PULPO POLÍTICO
Destino de México, en manos del INE
Publicado
Hace 4 mesesen
Por
RedacciónEl Instituto Electoral y el TEPJF ponen a prueba su independencia y su propia sobrevivencia, además de la viabilidad democrática del país * La sobrerrepresentación, agandalle de Morena
MARCO ANTONIO FLORES***
El INE pondrá a prueba su independencia, la viabilidad democrática del país y su propia sobrevivencia en agosto de 2024, cuando deba dar a conocer la asignación de las curules y escaños por el principio de representación proporcional en la integración del Congreso de la Unión para cada uno de los partidos con base en los resultados que obtuvieron en los pasados comicios del 2 de junio de 2024.
Veremos si efectivamente corresponde a la coalición Morena-PVEM-PT la mayoría calificada o bien hay la posibilidad de que el INE y el TEPJF actúen con rigor democrático constitucional y de respeto al valor de igualdad del voto y no con base en una interpretación legal que se decante por aplicar la sobrerrepresentación a partidos, sin contar la coalición en su conjunto y las afiliaciones de sus candidatos en el momento de su registro como lo prevén la Constitución Política, las leyes y los acuerdos electorales.
De la decisión que tome el INE y el TEPJF dependerá el futuro democrático del país. Con las dos terceras partes de diputados (mayoría calificada) y en la Cámara de Senadores, que también podría lograr esa mayoría con dos o cuatro senadores más, contando además con la mayoría de los Congresos locales, el oficialismo podría cambiar la Constitución Política y hacer realidad las reformas constitucionales propuestas desde febrero de 2024 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
De esas reformas se destacan, por poner en entredicho nuestro régimen democrático constitucional, la que pretende acabar con la separación de Poderes y someter al Poder Judicial mediante la elección popular de sus integrantes; la reforma que propone la casi desaparición del INE para ser sustituido por el INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas), aunque existe la posibilidad de que el INE pase a manos de la Secretaría de Gobernación y de esta forma adiós a su independencia.
De ser así, volveríamos a los tiempos del PRI de antes, de la que tanto critican los morenistas, pues el gobierno federal contaría los votos, como así sucedía en el pasado, de ahí que el PRI estuviera 70 años en el poder, porque es de reconocer que con la creación del INE vino la alternancia, por eso Morena llegó al poder, pero todo indica que la 4T ya no quiere soltar el poder.
Otra iniciativa, que pretende cerrar vías de expresión a las minorías, es la relativa a la eliminación de legisladores plurinominales y disminución de su número. Todos ellos serían electos por mayoría relativa. Se eliminaría una figura histórica en la legislación electoral mexicana que abrió los caminos a la oposición. Reiteró: Morena ya no quiere oposición, quiere el pastel completo, hacer lo que ellos quieran.
La representación proporcional se introdujo en primer lugar en Bélgica en 1889 y se ha defendido por ser un sistema de representación electoral más justo. Los grupos políticos reciben escaños en proporción a su fuerza electoral y, en consecuencia, ninguna fuerza política monopoliza la representación, ya que no se excluye ninguna de la misma.
Otra reforma muy cuestionada es la que propone desaparecer varios organismos autónomos, como el INAI, Cofece y el IFT.
Todas estas reformas planteadas por el Presidente López Obrador y que ha hecho suyas la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, han sido calificadas como una amenaza para la democracia e incluso para la estabilidad económica y política del país.
Controlar al Poder Judicial, al INE y negarse a la transparencia, son propósitos vistos como signos autoritarios que ahuyentarán la inversión, afectarían al T-MEC y a nuestras relaciones con nuestro mayor socio comercial.
Todo esto está en juego y por ello es tan importante la decisión que tome el INE y el TEPJF para que el oficialismo pueda o no lograr la “mayoría calificada”… y todas las consecuencias de esa resolución.
Los consejeros y magistrados deben pronunciarse por respetar la voluntad expresada por los mexicanos en las urnas. Ni un voto de más o de menos para los candidatos, partidos políticos y coaliciones que participaron en el proceso. Su responsabilidad y decisión será histórica. Si se ponen del lado del oficialismo habrán contribuido a destruir el régimen democrático, la separación de Poderes, el sometimiento del INE y la transgresión de los derechos fundamentales de todos los mexicanos.
Si alguien desea consultar los pasos que deberá seguir el INE para la designación de legisladores por el principio de representación proporcional solo debe consultar el Acuerdo del Consejo General del INE publicado el 16 de enero de 2024, por el que se determina el mecanismo de asignación de curules por el principio de representación proporcional, que implica una detallada forma de asignar las plurinominales para cada partido con la fórmula de cociente natural y resto mayor. Recuérdese que esta fórmula se creó para dar más plurinominales a los partidos con menor votación, pero sin prelación a los mayoritarios o a su coalición.
El riesgo es la sobrerrepresentación que consiste en que una fuerza política tenga una proporción mayor de legisladores respecto de la votación que recibió durante las elecciones. El riesgo también es la intervención del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación para presionar al INE.
Desde el 5 de junio la titular de la Segob, Luisa María Alcalde, por instrucciones de su jefe, al puro estilo “Bartlett”, en un afán intervencionista y de falta de respeto al INE, se apresuró a difundir en una Mañanera cómo, según el Ejecutivo federal, debe quedar integrada la Cámara de Diputados.
Hizo una estimación de curules que le otorga a Morena, PT y Verde el 74% de la Cámara Baja, casi 20 puntos por encima de la votación que obtuvieron, del 54.7%, según los cómputos distritales del INE.
ALERTA POR LA DISTORSIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL CONGRESO
Dirigentes de los partidos de oposición, analistas, especialistas y exconsejeros del Instituto Nacional Electoral, como Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, han alertado del riesgo de que se avale la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados y se distorsione la composición del Congreso, asignándole al oficialismo un número mayor de curules del que les corresponde conforme al porcentaje de votación obtenido en las urnas.
La oposición ya anunció que impugnará la asignación de diputados de representación proporcional que haga el INE en el mes de agosto, en caso de que el oficialismo se haga con una sobrerrepresentación ilegal, como ya ocurrió en Congresos locales, como la CDMX, Baja California Sur y Yucatán.
Desde 1996, la Constitución Política, en su Artículo 54, fracción V, establece: “En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.
El exconsejero Ciro Murayama ha insistido en respetar lo que según él es “el espíritu de lo planteado en la Constitución” y aplicar el límite de 8 puntos porcentuales a la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia en su conjunto y no por separado a los tres partidos que la integran, ya que esto significaría “que vale más un voto por el gobierno que un voto por la oposición”.
Al respecto el consejero electoral Martín Faz Mora explicó que la asignación de diputaciones plurinominales se realizará conforme al Acuerdo del INE del 16 de enero de 2024, ya referido, en donde se señala que los límites para la sobrerrepresentación se fijarán por partidos, no por coalición.
“La sobrerrepresentación del 8% es un tope máximo y no es automática, sino que va variando. (…) Lo que tienes que estar cuidando es que no exista esa sobrerrepresentación del 8%, pero habrá algún partido que tenga una sobrerrepresentación hasta del 8%, otros del 7, del 6, o de menos 1, menos 2, hasta menos 8, que es el rango que la Constitución permite”, añade.
Es una simple interpretación asignar curules por partido político, pero en igualdad para todos, no con preferencia a la coalición mayoritaria.
El papel del INE y del TEPJF es trascendental, ya dijimos por qué. Deberán utilizar toda la argumentación jurídica a su alcance para hacer realidad el valor proporcional y la igualdad del voto que establece la Carta Magna.
El exconsejero Murayama usa el término de “trasvase” para explicar el traslado y manipulación que pretende hacer Morena de los 219 triunfos de la coalición oficialista. Por el convenio suscrito antes de la elección, se le adjudican 123 a Morena, 54 al PVEM y 42 al PT. Aquí está el traslado de triunfos; de esos 219 distritos, en 213 el partido más votado fue Morena, pero solo le contarán 123 distritos ganados, es decir, “esconderá” 90 victorias propias gracias a su convenio de coalición.
“El PT no ganó ningún distrito por sí mismo, ni fue el más votado de la coalición, pero recibirá el trasvase de 42 triunfos que en realidad los electores no le dieron. Con una votación nacional válida emitida de 5.8%, el PT recibe 42 uninominales que representan el 8.4 por ciento de la Cámara. Va sobrerrepresentado gracias al regalo de Morena”.
Es un robo de votos descarado que los consejeros del INE deben observar y no irse con la finta de si la sobrerrepresentación del 8% es para partidos y no para la coalición. La trampa es el traslado que hace Morena de sus triunfos a sus aliados para así alcanzar la mayoría calificada artificial y ficticia.
Detalla Ciro Murayama las manipulaciones. El PVEM ganó tan solo en seis distritos, pero recibirá 54 diputados de mayoría relativa, una ganancia neta de 48 diputados. Este partido tuvo el 9 por ciento de la votación válida emitida, pero con el regalo que le hace Morena tendrá el 11% en la Cámara, pero además la Segob quiere que se les otorguen 21 pluris, para que en total llegue a 75 diputados. ¿Por qué le conviene a Morena “ocultar” 90 triunfos distritales en sus aliados? Porque así se le reconocen 162 diputados por mayoría (39 ganados por sí solos y 123 de la coalición) que representan el 32% de la Cámara y pretenderá, como dijo Gobernación, recibir otros 85 plurinominales para llegar a 247 diputados en total. La coalición sumaría 372 diputados (74.4%).
En el imaginario del oficialismo, a Morena le corresponden 247 diputados, al PVEM 75 y al PT 50, con lo que llegan a la cifra mágica de 372 diputados.
Los votos totales alcanzados por Morena y aliados en el Congreso fueron 54.7% de la votación; sin embargo, con la chapucería que pretenden hacer, llegarían al 74.4%.
Al adjudicarse esos votos que no obtuvieron en las urnas, se le restan a los opositores hasta colocarlos de un 41% que conquistaron en las urnas a un ridículo 25.4%.
Es tiempo de que el INE corresponda a esas gigantescas manifestaciones que se hicieron en todo el país para apoyarlo en las primeras embestidas que sufrió en 2022 y 2023.
Que anteponga los criterios constitucionales y toda la argumentación jurídica que exhiba las manipulaciones y trampas que el oficialismo quiere imponer.
Son 130 millones de mexicanos -y no solo 30 millones- los que estaremos pendientes de su veredicto.
La historia podría ponerlos del lado de la razón, la justicia y la democracia. INE y TEPJF tienen en sus manos el futuro democrático de México.
***Académico y consultor.
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PULPO POLÍTICO
¿Cheque en blanco al narco?
Publicado
Hace 3 díasen
diciembre 10, 2024Por
RedacciónTodo lo que se prohíbe terminar por ser un comercio ilícito * Diversas voces se pronuncian contra la prohibición constitucional de vapeadores al señalar que esto no cancela la demanda, al contrario, pone en desventaja al comercio legal
MARCO ANTONIO FLORES***
Con certeza, Max Weber afirma que el poder es “…la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad”.
Los legisladores morenistas aprobaron, el pasado 3 de diciembre, modificaciones a los artículos 4 y 5 de la Constitución Política con el fin de prohibir el uso de vapeadores por ser un delito que violenta garantías individuales de los ciudadanos, en este caso, el acceso a la salud.
“Para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas, quedará prohibida la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley”.
Esta prohibición se hace en paralelo a la prohibición constitucional de todo lo relacionado con el fentanilo. Sólo en el México “Kafkiano” se pueden equiparar los daños que causa el vapeador, que eventualmente sirve como método para dejar el tabaco.
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) consideró como una comparación “desmedida” que los vapeadores sean equiparados con el fentanilo y solicitaron a los diputados tomar en cuenta que “todo lo que se prohíbe irracionalmente termina por fortalecer el comercio ilícito, la evasión fiscal y genera un riesgo sanitario, además de que financia a cárteles de la delincuencia”.
Cuando el tema se discutió en Comisiones de la Cámara de Diputados, legisladores de la oposición aseguraron que la prohibición podía generar un mercado negro de vapeadores que generará ganancias al crimen organizado. Habría que analizar si detrás de esa reforma subyace esa intención perversa.
Del paquete de 20 reformas constitucionales que sobrevivieron el cambio sexenal, la mayoría ya se aprobó. El segundo piso de la Cuarta Transformación, a través de los legisladores de Morena, sigue cumpliendo con aprobar ciegamente todas las iniciativas heredadas del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sin importar la “exposición de motivos”, sin conocer los fundamentos y sin saber si tales iniciativas responden a una auténtica demanda social y representan avances o beneficios para los mexicanos, o bien son producto de rencores personales o de cuentas por cobrar.
Todos los legisladores morenistas serán responsables ante la historia, del éxito o fracaso de las reformas constitucionales que han aprobado. Sólo en los países gobernados por dictadores, sus iniciativas de ley se acatan sin cambiar ni una coma.
Hace un año, el entonces presidente AMLO anunció que antes de finalizar el 2023 enviaría una iniciativa de Ley para prohibir los vapeadores en México: “…porque no voy a ser cómplice de algo que le hace un gravísimo daño a los jóvenes. Les acaba todo su sistema respiratorio y están de por medio muchos intereses, mucho dinero”.
En 2022, AMLO firmó un decreto para prohibir la venta de vapeadores o cigarrillos electrónicos, pero a través de diversos amparos los ciudadanos podían acceder a la compra y algunas empresas a la venta de estos productos.
La Anpec se pronunció contra la prohibición constitucional de vapeadores al señalar que esto no cancela la demanda, al contrario, pone en desventaja al comercio legal. Por ello exigieron reglamentar la comercialización de vapeadores, vigilar su procedencia y garantizar que no se venda a menores. De manera subrayada anticipan la creación de un enorme mercado negro que crecerá en torno a la referida prohibición. Demandaron a los legisladores: “Esperamos que actúen con responsabilidad, con base en la razón, es hora de responder a las necesidades del pueblo”.
FENTANILO Y VAPEADORES, DIAMETRALMENTE OPUESTOS
Algunos de los daños que causan fentanilo y vapeadores son diametralmente diferentes. En EU, en los años recientes, en promedio anual se han muerto 100 mil personas por consumo de fentanilo. Los vapeadores, de acuerdo con datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que desde el sexenio pasado controla Hugo López-Gatell, se da a conocer que los vapeadores contienen entre 25 y 30 sustancias que son dañinas para la salud… y aunque los fabricantes de ‘vapes’ afirman que solo contienen glicerina, propilenglicol y saborizantes, las autoridades de salud advierten que estos dispositivos también ocultan otros componentes preocupantes, entre ellos: Propionato de etilo -componente orgánico con olor a piña; Dimetil éter -un gas comprimido que puede provocar somnolencia, mareos, problemas de respiración y afectaciones en los riñones; Acetato de Isoamilo -un líquido con olor a plátano que al respirar sus vapores puede provocar irritaciones en la nariz, garganta y pulmones; Alcohol bencílico –usado para eliminar bacterias y hongos, y en la preparación de jabones, perfumes y fármacos; Eugenol –utilizado para “matar peces en acuarios”, pero existen diversos artículos científicos que explican que su uso en peces es más bien anestésico; Mentol -un agente saborizante que aumenta la adicción a los cigarros electrónicos-; Linalol – alcohol que se encuentra de manera natural en plantas y flores, la FDA lo reconoce como un saborizante seguro-.
UN NUEVO MERCADO NEGRO
El mercado de vapeadores o cigarrillos electrónicos es de 1.7 millones de usuarios y aumenta cada año, con un valor aproximado de 5 mil millones de pesos anuales, según la organización Pro-Vapeo.
Desde 2020, el gobierno mexicano quiso prohibirlos con una ley federal, pero un año después la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional esas reformas por violar la libertad de comercio y el desarrollo de la libre personalidad de la ciudadanía.
Con la referida reforma constitucional, las empresas legales que sobrevivan deben incrementar el costo de sus productos para cumplir con estrictos requisitos, pero el crimen organizado aprovecha esos nuevos costos y la alta demanda para ofrecer productos de bajo costo con ingredientes de mala calidad que no están certificados, no tienen gravamen y se venden a todo el público, especialmente a niños y adolescentes.
En diciembre de 2023 llamó la atención en redes sociales el hecho que los cárteles estarían detrás del negocio de vapeadores: El video exhibía a dos adolescentes torturados en la calle por hombres armados que los obligaban a caminar desnudos con un letrero en el que se leía “Esto me pasa por vender vapeadores sin permiso”.
NEGOCIO, EN MANOS DE CÁRTELES
Un estudio de especialistas señala que en la Ciudad de México el control de los vapeadores está en manos del cártel local, La Unión de Tepito, un grupo que tiene su propia división de proveedores llamados “Los Marcopolo”, que viajan tres o cuatro veces al año a China para comprar toneladas de vapeadores y llevarlos a México de forma ilegal vía marítima. Una vez que los vapeadores arriban a Centroamérica, el cártel entrega sobornos desde Panamá hasta México para llevarlos hasta sus bodegas en la CDMX y luego repartirlos por todo el país.
En los últimos años, autoridades locales han hallado que esos vapeadores contienen metanfetaminas e incluso fentanilo. Agrega la publicación que algunos vapeadores llegan a destinos turísticos, por ejemplo, Puerto Vallarta, donde los negocios legales son obligados a venderlos y entregar una porción de los ingresos al cártel local. Con esas ganancias, los grupos criminales pueden financiar armas, municiones, equipo táctico y otros recursos que han contribuido a que México tenga indices crecientes de homicidios y delitos graves.
La organización Poder Ciudadano considera estas reformas como un cheque en blanco a la delincuencia. “Si se regulan los vapeadores, habrá menos riesgo de un mercado negro, como ya pasa con el alcohol. Pero si se prohíben, será como dar un regalo millonario al crimen”.
***Académico y consultor.
La real y auténtica participación empresarial, en el desarrollo económico de México es crucial * Dejemos atrás la incertidumbre jurídica y política: Unidos por un mejor futuro económico para el país… y más la Presidenta Claudia Sheinbaum
MARCO ANTONIO FLORES***
La real y auténtica participación empresarial, en el desarrollo económico de México es crucial, sobre todo en el marco del T-MEC y la necesidad de incrementar las tasas de crecimiento económico, sin ello no habrá bienestar compartido, ni transformación.
La creación de un Consejo Empresarial en el sexenio de AMLO no dio los resultados esperados. Al final el promedio anual de crecimiento económico fue de 0.7%, el más bajo en 40 años.
Hoy la expectativa con la creación de otro Consejo Empresarial abre nuevos y promisorios horizontes en el futuro económico del país.
La premisa del proyecto de la Cuarta Transformación ha sido, desde el sexenio pasado, la separación entre el poder político y el poder económico, pero la necesidad de trabajar estrechamente vinculados, también ha sido evidente desde que inició el gobierno de AMLO, cuando creó su Consejo Asesor Empresarial, coordinado por el regiomontano Alfonso Romo y que estaba integrado por los más prominentes representantes del poder económico en México: Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González y Miguel Alemán Magnani, entre otros. 1
En aquella ocasión López Obrador reconoció que la inversión pública es insuficiente para un crecimiento óptimo del país, por lo que se necesita de la participación del sector privado y de la inversión extranjera, a fin de que la economía mexicana crezca al menos a 4% para que haya empleos suficientes, bienestar y tranquilidad.
Ahora que inicia el “segundo piso” de la Transformación, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de otro consejo empresarial y esperaríamos que sea factor que incida en una nueva era de crecimiento económico a tasas más elevadas.
Desde su arranque, se aprecian diferencias con el del sexenio anterior, en cuanto a sus premisas, acciones e integrantes, y quien se encargará de coordinarlo ha presentado un esquema con objetivos y metodologías bien definidos.
Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del nuevo Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, dio a conocer que el Consejo trabajará con base en tres premisas. La primera es “regresar la política industrial al país”, apoyando a sectores clave como el automotriz, aeroespacial, agroindustria y la industria química.
La segunda premisa es “la importancia de la planeación”, para que tanto la economía, como el mercado y las empresas contribuyan a resolver los problemas sociales, ambientales, a nivel local y global, con base en los recursos naturales del país, sobre temas sociales y teniendo en cuenta vocaciones regionales.
La tercera es impulsar la relocalización de empresas o el nearshoringcomo, “una gran oportunidad en México para romper con el ciclo de bajo crecimiento.
Gómez Sierra tiene sólida preparación académica, experiencia y capacidad. Es abogada por la Escuela Libre de Derecho de México y tiene estudios en la Oxford Royale Academy y en la Harvard Business School. Su padre y abuelo fueron fundadores del grupo Grupo Minsa.
A pesar de su juventud, 32 años, tiene gran experiencia.
Ha sido secretaria del Consejo de Administración y directora general adjunta de Almer, presidenta del Grupo Industrial y Financiero PEO, propietario de Dina, AP Solutions, Campo Fin y Siembra Capitales.
Altagracia Gómez informó que el Consejo tendrá dos “tareas fundamentales”, que serán aterrizar la estrategia nacional de relocalización y que se concreten inversiones privadas, para lo cual “hay 10 propuestas” de acciones de política industrial, dentro de las que destaca que la “coordinación” será instancia de enlace entre la Administración Pública Federal y los sectores económicos del país para dar seguimiento a la cartera de inversiones privadas, así como: Plantear proyectos, esquemas de inversión mixta e infraestructura para fortalecer los corredores industriales y polos de bienestar; desarrollar proveeduría local/regional con MiPymes fortaleciendo capacitación, crédito y canales de comercialización directa; duplicar programas de educación dual, certificaciones y carreras técnicas; simplificación de permisos y trámites y digitalización, y potenciar programas de banca de desarrollo para Mipymes, proveedoras y exportadoras.
Estas tareas son muy precisas y apuntan a objetivos importantes y trascendentales para la plena participación empresarial en el desarrollo económico nacional.
INTEGRANTES
Del mismo modo, otra característica relevante son sus integrantes, ya que estará conformado por siete mujeres y siete hombres.
Mujeres con gran prestigio, logros e iniciativa dentro de sus especialidades empresariales: Gina Díez Barroso Azcárraga, presidenta y directora general de Diarq Holding; Myriam Guadalupe de la Vega, presidenta y directora de Almacenes Distribuidores de la Frontera, S. A. de C. V.; Blanca Treviño de Vega, presidenta y directora ejecutiva de Softtek; María Elena Gallego, presidenta y directora general de Grupo Collectron International Management Inc.; Concepción Miranda, empresaria originaria de Aguascalientes y directora general de Miraplastek; Tamara Caballero, primera mujer en la historia de la institución en ser CEO de Multiva y es la única mujer directora general de un banco en México; Ana María Macías, empresaria e ingeniera experta en análisis de riesgos con más de 25 años de experiencia en el sector de hidrocarburos y dirige MAJA Consulting Group, S. A. de C. V.
Por su parte los empresarios son: Rodrigo Herrera Aspa: Antonio del Valle Perochena, José Chapur Zahoul, Eduardo Tricio Haro, Raúl Gutiérrez Muguerza, Juan Domingo Beckmann y Armando Garza Sada.
Por parte del sector público, participarán los titulares de las secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Energía, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Salud, así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
De igual forma, habrá representantes del Consejo Coordinador Empresarial, American Chamber México, Consejo de Empresas Globales y la Asociación de Bancos de México.
Además, como miembros especiales estarán las secretarías de Comunicaciones y Transportes, del Trabajo, Turismo, Agricultura Marina, Defensa Nacional, Seguridad y Protección Ciudadana, Educación Pública y la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Los representantes de las instituciones académicas serán la UNAM, el IPN, la Universidad de Guadalajara, el Tecnológico de Monterrey y el Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos.
Dejemos atrás la incertidumbre jurídica y política. Todos para México y México para todos. Los empresarios están comprometidos con un mejor futuro económico para el país, de igual manera lo está la Presidenta Claudia Sheinbaum. ¡Enhorabuena por México!
***Académico y consultor
EU y Canadá ‘se ponen sus moños’ en tiempos electorales * Para la revisión del T-MEC, la Primera Mandataria cuenta con un equipo de excelencia, conformado por Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, y Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores
MARCO ANTONIO FLORES***
En los últimos días se ha cuestionado si México debe ser excluido del T-MEC (Tratado de libre comercio México-Estados Unidos-Canadá) no solo por parte de Estados Unidos que lo había hecho desde 2016, sino que ahora también por parte de Canadá.
Sin embargo, todas las amenazas hacia México las han hecho los líderes de ambos países en tiempos electorales.
Siendo candidato presidencial Donald Trump, por vez primera en 2016, lanzó las primeras advertencias cuando dijo que el T-MEC era el peor acuerdo comercial que había tenido Estados Unidos en su historia.
En 2018, año en que se ratificó el tratado, ya como presidente, el propio Trump, categórico, afirmó que el T-MEC era el mejor y más grande acuerdo comercial del mundo. Por cierto, en ese mismo año, Donald planteó excluir a Canadá del tratado e incluso tuvo alejamiento del primer ministro Justin Trudeau, pero gracias a la intervención de México se logró conciliar las divergencias de ambas potencias y los tres países lograron firmar un acuerdo que a todos satisfizo.
Apenas el pasado 4 de noviembre de 2024, en el marco de la elección presidencial, Trump amenazó a México con imponer aranceles del 25 al 60% si no frena los flujos migratorios hacia su país.
En días recientes Canadá amenazó a México con excluirlo del T-MEC, en voz de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá; Doug Ford, gobernador de Ontario, y la gobernadora de Alberta, Danielle Smith. El argumento: que México está permitiendo la entrada de plantas de fabricación de autos chinos, pero atrás de ese alegato, subyace el estatus electoral en ese país. Estos dos gobernadores pertenecen al partido conservador (nacionalista y populista), en tanto que el líder máximo del partido liberal, Trudeau, en respuesta a posiciones de sus opositores gobernadores, quiso equilibrar las preferencias electorales al sugerir que México podría ser excluido del T-MEC.
Si bien el primer ministro ha sido el principal defensor de México en el tratado, su baja popularidad en las encuestas, que le colocan más de 20 puntos por detrás del opositor Partido Conservador, con miras a las elecciones de octubre de 2025, ha provocado que Trudeau y los liberales estén adoptando posiciones más nacionalistas y populistas.
Por ello, al señalar la posibilidad de excluir a México del T-MEC, Trudeau dijo: “Lo ideal sería que lo hagamos como un mercado norteamericano unido, pero en función de las decisiones que tome México, tal vez tengamos que buscar otras opciones”.
El primer ministro agregó que su administración “deja todas las puertas abiertas” para defender los intereses de Canadá y se sumó, de forma sorpresiva, a quienes exigen que las autoridades mexicanas endurezcan su posición respecto a Pekín.
Pero Justin Trudeau fue más allá al afirmar: “Estamos dejando la puerta abierta porque mi labor es, y siempre será, defender a los trabajadores canadienses, la economía canadiense y los intereses canadienses”.
En este escenario político canadiense, también se explica por qué en febrero de este año Canadá volvió a exigir la visa a los mexicanos que van a ese país, una medida que impuso en 2009 el gobierno del primer ministro conservador Stephen Harper y que Trudeau anuló tan pronto como llegó al poder a finales de 2015.
Todos estos ingredientes serán las variables que determinarán lo que pase en las próximas elecciones generales canadienses, previstas para octubre de 2025, pero que se podrían adelantar en cualquier momento porque el gobierno de Trudeau está en minoría en la Cámara Baja del Parlamento.
La agencia de noticias EFE publicó que fuentes diplomáticas en Ottawa indicaron que en estos momentos los políticos canadienses están interesados en lanzar un provocador mensaje que convierte a México en el problema del comercio norteamericano ante el inminente regreso de Donald a la Casa Blanca.
Dichas fuentes han señalado que la estrategia canadiense sería parte de una táctica negociadora de cara a la revisión en 2026 del tratado comercial.
El populista Pierre Poilievre, líder de los conservadores y que tiene muchas posibilidades de ser el próximo gobernante canadiense, declaró que “luchará el fuego con fuego” si Trump impone aranceles a Canadá, algo que puede hacer mucho ruido en la revisión del T-MEC.
EL TRATADO ES MUY BUENO PARA LOS TRES PAÍSES: SHEINBAUM
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sabe perfectamente que las declaraciones de Justin Trudeau tienen motivaciones electorales.
Recordó que en la reunión del G-20, el primer ministro le reiteró que no está de acuerdo en sacar a México del tratado.
“Me lo comentó muy claramente y acordamos seguir dialogando” y aclaró la Primera Mandataria: “Ellos tienen también sus propias elecciones pronto, entonces también usan estos temas como parte de la campaña”.
Sheinbaum Pardo, en respuesta a lo señalado por Justin, asegura: “El tratado es muy bueno para los tres países, es muy bueno para Canadá, es muy bueno para Estados Unidos, es muy bueno para México”.
Reiteró que la intención del gobierno mexicano es que el T-MEC se mantenga como un acuerdo regional y se lanzó contra las voces que aseguran que la economía mexicana está sirviendo como “puerta trasera” para inundar Norteamérica con mercancías de China.
“La idea de que a través de México están entrando productos chinos para llevarlos a Estados Unidos no es correcta”, afirma de manera categórica Sheinbaum.
También dijo que el gobierno mexicano ha adoptado la estrategia de elaborar documentos de trabajo para demostrar con datos duros los beneficios para Norteamérica.
Es de resaltar que México es el tercer socio de Canadá, sólo después de Estados Unidos y China, en comercio de mercancías, según cifras oficiales.
La Primera Mandataria ha mandado otras señales para dar certidumbre a los socios norteamericanos, incluso desde hace meses.
“Nosotros tenemos también nuestro propio programa de fortalecimiento de la economía nacional, de disminución de importaciones, por ejemplo, que vienen de Asia”, añade.
La respuesta de la Presidenta Sheinbaum fue inmediata y oportuna para evitar dudas sobre el tratado “trilateral”. La prioridad sigue siendo que en 2026 se dé una revisión y no una renegociación del T-MEC.
Ahora, las miradas están puestas a lo que pase en los próximos meses, con el regreso de Donald a la presidencia estadounidense y en las elecciones para definir la continuidad de Trudeau, que ha gobernado Canadá desde 2015.
Para la revisión del T-MEC, la Primera Mandataria cuenta con un equipo de excelencia, conformado por Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, y Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, quienes cuentan con la preparación, experiencia y capacidad para lograr las mejores condiciones de México en la revisión del mayor acuerdo comercial más grande del mundo, que deberá finalizar en julio de 2026.
Con esta brillante dupla de trabajo, México cumplirá con todas las cláusulas y condiciones que establece el tratado, al tiempo que deberá garantizar un creciente Estado de Derecho que respete nuestro régimen democrático constitucional, el federalismo republicano y la división de Poderes, así como el mantenimiento de entidades autónomas de transparencia y competencia que requiere el T-MEC.
La Presidenta Claudia sabe que el futuro económico de México está cifrado en continuar dentro del T-MEC, para retomar la ruta del crecimiento económico que permita el bienestar compartido para las futuras generaciones de mexicanos.
México seguirá generando riqueza para que millones de mexicanos se beneficien de mejores condiciones de vida, a través de mejores políticas públicas en salud, seguridad, educación, en un ambiente de paz, de sustentabilidad, en el México justo y democrático que todos anhelamos.
***Académico y consultor.
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Combate frontal contra el fentanilo