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HOJAS LIBRES

Inmoralidad, impunidad y corrupción en el desalojo del Instituto de Oftalmología Tropical en San Cristóbal

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El autor del trágico evento fue el hoy presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas * Queda ahí una muestra de cómo se impartirá la justicia en el estado de Chiapas… ¡Sálvese quien pueda!

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

El día miércoles 27 de agosto de 2014 fue desmantelado el Instituto de Oftalmología Tropical en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. La orden del trágico evento fue ejecutada desde el Juzgado Primero Civil por instrucciones directas del juez Guillermo Ramos Pérez.

La prepotencia y la brutalidad policiaca se hicieron presentes. Para notificar una orden de desalojo a la señora Carmen Portillo y Cruz González, responsable del Instituto, se necesitó el apoyo de 45 agentes de seguridad pública, 5 ministerios públicos y 10 agentes de la Policía Judicial, estos últimos con armas ocultas dentro de sus mochilas. O sea, la violación total a los derechos humanos.

El evento fue en extremo exagerado, cuando que se trataba de un asunto de orden civil para desalojar el inmueble, y no de una cuestión de carácter penal tratada como si se persiguiera el delito de despojo. El único facultado para pedir ese apoyo innecesario era el juez primero civil Guillermo Ramos Pérez. Cuando se trata de un desalojo, de carácter civil, únicamente se solicita la presencia policiaca de seguridad pública para controlar cualquier imprevisto.

Utilizar a la Policía Judicial es un atentado al orden constitucional, puesto que sus atribuciones y facultades están puntualmente definidas en el Artículo 21 de la Carta Magna: investigar y perseguir los delitos bajo el mando y la conducción del Ministerio Público. Y aquí no había delito.

Cuando a la señora Carmen Portillo y Cruz González se le notificó la orden de desalojo se hizo de manera irregular, al enterarle que había una demanda en el Juzgado Décimo Octavo de la Ciudad de México, según expediente 604 o 664, deducido del exhorto 388/2014, con el evidente propósito de confundir, al incurrir en imprecisiones premeditadas.

Lo grave fue cuando pidió copia al actuario judicial de la notificación para el desalojo de la propiedad. Se le argumentó que se presentara ante el juzgado civil para que ahí se le informara quién y por qué la había demandado. Era un atentado al debido proceso y a las garantías del gobernado al no informarle sobre el contenido del expediente que se le notificaba.

Cuando concurrió ante el Juzgado Primero Civil para pedir copia del expediente, el juez Ramos Pérez le manifestó que por procedimiento se había mandado íntegro a la Ciudad de México y no había quedado ninguna referencia en el juzgado de la ciudad de San Cristóbal.

Los atentados a los derechos humanos y a las garantías individuales continuaron en contra de la señora Carmen Portillo.

Confinada y secuestrada en un espacio reducido y cercado dentro de la misma propiedad, se impedía el acceso a toda persona, incluido el de su abogado, para brindarle asistencia legal. El frívolo y desafortunado argumento de la policía a cargo de vigilar el secuestro perpetrado ilegalmente desde el poder era que nadie podía pasar.

Así de simple. Una mujer de 82 años a merced de toda la fuerza pública sin asistencia jurídica ni personal, incluida la necesidad de proporcionarle alimentos. Cuando por fin la señora Carmen Portillo pudo tener comunicación, se enteró al abogado que se trataba de la sentencia de un juzgado de la ciudad de México, pero sin informar quién demandaba y bajo qué argumento legal.

Se recurrió también a la corrupción para el desalojo del Instituto de Oftalmología Tropical. En un acto de extrema inmoralidad, se ofreció a cada trabajador la cantidad de 50 mil pesos a cambio de abandonar la propiedad. Sólo que el improvisado corruptor se encontró con la lealtad y la dignidad de los colaboradores de la señora Carmen Portillo. En ese momento y públicamente denunciaron el intento de soborno judicial, y desde luego, no hubo sanción alguna.

Todo el operativo estuvo precedido por el atentado a la ley y a la Carta Magna. El juez décimo octavo de la Ciudad de México no era competente para conocer sobre la propiedad y posesión de un inmueble localizado en otra entidad federativa. Lo mismo que el juez Guillermo Ramos estaba imposibilitado para conocer de un juicio iniciado fuera de la jurisdicción del estado de Chiapas.

Con este actuar ambos “juzgadores” violaron el artículo 158 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Chiapas.  El artículo 156 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. El artículo 13 del Código Civil del Distrito Federal y también el 13 del Código Civil Federal. Todos estos numerales convergen en un solo mandato: “Los bienes muebles e inmuebles se regirán por el derecho del lugar de su ubicación”.

Se aplicó también extraterritorialmente la ley prohibida por el Artículo 121 Constitucional en observancia del principio lex rei sitae: “Las leyes de un estado solo tendrán efecto en su propio territorio y no podrán ser obligatorias fuera de él”. El mismo dispositivo constitucional ordena: “Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación”.

Bajo esos mandatos, el juez de la Ciudad de México debió de declararse incompetente al conocer el contenido de la demanda. El juez Guillermo Ramos debió también haber advertido que era incompetente, puesto que la demanda debería presentarse directamente en el juzgado de San Cristóbal.

¿Pero cuál fue el origen del problema? El día 1 de abril de 1967, la señora Carmen Velasco Suárez, hermana del doctor Manuel Velasco Suárez, donó al doctor Javier Torroella Bueno el predio La Almolonga con una superficie de 3.2 hectáreas. El objeto de la donación fue para fundar ahí el Instituto Mexicano de Oftalmología Tropical para combatir la oncocercosis y el tracoma, flagelos incontenibles que habían causado ceguera permanente en la población indígena de los altos de Chiapas.

El doctor Torroella Bueno era, en ese momento, uno de los científicos más reconocidos en el tratamiento de la oncocercosis y el tracoma. Su padre, el doctor Juan Luis Torroella Estrada, descubrió en los años 30, las microfilarias que provocaban el tracoma.

Para crear el Instituto se constituyó la Asociación Civil formada por los señores doctor Javier Torroella Bueno, Carmen Portillo y Cruz González, doctor Alfonso Vázquez Cabrera y José Torres Torija.

En las cláusulas de la donación la señora Carmen Velasco expresó su voluntad: “…pero con la condición expresa de que si este inmueble donado no fuere utilizado exclusivamente para dicho fin de Oftalmología Tropical, en un plazo no mayor de cinco años, la presente donación quedará sin efectos, y el predio pasará a beneficio de otra institución similar”.

Pero todavía más. Los Estatutos de la Asociación establecen en su artículo décimo séptimo: “La Asociación se disolverá por resolución de la Asamblea para lo cual se nombrará dos liquidadores dentro de los asociados”.

No había pues manera de entablar una demanda para apropiarse ilegalmente del inmueble, cuando que no sólo se cumplieron con los cinco años establecidos en la donación, sino que llevaba 47 años funcionando ininterrumpidamente, aun cuando en ese momento el doctor Torroella tenía 10 años de fallecido. Además, jamás se encontró un solo antecedente en actas de Asamblea que acreditara la disolución de la sociedad.

Así, la confabulación entre el juez dieciocho del Distrito Federal y el juez Guillermo Ramos fue en extremo evidente. El inmueble se encuentra en San Cristóbal, la escritura pública de la donación se hizo ante notario público de San Cristóbal y se cumplieron con todos los acuerdos contenidos en el contrato de donación.

El evento del Instituto de Oftalmología Tropical vuelve a tener vigencia en un momento en que el juez Guillermo Ramos Pérez fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Queda ahí una muestra de cómo se impartirá la justicia en Chiapas.  Ampliaremos…

 

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AMLO está enfermo: de la sospecha a la certeza

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El Presidente no entiende que su salud es un asunto de seguridad nacional ¨Aparte de sus males, también enfrenta la crisis del caso Ayotzinapa y el escándalo tras ser exhibido desde Latinus y la Guacamaya

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Finalmente ocurrió lo inevitable y ya esperado desde hace tiempo: Andrés Manuel López Obrador está gravemente enfermo de diversos padecimientos de los cuales se tenía la sospecha, pero ahora se tiene la certeza.

Lo anterior fue dado a conocer por uno de sus críticos más severos, Carlos Loret de Mola, con la filtración de información hackeada directamente de los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De la información obtenida se sabe que Andrés Manuel padece del corazón, hipotiroidismo, reumatología, ortopedia, gota y problemas respiratorios relacionados con padecimientos neumológicos.

Ya con anterioridad se había dado a conocer que el 2 de enero de 2022 una ambulancia del Ejército Mexicano aterrizó en Palenque, Chiapas, para llevar a López Obrador desde La Chingada -para evitar que se lo llevara la chingada- hasta el Hospital Central Militar en la Ciudad de México.

El padecimiento diagnosticado en ese entonces fue una Angina (¿de pecho?), inestable de alto riesgo, al parecer similar a la que terminó con la vida de Benito Juárez, según confirmó su médico de cabecera, el doctor Rafael Lucio.

La precaria salud de López Obrador obligó a que recibiera 28 terapias físicas para poderlo rehabilitar y quedar en mediano estado de salud.

Sus padecimientos se evidenciaron cuando en noviembre de 2014 sufrió un infarto que aparentemente no le causó un mal mayor. En aquél entonces se difundió que al haber sido atendido oportunamente, antes de los 30 minutos, ninguna secuela mortífera quedó en su organismo.

La información que hoy se tiene sobre la salud presidencial evidencia gravísimos actos de irresponsabilidad del que se dice Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Ha sido difundido profusamente que las personas más vulnerables al Covid-19 son aquéllas que padecen hipertensión, obesidad, diabetes y desde luego enfermedades cardiacas y respiratorias.

López Obrador se encuentra dentro de los lindes de todas esas enfermedades que hacen vulnerables a las personas ante la pandemia. Jamás ha usado cubrebocas ni guardado las medidas de seguridad que recomienda su farsante vocero sanitario Hugo López-Gatell. Por el contrario, presume de presentarse en las Mañaneras, en diversos eventos y reuniones sin el cubrebocas como dique de seguridad para evitar transmitir o recibir los efectos del coronavirus. Finalmente López Obrador terminó contagiado, a pesar de su invulnerabilidad presumida.

Como López vive fuera de la realidad, no entiende que la salud del Presidente es un asunto de seguridad nacional.

Si uno de los gobernados fallece, es lamentable, pero nada sucede. En cambio, si muere el Presidente de la República, condena al país a una crisis política y de gobernabilidad provocada por la irresponsabilidad del que hoy funge como responsable de la tranquilidad y seguridad del Estado Mexicano. O sea, hasta después de su muerte, López Obrador provocaría un grave debate nacional.

Debería de tomar en cuenta de que su edad ya no le permite la resistencia de un joven de 45 o 50 años como lo fueron Luis Echeverría, Miguel de la Madrid, Felipe Calderón y su antecesor Enrique Peña Nieto. López Obrador es el tercer presidente más longevo de la historia de México al llegar a la Presidencia con 66 años de edad. Los superan únicamente el presidente José Ignacio Pavón de 1860, con 68 años de edad, y Victoriano Huerta, con 67 años en 1913.

Con total cinismo López Obrador manifiesta en las Mañaneras que efectivamente padece todas esas enfermedades y le resta importancia a los hechos denunciados sobre su salud, cuando dice que eso ya se sabía. Dentro de la verdad otra vez recurre a la mentira.  Siempre se trató de ocultar la salud física y mental del Presidente.

Seguramente el más grave padecimiento es el del hipotiroidismo que el desarreglo hormonal lleva a una alteración de las condiciones metabólicas, neuronales, cardiocirculatorias y otras de más graves consecuencias. La más importante para mantener un equilibrio adecuado físico y mental son, desde luego, las actividades neuronales. Es por ello que a diario se ve a un Presidente siempre dispuesto a la agresión de los que no ve como adversarios políticos sino como enemigos.

Esas circunstancias lo incapacitan para gobernar y lo ponen al borde de la renuncia, como ocurrió con Antonio López de Santa Anna, Porfirio Díaz y Pascual Ortiz Rubio, presidentes defenestrados por sus dictaduras y su incapacidad para gobernar.

Según información difundida por Carlos Loret de Mola, el hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional alcanzan la estratosférica información de seis Terabytes, que contiene todos los secretos de la familia presidencial y de su fallido gobierno. Sorpresas habrán en México.

Además de la salud de López Obrador queda en la evidencia la forma de cómo fue liberado Ovidio Guzmán López durante el famoso Culiacanazo. Demostró la fragilidad de las fuerzas de seguridad del Estado Mexicano. En aquél episodio el narco presumió de más capacidad logística, operativa y de movilización que el Ejército, al cual López Obrador ha incorporado 120 mil efectivos de la Guardia Nacional.

Esa liberación pregonada por el mismo López Obrador lo pone como el gran violador del Estado de Derecho y en atentado permanente de la división de Poderes.

El Chapito iba a ser detenido mediante orden de aprehensión emitida por Juez Federal de Distrito, y López Obrador, en una orden arbitraria, violó una disposición emitida por uno de los legítimos representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo malo para el gobierno de López es que demuestra que el aumento presupuestal y de efectivos de la milicia, en vez de reducir las muertes violentas y los delitos de alto impacto, estos se han incrementado. Nada puede alegar cuando a cuatro años de su gobierno, en México se llevan más de 135 mil homicidios dolosos, cifras superiores a la de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en seis años.

Entre tantos muertos sin resolver y sin castigo, se encuentran defensores de derechos humanos, del medio ambiente y periodistas. Sólo en 2022 van 16 comunicadores ejecutados. Ello permite inferir que el aumento de los efectivos de la milicia lleva a una relación directa de complicidad con la delincuencia organizada. No es posible que los delitos en vez de disminuir se incrementen exponencialmente. Lo bueno es que él tiene otros datos.

En la información que Carlos Loret de Mola se ha comprometido dar a conocer paulatinamente, quedarán en evidencia todas estas graves y múltiples irregularidades en el gobierno de López Obrador como ya se anuncia desde ahora.

Están expuestas ahí, la confrontación entre las Secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina, y las grandes transas documentadas puntualmente en el libro de Elena Chávez: “El rey del cash. El saqueo oculto del presidente y su equipo cercano”. López Obrador, además de los datos pendientes en el hackeo, quedará como el mayor ladrón en la historia de México en contraste con su honestidad valiente.

Por ética política y moral, López Obrador debería de hacer un reconocimiento al trabajo periodístico de Carlos Loret de Mola, al difundir todas sus tropelías desde su página Latinus, cuando asegura que toda la información debe de ser transparente.

Pero aún más: ofreció asilo en México al hacker australiano Julian Assange al que calificó como “el mejor periodista de nuestro tiempo” y lo elevó a la categoría de “Un Quijote de la libertad de expresión”. Mientras recurre a esta demagógica retórica, agrede y amenaza a la prensa mexicana por exhibirlo como el autoritario, centralista y corrupto Presidente de la República. Ampliaremos…

 

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La farsa de la Cuarta Transformación

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La ley es la ley y hay que acatarla con todas sus imperfecciones * “Loco es aquél el que hace siempre lo mismo para obtener resultados diferentes”, la acertada premonición de Mario Delgado sobre la enajenación mental del Presidente Andrés Manuel López Obrador

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Hoy que Andrés Manuel López Obrador ha decidido la militarización del país, se exhibe como el farsante mentiroso cuando como candidato aspiraba a la Presidencia de la República. En una sesión del Pleno de la Cámara de Senadores, el senador Emilio Álvarez Icaza exhibió las fantasías y las mentiras de la fallida Cuarta Transformación con la decidida militarización del país.

En un video inobjetable, aparece en 2017 el entonces senador Mario Delgado, con la consigna lopezobradorista de fustigar la militarización del país y pedir a sus colegisladores no aprobar la ley propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sus argumentos son de una actualidad impresionante en un momento en que México está ya militarizado.

Diría el grotesco dirigente de Morena: “Nuestro país cae en una peligrosa espiral de militarismo donde 210 mil personas han sido asesinadas durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto” en un intento por combatir, entonces, la militarización pretendida y culpar a los dos presidentes que derrotaron a su actual jefe López Obrador.

En su perorata Mario Delgado exhibe exactamente lo que hoy ocurre con el fallido gobierno de López Obrador cuando manifiesta que se pone en peligro al Ejército al no crear cuerpos de seguridad pública para regresar a los militares a sus cuarteles.

Habría que recordarle a Mario Delgado que hoy a menos de cuatro años del gobierno de López, los muertos ejecutados suman más de 130 mil, lo que quiere decir que López Obrador, al final del sexenio, superará a Calderón y Peña juntos.

Acusa al gobierno de Peña Nieto de no atender las recomendaciones del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de evitar la aprobación de una ley que militariza al país.

En un asalto a la constitucionalidad del Estado mexicano se atreve a manifestar que de no acatarse esas recomendaciones se estaría mandando al diablo a las instituciones. Exactamente lo que hizo Andrés Manuel López Obrador cuando perdió ante Felipe Calderón, y exactamente lo que hace todos los días López Obrador de mandar al diablo a las instituciones y pasar por alto la Constitución y las leyes del Estado mexicano con la burla de que “no me vengan con que la ley es la ley”.

Por supuesto López. La ley es la ley y hay que acatarla con todas sus imperfecciones y no ofender a jueces, magistrados y ministros bajo el argumento de que son corruptos, mafiosos y manipuladores de la ley, pero sin alguna prueba de por medio. Y desde luego la amenaza permanente de investigarlos porque cancelan los tramos de su fallido Tren Maya y la enorme corrupción que costará al país más de 400 mil millones de pesos sólo en esa obra.

Mario Delgado se adelantó a definir la personalidad y el ejercicio del poder de López Obrador cuando citó a Albert Einstein: “Loco es aquél el que hace siempre lo mismo para obtener resultados diferentes”. Fue una acertada premonición de lo que hoy se observa de la enajenación mental de López Obrador. Tiene documentadas más de 70 mil mentiras y siempre se conduce de la misma forma para fustigar y amenazar a quienes se oponen a su régimen despótico y arbitrario.

¿Qué responderá Mario Delgado?.. cuando se le cuestione del porqué comparó al gobierno de Peña Nieto con el de Rodrigo Duterte en Filipinas o Nicolás Maduro en Venezuela, el admirado amigo de Andrés Manuel López Obrador. En un acto ofensivo a la democracia, la soberanía nacional y la ciudadanía mexicana, el asesino ladrón de Nicolás Maduro fue invitado de honor a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador.

No necesita Mario Delgado ir tan lejos de la referencia de Filipinas ni la de Venezuela. Hoy tiene aquí en México a un López Obrador al que jamás ha cuestionado por la militarización del país, y por el contrario ha alabado la determinación de cederle a los militares más de 230 funciones que corresponden a funciones civiles.

Mario Delgado, el corrupto dirigente de Morena, tampoco se ha pronunciado con respecto a la dirección castrense en la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, del Tren Maya y la refinería de Tres Bocas. Tres proyectos desde hoy anunciados como fallidos y un daño irrecuperable de más de un billón de pesos al patrimonio nacional.

Contrario a lo que Mario Delgado fustigó en el pasado, los diputados y senadores de Morena aprobaron la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando que el mismo López Hablador manifestaba como candidato, que las Fuerzas Armadas deberían de regresar a sus cuarteles en un plazo máximo de seis meses y dejar la seguridad pública bajo la vigilancia y la operación de mandos civiles.

¿A dónde está ese Mario Delgado que se pronunciaba abiertamente en contra de la militarización del país? Terminó como todos los sumisos lacayos de Andrés Manuel López Obrador sin capacidad para expresar sus propias convicciones que desde luego el tartufo dirigente no tiene.

A la aprobación de una ley que vulnera los derechos humanos de los mexicanos siguieron las amenazas veladas del lopezobradorismo. El sin carisma Adán Augusto López Hernández llegó al Senado de la República con el cuento de que iba a visitar a su hijo porque ahí trabajaba.  Desde luego su presencia era una amenaza para presionar a los legisladores y votar en favor de la ley marcial que militariza al país.

El mensaje de Luis Crescencio Sandoval no pudo ser más amenazante cuando advirtió de la obligación de los diputados y senadores para votar por la reforma constitucional en el Senado de la República. Trágico que lo haya hecho en el aniversario del 13 de septiembre para conmemorar el sacrificio de los Niños Héroes que lucharon por una República libre y soberana, contrario a lo que hoy pretende López Obrador.

Lamentable el pronunciamiento de un militar supuestamente prestigiado, cuando que por mandato legal y constitucional, a los militares les está prohibido participar en política. Ya en otras ocasiones Sandoval se ha pronunciado para apoyar el fallido proyecto de Nación de López Obrador. Lamentable. Se advierte que el proyecto de López Obrador es la destrucción de las instituciones republicanas. Evidencias hay demasiadas. Y una de ellas es el síndrome de la venganza por haber perdido dos veces la Presidencia de la República.

En su afán de quedar bien con el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Luis Sandoval llama a la unidad nacional con el cuento de que la patria requiere de una sociedad más unida. Falso. Precisamente quien ha polarizado al país con amenazas y descalificaciones a empresarios, opositores y medios independientes, es precisamente Andrés Manuel López Obrador, hoy trágicamente Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ampliaremos…

 

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El verdadero peligro para México es un autoritario presidente

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López Obrador, otra vez al diablo con las instituciones * Desde 2006 advirtió al pueblo de México de lo que sería su régimen autoritario, represivo, centralista y de atentados permanentes a la constitucionalidad del Estado mexicano

 

ROBERTO DOMÍNGUEZ CORTÉS

 

Cuando Andrés Manuel López Obrador perdió en 2006 la elección presidencial frente a Felipe Calderón, se proclamó Presidente legítimo desde el Zócalo de la Ciudad de México.  Y aprovechó la concentración para mandar al diablo a las instituciones republicanas.

Se pensó entonces era solo una posición opositora y de descontento ante el resultado adverso de la derrota electoral.  Pero no. López Obrador advirtió al pueblo de México de lo que sería su régimen autoritario, represivo, centralista y de atentados permanentes a la constitucionalidad del Estado mexicano.

Muchas voces alertaron de que López era un peligro para México. Se pensó era un contrapeso para evitar su llegada a la Presidencia de la República. Hoy esa premonición tiene sustento cierto.

El autoritario Presidente es un verdadero peligro para México. La nación entera se desmorona en un gobierno absolutista que no entiende de razones. En su gobierno y en la oposición nadie tiene derecho a disentir sin que sea inmediatamente reconvenido con amenazas y mentiras que él asegura son verdades.

De los logros de su trágico gobierno en su Cuarto Informe, nada de los 15 periodistas asesinados en este 2022.  Nada de los más de 150 ambientalistas y activistas de derechos humanos ejecutados en la democracia que pregona.

Nada de las masacres en Sonora, Chihuahua, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Morelos, Veracruz, Chiapas y Puebla. El país convertido en un cementerio clandestino sin responsables ciertos. Nada de la pérdida de control territorial en la nueva distribución geográfica del poder del Estado, compartido con los poderes fácticos a los cuales Andrés Manuel ha llamado también seres humanos, y la recomendación de tratarlos con abrazos y sin balazos a pesar del avance de los tres macabros jinetes del Apocalipsis: la guerra, la muerte y López Obrador.

El único objetivo que se propone en la utilización del poder presidencial es retener a cualquier costo la Presidencia de la República con alguna de sus tres sumisas corcholatas humillados con ese vergonzoso calificativo. Así lo demuestra la asignación presupuestal para el año 2023 con un evidente propósito electoral. Del gasto total de poco más de 8 billones 300 mil millones, de nueva cuenta pone especial énfasis en los programas sociales al asignarles 600 mil millones de pesos, lo que representa el 7.2 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Esa distribución presupuestaria lleva dedicatoria para inducir y retener el voto de Jóvenes Construyendo el Futuro, Adultos Mayores y Discapacitados a los que constantemente se amenaza con retirarles su mensualidad si no votan por los candidatos de Morena.

López Obrador siempre criticó el corporativismo del PRI y su base electoral sustentada en los tres pilares del Partido: CNC, CTM y CNOP. Hoy sus programas de apoyo a los grupos vulnerables representan exactamente el mismo voto inducido y masivo que durante más de siete décadas practicó el PRI como dueño del sistema político mexicano.

Tiene sustento este aserto si se observa que el 70 por ciento de las familias mexicanas reciben apoyo de programas sociales y pensiones a adultos mayores por 336 mil millones de pesos, equivalentes al 4 por ciento del presupuesto nacional, cuando que educación pública recibe apenas el 4.8 por ciento del gasto total del gobierno federal, con 402 mil millones de pesos, y por el contrario, el gasto en educación se ha reducido notablemente con la cancelación de las guarderías infantiles y las escuelas de tiempo completo.

El atraco patrimonial es todavía mayor cuando se analiza la participación presupuestal a las 32 entidades federativas y a los casi 2 mil 500 municipios del país a los cuales se destina un billón 200 mil millones de pesos, lo que significa apenas el 14.6 por ciento del gasto contemplado en el presupuesto federal del año 2023.

Esta asignación presupuestal a estados y municipios constituye una seria preocupación para la seguridad pública, al no tener recursos suficientes para dar respuesta a las demandas sociales y el combate al crimen y a la delincuencia organizada. En tanto que el fracaso del gobierno federal en este renglón es evidente, a pesar de que López Obrador presume de la militarización del país y que 115 mil miembros de la Guardia Nacional se incorporarán al Ejército para el combate a los poderes fácticos paralelos al Estado mexicano.

Lo cierto es que a pesar de los enormes presupuestos dedicados a la Defensa Nacional y a Marina que en conjunto suman 154 mil millones de pesos no se observa una relación directa de disminución de la inseguridad en el país. Así queda demostrado con las ejecuciones diarias extrajudiciales imparables y cada día en ascenso permanente.

López Obrador oculta convenientemente que de los elementos de la Guardia Nacional incorporados al Ejército, 30 mil se les ha degradado a la categoría de albañiles, plomeros y electricistas incorporados como trabajadores a las obras del Tren Maya, de la refinería de Paraíso, Tabasco, y en el interminable aeropuerto Felipe Ángeles, condenado a terminar en una obra abandonada en el próximo sexenio.

Con todo y que la inseguridad no cede en México, López Obrador se atreve a proponer a la Organización de las Naciones Unidas un plan para la paz mundial, cuando que durante su gobierno se han superado los muertos de los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto a los que tanto criticó por los nulos resultados en materia de seguridad pública.

Se ufana y critica de que en el gobierno de Vicente Fox, el número de homicidios dolosos creció en un 2 por ciento, en el de Felipe Calderón casi el 200 por ciento y en el de Peña Nieto el 58 por ciento. Y sin algún recato asegura frente a su insalvable secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que él los ha disminuido en poco más del 10 por ciento.

Son las mismas declaraciones dogmáticas confeccionadas desde el púlpito del Palacio Nacional cuando que la realidad riñe con el lamentable estado de cosas prevalecientes en el país. Exactamente igual como cuando dice que se ha achicado la brecha entre ricos y pobres, aunque estos hayan crecido durante el cuatrienio en curso, y pretende justificar el nulo crecimiento económico con el cuento de que, a pesar de ello, hemos (sic) logrado una mayor distribución de la riqueza y del ingreso. Ese “logro” merecería un Premio Nobel de Economía en una nueva teoría lopezobradorista del crecimiento y el desarrollo.

No hay pues los logros proclamados en seguridad, combate a la pobreza, educación, salud y varios etcéteras interminables. Ampliaremos…

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