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NACIONAL

Abuelita sicaria evidencia la inacción de las autoridades

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Hizo lo que la justicia no quiso hacer, expresan usuarios en redes sociales y muestran apoyo a doña Carlota * El apoyo hacia la mujer también generado cuestionamientos sobre el peligro de justificar la justicia por mano propia * Expertos advierten que la falta de confianza en funcionarios puede derivar en más casos de violencia y linchamientos sociales

 

ILDEFONSO PEREYRA

 

El caso de doña Carlota, la mujer, de 74 años de edad, que asesinó a dos hombres tras exigirles desalojar su vivienda en Chalco, ha provocado una ola de reacciones en redes sociales.

Lejos de ser vista como una criminal, miles de usuarios la defienden como una víctima del sistema judicial y la corrupción, argumentando que actuó ante la inacción de las autoridades.

El respaldo a doña Carlota se basa en el sentimiento de impunidad que viven muchos ciudadanos ante la ocupación ilegal de viviendas.

En comentarios en redes sociales, usuarios destacan que la tercera edad y la falta de recursos legales dejan a muchas personas vulnerables ante los llamados “paracaidistas”, grupos que invaden inmuebles y que, en algunos casos, operan bajo la protección de organizaciones delictivas.

“Si las autoridades hicieran su trabajo, esto no pasaría”, escribió un usuario en X (antes Twitter), mientras que otros justificaron su acción al señalar que las víctimas podrían estar vinculadas al Sindicato 22 de Octubre, señalado por supuestos despojos en el Estado de México.

Para muchos, doña Carlota encarna la frustración de quienes han perdido su patrimonio ante la burocracia y la corrupción, además de los casos donde parece que se defiende más a los criminales que los ciudadanos.

“Es una señora de 74 años, ¿de verdad creen que quería disparar? La orillaron a eso”, comenta una usuaria.

 

UN PROBLEMA DE JUSTICIA SELECTIVA

Los casos de personas que han intentado recuperar sus casas de forma legal y han enfrentado largos procesos judiciales sin resultados han sido citados por quienes apoyan a doña Carlota.

“Ella no es la delincuente, los delincuentes son los que permiten que existan invasores”, señalan.

Además, la rapidez con la que fue detenida también despertó críticas.

“A los delincuentes los sueltan en horas, pero a ella la agarran de inmediato”, expresaron, comparando su caso con otros donde criminales con antecedentes quedan en libertad.

Sin embargo, el apoyo hacia la mujer también ha generado cuestionamientos sobre el peligro de justificar la justicia por mano propia. Expertos advierten que la falta de confianza en las autoridades puede derivar en más casos de violencia y linchamientos sociales.

Mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México avanza en la investigación, el caso de doña Carlota se ha convertido en un símbolo del hartazgo ciudadano frente a un sistema judicial que, según muchos, protege más a los agresores que a las víctimas.

 

VINCULADA A PROCESO…. PERO RECUPERA SU CASA

Durante la audiencia que se realizó por la tarde-noche del pasado viernes 4 de abril en la sala 4 de juicios orales del Centro Penitenciario y de Reinserción Social en Chalco, se determinó que doña Carlota ‘N’ y sus dos hijos quedaran en prisión preventiva justificada.

La juez del caso empezó por señalar que la detención de la llamada abuelita sicaria, Mariana ‘N’ y Eduardo ‘N’ se llevó en estricto apego a la ley, por lo que ahora enfrentarán los cargos por su responsabilidad en el homicidio de dos hombres luego de dispararles supuestamente para recuperar su casa que fue invadida.

Durante el juicio, se presentaron testigos que indicaron que Mariana ‘N’ habría enfrentado previamente a los supuestos invasores para que desalojaran el domicilio ubicado en la colonia Ex Hacienda de Guadalupe en el Chalco, Estado de México.

Luego de amenazar a la familia, la señora se retiró y regresó con mamá y hermano que fue cuando empezaron a disparar contra dos hombres por órdenes de la hija de la abuelita sicaria. “Mátalos, mamá, párteles de su mad$%&” fue la instrucción que se dio.

 

ABUELITA SICARIA PODRÍA SALIR LIBRE

La defensa legal de doña Carlota y sus hijos solicitó que sus clientes pudieran enfrentar el juicio por el delito de homicidio y homicidio en grado de tentativa desde su hogar porque padecen enfermedades que deben ser atendidas.

La señora, dijo el abogado, padece de diabetes, por lo que debe recibir su medicamento cada 4 horas, mientas su hija tiene ataques de esquizofrenia y psicóticos.

La juez pidió revisar médicamente el caso de cada uno para ver si obtienen la prisión domiciliara, pero será hasta la próxima audiencia del 9 de abril cuando se determine dicha solicitud.

Por su parte, la Fiscalía del Estado de México dio a conocer que efectivamente había una denuncia previa por la invasión de un predio en el municipio de Chalco, la cual fue hecha por la hija de doña Carlota ‘N’ el pasado 27 de marzo.

Pero fue hasta el otro día que las autoridades acudieron al inmueble para realizar una inspección, pero a nadie encontraron en el domicilio y la puerta de la entrada estaba cerrada con cadena y candado.

Y tras las investigaciones, el 4 de abril, las autoridades acordaron que la casa sería devuelta a Mariana ‘N’ luego de que los hechos de asesinato ya habían sucedido.

“El día de hoy, 4 de abril, a partir de la información recabada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el agente del Ministerio Público determinó conceder la posesión del inmueble en favor de la denunciante, no obstante, su representante legal rechazó la recepción del bien argumentando que por el momento no era de su interés. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México continuará con los actos de investigación correspondientes para el esclarecimiento de los hechos”, expuso la autoridad en un comunicado.

NACIONAL

Eventuarte y Solumax: los puntos de rescate humanitario siguen sin instalarse en el INM

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La respuesta estará en manos de las autoridades responsables de revisar el procedimiento y establecer si la contratación debe mantenerse vigente, modificarse, corregirse o, en última instancia, reponerse desde el principio

 

ERIC LÓPEZ

 

La inconformidad de una empresa participante puso la licitación bajo revisión del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Migración. Mientras se determina si el procedimiento se ajustó a la normatividad, los servicios contemplados en el contrato continúan sin concretarse.

El cumplimiento de una contratación realizada por el Instituto Nacional de Migración (INM) vuelve a generar cuestionamientos alrededor de la Licitación Pública Electrónica de Carácter Nacional No. LA-04-K00-004K00001-N-34-2026, en la que fueron seleccionadas las empresas Construcciones y Acabados Solumax, S. A. de C. V. y Eventuarte, S. A. de C. V.

El principal señalamiento tiene que ver con la ejecución del contrato: los puntos de rescate humanitario previstos en la contratación no han sido instalados.

A esta situación se suma ahora una revisión por parte de las instancias de control.

Una de las empresas que participaron en el procedimiento presentó una inconformidad, llevando el caso ante el Órgano Interno de Control del INM, que deberá revisar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo la licitación y determinar si el proceso cumplió con las disposiciones legales y administrativas correspondientes.

Entre las posibles consecuencias, en caso de que la autoridad encuentre elementos suficientes para determinar que el procedimiento presentó irregularidades, estaría la posibilidad de dejarlo sin efectos y ordenar una nueva contratación.

No obstante, cualquier determinación dependerá de la resolución que emita la autoridad encargada de atender la inconformidad.

Las dudas sobre el procedimiento no son nuevas. Desde que comenzó la licitación se plantearon cuestionamientos relacionados con la experiencia y capacidad operativa de las compañías seleccionadas para ejecutar un proyecto de esta naturaleza.

La importancia de este punto radica en el objeto mismo de la contratación.

Los puntos de rescate humanitario están destinados a brindar atención a personas migrantes que pueden encontrarse en condiciones de vulnerabilidad.

Por ello, no basta con que una empresa cumpla formalmente con los requisitos de una licitación: resulta indispensable que tenga la capacidad material y operativa para cumplir efectivamente con las obligaciones contratadas.

La situación actual plantea además una coincidencia que merece ser aclarada: los servicios no se han materializado mientras la legalidad del procedimiento de contratación está siendo revisada.

Esto coloca nuevamente al INM frente a varias preguntas.

¿Qué verificaciones se realizaron antes de adjudicar el contrato? ¿Qué elementos utilizó la institución para determinar que las empresas seleccionadas contaban con la capacidad necesaria? ¿Qué mecanismos de supervisión se han implementado para comprobar el avance de los trabajos?

También queda pendiente saber si la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, tiene conocimiento de la situación y de la inconformidad presentada.

Y en caso de que las instancias correspondientes estén al tanto, surge otra interrogante: ¿qué acciones se han tomado desde los órganos de control para revisar el cumplimiento de la contratación?

Como parte de la investigación, se buscó obtener la posición de Eventuarte y Solumax mediante los domicilios que tienen registrados, sin que hasta ahora se haya conseguido una respuesta que permita conocer el avance real de los trabajos o explicar la ausencia de los puntos de rescate.

También se solicitó información al Instituto Nacional de Migración sobre el estado de los contratos, el avance de las obligaciones, los pagos efectuados y las implicaciones de la inconformidad que actualmente se encuentra en revisión.

Hasta el momento no se ha presentado una explicación pública suficiente que permita establecer por qué los servicios contratados no se han concretado ni cuál será el futuro de la licitación mientras el procedimiento permanece bajo análisis.

El asunto cobra especial importancia por dos razones: el uso de recursos públicos y el destino de la infraestructura contratada.

No se trata únicamente de determinar si un proveedor cumplió o no con un contrato. Los servicios están vinculados con la atención humanitaria de personas migrantes, por lo que cualquier retraso o incumplimiento puede tener consecuencias que van más allá del ámbito administrativo.

Mientras el Órgano Interno de Control concluye la revisión de la inconformidad, permanece una pregunta central para el Instituto Nacional de Migración:

¿Cuándo se tomarán las medidas necesarias para garantizar que los proveedores contratados tengan la capacidad de cumplir con servicios esenciales para la atención de la población migrante?

La respuesta estará en manos de las autoridades responsables de revisar el procedimiento y establecer si la contratación debe mantenerse vigente, modificarse, corregirse o, en última instancia, reponerse desde el principio.

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Inclusión sostenible con liquidez: Libertad Financiera

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Los registros de la autoridad supervisora confirman que la entidad alcanzó un Nivel de Capitalización (NICAP) de 133.32% al cierre de junio de 2026, manteniéndose en Categoría 1

 

ILDEFONSO LÓPEZ

 

La inclusión financiera sostenible en México requiere un enfoque integral que combine el acceso a servicios regulados, el acompañamiento permanente al cliente, la gestión adecuada del riesgo y la educación económica.

Bajo este principio, Libertad Financiera opera en el sector de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) -rubro que suma 39.27 millones de clientes a junio de 2026 según la CNBV- respaldada por un coeficiente de liquidez de entre 35% y 40% durante 2026, margen considerablemente mayor al 10% mínimo exigido por la normativa.

A su vez, los registros de la autoridad supervisora confirman que la entidad alcanzó un Nivel de Capitalización (NICAP) de 133.32% al cierre de junio de 2026, manteniéndose en Categoría 1.

Con 66 años de operación y una base superior a 2.4 millones de personas atendidas, la institución dirige sus esfuerzos a incorporar usuarios al sistema formal y administrar los riesgos inherentes a perfiles con menor historial bancario.

Para asegurar la sostenibilidad de este proceso, la firma aplica modelos de originación y seguimiento de cartera, al tiempo que ejecuta programas de responsabilidad social como Retiro con Libertad, orientado a adultos mayores, foros universitarios, Despega con Libertad y La magia del ahorro, proyectos diseñados para fortalecer los conocimientos de la población sobre el ahorro y el endeudamiento responsable.

El nivel de confianza depositado por los clientes se refleja directamente en el comportamiento del ahorro. Al cierre de junio de 2026, la captación de la entidad sobrepasó los 10.7 mil millones de pesos, habiendo registrado un incremento anual constante del 5.6% en los últimos tres años.

Esta tasa supera el crecimiento promedio estimado de la banca para el mismo periodo, situado en alrededor del 3% según datos oficializados por la CNBV.

El acompañamiento institucional busca que los usuarios comprendan sus compromisos financieros, evalúen su capacidad real de pago y valoren el cumplimiento de sus obligaciones como parte de una disciplina económica de largo plazo. Para Libertad Financiera, una estrategia de inclusión verdaderamente sostenible no concluye con la firma de un contrato de crédito o la apertura de una cuenta, sino que se consolida cuando la educación, la estabilidad institucional y la liquidez se alinean para transformar los productos financieros en verdaderos instrumentos de bienestar para los hogares.

 

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Jorge Nacer y Hugo Aguilar, unidos para impulsar el bienestar de los trabajadores de la SCJN

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La colaboración entre Nacer Global y la SCJN contempla capacitación en inglés, desarrollo profesional e implementación de herramientas de Inteligencia Artificial

 

ERIC GARCÍA

 

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y Jorge Nacer Gobera, presidente de Nacer Global, la red de universidades privadas más grande de México, acuerdan colaborar para impulsar el desarrollo profesional y humano de los trabajadores de la institución judicial y sus familias.

La colaboración incluye la impartición de contenidos y capacitación en temas de inglés a través de Quick Learning; desarrollo interno de la red a través de Universidad Tres Culturas y la implementación de las mejores prácticas en Inteligencia Artificial a través del programa Pottencia, que ofrece esa misma institución educativa.

“Nacer Global busca apoyar de manera no onerosa en cinco áreas del conocimiento, en las que nuestra red de universidades ha desarrollado competencias. Estamos seguros que un mejor Sistema de Justicia es clave para ser un mejor México”, dijo Jorge Nacer Gobera.

Las cinco áreas de conocimiento son Artes y Humanidades; Ciencias Exactas y Naturales; Ciencias de la Salud; Ciencias Sociales y Económicas e Ingeniería y Tecnología.

 

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