del lopezobradorismo.

Obnubilado por una presidencia que le quedó en extremo grande, ahora López Obrador se convierte en supremo elector al atentar en contra de las instituciones republicanas.  Perdido en la irracionalidad amenaza que en el 2024 la oposición jamás podrá recuperar la Presidencia. Es la abierta advertencia de que ya prepara el fraude electoral del que tanto se duele, para entronizar a una de sus tres destartaladas corcholatas.

Sólo que en política la velocidad de los acontecimientos son impredecibles. De un día para otro las circunstancias pueden cambiar radicalmente, sobre todo porque López Obrador deberá enfrentar obstáculos que se advierten irremontables.

Hacia el interior se encuentra enfrentado con los empresarios y las clases medias de las cuales se ha distanciado y ya perdió.

La iglesia le ha dirigido severas críticas y señalamientos en contra de un gobierno que jamás pudo cristalizar las promesas de campaña. Y desde luego los periodistas y los medios más influyentes son una severa advertencia a su destartalada presidencia.

Su enfrentamiento con el Partido Republicano también le traerá graves y severas consecuencias. Fue un gravísimo error enviar a Marcelo Ebrard para instruir a los 52 cónsules, tengan reuniones informativas con los mexicanos e inducirlos a votar en contra del Partido Republicano. Y desde luego ya compró innecesariamente pleito con la poderosa prensa estadounidense tan crítica de su gobierno.

Desde hoy se advierte no le alcanzarán sus 23 millones de clientes electorales para perpetuarse en el poder, en un fallido intento de instaurar un minimaximato.  Ampliaremos…

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De perder la elección presidencial en el 2024 * Sabe que la oposición podría meter a prisión al primer expresidente de México en el 2025 * López Obrador, asesino intelectual encubierto

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Desde su paso por la oposición hasta su ejercicio como Presidente de la República, López Obrador ha utilizado la amenaza, la descalificación y la diatriba para atacar a sus adversarios reales o supuestos.

Así ha transitado desde el “cállate chachalaca”, “al diablo con las instituciones” y “no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”.

Al principio, y como opositor, se pensó era su posición política para enfrentar al priísmo y al panismo, hasta llegar a inventar un gobierno de ficción y su payasada de protestar como “presidente legítimo” en el Zócalo de la Ciudad de México.

Lo malo fue que ya después desde el poder, el tono virulento de su discurso se acrecentó contra todo síntoma de crítica y disidencia. Todos los que no están con él son enemigos del régimen: neoporfiristas, conservadores, neoliberales y cuánto epíteto se le ocurre desde la insania de su personalidad deformada.

La última destinataria de sus léperos pronunciamientos fue la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, al calificarla como protectora de jueces y magistrados que han liberado a delincuentes de cuello blanco. Ello en alusión a la negativa de girar orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La mayor descomposición mental le vino al ciudadano López cuando un juez federal ordenó liberar las cuentas de la esposa de Genaro García Luna. Era más de lo que podía soportar. Al punto de la paranoia se atrevió a amenazar de enjuiciar a los jueces que se atrevieron a contradecir sus designios.

El ignorante de Palacio ignora que para proceder contra un juez o un magistrado, debe de esperarse hasta la resolución final para determinar si hubo o no transgresión a la ley.

Lo malo para López fue que en su incontinencia verbal no pudo ocultar su complicidad con el abyecto ministro Arturo Zaldívar Lelo (da) de Larrea, al reconocerle que con él había más vigilancia sobre los jueces y magistrados. El mismo que desde su posición de presidente de la Suprema Corte, en un acto de sumisión, diría: “Hay que escuchar el mandato de las urnas” en alusión a los 30 millones de votos de López Obrador. Vergonzosamente olvidó el ministro que la Corte no se mueve por votos sino por la constitucionalidad de sus actos.

Zaldívar, el mismo que permaneció semanas en la inconstitucionalidad, al no pronunciarse y callar cobardemente ante el intento de prolongar su mandato por dos años más para someterse a López Obrador. El mismo que permitió a López Obrador llamar mafiosos a los ministros que no votaran por la extensión de su mandato. En fin, el mismo que no exigió respeto para sus “compañeros” integrantes del máximo órgano jurisdiccional del país.

El coraje en contra de la ministra Piña Hernández le viene a López Obrador porque perdió a su alfil para presidir a la Corte. Yasmín Esquivel Mossa resultó una vulgar delincuente plagiaria de tesis doctoral y de licenciatura. Tanto intentó exonerarla el demente de Palacio que terminó por hundirla más en el desprestigio.

Sólo que Andrés Manuel se exhibió como protector de la delincuencia femenina de la 4T. Exactamente igual como lo hizo con la delincuente electoral Delfina Gómez, y observada con 800 millones de pesos en apenas siete meses como secretaria de Educación Pública.

Y desde luego la homicida por acción y omisión del Metro de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Una espléndida trilogía de la 4T como le gusta al lopezobradorismo.

Por eso sus desmesurados ataques en contra de una respetable ministra de carrera judicial y sin los pasivos que arrastra Esquivel Trampoossa. López Obrador, el tartufo que tanto lucra con la religión y sus estampitas mañaneras, pida a Dios no haya un atentado en contra de la ministra Piña Hernández y menos con resultados de consecuencias funestas. Iría con cargo a la cuenta de su discurso incendiario para predisponer  los ánimos de sus fanáticos seguidores o de sus propios enemigos para culparlo de sus lamentables provocaciones.

Ya hubo dos manifestaciones severas y graves en contra de la ministra presidenta. La primera cuando en redes sociales la presentan como el problema para la justicia. La solución, una bala. Y la segunda cuando una mujer vestida de toga y birrete, y un arma de utilería de alto poder, se apersonó a las puertas de la Suprema Corte para ofender a la institución que representa la ministra Norma Lucía Piña. El estribillo fue copiado de una espléndida canción infantil francesa: Martinillo.

Con voz aguardentosa y desafinada pretendía quedar bien con el jefe López cuando desentonó: “Norma Piña, Norma Piña, ¿dónde estás, dónde estás? Chingas a tu madre y te vas. Chingas a tu madre y te vas. Esta no es magistrada, es una naca de cabaret”.

El papel y el personaje la acomodó a la perfección. Se exhibió como la prostituta de la política que representa, al dejar al aire su extremidad inferior izquierda con una abertura en el vestido como se usa en los antros de arrabal. No hubo sorpresa. Es el lenguaje diario que utiliza e inyecta ánimos a López Obrador.

Esta agresión a las puertas de la Suprema Corte se viene a sumar a los enormes daños que López Obrador ha causado a diversos actores sociales y políticos, con su lenguaje ofensivo y de incitación a la violencia secundados por los fanáticos lopezobradoristas, como el espurio dirigente morenista Mario Delgado.

López Obrador ha arremetido también en contra de periodistas y ambientalistas defensores de la tierra. Los datos oficiales expresados por el mismo subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, el 27 de enero anterior, deberían de preocupar al Presidente de una parte de los mexicanos. Son 61 periodistas asesinados en lo que va del gobierno de López Obrador y 17 por lo que respecta únicamente al 2022.

Preocupante son también los datos que Global Witness da a conocer de los activistas de los Derechos de la Tierra asesinados en México durante el funesto gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Son 54 activistas que forman parte de un patrón por defender los grandes recursos naturales en contra de trasnacionales explotadoras de la flora y la fauna, grupos criminales violentos y gran corrupción gubernamental.

Según la misma Global Witness, el Cártel de Jalisco Nueva Generación ha hecho incursiones ilegales en la minería y sin respuesta por parte del Estado Mexicano, así como en los recursos maderables y pesqueros. Ello ha culminado en el asesinato de 27 defensores de los Derechos Humanos y de protección al Medio Ambiente.

Habría que preguntar, ¿cuántos de estos homicidios dolosos son con cargo al discurso beligerante y de incitación a la violencia de Andrés Manuel López Obrador?

Pero la mayor tragedia viene en los últimos meses del gobierno de López Obrador. Ante el temor de perder la elección presidencial del próximo año, desde ahora puede predecirse que va a intensificar su campaña de odio en contra de sus opositores, de los conservadores y de los neoliberales, quienes son sus enemigos imaginarios en su deformada personalidad.

Ello puede advertirse porque ya no pudo contra la corrupción, cuando en su gobierno hay mucho más corrupción que en el priísmo y el panismo a los que tanto critica. Y ya no pudo controlar la violencia de la que siempre ha dicho “vamos muy bien en materia de seguridad”, aun cuando las cifras de muertos y desaparecidos son mayores a las reportadas oficialmente durante los gobiernos de Peña Nieto y Felipe Calderón.

Ese es su verdadero temor. Perder las elecciones y que de llegar la oposición a la Presidencia, encarcele al primer expresidente de México en el 2025.  Ampliaremos…

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El gobernador Rutilio Escandón Cadenas tampoco canta mal las rancheras *La instrucción y la imposición vinieron, primero, del gobernador electo Escandón, y después del propio Rutilio cuando ya estaba en funciones. De ello se ufanaba Natarén y lo pregonaba a los cuatro vientos

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

Carlos Faustino Natarén Nandayapa fue nombrado rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) el 4 de diciembre de 2018. Propuesto para un segundo periodo, resultó otra vez electo hasta el 2026.

Forma parte del cuarteto reeleccionista de los rectores que han pasado desde la fundación de la Unach en 1974, sin certeza de llegar al final de su rectorado si llega un opositor a la 4T.

El síndrome de cada reelección ha terminado en un desastre universitario. Ninguno de sus tres antecesores pudo completar un segundo periodo. El contador Federico Salazar Narváez -primer rector en 1974- fue defenestrado en 1979.

En 1986, el doctor en teología, Heberto Morales Constantino, concluyó anticipadamente el segundo rectorado, a pesar de su nivel intelectual y académico.

Y el destacado médico cirujano Antonio García Sánchez tuvo una salida airosa cuando en 1991 fue nominado para una diputación federal.

Ahora Carlos Natarén enfrenta una demanda ante la Fiscalía General de la República por usurpación de profesión, fraude y falsificación. En los dos periodos la Junta de Gobierno no hizo su trabajo académico de investigar al doctor Natarén sobre su condición académica.

La investigación y la denuncia, lamentablemente, tienen que venir de fuera para alertar sobre la ausencia del doctorado de quien se dice rector de la Unach.

Se entiende que la Junta de Gobierno no cumplió a cabalidad con la enorme responsabilidad conferida para designar al dirigente de la máxima casa de estudios en Chiapas. La instrucción y la imposición vinieron, primero, del gobernador electo Rutilio Escandón Cadenas, y después del propio Rutilio cuando ya estaba en funciones. De ello se ufanaba Natarén: “Ya me instruyó el gobernador de inscribirme como aspirante a la rectoría”, en abierto atentado a la autonomía universitaria.

Si la imposición vino desde el poder, tocaba entonces a Escandón verificar si Natarén cumplía con los méritos académicos que se atribuía como doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Lo malo es que Rutilio Escandón carecía de autoridad moral para exigir se demostrara el doctorado de Carlos Faustino Natarén Nandayapa.

El mismo Escandón Cadenas usurpaba profesión. En su toma de protesta, la presidenta del Congreso del Estado cedió el uso de la palabra al doctor Rutilio Escandón Cadenas sin haber sido reconvenida. Además, en su haber académico ha firmado actas de examen profesional y títulos profesionales con el grado de doctor.

Y en la reforma a la Constitución del Estado de Chiapas, del 11 de diciembre de 2019, se ostenta también como doctor en derecho. Sólo que la Dirección General de Profesiones reporta únicamente una licenciatura por la Universidad Autónoma de Baja California, aun cuando presume haber sido alumno del doctor Ignacio Burgoa en la UNAM.

Hoy don Rutilio se encuentra en la misma encrucijada  escolar del rector Carlos Natarén. El doctor José Adriano Anaya, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y propietario del diario Contrapoder en Chiapas, ha iniciado carpeta de investigación en contra de Carlos Faustino Natarén Nandayapa por la comisión de probables hechos delictuosos derivados de un doctorado inexistente en la Dirección General de Profesiones.

Natarén Nandayapa apenas asoma como licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Su salida “magistral” -a medias y sin éxito- es que obtuvo el doctorado en España con un título expedido por Juan Carlos I, rey de España, y de dudosa validez en el territorio nacional.  Tan es así que a pesar de haber obtenido el doctorado el 4 de julio de 2006 -hace más de 16 años- a la fecha no ha regularizado ni cumplido con la disposición establecida en el artículo 17 de la Ley de Profesiones que textual mandata:

“Los títulos expedidos en el extranjero serán registrados por la Secretaría de Educación Pública, siempre que los estudios que comprende el título profesional sean iguales o similares a los que se imparten en instituciones del Sistema Educativo Nacional”.

“En los casos en que resulte imposible establecer la similitud de estudios en la forma prevista en los términos del párrafo anterior, se establecerá un sistema de equivalencias de estudio, sometiendo, en su caso, a los interesados, a pruebas o exámenes para la comprobación de sus conocimientos”.

Pero más allá del mandato constitucional del Artículo Quinto de la Carta Magna, y reglamentado por la Ley de Profesiones, se infiere que Carlos Faustino Natarén Nandayapa no ha presentado su examen de conocimientos en México, porque es un doctorado no reconocido por las instituciones educativas nacionales.

Así pareciera ser porque Juan Carlos de Borbón no es autoridad igual que Felipe VI, su hijo, bajo el lema de que el rey reina, pero no gobierna. Es jefe de Estado, pero no de gobierno como para expedir títulos con validez oficial en México, en tanto no se regularice ese grado académico obtenido en el extranjero.

Ahí está la explicación del porqué Faustino Natarén no ha registrado su título español. Habría que buscar similitud, igualdad o un sistema de equivalencias, entre el doctorado en derecho procesal estudiado en España y el derecho procesal impartido en México.

Bajo esta perspectiva, hasta hoy ese documento no tiene validez en nuestro país, a la luz de los mandatos establecidos en los artículos 17 de la Ley de Profesiones y el 142 de la Ley General de Educación que fundamentalmente previenen lo mismo.

Procede entonces solicitar la opinión de la Dirección General de Acreditación, Investigación y Regularización de la Secretaría de Educación Pública si el doctor Faustino Natarén Nandayapa ha realizado el trámite respectivo y presentado el examen a que está obligado, con lo cual todavía no puede ostentarse como doctor en derecho.

Lo cierto es que sobre el rector Natarén pesan otras irregularidades y diversos señalamientos sobre su accidentada trayectoria escolar. Inscrito en 1999, cursó el primer semestre de la maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y concluyó con cuatro asignaturas aprobatorias.

La debacle académica vino cuando se matriculó para el segundo semestre y no se presentó a ninguno de los exámenes a que estaba obligado. En todos aparece con NP. Una prueba irrefutable de que su título español no tiene validez en México, mientras no se cumpla con la legislación nacional, se encuentra en el Artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un estado, con sujeción a sus leyes, serán respetados en los otros”.

De la interpretación de este dispositivo constitucional, se pone de manifiesto que sólo los títulos profesionales expedidos en territorio nacional, serán reconocidos dentro del sistema federativo mexicano, pero sin alguna mención al reconocimiento de títulos expedidos en el extranjero, y menos por una autoridad monárquica.

Así, mientras Carlos Faustino Natarén Nandayapa no cumpla con la legislación nacional y las prevenciones de la Carta Magna, no tiene derecho a firmar como doctor y menos ostentar usurpar una rectoría obtenida con supuestos logros profesionales.  Ampliaremos…

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