El señalamiento de Naciones Unidas no es nuevo: En 2022 lo hizo el Parlamento Europeo * El Estado Mexicano debe rescatar el lugar que alguna vez tuvo a nivel mundial y la diplomacia, cuando se consideraba un país con autoridad moral y una política internacional impecable

MARCO ANTONIO FLORES***

Al parecer los gobiernos de la transformación viven en dos dimensiones. Una es cómo nos ven los organismos y la comunidad internacional y, otra muy distinta, es la versión para consumo de los nacionales.

Mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que hay indicios fundados de que en algunas desapariciones participan funcionarios públicos, el gobierno mexicano desmiente y se indigna con esos señalamientos.

Mientras esto pasa, un juez vinculó a proceso -por el delito de desaparición forzada- a Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad del entonces gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, quien también se desempeñó, como secretario de Gobernación y líder del Senado de la República.

En el ámbito internacional, México ha sido objeto de informes de organismos que muestran al mundo la realidad que vivimos, sobre todo desde 2018.

En 2022, el Parlamento Europeo condenó el asesinato, las amenazas y el acoso a periodistas, así como a defensores del medio ambiente y comunidades indígenas.

“A partir de que cambió el gobierno los asesinatos se han triplicado. Es inaceptable la retórica presidencial contra los medios de comunicación y su afán de estigmatizar a los periodistas. Más del 90% de los crímenes no han sido investigados”, dijo Leopoldo López Gil, eurodiputado español. Recuérdese el intento de asesinato contra el prestigiado periodista Ciro Gómez Leyva, quien -como otros importantes periodistas- había sido fustigado y agredido desde las Mañaneras de AMLO.

Desde 2022, el Parlamento Europeo también señaló: “Se llama al gobierno mexicano a cooperar con los organismos de Naciones Unidas y se apoya que se permitiera que el Comité de Desapariciones Forzadas haya visitado el país, y que los familiares de las víctimas puedan pasar sus casos al comité, una vez que las instancias nacionales hayan sido agotadas”.

Pero el expresidente Andrés Manuel López Obrador ignoró y desmintió todo lo que expuso el Parlamento Europeo. Ahora, con el informe de la ONU del pasado 2 de abril de 2026, parece ocurrir lo mismo. Se cuestiona y se desmiente.

En este informe el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada solicitó al secretario general que remita a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México para que tome medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.

El Comité concluye que hay “indicios fundados” de que en el país se han cometido -y se siguen cometiendo- desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, alegando que se han producido ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes partes del país.

Asimismo, el Comité destacó que, en algunos de los casos denunciados, recibió información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.

También subraya el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4 mil 500 fosas, que contienen más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos, además de unos 72 mil restos humanos no identificados.

El mismo 2 de abril, momentos después de la publicación del informe, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo publicó un comunicado que descalificó el trabajo del comité, al que tachó de “sesgado”, “tendencioso” y poco riguroso.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó un comunicado en el que repudió las conclusiones de los expertos y se lanzó contra organizaciones de la sociedad civil de México, a las cuales acusó de ser “caracterizadas por su manipulación de las demandas en materia de derechos humanos”.

Es lamentable que la actual CNDH sólo haya servido para ser tapadera del gobierno de la transformación desde 2018, en tanto no interviene ni se da por enterada en ninguna denuncia sobre burdas violaciones de derechos humanos, por desapariciones, feminicidios y otros graves delitos.

Ahora la titular, María del Rosario Piedra Ibarra, sale a dar absurdas declaraciones ridículas y fuera de lugar, que confirman su papel de tapete de la 4T.

La ombudsman recurre al ya gastado recurso de culpar a la “guerra contra el narcotráfico”, al sexenio de Felipe Calderón, además enfocó sus ataques contra organizaciones “que se han ostentado como ‘representantes’ de víctimas y ‘defensoras de derechos humanos’ para lucrar”, y sostuvo que existe un “uso faccioso de las cifras de personas desaparecidas en nuestro país”, así como una intención de “politizar la determinación del comité”.

Algunos medios nacionales han recogido las opiniones de diversos especialistas en derechos humanos, que consideran que México no debe rechazar la ayuda exterior contenida en la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas (ONU) para resolver el problema de las desapariciones de personas y la crisis forense del país.

Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, afirma: “No es una bronca contra México”, es para ayudar a solucionar el problema. Corcuera detalla que el CED se propone establecer un mecanismo con financiamiento y cooperación internacional para atender la impunidad y la crisis forense.

“Ya hay más de 80 mil cuerpos sin identificar y la crisis forense sigue creciendo”, señala al criticar que el gobierno reacciona de manera muy agresiva insultando al Comité de la ONU.

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, califica de muy lamentable el rechazo del Estado a la resolución del CED porque impide activar mecanismos de cooperación internacional para atender la crisis de desapariciones.

Señala que la carga de la búsqueda recae en las familias, principalmente mujeres, quienes enfrentan riesgos constantes y que las personas buscadoras están siendo amenazadas, desaparecidas o asesinadas.

Michael Chamberlin, activista por los derechos humanos, alerta que con 40 personas desaparecidas cada día, más de dos décadas de crisis sostenida y niveles persistentes de impunidad, México enfrenta un problema estructural que el Estado continúa minimizando.

Andrea Horcasitas, encargada del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, detalla que con impunidad superior a 98%, más de 83 mil restos humanos sin identificar y 132 mil personas desaparecidas, México enfrenta una crisis estructural.

“Por primera vez, un caso relacionado con México se eleva a la Asamblea General de la ONU”, agrega.

Patricia Olamendi, creadora de la Red Nosotras Tenemos Otros Datos y exconsultora internacional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señala que -con su rechazo- México se coloca entre los Estados que niegan la cooperación en derechos humanos.

“Lo grave es que, con este rechazo y la falta de colaboración con el Comité, México pasa a la lista de los Estados que niegan el trabajo conjunto con los mecanismos de protección de los derechos humanos”, añade.

Adalberto Méndez, exintegrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advierte que el rechazo del Estado Mexicano a la resolución del CED no sólo lo coloca bajo mayor escrutinio internacional, sino que puede derivar en un escarnio público.

Explica que aun cuando las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, sí generan consecuencias en la calificación de un país como destino de inversión y en su imagen como país seguro.

Casualmente, al mismo tiempo que ocurre todo lo anterior, se da a conocer la renuncia del secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien se desempeñó como representante de México ante la ONU de 2018 a 2024. ¿Será un acto de congruencia del exrector de la UNAM; será un acto de rebeldía o será por “motivos de salud”?

Su salida de Relaciones Exteriores fue inesperada ante la inminente negociación del T-MEC, una delicada relación bilateral en materia de seguridad, toda vez que el excanciller había logrado importantes acuerdos con Marco Rubio, secretario de Estado de EU. Además, estamos a dos meses de ser el ojo del mundo por la celebración de la Copa del Mundo 2026.

El gobierno de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no puede seguir la línea del sexenio pasado, de ignorar a los organismos y a la comunidad internacional. No se puede tapar el sol con un dedo.

Negar el problema significa que no se quieren adoptar las medidas para solucionarlo. México debe aprovechar la oportunidad para aceptar la asistencia internacional.

México debe rescatar el lugar que alguna vez tuvo en el concierto internacional de las naciones y la diplomacia, cuando se consideraba un país con autoridad moral y una política internacional impecable.

Como cuando Genaro Estrada dio a conocer la doctrina Estrada, que definió los principios constitucionales de nuestra diplomacia. O cuando Alfonso García Robles, diplomático mexicano, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1982.

Reconocido como uno de los principales impulsores del desarme nuclear, con una fundamental aportación, que fue la creación del Tratado de Tlatelolco, que convirtió a América Latina en una zona libre de armas nucleares. No cabe duda que México es más grande que sus problemas.

Académico y consultor***

Luisa María Alcalde reitera que ese mal no tendrá cabida en el 2027 * Saúl Monreal Ávila, Ruth González y Félix Salgado Macedonio ya calientan motores y señalan que el pueblo manda, que el pueblo quita y pone… ¡Hagan sus apuestas, señores!

MARKOFLOS***

La expresión “El orgullo de mi nepotismo” es parte de la historia política de nuestro país.

El expresidente José López Portillo la hizo suya cuando su secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid Hurtado, nombró subsecretario a su hijo José Ramón López Portillo.

Después de 40 años, una especie de “Deja Vu” se ha hecho presente en los gobiernos de la 4T.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador no logró ocultar los orgullos de su nepotismo. Sus hijos José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán fueron motivo de escándalos por su estilo de vida de lujo y oprobio. José Ramón López Beltrán, cuya pareja sentimental Carolyn Adams, ejecutiva brasileña, quien cabildeaba contratos entre Pemex y su empresa, Cava Energy, propició la presunta existencia de conflictos de interés por la lujosa casa y estilo de vida que la pareja tenía en Houston, Texas.

Gonzalo Alfonso, siguiendo su afición al beisbol, se fue a trabajar en la estructura del equipo de Los Gigantes de San Francisco; también se le vio involucrado con grandes empresarios aficionados al mismo.

A mediados de 2019 se hizo pública una fotografía en la que el hijo del presidente compartía el palco de honor del estadio regiomontano de los Sultanes con los empresarios Alfonso Romo, Carlos Bremer y Carlos Slim.

Andrés Manuel López Beltrán, el más político de los hermanos, construyó desde el gobierno de su padre una superestructura de funcionarios jóvenes que le reportaban directo a él.

Durante el gobierno de su padre, el nombre de “Andy” fue motivo de escándalos en diversos medios de comunicación y organizaciones civiles, que señalaron a López Beltrán por supuestos beneficios a amigos en contratos gubernamentales, particularmente en proyectos como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha mostrado que no está de acuerdo con el nepotismo en su gobierno, por ello propuso modificar la ley para que en los comicios de 2027 no se aceptaran candidaturas de familiares cercanos para sucederlos en gubernaturas, iniciativa que fue pospuesta por sus correligionarios para 2030 y, aunque en los estatutos de Morena sí se incorporó, por las actitudes de algunos prominentes morenistas como Félix Salgado Macedonio, Saúl Monreal Ávila y el gobernador pevemista de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, existen serias dudas de que se cumpla el deseo de la Primera Mandataria de evitar esas prácticas de nepotismo en el gobierno de la Cuarta Transformación.

En este, como en otros temas, la titular del Poder Ejecutivo ha tenido que luchar contra corriente. El hijo de su antecesor, Andrés Manuel López Beltrán, le arrebató el saludo de la plana mayor de Morena en uno de sus primeros grandes eventos públicos en la Plaza de la Constitución (ya que todos preferían estar en la foto con el junior).

El actual secretario de Organización de Morena, a mediados de 2025, se puso en medio del escándalo mediático cuando pidió que ya no lo llamen “Andy”.

“Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país. El llamarme Andy, ¿no?, es demeritar eso, quitarme ese legado, quitarme ese nombre.

“Les da miedo y saben lo que vale el legado de Andrés Manuel López Obrador. Mi nombre es Andrés Manuel López Beltrán, no Andy López”.

En este contexto, con la inercia que le heredó su antecesor, ahora la Presidenta Sheinbaum Pardo afronta los “retos” de algunos distinguidos obradoristas, como el senador Salgado Macedonio, quien aspira a suceder en la gubernatura de Guerrero a su hija, Evelyn Salgado, y quien se da el lujo de criticar el candado en Morena que le impide ser candidato y sutilmente acusó a la dirigente de ese partido, Luisa María Alcalde, sin mencionar su nombre, de nepotismo porque toda su familia tiene cargos públicos.

Mediante un video afirma: “Soy de Morena, pero tengo un impedimento, un estatuto que a mí me prohíbe porque mi hija es gobernadora. Pero fíjense, ¡qué paradoja!, los que me fustigan, los que me critican, es que estamos en contra del nepotismo, si pues, pero tiene a toda tu familia en el poder”.

Respecto a sus aspiraciones políticas señala: “En cuanto yo no diga que quiero, no tiene que haber polémica en torno a mi persona. Exijo respeto

“Nos queda claro que quien manda es el pueblo, entonces para qué nos quebramos la cabeza”, y evocando las palabras de su jefe máximo, el de Palenque, dice: “Nos han enseñado que el pueblo manda, lo que el pueblo diga, el pueblo pone, el pueblo quita, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Pero más rápido que furioso, reculó sus palabras y señala que nunca acusó a Alcalde, al contrario, que le guarda mucho respeto y admiración porque ella viene desde abajo con el movimiento transformador.

REBELIÓN FRACTURA UNIDAD

La rebelión en la granja de Morena y sus aliados contradice los lineamientos de la Mandataria Claudia Sheinbaum, quien está en contra del nepotismo.

Sobran ejemplos de morenistas que pretenden decidir por sí solos candidaturas gubernamentales sin considerar la autoridad presidencial. No sólo Félix Salgado quiere decidir si debe ser sucesor de su hija en Guerrero.

Dos días después de haber abandonado la coordinación parlamentaria de Morena en el Senado, Adán Augusto López declaró ante los medios de comunicación que la senadora Andrea Chávez “será la candidata y gobernadora de Chihuahua”.

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, destapó a su compañera de partido y esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ruth González, mientras que Saúl Monreal pide “iluminación divina” para decidir si va o no por la gubernatura de Zacatecas, actualmente en poder de su hermano David Monreal.

Fernández Noroña sueña con volver a ser candidato a la Presidencia de la República. A Andy López Beltrán, hay quienes al interior de Morena lo siguen candidateando para tareas políticas superiores, de muy alto nivel.

Se ve muy difícil que la titular del Poder Ejecutivo erradique el nepotismo del gobierno transformador, debido a la pesada carga que su antecesor le heredó en este rubro.

La alusión de Félix Salgado a la familia Alcalde data del sexenio pasado. La hermana de la actual dirigente de Morena, Bertha Alcalde, fue nombrada secretaria adjunta del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desde que Luisa María fue secretaria del Trabajo y Previsión Social, hoy fiscal de la CDMX, y aunque nadie niega su capacidad profesional, es claro que ha hecho su carrera de la mano de su hermana y su madre Bertha Luján, quien fue la contralora de López Obrador cuando éste era jefe de Gobierno de la CDMX.

Son muchos los casos de designación de cargos de familiares en el gobierno de AMLO.

Su primera secretaria de Economía, Graciela Márquez (ahora presidenta del INEGI), era esposa del otrora obradorista Gerado Esquivel, subgobernador de Banxico.

La exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, tenía un hermano -Netzai Sandoval Ballesteros- como director general del Instituto de la Defensoría del Consejo de la Judicatura Federal. Su otro hermano, Pablo Sandoval, era el superdelegado de Programas Sociales en el estado de Guerrero y buscó la candidatura al gobierno del estado.

Su esposo John Ackerman, siempre con cargos en los medios de difusión públicos. También se hizo público que Arturo Reyes Sandoval, actual director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), le debe a ella el cargo.

El caso “Concheiro-Gómez” también resultó emblemático.  María Elvira Concheiro, esposa de Pablo Gómez, fue designada tesorera de la Federación, su mérito es que fue militante del Partido Comunista Mexicano.

Francisco Luciano Concheiro Bórquez, también exmilitante comunista y hermano de María Elvira Concheiro, fue subsecretario de Educación Pública.

Juan Luis Concheiro, otro hermano de María Elvira, fue director de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Argel Gómez Concheiro, hijo de Pablo Gómez y Elvira Concheiro, fue director general de Grandes Festivales Comunitarios en la Secretaría de Cultura de la CDMX.

Galia Borja Gómez, sobrina de Pablo Gómez, fue nombrada subgobernadora del Banco de México y María de los Ángeles Rosario Comesaña y Concheiro, prima de Elvira Concheiro, fue directora de Análisis en la SCT.

De igual manera el secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, tuvo sus “recomendaciones. Su hija Carmelina Esquer Camacho, presidenta de la filial Pemex Procurement International (PPI). La esposa de Esquer Verdugo, Alejandra Camacho González, fue nombrada en febrero de 2019 gerente de Capacitación del Corporativo Petróleos Mexicanos y logró mantener su plaza como profesora en el Colegio de Bachilleres.

En materia de nepotismo la Primera Presidenta tiene que lidiar con esa gigantesca inercia que le dejó su antecesor. Pero la herencia es enorrme y negativa en varios rubros; un país hipotecado, con la mayor deuda en la historia reciente; un enorme déficit fiscal y disminución en la inversión.

Todo ello con el menor crecimiento económico en cuatro décadas. En seguridad, 130 mil desaparecidos; los mayores índices de inseguridad en el país (que se están corrigiendo).

Grandes retrocesos en educación y salud, así como costosas obras faraónicas, “elefantes blancos” que parecen barriles sin fondo. Sin embargo, sólo ha transcurrido un año y medio del gobierno de la doctora Sheinbaum.

Millones de mexicanos confían en su inteligencia y habilidad política para sacar adelante a este gran país, que está llamado a ser un país democrático, con más seguridad y justicia y con mejores niveles de vida para todos los mexicanos.

Que así sea por el bien del país y de todos los mexicanos.

Sin pies ni cabeza, más confuso que un iluso * En aras de la demagógica campaña de Austeridad Republicana, se vulnera el federalismo y se atenta contra la autonomía municipal

MARCO ANTONIO FLORES***

El Plan B de la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es confuso, contiene elementos de chile, dulce y manteca. Aborda la revocación de mandato, las reglas de la consulta popular y el presupuesto federal para afectar estados y municipios.

En aras de la demagógica campaña de Austeridad Republicana, se vulnera el federalismo y se atenta contra la autonomía municipal.

En cuanto a la revocación de mandato, es evidente que se pretende subir al carro de la exitosa popularidad presidencial a todos los candidatos de Morena en los comicios de 2027, 17 gubernaturas, así como decenas de alcaldías, diputaciones locales y federales.

Las principales reformas constitucionales que implica la iniciativa son cuatro: Primera, reforma al Artículo 35 Constitucional, modifica la fecha en la que puede solicitarse la consulta popular para revocación de mandato presidencial: “al concluir el segundo o tercer año del periodo” y fija la votación “el primer domingo de junio del tercer o cuarto año; la segunda y tercera reformas constitucionales es a los artículos 115 y 116. Con esto se ordena reducir la integración de los gobiernos municipales para que cada ayuntamiento pueda integrarse sólo con una sindicatura y un máximo de quince regidurías; además, se impone un tope al presupuesto anual de las Legislaturas locales; y la cuarta reforma es al artículo 134, cuya modificación limita remuneraciones y prestaciones de consejeros y magistrados electorales federales y locales, prohibiendo seguros y prestaciones.

Se ha insistido en que el Plan B tiene el propósito fundamental de reducir costos y “privilegios” mediante recortes a salarios y prestaciones de funcionarios de órganos electorales locales, así como la reducción del número de regidores municipales a un máximo de 15 en lugar de 25 que tienen algunos actualmente.

Con estos recortes el gobierno estima un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos, que serían dirigidos a estados y municipios. Sin embargo, la innecesaria revocación de mandato que el expresidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo en 2022 tuvo un costo aproximado similar de 4 mil millones de pesos.

Si de verdad se pretende actuar con auténtica Austeridad Republicana, lo primero que habría que hacer es abrogar, eliminar la revocación de mandato, sobre todo porque se trata de una figura que inventó Hugo Chávez en Venezuela.

Al inicio de su primer periodo de gobierno, el mandatario venezolano dijo: “Si por ejemplo yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso o cometo un delito o un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, estaría dispuesto a hacerlo”.

En mayo de 2018, AMLO mencionó una frase semejante a la del venezolano: “Me voy a someter a la revocación de mandato. Cada dos años va a haber una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no que continúe el presidente”.

Hugo Chávez -al igual que AMLO- utilizó un referéndum revocatorio como medio para el continuismo autoritario; prometió todo a todos y traicionó una a una sus promesas e instituyó el culto a la personalidad.

Dio prioridad a los intereses de los militares, atacó a la prensa; descalificó, provocó y destruyó a sus opositores. Chávez prometió acabar con la corrupción sin lograrlo y se presentó como abanderado de los pobres y sólo lucró políticamente con su sufrimiento y los enfrentó a los ricos; culpó al neoliberalismo como el causante del desastre; fundó su poder en la movilización popular; violó la ley cuando ésta lo limitaba. ¿Le suena familiar?

La revocación de mandato a nivel presidencial sólo se encuentra presente en cuatro países de América Latina: Venezuela, Bolivia, Ecuador y México.

Los presidentes que han recurrido a la revocación de mandato son: Hugo Chávez en Venezuela en 2004, Evo Morales en Bolivia en 2008 y AMLO en 2022.

En el caso de México, Sheinbaum Pardo, quien ganó la elección presidencial con más votos que su antecesor y goza de una aceptación del 72%, la revocación de mandato resulta inútil, costosa, autoritaria y eventualmente riesgosa para ella, para la estabilidad y gobernabilidad del país.

Por un lado, significa una pasarela política, en la cual la única que desfilará es la propia Presidenta y su partido. Es un buen pretexto para retar y azuzar a la oposición y neoliberales a que la enfrenten.

De esta forma Claudia Sheinbaum le daría continuidad a lo que propició AMLO: Sembrar la discordia entre el pueblo y los conservadores, y así olvidarse de gobernar y de los “resultados”.

Sin embargo, en el remoto escenario de que se diera la votación requerida -40%- para revocar su mandato, ya sea por la manipulación del voto de sus correligionarios que promueva una “mano amiga”, o sea porque todos los opositores lograran un voto unido suficiente, se presentaría una crisis política inédita, en la que el Congreso tendría que elegir presidente sustituto, con el riesgo de regresar al caudillismo de los años 20 de hace un siglo.

Sería lamentable que la reminiscencia y la sombra del dictador Hugo Chávez pueda cimbrar las bases de nuestra democracia constitucional y opaque la convicción democrática de la Primera Presidenta.

El otro gran ingrediente del PLAN hecho Bolas es la afrenta al federalismo y a la autonomía municipal.

Al federalismo por vulnerar a los estados del país en su presupuesto y de igual manera por afectar con una reducción acumulada de 15% real al presupuesto del Senado, respecto de la base 2026, lo cual impacta el equilibrio de Poderes y al federalismo.

En cuanto a la propuesta para los municipios, reducir el número de regidores podría ser útil desde el punto de vista de la unidad de mando de la administración municipal, más que por el ahorro que generaría. Sin embargo, esta propuesta es apenas un pequeño parche, un intento cosmético.

Lo que se requiere es una completa y auténtica REFORMA MUNICIPAL de fondo, que sea la base de la Transformación del país. Recuérdese que las partes suman el todo.

Me parece que una “Reforma municipal y fortalecimiento del Federalismo” sería la más importante y necesaria para el país.

En la “Reforma municipal” se debería revisar la integración de los cabildos. Ponderar si es conveniente la eliminación de la “representación proporcional”, incluso limitar a 3 los regidores. El presidente municipal es de un partido, el síndico de otro y los regidores -5, 10 o 20-, uno por cada partido, lo cual -desde el punto de vista de la administración- difumina la línea de mando y dispersa las acciones a realizar por falta de consensos.

En muchos casos se gobierna por cuotas de poder. El regidor de un partido maneja la recolección de basura, otro la policía y el mayoritario los servicios básicos, estos deberían excluirse de la administración y limitarse a la representación.

Un aspecto fundamental es la reconfiguración de territorios municipales, en la que podría haber fusión o eliminación de localidades municipales, pero con propuestas que surgieran de las mismas comunidades.

En la actualidad hay un elevado número de municipios, que alcanza casi 3 mil en todo el país. El número de municipios en cada entidad obedece a factores histórico-políticos y no a criterios como el número de habitantes, la extensión territorial o los recursos económicos.

En el área rural, la mayoría de los municipios comprende circunscripciones, cuya población en más del 50% se encuentra distribuida en localidades de menos de 2,500 habitantes. Estas localidades suman casi 100 mil, e integran el 77% del total de los municipios del país, razón por la cual carecen en su mayor parte de servicios públicos urbanos: escuelas cercanas, centros de salud, agua potable, drenaje, energía eléctrica, pavimentos, banquetas, rastros y mercados. Esto amerita una revisión, un estudio serio y actualización de fondo.

Otro tema que debería considerarse es la reelección inmediata -evitando el nepotismo-, y para evitar esto sería bueno establecer la ampliación del periodo de gestión de tres a cuatro años en todo el país.

El periodo actual de tres años, sin reelección inmediata, no da oportunidad a concretar obras, proyectos e iniciativas por una simple razón: falta de tiempo, lo que propicia corrupción, improvisación e ineficiencia.

Al tiempo, establecer nuevas reglas, más transparencia y más sanciones para funcionarios corruptos. También la creación de “Institutos estatales para el Desarrollo Municipal”, con una gran base de datos apoyada en información y estadísticas de INEGI de la Agencia digital, además de revisar también otros temas del municipio.

La Primera Presidenta Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad única de realizar la Transformación de la institución más importante de la vida nacional, “el municipio”, base de la estructura política social y económica del país.

Un punto a resaltar es que las mayorías legislativas son irrepetibles.

MUNICIPIO, EL CIMIENTO Y LA CLAVE: EFRAÍN GONZÁLEZ LUNA

Concluyo con unas líneas que escribió Efraín González Luna, hace más de 50 años, pero que siguen teniendo plena vigencia.

Al margen de su filiación partidista, se definió como un auténtico “liberal” por su vocación municipalista.

“El verdadero renacimiento municipal está por hacerse. Si no se emprende pronta y eficazmente, se compromete sin remedio todo esfuerzo de salvación nacional.

“El municipio es el cimiento y es la clave. Necesitamos restituirle la conciencia de su ser, de su dignidad, de su misión, liberarlo de su esclavitud política en que se olvida a sí mismo y se degrada; devolverle su ámbito propio y dejarlo surgir de sus ruinas; reconstruir su propia vida. Sólo así podrá ser unidad viva y sana de una patria fuerte”.

***Académico y consultor.